La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se procesen en un juicio único, que comenzará el próximo viernes 23 de octubre, al revocar la separación que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 5.

La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala I, con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.

El tribunal hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera, revocó el punto que había dispuesto el desdoblamiento de los debates y dejó sin efecto parcialmente la fijación de una fecha distinta para el inicio del juicio de Hotesur respecto de Los Sauces.

Según la resolución, el debate de las causas Los Sauces estaba previsto para el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10:00, mientras que el de Hotesur había sido fijado para el 19 de marzo de 2027. Con el fallo de Casación, el juicio comenzará este viernes en el marco de Los Sauces y su conexa Hotesur.

Petrone sostuvo que el desdoblamiento no estaba suficientemente fundado y que la conexidad entre ambos procesos respondía a razones jurídicas vinculadas con las reglas que rigen el concurso de delitos, no a una mera conveniencia instrumental.

El magistrado consideró que las dificultades organizativas, la cantidad de testigos o la extensión del debate no bastaban para modificar una modalidad de tramitación conjunta establecida años atrás, sino que debían ser atendidas mediante medidas concretas de organización del juicio.

Barroetaveña adhirió a esa postura y señaló que la resolución del tribunal oral contenía una fundamentación aparente y dogmática, además de afectar la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante.

En disidencia, Slokar propuso declarar inadmisibles los recursos al considerar que la decisión del tribunal oral involucraba medidas ordenatorias del debate que, como principio, son propias del órgano de juicio.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron 12 años de cárcel para el neurocirujano Leopoldo Luque durante los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona. También solicitaron 10 años para la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini, y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov.

Por su parte, pidieron cinco años de prisión para Carlos Díaz y la inhabilitación para ejercer por 10 años su actividad profesional. Para Ricardo Almirón y Mariano Perroni, solicitaron cuarto años de prisión, con inhabilitación de 8 años para ejercer su profesión.

Además, adelantaron que no presentarán cargos contra Pedro Di Spagna, el médico clínico que atendió al exfutbolista. “Es el único que hizo lo que tenía que hacer. Di Spagna no tiene responsabilidad penal en el caso. En primer lugar, es interconsultor. En segundo lugar, porque no tuvo ni potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”, señaló Ferrari en los alegatos de cierre.

“En el doble comando médico que trató a Maradona, existen dos grandes responsables: el primero es Leopoldo Luque como indiscutible médico de cabecera”, explicó el fiscal Ferrari.

Y precisó: “Con acciones y omisiones no profundizó estudios médicos recomendados por un cardiólogo. Se le advirtió hacer un estudio de cámara gama. No confeccionó una historia clínica actualizada. No gestionó una internación en un centro médico especializado, siendo tal la complejidad del paciente, y dispuso una internación domiciliaria donde tenían atado a Maradona”.

“Hizo todo lo posible para que las cosas salgan mal. Ignoró los signos de insuficiencia cardíaca. Todos le decían que estaba hinchado y que tenía retención de líquidos. La actitud de Luque fue siempre la misma: no hacer nada”, agregó.

“La otra persona que aparece como gran responsable es Nancy Forlini. Lideraba la otra organización caótica que tuvo en vilo al paciente en sus últimos días”, apuntó Ferrari.

Respecto de la psiquiatra Agustina Cosachov, marcaron: “Avaló el retiro de los acompañantes terapeúticos y omitió las señales de la insuficiencia cardíaca”.

Luego, se refirió al accionar del enfermero: “No hay nada más falso que las actas que hizo Almirón. Con un simple diurético, cambiaba todo este final”.

El fiscal planteó que “al 11 de noviembre de 2020, Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima y lo introdujeron en esa casa que, 14 días después, terminó muriendo”.

Con respecto a la casa en la que se hospedó Maradona, sostuvo: “Usaron un playroom que tenía una cama común y nada más. No tenía guantes, gasas, una vía, un botiquín de primeros auxilios, un desfibrilador, una ambulancia ni nada de lo que prometieron. Era un vacío puro, esa casa no tenía nada”.

Luego habló sobre el día de la muerte de Maradona: “Las conclusiones de los peritos arrojan que algo en el cuerpo de Maradona no estaba bien ese 25 de noviembre del 2020. Esto no sucedió de forma súbita y de un momento al otro, es una situación que se fue generando con el paso de los días”.

“La evidencia es lapidaria, como fue la internación. A los imputados poco les importó la vida del paciente. El servicio médico fue tan ineficiente que no lo consideró ni siquiera humano”, remarcó Ferrari.

“La Junta Médica interdisciplinaria llegó a la conclusión de que Maradona no era un paciente sano que murió sorpresivamente, sino que eran un paciente con una gravísima complejidad médica. Una de las conclusiones fue que la muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, agregó.

En ese sentido, sentenció: “La Junta Médica también concluyó que Diego Armando Maradona murió luego de un periodo de agonía prolongado de 12 horas”.

“Existen hoy conclusiones categóricas y, en ese marco, estamos en condiciones de afirmar que existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo. Ese grupo de improvisados ha incrementado el riesgo más allá de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia””, sentenció Ferrari.

En esa misma línea, Ferrari señaló: “Nos encontramos con las versiones de todos los imputados, Luque ha declarado 12 veces, y ninguno pudo revertir el cuadro probatorio”.

“Con el acta de externación quisieron deslindar su responsabilidad”, dijo Ferrari antes de romper el acta frente a todos los presentes. Luego, se refirió al estado de salud de Maradona antes de morir: “Nadie puede refutar las señales de alarma que exhibía el cuerpo de la víctima: la hinchazón, los edemas, la voz robótica... Todo este combo no llamó la atención de los médicos para que hagan algo. Hicieron todo para no hacer nada”.

El fiscal sostuvo su alegato en cuatro etapas denominadas de la siguiente manera: “veinte años de historia, ”la internación que no fue", “lo que el cuerpo reveló” y “la huella del después”.

