La Cámara de Diputados de Entre Ríos dará continuidad este martes 20 de octubre, desde las 12 horas, al tratamiento en comisión del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que propone reformar diversos artículos de la Ley Provincial Nº 5.315, reguladora del Código Procesal Laboral. El trabajo de comisiones unificadas entre Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, y la Comisión de Trabajo, se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados.

En esta instancia legislativa, la convocatoria abarca a referentes de entes autárquicos y de entidades del sector comercial e industrial provincial, con el propósito de abordar el impacto técnico de la norma propuesta. Entre las presencias confirmadas para la jornada se encuentran Miriam Clérici, en representación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser); Carolina Díaz, jefa de asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; e Ignacio Subizar, gerente de Administración de las Comisiones Médicas. Asimismo, concurrirá Mauricio Benitende, titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CCIP), sumando la visión del sector mercantil y empresarial al tratamiento de la medida.

Otro de los puntos de discusión radica en el reordenamiento de la determinación de incapacidades físicas por riesgos del trabajo. El proyecto contempla la creación de tres cargos dentro del Poder Judicial destinados a constituir un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos. Quienes integren dicho organismo serán designados por concurso público de oposición y antecedentes, percibiendo una remuneración fija para asegurar la independencia técnica en los dictámenes y garantizar la aplicación estricta de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. En paralelo, el texto del proyecto prevé la exención del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales para la administración estatal provincial y sus dependencias autárquicas.

El debate complementa las reuniones concretadas previamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, conducida por la diputada Gabriela Lena, donde hicieron sus aportes directivos del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, junto a funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación y asesores jurídicos del Poder Legislativo.

Una serie de procedimientos policiales realizados durante el domingo en distintos sectores de Gualeguaychú terminó con cinco personas aprehendidas por hechos de distinta naturaleza. Entre las intervenciones hubo dos situaciones vinculadas con violencia en el ámbito de la pareja, un episodio de amenazas, el ingreso no autorizado a una vivienda y disturbios en la vía pública.

Uno de los casos se registró durante la madrugada en una vivienda de la zona de San José y Jilgueros, donde una mujer de 34 años denunció haber sido agredida físicamente por su pareja, de 31, quien también habría atacado a sus hijos. Tras la intervención de efectivos de la Comisaría Tercera y la comunicación con la Fiscalía de Género, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental.

En otro procedimiento ocurrido también durante la madrugada, en inmediaciones de 3 de Febrero y J. V. González, una mujer de 25 años manifestó haber sido agredida por su pareja, de 32 años. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía dispuso la aprehensión de la mujer señalada como presunta autora de las lesiones. La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría Segunda y la detenida fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Amenazas e ingreso a una vivienda

Por la tarde, alrededor de las 14.30, personal de la Comisaría Sexta intervino en un terreno ubicado sobre calle 165, luego de que un hombre de 47 años denunciara haber recibido amenazas de muerte por parte de otro individuo mientras trabajaba en el lugar.

De acuerdo con el parte policial, cuando llegaron los efectivos, el señalado, de 28 años, también habría amenazado al personal e intentado agredir físicamente al denunciante. El hombre fue aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno y trasladado a la Jefatura Departamental.

Otro de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda de la zona de Vélez Sarsfield al 25. Allí, efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron a un hombre de 38 años en el segundo piso del inmueble, donde, según se informó, estaba revolviendo distintos espacios.

El propietario, de 57 años, manifestó que conocía al hombre y que ambos habían mantenido una discusión antes de que este ingresara sin autorización, tras saltar una reja. También denunció haber recibido amenazas. La Fiscalía dispuso la aprehensión del señalado por el supuesto delito de violación de domicilio.

Disturbios en la vía pública

El último procedimiento se produjo durante la noche, a partir de una alerta de la Sala de Videovigilancia, que detectó a un hombre ocasionando disturbios y molestando a quienes circulaban por las inmediaciones de 3 de Caballería y Caceros.

Cuando el personal del Comando Radioeléctrico llegó al sector, localizó al individuo en la intersección de Gervasio Méndez y Borques, donde continuaba molestando a un transeúnte. Según el informe, al intentar identificarlo, el hombre quiso escapar y opuso resistencia a los efectivos.

Finalmente, fue aprehendido por una infracción contravencional contemplada en la Ley Provincial N.º 3815 y trasladado a la Jefatura Departamental para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los cinco procedimientos quedaron sujetos a las actuaciones judiciales o contravencionales correspondientes, según la naturaleza de cada hecho.

La Justicia confirmó a los jueces que llevarán adelante el juicio contra los miembros de la agrupación Revolución Federal por hechos de violencia previos al atentado contra la ex presidenta Cristina Fernandez.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 serán los encargados a cargo del debate, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los cinco procesados en la causa son Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano, acusados de incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y hostigamiento.

En septiembre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi presentó el pedido de elevación a juicio contra los miembros de la organización por hechos que incluyeron amenazas, llamados a agresión a través de redes sociales y movilizaciones con antorchas y una guillotina, entre otros.

