La Justicia federal dio un paso formal hacia el inicio del juicio oral contra el representante de modelos Leandro Santos y tres personas de su entorno, al fijar la fecha para la realización de la audiencia preparatoria del debate. El encuentro fue convocado por el Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal para el próximo 24 de noviembre, instancia en la que los magistrados y las partes definirán los aspectos organizativos, la prueba que se proyecta producir y la modalidad bajo la cual se llevará adelante el juzgamiento de los imputados en Comodoro Py.

El tribunal a cargo del proceso estará integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, mientras que la acusación fiscal será llevada adelante por el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Osorio. La fijación de esta audiencia previa constituye el paso procesal necesario para determinar el calendario definitivo del juicio y disponer las citaciones de los testigos que prestarán declaración testimonial a lo largo de las audiencias.

El expediente tuvo sus primeras actuaciones en el año 2010 en la República Oriental del Uruguay, en el marco de un procedimiento denominado internamente "Operación Blanca". Con el transcurso del tiempo y el avance de las averiguaciones, la causa derivó en una investigación tramitada ante la fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se recolectaron los elementos de convicción que permitieron el procesamiento de los acusados y la posterior elevación de las actuaciones a la etapa de juicio oral.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la acusación, la estructura montada alrededor de la agencia de modelaje Latin American Models habría sido utilizada como pantalla comercial para captar jóvenes en Argentina y Uruguay. La imputación sostiene que la promesa de inserción y desarrollo profesional en el ámbito publicitario o del espectáculo constituía el mecanismo de atracción para luego derivar a las víctimas a situaciones de explotación sexual en eventos, reuniones y encuentros de carácter privado.

Además de Leandro Santos, la nómina de imputados que deberán afrontar el juicio oral incluye a sus hermanos Rodrigo y Micaela Santos, a quienes la investigación atribuye un rol operativo enfocado en el reclutamiento y la selección de las jóvenes a través de la firma comercial. Por otra parte, se encuentra imputado Luis Zanardi, señalado en las actuaciones como la persona encargada de la logística de los encuentros privados, la entrega de dinero a las presuntas víctimas y la coordinación de los traslados. La acusación formal abarca los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas y maniobras de lavado de activos.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)

El juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó una nueva jornada de audiencias con la declaración testimonial de María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal imputada en la causa. Durante su exposición ante el tribunal federal, la imputada rechazó las hipótesis planteadas sobre un posible traslado del menor en su vehículo o un siniestro vial, y solicitó formalmente a la magistratura la realización de un peritaje técnico integral sobre los registros de geolocalización de su teléfono celular para reconstruir de manera precisa el itinerario realizado tras el almuerzo del 13 de junio en la localidad de 9 de Julio.

En el transcurso de su declaración, la imputada reconstruyó los momentos posteriores al encuentro familiar en la vivienda de Catalina Peña, abuela del niño. Según la versión volcada en el expediente, recibió un llamado de la dueña de casa donde se la consultaba sobre la eventual presencia del menor en el trayecto. Tras constatar que el vehículo particular permanecía estacionado en su domicilio, la testigo indicó haber tomado contacto con la policía local y haberse reincorporado más tarde a las labores de rastreo en las zonas de campo adyacentes junto a su grupo familiar.

Asimismo, la exposición incluyó precisiones sobre el procedimiento de allanamiento llevado a cabo en su residencia durante las primeras etapas de la instrucción previa. Al respecto, la imputada sostuvo haber colaborado con los efectivos de las fuerzas de seguridad mediante la entrega voluntaria de los dispositivos de telefonía móvil, prendas de vestir utilizadas durante la jornada y el acceso irrestricto a las distintas dependencias de la propiedad.

En otro tramo de su intervención, hizo referencia a intervenciones previas ante autoridades locales respecto a la problemática de comercialización de sustancias estupefacientes en la zona urbana, aclarando que se trató de informes preventivos e institucionales sobre situaciones observadas en la vía pública y no de denuncias formales dirigidas a personas en particular.

