El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la competencia para investigar la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei.

Esta semana, el juez Ariel Lijo, subrogando a su colega María Servini, le derivó la causa a Martínez de Giorgi quien ya tenía un expediente en el que está imputada Karina Milei por facilitar audiencias con el Presidente a cambio de sumas de dinero.

Martínez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal ya había dicho que debían tramitar separadas. El conflicto volverá ahora a ser analizado por la Cámara Federal. (Con información de Ámbito)

Noticia en desarrollo.

La causa, identificada como Expediente N° 920/2021, se inició en marzo de 2021 tras la denuncia de un derrame de sustancia oleosa en el río Gualeguaychú, proveniente de las instalaciones del ex-Frigorífico, entonces ocupado por dependencias municipales. Según la investigación inicial, personas desconocidas habrían sustraído una llave de paso de las cañerías, lo que ocasionó el vertido.

Durante el proceso, que se extendió por más de cuatro años, la Justicia recibió informes técnicos, pericias ambientales, testimonios de empleados municipales, autoridades ambientales, fuerzas de seguridad y especialistas en geología e hidrocarburos. También se incorporaron actas de inspección ocular, registros de cámaras de vigilancia, expedientes administrativos y documentación sobre contrataciones públicas relacionadas con el tratamiento de hidrocarburos.

En 2024, la investigación tomó un nuevo impulso luego de que se verificaran dos hallazgos relevantes: un nuevo derrame de fuel oil en el mismo predio y la existencia de tanques con 10.000 y 300.000 litros del mismo combustible. El fiscal solicitó reabrir la causa y llamó a indagatoria a Ronconi y Gómez, quienes se desempeñaban en áreas vinculadas a la gestión ambiental del Municipio.

Tras analizar todas las pruebas, el juez federal Hernán Sergio Viri concluyó que las imputadas habían gestionado administrativamente las medidas necesarias para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y ambientales, y que no existían elementos que acreditaran una responsabilidad penal directa en los hechos investigados.

Por ello, en la resolución firmada el 1 de septiembre de 2025, el magistrado dispuso el sobreseimiento definitivo de ambas imputadas, dejando constancia de que la decisión no afecta el buen nombre y honor de Ronconi y Gómez.

Con esta resolución, la causa queda cerrada en el ámbito penal, aunque el expediente deja constancia del complejo proceso de investigación que se desarrolló a lo largo de los últimos años en relación con el manejo ambiental del predio del ex-Frigorífico Gualeguaychú.

Algunos detalles de la causa

Todo comenzó cuando unas personas que no pudieron ser identificadas habrían sustraído una llave de paso de una cañería ubicada en la parte inferior del muelle del ex-Frigorífico Gualeguaychú, lo que provocó el derrame en cuestión. Fue así que se dispuso una serie de medidas de prueba con el objeto de determinar eventuales responsabilidades y evitar el posible daño ambiental acaecido sobre el cauce del Río Gualeguaychú.

En la resolución judicial a la que accedió EL ARGENTINO, se detalla: Se recolectaron los informes y soportes magnéticos de las cámaras de video vigilancia del predio del ex-Frigorífico Gualeguaychú remitidos por la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos.

Se obtuvieron los informes de la Dirección Legal y Técnica y de la Dirección de Turismo de la Municipalidad local. Se llevó a cabo una inspección ocular en las instalaciones del predio del ex-Frigorífico.

La Prefectura Naval Argentina remitió actuaciones sobre la toma de muestras líquidas con anexo fotográfico. La Dirección de Legal y Técnica de la Municipalidad local presentó informe de caracterización cualitativa de hidrocarburos del Río Gualeguaychú.

Se recibió la declaración testimonial del geólogo Héctor Adolfo Ostera, gerente de investigación y desarrollo del laboratorio DTP. Se incorporaron resultados del análisis técnico del Departamento Científico Pericial de la Prefectura Naval Argentina.

La Secretaría de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos presentó constancias de inspección ocular del predio del ex-Frigorífico (fs. 252/259).

Obra sumario N° 278/2021 del Departamento Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (fs. 347/414).

