Todo sucedió el sábado 20 de junio pasado en un domicilio de la calle Alberto Cevey, en la ciudad de Larroque. Fue el final de una serie de hostigamientos que comenzaron mucho tiempo antes, con seguimientos y otras acciones que hicieron que todo explotara en una discusión en donde la mujer le solicitó terminar la relación.

Le pidió por favor que la dejara en paz, pero el sujeto la amenazaba diciéndole: "que le iba a romper todo en la casa y la iba a prender fuego". La discusión comenzó a subir de tono hasta que ella le demandó que se fuera de la vivienda. Estaban los hijos menores de la mujer presentes en la vivienda y uno de ellos salió del inmueble con intenciones de pedir ayuda por lo que estaba sucediendo adentro. El hombre cerró la puerta con llave y la encerró junto con los otros hijos menores. Tomó un cuchillo y le dijo que la iba a degollar.

El menor que alcanzó a escapar pudo pedir auxilio e inmediatamente llegó la Policía, mientras que dentro de la vivienda la mujer trataba de disuadirlo para evitar que la situación escalara y también preservar al resto de los niños que lloraban desconsoladamente dentro de la casa.

Finalmente, el personal de la Comisaría de Larroque llegó hasta el inmueble y detuvo al sujeto. Primero fue llevado a la dependencia policial y por último trasladado a la Jefatura Departamental. La fiscal Carolina Costa requirió luego una prisión preventiva, pero desde el Juzgado de Garantías se dispuso de un arresto domiciliario que cumplió en un domicilio de Colón.

Con el correr de los días se estableció que desobedeció una orden que le prohibía tener contacto con la mujer. Por redes sociales le envió un mensaje intimidatorio donde le escribió que “no se la iba a hacer fácil” y la amenazó con que tenía videos de ella que los iba a hacer viral. Con la prueba escrita, la Fiscal requirió una orden de allanamiento, que se cumplió en Colón, se secuestró el teléfono del acusado y se le revocó el beneficio domiciliario.

Este hombre ya tenía antecedentes por este tipo de hechos. Se confirmó que una mujer de Colón ya lo había denunciado y por ello el agravamiento en los hechos que se le imputaban. Decidió adecuarse a un juicio abreviado, en donde reconoció su responsabilidad bajo los cargos de “amenazas simples reiteradas, privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas agravadas por el uso de arma”, y se lo condenó a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, que ya cumple en la cárcel de Gualeguaychú.

Pero dentro de este acuerdo condenatorio también se incluyó la obligatoriedad de eliminar del teléfono celular cualquier soporte fílmico y fotografías existentes que tuvieran a la víctima como partícipe o que ver con el hecho juzgado.

En este hecho fue determinante y sumamente importante el acompañamiento que recibió la víctima y sus tres hijos menores de parte del Área de Genero y ANAF de la Municipalidad de Larroque, que estuvieron durante todo el proceso y asistieron a los niños cuando debieron viajar a Gualeguaychú para que declararan en Cámara Gesell. El testimonio vertido ante la perito Fernanda Beorda fue una prueba clave, por la contundencia del relato y detalles de lo vivido, para acreditar la acusación.

La sentencia, firmada por el Juez de Garantías Ramón A. Lell, homologó el acuerdo alcanzado entre la Unidad Fiscal, representada por el Dr. Facundo Barbosa, y la defensa técnica del imputado, con la conformidad de la querella particular. En dicho acuerdo, Luque reconoció su autoría y responsabilidad material en el hecho investigado.

Detalles de la condena y reglas de conducta

El tribunal declaró al imputado autor materialmente responsable del delito de abigeato (artículo 167 ter, primer párrafo, y artículo 45 del Código Penal Argentino) y le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional.

Asimismo, se fijaron pautas y reglas de conducta obligatorias durante el mismo período:

-Prohibición de acercamiento: Luque no podrá aproximarse a menos de 1.000 metros del establecimiento rural “La Yola”.

-Medidas de protección: Se le prohíbe mantener contacto, así como realizar actos molestos, intimidatorios o perturbadores hacia la víctima.

-Trabajo comunitario: Deberá realizar tareas comunitarias a razón de dos horas cada dos semanas.

Desde la defensa querellante, los Doctores. Joaquín Ivanovich y Nicolás Kaiser; y los sectores productivos que acompañaron el reclamo valoraron la celeridad del accionar policial y judicial para dar respuesta a este caso en particular. Aunque la condena dictada es de ejecución condicional, destacaron la importancia de que estos hechos no queden impunes y que se sienten precedentes de resguardo al patrimonio de los productores.

Por otra parte, la investigación judicial continúa su curso con el objetivo de determinar e identificar a posibles coautores o partícipes adicionales involucrados en la maniobra delictiva.

La preocupación persiste entre los productores de la zona. Pese a los esfuerzos policiales y a la reunión realizada el pasado jueves 1° de octubre de 2026 en el Establecimiento La Yola, los delincuentes continúan actuando en la región y los hechos delictivos siguen sucediendo, lo que mantiene en estado de alerta a la comunidad rural.

Fuente: MundoRural

Un joven de 28 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por encubrir un hecho de abigeato ocurrido en un establecimiento rural ubicado en la zona de Camino a Palavecino, en el departamento Gualeguaychú.

De acuerdo con la acusación que realizó el fiscal Facundo Álvarez, el hecho ocurrió entre la tarde del 23 de marzo y la mañana del 24, aunque no pudo determinarse con exactitud el horario. El condenado se desempeñaba como cuidador del establecimiento rural “Los Ombúes”, ubicado a unos tres kilómetros al norte de Camino a Palavecino y según se estableció durante la investigación, autores que aún no fueron identificados, faenaron y depostaron una vaquilla de unos 200 kilos, perteneciente al mismo establecimiento donde el condenado trabajaba.

El cuidador recibió posteriormente el animal ya faenado, pese a conocer, según la acusación, su procedencia ilícita. Luego, con ánimo de obtener un beneficio económico, habría vendido parte de la carne.

En concreto, durante el mediodía del 24 de marzo, comercializó dos paletas y dos cuartos, con un peso aproximado de 70 kilos, a otras dos personas que se movilizaban en un Ford Falcon de color celeste.