Cosme Iribarren comenzó hablando de la primera etapa. “La historia médica de Maradona viene antes del año 2000 hasta el día de su fallecimiento. La evidencia reunida permitió contar con elementos de cargos directos que sustentan a la teoría del caso de este Ministerio Público Fiscal ha traído al debate”, sostuvo.

“Para entender qué ocurrió con Maradona mientras estaba cursando esa internación que no fue, tenemos que hacernos dos preguntas esenciales: la primera es qué paciente era Diego Armando Maradona y la segunda es qué afecciones de salud había tenido en su vida”, agregó.

En ese sentido, señaló: “Diego Maradona no era un paciente sano que solamente atravesaba un pos-operatorio quirúrgico por el hematoma subdural. No era precisamente un toro, como uno de los imputados manifestaba a sus allegados; era un paciente complejo y tenía antecedentes médicos de todo tipo, un historial médico que necesitaba una mirada integral y en conjunto”.

cualquier posibilidad de analizar la cuestión médica como un paciente sin factores de riesgo, todo lo contrario”, remarcó Iribarren.

El fiscal sostuvo: “La imagen de Diego (muerto) va a ser imborrable. Lo impactante de esa imagen tiene una sola explicación y está reflejado en todas las afecciones que tenía al mes de noviembre del 2020 y que no fueron atendidas”.

Por último, Ferrari habló sobre los allanamientos en las casas de los acusados: “Cuando allanamos las casas de Luque y Cosachov, encontramos la historia clínica de su paciente tirada arriba de la chimenea”.

“Forlini le daba órdenes a los enfermeros de asentar controles que no se hicieron. No es menor el dato”, agregó.

Fuente: TN

Tras la finalización del debate oral que se extendió durante cinco meses y medio y contó con 45 audiencias, la Justicia Penal de San Isidro iniciará la etapa decisiva en la causa que investiga las circunstancias de la muerte del deportista. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón entrarán en deliberación a partir del próximo 22 de octubre para determinar la responsabilidad de los siete profesionales de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El Tribunal en Lo Criminal N° 3 de San Isidro dio por concluida la fase de recepción de pruebas en el juicio oral que analiza las responsabilidades médicas e institucionales en el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en un barrio privado de Tigre. A lo largo de 45 jornadas de debate, el proceso judicial evaluó las acciones y omisiones del equipo de salud a cargo de la internación domiciliaria dispuesta tras la intervención quirúrgica por un hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren sostienen la acusación por homicidio simple con dolo eventual contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni. La figura penal atribuida contempla una escala de penas que va de los 8 a los 25 años de prisión.

El debate técnico se centró en tres ejes principales: la duración del proceso agónico, la existencia de sintomatología previa y la evaluación de la función cardíaca. Mientras los peritos de la parte acusadora afirmaron que la insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón implicó un proceso prolongado de varias horas con signos visibles de edema y deterioro, otros profesionales médicos citados a declarar sostuvieron que se trató de un evento cardíaco súbito e imprevisible, desestimando la presencia de indicadores previos de falla orgánica irreversible.

Respecto a la delimitación de responsabilidades, el tribunal analizó el rol operativo de cada involucrado. Leopoldo Luque y Agustina Cosachov figuran como profesionales firmantes en el documento de externación de la Clínica Olivos. En tanto, las intervenciones de la firma de medicina prepaga, el seguimiento psicológico y la asistencia de enfermería nocturna fueron examinados en función de los partes diarios de salud y la existencia de órdenes médicas específicas para el control de signos vitales. Finalizada la etapa de alegatos el 22 de octubre, el tribunal quedará en condiciones de emitir su veredicto.

Todo sucedió en la madrugada del domingo 2 de agosto, cuando la víctima de 18 años caminaba junto a dos amigas por la calle Eva Perón en dirección al norte. Al llegar a la intersección con Concordia, fueron abordadas por un delincuente vestido de negro, y que exhibiéndoles un cuchillo, le sustrajo a una de ellas la cartera que llevaba.

El delincuente comenzó a correr con el bolso en sus manos, pero el hecho fue advertido por un joven que decidió intervenir. Comenzó a perseguirlo y pudo detenerlo hasta el arribo de un móvil de la Comisaría Segunda, que fue advertido rápidamente de lo que había sucedido.

Como resultado del procedimiento, el delincuente de 20 años fue aprehendido y se le secuestró el cuchillo tipo Tramontina, que sirvió para la imputación en la causa por robo agravado. Luego de permanecer unas horas detenido, se dispuso su arresto que actualmente lo cumple bajo la tutela de un pastor en la zona suroeste de Gualeguaychú.

Este martes se realizará la audiencia de remisión a juicio en el Juzgado de garantías, para definir si el imputado afronta un debate oral o la posibilidad de llegar a un acuerdo abreviado, por la supuesta contundencia de las pruebas en su contra.

La sentencia fue dada a conocer el lunes por el vocal del Tribunal de Gualeguaychú, Tobías Podestá, quien realizó un extenso análisis de la acusación y de la prueba incorporada durante el debate. El proceso tenía como imputados a dos jóvenes, de 24 y 23 años, quienes habían sido acusados de actuar en forma conjunta y coordinada en la venta de drogas al menudeo.

De acuerdo con la acusación que había llevado el caso a juicio, desde mayo de 2025 y hasta el allanamiento realizado el 1 de agosto de ese año, ambos habrían tenido y comercializado estupefacientes en un domicilio de Holt Ibicuy. Según la hipótesis fiscal, ocasionales compradores concurrían a la vivienda y allí se producían intercambios de droga por dinero.

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la decisión adoptada por el Ministerio Público Fiscal durante los alegatos de clausura. Respecto del imputado de 23 años, la Fiscalía declinó el requerimiento de condena, es decir, dejó de sostener una pretensión acusatoria en su contra. Su defensa planteó entonces que, ante la ausencia de acusación fiscal, correspondía directamente dictar la absolución. De esta manera, el joven de 23 años fue finalmente absuelto de los hechos por los que había sido llevado a juicio.

