El diputado provincial Juan José Bahillo presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Diputados de Entre Ríos solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que gestione ante la Nación el restablecimiento y la asignación de los fondos necesarios para finalizar la obra del nuevo edificio de aulas y laboratorios de la carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de Bromatología (UNER), en Gualeguaychú.

Destacó que “esta obra es estratégica para la educación entrerriana y para el desarrollo de la región. Su conclusión es una prioridad que involucra al Estado nacional y provincial”.

La obra fue licitada en 2023 con una inversión inicial de $734.548.780 y comenzó a ejecutarse en octubre de ese año. En febrero de 2024 fue neutralizada por falta de pago, y reiniciada en febrero de 2025, con la Universidad asumiendo con fondos propios los intereses acumulados durante la interrupción.

Actualmente, el proyecto presenta un avance del 60%, y el valor estimado total actualizado asciende a $4.080 millones, entre lo ya ejecutado y lo necesario para su finalización.

“La paralización afectó a más de 40 familias que dependen de la obra y puso en riesgo una inversión clave para la ciudad y la provincia. Es urgente que el Estado nacional restablezca los fondos y garantice su continuidad”, sostuvo el legislador.

La carrera de Veterinaria, creada como parte de la Facultad de Bromatología de la UNER, es una aspiración histórica de la comunidad de Gualeguaychú desde la década del setenta. Con más de 200 nuevos ingresantes para el ciclo 2025, la institución se consolida como un polo educativo, productivo y científico en la región centro-litoral, con impacto económico directo en alquileres, servicios y empleo local.

“Concluir esta obra es apostar al futuro de Entre Ríos: a la educación pública, al trabajo y a la producción. Es una inversión que trasciende lo edilicio, porque fortalece el arraigo, la formación profesional y el desarrollo regional”, concluyó Bahillo.

Entre las voces críticas, se alzó con fuerza la del diputado provincial y ex Intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien en una entrevista advirtió sobre el impacto que estas medidas pueden tener, no solo en la producción agropecuaria, sino también en la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la vida democrática de las instituciones.

“Las decisiones que tomó el Gobierno Nacional preocupan seriamente porque hubo un fuerte desconocimiento de instituciones como el INTA y el INTI. Es absolutamente impensado llevar a cabo mejoramientos de los procesos productivos sin estas instituciones. No tiene que ver sólo con la incorporación de tecnologías, sino también con el sostenimiento ambieNtal”, afirmó el legislador a EL ARGENTINO.

Bahillo explicó que no se trata únicamente de producir más o mejor, sino de hacerlo en línea con estándares internacionales que hoy son cada vez más estrictos: “El mundo demanda procesos sostenibles en términos ambientales. En materia de alimentos es mucho más exigente en términos de inocuidad, de calidad y de procesos productivos sostenibles. Además del mejoramiento permanente que hay que ir haciendo en estos procesos de producción de alimentos”.

Más allá de la cuestión productiva y ambiental, Bahillo advirtió que las decisiones del Gobierno implican un serio retroceso en la gobernanza del organismo: “Pierde una gobernanza que era muy virtuosa. En el INTA, el gobierno pretendía modificar todo lo que tiene que ver con el consejo directivo”, dijo, refiriéndose a la intención del oficialismo de cambiar la composición del órgano que históricamente ha definido las prioridades de investigación y asignación de recursos.

El diputado explicó que este esquema de gobernanza mixta, con participación del Estado, las universidades, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, había sido clave para garantizar que las decisiones del INTA respondieran a una visión plural y a las necesidades reales de la producción: “La agenda del INTA era una agenda mixta. Cuando se definían las prioridades, el Estado estaba en igualdad de condiciones con el sector privado y juntos, entre los sectores de la producción y los funcionarios de turno, se le daba prioridad a esa agenda. En función de eso se ejecutaba el presupuesto”.

Lo que propone el Gobierno, según Bahillo, es desandar todo este camino: “Pretenden sacar a las universidades, eliminar este consejo directivo y dejarlo solo en cabeza de la Secretaría del Ministerio de Economía, con lo cual es una manera encubierta de vaciarle el presupuesto. El gobierno no va a definir una agenda de trabajo, no va a definir una agenda de prioridades, no va a asignar presupuesto a esta lista. Va a tener un manejo absolutamente discrecional y unilateral, por lo cual es un retroceso en términos de participación ciudadana y de los sectores involucrados”.