El procedimiento que permitió recuperar la carne se produjo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 60, cuando personal de la Brigada de Abigeato Gualeguaychú realizaba un control vehicular. En esas circunstancias fueron secuestrados los cortes que eran transportados en el vehículo.

El caso avanzó finalmente mediante un juicio abreviado, en el que el acusado acordó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de encubrimiento agravado. La figura contempla un agravamiento cuando el encubrimiento está relacionado con un hecho especialmente grave y cuando existe ánimo de lucro. En este caso, la condena alcanzó al cuidador por su participación posterior al hecho principal, mientras que la investigación por la faena del animal continúa con autores aún no identificados.

El expolicía Luis Roberto Jesús Carlino fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual agravado, en el marco de una causa que involucró a un menor de edad. El fallo se resolvió mediante un juicio abreviado y se sumó a una condena anterior que había recibido por los hechos vinculados con la sedición policial de diciembre de 2013.

Carlino fue condenado por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido aprovechándose de la convivencia preexistente con un menor de edad y por su condición de ascendiente, reiterado, a raíz de dos hechos que fueron considerados en concurso real.

La condena, según publicó Concordia Policiales, fue dictada por el vocal de los Tribunales de Concordia, Pablo Garrera Allende. El procedimiento se desarrolló mediante un juicio abreviado que había sido acordado entre el abogado defensor del expolicía, Alejandro Giorgio, y la fiscal de la causa, Daniela Montangie, con el consentimiento de las víctimas.

La condena anterior por la sedición policial

Carlino ya contaba con antecedentes judiciales relacionados con los hechos ocurridos durante la sedición policial de diciembre de 2013. En julio de 2015, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia lo había condenado a tres años y medio de prisión y siete años de inhabilitación.

La causa había estado relacionada con los acontecimientos registrados entre el 8 y el 9 de diciembre de 2013, cuando un grupo de policías tomó la Jefatura Departamental Concordia en el marco de un reclamo por aumentos salariales y mejoras laborales.

Los hechos de diciembre de 2013

La protesta había dejado a la ciudad sin el normal servicio de seguridad y, durante aquellas jornadas, se produjeron saqueos en distintos comercios. Como consecuencia de los hechos registrados en ese contexto, tres personas murieron.

La condena dictada en 2015 fue posteriormente apelada por las defensas. En 2022, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazó los planteos de prescripción de la acción penal y los recursos que habían sido presentados contra las condenas.

Un año después, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó las impugnaciones formuladas por las defensas y confirmó lo que había sido resuelto en las instancias judiciales anteriores.

Tras esos pronunciamientos, la defensa oficial presentó un recurso extraordinario federal que posteriormente llegó en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal desestimó la presentación por cuestiones formales. De esa manera, quedaron firmes las condenas que habían sido dictadas contra los policías por los acontecimientos de diciembre de 2013.

A poco de inicio de su juicio en los Tribunales de Gualeguaychú y a poco de haber cambiado de abogado defensor, el funcionario policial que hace un año atrás baleó con su arma reglamentaria a su esposa Carolina Huck y luego se disparó en la cabeza, aceptó adecuarse a un proceso abreviado para disminuir su pena, y con el consentimiento de la víctima, recibió una pena que le demandará una década en la cárcel.

Como ya se encontraba preso en la Colonia Penal de El Potrero, el procedimiento ante el juez Tobías Podestá se realizó por videoconferencia y en esa audiencia quedó automáticamente firme la sentencia, renunciando a las demás instancias de apelación.

De esta forma, y a un año del lamentable episodio, se pone fin a un hecho trágico que por poco le costó la vida a la docente, pero que le dejó secuelas físicas irreversibles. Huck aceptó también cerrar este acuerdo abreviado para evitar atravesar por todo el proceso penal en donde debía declarar y exponer además a la hija de ambos como posible testigo.

Todo sucedió el 24 de agosto de 2025 en la vivienda ubicada en Gutenberg y La Rioja. Esa noche, Corvalán le disparó con su arma reglamentaria a Huck y luego llamó al Comando Radioeléctrico contando lo sucedido, requiriendo una ambulancia. Cuando el personal médico arribó al domicilio, él mismo ayudó a cargar a su esposa y antes que llegara el móvil de la Comisaría Cuarta, se disparó en la puerta de su casa.

El panorama era trágico. Los dos estaban vivos, gravemente heridos y parecían tener los minutos contados. Ella tenía una lesión abdominal y Corvalán se había disparado en el mentón. El proyectil ingresó por la parte baja de la mandíbula, en dirección ascendente, con orificio de salida en la parte frontal derecha.

Fueron intervenidos quirúrgicamente y ambos permanecieron en grave estado en Terapia Intensiva. Las expectativas de sobrevida eran pocas y las siguientes 72 horas eran determinantes. El estado de salud del policía y de su esposa de 31 años, era de extrema gravedad. Ella tenía una lesión toracoabdominal. Se le extrajo el bazo y tenía comprometidos los pulmones. En tanto, Corvalán tenía una lesión cerebral, e incluso tuvo pérdida de masa encefálica.

Pero transcurridas las primeras 24 horas, la situación cambió. Los dos mostraron estabilidad dentro de sus críticos diagnósticos. El disparo que se ejecutó Corvalán había roto las meninges en el lóbulo frontal y gracias al trabajo que realizó el neurocirujano en la primera intervención se logró mantenerlo con vida. Estuvo sedado para su adaptación al respirador mecánico y en ese primer día de internación mostró buenos parámetros bioquímicos y signos vitales.

Una semana después del terrible hecho, y contra todos los pronósticos de recuperación, Carolina Huck y Mariano Corvalán, abandonaron la Terapia Intensiva y fueron trasladados a una sala común del Hospital Centenario para seguir con la recuperación. Corvalán perdió un ojo, pero fue Huck la que se llevó la peor parte: durante su internación se confirmó que había sufrido “una sección completa de médula con paraplejia”, que le dejó una parálisis de ambos miembros inferiores.

En septiembre, Carolina inició un proceso de recuperación en un centro de neurología y recuperación psicofísica en Galarza, en el cual tiene depositadas todas sus esperanzas para hacer frente a un futuro completamente diferente al que conocía.