El magistrado consideró que la organización organizó marchas entre mayo y octubre de 2022 para “imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación, en donde realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas” en contra de las autoridades del entonces gobierno de Alberto Fernández.

Los hechos que serán juzgados son previos al atentado contra Cristina Kirchner, que tuvo entre sus condenados a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes estaban relacionados con Revolución Federal.

La causa también tuvo entre los involucrados a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes eran investigados por haber presuntamente financiado a la entidad. Sin embargo, el juez los sobreseyó.

Ahora, la Justicia continúa con los pasos previos hacia el juicio oral, que aún no tiene fecha para su comienzo.

Fuente: Agencia NA

Personal dependiente de las secciones Motorizada, Cuerpo y Guardia, en conjunto con efectivos de la comisaría jurisdiccional, se encontraba realizando recorridas preventivas por el barrio La Bianca. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de dos personas en los pasillos de la zona urbana, quienes intentaron desprenderse de un envoltorio al notar la aproximación del patrullero.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata al personal especializado de la División Drogas Peligrosas, que realizó los ensayos químicos correspondientes sobre el material hallado. Las pruebas confirmaron que la sustancia interceptada correspondía a cocaína, motivo por el cual se dio aviso a la Fiscalía de turno para iniciar las diligencias legales acordes al protocolo.

El procedimiento involucró a dos menores de edad. Uno de ellos, de 16 años, fue trasladado y alojado en una dependencia adaptada para el resguardo de menores, quedando formalmente supeditado a las decisiones de las autoridades judiciales intervinientes. Por su parte, el otro joven, de 13 años, no quedó sujeto al proceso penal en función de las normativas vigentes sobre la franja etaria; por ello, tras las actuaciones de rigor, las autoridades procedieron a entregarlo formalmente al cuidado de sus progenitores. Según se precisó desde el área policial competente, ninguno de los involucrados presentaba registros o ingresos previos en sedes de la fuerza pública.

Este hecho se destaca por inscribirse en los primeros procedimientos provinciales bajo los términos de la Ley 27.801, normativa que establece un marco renovado para el Régimen Penal Juvenil. La ley fija las pautas procesales para personas de entre 14 y 18 años a las que se les atribuya la presunta comisión de faltas tipificadas. Entre sus premisas principales, la legislación prioriza la resocialización, la educación y el uso de medidas de conducta o abordajes integrales, reservando la privación de la libertad como un recurso de carácter excepcional. Todas las actuaciones correspondientes quedaron elevadas a los juzgados de la jurisdicción para la determinación de los pasos a seguir.

Segura rechazó el proyecto que ingresó el martes a la Legislatura provincial y que propone derogar el artículo 1° de la Ley Nº 10.068, eliminando el enganche automático de los salarios del Poder Judicial entrerriano con los aumentos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Es una decisión desacertada que va a afectar las relaciones institucionales porque impacta en forma directa en la independencia del Poder Judicial, que es el fundamento por el cual esta ley tiene un índice automático”, expresó el secretario general de AJER en declaraciones a Página Gremial.

Aclaró también que ese índice “nunca ha estado por encima de la inflación” y remarcó: “Es más, durante dos años, en 2023 y 2024, estuvo bastante por debajo de la inflación”.

El conflicto, el único efecto

El dirigente sindical entendió que “el único efecto que va a tener esta iniciativa es generar, donde no la hay, una situación de conflicto y de confrontación institucional”.

En ese marco, apuntó al Poder Ejecutivo y pidió que no acompañe la iniciativa. “Esperamos que el Gobierno tenga la sensatez y la reflexión para no acompañar y no avanzar con esto, que en principio aparece como un proyecto de dos diputadas del oficialismo”, expresó.

El proyecto fue presentado por Gladys Salinas, del bloque unipersonal Partido Conservador Popular, y cuenta con el aval de Noelia Taborda, de la Alianza Juntos por Entre Ríos.

Frente al posible avance del proyecto, el gremio judicial anticipó su postura. “Vamos a evaluar cómo sigue esto y a conversar con el resto de los sectores del Poder Judicial, para ver de qué manera intentamos una instancia de diálogo”, señaló Segura.

Señaló que por el momento no está definido si esas conversaciones se concretarán con la Legislatura o el Gobierno. “Ya veremos cuál sería el interlocutor”, apuntó.

Mientras tanto, AJER dejó planteada su posición frente al proyecto y cuestionó la intención de modificar el mecanismo vigente. “Nos parece que no tiene ningún sentido que esto prospere”, remarcó por último el dirigente. (APFDigital)

Lo que comenzó como un procedimiento por un delito contra la propiedad terminó al descubierto como un punto de fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Personal de la Comisaría Sexta de Concordia irrumpió en una vivienda ubicada cerca de las calles Mario Gatto y Sarmiento tras analizar cámaras de seguridad por un robo denunciado el pasado jueves.

