La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos reglamentó el nuevo mecanismo de movilidad para los jubilados y pensionados provinciales y estableció cuáles serán los incrementos salariales de los trabajadores activos que se trasladarán a los haberes previsionales. Actualmente, la referencia será el personal dependiente del Consejo General de Educación (CGE), por tratarse del escalafón con mayor cantidad de aportantes.

Mediante una resolución el organismo reglamentó el artículo 71 de la Ley Nº 8.732, modificado por la Ley Nº 11.302. La norma determinó que para calcular el índice de movilidad se tendrá en cuenta exclusivamente el incremento salarial de carácter remunerativo y de alcance general que reciba el escalafón con mayor cantidad de aportantes al sistema previsional provincial.

Esto significa que los incrementos generales remunerativos acordados para el personal del CGE serán actualmente la referencia para determinar la movilidad del conjunto de las prestaciones que paga la Caja provincial.

Sin embargo, la resolución aclaró que no todos los conceptos salariales que reciban los trabajadores del escalafón de referencia serán trasladados a los jubilados.

Qué aumentos se tendrán en cuenta

Quedarán expresamente excluidos del cálculo los rubros especiales o particulares vinculados con la función, el cargo, la antigüedad diferencial, la zona, la dedicación o las condiciones de trabajo propias del sector tomado como referencia.

Los fundamentos de la resolución, a la que tuvo acceso Elonce, señalaron que tampoco deben trasladarse las sumas de carácter no remunerativo, debido a que no integran la base utilizada para calcular los aportes personales y las contribuciones patronales destinados al sistema previsional.

De esta manera, la Caja buscará que exista una correspondencia entre los conceptos salariales sobre los cuales se realizaron aportes y aquellos que posteriormente generan movilidad en los haberes previsionales.

La resolución también estableció qué ocurrirá cuando las paritarias determinen aumentos escalonados. Si un incremento salarial se otorga en diferentes tramos, cuotas o etapas, cada uno generará la correspondiente movilidad para los jubilados en la misma oportunidad en que comience a aplicarse a los trabajadores activos.

Cada actualización se calculará sobre el haber vigente al momento de su aplicación.

Una vez homologado el acuerdo paritario, la Presidencia de la Caja deberá dictar un acto administrativo estableciendo el índice de movilidad correspondiente. Allí tendrá que especificar cuáles fueron los conceptos computados, cuáles quedaron excluidos y desde qué mes comenzará a regir el incremento.

Además, el porcentaje deberá publicarse en la página oficial del organismo dentro de los diez días hábiles posteriores a la homologación del acuerdo salarial.

La reglamentación no establece por sí misma un porcentaje de aumento para los jubilados provinciales, sino que define el mecanismo que deberá utilizarse para calcular las futuras actualizaciones.

El escalafón de referencia podrá cambiar

Aunque actualmente el personal del Consejo General de Educación constituye el sector con mayor cantidad de aportantes, la situación será revisada periódicamente.

La Caja ordenó al Área de Contabilidad Central informar mensualmente a la Presidencia la evolución de la cantidad de aportantes, discriminada por los diferentes escalafones que integran el sistema previsional entrerriano.

Si otro escalafón pasa a reunir una mayor cantidad de aportantes, el cambio deberá ser establecido mediante una nueva resolución de la Presidencia de la Caja y comenzará a regir desde el mes siguiente. La modificación no afectará las movilidades que ya se hubieran generado.

La resolución también introdujo cambios en los recibos de los jubilados y pensionados. Desde los haberes correspondientes a septiembre de 2026 se implementará un código para identificar el haber previsional y otro independiente para mostrar específicamente los incrementos correspondientes a la movilidad.

La suma de ambos conceptos conformará posteriormente el haber previsional sobre el cual se aplicarán las siguientes actualizaciones.

En tanto, las cuotas correspondientes a retroactivos que ya fueron reconocidos y aprobados mediante resolución continuarán liquidándose de manera complementaria o bajo la modalidad que determine la Presidencia de la Caja.

El nuevo mecanismo alcanza a la totalidad de las prestaciones a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, tanto a los beneficiarios existentes como a las altas que se produzcan posteriormente. El Once

La Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) encendió las alarmas tras evaluar el crítico panorama que atraviesa el sector de la salud privada tanto a nivel provincial como nacional. La presidenta de la entidad, Silvia D’Agostino, advirtió que los sanatorios se encuentran en un punto límite debido al atraso constante en los pagos por parte de las obras sociales y un desfasaje insostenible respecto a los costos operativos.

"Los sanatorios de todo el país están en emergencia desde marzo de 2002 porque los problemas de fondo nunca tuvieron una solución", remarcó D’Agostino, al remarcar que la crisis del sector lleva más de dos décadas sin respuestas estructurales por parte de los sucesivos gobiernos.