Crónica de un día lamentable

Ese domingo, Corvalán se levantó temprano para ir a trabajar, regresó pasado el mediodía para descansar porque por la noche volvía a trabajar en la Policía, mientras que ella se fue por la tarde a un cumpleaños. Cuando regresó se puso a trabajar en unas tareas de sus alumnos que debía entregar al día siguiente y fue en ese contexto que comenzó la discusión que terminó en tragedia.

Corvalán le recriminaba que ella trabajaba mucho, pero la mujer lo asumía como algo sumamente necesario para cubrir las cuestiones económicas de la familia. Se le hacía imposible trabajar sólo por las mañanas, como el hombre pretendía. Incluso, dos compañeras de trabajo ratificaron que las discusiones giraban en torno a lo económico y la crianza de su hija de 5 años.

Corvalán fue el primero de ambos en dejar el Hospital Centenario. A la semana de haber sido operado de urgencia y de permanecer las primeras horas en un coma, salió de la Terapia Intensiva y siete días después dejó la sala común donde había sido alojado.

En los albores de la investigación se conoció un dato que sobresalió en todo lo que respecta al trágico hecho. Después de balear a Carolina Huck, Corvalán se sacó una foto selfie con su teléfono, junto a su pequeña hija, y la publicó en su estado de Whatsapp con la leyenda: “Papá siempre va a estar con vos”.

Esta publicación fue subida como historia a las 21.26 del domingo 24 de agosto. No está certificado el horario del momento exacto en que Corvalán le disparó a Carolina Huck, pero lo que si fue confirmado es que a las 21.28, la víctima le envió un audio de Whatsapp a una amiga contándole que su esposo la había baleado.

Desde que salió de su internación en el Hospital Centenario, Corvalán quedó preso con prisión preventiva. Pasó por la Comisaría del Menor y la Mujer y posteriormente fue trasladado a la UP9. Desde allí nunca más abandonó la cárcel y tras esta condena continuará alojado en ese penal por 9 años más.

Un gravísimo caso de violencia de género está a punto de llegar a su punto culmine. La Justicia avanzó en el cierre de la causa penal seguida contra un joven de 28 años, tras la presentación formal de un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

La solicitud fue formalizada por el fiscal auxiliar de Paraná, Leandro Dayub, y el defensor Claudio Berón ante el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Mauricio Mayer, supo AHORA. El caso que este lunes comenzó a cerrarse judicialmente tuvo mucha difusión cuando sucedió por lo violencia que sufrió la mujer. Ahora el juez Mayer resolverá si homologa o no el acuerdo presentado por las partes con acompañamiento de la víctima.

Los hechos imputados se remontan a la mañana del 30 de enero de 2024. La víctima, una joven que había culminado una relación de cinco años con su victimario, dos meses antes, ingresó al dormitorio del agresor bajo la creencia de que este no se encontraba. Sin embargo, lo encontró despierto y bajo los efectos del consumo de cocaína. La atacó de manera inmediata: le propinó un golpe de puño en la boca, la tomó del cuello y la retuvo por la fuerza durante cinco horas.

Durante el encierro, impidió que escapara por la ventana, la sujetó de los cabellos y utilizó una almohada sobre su rostro para sofocar sus pedidos de auxilio. Acto seguido, la abusó. Finalmente, la joven logró huir a pie, presentando sangrado labial, dolores generalizados y severas dificultades para caminar y hablar.

A pesar de la confesión del imputado, la Fiscalía sustentó la acusación en un sólido plexo probatorio, ya que los informes médicos constataron en la víctima diversas heridas. Además, el agresor tenía lesiones en su cuerpo defensivas. También el MPF logró material probatorio irrefutable de mensajes que se enviaron los familiares el día de los hechos.

La calificación pactada atribuye a J.E.V los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves agravadas y abuso sexual, en concurso real y en calidad de autor.

Para la fijación de la pena se ponderaron como atenuantes la falta de antecedentes penales, su consumo problemático de estupefacientes y el reconocimiento llano de los hechos. Asimismo, se valoró que el mecanismo abreviado evita la revictimización de la joven al eximirla de declarar en un debate oral. La víctima otorgó formalmente su conformidad con la condena acordada.

La Justicia de Gualeguaychú condenó a Oscar Nazareno Muñoz a un año de prisión y le impuso una multa por su responsabilidad penal en dos hechos de tenencia simple de estupefacientes, que fueron considerados en concurso real.

El primero de los hechos había ocurrido el 15 de abril de 2026, cerca de las 4 de la madrugada, cuando Muñoz caminaba por la zona de San Juan y Soldado Mostto. Al advertir el paso de un móvil policial, aceleró la marcha y fue interceptado a pocas cuadras. Durante la requisa encontraron en su poder una bolsa con 70 gramos de cannabis sativa y otros dos envoltorios que contenían cocaína. Ambos episodios fueron considerados por la Justicia como dos hechos de tenencia simple de estupefacientes, que concursaron de manera real.

El segundo hecho sucedió el 17 de julio de 2026, cuando se realizó un allanamiento y registro en una vivienda de calle Mostto 480. Durante el procedimiento, Muñoz fue encontrado en el baño y llevaba en uno de los bolsillos de su pantalón dos medias que contenían 139 envoltorios de cocaína. Además, en una billetera que tenía en otro bolsillo se encontraron otros dos envoltorios con la misma sustancia.

La sentencia fue dictada por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, Tobías Podestá, y quedó firme en el mismo momento de su dictado debido a que las partes renunciaron expresamente a los plazos procesales.

Además de la pena de prisión, el tribunal resolvió declarar a este hombre de 33 años como tercer reincidente. Con la sentencia firme, por tratarse de un juicio abreviado, se dispuso que la prisión preventiva que cumplía Muñoz sea convertida en detención en calidad de condenado, manteniéndose su alojamiento en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná resolvió declarar extinguida la acción penal y sobreseer a María Luisa Vidal Rueda y Susana Ester Landaburo en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual que inició hace 14 años en Gualeguaychú. Por el contrario, el tribunal rechazó el pedido de sobreseimiento para Rubén Darío Mendoza, quien deberá enfrentar un juicio oral una vez que las partes presenten su lista de testigos. En esta causa hubo una condena en 2023 mediante el sistema de juicio abreviado.