Pero la situación del joven de 24 años tuvo un desarrollo diferente, ya que la Fiscalía sí sostuvo la acusación y llegó a solicitar una pena de ocho años de prisión. Se precisó que existía una investigación previa que había permitido reconstruir una presunta actividad de comercialización de cocaína y marihuana, y mencionó como elementos de prueba tareas de vigilancia, conversaciones telefónicas, el allanamiento y los elementos secuestrados.

Entre los objetos incautados durante el procedimiento figuraban cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una balanza digital, recortes de nailon, un teléfono celular y un rifle de aire comprimido que había sido modificado para utilizar munición calibre .22.

Sin embargo, el debate judicial estuvo atravesado por cuestionamientos vinculados con la incorporación y preservación de la prueba. Entre otras situaciones, la defensa señaló la pérdida del legajo fiscal y cuestionó la cadena de custodia de los elementos.

El magistrado también observó que parte de la prueba mencionada durante la investigación no había sido incorporada al debate en las condiciones necesarias para otorgarle el valor pretendido por la acusación. La discusión incluyó además la ausencia de documentación original vinculada con el procedimiento y otros elementos que podían haber servido para corroborar la hipótesis fiscal.

Podestá puso el foco en uno de los principios centrales del proceso penal: la acusación debe ser demostrada con un grado de certeza suficiente para superar el estado de inocencia. Sostuvo una definición que terminó marcando el eje de la sentencia: “los jueces no pueden superar los errores de la estrategia del caso que presenta la acusación, recurriendo a hipótesis de simple ‘probabilidad’ para convertirla en certeza”. Y agregó: “En este caso no hay prueba que nos coloque en tal posición”.

Finalmente, resolvió absolver de culpa y cargo a ambos imputados. Respecto del joven de 23 años, la absolución alcanzó los hechos calificados como comercio de estupefacientes, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. En el caso del acusado de 24 años, también dispuso su absolución por los delitos por los que había sido llevado a juicio.

La sentencia ahora encara el camino lógico del derrotero judicial antes de adquirir firmeza. El Ministerio Público Fiscal, descontento con la resolución, recurrirá a la Cámara de Casación Penal de Concordia para tratar de revertir este fallo, cuestionando lo que se considera irregularidades que no se tuvieron en cuenta en el proceso, la incidencia de la defensa en testigos, o el testimonio de supuestos compradores que habrían certificado la comercialización, entre otras pruebas.

La causa se originó a partir de una investigación policial y judicial que comenzó a principios de julio de 2024 y que apuntaba a los movimientos del acusado, sobre quien existían sospechas de que trasladaba cocaína desde Gualeguaychú hacia Ibicuy para su posterior venta al menudeo.

De acuerdo con la requisitoria de elevación a juicio, la Fiscalía le atribuye haber comercializado estupefacientes en dosis fraccionadas entre el 5 de julio y el 14 de agosto de 2024. Según la acusación, las operaciones se habrían realizado en una barbería ubicada sobre avenida San Martín, entre Belgrano y Arturo Salas, o en un inmueble contiguo.

La investigación tuvo un punto determinante el 14 de agosto de 2024, cuando este joven fue interceptado por la Policía al ingresar a Ibicuy, luego de descender de un colectivo procedente de Gualeguaychú. El procedimiento se realizó en la zona de avenida San Martín y boulevard 17 de Octubre.

Durante el operativo se secuestraron cuatro envoltorios de nylon que contenían cocaína, otro envoltorio con marihuana y un teléfono celular.

El procedimiento había sido precedido por controles de vehículos y colectivos en el acceso a Ibicuy. En ese operativo participó un perro antinarcóticos, que reaccionó al pasar frente al joven y alertó a su guía sobre la posible presencia de estupefacientes.

En ese momento a pedido del Fiscal de Islas, el Juez de Garantías en turno, autorizó la requisa y secuestro. La droga se encontraba fraccionada, según consta en la acusación fiscal.

A partir del secuestro se realizaron posteriormente dos allanamientos en Ibicuy, uno en la barbería mencionada en la investigación y otro en una vivienda ubicada en las inmediaciones. De acuerdo con la información publicada en ese momento, en ninguno de los procedimientos se encontraron elementos de interés para la causa.

La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechaba su vínculo con Gualeguaychú para abastecer de cocaína a Ibicuy y que las sustancias eran fraccionadas para su venta a consumidores. Ahora, durante el juicio oral, la acusación deberá ser acreditada mediante las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y las demás partes.

El proceso que comienza este lunes constituye así una nueva instancia de una investigación que se inició hace más de dos años y que tuvo como principal escenario a la localidad de Ibicuy, con Gualeguaychú como supuesto punto de origen del estupefaciente que, según la hipótesis fiscal, era destinado a la comercialización.

Se espera condena que va de 4 a 15 años de prisión.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y la Bonaerense encabezaron esta tarde sendos allanamientos en un sanatorio privado y en la empresa de medicina prepaga donde se atendió Diego Maradona y también su padre, fallecido en 2015, debido a una supuesta confusión con los estudios médicos de ambos, en el marco del juicio que se está llevando a cabo por la muerte del ex futbolista.

Los efectivos estuvieron en el Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y también en Swiss Medical con el objetivo de esclarecer el presunto análisis de la historia clínica de Maradona padre y de Maradona hijo en la Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó el deceso de este último en 2020.

En Los Arcos, el director Alejandro Navas se reunió con los agentes, quienes procedieron a incautar un total de 59 carillas de documentación de interés, correspondiente a Diego Armando Maradona, como así también documentación vinculada al seudónimo que utilizaba al momento de recibir atención médica.