Al registrar el inmueble, los efectivos hallaron elementos destinados al corte y empaque de sustancias, entre ellos un plato con restos de polvo blanco y bolsas con recortes. En el interior de una mochila localizaron una piedra de cocaína oculta en un guante, mientras que dentro de una prenda de vestir secuestraron 52 dosis ya acondicionadas para la venta.

El operativo adquirió mayor gravedad al momento de requisar a los presentes. Un adolescente de 16 años llevaba entre sus pertenencias otra piedra de cocaína, diez envoltorios adicionales de la misma sustancia y doce dosis de marihuana. En total, la Policía incautó 62 envoltorios de cocaína, dos piedras de la misma droga, 12 envoltorios de marihuana, seis teléfonos celulares y la suma de 202.200 pesos en efectivo.

Como resultado del procedimiento, la fiscalía interviniente dispuso la inmediata detención de cuatro personas mayores de edad, mientras que el menor de 16 años fue correctamente identificado y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

La información está disponible en un micrositio - www.jusentrerios.gov.ar/edictos-judiciales - al que se accede desde la página de inicio. Se trata de un sistema intuitivo y de fácil operación, implementado tras una prueba piloto. No se suplantará la publicación de avisos en el Boletín Oficial ni en diarios.

Tras las pruebas realizadas que se efectuaron durante dos meses, la Sala N.º 2 en lo Civil y Comercial del STJER advirtió que el sistema informático desarrollado resultó intuitivo y de muy fácil operación, facilitando la carga de la información, otorgándole agilidad y celeridad a los procesos administrativos.

Con el empleo de esta herramienta tecnológica se busca garantizar mayor publicidad y transparencia a los actos procesales, y al estar visible en la página de inicio del Poder Judicial, promueve el acceso a la información.

De todos modos, la disponibilidad de este espacio virtual no eximirá la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la provincia o en diarios, conforme lo dispongan jueces y juezas en el marco de un expediente en trámite.

El ícono de acceso está disponible en la parte superior de la página web del Poder Judicial debajo del logotipo del Poder Judicial y del croquis del edificio de los Tribunales de Paraná.

El sistema desarrollado permite consultar la información por jurisdicción o por tipos de edictos judiciales: concursos y quiebras; mensuras; notificaciones de personas; remates y subastas; sucesiones, y usucapión.

Cepeda tuvo la idea, o encontró como único camino posible en su reclamo, de encadenarse a una silla y posicionarse justo al lado de la puerta principal de los Tribunales de Gualeguaychú, sobre calle Sáenz Peña, para que toda persona que pasara lo viera y se enterara de su situación.

Obviamente no pasó desapercibido. Desde las 7 de este miércoles concentra las miradas de los funcionarios judiciales, peatones y automovilistas que bordean la plaza San Martín. Sobre las escalinatas, un hombre sentado sosteniendo un cartel que dice: “Justicia lenta no es justicia. 482 días sin ver a mis hijos”.

En diálogo con EL ARGENTINO, Cepeda contó que pide justicia “porque hace 2 años y 5 meses me hicieron una falsa denuncia, mi ex, en contra de mis hijos y desde ese momento no los puedo ver y la Justicia no avanza en nada y no tengo respuesta”.

Al indagar un poco más sobre su problemática relató que existe una orden judicial de prohibición de acercamiento y que incluso ha estado preso en al menos una ocasión por violar esa restricción.

“Me dicen que acá no es el lugar para reclamar (en la puerta de Tribunales), pero ya he ido al Juzgado de Familia y me mandan de un lado para el otro y no sé qué hacer para que alguien me escuche”, indicó.

Sus hijos tienen 8 y 6 años y aseguró que está ahí por ellos, porque quiere verlos. “Voy a estar hasta que alguien me atienda. Para mí el caso está archivado. No puede ser que hayan pasado 2 años y medio y que no pase nada, tengo derecho de ver a mis hijos, como ellos tienen derecho de ver a su papá. Espero una respuesta favorable”, sentenció.

El estado de sus causas

Cepeda es protagonista en varias causas judiciales, que se reparten entre diferentes fiscalías, juzgados y Ministerio Pupilar. Las investigaciones abiertas en su contra van desde abuso sexual hasta violencia de género y extorsión. Todas ellas tienen como responsables a las fiscales Natalia Bartolo y Alejandra Montiel, cada una en su competencia.

La que involucra a sus hijos se inició el 1 de abril de 2024 y esa está bajo la órbita de Bartolo, mientras que Montiel tiene bajo su responsabilidad las seis denuncias que su ex pareja le realizó por violencia de género.

Respecto al reclamo que lleva adelante y el estado de esa causa que manifestó que cree que se encuentra cerrada o archivada, la investigación está en pleno proceso y a la espera de la recomendación de los y las psicólogas del Poder Judicial intervinientes para realizar la Cámara Gesell. Esta medida se llevó a cabo hace un tiempo atrás, pero los dos niños entraron en un estado de angustia que obligó a no terminarla.