Según la resolución a la que accedió UNO, fechada el 5 de agosto de 2026, se fundamentó en el paso del tiempo sin que el Estado ejerciera su potestad punitiva. Según la defensa, los hechos investigados ocurrieron el 18 de noviembre de 2012 y el último acto que interrumpió los plazos de prescripción fue la citación a juicio el 21 de noviembre de 2014.

Dado que el delito imputado —trata de personas mayores de edad agravado— prevé una pena máxima de diez años, y que desde 2014 no se registraron nuevos actos procesales con capacidad de interrumpir o suspender el curso de la prescripción, el tribunal consideró que el plazo legal se encontraba ampliamente cumplido. En consecuencia, se determinó que la acción penal estaba extinguida para Vidal Rueda y Landaburo. La decisión fue rubricada por la jueza Mariela Emilce Roja y Mario Jorge Gambacorta.

La causa que inició en 2012 y tuvo una condena en 2023

Esta resolución se da en el marco de una causa que ya tuvo condenas previas. En 2023, mediante un juicio abreviado en el que se reconocieron los hechos, Juan Ramón Gregorio Landaburo fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria como autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de captación, traslado y acogimiento, habiendo mediado aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y agravado por el número de víctimas.

La investigación se originó tras una denuncia en 2012, formulada por una representante de la Organización Civil "Mujeres en Acción", que alertaba sobre la explotación de mujeres jóvenes en los locales nocturnos, bajo la fachada de whiskerías, "Caburé II" y "Caburé III", ubicado en el kilómetro 54 de la Ruta Nacional N° 14 y en la Ruta N° 20 en cercanías de la localidad de Escriña, respectivamente. Ambos en el departamento Gualeguaychú. La maniobra delictiva consistía en la captación y traslado de mujeres, principalmente oriundas de la provincia de Misiones, quienes eran obligadas a ejercer la prostitución.

Según las tareas de inteligencia de la Policía Federal, el entramado criminal operaba de la siguiente manera: las víctimas vivían en los mismos locales donde eran explotadas, bajo custodia las 24 horas y, en ocasiones, con sus documentos retenidos. Además, se les cobraba a los clientes entre $250 y $300 (cifras de 2012) por los "pases" y $500 por las "salidas", sumas que eran controladas por las encargadas.

Las mujeres eran rotadas cada veinte días entre los distintos locales propiedad de los cabecillas y no podían salir del prostíbulo ni elegir a sus clientes. La red involucraba a familiares directos. Según se desprende del fallo de juicio abreviado de 2023, mientras Juan Landaburo y su esposa María Luisa eran señalados como propietarios de las whiskerías y el Hotel Amancay (ubicado en calles 25 de Mayo y Alem de Gualeguaychú), Susana Landaburo (hermana de Juan) era sindicada como la encargada en los locales.

Lo cierto es que el paso del tiempo jugó a favor de las mujeres, quienes finalmente fueron sobreseídas por la prescripción de la acción penal. En tanto, Mendoza, el único que será enviado a juicio, es señalado como el encargado de la whiskería “El Caburé III”. El sujeto cuenta con un antecedente penal: el 5 de diciembre de 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas contra su pareja y por mediar violencia de género y amenazas coactivas.

Hernán Alejandro Corbalán fue acusado del delito de tenencia simple de estupefacientes y en el marco de un juicio abreviado celebrado ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, recibió una pena excarcelable de un año.

La sentencia fue dictada por el vocal Mauricio Daniel Derudi, quien homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Jorge Gutiérrez y la defensa técnica del imputado. Corbalán reconoció su responsabilidad en el hecho y aceptó la pena acordada.

La investigación se originó a partir de tareas de vigilancia realizadas por personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos en inmediaciones de una vivienda ubicada en barrio Villa María. Como resultado de esas actuaciones, el 21 de mayo pasado se llevó adelante un allanamiento en el domicilio del acusado.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron ocho envoltorios que contenían cocaína, con un peso total de 21 gramos, además de otro paquete con 7,5 gramos de la misma sustancia. También hallaron dos envoltorios con marihuana que totalizaron 20,4 gramos. Los análisis de campo realizados en el lugar confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa.

En su resolución, el magistrado destacó que las pruebas reunidas permitieron acreditar que Corbalán tenía bajo su disposición las sustancias incautadas. Sin embargo, señaló que no surgieron elementos suficientes para sostener una acusación por comercialización de estupefacientes.

Entre los argumentos valorados por el tribunal se indicó que no fueron encontrados elementos habitualmente vinculados al narcomenudeo, como balanzas, sustancias de corte, envoltorios de fraccionamiento o testimonios de compradores. Por ese motivo, el hecho fue encuadrado como tenencia simple de estupefacientes.

La condena impuesta fue de un año de prisión de cumplimiento condicional y una multa, que fue convertida en dos días de prisión y considerada cumplida por el tiempo que el imputado permaneció privado de libertad durante el proceso.

Además, durante dos años deberá cumplir reglas de conducta que incluyen fijar residencia en la jurisdicción, abstenerse de consumir alcohol o drogas en la vía pública y realizar 80 horas de tareas comunitarias en una institución de bien público.

Finalmente, el juez ordenó el decomiso y posterior destrucción de los estupefacientes secuestrados y dispuso el cese del arresto domiciliario

Se trata de Francisco Eliseo Vera Fleitas, quien fue interceptado el 12 de febrero de 2026 mientras conducía una camioneta Toyota Hilux en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción de Islas del Ibicuy.

Según la acusación del fiscal de Islas, Gastón Popelka, el conductor ignoró las señales de detención realizadas por personal policial y continuó su marcha, lo que motivó una persecución controlada que finalizó unos 15 kilómetros más adelante. Una vez detenido, los efectivos comprobaron que el vehículo presentaba irregularidades.

La investigación determinó que la camioneta tenía colocada una patente paraguaya que no correspondía al rodado y que, tras verificar los números de chasis y motor, se constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente desde el 28 de enero de 2026 por una denuncia de hurto agravado.

Para la Fiscalía, Vera Fleitas recibió y utilizó el vehículo con conocimiento de su origen ilícito y además intervino en la sustitución de la identificación registral de la camioneta para ocultar su verdadera procedencia.