Uno de los factores que más agrava la situación es la pérdida de capacidad económica de las obras sociales, las cuales registraron una importante caída de afiliados debido al deterioro del poder adquisitivo. A esto se le suma el aumento desmedido en el valor de los insumos y prestaciones médicas. Según reveló la titular de Acler, varias obras sociales nacionales comenzaron a solicitar esquemas de pago en cuotas e incluso pidieron restringir las atenciones únicamente a situaciones de urgencia.

Respecto a la obra social de los jubilados y pensionados, D’Agostino fue contundente al señalar la brecha en los valores que perciben las clínicas. Explicó que los montos se mantuvieron congelados durante todo el año y que los recientes ajustes del 1,9% resultan insignificantes frente a un desfasaje acumulado del 160%. Además, criticó la imposición de topes a las prestaciones y a la cantidad de órdenes emitidas, lo que restringe todavía más el funcionamiento operativo.

"Las clínicas trabajan a tope pero con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan ni a cubrir los costos", graficó. En cuanto a las medidas fiscales dispuestas para el sector, aclaró que la declaración de emergencia no resuelve el conflicto: "Implica únicamente que la agencia de recaudación no embargue a las clínicas endeudadas. Es solo eso, no es una solución".

Ante la falta de respuestas a nivel nacional, la directiva de Acler mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, con el objetivo de solicitar la mediación del Ejecutivo provincial.

Durante la reunión también se planteó la problemática de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), cuyos aportes permanecieron congelados ante la falta de paritarias, derivando en un estancamiento de los aranceles que perciben los prestadores médicos. "Por el momento seguimos haciendo gestiones, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas", concluyó D’Agostino.

(Fuente: APFDigital)

ANSES: cuánto cobrará cada categoría de jubilados en agosto es una de las principales consultas de los beneficiarios luego de que el Gobierno confirmara un incremento del 1,9% para las prestaciones previsionales.

El ajuste alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y se aplicará automáticamente en los haberes que comenzarán a abonarse desde el 10 de agosto.

El porcentaje de actualización surge de la inflación de junio difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el marco de la fórmula de movilidad vigente. Sin embargo, aún resta la publicación del decreto que definirá si continuará el bono extraordinario destinado a quienes cobran los haberes más bajos.

De mantenerse el refuerzo de hasta $70.000, los beneficiarios de la jubilación mínima y otras prestaciones alcanzadas recibirán un ingreso superior al haber básico durante agosto.

Los nuevos montos de las prestaciones

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a $419.817,13, mientras que la jubilación máxima ascenderá a $2.823.588,96. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $335.853,70 y la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez alcanzará los $293.872,99.

Si el Gobierno confirma nuevamente el bono extraordinario de hasta $70.000, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $489.817,13. En el caso de la PUAM, el ingreso ascenderá a $405.853,70, mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas percibirán $363.872,99.

Hasta el momento, el aumento ya fue oficializado, pero el pago del bono permanece sujeto a la publicación del decreto correspondiente.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

El calendario de pagos comenzará el 10 de agosto para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo. Las fechas serán las siguientes: DNI terminados en 0, el 10 de agosto; 1, el 11; 2, el 12; 3, el 13; 4, el 14; 5, el 18; 6, el 19; 7, el 20; 8, el 21; y 9, el 24 de agosto.

Por su parte, quienes cobran más de un haber mínimo percibirán sus haberes desde el 25 de agosto. El cronograma establece: DNI terminados en 0 y 1, el 25; 2 y 3, el 26; 4 y 5, el 27; 6 y 7, el 28; y 8 y 9, el 31 de agosto.

De esta manera, el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social ya tienen definido el cronograma de pagos para el próximo mes, mientras los jubilados aguardan la confirmación oficial sobre la continuidad del bono extraordinario que complementa los haberes mínimos.

El acceso a la cultura, la expresión artística y la integración social volvieron a ser los ejes centrales de una destacada iniciativa comunitaria en Gualeguaychú. Los integrantes de la Asociación Civil "Adultos Mayores en Lucha" culminaron con éxito un ciclo de capacitaciones que promete dejar una huella profunda en los participantes, demostrando que el aprendizaje y las ganas de conectarse con el arte no tienen límite de edad.

Durante la jornada de este fin de semana se llevó adelante el tercer y último encuentro de la Práctica Educativa Territorial (PET) denominada "LET'S PLAY THEATRE" (Juguemos al Teatro). Esta propuesta pedagógica e inclusiva fue dictada de manera abierta y gratuita por el Profesorado de Teatro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través de su activa sede local.

Esta última jornada de actividades formativas tuvo un marco de relevancia institucional muy especial, ya que los adultos mayores contaron con la visita y el acompañamiento de Renata Dallaglio, actual coordinadora de la carrera del Profesorado de Teatro de la FHAyCS UADER, quien se acercó para compartir el cierre del proyecto y felicitar a los alumnos por el compromiso demostrado. Las Prácticas Educativas Territoriales constituyen una herramienta clave de la universidad pública para entrelazar el conocimiento académico con las necesidades y realidades de los diferentes sectores civiles de la comunidad.