Luego de un tiempo uno de los niños pudo hacer la pericia y en ella habría dado indicios sobre la veracidad de la denuncia, pero aún se espera que el segundo menor pueda brindar su testimonio en Cámara Gesell cuando las profesionales lo indiquen.

La Comisaría Primera de Gualeguay fue allanada en el marco de una investigación judicial iniciada tras la denuncia presentada por una mujer policía, quien informó el hallazgo de una cámara de video en el baño destinado al personal femenino de la dependencia.

Según publicó Debate Pregón, el procedimiento fue ordenado luego de que la fiscal Mariángeles Schell solicitara la medida, que posteriormente fue autorizada por el juez de Garantías Sebastián Elal. La causa generó fuerte repercusión dentro de la fuerza y permanece bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.

Allanamiento en comisaría de Gualeguay

El operativo se realizó este miércoles por la tarde en la sede policial, con la intervención de funcionarios judiciales y efectivos policiales. La medida apuntó a reunir elementos vinculados con la denuncia y a determinar las circunstancias en las que habría aparecido el dispositivo.

De acuerdo con la información conocida, el hallazgo habría ocurrido aproximadamente 20 días atrás, cuando una funcionaria advirtió la presencia de una cámara que presuntamente registraba imágenes del sector de sanitarios y vestuarios del personal femenino.

Tras detectar la situación, la mujer habría informado lo ocurrido a sus superiores y luego a las autoridades departamentales. A partir de esa presentación, la Justicia avanzó con la investigación y dispuso el allanamiento de la dependencia.

Investigan si se preservó la evidencia

Uno de los puntos que intenta establecer la Fiscalía es cuál fue la actuación de los responsables de la comisaría luego de conocida la denuncia. En ese sentido, se busca determinar si se adoptaron las medidas correspondientes para preservar la evidencia.

Entre las hipótesis bajo análisis aparece la posible destrucción u ocultamiento de elementos probatorios, aunque esos extremos todavía forman parte de la investigación y no fueron determinados judicialmente.

Por el momento, no se difundió información oficial sobre el resultado del allanamiento ni sobre eventuales personas imputadas. Tampoco hubo un pronunciamiento público de la Jefatura Departamental de Policía sobre lo ocurrido.

La causa sigue en investigación

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las circunstancias del hecho, las eventuales responsabilidades penales o administrativas y si existieron conductas que pudieran constituir delitos o incumplimientos funcionales.

Mientras tanto, se aguardan novedades oficiales sobre el avance de las actuaciones y los resultados del procedimiento realizado en la dependencia policial de Gualeguay.

La investigación por el violento asalto sufrido días atrás por un comerciante de Gualeguaychú sumó este jueves un importante avance con la realización de tres allanamientos simultáneos que derivaron en la detención de un hombre de 24 años, el secuestro de distintos elementos vinculados a la causa y la emisión de un pedido de captura nacional para uno de los principales sospechosos.

Las medidas fueron ordenadas por el fiscal Jorge Gutiérrez y se concretaron luego de una serie de tareas investigativas llevadas adelante por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar las órdenes judiciales.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Bolivia al norte, pasando la intersección con Clavarino. Allí los investigadores secuestraron dos cascos, cuatro teléfonos celulares y una campera de abrigo que serán sometidos a pericias. Además, durante el allanamiento obtuvieron información que permitió establecer que uno de los principales sospechosos habría viajado hacia la provincia de Misiones el pasado 11 de julio. A partir de ese dato, la Fiscalía dispuso un pedido de captura con alcance nacional para avanzar con su localización.

El segundo allanamiento, realizado también sobre calle Bolivia, culminó con la detención de un hombre de 24 años, señalado por la investigación por su presunta vinculación con el asalto. En ese domicilio la Policía secuestró más de 250 mil pesos en efectivo, un proyectil calibre .38 y sustancia estupefaciente, cuyo hallazgo será objeto de las actuaciones judiciales correspondientes.

El tercer procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Sobral y boulevard Daneri. Allí fueron secuestrados un teléfono celular, un casco integral y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de color negro que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada como medio de movilidad para concretar el robo.

Los allanamientos fueron supervisados por la Jefatura Departamental y contaron con la participación de personal de las divisiones Operaciones y Seguridad e Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Mientras los elementos incautados serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con el hecho, la investigación continúa con el objetivo de localizar al sospechoso prófugo y avanzar hacia el esclarecimiento total del violento asalto que tuvo como víctima a un comerciante de la ciudad.

Un joven de 25 años, oriundo de Victoria, fue detenido en un hospedaje del barrio Quinto Cuartel tras un operativo policial que se inició a partir de un llamado telefónico. El sospechoso tenía pedido de captura en el marco de una causa por hurto de dinero en perjuicio de un comerciante de esa ciudad, dedicado además a la compra y venta de hacienda.

El hecho ocurrió el sábado 4 de julio, cuando el denunciante advirtió la desaparición de una caja con aproximadamente 30 millones de pesos. Tras las averiguaciones, los investigadores localizaron al joven en el hospedaje donde se alojaba de manera transitoria.