En Swiss Medical los efectivos entrevistaron al gerente, Claudio Rabinovich, quien refirió que en ese sector funciona el área legal de la empresa de medicina prepaga y que no había historias clínicas ni estudios médicos.

La controversia en el debate en los Tribunales de San Isidro surgió el martes pasado, cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi prestó testimonio acerca de la supuesta "enfermedad renal crónica" del legendario futbolista, descripta en la Junta Médica de 138 páginas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, compararon los estudios de Diego Maradona padre con los de su hijo (2019 y 2020) y constataron que los números de socios eran distintos.

Por tal motivo, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace once años atrás.

En tanto, el abogado Fernando Burlando confirmó que la próxima audiencia se llevará a cabo el jueves 27 de agosto y sostuvo que, "no se trató de un error" el envío de las historias clínicas de Don Diego, fallecido el 25 de junio de 2015 en Los Arcos.

De esta manera, se suspendieron las declaraciones de dos psiquiatras: José Luis Covelli, profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad Buenos Aires (UBA) y Enrique Gallego, ex jefe del Cuerpo Médico de Morón.

(Fuente: AgenciaNA)

Más de cuatro años después de la madrugada en que Hugo Romero cayó desde una grúa mientras se realizaban trabajos sobre la carroza de los músicos de Marí Marí, la causa penal por su muerte dio finalmente un paso decisivo. La jueza de Garantías y Transición N° 1, Natalia Lorena Céspedes, resolvió elevar el expediente a juicio y remitir la acusación contra Marcelo Everildo Rey al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú.

La decisión, adoptada este viernes 21 de agosto, marca el cierre de una larga etapa procesal que estuvo atravesada por audiencias de control de acusación, cuestionamientos de la defensa, discusiones sobre la intervención de la querella y distintos recursos ante los tribunales superiores.

Con la resolución, la causa queda formalmente en condiciones de avanzar hacia el debate oral, donde se analizará la responsabilidad penal del único imputado por la muerte de Romero.

Rey llega a juicio acusado como presunto autor del delito de homicidio culposo. La imputación está vinculada a las circunstancias en que se produjo la caída que terminó con la vida de Romero y hace referencia, además, a normas de seguridad e higiene laboral que forman parte de la acusación fiscal. El imputado continuará el proceso en libertad y con la defensa de los abogados Leandro Ferrando y Martín Britos.

La resolución judicial no significa una condena ni adelanta el resultado del futuro debate. Lo que determina es que la acusación del fiscal Jorge Gutiérrez superó la etapa de control y ya no existen cuestiones pendientes que impidan que el caso sea discutido en un juicio oral.

La madrugada del accidente

El origen de la causa se remonta a la madrugada del 6 de febrero de 2022, cuando distintos integrantes de la comparsa Marí-Marí trabajaban en una de las carrozas que iba a formar parte del Carnaval del País.

En ese contexto se utilizaba un camión equipado con un sistema de izamiento hidráulico. Sobre el canasto elevado se encontraban Hugo Romero e Ignacio Ucelli, quienes realizaban tareas en altura. Por causas que luego fueron materia de investigación, la estructura cedió y ambos hombres cayeron desde varios metros de altura.

Romero sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladado para recibir atención médica, pero su estado resultó irreversible. Murió 17 días después del accidente, transformando un hecho inicialmente investigado como un siniestro laboral en una causa penal destinada a establecer si existieron responsabilidades en las condiciones en que se desarrollaba el trabajo.

La investigación buscó reconstruir cómo se había producido la caída, qué función cumplía cada una de las personas presentes y si el sistema utilizado reunía las condiciones de seguridad necesarias.

Desde el comienzo, la Fiscalía centró la acusación en Marcelo Rey, quien era señalado como la persona que operaba el camión con el aparato hidráulico utilizado para elevar el canasto en el que se encontraban Romero y Ucelli. La acusación sostuvo que su conducta debía ser analizada en relación con el resultado fatal y con las normas de seguridad aplicables a ese tipo de tareas.

El expediente avanzó durante 2022 y 2023 con la incorporación de testimonios, informes y distintas medidas destinadas a reconstruir el accidente.

La muerte de Romero tuvo un fuerte impacto entre quienes formaban parte del Carnaval del País y entre sus familiares y allegados. Con el paso de los meses, la causa dejó de concentrarse exclusivamente en la mecánica de la caída para ingresar en una discusión más amplia sobre las responsabilidades que podían derivarse de las condiciones en que se desarrollaban los trabajos.

La Fiscalía terminó formulando una acusación contra Rey por homicidio culposo, al considerar que existían elementos suficientes para atribuirle una responsabilidad penal por el fallecimiento.

Sin embargo, el camino hacia el juicio no fue inmediato. La etapa de control de acusación, que tiene como finalidad revisar si el requerimiento fiscal reúne las condiciones necesarias para ser llevado a debate, se transformó en uno de los momentos más extensos del expediente.

Durante 2024 se realizaron distintas audiencias ante el entonces juez de Garantías Tobías Podestá. En ellas intervinieron el Ministerio Público Fiscal, la defensa del imputado y también se discutió la situación de la querella particular.

La defensa planteó distintas objeciones a la acusación y cuestionó diversos aspectos de la investigación. Esos planteos provocaron que la causa no fuera remitida inmediatamente a juicio y que debieran resolverse distintas cuestiones antes de continuar.

Ahora el Legajo ya se encuentra bajo la órbita del tribunal de juicios de Gualeguaychú y será responsabilidad de la Oficina de Gestión de Audiencias fijar una fecha para el debate, del cual todavía no se conoce si podrá realizarse este año o el próximo.

Este delincuente está imputado por dos hechos de violación de domicilio y robo simple, que cometió hace pocas semanas atrás y tuvo como blanco dos comercios de la ciudad. El primero de los atracos ocurrió en la madrugada del 6 de mayo, luego de hacer un boquete en una pared sobre calle Montana y llevarse más de 50 mil pesos, cartones de cigarrillo y golosinas.