El legislador entrerriano puso como ejemplo la importancia que el INTA ha tenido para las economías regionales, que suelen tener menor escala que las grandes zonas productivas del país: “El INTA tiene un rol absolutamente central. Y además tiene un rol muy importante en las economías regionales, que por lo general no tienen una escala económica importante como las economías centrales. Allí, el Estado, a través del INTA, promueve líneas de mejoramiento de los procesos. Por ejemplo, me refiero a mejoramiento de la genética de las plantas para lograr mayor rendimiento por unidad de superficie; un mejoramiento en el aprovechamiento del agua y el riego”.

Incluso recordó que el organismo tuvo un papel decisivo en avances científicos históricos: “El INTA fue fundamental en el descubrimiento de la vacuna contra la aftosa. Esto está relacionado con el estatus que tenemos en la materia. El INTA fue quien llegó a ese desarrollo. Después siempre hay una articulación con los sectores privados que son los que la producen y la comercializan”. Por eso, Bahillo considera que las decisiones del Gobierno no solo debilitan la institucionalidad, sino que ponen en riesgo la capacidad del país para sostener y mejorar estándares de producción, calidad y sostenibilidad ambiental.

El legislador vinculó estas decisiones con un modelo político y económico que, a su entender, prioriza únicamente el ajuste fiscal sin contemplar su impacto social: “Estamos ante la opción de decir: seguimos sosteniendo un sistema republicano de gobierno con división de poderes y con respeto entre los poderes, o le seguimos dando a un gobierno altamente autoritario que está demostrando cada vez menos transparencia y de dudosa honestidad en su proceder. Le seguimos dando un cheque en blanco a un gobierno que hace del ejercicio del poder un hecho de crueldad y de violencia hacia lo que no piensan igual. Es realmente inusitado y no se corresponde con una época democrática”.

Bahillo reconoció que el país necesita equilibrio fiscal, pero cuestionó con dureza el camino elegido por el oficialismo: “Es cierto que había que transitar un camino de mayor equilibrio a la economía de nuestro país, pero esto se podría haber logrado claramente afectando o involucrando a otros sectores, como son los grandes sectores financieros, la energía, la minería, los grandes contribuyentes de este país. Hoy, el cincuenta por ciento de este ajuste es a costa de matar de hambre a nuestros jubilados y destruir el sistema previsional”.

El diputado también fue muy crítico con actitudes del Presidente hacia distintos sectores de la sociedad, en especial hacia el Garrahan y hacia quienes trabajan en áreas sensibles como la salud infantil: “No debe haber en mi consideración una profesión o una actividad más altruista que trabajar con chicos con pacientes oncológicos. Desde los médicos, los pediatras, hasta los trabajadores de la salud, enfermeros, camilleros… Si hay algo que demuestra vocación y amor al prójimo tiene que ver con quienes desempeñan esa profesión. La verdad que demonizar a los pediatras y a los trabajadores de Garrahan, que se ocupan de nuestros chicos con problemas de cáncer, vamos a hacer las cosas como son, es de una violencia inusitada”.

Bahillo también cuestionó el agravio del mandatario a un adolescente con autismo: “Pelearte con un chico de 12 años, que es autista, es no entender la responsabilidad que se tiene como Presidente. La violencia de arriba genera más tarde, más temprano, violencia abajo. Tenemos mayores responsabilidades en la vida pública y el presidente de la Nación, sea quien fuere, tiene la mayor de las responsabilidades. Tenemos que ser los primeros en cuidar la paz social y la convivencia entre los distintos sectores de la sociedad y no andar rompiendo todo”.

Finalmente, Bahillo aseguró que el ejercicio del poder no puede desligarse de valores éticos y de una mirada humanista: “La función pública es, antes que nada, una vocación de servicio. No importa qué responsabilidad tenés, después vemos en qué responsabilidad nos toca, pero antes de nada es vocación de servicio, es amor al prójimo. Tenés que tener vocación de servicio, amor al prójimo, pensar en una sociedad mejor y querer a tu país. La construcción de una sociedad mejor no puede ser sobre la base de la crueldad y de la violencia como lo ejerce este gobierno. Eso siempre termina mal”.

Con esta mirada, Bahillo dejó en claro que el debate sobre el INTA excede lo productivo y se enmarca en una discusión más amplia sobre el rumbo económico, político y social del país. Recordemos que estos DNU fueron anulados en el Congreso, por lo que se sigue de cerca cómo continuará el tema. Desde el Gobierno no descarta una posible judicialización.

A través de las redes sociales, el Diputado opinó que lo sucedido en el Congreso de la Nación y el revés que recibió el presidente Javier Milei, “fue una señal clara de que no todo se puede destruir por decreto”.

“Pero hoy mismo el Gobierno publica en el Boletín Oficial el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores del INTA y el INTI. Una muestra más del profundo desconocimiento que tienen sobre el valor de estos organismos para la ciencia, la innovación y la producción argentina”, argumentó el funcionario que ocupó el cargo de Secretario de Agricultura de la Nación y conoce sobre la importancia de estos dos institutos tecnológicos.