Durante el procedimiento se secuestraron 800 mil pesos en efectivo, que fueron incorporados a la causa por su presunta vinculación con el robo. Sin embargo, la diferencia entre el monto denunciado y lo recuperado sigue siendo uno de los principales interrogantes de la investigación.

Fuentes judiciales señalaron a Radio Victoria que el detenido cuenta con antecedentes por hechos similares. La Fiscalía dispuso su traslado a Jefatura y continúa con las diligencias para establecer el destino del resto del dinero y determinar si hubo otras personas involucradas.

El caso, que tomó estado público por el resultado positivo del operativo, vuelve a poner en debate la reiteración de robos millonarios en la ciudad, muchos de los cuales no trascienden oficialmente.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un capítulo de alta tensión en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Durante la séptima audiencia del debate, el tribunal autorizado hizo lugar a un pedido de Laudelina Peña, quien solicitó entrevistarse de urgencia con su hija, Macarena Peña. El encuentro se produjo en un cuarto contiguo a la sala de audiencias luego de que la joven prestara un testimonio clave ante los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Bosch.

Pese a la ausencia momentánea de la imputada en el recinto, la abogada defensora Mónica Chirivín aceptó que la jornada continuara vía Zoom. La ronda de declaraciones de este jueves estuvo marcada por las revelaciones sobre presuntos aprietes y la reconstrucción minuciosa de las horas previas y posteriores al 13 de junio de 2024, momento en que el menor fue visto por última vez.

"Patricia Bullrich se las va a llevar", habría sido la frase intimidatoria utilizada por el abogado defensor según la declaración de la joven. Macarena afirmó que ella se negó desde un principio a participar de la maniobra de encubrimiento y que, días más tarde, acudió a la asesoría de Elizabeth Cutaia para formalizar la denuncia por amenazas ante las autoridades judiciales.

Previamente, la audiencia había sufrido interrupciones debido a las descompensaciones de los involucrados. El imputado Antonio Benítez debió recibir asistencia médica urgente al registrar una presión arterial máxima de 18, lo que obligó a dictar un cuarto intermedio. Posteriormente, la testigo Camila Núñez rompió en llanto tras un cruce con el defensor Enzo Di Tella por aparentes contradicciones sobre el trayecto hacia el naranjal, obligando a reproducir registros de video para refrescar su memoria.

Por último, los tíos maternos del menor, Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, completaron la grilla de testigos. Este último relató que, al dirigirse a la casa de la abuela tras enterarse de la desaparición, cruzó en la ruta a Benítez acompañado por un hombre encapuchado no identificado. El Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio extendido y determinó que el debate presencial se reanudará el próximo martes.

[Con información de Infobae]

El viernes 12 se llevó adelante una nueva jornada del programa “La Justicia va a los barrios” en la Escuela n.º 94 Francisco Ramírez, ubicada en Suburbio Sur, con el objetivo de acercar distintos organismos y servicios a la comunidad, especialmente a quienes viven alejados de la zona céntrica y de los edificios judiciales.

El secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, participó de la jornada y destacó el valor que esta iniciativa tiene para Gualeguaychú, al permitir que la justicia se acerque a las personas y facilite el acceso a trámites, consultas y asesoramiento en el propio territorio.

La actividad forma parte de un programa impulsado por el Poder Judicial de Entre Ríos y el Superior Tribunal de Justicia. En Gualeguaychú, la coordinación se encuentra a cargo del Juzgado de Paz, encabezado por la jueza Carina Denis, quien destacó la importancia de desarrollar estas instancias en instituciones educativas por su rol como espacios de referencia comunitaria.

“Vamos a diferentes lugares alejados de Tribunales para que la gente pueda acceder a la justicia. Hace un tiempo vamos a las escuelas, porque consideramos que son un centro de comunidad muy importante, no solamente para el alumnado, sino también para las familias, los docentes y las instituciones del barrio”, expresó Denis.

Durante la jornada participaron el Juzgado de Paz, la Defensoría Pública Federal, el equipo de mediación penal, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia y Defensa del Consumidor.

Entre las atenciones realizadas, el Juzgado de Paz llevó adelante 8 informaciones sumarias y 9 certificaciones de firma, todas correspondientes a mujeres. Las informaciones sumarias permiten acreditar determinados hechos para iniciar o completar otros trámites, como gestiones vinculadas al DNI, uniones convivenciales, obras sociales o trámites de radicación, entre otros.

La jueza Denis explicó que uno de los servicios más requeridos es la realización de informaciones sumarias, especialmente para personas que necesitan acreditar situaciones personales o económicas. “Trabajamos mucho en coordinación con la Defensoría Federal, por ejemplo, en las informaciones sumarias para acreditar la vecindad y poder continuar trámites de radicación”, señaló.