El cronograma fijado por el tribunal prevé la continuidad del debate oral con las declaraciones de tres integrantes de la Policía Federal Argentina —José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw—, quienes intervinieron en las tareas de investigación y fueron convocados a propuesta de la fiscalía federal conducida por Carlos Schaefer. De igual modo, la agenda contempla el testimonio de Jorge Luciano Bertón, quien participó de los operativos de rastrillaje iniciales.

En paralelo al desarrollo de las audiencias, las partes querellantes promovieron nuevas medidas probatorias en el territorio, entre las que se destaca la solicitud para ejecutar el drenaje de dos espejos de agua ubicados en la jurisdicción de 9 de Julio con el objetivo de profundizar las inspecciones oculares en el terreno.

La Justicia confirmó a los jueces que llevarán adelante el juicio contra los miembros de la agrupación Revolución Federal por hechos de violencia previos al atentado contra la ex presidenta Cristina Fernandez.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 serán los encargados a cargo del debate, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los cinco procesados en la causa son Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Lidia Casciano, acusados de incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y hostigamiento.

En septiembre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi presentó el pedido de elevación a juicio contra los miembros de la organización por hechos que incluyeron amenazas, llamados a agresión a través de redes sociales y movilizaciones con antorchas y una guillotina, entre otros.

El magistrado consideró que la organización organizó marchas entre mayo y octubre de 2022 para “imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación, en donde realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas” en contra de las autoridades del entonces gobierno de Alberto Fernández.

Los hechos que serán juzgados son previos al atentado contra Cristina Kirchner, que tuvo entre sus condenados a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes estaban relacionados con Revolución Federal.

La causa también tuvo entre los involucrados a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes eran investigados por haber presuntamente financiado a la entidad. Sin embargo, el juez los sobreseyó.

Ahora, la Justicia continúa con los pasos previos hacia el juicio oral, que aún no tiene fecha para su comienzo.

Fuente: Agencia NA

La decisión judicial se conoció luego de que la fiscalía señalara una contradicción entre los alegatos de incapacidad de la defensa y las recientes presentaciones musicales masivas del imputado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 fijó el inicio del debate para esa fecha, apenas dos días después del recital que el músico tiene programado brindar en la provincia de Tucumán. El proceso continuará con diversas audiencias fijadas durante los meses de agosto y septiembre, donde se analizará la responsabilidad del artista en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018. Según la acusación, Álvarez Congiu mantuvo una discusión con Díaz, a quien le recriminó haber difundido que le había sustraído pertenencias de una mochila. Testigos del caso afirmaron que la víctima intentó agredir al músico, momento en el cual este extrajo una pistola calibre .25 y efectuó cuatro disparos que le causaron la muerte de forma inmediata en un pasillo del complejo habitacional.

Durante el periodo de suspensión, Álvarez Congiu recibió atención en el sector psiquiátrico del penal de Ezeiza y luego fue trasladado a un centro terapéutico en Tortuguitas, hasta obtener el alta para un tratamiento ambulatorio en libertad. Sin embargo, en noviembre de 2025 anunció su regreso oficial a los escenarios, concretando un show en Córdoba el 20 de diciembre de ese año ante más de 40.000 personas, seguido por otra presentación en Rosario el 9 de mayo de 2026.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Sandro Abraldes basó su pedido de reanudación en este comportamiento público. Para la fiscalía, la coordinación cognitiva, el manejo del estrés y la memoria operativa demostradas en conciertos de tres horas de duración evidencian que el imputado posee los recursos necesarios para comprender los actos del proceso y administrar sus derechos, superando el trastorno cognitivo leve diagnosticado.

El cronograma establecido por el tribunal fija audiencias para los días 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, extendiendo las jornadas de debate hacia el mes de septiembre. Las autoridades judiciales evaluaron que la intensa actividad pública del procesado resulta incompatible con los argumentos de incapacidad procesal presentados originalmente por sus representantes legales.