Por estos hechos fue acusado de desobediencia a la autoridad, encubrimiento doblemente agravado —por ánimo de lucro y habitualidad— y sustitución de numeración de objeto registrable, delitos por los que reconoció su responsabilidad.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados más de 211 mil pesos argentinos, 62 mil guaraníes, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y un arrancador portátil para vehículos.

Al momento de acordar la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta como agravante que el imputado ya registraba antecedentes penales. En 2018 ya había sido penado a 4 años de cárcel que cumplió en la Unidad Penal 17 Candelaria del Servicio Penitenciario Federal por un caso de transporte de estupefacientes. Luego, al recibir la libertad en 2022, fue nuevamente llevado ante la Justicia por el delito de portación ilegal de arma de guerra, por lo que fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión.

El acuerdo establece una pena de 12 meses de prisión efectiva, además del decomiso de los elementos secuestrados durante el procedimiento. Además, y según surge de la resolución, los bienes decomisados serán puestos a disposición del Estado y donados al Hogar de Cristo, institución que trabaja en la asistencia y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad y con consumos problemáticos.

El condenado permanece preso en la Unidad Penal 9 desde febrero, cuando fue detenido y se le dictó la prisión preventiva. recibirá la libertad en febrero de 2027.

La sentencia fue dictada el pasado 30 de abril de 2026 por el vocal Fernando Martínez Uncal, en el marco de un juicio oral y público. El imputado fue hallado culpable de los delitos de violación de domicilio, lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, amenazas coactivas, daño simple y desobediencia de una orden judicial, todos en concurso real.

Según se acreditó durante el debate, el hecho que derivó en esta condena ocurrió el 29 de agosto de 2025, cuando el hombre ingresó sin autorización al domicilio de la víctima. Una vez en el lugar comenzó a recriminarle cuestiones vinculadas a celos y posteriormente la agredió físicamente mediante golpes de puño en la cabeza.

La mujer tomó a su hijo menor y salió de la vivienda con la intención de llamar a la Policía, momento en que el agresor la amenazó de muerte si realizaba la denuncia. Durante el forcejeo le dañó el teléfono celular y le provocó lesiones. Además, incumplió una orden judicial vigente que le prohibía acercarse a la víctima, medida que había sido dispuesta por el Juzgado de Familia y de la cual tenía pleno conocimiento.

Tras conocerse el episodio, la Fiscalía solicitó su detención y posterior prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Aunque la medida fue apelada por la Defensa Oficial, se mantuvo hasta la sentencia, siendo reemplazada en los últimos meses por un sistema de monitoreo mediante tobillera electrónica.

Antecedentes de violencia

La causa también expuso antecedentes de violencia ejercida por el condenado contra la misma mujer. En septiembre de 2024 había sido denunciado por una agresión física en la que utilizó una botella, provocándole cortes y hematomas en una oreja y una mano. En ese episodio también desobedeció una restricción judicial que le impedía acercarse a la víctima.

Posteriormente, en mayo de 2025, se registró otro hecho cuando el hombre se apoderó del teléfono celular de la mujer para impedir que solicitara ayuda policial. Ante esa situación, la víctima comenzó a pedir auxilio a los gritos desde una ventana que da a la vía pública. Seguidamente recibió un golpe de puño en la cabeza que le provocó la pérdida del conocimiento y su caída al suelo.

Por esos hechos, el acusado había recibido una condena de ejecución condicional en un juicio abreviado celebrado el 3 de julio de 2025 ante el juez Arturo Dumón. Entre las reglas de conducta impuestas se encontraba la prohibición de cualquier acto de hostigamiento, intimidación o contacto con la víctima, así como una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de su domicilio. También se le había ordenado iniciar tratamiento psicológico.

Revocación de la condena condicional

Tras la comisión del nuevo hecho ocurrido en agosto de 2025, la Fiscal de Género Carolina Costa solicitó la revocación de aquella condena condicional. Inicialmente el planteo fue rechazado, por lo que el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación ante los tribunales de Concordia.

Finalmente, la Cámara hizo lugar al planteo fiscal y ordenó una nueva audiencia para revisar la situación. Debido a que el juez Dumón ya había intervenido previamente en el expediente, la Fiscalía solicitó la participación de un magistrado de otra jurisdicción para garantizar la imparcialidad del proceso.

Como resultado de ese trámite judicial y del juicio oral posterior, se resolvió imponer al acusado una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva.

Se trata de Pablo Federico Florencio Quinteros, un hombre de 48 años, domiciliado en Benavidez, en la provincia de Buenos Aires, que fue el causante de una noche de terror para dos puesteros y sus familias en un campo situado en el sur entrerriano.

Fue detenido esa misma noche y desde entonces se encontraba preso en la cárcel de Gualeguaychú con prisión preventiva. Ahora se definió su futuro en un juicio abreviado realizado en los Tribunales de Gualeguaychú, donde se lo condenó a 2 años y 6 meses de prisión efectiva por sus antecedentes penales y por la imputación que le realizó el fiscal Gastón Popelka por violación de domicilio (dos hechos); daños; amenazas; privación ilegítima de la libertad (dos hechos) y coacción (dos hechos), en contexto de violencia de género.

Una noche para el olvido

Todo sucedió en la noche del miércoles 28 de enero en el establecimiento “Los Ceibos”, ubicado en el kilómetro 2 de la ex Ruta 46, en Villa Paranacito. Esa noche, dos hombres de 36 y 25 años, con sus respectivas familias, vivieron momentos de mucha tensión por casi una hora. Fueron víctimas del ataque de Quinteros, que los sorprendió a la hora de la cena, totalmente alterado, aduciendo que era perseguido.

Primero fue a la casa del capataz, un hombre de 36 años que había llegado al campo Los Ceibos cuatro meses atrás, para trabajar como puestero junto a su pareja. Pero esa tranquilidad se vio alterada por la llegada de este atracador, que pateó la puerta e ingresó violentamente. Les dijo que lo estaban siguiendo, que estaba armado bajo un trapo que envolvía una de sus manos. Le pidió a la pareja si lo podían esconder y alertar a la Policía, a lo que la víctima le dijo que como no tenían señal su mujer debía ir hasta la ruta para dar aviso.