Bahillo consideró que “despedir técnicos, investigadores y profesionales es desmantelar la capacidad del país para producir mejor, exportar más y cuidar nuestros recursos”. Y por último agregó: “Este gobierno no entiende que sin ciencia y tecnología no hay desarrollo posible. Nosotros vamos a seguir defendiendo al INTA, al INTI y a cada trabajadora y trabajador que hace grande a la Argentina”.

Durante una entrevista en FM Litoral, el exintendente de Gualeguaychú y actual legislador entrerriano analizó el reciente fallo judicial que frena el cierre de Vialidad Nacional y la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar en un fuerte ajuste institucional, que incluye también a organismos como el INTA.

Bahillo celebró el reciente fallo judicial que declara nulo el decreto del Gobierno nacional que disponía el cierre de Vialidad Nacional y la cesantía de sus trabajadores. “Vulneran derechos adquiridos, tratados internacionales, legislación vigente. Generan el hecho político con un decreto, pero después no pueden avanzar”, señaló.

Según el diputado, la estrategia oficialista revela una preocupante improvisación en la implementación de políticas públicas: “El Gobierno comete errores innumerables al tomar estas decisiones. No hay planificación ni respeto por los derechos laborales ni por la institucionalidad”.

El ex intendente de Gualeguaychú también llamó la atención sobre la necesidad de respetar los fallos judiciales y las leyes votadas por el Congreso. “La primera obligación de un presidente es cumplir y hacer cumplir las leyes. No puede decir que no va a cumplir una ley que no pudo vetar. Eso sería desobediencia judicial”, afirmó con contundencia. Y agregó: “Espero que este revés judicial haga reflexionar al Gobierno. No se puede borrar del mapa todo esto que hablamos: la seguridad vial, la producción, la conectividad. No se puede fingir demencia ni negar la realidad”.

El desmantelamiento de Vialidad: un golpe al federalismo

Uno de los ejes más contundentes de la entrevista fue la defensa que Bahillo hizo del rol de Vialidad Nacional como garante de la conectividad y la seguridad vial en todo el país. “Pretender suprimir Vialidad es desconocer su importancia estratégica. Es un desatino absoluto. Las rutas se están destruyendo y, sin mantenimiento, en poco tiempo estarán detonadas”, advirtió.

Asimismo, subrayó el impacto que este tipo de decisiones tiene sobre la producción y el desarrollo del interior: “No hay desarrollo posible sin infraestructura. Si no podemos sacar la producción, tampoco generamos los dólares que necesita la economía”.

Desde su experiencia en la gestión pública, Bahillo remarcó la centralidad que tienen rutas como la 14 y la 18 para la economía de Entre Ríos. “La 18 es un corredor bioceánico que conecta el Atlántico con el Pacífico, y la 14 es la más importante del Mercosur. Omitir su importancia en un proyecto de país es no tener idea de lo que se está haciendo”.

INTA: otro blanco del ajuste

Bahillo también se refirió a la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que, aunque no fue formalmente cerrado, se encuentra en un proceso de desmantelamiento institucional. “Le quitaron presupuesto, autonomía y representación al sector académico y privado en su Consejo Directivo. Es un vaciamiento encubierto”, denunció.

El diputado alertó sobre el riesgo de una pérdida de capacidades técnicas en sectores clave como la producción agrícola, pecuaria y científica: “El INTA fue clave para el desarrollo de tecnologías aplicadas en el campo. Desfinanciarlo es desandar décadas de trabajo e innovación”.

Un modelo que ajusta sobre los hogares del interior

Al cierre de la entrevista, Bahillo también compartió su visión sobre la situación económica actual: “Más allá de los números oficiales, en el interior el aumento de precios se siente más. La inflación puede estar bajando, pero la plata en el bolsillo alcanza cada vez menos”.

Advirtió, además, sobre el fuerte impacto del ajuste en la estructura del gasto familiar: “Los servicios —luz, gas, impuestos— antes representaban un 25% del ingreso familiar. Hoy insumen el 50%. Eso deja menos margen para alimentación, recreación, salud”.

Y concluyó con una evaluación preocupante del modelo económico actual: “Han generado un modelo que requiere 20 mil millones de dólares extra por año. No veo que haya condiciones para sostenerlo. Lamentablemente, no hay señales de que la situación mejore en el corto o mediano plazo”.

"Todos somos un solo gobierno acá y tenemos que proteger a nuestros entrerrianos", afirmó la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, al finalizar el encuentro.