Inminente pedido de captura de "Pity" Álvarez por el crimen de un amigo

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un capítulo de alta tensión en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Durante la séptima audiencia del debate, el tribunal autorizado hizo lugar a un pedido de Laudelina Peña, quien solicitó entrevistarse de urgencia con su hija, Macarena Peña. El encuentro se produjo en un cuarto contiguo a la sala de audiencias luego de que la joven prestara un testimonio clave ante los jueces Fermín Ceroleni y Eduardo Bosch.

Pese a la ausencia momentánea de la imputada en el recinto, la abogada defensora Mónica Chirivín aceptó que la jornada continuara vía Zoom. La ronda de declaraciones de este jueves estuvo marcada por las revelaciones sobre presuntos aprietes y la reconstrucción minuciosa de las horas previas y posteriores al 13 de junio de 2024, momento en que el menor fue visto por última vez.

"Patricia Bullrich se las va a llevar", habría sido la frase intimidatoria utilizada por el abogado defensor según la declaración de la joven. Macarena afirmó que ella se negó desde un principio a participar de la maniobra de encubrimiento y que, días más tarde, acudió a la asesoría de Elizabeth Cutaia para formalizar la denuncia por amenazas ante las autoridades judiciales.

Previamente, la audiencia había sufrido interrupciones debido a las descompensaciones de los involucrados. El imputado Antonio Benítez debió recibir asistencia médica urgente al registrar una presión arterial máxima de 18, lo que obligó a dictar un cuarto intermedio. Posteriormente, la testigo Camila Núñez rompió en llanto tras un cruce con el defensor Enzo Di Tella por aparentes contradicciones sobre el trayecto hacia el naranjal, obligando a reproducir registros de video para refrescar su memoria.

Por último, los tíos maternos del menor, Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, completaron la grilla de testigos. Este último relató que, al dirigirse a la casa de la abuela tras enterarse de la desaparición, cruzó en la ruta a Benítez acompañado por un hombre encapuchado no identificado. El Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio extendido y determinó que el debate presencial se reanudará el próximo martes.

[Con información de Infobae]

El abogado Augusto Lafferriere confirmó que asumirá la defensa de Pablo Laurta en la causa que se tramita en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio. La novedad marca un cambio respecto de la situación planteada semanas atrás, cuando el letrado había revelado que fue designado por el acusado sin haber mantenido contacto previo con él y que aún no había decidido si aceptaría representarlo.

A fines de mayo, en diálogo con Elonce, Lafferriere explicó que tomó conocimiento de la designación mediante una notificación judicial y calificó la situación como "atípica". En aquella oportunidad aseguró que no conocía personalmente a Laurta y que tampoco había mantenido conversaciones con él ni con integrantes de su entorno.

"Generalmente primero tengo un diálogo con el cliente y después se formaliza la designación", había explicado entonces el abogado, quien señaló que antes de aceptar cualquier defensa necesitaba entrevistarse con el acusado y conocer su versión de los hechos.

La defensa quedó encaminada

Ahora, Lafferriere confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que asumirá la representación de Pablo Laurta en la causa entrerriana, aunque aclaró que todavía resta completar algunos pasos procesales para formalizar su intervención dentro del expediente.

Según detalló, el acusado deberá ser trasladado a Concordia para ratificar la proposición de defensor realizada previamente ante autoridades penitenciarias. Además, indicó que el próximo martes 16 de junio se desarrollará una audiencia vinculada a una pericia caligráfica.

"Se hará una audiencia para la formación del cuerpo de escritura", explicó el letrado, medida que permitirá avanzar con la formalización de su designación como defensor.

Una pericia clave para la investigación

La audiencia prevista para la próxima semana está relacionada con una serie de anotaciones en papel que fueron secuestradas durante la detención de Pablo Laurta.

Los investigadores buscan determinar si esos escritos pertenecen al acusado, por lo que solicitaron una pericia caligráfica que permita comparar la documentación secuestrada con muestras de escritura obtenidas oficialmente.

En ese contexto, la fiscalía continúa incorporando elementos de prueba dentro de la investigación. "La fiscalía está recopilando evidencias para luego pedir la remisión a juicio oral de la causa", indicó Lafferriere.