La mujer salió del inmueble, pero la intención fue alertar al otro puestero que se encontraba a unos 50 metros, con su esposa, una hija de 17 años y un hijo de 13. Mientras, el capataz se quedó en la casa con el intruso, que todo el tiempo estuvo parado al lado de la puerta mirando hacia afuera. Pero con el correr de los minutos la situación se tornó aún más extraña y violenta.

Quinteros cambió su actitud. Obligó a su víctima a encerarse en el baño. El hombre encerrado comenzó a gritar y fue allí que el intruso abrió la puerta del baño, lo tomó del cuello y lo obligó a salir en dirección al otro puesto, donde se encontraba su mujer y la otra familia. Siempre amenazándolo con una supuesta arma de fuego escondida, ambos hombres caminaron hasta la otra vivienda y al llegar empezó a patear la puerta y pedir que le abrieran. La puerta se abrió y obligó a las dos mujeres y los menores a encerarse en el baño.

Tras esos momentos de mucho nerviosismo y miedo, hizo salir a todos hacia el patio mientras rompía todo en su interior. Fue en ese momento en que los dos hombres víctimas decidieron hacerle frente para evitar una escalada de violencia. Empezaron a forcejear dentro del baño y lograron reducirlo, mientras que las dos mujeres con los niños corrieron hasta la tranquera donde ya se encontraba un móvil policial.

Los policías ingresaron a la vivienda y detuvieron al hombre de 48 años. El fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, le tomó declaración y tras ello se esperó por el Registro Nacional de Reincidencia que confirmó un pasado peligroso. Se confirmó que este hombre había cumplido una pena de 8 años y 6 meses de cárcel por un homicidio en 2014 y en diciembre había salido en libertad tras cumplir una segunda condena de poco más de un año por tenencia de estupefacientes.

Tanto Maya como Castillo, fueron detenidos en la madrugada del 5 de marzo pasado, luego de una persecución por la Ruta 12 tras haber asaltado a un camionero que transportaba cajas de bizcochuelo “Exquisita”.

En esas primeras horas de la madrugada, un chofer de la empresa de transporte Colussi S.A, paró a descansar en la banquina de la Ruta 12, a la altura del kilómetro 158, cerca del Puesto Caminero de Gendarmería Nacional. Lo hizo cerca de donde se encontraba estacionado el camión que conducía un compañero, también perteneciente a la misma empresa.

El camionero, de 34 años y oriundo de Chaco, bajó y se acercó hasta el camión de su compañero, pero cuando se dirigía hacia el rodado, observó que sobre el lateral derecho del semirremolque del camión había una camioneta Renault Kangoo con las puertas abiertas y con dos personas que sustraían la mercadería del camión.

Se trataba de Rodrigo Nahuel Maya y Facundo Nahuel Castillo, que estaban robando las cajas de bizcochuelos y las cargaban en el utilitario. Pero al advertir la presencia inesperada del camionero, Castillo lo apuntó con un arma de fuego y le dijo: “que mierda haces acá, raja”. El camionero inmediatamente se alejó, subió a su camión y abandonó el lugar mientras alertaba a la Policía lo que estaba sucediendo.

Los asaltantes también debieron abortar lo que estaban haciendo y escaparon en el utilitario rumbo a la provincia de Buenos Aires. Llevaban 106 cajas que en su interior contienen 12 paquetes de bizcochuelo de 500 gramos cada uno.

Con los datos aportados sobre las características de los sospechosos y del vehículo en el que escapaban, la Policía montó un operativo de búsqueda y logró dar con los sospechosos, pero en ese momento se inició una persecución que culminó a la altura del kilómetro 134, donde finalmente los atraparon.

Maya, oriundo de Paso de los Libres, y Castillo, domiciliado en Pilar, fueron detenidos y trasladados posteriormente a Gualeguaychú. Fueron identificados en una rueda de reconocimiento y tras ello la fiscal Martina Cedrés los indagó y requirió una prisión preventiva que se concedió hasta la realización del juicio abreviado, en donde recuperaron la libertad tras firmar una condena por tres años de prisión condicional por no tener antecedentes.

Llegó a su fin, y sin necesidad de realizar un juicio oral y público, el caso por el cual se investigaba el homicidio de Raúl Scherer. Hernán Morales sabía que no iba a tener posibilidades en un juicio por jurado porque las evidencias en su contra eran abrumadoras y por ello decidió adecuarse a un juicio abreviado para evitar el máximo de la pena.

Las condiciones son claras: debía confesar el hecho y renunciar a toda instancia de apelación, dejando firme inmediatamente la sentencia. Para ello también es necesario contar con la aprobación de la familia damnificada, y con esto se acortan instancias que pudieran aletargar cualquier proceso penal.

De esta manera, Morales, que ya se encontraba cumpliendo con una prisión preventiva en la Unidad Penal 9, seguirá su estadía por más de una década en la cárcel de Gualeguaychú sin derecho a tratar de lograr una disminución de la pena.

Una fiesta que terminó en tragedia

Raúl Scherer fue asesinado de un disparo el día y la noche que disfrutaba de su jubilación. Tenía 69 años esa madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025 cuando Hernán Morales le disparó con un arma que fue a buscar hasta su casa, molesto porque lo habían echado de la fiesta.

Dos Hermanas es una localidad del departamento Gualeguaychú, cercana a la jurisdicción de Larroque, que se caracteriza por su tranquilidad. Pueblo rural, de viviendas alejadas y con la vida social propia de este tipo de parajes. En este contexto, ese primer fin de semana de noviembre se realizaba una fiesta en la casa de los Scherer, por la celebración de un cumpleaños de un sobrino y la jubilación de la víctima, pero todo terminó de la peor forma.

Morales, de 29 años, estuvo radicado en Buenos Aires durante un tiempo, internado por problemas de adicciones, pero en los últimos meses había regresado a vivir junto a su madre y su padrastro, que estaba como encargado del establecimiento San Antonio, ubicado a un kilómetro de la casa de los Scherer.

Morales ya venía con problemas. Tenía denuncias por violencia de género, radicadas por su ex pareja y sabiendo estos antecedentes, no estaba invitado al festejo porque la joven iba a estar en el lugar. Pero se apareció igual y fue allí donde se encontró con la mujer y comenzaron los problemas.