Se agregaron informes de la Dirección Legal y Técnica de la Municipalidad de Gualeguaychú sobre el trámite de contratación de empresas para el tratamiento de hidrocarburos.

El Fiscal solicitó desarchivo y citación a indagatoria de las imputadas y se dispuso la indagatoria de Camila Noelia Ronconi y María de los Ángeles Gómez.

Analizadas las constancias probatorias, se concluye que las imputadas gestionaron administrativamente las medidas necesarias, no existiendo responsabilidad penal directa. Por este motivo, no solo quedaron sobreseídas sino que se aclaró que esto no afecta su buen nombre y honor.

La Policía de la ciudad de Buenos Aires encontró al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y por orden de la justicia federal se le secuestró el celular en la causa por los supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que la fuerza de seguridad continuó con los allanamientos luego que los que se hicieron en la madrugada en los domicilios registrados a nombre del ex funcionario no fue encontrado.

Pero la investigación continuó y este mediodía personal de la Policía de la Ciudad llegó a un country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuolo circulando en un automóvil, un VW Nivus. La Policía lo detuvo y le secuestró el celular. Eso había solicitado el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello. El móvil será peritado. Además se secuestró una computadora y documentación.

El procedimiento formó parte de los 15 allanamientos que ordenó la justicia en la causa. Ayer a la noche fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaban yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en su interior había dólares de montos varios. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y el empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.

Otros allanamientos fueron en viviendas de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien tampoco fue hallado.

Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón que pidió que el caso se investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

El hecho se conoció a través del programa Data Clave en el canal de streaming “Carnaval”. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamento y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El gobierno nacional echó a Spagnuolo pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios.

En la causa judicial, el fiscal Picardi pidió distintos allanamientos a organismos y domiciliarios particulares. ANDIS y la droguería Suizo Argentina fueron allanadas por la Policía de la ciudad y se secuestró documentación y computadoras y aparatos tecnológicos que serán peritados. También se dispusieron allanamientos en los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los directivos de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, en Nordelta, la Policía encontró al empresario en un auto con sobres en los que tenía distribuidos cerca de 200 mil dólares junto con anotaciones. Todo fue secuestrado junto con su teléfono celular.

El empresario Ariel García Furfaro recibió su primer revés judicial: junto a su madre y su abuela de 90 años, fue procesado por “sobrefacturación de importaciones y operaciones comerciales con China por las que declaró un monto falso ante la Aduana, realizadas a través de varias empresas, entre ellas HLB Pharma Group SA, el laboratorio investigado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, por haber elaborado fentanilo adulterado al que se lo vincula con decenas de pacientes fallecidos”. La causa tramitó en el Juzgado en lo Penal Económico n.º 2, a cargo de Pablo Yadarola.

Además de García Furfaro, en el expediente fueron procesados dos directivos de HLB Pharma: su madre, Nilda Furfaro, y su abuela de 90 años, Olga Luisa Arena, a quienes comprometió judicialmente al alternarlas en la presidencia de la sociedad “porque pasaba por un divorcio complicado y no tenía personas de confianza para poner”, según el mismo Ariel García explicó ante Infobae.

En la causa se precisa que, a través de HLB Pharma Group SA y Alpharma, importó maquinarias para elaboración de medicamentos desde el gigante asiático. Por la operación declaró un monto de USD 5 millones, cuando el monto real era de USD 500.000.

Según la Aduana, el empresario, que intentó distribuir en el país la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, presentó documentación falsa. La defensa de la familia García Furfaro apeló el procesamiento. También el embargo de $25.000.000.

Quien fue beneficiado en el expediente fue Sebastián Nanini, el abogado que el 28 de marzo de 2025 había adquirido el 100 % del paquete accionario de HLB Pharma y figura en la Inspección General de Justicia (IGJ) como “presidente” de la empresa, pero que, cuando estalló el escándalo del fentanilo mortal, que se elaboró el 18 de diciembre de 2024, ejecutó la cláusula de indemnidad que tenía por seis meses y desistió de la operación. Sin embargo, García Furfaro no formó un nuevo directorio y, por esa razón, Nanini aún aparece como presidente de la sociedad.