Desde la comisión directiva de la Asociación Civil "Adultos Mayores en Lucha" expresaron su profunda satisfacción por los resultados alcanzados y renovaron públicamente su agradecimiento a las autoridades de la casa de altos estudios. Asimismo, hicieron extensivo un agradecimiento muy especial a los directivos del Centro Mutual de Jubilados y Pensionados Nacionales, ubicado en la calle Ángel Elías 280, institución que desinteresadamente prestó sus cómodas instalaciones para que la capacitación se pudiera llevar a cabo con absoluto confort durante cada uno de los fines de semana pautados en el programa. De esta manera, el trabajo articulado entre la universidad, las asociaciones civiles y los centros de jubilados locales vuelve a dar frutos tangibles para los vecinos de la ciudad.

Auditorías realizadas por el PAMI detectaron presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas en distintas provincias del país, incluyendo consultas incompatibles con las horas de atención declaradas por los profesionales y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos. Las maniobras investigadas podrían haber generado un perjuicio económico de cientos de millones de pesos para la obra social de los jubilados.

Las anomalías fueron detectadas en expedientes tramitados en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba, entre otras jurisdicciones. Como consecuencia, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) presentó denuncias penales, rescindió contratos y dispuso retenciones preventivas de pagos mientras avanzan las investigaciones.

Según trascendió, al menos siete profesionales quedaron bajo la lupa por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la facturación de consultas y prácticas médicas.

Bajo investigación

Uno de los expedientes más relevantes involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, identificado por las iniciales M.G.A., quien fue allanado por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación judicial.

De acuerdo con la documentación analizada, el profesional habría informado la atención de más de 5.000 afiliados y la realización de más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025. La situación llamó la atención de los auditores debido a que una importante cantidad de esos pacientes residía en otras provincias.

La maniobra investigada tendría un impacto económico cercano a los 700 millones de pesos. De ese total, aproximadamente 580 millones ya habrían sido abonados por la obra social.

Consultas imposibles y pacientes fallecidos

Las auditorías aplicaron un criterio uniforme para detectar inconsistencias. Los especialistas compararon la cantidad de consultas facturadas con la capacidad máxima de atención que cada médico podía brindar según las horas de trabajo declaradas en el sistema institucional.

En el caso del cardiólogo investigado, una primera auditoría realizada en enero de 2025 detectó que diez afiliados desconocían haber sido atendidos por el profesional pese a que existían órdenes médicas electrónicas emitidas a su nombre.

Además, los investigadores encontraron prácticas médicas supuestamente realizadas y facturadas a pacientes de otras jurisdicciones e incluso órdenes electrónicas emitidas a nombre de afiliados que ya habían fallecido.

Otro expediente, correspondiente a un profesional identificado como M.A.C. en Córdoba, reveló que se registraron órdenes médicas electrónicas el 14 de noviembre de 2024 pese a que el afiliado involucrado había sido dado de baja por fallecimiento seis días antes.

Retenciones, débitos y denuncias penales

Las restantes auditorías también detectaron diferencias entre las consultas declaradas y la capacidad operativa de los prestadores. Como resultado, el organismo dispuso débitos sobre liquidaciones ya presentadas y suspendió pagos preventivamente en algunos casos.

Entre los expedientes revisados figuran profesionales identificados como J.R.C., M.A.D.C., G.M.M., A.R.S. y L.B.S., quienes quedaron alcanzados por distintas medidas administrativas derivadas de las investigaciones, indica Infobae.

En uno de los casos, las prestaciones correspondientes a agencias de Lanús, San Justo y Quilmes permanecen bajo revisión, por lo que los pagos fueron retenidos hasta la finalización del proceso de auditoría.

Desde el PAMI señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las presuntas maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes en cada expediente.

Médicos de cabecera y odontólogos que trabajan con afiliados de PAMI realizan desde este lunes un paro nacional de 72 horas para reclamar una actualización urgente de los valores que cobran por sus consultas profesionales.

La medida de fuerza, sobre la cual aún no se pronunciaron los principales gremios del sector, tiene por objetivo visibilizar la necesidad de una recomposición de los honorarios para garantizar la continuidad y la calidad de la atención médica y odontológica brindada a los afiliados de PAMI.

Bajo el lema “Honorarios justos = atención de calidad”, y “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, se incluyen como principales planteos la actualización de los aranceles profesionales, al considerar que los valores actuales dificultan el sostenimiento de las prestaciones.

Los profesionales sostienen que una mejora en las condiciones de trabajo resulta fundamental para asegurar un servicio adecuado a jubilados y pensionados de todo el país, indica NA.

Además convocaron a los afiliados y a toda la comunidad a manifestarse el miércoles a las 12 en las UGL de cada localidad.

PAMI confirmó que durante junio continuará vigente la entrega gratuita de medicamentos e insumos médicos para jubilados y pensionados afiliados. La medida alcanza a millones de personas en todo el país y apunta a sostener la cobertura integral frente al aumento de los costos vinculados a tratamientos, movilidad y cuidados médicos.