La reunión se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), y al finalizar la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, se refirió a la agenda tratada. Uno de los puntos centrales de la discusión fue la descentralización de las compras. "Creo que hay que hacer un sistema equilibrado", dijo al respecto la ministra.

Explicó que, debido a las distancias logísticas de la provincia, "en algunos lugares se podrá comprar centralizado y en otros descentralizar". En esta línea, se comenzará a probar con el sistema de desayunos, con el objetivo de que "toda la provincia y todos los niños reciban la misma comida a la vez".

En cuanto a los asuntos ministeriales, se trataron temas como salud mental, la atención a personas en situación de calle y discapacidad. Estos asuntos fueron presentados como de "múltiple abordaje", donde la articulación entre distintos ministerios es esencial. La ministra Berisso señaló la necesidad de "ir armando reuniones para estar muy bien articulados" frente a "situaciones muy emergentes".

La planificación para atender futuras demandas, especialmente ante el frío, fue otro tema relevante. Se informó que el presupuesto actual, elaborado por la gestión, ya incluye la previsión para las compras del año siguiente. "Estamos previendo para hacer las compras para el año que viene o en qué fecha deberíamos hacer las compras. En esto ir armando ya un esquema para poder atender toda la demanda", afirmó la ministra.

Finalmente, se remarcó la concepción de un gobierno unificado en su accionar. La ministra Berisso sostuvo que "desde salud, desde seguridad, desde mi ministerio y todo, la justicia, todos somos un solo gobierno acá y tenemos que proteger a nuestros entrerrianos". Esta colaboración interministerial se considera fundamental para el acompañamiento a los municipios en sus tareas.

“Rechazamos enérgicamente el desguace del INTA! Esta decisión del gobierno nacional es un grave ataque a la soberanía alimentaria y al desarrollo del sector agropecuario argentino, especialmente en Entre Ríos”, dijo el legislador peronista.

“El INTA no es solo burocracia; es investigación, innovación y asistencia técnica a nuestros productores, especialmente a los pequeños y medianos. Eliminar su capacidad de extensión es un golpe a la economía regional.

La autonomía del INTA es clave para adaptarse a las necesidades de cada región. Este desmantelamiento implica una pérdida irreparable de conocimiento y capacidad de respuesta a los desafíos locales.

El desguace del INTA, junto con la eliminación de otras instituciones de apoyo al agro, es una apuesta al fracaso. ¿Qué modelo de país se construye desinvirtiendo en ciencia y asistencia técnica a quienes producen nuestros alimentos?

Desde el Bloque de Diputados Justicialistas de Entre Ríos, estamos con los trabajadores del INTA y los productores. Exigimos al gobierno nacional que reconsidere esta decisión”, detalló.

En la jornada, organizada por la Fundación Encuentro, se abordaron temas vinculados a la producción, la ciencia, la educación, la tecnología y las juventudes. Participó también el diputado provincial Juan José Bahillo.

“Que estemos importando fideos de Albania, peras de China o naranjas de Egipto es un absurdo; descreen de la industria y del productor argentino”, expresó el precandidato a diputado nacional del Partido Justicialista Guillermo Michel.

“Tenemos que diseñar propuestas y pensar a dónde queremos ir. Estas reuniones son buenas para eso. No solo con ideas, sino también con cuadros; hay que tener gente que tome decisiones y las ejecute”, expresó el ex titular de Aduanas.

Michel se refirió a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalando la necesidad de separar el monto de la misma: “Los 30 mil millones de dólares que prestó validando parámetros técnicos y los otros 30 mil millones que son un préstamo político para que el gobierno llegue a las elecciones con un tipo de cambio anclado de manera ficticia y generar esta falsa sensación de estabilidad macroeconómica”.

En ese sentido, advirtió sobre el cronograma de deuda: “La deuda con el Fondo a partir del segundo semestre de 2027 realmente es impagable; cualquiera sea el gobierno, porque no tenés capacidad de generar los dólares para pagar eso”.

“En este primer cuatrimestre las exportaciones crecieron sólo un 5% respecto del año pasado a pesar de la cosecha récord; las importaciones crecieron 75% y las importaciones de bienes de consumo de China, un 128%”, manifestó. Y agregó: “Que estemos importando fideos de sémola de trigo de Albania, peras de China o naranjas de Egipto es un absurdo. Descreen de la industria y del productor argentino”.

Para Michel, “Argentina requiere una industria fuerte. Nos quieren llevar a un modelo de país con una fuerte desigualdad como Ecuador o Chile, donde ir a la universidad cuesta 50 mil dólares por año”.