Por su parte, la Defensoría Pública Federal brindó 4 asesoramientos vinculados a pensiones, mientras que Defensa del Consumidor atendió 4 consultas. En ambos casos, las consultas fueron realizadas por mujeres, dato que se suma a las estadísticas que el programa releva en cada jornada, con el fin de registrar cantidad de atenciones, tipo de trámite y género de las personas atendidas.

Además de los trámites y asesoramientos destinados a la comunidad, se desarrolló una charla sobre prevención y erradicación de la violencia escolar, dirigida a 40 alumnos de 6° grado. El encuentro estuvo a cargo del Dr. Simón Giglione, psiquiatra del Equipo Técnico Interdisciplinario de Familia, junto al equipo de mediación penal, y permitió trabajar conceptos vinculados a la violencia, el bullying y la convivencia escolar.

La directora de la institución, Nerina Nazer, destacó el valor de que estas jornadas se realicen en las escuelas, ya que favorecen el acercamiento de las familias a organismos y servicios a los que muchas veces no acceden por distancia, horarios o desconocimiento. En ese sentido, remarcó que la escuela funciona como un punto de encuentro para el barrio y para distintas instituciones que trabajan en red en Suburbio Sur.

Asimismo, desde el Juzgado de Paz se destacó que la presencia en las escuelas también permite acompañar a los docentes, por ejemplo, a través de certificaciones de firma necesarias para completar formularios vinculados a trámites laborales o previsionales, que muchas veces no pueden realizar durante la mañana por encontrarse en horario de trabajo.

Estuvieron presentes la jueza de Paz, Dra. Carina Denis; la secretaria, Dra. Cecilia Kischner; la escribiente Amalia Lenzi; el Dr. Simón Giglione, psiquiatra del Equipo Técnico Interdisciplinario de Familia; la Dra. Violeta Gómez, mediadora penal; la Dra. Gray Quiroga, oficial de Probation; la Dra. Verónica Britos y el Dr. Iván Gueler, por la Defensoría Pública Federal; y el Dr. Leandro Carrazza, por Defensa del Consumidor junto con el responsable del Área, Lucio Benitez

La jornada permitió fortalecer el trabajo articulado entre organismos judiciales, instituciones educativas y espacios comunitarios, facilitando el acceso a derechos, la orientación en trámites y la prevención de distintas problemáticas en el territorio.

El Programa provincial “La Justicia va a los barrios” llegará a Gualeguaychú con una jornada de atención destinada a acercar servicios judiciales a la comunidad, especialmente a quienes necesitan orientación o realizar trámites en un espacio cercano a su lugar de residencia.

La actividad se realizará el viernes 12 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, en la Escuela nº 94 Francisco Ramirez del Barrio Pereda, en Suburbio Sur. En esta oportunidad, la coordinación estará a cargo de la jueza de Paz de Gualeguaychú, Dra. Carina Denis. La atención será por orden de llegada.

Impulsado por el Poder Judicial de Entre Ríos, a través del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi”, el programa permite acceder a consultas, denuncias, asesoramiento y distintos trámites sin concurrir a los Tribunales de la localidad.

Durante la jornada se podrán realizar consultas vinculadas a cuota alimentaria, régimen de comunicación, tutela, restricción a la capacidad, divorcio, delitos y seguimiento de denuncias en trámite. También se podrán efectuar denuncias por violencia familiar, intrafamiliar o de género.

Además, ante integrantes del Juzgado de Paz, se podrán gestionar certificaciones de firmas para trámites previsionales, poderes, seguros de vida y formularios de becas; declaraciones juradas para asignaciones familiares, becas y cobertura de obra social; informaciones sumarias y certificados de supervivencia.

El Programa se desarrolla en escuelas, clubes, centros de salud y otros espacios comunitarios, con el objetivo de facilitar el acceso a derechos y brindar respuestas más ágiles a la comunidad.

En el departamento Gualeguaychú, la X Jornada Provincial de Acceso a Justicia también se realizará en Urdinarrain, de 9:00 a 12:00 hora, en el Centro de Salud, con coordinación de la Dra. Silvina Martínez Lort; y en Irazusta, de 9:00 a 12:00 horas, en el Salón Comunal, bajo la coordinación del Dr. Ricardo Chaia.

En la madrugada del domingo, alrededor de las 6.30, dos hombres fueron interceptados en calle Juan Lapalma, a metros de Pra Junta. Llevaban consigo un bolso cargado con ropa nueva, pero no pudieron explicar de dónde provenía ni justificar su posesión.

La primera observación la hicieron agentes de Comisaría Tercera, quienes dieron aviso inmediato a sus pares de Comisaría Cuarta. Una vez en el lugar, los efectivos identificaron a los involucrados: uno de 31 años y otro de 39. Ante la situación, se dispuso su traslado a Jefatura Departamental en calidad de aprehendidos, mientras se intenta establecer la procedencia de la indumentaria.