El expediente que investiga las maniobras de contrabando agravado involucra a varias personas físicas y jurídicas, además de la familia García Furfaro: Walter Norberto Allocco, Guillermo Enrique Gallo, ALFARMA S.R.L., CIMA Industries Inc. y HLB Pharma Group SA. Las actuaciones ya pasaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

“En momentos en que se elaboró la partida 31202, la presidenta de la empresa era la abuela de García Furfaro, una jubilada que nunca tomó ninguna resolución ni se la vio en las instalaciones de la planta elaboradora de medicamentos de su nieto”.

A todos ellos, más otra veintena de personas, Kreplak les inhibió sus bienes y les prohibió la salida del país. En las próximas horas, el juez federal de La Plata podría resolver también la situación procesal del clan García Furfaro.

Según pudo saber Infobae, la decisión será tomada después de que el juez Kreplak analice los resultados de los estudios que realizó el Instituto Malbrán sobre las partidas contaminadas de fentanilo de HLB Pharma y los hemocultivos de los pacientes fallecidos. Ayer el juez recibió el estudio de las primeras 20 historias clínicas de pacientes fallecidos, realizadas por el Cuerpo Médico Forense. De ese total, al menos 12 pacientes empeoraron su cuadro después de recibir el medicamento contaminado con dos bacterias.

El medicamento, elaborado por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group, se encontraba contaminado con dos tipos de bacterias y, según la investigación, está vinculado hasta el momento con la muerte de 68 personas, mientras que otros 20 casos continúan en análisis.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el 11 de mayo pasado la prohibición del uso, distribución y comercialización del lote contaminado mediante la disposición 3156/2025. Se trata del producto “Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo 0,05 mg/ml”, solución inyectable en frasco ampolla de 5 ml, con vencimiento en septiembre de 2026 y número de certificado 53.100.

El juez Kreplak investiga las responsabilidades penales de 24 personas, entre ellas Ariel García Furfaro, señalado como principal involucrado, junto a sus hermanos, su madre y su abuela de 90 años, quienes habrían participado en la estructura societaria de las firmas señaladas. En la causa también están bajo la lupa los directores técnicos de los laboratorios y los responsables del control de calidad de los medicamentos.

La Justicia determinó que las 154.530 ampollas del lote en cuestión fueron producidas el 18 de diciembre de 2024 y vendidas en su totalidad. Desde entonces, parte de esa producción fue administrada a pacientes con patologías graves, incluyendo un caso emblemático: Giovanni, un bebé cordobés que habría sido infectado tras la aplicación del fármaco.

En el marco de la causa judicial (expediente 17371/2025), el juez resolvió el embargo general de bienes de los 24 imputados el pasado 10 de julio. Previamente, el 23 de mayo, dictó también la prohibición de salida del país para todos los involucrados, como medida preventiva para evitar riesgos procesales, como fuga o entorpecimiento de la investigación, y para preservar los bienes que pudieran tener origen en actividades delictivas.

Actualmente, continúa el proceso de recupero de las ampollas aún no utilizadas, que desde el 11 de marzo están bajo prohibición sanitaria. Las autoridades buscan determinar con precisión cuántas de las dosis restantes fueron descartadas o aún se encuentran almacenadas.

La causa, por su alcance y gravedad, se perfila como una de las más importantes vinculadas a la seguridad sanitaria y farmacológica de los últimos años en Argentina.

Tres personas —dos hombres y una mujer— fueron procesadas con prisión preventiva por integrar una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de cocaína, con base en Gualeguaychú. La resolución fue firmada por el juez federal de esa ciudad, Hernán Viri, quien también ordenó embargos por 2, 20 y 500 millones de pesos sobre los bienes de los acusados.

Según la investigación, la organización operó al menos desde septiembre de 2024 hasta fines de junio pasado. La droga provenía del oeste del conurbano bonaerense y era distribuida en Gualeguaychú. La causa se originó en febrero, cuando una mujer fue detenida durante un control de ruta en Entre Ríos, ingresando estupefacientes con destino a la ciudad.