Desde el organismo señalaron que gran parte de los trámites puede realizarse de manera digital mediante la plataforma oficial “Mi PAMI”, aunque también se mantienen las gestiones presenciales en agencias habilitadas para quienes necesiten asistencia o no puedan completar el procedimiento online.

El esquema incluye distintos programas de cobertura que abarcan medicamentos gratuitos, pañales descartables, colchones antiescaras, trapecios para cama, inodoros portátiles y anteojos recetados. En la mayoría de los casos, los beneficios requieren contar con una Orden Médica Electrónica emitida por profesionales habilitados dentro del sistema.

Qué beneficios mantiene PAMI durante junio

Entre los elementos que continuará entregando PAMI durante junio aparecen los colchones antiescaras destinados a personas con inmovilidad prolongada o riesgo de lesiones cutáneas por permanecer muchas horas acostadas. También se mantiene disponible el inodoro portátil, orientado a afiliados con dificultades motrices o enfermedades que limitan el uso habitual del baño.

Otro de los beneficios incluidos es el trapecio para cama, una estructura de apoyo que permite a los pacientes incorporarse o cambiar de posición con mayor autonomía y menor asistencia permanente.

En paralelo, la obra social mantiene la cobertura del 100% en anteojos recetados para afiliados que presenten la documentación correspondiente. El beneficio contempla armazón y cristales sin costo adicional y puede utilizarse una vez por año prestacional. Según informó el organismo, la cobertura incluye un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien lentes bifocales.

Además, continúa vigente el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables, mediante el cual se garantiza la entrega gratuita de pañales y apósitos para adultos. En estos casos, las entregas suelen realizarse directamente en el domicilio declarado por el afiliado.

Cómo tramitar los medicamentos e insumos gratuitos

Para acceder a los beneficios de PAMI, el requisito principal suele ser contar con una Orden Médica Electrónica emitida por un médico de cabecera o especialista habilitado. Esa documentación funciona como respaldo para solicitar medicamentos, accesorios e insumos contemplados dentro de la cobertura integral.

En situaciones donde el afiliado no disponga de la orden electrónica, puede presentar otra documentación complementaria como receta manual, DNI, credencial y resumen de historia clínica, dependiendo del trámite que deba realizar.

En el caso de los medicamentos gratuitos, el sistema funciona mediante recetas electrónicas y contempla tratamientos vinculados a enfermedades crónicas y patologías complejas como diabetes, insuficiencia renal, artritis reumatoidea, VIH, hepatitis y tratamientos oncológicos.

Algunos afiliados pueden acceder a cobertura total de hasta cuatro medicamentos gratuitos, mientras que en determinados casos especiales la cantidad puede ampliarse según la evaluación médica correspondiente.

El Gobierno nacional confirmó que en junio los jubilados y pensionados recibirán un paquete de beneficios que incluye el aumento por movilidad, el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y busca apuntalar los ingresos de un sector particularmente afectado por la inflación.

El incremento del 8,8% corresponde a la variación del índice de precios al consumidor de abril, según datos del Indec. Este ajuste se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274, que modificó la fórmula de movilidad vigente desde 2021 y estableció un esquema de transición entre abril y junio. A partir de julio, los haberes se actualizarán exclusivamente por inflación mensual.

En mayo, el haber mínimo fue de $190.141,60. Con el aumento, en junio alcanzará los $206.994,05. A este monto se le sumará el bono de $70.000, llevando el ingreso total a $276.994,05. Aquellos jubilados que perciban entre el haber mínimo y ese total recibirán un bono proporcional, de modo que nadie cobre menos de $276.994,05. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber pasará de $152.113,28 a $165.507,24, más el bono y el aguinaldo correspondiente.

El medio aguinaldo, o prestación anual complementaria, también se abonará en junio. Se calcula como la mitad del haber más alto registrado en el primer semestre, que en este caso será el de junio. Así, un jubilado con la mínima cobrará $206.994,05 de haber, $103.497,03 de aguinaldo y el bono de $70.000, totalizando $380.491,08. En el caso de la PUAM, el ingreso será de $318.260,86 sumando haber, aguinaldo y bono. Los jubilados con haberes máximos, estimados en $1.392.500, recibirán un aguinaldo de $696.250, alcanzando un total de $2.088.750.

El DNU establece además que, si la fórmula anterior de movilidad hubiese arrojado un aumento mayor al acumulado por inflación y el incremento extraordinario del 12,5% otorgado en abril, el Estado deberá compensar la diferencia. Sin embargo, los cálculos oficiales indican que el aumento acumulado entre abril y junio, del 53,9%, supera el rango estimado por la fórmula previa, por lo que no se prevé un ajuste adicional.

Este esquema de aumentos busca dar previsibilidad a los jubilados en un contexto de alta inflación. No obstante, las organizaciones de defensa de la tercera edad advierten que los montos siguen siendo insuficientes frente al costo de vida. El Gobierno, por su parte, sostiene que la combinación de aumentos mensuales por inflación, bonos extraordinarios y el pago del aguinaldo permitirá sostener el poder adquisitivo de los haberes más bajos.