La mediación penal continúa consolidándose como una herramienta efectiva para la resolución de conflictos en Entre Ríos. Durante 2025, cerca del 80 por ciento de los casos sometidos a este mecanismo concluyeron con acuerdos entre las partes, un resultado que refuerza el papel de la justicia restaurativa dentro del sistema judicial provincial.

De acuerdo con los datos oficiales, la Oficina de Medios Alternativos (OMA) intervino en 5.119 legajos derivados por el Ministerio Público Fiscal. De ese total, 4.060 fueron incorporados al proceso de mediación penal y, entre ellos, 3.207 finalizaron con una resolución consensuada, alcanzando una tasa de éxito del 79 por ciento.

Las cifras reflejan una creciente utilización de este mecanismo, que busca ofrecer respuestas alternativas a los conflictos penales mediante el diálogo entre las personas involucradas. La mediación permite que víctimas e imputados participen activamente en la búsqueda de soluciones, promueve la reparación de los daños ocasionados y favorece la reconstrucción de vínculos afectados por el conflicto.

Desde el ámbito judicial destacaron que los resultados obtenidos evidencian la confianza depositada por fiscales, víctimas e imputados en esta herramienta, así como el trabajo desarrollado por los equipos de mediadores en toda la provincia.

El elevado porcentaje de acuerdos alcanzados también pone de manifiesto la importancia que ha adquirido la mediación penal como complemento del sistema de justicia tradicional. Además de contribuir a una resolución más rápida de los conflictos, este procedimiento apunta a generar respuestas más satisfactorias para las partes involucradas y a fortalecer la convivencia social.

Los datos correspondientes a 2025 consolidan a la mediación penal como una de las principales estrategias de resolución pacífica de conflictos en Entre Ríos, demostrando que el consenso y la participación continúan siendo caminos efectivos para abordar situaciones derivadas de hechos penales

En un contexto político atravesado por tensiones internas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este miércoles en la Casa Rosada a la senadora oficialista Patricia Bullrich. El encuentro se produjo en medio de las diferencias que generó el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuyo tratamiento en el Senado expuso fisuras dentro de La Libertad Avanza.

La reunión se llevó adelante en el despacho de Milei, en el primer piso de la Casa Rosada. Aunque no trascendieron detalles sobre el contenido de la conversación, la foto difundida por Bullrich en su cuenta de X buscó enviar un mensaje de unidad en un momento de fricciones con el oficialismo.

Bullrich, que en los últimos días había marcado distancia respecto de la postura del Ejecutivo, se mostró junto a Milei en una imagen que rápidamente circuló en redes sociales y medios. La senadora había cuestionado aspectos del pliego de Michelli, generando ruido en la bancada oficialista y dejando entrever diferencias con la estrategia del Gobierno en materia judicial.

El gesto de la reunión cobra relevancia en un escenario donde la aprobación de pliegos judiciales requiere consensos políticos amplios. La figura de Michelli, propuesta para ocupar un cargo clave, se convirtió en motivo de debate y tensiones internas. La foto con Milei intenta mostrar que, pese a las discrepancias, Bullrich sigue alineada con la conducción del oficialismo.

La Casa Rosada eligió dar visibilidad al encuentro como señal política. En paralelo, la discusión por el pliego de Michelli continúa siendo un punto de fricción, con sectores que reclaman mayor apertura en la selección de candidatos judiciales y otros que defienden la propuesta del Ejecutivo.

La foto de Milei y Bullrich, más allá de lo conversado, se interpreta como un intento de mostrar cohesión en un momento donde las tensiones internas podrían debilitar la estrategia parlamentaria del oficialismo. El desenlace del debate sobre Michelli será una prueba clave para medir la capacidad del Gobierno de sostener acuerdos en el Senado.

La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, eje estratégico para el comercio exterior argentino y regional, continuará su curso pese a las denuncias por presuntas irregularidades. El juez federal Daniel Rafecas rechazó este jueves las medidas cautelares solicitadas para suspender el proceso, en una resolución de 15 páginas que se alinea con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan.

El magistrado recordó que las medidas cautelares contra el Estado deben aplicarse con “máximo grado de prudencia” para evitar excesos jurisdiccionales que menoscaben las funciones administrativas. Por ello, resolvió “no hacer lugar” a las cautelares pedidas y ordenó remitir nuevamente el expediente a la Fiscalía Federal para que continúe la investigación.

La causa se inició el 11 de mayo con la denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien afirmó que la licitación habría sido direccionada para favorecer a un grupo de beneficiarios. Entre sus acusaciones, señaló que el pliego estaría confeccionado “a medida” para excluir a empresas chinas, que existirían socios ocultos detrás de la empresa belga Jan de Nul y que incluso se habría incorporado documentación falsificada atribuida a la ONU.

Pagano denunció posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y asociación ilícita. A su presentación se sumó la de Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien advirtió que la maniobra implicaría un perjuicio proyectado de 7.000 millones de dólares a lo largo de la concesión. También apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios vinculados al área portuaria.