El peritaje del celular de la detenida permitió a los investigadores de Gendarmería detectar comunicaciones con otras personas vinculadas a Gualeguaychú, incluyendo referencias a un supuesto “jefe” u “organizador”. A partir de esa información, se ordenaron tareas de inteligencia a cargo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional.

El 28 de junio se concretaron siete allanamientos simultáneos en domicilios de Gualeguaychú, Pueblo Belgrano y en las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Merlo. En esos operativos fueron detenidos los ahora procesados.

Durante el procedimiento en un barrio privado de Gualeguaychú, el hombre señalado como líder de la organización se resistió a su detención y disparó con una pistola Bersa Thunder calibre .380 a un Primer Alférez de Gendarmería. El gendarme sobrevivió gracias a su chaleco antibalas.

Además, en un domicilio de Marcos Paz se incautó mercadería extranjera cuyo ingreso legal al país no pudo ser acreditado, por lo que se sospecha que sería de contrabando.

Los cargos

El juez Viri procesó al principal acusado como coautor de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio y transporte agravado, organizador y financiador de una organización narco, autor de tentativa de homicidio agravado contra el gendarme y encubrimiento de contrabando.

En tanto, la mujer y el otro hombre fueron procesados como coautores de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio agravado. Este último también fue imputado por encubrimiento de contrabando.

En su resolución, el juez consideró probada la existencia de una estructura criminal organizada, con funciones definidas entre los integrantes, y la responsabilidad de los procesados en las distintas fases del negocio ilícito.

Sobre el intento de homicidio, Viri destacó que el imputado disparó intencionalmente contra un agente que se encontraba uniformado, con chaleco balístico e insignias visibles, en el marco de un operativo con sirenas y balizas activadas. El juez concluyó que el acusado tenía “pleno conocimiento” de que se trataba de un procedimiento oficial de Gendarmería Nacional.

La causa fue impulsada por el fiscal federal Pedro Rebollo y por Martín Uriona, fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

El juez federal Hernán Viri procesó con prisión preventiva a un ciudadano peruano de 22 años, acusado de haber provisto la avioneta que aterrizó en enero en un campo de Holt Ibicuy, Entre Ríos, con 350 kilos de cocaína a bordo. La medida se dictó a pedido del fiscal federal subrogante de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y de su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona.

El joven, piloto desde 2023, fue detenido el 24 de junio en el barrio porteño de Flores, en uno de los seis allanamientos que realizó Gendarmería Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido bonaerense de Carlos Casares. En su poder tenía cinco kilos de cocaína y un simulador de vuelo instalado en el boliche que administraba.

La causa tuvo origen el 22 de enero, cuando una avioneta Cessna 210 E con matrícula adulterada aterrizó en un campo rural conocido como Campo Grande, a 15 kilómetros de Holt Ibicuy, por un camino hacia Mazaruca. En el lugar fueron detenidos el piloto brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao —condenado por un hecho similar en su país— y Jade Isabela Callaú Barriga, una joven boliviana vinculada familiarmente con un condenado por tráfico aéreo de cocaína. Ambos ya fueron enviados a juicio oral.

La aeronave llevaba casi 359 kilos de cocaína distribuidos en 342 ladrillos, ocultos en diez bultos. Según la investigación, el vuelo partió desde Santa Ana de Yacuma, Bolivia, recogió la carga en la frontera con Paraguay y cruzó a la Argentina. Su destino final habría sido el partido bonaerense de Luján, pero circunstancias aún no esclarecidas forzaron el aterrizaje en Entre Ríos.

El reciente procesado habría aportado la aeronave junto a su padre y su hermano —ambos prófugos con pedido de captura internacional—. La avioneta fue adquirida en junio de 2023 por un valor declarado de 13 mil dólares, aunque su cotización real superaba los 100 mil. Pese a lucir la matrícula argentina LV-GOP, bajo la pintura se descubrió una identificación boliviana (CP-3806), y finalmente se determinó que la matrícula original era LV-GQA.