“Vamos a estar atados a un programa económico que nos dicten de afuera. Hoy la ministra de Economía es la titular del Fondo Monetario y Argentina tiene el 10% de su PBI endeudado con el Fondo, el mismo nivel de deuda que un país en guerra”.

Por otro lado, cuestionó “la falta de tolerancia de estos tiempos en los que naturalizamos la posibilidad de que alguien agreda a otro porque tiene una condición como el autismo o por su diversidad sexual”.

“Quiero que a la Argentina le vaya bien, porque quiero seguir viviendo acá, mis hijos y padres viven acá; ahora de lo que estoy seguro es que este no es el camino”. (APFDigital)

El debate sobre la intervención y posterior eliminación de la obra social Iosper, copó la escena política durante más de un año. Desde el Ejecutivo Provincial propusieron la creación de la OSER (Obra Social Entre Ríos).

Con más dudas que certezas, los Senadores y Diputados entrerrianos, analizaron el proyecto, y finalmente en la noche del viernes se conoció la aprobación por mayoría.

Pero ¿cómo votaron los gualeguaychuenses con representación en la Cámara de Diputados provincial?

Todo el bloque justicialista se opuso a la ley que elimina el Iosper. Tanto el ex intendente Juan José Bahillo, como Lorena Arrozogaray y sus pares, Laura Stratta y Mariel Ávila, entre otros, manifestaron su disconformidad con el proyecto.

Arrozogaray y “la falta de información”

La Diputada de la ciudad tomó la palabra y aseguró no formar parte de una oposición que se opone a todo, “al contrario. Pero, ¿cómo podemos trabajar en ese sentido si para tomar una decisión necesitamos un informe de la intervención para saber qué pasa en el Iosper? ¿Qué tenemos que modificar? Si nosotros hubiésemos tenido toda la documentación respaldatoria, podríamos haber actuado de otra manera”.

“Todos los representantes de los trabajadores nos decían, que hay situaciones a cambiar, y nosotros también la tomamos, no somos necios, queremos el mejor funcionamiento de Iosper a futuro. Pero no creo que una nueva obra social para Entre Ríos sea realmente la solución definitiva”, opinó la Diputada del peronismo.

Asimismo resaltó una y otra vez que no pudieron acceder a la información necesaria. “No la pudimos tener. Cuando le pregunto al interventor y realizó varias de las consultas en relación; la respuesta fue: Señora diputada, usted tiene mucha información, pero en relación a la intervención le invito a que tengamos una reunión post dictamen. La pregunta yo se la había hecho a las 10:40 y el dictamen estaba previsto firmado a las 11. ¿Usted me puede decir cómo en 20 minutos puedo tener la información fehaciente, para tomar una decisión y que nuestro bloque con responsabilidad pueda modificar algo? Imposible”, resaltó.

En tanto, destacó que Juan José Bahillo y Laura Strata habían propuesto una prórroga de la intervención para trabajar con responsabilidad, “porque no estamos diciendo que no; estamos diciendo: Trabajemos con el tiempo suficiente para que esto sea tratado como debe de ser. Y no lo tuvimos, no tuvimos esa oportunidad. Entonces, le pregunto a todos mis colegas que hoy están sentados en la banca, ¿van a votar con responsabilidad teniendo la información necesaria? Porque la única información que hoy tenemos es la información que ha seguido los medios de comunicación”, sostuvo Lorena Arrozogaray.

Bahillo: “Queremos un IOSPER con mayor prestaciones”

El Diputado Juan José Bahillo también tomó la palabra y resaltó la falta de información a la hora de votar. Expresó que “la premisa, la prioridad que dispara este debate con respecto al Iosper, es qué Iosper queremos. En eso hay coincidencia, no tengo ninguna duda. El bloque mayoritario y ambos bloques minoritarios, queremos un Iosper con mayor prestaciones, con mayor cobertura, con mayor celeridad a la hora de dar respuesta a los afiliados, con mayor transparencia, con mayor austeridad. En ese camino y en esas decisiones que seguramente persiguieron el objetivo del señor Gobernador, tranquilamente puede contar con nosotros, podría haber contado con nosotros si la herramienta elegida para llegar a ese lugar hubiera sido otra”.

En otro fragmento, Bahillo destacó que “se habló de déficit estructural, un déficit estructural, a mi entender, es cuando algo sistemáticamente todos los años tiene un quebranto económico que se va consolidando en un quebranto financiero. Bueno, eso no es lo que le pasaba a Iosper”.

“Iosper tuvo superávit en 2023, 2022, 2021 y 2020. Tuvo superávit los últimos cuatro años anteriores al 2024; en el 2024 tuvo un déficit. Yo podría decir de manera deshonesta: Es la culpa de Frigerio, porque hasta el 2023 tuvo superávit, ahora hay déficit. Pero estaría mintiendo”, planteó Bahillo.