El otro robo sucedió el 17 de mayo, también por la mañana, minutos antes de iniciar la jornada comercial. Forzó la cerradura de ingreso de una ferretería en calle Roffo y se llevó maquinas eléctricas y otros objetos que se encontraban a la venta, además de 40 mil pesos y el celular del comerciante.

Este hombre fue identificado por cámaras de seguridad y al día siguiente se logró detenerlo. Un móvil de la Comisaría Primera que transitaba por inmediaciones de calles Cepeda y Virreinato, lo cruzó y los efectivos advirtieron las intenciones del sospechoso de ocultar su identidad al caminar. Cuando lo identificaron se confirmó el pedido de detención vigente.

La defensa del imputado había solicitado la probation en la audiencia en el Juzgado de Garantías de Gualeguaychú, pero la magistrada Natalia Céspedes escuchó los reclamos de la Fiscalía sobre la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado a dos comerciantes de la ciudad, que además de sufrir el hecho en sí, también perdieron desde lo económico con lo sustraído y dañado.

La defensa oficial apeló la decisión de la jueza Céspedes y este lunes por la mañana se realizó una audiencia con el vocal del Tribunal de Juicios, Tobías Podestá, para tratar de revertir la medida y solucionar todo con una probation o suspensión del juicio a prueba, que es una salida alternativa del proceso penal que suspende el juicio, evita la condena y no genera antecedentes penales si se cumplen ciertas reglas.

Pero el magistrado podestá confirmó la postura de la Fiscalía y coincidió con lo decidido por su par de Garantías, por lo cual este hombre acusado por dos hechos de robo y violación de domicilio deberá enfrentar un juicio a la brevedad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Cruz condenó a tres años de prisión condicional al excapitán de navío destituido Claudio Javier Villamide (62) por su responsabilidad en el hundimiento e implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, donde fallecieron sus 44 tripulantes.

En el mismo veredicto, el tribunal absolvió al contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo (66), al capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y al capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa (57), quienes también llegaron a juicio acusados por el hecho.

Por mayoría, los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez consideraron a Villamide —quien comandaba la Fuerza de Submarinos al momento del siniestro— autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Además de la pena condicional, se le impuso la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

El equipo de fiscales anticipó que, luego de que el 21 de agosto se difundan los fundamentos del fallo, analizarán recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal. En sus alegatos del 22 de junio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado penas de entre tres y cinco años de prisión para los cuatro acusados, además de la inhabilitación especial perpetua.

Tras las últimas palabras de los imputados, quienes se declararon inocentes, el tribunal rechazó los planteos de nulidad de la defensa y dictó el veredicto. Aimismo, declaró improcedentes los pedidos de la fiscalía sobre la aplicación de medidas cautelares de activos y el levantamiento de la suspensión de la actuación administrativa iniciada en 2017 para determinar el costo material de la pérdida de la nave.

La quinta jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, desarrollada este martes en el Tribunal Oral Federal con sede en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, se convirtió en el escenario del momento más dramático y esperado desde el inicio de las audiencias. Los padres del niño de cinco años, José Peña y María Noguera, declararon como testigos tras viajar 180 kilómetros desde la localidad de 9 de Julio, y sostuvieron la mirada frente a los 17 imputados que se encontraban en la sala. A pesar de los pedidos de la fiscalía para colocar un biombo y evitar la revictimización de los progenitores, el Tribunal rechazó las medidas de protección, obligando a los padres a revivir la tragedia del 13 de junio de 2024 a escasos metros de los acusados.

El testimonio de María Noguera desató el punto máximo de tensión en el recinto. Con una mezcla de angustia y firmeza, la madre apuntó directamente contra su cuñada, Laudelina Peña, y contra el ex capitán de navío, Carlos Pérez, ambos legalmente detenidos. “Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín”, interpeló Noguera a viva voz. Acto seguido, subió la apuesta al afirmar ante los jueces que los sospechosos saben con precisión el destino del menor: “Ellos saben con quién está, con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia. Ese es el dolor”. Al ser requerida por el Tribunal para dar nombres propios, ratificó sus sospechas sobre Laudelina y Pérez. La acusación provocó la reacción inmediata del ex militar, quien interrumpió a la testigo a los gritos desde su asiento: “¡Yo no sé nada!”.

El quiebre emocional de Noguera continuó al recordar la última vez que vio a su hijo, subido al caballo familiar rumbo al almuerzo en lo de su abuela Catalina. “Nos vemos más tarde”, recreó entre lágrimas. Sobre el cierre de su declaración, volvió a confrontar a su cuñada recordándole un favor del pasado: “¿Te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires y tu hija se quedó conmigo?”. Ante el asentimiento silencioso de Laudelina, la madre sufrió una crisis de llanto incontenible y debió recibir asistencia médica en el lugar.

Previamente, el testimonio de José Peña ya había dejado comprometidos a los familiares involucrados. Durante dos horas de declaración, el padre del menor aportó detalles sobre el comportamiento de los imputados el día del hecho, señalando el extraño nerviosismo de su hermana Laudelina, a quien vio alejarse del grupo de búsqueda, y de su cuñado, Bernardino Benítez. También hizo hincapié en el rol del excomisario Walter Maciel, quien apareció al caer la tarde pidiéndole "tranquilidad" mientras realizaba preguntas que sembraron dudas familiares.

José conmovió a los presentes al rememorar la cotidianeidad con su hijo: “Me levantaba con él, tomábamos mate. Era mi compañero. Él me decía 'soy tu compañerito, papá'”. Al igual que su esposa, reclamó el esclarecimiento del caso y exigió que quienes ocultan información rompan el pacto de silencio.

El debate, que se sigue de forma mixta con los jueces Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte asistiendo vía Zoom, continuó por la tarde con la declaración de Mariano Peña, hermano mayor de Loan, mientras las defensas evalúan el impacto de dos testimonios que complicaron severamente la estrategia de los principales detenidos.