Empezó a molestarla y hubo una discusión muy fuerte con un tercero, por aparentes celos; y fue en ese marco que el dueño de casa lo echó, pero Morales se fue amenazando que volvería y que la situación se iba a poner peor. Fue así que caminó hasta el puesto que tiene su padrastro en el establecimiento y sacó dos armas: una escopeta y una carabina, y regresó hasta el lugar. Desde antes de ingresar comenzó a disparar. Había un centenar de personas en el festejo, por lo que esos disparos podrían haber impactado en cualquiera, pero fue en el cuerpo de Raúl Alfredo Scherer que tuvieron un resultado mortal.

Un proyectil impactó en la zona inguinal derecha de la víctima, que produjo una hemorragia inmediata con shock hipovolémico, que derivó en una falla renal multiorgánica. Uno de sus hijos lo cargó en una camioneta y lo llevó hasta Larroque, pero los médicos del Hospital San Isidro Labrador no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La Policía fue alertada de inmediato de lo sucedido y cuando llegaron al lugar se cruzaron con la camioneta del padrastro de Morales, que lo trasladaba al hospital para atenderlo de las lesiones que sufrió tras el ataque. La Policía de Larroque adujo que fue el padrastro de Morales quien lo lesionó de un golpe en la cabeza con un fierro para quitarle las armas y calmarlo.

Fue hospitalizado y permaneció en Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, pero fue por unos días porque para la tarde del 5 de noviembre recibió el alta y fue llevado a declarar ante la fiscal subrogante Emilce Rivollier, que le tomó declaración por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y luego se resolvió su preventiva en el Juzgado de Garantías.

Desde entonces esperaba en la Unidad Penal de Gualeguaychú por el juicio que la fiscal Martina Cedrés iba a llevar adelante, pero antes que ello ocurra decidió adecuarse al procedimiento abreviado.

Todo se inició el 30 de junio de 2023 por la tarde. Schultheis manejaba un Ford Fiesta por el Boulevard Irigoyen en dirección al este cuando al ingresar a la rotonda del Boulevard 3 de Febrero, colisionó a Silvia Suárez que ya circulaba por la rotonda a bordo de una bicicleta.

Suárez cayó al piso y golpeó su cabeza contra el pavimento, causándole un traumatismo cráneo encefálico grave y un traumatismo de tórax que obligó a su traslado inmediato a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, donde permaneció hasta su muerte el 15 de julio de 2023.

A partir de allí y según la investigación llevada adelante por la fiscal de Gualeguaychú, Natalia Bartolo, Schultheis no respetó la prioridad de paso ni mantuvo el debido control del vehículo, y terminó colisionando a Silvia Suárez, que tenía prioridad en su traslado por la rotonda.

El viernes pasado se realizó un juicio abreviado, donde la imputada reconoció su responsabilidad en el hecho y se la condenó a una pena en suspenso de 2 años y 8 meses, además de una inhabilitación para conducir vehículos por cinco años y la obligación de cumplir reglas de conducta, entre ellas la realización de un curso de reeducación vial.

La historia de la víctima agrega un componente aún más doloroso al caso. Silvia Suárez era una mujer muy querida en el barrio del Club Deportivo donde vivía, y su vida ya estaba marcada por la tragedia, informó Urdi Digital. Tiempo antes había perdido a un hijo en otro siniestro vial, cuando el joven conducía una motocicleta, en un hecho ocurrido a tan solo tres cuadras del lugar donde ella misma encontraría la muerte.

Desde entonces, Silvia participaba activamente en jornadas de concientización vial, especialmente en el pintado de estrellas amarillas, símbolo que recuerda a las víctimas de tránsito. Incluso, en sus redes sociales había dejado una imagen en su foto de perfil junto a sus hijos pintando una de estas estrellas en memoria de su pérdida, acompañada de un mensaje contundente: “Sé prudente… No sumes una estrella más en el cielo”. La publicación, realizada pocos días antes del hecho que le costó la vida, hoy resuena con fuerza tras conocerse que la Justicia determinó que su muerte se produjo a raíz de una imprudencia al volante.

El hecho ocurrió en la mañana del domingo 8 de diciembre de 2024 en Urdinarrain, en boulevard Victorino De La Plaza y Rivadavia. Se trató de un hecho trágico que conmovió a toda la localidad, porque le costó la vida a Giuliana Luján Cariaga.

La camioneta Toyota Hilux era conducida por Alejo Agustín Cabrera. El joven, que en ese momento tenía 18 años, transitaba por la Avenida De La Plaza, y llevaba como acompañantes a su hermana de 17 años, otra adolescente de 16 y a Giuliana Luján Cariaga Berardo de 18 años.

Antes de llegar a la intersección con el Boulevard Rivadavia, el conductor perdió el control de la camioneta y volcó sobre la banquina oeste del boulevard. Las pericias establecieron que transitaba a unos 90 kilómetros por hora y si bien el test de alcoholemia arrojó 0,52 gramos de alcohol en sangre, ese dosaje es suficiente para que se considere alcoholemia positiva.

Las dos acompañantes más jóvenes resultaron con excoriaciones y hematomas que no pusieron en riesgo su vida, pero Cariaga murió al instante. Según estableció el médico forense posteriormente la joven de 18 años sufrió una fractura de cráneo y columna, entre otros politraumatismos.

El Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú avanzó a lo largo de estos meses en la Investigación Penal Preparatoria, en la acusación por el delito de homicidio culposo agravado por el exceso de velocidad en concurso real con lesiones leves culposas, y tres meses después de sucedido el siniestro se realizó la audiencia de elevación a juicio.

Este viernes se desarrolló el juicio abreviado, en el que Cabrera admitió su responsabilidad en el hecho, lo cual es necesario para este tipo de procedimientos. El joven de 20 años recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, además de una inhabilitación para conducir vehículos por seis años y el cumplimiento de reglas de conducta, como ser la obligación de realizar y aprobar un curso sobre seguridad vial, realizar trabajos no remunerados por el plazo de dos años, a razón de 12 horas mensuales en favor de alguna institución de bien público, entre otras.