“El IOSPER tuvo un quebranto a partir de que los ingresos como la recomposición salarial de los trabajadores era mucho más lenta y los medicamentos, fundamentalmente las prestaciones subieron mucho más que la inflación. Eso llevó al IOSPER a un quebranto. Y esa es la verdad del quebranto de los números del IOSPER”, cerró.

Damasco: “No nos dieron tiempo”

Carlos Damasco también coincidió con Lorena Arrozogaray respecto a la falta de tiempo para un trabajo profundo.

“Quisimos aportar para el debate, y la respuesta fue que no había propuesta superadora por escrito. El dictamen fue elevado tal y como llegó de Senadores porque no había propuestas por escrito. Pregunto Sr. Presidente ¿Cómo elevaríamos propuestas por escrito si aún estábamos en comisión, escuchando a los expositores? ¿Cómo modificar alguna cuestión del proyecto de ley, si todavía se estaba escuchando a los interventores?

“Es de público conocimiento mi postura de que seguramente era necesario una actualización en la ley de IOSPER que la hiciera más dinámica y que permitiera una mejor prestación a sus afiliados. Y sostuve siempre que si la anterior administración habia incurrido en fraudes o delitos, debían ser investigados por la justicia.

Me presente en las oficinas de IOSPER, porque según palabras de los interventores, teníamos toda la documentación que necesitáramos a disposición. Otra mentira más de las muchas que escuchamos, ya que, en mesa de entradas, me solicitaron que ingresara las consultas por mesa de entradas general, y que si tenían tiempo iban a analizar mi pedido”, lanzó Damasco.

Asimismo, dijo que “quería saber el contenido de los convenios firmados con: Droguería del Sud, Droguería Itatí, Droguería Luley, entre otras tantas. Pero dichos convenios se encuentran guardados bajo 7 llaves. Creemos que el tratar un expediente que va a marcar la suerte de 300 mil personas, 300mil afiliados, no es para tratarlo en 19hs., contando los minutos para que pueda firmarse el dictamen sin poder correr ni una coma”.

“Nosotros somos los afiliados naturales y obligatorios que mes a mes aportamos a las arcas de IOSPER. Con esto, quiero decir que más allá de la función que ocupemos, seamos diputados, jueces, maestros, policías o un ordenanza, todos aportamos nuestro 3% del sueldo para recibir la prestación médica. Todos recibimos la misma prestación como afiliados. Esto marca el principio solidario que tiene nuestra obra social”, sostuvo el gualeguaychuense.

Luego, dijo que “desde el comienzo de esta gestión, el gobierno provincial ha predicado la transparencia, pero más que predicar, me gustaría que se ponga en práctica, cosa que no se ha demostrado con esta intervención” y agregó: “La ley que regula OSER -tal como está concebida en el proyecto de ley- no configura una obra social autárquica ni gobernada por sus afiliados, que son en definitiva quienes aportan mes a mes. Es, en los hechos, una agencia ejecutiva encubierta, ya que los funcionarios de más alto cargo dentro de la obra social, son puestos por el Ejecutivo”.

Los tres referentes de la ciudad votaron en contra del proyecto, que finalmente fue aprobado por 20 votos positivos y 13 negativos.

El intendente Mauricio Davico encabezó el acto inaugural por los trabajos de mantenimiento que se hicieron al Cristo ubicado en el acceso sur de Gualeguaychú. El encuentro reunió a representantes de distintos credos, funcionarios municipales, legisladores y vecinos de diversos barrios.

Durante el acto, que tuvo una duración de una hora, se sucedieron intervenciones de referentes religiosos como el Obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Zordán, el padre Rubén Melchiori en representación de la Iglesia Católica, el pastor luterano Adrián Correnti y un representante de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. También se compartieron expresiones artísticas vinculadas a la espiritualidad, como poesías y lecturas, que aportaron sensibilidad al momento.

Estuvieron presentes la diputada provincial Julia Calleros, el subsecretario de la Unidad de Control de Gestión, Pablo Ballota; el director de Espacios Verdes, Emilio Montefinale; el director de Comunicación Institucional, Pablo Remolif; el responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo “Tachi” Rodríguez y el concejal Jorge Roko, junto a otros funcionarios municipales.

La puesta en valor incluyó tareas de restauración de la cruz y la imagen, además de mejoras paisajísticas y de parquización en el entorno del predio. El proyecto fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio, vecinos del barrio y las comunidades religiosas, reflejando un compromiso compartido por conservar y revitalizar espacios que forman parte del patrimonio espiritual y social de Gualeguaychú.