El ex senador nacional entrerriano Edgardo Kueider sumó un nuevo proceso judicial en Paraguay este miércoles luego de que la Fiscalía de ese país lo imputase por presunto lavado de dinero mediante la compra de departamentos y estacionamientos en Asunción, informaron fuentes del Ministerio Público y la prensa local. El ex legislador cumple prisión domiciliaria en el país vecino por intentar ingresar con 200 mil dólares sin declarar.

Además de Kueider, también fueron imputados por el nuevo delito su secretaria, Iara Guinsel, que también cumple prisión domiciliaria en Paraguay porque viajaba en el auto con el ex legislador cuando intentó ingresar con las divisas, y dos ciudadanos paraguayos.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que los fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez presentaron una “imputación contra dos ciudadanos argentinos y dos paraguayos -cuyas identidades no reveló- por presunto lavado de activos en el rubro inmobiliario“, que fue admitida por un juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

El dinero, según el ente investigador, es “de origen presuntamente ilícito derivado de casos de corrupción pública” en Argentina.

La nueva imputación señala que los acusados presuntamente adquirieron seis departamentos y seis cocheras en un edificio de la capital paraguaya por un monto de 480.000 dólares, detalló este miércoles la Fiscalía.

El Ministerio Público aseguró que entre octubre y noviembre de 2024 una empresa conformada por dos intermediarios paraguayos adquirió las mismas propiedades que los extranjeros intentaron comprar previamente en una operación que no se concretó después de que no pudieran respaldar el origen de los recursos ante una inmobiliaria, confirmó Clarín.

La prensa indicó que la acusación fue contra Kueider y Guinsel, quienes permanecen bajo prisión domiciliaria desde diciembre de 2024 tras ser imputados por presunta tentativa de contrabando de divisas luego de haber sido detenidos en el puente que une a la paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú, en una camioneta. Desde diciembre de 2025 se trasladaron a la ciudad de Luque.

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó en una etapa clave con el inicio de los alegatos de las querellas. Este martes, en la audiencia número 30 del proceso, las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras expusieron durante más de tres horas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y solicitaron la pena máxima prevista para los cuatro acusados: cinco años de prisión de efectivo cumplimiento, diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y costas.

Los imputados son el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; el ex capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío (RE) Héctor Alonso, jefe del Estado Mayor de ese comando; y el capitán de fragata (RE) Hugo Correa, jefe de Operaciones. Según la querella, todos ellos integraban la cadena de mando que permitió que el buque siguiera operativo pese a las advertencias técnicas acumuladas.

“El ARA San Juan no se perdió por un único evento súbito, aislado o imprevisible. Fue un proceso progresivo de degradación de material, flexibilización de controles y normalización institucional del riesgo. Ese proceso está documentado y el COFS lo sabía”, sostuvo Arias. La abogada recordó que el submarino llevaba 44 meses sin ingresar a dique seco y que el comandante Pedro Martín Fernández había solicitado formalmente esa reparación en marzo de 2017.

La frase más contundente de la jornada sintetizó la postura de la querella: “No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”. Para las representantes de los familiares, el hundimiento del 15 de noviembre de 2017 fue consecuencia de decisiones institucionales que ignoraron los riesgos conocidos.

Carreras, por su parte, subrayó que el reclamo no busca venganza sino justicia. “Estamos aquí por tripulantes, compatriotas, que perdieron la vida no por el riesgo inherente a su trabajo, sino por los actos y omisiones de los cuatro imputados. No nos mueve el capricho ni ideas alocadas. Tenemos precedentes para hacer la acusación que hacemos”, afirmó.

La discusión sobre la operatividad del submarino ocupó buena parte de la audiencia. Mientras las defensas sostienen que el ARA San Juan estaba apto para navegar y cumplir la misión encomendada, la querella insistió en que las condiciones técnicas no permitían realizar un patrullaje prolongado en la zona asignada. “El submarino podía navegar y hacer tareas de adiestramiento, pero no patrullar en la milla 200 con esas condiciones meteorológicas y de profundidad. Sin embargo fue enviado allí”, señaló Carreras.

La abogada también cuestionó la idea de que toda la responsabilidad recaía en el comandante Fernández. “La responsabilidad de quien tiene la posición de garante no se transfiere por la existencia de otro garante. Los deberes del comandante no suspenden los deberes del COFS”, explicó. En ese sentido, evocó antecedentes como la tragedia de Once y el juicio a las juntas militares, donde se concluyó que omitir funciones de supervisión equivale a crear las condiciones del desastre.

Otro eje del alegato fue la navegación de julio de 2017, considerada un antecedente directo de la tragedia. Durante esa patrulla, Fernández informó un ingreso de agua de mar al sistema de ventilación que afectó el tanque de baterías de proa, el mismo sector donde meses después se reportaría el cortocircuito y principio de incendio. “La navegación de julio fue anticipatoria. El submarino dijo y escribió su propia historia. Los acusados firmaron el capítulo final”, expresó Carreras.

El alegato cerró con un pedido de justicia en nombre de los familiares. “Si a ellos no los cuidaron, si a las familias no les dijeron la verdad, está en nosotros la responsabilidad de representar lo mejor posible los derechos de los que no están”, concluyó.

La querella encuadró los hechos en tres figuras penales: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas. Sobre esta última figura fundamentó el pedido de cinco años de prisión, al considerar que los acusados conocían el riesgo concreto y continuaron la conducta sin adoptar medidas para neutralizarlo.

El juicio continuará con el alegato de la querella encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, en un proceso que busca establecer responsabilidades y dar una respuesta judicial a una tragedia que marcó a la sociedad argentina.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la víctima.