En síntesis, junio será un mes clave para los jubilados: recibirán el aumento por inflación, el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000, lo que garantiza un ingreso mínimo de $276.994,05. La medida representa un alivio parcial en un escenario económico complejo, aunque persiste el debate sobre la necesidad de una reforma integral del sistema previsional.

La estructura del mercado laboral argentino está transformando de manera silenciosa pero profunda el sistema previsional. El crecimiento de los monotributistas y la menor participación de los asalariados formales en el total de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) generan un escenario de alerta para las cuentas presentes y futuras de la Anses.

Según datos oficiales, en septiembre de 2025 había algo más de 10,3 millones de personas con aportes, de las cuales 69 de cada 100 eran asalariados, 23 monotributistas, cinco autónomos y tres trabajaban en servicio doméstico.

Veinte años atrás, la proporción era muy distinta: 82 asalariados, 11 monotributistas, seis autónomos y apenas uno en casas particulares. La tendencia muestra una caída de 13 puntos en la participación de los empleados dependientes y un incremento similar en el régimen simplificado.

El problema no es solo de cantidad, sino de calidad de los aportes. Mientras que en septiembre pasado un asalariado promedio aportó $168.635 y su empleador $191.859 —sumando $360.494—, un monotributista pagó apenas $16.270. Se necesitan 24 aportantes de este régimen para financiar una jubilación mínima, mientras que con 2,3 asalariados se cubre una prestación equivalente al doble del haber mínimo más bono.

Cuando se creó el monotributo en 1998, se pensó como un puente para que los cuentapropistas informales se incorporaran al sistema tributario general. Sin embargo, en la práctica se convirtió en un esquema permanente, con el 90% de los inscriptos en las categorías más bajas. Esto implica que la gran mayoría de quienes aportan bajo este régimen solo accederán a la jubilación mínima, independientemente de los años de contribución.

El panorama se complica aún más con los autónomos y el servicio doméstico. Los primeros, que representan cerca del 5% de los aportantes, pagan en promedio $79.113, lo que requiere casi cinco contribuyentes para financiar un haber mínimo. En el caso del personal de casas particulares, el aporte mensual es de apenas $1382, lo que obliga a sumar 282 trabajadores para cubrir una jubilación mínima más bono.

La creciente participación de ocupaciones con aportes bajos tensiona el sistema previsional, que cada vez depende más de la recaudación impositiva general para sostener las prestaciones. El desafío es doble: garantizar ingresos dignos para los futuros jubilados y mantener la sustentabilidad fiscal en un contexto de informalidad persistente y empleo registrado estancado.

Fuente: La Nación

El Gobierno nacional oficializó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que se abonará en abril de 2026, según lo establece el Decreto 213/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanzará a beneficiarios del sistema previsional administrado por ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas.

De acuerdo a la normativa, el refuerzo económico se otorgará a quienes perciban haberes iguales o inferiores al mínimo previsional, quienes recibirán el monto completo. En tanto, aquellos con ingresos superiores al haber mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido por la suma del haber mínimo más el adicional.

El decreto también precisa que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será sujeto a descuentos ni se computará para otros conceptos. Además, para acceder al beneficio, las prestaciones deberán estar vigentes al momento de su liquidación.

Alcance del beneficio

La medida incluye a titulares de jubilaciones y pensiones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciben pensiones no contributivas, como las destinadas a personas con invalidez o madres de siete hijos o más.

En el caso de pensiones compartidas, el texto oficial aclara que serán consideradas como un único titular a los efectos del cobro del bono. Asimismo, se faculta a la ANSES a dictar normas complementarias para garantizar la correcta implementación del beneficio.

En los considerandos, el Ejecutivo argumenta que el refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en los haberes previsionales, especialmente en los sectores de menores ingresos. También señala que el bono forma parte de una política de sostenimiento del poder adquisitivo, en el marco de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria.

El sistema previsional argentino atraviesa una nueva actualización en abril de 2026, en el marco de la fórmula de movilidad que regula los haberes jubilatorios y pensionales. La medida busca sostener el poder adquisitivo de millones de beneficiarios, en un contexto económico marcado por la inflación y la necesidad de reforzar ingresos.

La Anses oficializó un aumento del 2,9% en los haberes de jubilados y pensionados, que se aplicará desde abril de 2026. La suba se complementa con la continuidad del

bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, lo que permite mantener un piso de ingresos homogéneo entre los beneficiarios.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a $380.319,31. Al sumarse el refuerzo, el monto total alcanzará los $450.319,31. Sin embargo, dado que el bono permanece congelado, el incremento real para quienes perciben el haber mínimo será del 2,44%. Para los jubilados con ingresos superiores, el bono se abonará de manera proporcional hasta alcanzar el mismo tope de $450.319,31.

En paralelo, el haber máximo también se actualizará y llegará a $2.559.188,80, consolidando la nueva escala previsional. La medida se enmarca en la Resolución 349/2025, que regula la movilidad y los pagos del sistema.