Rafecas terminó alineándose con ese criterio, reforzando la presunción de legitimidad de los actos administrativos y la aplicación restrictiva de medidas cautelares contra el Estado.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior. Su licitación, que involucra a empresas internacionales y despierta fuertes intereses económicos, se encuentra atravesada por cuestionamientos políticos y judiciales.

La decisión de Rafecas garantiza la continuidad del proceso, aunque las denuncias seguirán siendo investigadas por la Fiscalía. El desenlace de esta causa será clave para definir el futuro de una infraestructura estratégica para la región y para la economía nacional.

Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron destituídos el miércoles por la noche, tras la fase alegatos en el jury que se desarrolló en esta ciudad, por ‘negligencia grave y mal desempeño’ de sus funciones en el caso de Nora Dalmasso, asesinada en Río Cuarto en noviembre de 2006.

El pedido había sido formulado durante la jornada de alegatos ante el Jurado de Enjuiciamiento que sesiona en la Legislatura provincial, donde la fiscal general adjunta, Betina Croppi, detalló los puntos que certificaron que los tres funcionarios incumplieron con sus deberes y demoraron injustificadamente el esclarecimiento del hecho.

Si bien los tres acusados solicitaron sus respectivas absoluciones, Croppi fue contundente al afirmar que el “principal sospechoso estaba ante sus ojos y no hicieron nada”, en referencia al jardinero Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado entre las prendas de Dalmasso.

Croppi también fustigó a los tres fiscales, quienes según consideró, se enfocaron en cuestiones relativas a la vida privada de la víctima e impulsaron la teoría de un “amante asesino”.

Tras conocerse el fallo, Pizarro, quien quedó apartado de su puesto de inmediato junto a sus dos colegas, indicó a Noticias Argentinas que “Córdoba se pierde un buen fiscal”, en referencia a sí mismo.

Este proceso, que se desarrolló en la Legislatura de Córdoba, analizó durante varias semanas el desempeño de los tres funcionarios a lo largo de casi dos décadas; de hecho, declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, policías, funcionarios judiciales y allegados a Dalmasso.

Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf de Río Cuarto, en uno de los casos más resonantes de los últimos años, ya que todavía la justicia no pudo determinar quien fue el responsable del hecho.

El esposo de la mujer, Marcelo Macarrón, estuvo bajo investigación en primer término, como así también Facundo, su hijo mayor, ambos presentes en la audiencia de este miércoles, al igual que Valentina, la otra hija de la occisa.

El testimonio de Facundo Macarrón

El hijo mayor de Nora Dalmasso, Facundo Macarrón, mostró su alivio al expresar que “en parte, se hizo justicia, es una reivindicación”, aunque no ocultó su malestar porque “ninguno de los fiscales nos pidió perdón”.

Asimismo, y en declaraciones a la prensa tras la audiencia, expresó que “Desde un comienzo mi madre fue la mala víctima”, y agregó que “Ninguna familia se merece pasar por lo que pasamos. Da mucha lástima lo de estos fiscales, porque estudiaron para ejercer, pero lo hicieron muy mal. Nos arruinaron la vida”.

“Ahora queremos que el asesino termine preso y que mi mamá tenga justicia. Estamos muy dolidos porque hubo mucha re victimización”, concluyó.

Por su parte, Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón dijo a Noticias Argentinas tras el veredicto: “Fueron muchas horas, pero estamos agradecidos con el tribunal, con la fiscal adjunta Croppi y su equipo que reivindicaron a Nora Dalmasso y a la familia con esta decisión”.

“Estamos con esperanza y siguiendo en esta búsqueda de justicia efectiva por Nora. Es nuestro norte”, y sobre el acusado Roberto Bárzola puntualizó: “Queda la posibilidad de ir a un juicio ordinario para poder determinar a través de la justicia si es culpable, y que Nora pueda, de una vez por todas, descansar en paz”.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles, alrededor de las 23:10, cuando personal de Comisaría Segunda interceptó a dos jóvenes en la intersección de calles José Ingenieros y Siboldi. El operativo se inició minutos antes en la zona de Misiones y Clavarino, donde los efectivos advirtieron una actitud sospechosa al cruzarlas, lo que motivó un seguimiento.

Según se informó, al notar la presencia policial, ambas intentaron darse a la fuga a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 125 que circulaba sin dominio colocado, lo que reforzó las sospechas.

Una vez demoradas para su correcta identificación, se procedió a verificar el rodado, constatándose que presentaba pedido de secuestro por haber sido denunciado como robado en jurisdicción de Comisaría Cuarta, por un hombre de 41 años.

Como resultado del procedimiento, una de las jóvenes fue aprehendida y trasladada a la Comisaría de Minoridad, mientras que la otra, de 20 años, fue correctamente identificada y posteriormente desvinculada de la causa. Según manifestaron, el motovehículo les habría sido prestado, versión que quedó sujeta a investigación.

La motocicleta fue secuestrada y, tras cumplimentarse las diligencias judiciales de rigor, restituida a su legítimo propietario. La causa quedó a disposición de la Justicia interviniente.