El juez Viri lo consideró partícipe necesario del delito de contrabando de importación agravado, cometido por más de tres personas y mediante el uso de transporte aéreo, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También ordenó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que el imputado tuvo un rol activo en la organización narcocriminal, coordinando con su hermano la provisión de la aeronave. La causa sigue avanzando con ramificaciones internacionales y nuevas pistas sobre el financiamiento y el destino final de la droga.

El fiscal federal Oscar Gutiérrez Eguía sostuvo que la cuenta de Milei en X, reconocida con la “tilde gris” que identifica a funcionarios nacionales en ejercicio, es utilizada con fines oficiales y no personales como se había alegado hasta ahora. Esto surge a partir de la denuncia presentada por Ian Moche, un niño de 10 años con autismo, quien exigió que el presidente elimine publicaciones ofensivas en su contra.

El caso, que parecía cerrado, cobró nuevo impulso luego de que el juez federal Alberto Osvaldo Recondo confirmara la competencia federal y respaldara la postura del fiscal, ordenando además un plazo de cinco días para que Milei presente su defensa antes de que se resuelva la causa. Este procedimiento rápido responde a la solicitud de una “medida autosatisfactiva” presentada por la familia de Ian Moche, que busca la eliminación urgente de los mensajes ofensivos difundidos por el presidente.

El origen del conflicto se remonta a una publicación de Milei en la que calificó a Ian Moche como “el lado del mal”, vinculándolo con Cristina Fernández de Kirchner y usándolo para atacar al periodista Paulino Rodríguez, a quien acusó de “operar contra el Gobierno”. Esta acción generó una ola de repudio y críticas en redes sociales, en un contexto especialmente sensible: el Senado había aprobado por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que Milei anunció que vetaría alegando un impacto negativo en las finanzas públicas.

La familia del niño y su abogado, Andrés Gil Domínguez, denunciaron que el posteo violaba derechos fundamentales y pedían su pronta remoción para evitar un daño irreparable. El fiscal apoyó esta petición y consideró necesario que la causa se tramite como una acción de amparo para garantizar una respuesta ágil.

Este dictamen también abre una discusión más amplia sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos. La tilde gris en X identifica a jefes de Estado y sus adjuntos, dejando poco margen para alegar un uso personal cuando la cuenta está registrada como la del “Presidente de la Nación” y “Economista”. La postura oficial previa, que desvinculaba a Milei de las promociones relacionadas con la criptomoneda $Libra, es ahora cuestionada por este dictamen, lo que puede complicar aún más la investigación judicial sobre esa causa, que sigue abierta a nivel internacional.

El abogado Gil Domínguez destacó que esta resolución puede sentar un precedente clave: cualquier publicación hecha por un presidente con la cuenta oficial y su tilde gris deberá considerarse un acto público y sujeto a la legislación correspondiente. Por lo tanto, cualquier contenido ofensivo o irregular podría derivar en responsabilidad jurídica directa para el mandatario.

Mientras tanto, el juez Recondo confirmó que la causa continuará en la justicia federal, reafirmando la necesidad de preservar derechos en un contexto en el que las redes sociales son plataformas oficiales de comunicación presidencial. El presidente Milei enfrenta ahora un desafío legal que puede marcar un antes y un después en la regulación del uso de redes sociales por parte de altos funcionarios argentinos.

En definitiva, el caso pone en evidencia la tensión entre la libertad de expresión de un mandatario y la protección de los derechos individuales, especialmente cuando se involucra a menores y colectivos vulnerables. Además, refuerza la importancia de la justicia para mantener un equilibrio entre el ejercicio del poder y el respeto por las personas, incluso en el escenario digital, donde las fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más difusas.

Este 29 de mayo, en conmemoración del 215° aniversario de la creación del Ejército Argentino, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, participó del acto homenaje realizado en la ciudad. La ceremonia fue organizada por el Ejército y comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, seguida por la salutación del Teniente General Carlos Alberto Presti, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien expresó: “Celebramos con orgullo el pertenecer a la mayor fuerza al servicio de la nación. Somos responsables de poner en acción la máxima capacidad operativa del país, y lo hacemos con vocación de servicio, profesionalismo y compromiso”.