Comenzó el año electoral, y los movimientos en el peronismo comienzan a verse con mayor contundencia. Desde hace más de un año que el ex intendente Martín Piaggio no aparecía en la escena política.

Más allá de su visible participación en el Carnaval del País, dirigiendo la batucada de la comparsa Papelitos, Piaggio ha mantenido un perfil bajo, sin opinar de la gestión actual.

A través de sus redes social, ha marcado hitos de su gestión, recordando la inauguración del paseo de la Vieja Terminal o de espacios públicos, pero sin meterse en la política actual.

Ahora, el ex intendente Martín Piaggio, el diputado Juan José Bahillo y el ex director de Aduana, Guillermo Michel se mostraron en una foto de color político en el marco del año electoral.

Fue luego de que los dirigentes del peronismo mantuvieran un encuentro con sectores comerciales y del trabajo para analizar la crisis que atraviesa el país y la provincia.

Consultado por EL ARGENTINO, el ex Intendente expresó que "ante la difícil situación social y económica, al retroceso relacionado a la pérdida de muchos derechos, al estancamiento, en nuestra ciudad, en la provincia y la Nación, estamos hace un tiempo dialogando con trabajadores, representantes, sectores comerciales e instituciones de nuestra ciudad”.

Asimismo, sostuvo que “nuestro gran desafío es la reconstrucción de una fuerza social y política en unidad”.

"Esta iniciativa es crucial para modernizar la gestión de los caminos rurales y potenciar el desarrollo del sector agropecuario en nuestra provincia", afirmó Bahillo. "Con este proyecto, buscamos una construcción mixta que beneficie a toda la provincia, modernizando la administración de los recursos y promoviendo la participación de los productores en la mejora de la infraestructura rural”.

El Fideicomiso se financiará con al menos el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural, complementado con fondos provinciales, nacionales e internacionales. "Esto asegura una inversión robusta y sostenible para las obras viales", destacó Bahillo.

El Directorio del Fideicomiso estará compuesto por representantes del gobierno provincial, municipios y las principales entidades agropecuarias, buscando una gestión transparente y representativa. Estará integrado por:

⦁ Gobierno Provincial: Ministerios de Desarrollo Económico, Infraestructura, Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Gobierno y Trabajo; Dirección Provincial de Vialidad; Dirección de Hidráulica.

⦁ Entidades Agropecuarias: Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER), Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos (CAPROLER), Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

⦁ Representantes Locales: Un representante de los Consorcios Camineros y representantes municipales.

"La composición del Directorio, asegura que las decisiones sobre las obras y la gestión de los fondos se tomen con una visión integral y representativa de las necesidades del sector. Serán los propios productores, junto a funcionarios y representantes municipales, quienes priorizarán las obras y el destino de los fondos", explicó el diputado.

El Fideicomiso financiará: pavimentación y obras complementarias en caminos primarios, secundarios y terciarios; mejoramiento y mantenimiento de la red vial; acciones para la conservación de suelos; obras de construcción, conservación, rehabilitación y limpieza por los Consorcios de Manejo de Cuencas (hoy llamados Consorcios Camineros); obras similares en canales de desagües y drenaje; y otras obras que beneficien la producción agropecuaria.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) fiscalizará las obras y supervisará los recursos, además de promover la creación y organización de los Consorcios. La ley también formaliza y fortalece a los Consorcios de Manejo de Cuencas, ampliando sus funciones para incluir la conservación de suelos, canales y sistemas de drenaje. "Esto implica un cambio de paradigma, con una perspectiva integral", subrayó Bahillo. El Poder Ejecutivo Provincial designará al fiduciario del Fideicomiso.

El proyecto surge como respuesta al Decreto Nacional 172/2024, que derogó el Decreto 343/2003 y eliminó el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) como intermediaria en el cobro de prestaciones brindadas por hospitales públicos a afiliados de obras sociales.

Esto implica que ahora los hospitales deben negociar directamente con las entidades de salud privada para recuperar los costos de los servicios prestados.

La iniciativa fue presentada por el diputado Enrique Tomás Cresto y cuenta con el acompañamiento de los diputados Juan José Bahillo, ex intendente de Gualeguaychú y ex ministro de Agricultura de la Nación; Lorena Arrozogaray, ex viceintendenta de Gualeguaychú; Silvina Deccó, José María Kramer, Silvia del Carmen Moreno, Yari Seyler y Laura Stratta.

En su Artículo 1° establece que se debe: "Instar al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Salud bajo su dependencia se analice la posibilidad de iniciar las gestiones para que en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos se reestablezca el Sistema de Arancelamiento Hospitales y Centros de Salud de los Municipios, Comunas y Provincia a través de convenio entre partes, actuando el área de competencia como facilitador de los mismos".