El calendario de pagos para quienes perciben el haber mínimo se organizará según la terminación del DNI:

Los haberes superiores se abonarán en las siguientes fechas:

Jubilados y trabajadores activos se manifestaron este miércoles frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para expresar su rechazo a la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. La protesta reunió a distintos sectores que alertaron sobre el impacto que los cambios podrían tener en los ingresos y derechos de los jubilados.

Durante la concentración, el vocero Tomás Caíno señaló que el reclamo central es el cumplimiento de la Constitución provincial y la defensa de los derechos históricos de los trabajadores. “No estamos pidiendo nada extraordinario, sino que Provincia respete lo que establece la norma”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Ercilio Aimone, remarcó la importancia de defender el 82% móvil como derecho adquirido. “Hemos aportado durante muchos años y merecemos un salario digno. No se puede pretender que 30.000 pesos sea una respuesta; eso resulta una vergüenza para cualquier jubilado”, sostuvo.

La vocal de la Caja, Claudia Vallori, advirtió que el proyecto podría modificar la base de cálculo de los haberes y desvincular los salarios de los jubilados de los trabajadores activos, lo que derivaría en una pérdida progresiva del poder adquisitivo.

En tanto, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Ávalos, alertó que los cambios afectarían también a los trabajadores en actividad, ya que la modificación en el cálculo de los años de servicio reduciría considerablemente los haberes.

Los manifestantes coincidieron en la necesidad de abrir instancias de diálogo más profundas con el gobierno provincial y exigieron alternativas de financiamiento que no recaigan nuevamente sobre quienes ya aportaron durante toda su vida laboral. Fuente: Canal Once / AHORA

La Confederación Farmacéutica Argentina encendió una señal de alarma ante el riesgo de que las farmacias de todo el país enfrenten un desabastecimiento de medicamentos. El motivo principal son los reiterados atrasos en los pagos de obras sociales y empresas de medicina prepaga, que ponen en jaque la cadena de suministro y obligan a los establecimientos a financiar con recursos propios.

La presidenta de COFA, Alejandra Gómez, explicó que la cadena de pagos se encuentra “completamente desfasada” y que muchas farmacias aún no terminaron de cobrar las prestaciones de diciembre. El sistema funciona bajo un esquema acordado: la farmacia compra el medicamento, lo dispensa al paciente y luego recibe el pago de la obra social o prepaga. Cuando ese flujo se interrumpe, el financiamiento recae sobre el propio comercio.

En el corto plazo, los establecimientos pueden sostenerse con stock disponible o mediante acuerdos especiales con laboratorios que ofrecen plazos extendidos. Sin embargo, desde la entidad advierten que esas herramientas son limitadas y que “llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector”.

Si no hay una regularización antes de fines de febrero, el impacto podría empezar a notarse en los mostradores durante marzo.

Desde COFA remarcaron que los más afectados serían los afiliados del PAMI, la obra social de jubilados y pensionados que reúne a más de cinco millones de personas. Se trata del grupo etario que más medicamentos consume y donde se concentra la mayor cantidad de pacientes. Aunque PAMI mantiene desde 2018 un cronograma específico de pagos, en el último año los plazos se habrían extendido.

“Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, señaló Gómez.

Ante este escenario, la Confederación Farmacéutica Argentina propuso conformar una mesa de trabajo con representantes de obras sociales, prepagas y autoridades sanitarias para encontrar una solución que garantice el acceso de los pacientes a los tratamientos. “Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación”, concluyó la titular de COFA.

Por ahora, el sector farmacéutico espera una respuesta en los próximos días que permita evitar faltantes y asegurar la continuidad en la entrega de medicamentos en todo el país. Fuente: Radio Mitre / Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)

El Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional de hasta 70.000 pesos, que será abonado en febrero de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que perciban sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida fue oficializada mediante el Decreto 65/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y publicada este miércoles con fecha 28 de enero en la Ciudad de Buenos Aires.

Según se indicó en los considerandos, el bono se creó como mecanismo de compensación por los efectos negativos generados por la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, que rigió hasta su modificación en julio de 2024. El texto sostuvo que dicha normativa “no resguardaba el riesgo inflacionario” y provocó una pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre los adultos mayores de menores ingresos.

Quienes perciban un haber igual o inferior al haber mínimo previsional recibirán el monto total de 70.000 pesos.

Quienes superen el haber mínimo recibirán un monto variable, equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope del haber mínimo más el bono máximo.

En el caso de pensiones con copartícipes, se considerará un solo titular a los fines del cobro.

Además, la norma facultó a la ANSES a dictar las disposiciones necesarias para la implementación, control y eventual recupero de percepciones indebidas, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

La medida entró en vigencia el mismo día de su dictado y se inscribió dentro del esquema de asistencia que el Estado nacional aplicó desde enero de 2024 para sostener los ingresos de los sectores previsionales más vulnerables.