Durante el evento se entregaron distinciones a miembros de la fuerza, ceremonia en la que el intendente Davico participó activamente junto a tres suboficiales del Ejército.

La jornada contó con la presencia de autoridades nacionales como el senador Alfredo De Ángeli, el juez federal de Gualeguaychú Dr. Hernán Sergio Viri, autoridades del Poder Judicial de la Nación y representantes de las fuerzas de seguridad nacionales. A nivel provincial, asistieron autoridades del Poder Judicial de Entre Ríos y de las fuerzas de seguridad de la provincia. Por parte del ámbito municipal, acompañaron al intendente Davico, los concejales de Juntos por el Cambio Benito Bacigalupo y María José Carro; el secretario de Desarrollo Social, Juan Ignacio Olano; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el director de Tránsito, Marcelo Hail; el director de Prensa y Comunicación, Pablo Remolif; el responsable de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre; el subsecretario de la Unidad de Control de Gestión, Pablo Ballota; y Emilio Montefinale, responsable del área de Espacios Verdes. También estuvieron presentes el presidente de la CODEGU, Tommy Fog, y la viceintendenta de Pueblo Belgrano, Carolina Gerling.

Participaron además la cónsul de la República Oriental del Uruguay, María Sofía Mascari Fridella, y el obispo de la Diócesis de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán, junto a veteranos de la Guerra de Malvinas y oficiales y suboficiales del Ejército en situación de retiro.

El Ejército Argentino fue creado oficialmente el 29 de mayo de 1810 por la Primera Junta de Gobierno, como respuesta a la necesidad de organizar una fuerza militar regular luego de los acontecimientos de la Revolución de Mayo. Actualmente, su labor abarca la defensa del territorio y la soberanía nacional, la protección de los recursos naturales, la participación en misiones de paz y asistencia humanitaria, y el apoyo al desarrollo científico, tecnológico y social de la Argentina.

El miércoles a las 9 se realizará en el Crematorio Gualeguaychú, ubicado en calle Benedetti, a metros del acceso a Gualeguaychú, a la altura de la rotonda del Cristo de la Hermandad. La disposición la ordenó el propio juez Viri y el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos prestará colaboración en la logística para el traslado de la droga.

Según pudo saber EL ARGENTINO, el magistrado de Gualeguaychú le ha ordenado al ministro Néstor Roncaglia que disponga del operativo de seguridad que se realizará para el traslado de la marihuana y la cocaína de donde se encuentra secuestrada hasta el crematorio donde el miércoles por la mañana se realizará la destrucción.

Por otra parte, se pudo establecer que para el procedimiento se ha confirmado la presencia del propio Roncaglia y de otras autoridades.

Personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional fue el encargado de cumplir el martes con el traslado de la imputada en la causa conocida como “Potenciar Trabajo” que lleva adelante el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La última resolución respecto a este caso se conoció el 8 de abril, cuando los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, analizaron el expediente caratulado “incidente de prisión de domiciliaria de Izaguirre, Carina Rocío Ester”, y dieron curso al requerimiento que había realizado la defensa.

Para el Juez Federal que llevó adelante el procesamiento, Izaguirre formaba parte de una organización social que presuntamente que cobraba por alimentos que debían ser entregados gratuitamente, y es señalada de obligar a las personas a formar parte de actos proselitistas.

Según confirmó EL ARGENTINO, la Justicia le atribuye a Izaguirre “que en el periodo comprendido entre al menos el año 2020 y hasta el día de su detención el 18 de diciembre de 2024, haber pertenecido a una organización criminal que llevaba a cabo intimidaciones a los beneficiarios del programa social Potenciar Trabajo, obligándolos a que abonen un porcentaje dinerario de dichos planes, a que entreguen sumas de dinero a cambio de la prohibición de la mercadería remitida por el Estado Nacional y a que vendan rifas, en tanto que si no lograban mandar los números asignados tenían que pagar los mismos a su costo”.