Asimismo, en sus fundamentos, el proyecto destaca que el arancelamiento ya existía en Entre Ríos desde el Decreto 84/80MAS, permitiendo que los hospitales públicos recuperaran costos de atención a afiliados de obras sociales. Estos fondos eran reinvertidos en mejoras edilicias, equipamiento y funcionamiento del sistema sanitario.

El diputado Enrique Cresto remarcó que el nuevo decreto nacional limita la capacidad de los hospitales para recuperar fondos y que es necesario que la provincia tome un rol activo en la regulación de los convenios.

"El Estado Provincial debe asumir la función de coordinar y lograr establecer un sistema de recuperación de gastos hospitalarios propios dentro del ámbito de la Provincia de Entre Ríos, a través de la firma de convenios entre las partes, como determina la nueva norma nacional", señala el texto del proyecto.

El Artículo 90 del Decreto 4255/10 MS ya prevé que los hospitales deben facturar a las obras sociales y otras entidades de cobertura médica por las prestaciones brindadas a sus afiliados. Según esta norma, un 28% de los fondos recuperados pueden destinarse a mejoras edilicias, contratación de servicios, capacitación y adquisición de equipamiento para los hospitales.

Impacto en hospitales y centros de salud municipales

Los legisladores promotores de la iniciativa advierten que la derogación del sistema nacional afecta principalmente a centros de salud municipales y comunales, que dependen del arancelamiento para sostener sus operaciones.

Ante este escenario, el proyecto insta a la Provincia a asumir el rol de facilitador de acuerdos para que los hospitales sigan cobrando por las prestaciones a afiliados de obras sociales.

Con este proyecto, los diputados buscan garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública en Entre Ríos, asegurando que los hospitales puedan seguir percibiendo ingresos que permitan mejorar la atención y el servicio a la comunidad. (APFDigital)

La descarga de ácido sulfúrico en el puerto de UPM en Fray Bentos, volvió a poner la lupa sobre la empresa finlandesa. Ahora, la Cámara de Diputados de la Provincia analizará un pedido de informes que presentaron legisladores de los bloques La Libertad Entre Ríos y Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, para que, a través del organismo que corresponda, “la Comisión Administradora del Río Uruguay informe si se ha producido el volcado de ácido sulfúrico en el río Uruguay”.

El pedido de informes ingresó este martes 11 en la Cámara Baja entrerriana. Se solicitó que se informe sobre si se han tomado los recaudos necesarios ante la noticia del volcado de ácido sulfúrico al río Uruguay. Se señaló que el sitio español merca2.es precisa que la “principal característica” del compuesto químico “lo identifica como una sustancia muy corrosiva y muy reactiva, por lo cual requiere un manejo muy cuidadoso”. Alerta sobre la exposición con tejidos corporales.

Los legisladores, todos oriundos de Gualeguaychú, pidieron que se precise si “para el caso de accidentes dentro de los últimos 15 días, si se han tomado los recaudos necesarios para la preservación de las especies que habitan el ecosistema” y finalmente que “asimismo, informe si se ha intimado a las empresas responsables a la reparación del daño causado”.

Ante esta situación, el proyecto solicita que se brinden informes detallados sobre las medidas preventivas que se han tomado para proteger el ecosistema del Río Uruguay y evitar cualquier tipo de contaminación. También se requiere la intervención de los organismos nacionales competentes en el tema, quienes deben proporcionar la información solicitada y garantizar la seguridad ambiental en la región.

En el contexto de este pedido, los legisladores que impulsan el proyecto instan a sus colegas a acompañar con su voto esta iniciativa, considerando la gravedad de la situación y la necesidad de contar con información clara y precisa sobre la gestión de los riesgos asociados al ácido sulfúrico.

Fundamentos

Los legisladores manifestaron su “preocupación ante las noticias en varios medios periodísticos de la posibilidad de volcado de ácido sulfúrico en el Rio Uruguay”, por lo que solicitaron “los informes sobre si se han tomado los recaudos necesarios ya que según el sitio español merca2.es, su principal característica lo identifica como ‘una sustancia muy corrosiva y muy reactiva, por lo cual requiere un manejo muy cuidadoso. En el caso de contacto con tejidos corporales, provoca efectos directos aún en bajas concentraciones, pudiendo provocar quemaduras profundas’”.

Además, se resaltó la “alta reactividad frente a muchos compuestos lo hace peligroso por la generación de calor, por el potencial de explosión o por la generación de vapores tóxicos o inflamables. Por ejemplo, el ácido sulfúrico reacciona violentamente con el agua y compuestos orgánicos con desprendimiento de calor”.