El calendario de pagos de ANSES para enero de 2026 marca jornadas clave para millones de beneficiarios en todo el país. Este jueves 29 de enero, el organismo previsional vuelve a acreditar haberes y asignaciones, en línea con el cronograma oficial difundido a comienzos de mes.

Los pagos alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de planes sociales, quienes deben consultar el último número de su documento para conocer la fecha exacta de cobro.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $279.439,46, cifra que, con la suma del bono, alcanza los $349.439,46 por mes.

Quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez o vejez perciben $244.509,52, y el bono adicional eleva la cifra total a $314.509,52 en enero.

La Asignación Universal por Embarazo implica un pago de $118.454,32 por hijo; de este total, el 80% se transfiere en cuotas mensuales y el 20% se acredita luego de presentar la libreta anual.

Tanto la Asignación por prenatal como la Asignación por maternidad están fijadas en $28.000. Los pagos pueden ser fraccionados conforme a las condiciones establecidas por ANSES.

Estos valores se actualizan regularmente de acuerdo con la normativa sobre movilidad y los cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El martes 20 de enero continúa el cronograma del calendario de pagos de la Anses, con depósitos que alcanzan a distintos grupos de beneficiarios. En esta jornada, conviven cobros organizados por terminación del DNI con prestaciones que se acreditan sin un día específico, según el tipo de beneficio.

Desde el organismo previsional reiteraron que los pagos se depositan directamente en la cuenta bancaria informada y que el dinero queda disponible una vez acreditado.

Según el calendario de pagos de Anses, este martes cobran los siguientes grupos:

Con esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total del mes a $419.299,32.

En cuanto a las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo alcanzan los $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF se paga en $62.765 para el primer tramo de ingresos.

Este viernes 16 de enero, la Anses continúa con su calendario de pagos y se acreditan nuevas prestaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Como en cada jornada del cronograma, los cobros se organizan según la terminación del DNI, aunque algunas prestaciones no siguen ese criterio.

Desde el organismo recordaron que los pagos se realizan de manera automática en la cuenta bancaria declarada y que el dinero queda disponible una vez acreditado, sin obligación de retirarlo el mismo día.

De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este viernes cobran los siguientes grupos:

Con esta actualización, la jubilación mínima es de $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, por lo que el ingreso total del mes asciende a $419.299,32.

En cuanto a las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo se ubican en $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF alcanza los $62.765 para el primer tramo de ingresos.

De acuerdo con el calendario de pagos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy, lunes 12 de enero, el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a miles de beneficiarios en todo el país. El organismo estableció un esquema de acreditaciones escalonado, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), para evitar aglomeraciones en bancos y garantizar una distribución ordenada de los recursos. El cronograma responde a la actualización mensual por inflación, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

El esquema incluye a quienes perciben haberes mínimos, asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, asignaciones por Prenatal y Maternidad, así como pensiones no contributivas y desempleo. Además, se suma el pago de un bono extraordinario que impacta en los ingresos de los sectores más vulnerables.

Para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto base es de $279.439,46, que junto al bono alcanza $349.439,46. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.509,52, y con el bono suman $314.509,52. Las madres con siete hijos beneficiarias de pensiones acceden al mismo valor que la jubilación mínima.

En el caso de quienes superan el haber mínimo, las fechas de pago se concentran entre el 23 y el 29 de enero, dependiendo de la terminación del DNI. El haber máximo para el mes de enero asciende a $2.293.796,92.

La Asignación por Embarazo alcanza $118.454,32 por cada hijo, con el 80% abonado cada mes y el 20% restante supeditado a la presentación anual de la libreta. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagan según calendario y se actualizan de acuerdo con el IPC.

Las asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción y nacimiento— se acreditan en dos períodos: del 12 de enero al 12 de febrero para la primera quincena y del 22 de enero al 12 de febrero para la segunda. Los montos varían según la prestación y se ajustan mensualmente.

Las pensiones no contributivas y sus asignaciones familiares también se abonan en este ciclo, con pagos entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI. En todos los casos, los valores se modifican mes a mes siguiendo el índice de precios publicado oficialmente.

PAMI confirmó anteojos gratuitos en 2026 como parte de una de las prestaciones más valoradas por jubilados y pensionados, en un escenario donde los gastos en salud impactaron de manera creciente sobre los ingresos fijos. El organismo ratificó que la entrega sin costo continuará vigente durante todo el año para los afiliados que cuenten con indicación médica válida.

La prestación permitió acceder a lentes recetados de uso diario sin necesidad de realizar pagos adicionales, lo que representó un alivio económico concreto para miles de personas mayores en todo el país. Desde PAMI señalaron que se trató de una cobertura de alcance universal, destinada a garantizar el derecho a la salud visual.

El programa de anteojos de PAMI incluyó, por cada año prestacional, la entrega de un solo par de lentes, de acuerdo con la necesidad oftalmológica acreditada. Las opciones contempladas fueron:

Un par de lentes para visión cercana.Un par de lentes para visión lejana.O un par de lentes bifocales, según indicación médica.