“Además, a los beneficiarios de dichos planes se los amenazaba de forma coactiva en tanto que debían realizar actos proselitistas políticos y de acompañamiento a marchas entre otros. En caso de incumplimiento de dichas intimidaciones y amenazas, a los beneficiarios se les daba de baja el plan social”, expresa uno de los párrafos del dictamen al que accedió EL ARGENTINO.

Entre los argumentos presentados por la defensa, que sirvieron para dar lugar a la prisión domiciliaria, la imputada está a cargo de dos adolescentes menores de edad, y que “su presencia es fundamental para la educación y el bienestar emocional de los chicos”. Además, señalan su arraigo y su trabajo en la ciudad.

El procesamiento de Izaguirre se confirmó en febrero de 2025. La decisión judicial implicaba la prisión preventiva “por considerarla autora del delito de amenazas coactivas, extorsión y usura, los cuales concurren en forma real”.

Finalmente, luego de extensos meses en prisión, la Justicia dictaminó “revocar la resolución de fecha febrero de 2025 y conceder la prisión domiciliaria a la encausada Carina Rocío Ester Izaguirre en domicilio denunciada bajo la implementación de un dispositivo de contralor electrónico junto a la prohibición expresa de comunicarse y o acercarse a personas beneficiarias del Plan Social y o vinculadas a la investigación en curso, todo ello sujeto a la verificación periódica de su acatamiento, lo que deberá ser tramitado por el juez instructor ante el organismo pertinente en conjunto con las demás condiciones de cumplimiento que éste considere corresponder para ese ejecutado del modo más restricto posible”.

Según pudo saber EL ARGENTINO, el magistrado de Gualeguaychú, Hernán Viri, dispuso en la mañana de este martes el procesamiento para ambos detenidos por el transporte de los 359 kilos de cocaína, pero además ordenó que se mantenga la medida preventiva por tratarse de un caso de repercusión nacional.

Lo último que se había logrado establecer era la verdadera identidad del hombre de 52 años que piloteaba el Cessna 210. En un principio había sido identificado como Carlos Costa Díaz, pero finalmente se comprobó que su verdadero nombre era Leonardo Monte Alto y que ya tenía antecedentes similares: fue detenido en 2019 en Brasil con 470 kilos de cocaína en una avioneta que piloteaba.

En esa primera entrevista con el juez Viri, una vez que se reintegró de la feria judicial y tuvo en sus manos toda la documental de la causa, le imputó además el ofrecimiento de dinero que le hizo a la Policía previo a ser detenido tras el aterrizaje forzado.

Además, se realizó la inspección ocular en el lugar donde aterrizó, en un campo de Ceibas. A esa pericia concurrieron las autoridades judiciales junto a funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación para determinar cuestiones como ser si realmente la avioneta se quedó sin combustible o tuvo una caída precipitada por un desperfecto mecánico.

Desde que el ex frigorífico fue cedido por la gobernación de Entre Ríos en 2021 al municipio de Gualeguaychú, se han sucedido diversos eventos en este gigante abandonado.

Allí se llevaron a cabo reacondicionamientos de varios espacios, convirtiéndolos en áreas recreativas, estadios deportivos, viveros, comedores e incluso un mercado, que funcionó con vida hasta finales de 2024. Sin embargo, en el medio ocurrieron episodios de derrame de fuel oil provocados intencionalmente, que dañaron el ecosistema del río Gualeguaychú en dos ocasiones: una en 2021 y otra en 2024. Desde entonces, el foco se ha puesto nuevamente en las consecuencias ecológicas en el río y en cómo erradicar ese material altamente nocivo.

A raíz del segundo derrame denunciado el 12 de enero de 2024, se realizó una inspección ocular ordenada por el Juez Federal, Hernán Viri.

En la recorrida estuvieron presentes la directora de la Subsecretaría de Ambiente, Ivana Zecca, el jefe de Gabinete Luciano Garro, personal de Prefectura, entre otros.

Durante la inspección se constató el caño de donde se produjo el derrame y luego se ofreció una breve rueda de prensa.