El 6 de mayo, el imputado ingresó al domicilio en pleno barrio Munilla, en los primeros minutos de la madrugada, y sorprendió a la víctima. Se inició una discusión y fue en ese momento en que comenzó a golpearla con sus puños y patadas. La tomó del cuello y de los cabellos, y la arrojó contra una pared. Luego la arrastró por el piso donde había vidrios rotos, mientras la víctima clamaba por ayuda.

Los gritos de la joven mujer salían del domicilio de calle Borques en plena madrugada y esto originó que el agresor abandonara la vivienda. Pero antes que ello sucediera, y mientras la víctima estaba tirada en el suelo, le pisó el abdomen y se fue saltando una reja.

La mujer permaneció encerrada en el interior de la vivienda sin poder salir porque la despojó de la llave del candado de la entrada, y fue la policía y los vecinos quienes pudieron auxiliarla pocos minutos después cuando pudieron abrir el portón de la entrada.

La víctima resultó con equimosis y escoriaciones en distintas partes del cuerpo, e incluso sufrió una hemorragia en su oído izquierdo. Finalmente, y pocas horas después, el agresor fue localizado y detenido, quedando bajo la orden de la fiscal Eliana Ghiglione. La funcionaria judicial logró posteriormente que desde el Juzgado de Garantías se dispusiera de un arresto domiciliario por 60 días con el cumplimiento de otras medidas de prevención hacia la mujer.

El tiempo pasó y si bien el acusado recuperó la libertad ambulatoria, persistieron las medidas de prohibición de acercamiento y contacto con la mujer, y fue esta semana que el caso se cerró con un juicio abreviado en el que recibió una pena de dos años de prisión condicional por no tener antecedentes en este tipo de delitos. En caso de incumplir con las medidas impuestas, esa condena se vuelve de prisión efectiva.

Este hombre de 41 años ya tenía dos condenas anteriores, siempre por los mismos tipos de delitos, por lo cual la pena que debía ser impuesta por la Justicia de Gualeguaychú no podía ser otra que de cumplimiento efectivo.

Mujica era intensamente buscado a principios de este año por haber sido señalado como el autor de varios hechos en la zona oeste de la ciudad. Había sustraído latas de cerveza de un kiosco en el barrio 348, también ingresó a una vivienda del barrio 140 viviendas con fines de hurto, aunque no alcanzó a consumar este hecho; y por último también se le imputó una resistencia a la autoridad.

La Policía, con personal de las comisarías Sexta y Novena, realizó un allanamiento el 5 de febrero en el departamento 44 del Sector A del barrio 140 viviendas y detuvo a Mujica. Fue trasladado a la Jefatura Departamental y desde entonces esperó con prisión preventiva la resolución a su situación procesal.

En los últimos días se realizó un juicio abreviado en los Tribunales de Gualeguaychú y se lo condenó a cumplir una pena de prisión efectiva de un año y medio. Además, como tenía dos condenas preexistentes, se declaró su segunda reincidencia y posteriormente se lo trasladó a la Unidad Penal 9 para el cumplimiento de la sentencia.

Jonathan Andrés Rolón firmó un juicio abreviado en la mañana del jueves en los tribunales de Gualeguaychú, en el marco de una causa que lo tenía como protagonista cuando el personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional irrumpió en su casa de calle san Jorge, en el barrio 348, en la tarde del 19 de marzo de 2025.

A Rolón se lo investigaba desde tiempo antes por venta de droga al menudeo, que se hacía dentro y fuera de la vivienda que compartía con su madre. Había indicios claros de ese comercio de cocaína y marihuana, y con esa información fue que la fiscal Martina Cedrés realizó el requerimiento del allanamiento hace un año atrás.

Ahora llegó el momento de saldar esos hechos con la justicia y en la mañana del jueves se logró una condena de 4 años de prisión efectiva que Rolón ya está cumpliendo en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.

En el procedimiento le encontraron una bolsa con marihuana en una de las habitaciones y otra dentro de un par de zapatillas; además de 30 mil pesos debajo de la almohada que se estimaron como producto de la venta de droga. En la cocina, dentro de un mueble de madera, hallaron un envoltorio con más marihuana y en un bolsón de arena descubrieron otro envoltorio con cocaína en su interior.

Rolón reconoció su responsabilidad en los hechos imputados sobre comercio de estupefacientes, lo cual es condición necesaria para realizar un juicio abreviado porque no se puede apelar el acuerdo judicial. Por ello, firmó los cuatro años de prisión y automáticamente esa sentencia adquirió firmeza.

En muchas ocasiones, desde la Justicia se prima lograr condenas condicionales inmediatas y evitar procesos penales que pueden aletargar y retrasar el trabajo fiscal, principalmente cuando se trata de delitos considerados menores. Con ello se procura que el condenado se adecúe a medidas de coerción y de buen comportamiento, porque en caso contrario esa pena en suspenso se vuelve efectiva y se computa al nuevo delito en el que incurra.

Esto es lo que sucedió con este joven de 24 años que durante el 2024 y todo el año pasado fue protagonista de varios hechos, de los cuales muchos tuvieron como damnificada a su ex pareja de 21 años, en la zona norte de Gualeguaychú.

Días atrás se firmó un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, en el que la fiscal Alejandra Montiel le imputó al acusado una serie de delitos que arrastraba desde hace tiempo y con ello tratar de alejarlo de su ex pareja.

Desde amenazas como "si tu mamá te consigue un macho, las mato a las dos", el condenado se enfocó en el último tiempo en hacer imposible la vida en tranquilidad de quien fue su pareja. El sujeto se presentaba en el domicilio de ella, trepaba por la medianera y se le metía en la casa y una vez dentro la agredía físicamente, e incluso la amenazaba con prenderle fuego la vivienda si lo denunciaba.

Su última detención ocurrió a mediados de septiembre del año pasado, cuando cruzó a la víctima en bicicletas por calle República Oriental e intentó frenarla “para hablar”, pero como ella continuó sin hacer caso a su requerimiento, la tomó de la campera y la hizo caer. A la joven se le cayeron 20 mil pesos de su bolsillo y el condenado los tomó y escapó corriendo con el dinero.

Por todo ello y por las reiteradas desobediencias que le prohibían el acercamiento, fue llevado ante el Tribunal de Juicios y se logró esta primera condena condicional, que en caso de desobedecerla se transformará en un cumplimiento efectivo.