El esquema estuvo diseñado para reducir trámites presenciales y evitar traslados innecesarios, facilitando el acceso incluso a personas con movilidad reducida o que requirieron la asistencia de un familiar o apoderado.

La cobertura alcanzó a todos los afiliados de PAMI, sin distinción por nivel de ingresos ni condición socioeconómica, siempre que existiera una indicación médica emitida por un oftalmólogo de la cartilla oficial.

Desde el organismo remarcaron que se trató de una prestación universal. En los casos en que el afiliado presentó dificultades para movilizarse, el trámite pudo ser iniciado por un familiar o apoderado, aunque la prueba final de los anteojos debió realizarse personalmente en la óptica seleccionada.

Para solicitar los anteojos gratuitos durante 2026, PAMI exigió la presentación de la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad.Credencial de afiliación.Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la cartilla.Prescripción clara del tipo de lente.Firma, sello y matrícula del profesional.

La Orden Médica Electrónica tuvo una validez de 150 días desde su emisión. En los casos de bifocales solicitados por primera vez, algunas agencias requirieron la escala FIN, según criterio administrativo.

El trámite no se realizó en las agencias de PAMI. La gestión fue directa en las ópticas adheridas al convenio vigente. Una vez obtenida la Orden Médica Electrónica, el afiliado pudo elegir libremente una óptica de la cartilla y presentarse sin necesidad de imprimir la receta, ya que el sistema funcionó de manera completamente digital.

El procedimiento establecido fue simple y constó de pocos pasos:

Solicitar turno con un oftalmólogo de PAMI.Obtener la Orden Médica Electrónica.Elegir una óptica adherida al convenio.Seleccionar el armazón disponible.Esperar la entrega, que demoró entre 7 y 20 días.

Desde el organismo destacaron que este esquema buscó agilizar la atención, evitar filas y asegurar que el beneficio llegara efectivamente a quienes lo necesitaron.

Desde hace varias semanas, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden aprovechar un régimen de descuentos y reintegros en sus compras habituales. La iniciativa, que comenzó a aplicarse progresivamente en octubre de 2025, se mantiene vigente y ampliada con nuevas alianzas entre la Anses, entidades bancarias y grandes cadenas comerciales.

Esta política social forma parte del Programa de Beneficios Capital Humano –Anses, que busca mejorar el poder de compra de los adultos mayores mediante rebajas automáticas y reintegros en más de 7.000 comercios adheridos en todo el país. Para acceder no hace falta un trámite especial: los descuentos se aplican directamente al pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión, y en muchos casos también con crédito o pago digital.

Cómo funcionan los descuentos

Los beneficios se estructuran en varios niveles según la entidad bancaria y el comercio:

Banco Supervielle ofrece rebajas del 20% en compras con débito (tope de $25.000) y del 20% con pago QR (tope de $15.000). Si se combinan ambos medios, pueden alcanzarse reintegros de hasta $40.000 los martes en supermercados seleccionados. Además, en ciertas cadenas este banco da 25% de descuento sin tope.

En farmacias adheridas, con Supervielle se puede obtener hasta 50% de descuento, con topes individuales y combinados que llegan a $12.000, y 3 cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito.

Banco de la Nación Argentina (BNA) brinda un 5% de reintegro en supermercados líderes al pagar con la app BNA+ MODO, con un límite mensual de $20.000.

Banco Galicia mantiene beneficios de hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés tanto con débito como con crédito, con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, sus cuentas remuneradas ofrecen intereses diarios sobre los saldos.

Estos programas combinados permiten a muchos jubilados y pensionados ahorrar cada mes en las compras esenciales, siempre y cuando utilicen las tarjetas y plataformas asociadas a los beneficios y promociones.

Además de los incentivos bancarios, las principales cadenas adheridas aplican descuentos al instante:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros y 20% en productos de perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10% de rebaja en todos los productos, sin límite de tope.

Josimar: 15% de descuento general, sin tope.

Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000 por transacción.

Día: 10% de rebaja con un tope de $2.000 por operación, que sí puede acumularse con otras promociones.

Chango Más: 10% de descuento con límite de $15.000 por compra.

Estos descuentos se aplican directamente sobre el total de la compra y, en la mayoría de los casos, no requieren inscripción ni cupón adicional.

Quiénes pueden acceder y qué se necesita

Se accede a estos beneficios si el jubilado o pensionado cobra sus haberes a través de un banco que participa del programa y paga con la tarjeta vinculada a esa cuenta. Esto significa que, si bien hay miles de comercios disponibles, el acceso efectivo depende de la entidad financiera donde se recibe la prestación.

La posibilidad de combinar promociones bancarias con rebajas directas en supermercados y farmacias permite reducir el gasto en compras básicas y mejorar la capacidad de consumo de jubilados y pensionados.

En ese sentido, el esquema de beneficios apunta a consolidarse como una política de acompañamiento permanente. Con descuentos que ya forman parte de la rutina de compra, el programa busca sostener el consumo básico y ofrecer previsibilidad a los beneficiarios.