Este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

Hace una semana atrás comenzó a tratarse el caso en los Tribunales. Ese primer día estuvo dedicado a la selección de las doce personas que integraron el jurado y el martes se realizaron los alegatos de apertura y la recepción de la prueba, entre los profesionales que atendieron a la joven en la Casa de la Mujer y en el Centro de Salud de su barrio. El martes y miércoles siguieron con las declaraciones de la madre, familiares, amigos, que tomaron conocimiento de los hechos y peritos del Poder Judicial. El jueves fue el turno de la defensa y sus testigos, y el viernes se realizaron los alegatos de clausura e instrucciones finales al jurado ante de la deliberación y veredicto.

El jurado lo encontró culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de conviviente y por ser la víctima menor de 18 años.

Este miércoles se realizó la audiencia de cesura, donde la acusación fiscal hizo público su pedido de pena. La fiscal Cedrés requirió 17 años de prisión y tras escuchar esa petición, el juez Tobías Podestá dispuso para el próximo 24 de junio la audiencia de lectura de la sentencia.

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes 16 de junio comenzará el juicio oral que reunirá en un solo debate las dos causas abiertas en el expediente y sentará en el banquillo a 17 acusados.

La decisión de unificar los procesos se tomó porque los hechos y las pruebas están estrechamente vinculados, lo que permitirá abordar en un mismo juicio tanto la investigación principal por la presunta sustracción y ocultamiento del menor como la causa paralela por el supuesto desvío de la pesquisa.

Las primeras audiencias se desarrollarán los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio, y luego continuarán todos los miércoles y jueves. El cronograma espaciado generó cuestionamientos, aunque desde la organización explicaron que fue necesario readecuar la agenda para iniciar el proceso lo antes posible.

El debate tendrá lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad. El expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas acumuladas.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (Río Negro).

En la causa principal serán juzgados Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Por la investigación paralela enfrentarán el juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al encubrimiento y desvío de la investigación.

El proceso oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio a dos años de su desaparición.

Fuente: Agencia NA

El proceso judicial contra el exsenador nacional Edgardo Kueider comenzó este martes en Asunción, Paraguay, luego de varias postergaciones. El Tribunal Especializado en delitos económicos, presidido por la jueza Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete Piris, abrió la primera audiencia poco después de las 8 de la mañana en la sala 10 de la Torre Norte de la Justicia.

La jornada se inició con la lectura de la acusación que pesa sobre Kueider y su pareja, Iara Guinsel. Ambos escucharon con atención, pero decidieron abstenerse de declarar en esta instancia, aunque adelantaron que podrían hacerlo más adelante. El fiscal Ysrael Villalba, encargado de la acusación, repasó los principales puntos del expediente y anticipó que evalúa agravar los cargos apelando a otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya.

La imputación se fundamenta en lo ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú. Según el acta del fiscal Edgar Benítez Delgado, a las 01:30 horas personal naval y funcionarios aduaneros, con apoyo del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, incautaron un vehículo y valores en divisas americanas, guaraníes y pesos argentinos en poder de Kueider y Guinsel.

El documento oficial precisó que ambos portaban USD 211.102, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos, montos que debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas, diligencia que no fue realizada. Por esa razón, se los acusa de tentativa de contrabando, al considerar que el dinero constituye un instrumento negociable según la normativa vigente en Paraguay.

El fiscal Villalba sostuvo que el delito es de acción penal pública y que la omisión de declarar los valores buscó ocultar instrumentos monetarios. En su razonamiento, el caso configura una tentativa de contrabando, aunque no descartó ampliar la acusación hacia otras figuras previstas en la ley.

La expectativa ahora se centra en las próximas audiencias, donde se definirá si los imputados deciden declarar y cómo avanzará la estrategia de la fiscalía. El proceso, seguido de cerca por medios y actores políticos, promete convertirse en un caso testigo sobre la aplicación de la legislación paraguaya en delitos económicos transnacionales.

Un nuevo juicio por abuso sexual dará inicio en Gualeguaychú la próxima semana. El lunes se realizará la selección del jurado y desde el martes comenzarán las audiencias para establecer la responsabilidad penal de un hombre que podría ser condenado a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Se trata de un sujeto que durante varios años convivió con la víctima por tratarse de la pareja de su madre. Ella se animó a contar el año pasado los abusos que sufría por parte del acusado, y si bien tuvo el apoyo de algunas mujeres de su entorno familiar, hubo otros integrantes que cuestionaron la veracidad de esos dichos debido al retraso cognitivo que tiene la joven.

Al parecer, este hombre habría tenido antecedentes violentos en su primer matrimonio, hacia su ex esposa e hija, pero luego formalizó una nueva pareja con la madre de la denunciante, con quien tuvo dos hijos varones, que son quienes actualmente opusieron resistencia a los dichos de su media hermana.

Por esos problemas que se suscitaron en el seno familiar, donde incluso hubo actos de violencia hacia la denunciante, ella debió abandonar el hogar y encontró refugio en la Casa “Alas Desatadas”. En este dispositivo municipal que brinda contención a las víctimas de violencia, la joven permaneció hasta marzo de este año, cuando se logró la exclusión del hogar del hombre acusado.

Pero cuando la joven regresó a su domicilio se encontró con la resistencia de sus hermanos, que la agredieron a ella y a la operadora social que fue enviada a constatar la situación de la víctima. Finalmente, y tras la intervención de la fiscal Martina Cedrés, se aseguró el bienestar de la chica y se le entregó un teléfono celular con el dispositivo de botón antipánico por cualquier situación de violencia que pudiera tener con parte de su entorno familiar.

El hombre permaneció detenido por unos días y tras lograr la exclusión del hogar, recuperó la libertad y en esta condición llega al juicio que se realizará a lo largo de toda la semana en los Tribunales de Gualeguaychú.