En esa ocasión, el magistrado declaró que la hipótesis sobre el caso de 2021 indicaba que había una llave de bronce, lo que sugirió que quien la robó “no quiso causar un daño ambiental”, sino que se hizo con la llave por su valor. “No había nada de valor; solo un tapón de metal, por lo que sí suponemos, en principio, que el accionar tuvo solamente un fin dañino y ninguna otra motivación”, añadió Viri.

Un dato relevante es que, tras una inspección y a raíz de denuncias de vecinos activistas sobre la presencia de transformadores con PCB, el juez federal Hernán Viri ordenó un allanamiento en el ex frigorífico. Posteriormente, se confirmó la presencia de PCB, asbesto y 400.000 litros de fuel oil en galpones cerrados, algunos de ellos con poco uso, y otros que funcionaban como depósitos.

Ahora, desde el inicio de 2025, la Subsecretaría Municipal de Ambiente y Seguridad Alimentaria espera dar comienzo a la etapa de erradicación tanto del fuel oil como del asbesto detectado en los galpones. La causa se reactivó tras la reunión que el intendente Mauricio Davico mantuvo con la subsecretaria de Ambiente de Nación, Ana María Vidal de Lamas, en Buenos Aires.

Aunque antes de esa reunión ya estaba confirmado el apoyo de Nación para abordar la erradicación de los materiales en el ex frigorífico, ahora se espera la confirmación de las fechas de inicio de los trabajos.

Sin detalles a nivel local

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria no proporcionaron detalles específicos sobre las fechas, ya que aún no hay precisión al respecto, pero esperan comenzar primero con la erradicación del fuel oil y, posteriormente, con el asbesto, dado que este último es una tarea mucho más compleja, según detallaron a EL ARGENTINO.

Ante la confirmación de la presencia de amianto en los galpones del ex frigorífico, el personal de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria inició un relevamiento para determinar la cantidad de este material altamente cancerígeno y en qué zonas se encuentra en mayor concentración. Los sectores más afectados son la sala de máquinas, el área de matanza y la parte de la grasería.

Consultada en septiembre de 2024 por EL ARGENTINO, Ivana Zecca afirmó que en la mesa de trabajo comenzaron a evaluarse "la extracción en algunos sectores y el confinamiento en otros, pero es fundamental encontrar la solución técnica para mitigar los riesgos presentes".

Estos espacios están clausurados desde el 2 de febrero, luego de que la Justicia Federal dictara un allanamiento y ordenara el cierre, ya que contienen cantidades significativas de materiales peligrosos. “Es una situación técnica muy complicada”, admitió Zecca, refiriéndose al desafío de gestionar adecuadamente estos materiales cancerígenos.

En principio, se espera erradicar todo el fuel oil presente y luego seguir con el plan de retiro del asbesto. En su momento, la titular de Ambiente también especificó que el combustible sería más fácil de retirar en verano que en invierno. Queda por definir el resto del plan y las fechas del inicio de este costoso proceso de saneamiento, que ahora cuenta con el apoyo de la Nación.

EN FOCO

Ocurrieron episodios de derrame de fuel oil provocados intencionalmente, que dañaron el ecosistema del río Gualeguaychú en dos ocasiones: una en 2021 y otra en 2024. Desde entonces, el foco se ha puesto nuevamente en las consecuencias ecológicas en el río

La trágica muerte del juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, dejó conmocionada a la provincia y trajo aparejados cambios de último momento en los Tribunales de La Histórica.

En respuesta al fallecimiento del magistrado, la Cámara de Apelaciones Federal de Paraná tomó la decisión de nombrar en su lugar a la doctora María Isabel Caccioppoli, quien actualmente se encuentra a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Concepción del Uruguay.

Este nombramiento se mantendrá, de manera indefinida, hasta que el Tribunal de Alzada emita una nueva resolución sobre el asunto y se designe de manera definitiva un nuevo titular para el cargo.

De momento, no fue oficialmente esclarecido el fallecimiento de Seró y, a más de una semana del episodio, no se han difundido novedades sobre las circunstancias en que cayera de un edificio. 03442