El jueves se realizó la audiencia de etapa intermedia y el magistrado decidió el auto de apertura a juicio y remitió a la órbita del Tribunal de Gualeguaychú el Legajo para que se disponga la fecha de debate. No hubo objeciones por ninguna de las partes, ni en la acusación, en la calificación y en el pedido de pena de 15 años que realizará en el juicio el fiscal Jorge Gutiérrez por la tentativa de femicidio.

Lo único que se puso a discusión es el estado que presenta el sargento Mariano Corvalán en su situación psíquica para enfrentar un juicio, porque en las pericias psicológicas psiquiátricas que realizaron los especialistas en la etapa investigativa, no se pudo tener certeza del grado de atención que podría mantener el acusado al enfrentar un debate que se prolongará por varios días y con jornadas de varias horas. Ante ello, Telenta pidió que los especialistas se pronuncien sobre el tipo de tratamiento de rehabilitación que debería afrontar para llegar de la mejor manera al debate.

Más allá de ello, y lo importante de todo esto, es que se cerró una etapa muy importante y todo quedó en manos del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, que deberá fijar una fecha para la realización de la audiencia.

Sin dudas fue el caso policial más significativo del 2025. Lo sucedido el domingo 24 de agosto en la casa de calle Gutenberg y La Rioja conmocionó a toda la ciudad. Esa noche, el sargento Mariano Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck. Luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido y requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos ambos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran poco optimistas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía de 38 años y de su esposa de 31, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos pronósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

Desde septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía. Pero antes de hacer frente a ese proceso se reunió con el fiscal Gutiérrez y le contó todo lo sucedido en ese domingo de fines de agosto.

La profesora de Educación Especial relató que ese día, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba a ella que trabajaba mucho, pero esta situación se presentaba porque para ella era necesario para cubrir las necesidades económicas. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo, que también declararon en la causa, ratificaron esto, que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado. Desde entonces permanece en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar con prisión preventiva.

Este jueves por la mañana, la Cámara de Casación de Concordia abrirá un nuevo capítulo en la causa judicial que involucra a Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario provincial condenado por el trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39.

La audiencia fue fijada para las 11:30 y se llevará adelante tras la apelación presentada por la defensa de Orrico contra la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una inhabilitación de 9 años para conducir vehículos. El fallo lo halló responsable del delito de homicidio culposo agravado, considerando el nivel de alcoholemia y la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024, en el kilómetro 223 de la Ruta Provincial 39, donde murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

Durante la audiencia, los jueces analizarán los planteos de la defensa y deberán resolver si confirman la condena o introducen modificaciones al fallo de primera instancia. Mientras la sentencia no quede firme, Orrico continuará en libertad bajo las medidas cautelares establecidas por la Justicia. Ahora

Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron destituídos el miércoles por la noche, tras la fase alegatos en el jury que se desarrolló en esta ciudad, por ‘negligencia grave y mal desempeño’ de sus funciones en el caso de Nora Dalmasso, asesinada en Río Cuarto en noviembre de 2006.

El pedido había sido formulado durante la jornada de alegatos ante el Jurado de Enjuiciamiento que sesiona en la Legislatura provincial, donde la fiscal general adjunta, Betina Croppi, detalló los puntos que certificaron que los tres funcionarios incumplieron con sus deberes y demoraron injustificadamente el esclarecimiento del hecho.

Si bien los tres acusados solicitaron sus respectivas absoluciones, Croppi fue contundente al afirmar que el “principal sospechoso estaba ante sus ojos y no hicieron nada”, en referencia al jardinero Roberto Bárzola, cuyo ADN fue hallado entre las prendas de Dalmasso.

Croppi también fustigó a los tres fiscales, quienes según consideró, se enfocaron en cuestiones relativas a la vida privada de la víctima e impulsaron la teoría de un “amante asesino”.

Tras conocerse el fallo, Pizarro, quien quedó apartado de su puesto de inmediato junto a sus dos colegas, indicó a Noticias Argentinas que “Córdoba se pierde un buen fiscal”, en referencia a sí mismo.

Este proceso, que se desarrolló en la Legislatura de Córdoba, analizó durante varias semanas el desempeño de los tres funcionarios a lo largo de casi dos décadas; de hecho, declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, policías, funcionarios judiciales y allegados a Dalmasso.

Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf de Río Cuarto, en uno de los casos más resonantes de los últimos años, ya que todavía la justicia no pudo determinar quien fue el responsable del hecho.

El esposo de la mujer, Marcelo Macarrón, estuvo bajo investigación en primer término, como así también Facundo, su hijo mayor, ambos presentes en la audiencia de este miércoles, al igual que Valentina, la otra hija de la occisa.

El testimonio de Facundo Macarrón

El hijo mayor de Nora Dalmasso, Facundo Macarrón, mostró su alivio al expresar que “en parte, se hizo justicia, es una reivindicación”, aunque no ocultó su malestar porque “ninguno de los fiscales nos pidió perdón”.

Asimismo, y en declaraciones a la prensa tras la audiencia, expresó que “Desde un comienzo mi madre fue la mala víctima”, y agregó que “Ninguna familia se merece pasar por lo que pasamos. Da mucha lástima lo de estos fiscales, porque estudiaron para ejercer, pero lo hicieron muy mal. Nos arruinaron la vida”.

“Ahora queremos que el asesino termine preso y que mi mamá tenga justicia. Estamos muy dolidos porque hubo mucha re victimización”, concluyó.

Por su parte, Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón dijo a Noticias Argentinas tras el veredicto: “Fueron muchas horas, pero estamos agradecidos con el tribunal, con la fiscal adjunta Croppi y su equipo que reivindicaron a Nora Dalmasso y a la familia con esta decisión”.

“Estamos con esperanza y siguiendo en esta búsqueda de justicia efectiva por Nora. Es nuestro norte”, y sobre el acusado Roberto Bárzola puntualizó: “Queda la posibilidad de ir a un juicio ordinario para poder determinar a través de la justicia si es culpable, y que Nora pueda, de una vez por todas, descansar en paz”.