La causa que sigue abierta en Entre Ríos

Mientras la Justicia de Córdoba ya elevó a juicio la causa por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, en Entre Ríos continúa la investigación por el homicidio de Martín Sebastián Palacio.

La causa busca determinar la responsabilidad de Pablo Laurta en el crimen del remisero ocurrido antes de que viajara hacia Córdoba, donde posteriormente se produjeron los asesinatos de su expareja y de la madre de ella.

El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos postergó para el 9 de junio el inicio del juicio oral contra el exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ambos acusados por tentativa de contrabando en Paraguay.

El debate debía comenzar este lunes, pero fue reagendado por disposición del tribunal.

La causa había generado expectativa en los últimos días, luego de que se conociera que Kueider comenzaría a ser juzgado en Paraguay por el intento de contrabando de divisas.

Kueider y Guinsel cumplen arresto domiciliario desde diciembre de 2024, luego de haber sido detenidos cuando intentaban ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

El juicio oral y público comenzará finalmente el 9 de junio y estará a cargo de los jueces Adriana Planás, Elsa García y Matías Garcete.

El tribunal deberá analizar la culpabilidad o no de los acusados, que se exponen a una pena de hasta 2 años y 6 meses de prisión.

Además de este proceso en Paraguay, tanto Kueider como Guinsel enfrentan un pedido de extradición impulsado por la Justicia argentina.

Ambos son requeridos en una causa por supuesto lavado de activos, mientras continúan con arresto domiciliario a la espera del avance judicial en ambos frentes.

Este martes, a las 9.30, inicia en Paraná al juicio oral y público contra Leonardo Airaldi, exdirector de la Sociedad Rural de Diamante, y otros nueve imputados por narcotráfico. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), integrado por las juezas Noemí Berros, Maricel Rojas y el juez José María Escobar Cello, será el encargado de llevar adelante el proceso judicial.

El caso ha generado gran expectación, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por las estrictas medidas de seguridad que se han implementado a raíz de los recientes hechos vinculados a un supuesto plan criminal para atentar contra autoridades judiciales. Se espera que el juicio se lleve a cabo con una seguridad reforzada debido a estos antecedentes.

Detalles del juicio

En la primera jornada del juicio, se leerá la acusación formal contra los imputados, y los defensores presentarán los planteos preliminares, los cuales serán evaluados por el Tribunal. Este será solo el comienzo de un proceso que se extenderá por varios meses, con un total de trece audiencias programadas hasta junio. Durante este período, se prevé la declaración de 52 testigos.

A pedido de la defensa, Airaldi participará de las audiencias de manera virtual a través de la plataforma Zoom, salvo en aquellas jornadas en las que deba prestar declaración indagatoria o participar en actos procesales presenciales.

Traslado a Ezeiza

Se recordará que el viernes el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado inmediato de Leonardo Airaldi al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La medida responde a la inclusión de Airaldi en el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” (SIGPPLAR), un dispositivo que se utiliza para aquellos reclusos considerados de alto riesgo.

La decisión judicial se adoptó luego de que se conociera una denuncia realizada por Daniel Celis, condenado en la causa "Narcomunicipio", en la que se mencionó un supuesto plan del productor agropecuario de Diamante para atentar contra varios funcionarios, entre ellos, el juez federal Leandro Ríos, el fiscal de la causa José Ignacio Candioti, y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.

El fallo, firmado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, estableció que el traslado de Airaldi debe efectuarse en un plazo no mayor a 24 horas. Hasta el momento, el acusado se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú. ElOnce

A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán, la Justicia busca hacerse camino por el laberinto que se abrió detrás de la pista de los “espías”, nacida de la activa red de comunicaciones entre agentes de inteligencia detectada aquel fin de semana, en las horas previas a la tragedia.

En el equipo de investigadores que lidera el fiscal federal Eduardo Taiano consideran casi finalizada la primera parte de este trayecto, aunque todavía vislumbran un largo camino por delante.

Destacan haber concluido con la declaración de un grupo de 80 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –hoy SIDE– y que, sobre la base del cruce de esos testimonios, se solicitó la “desclasificación” de información de inteligencia al Poder Ejecutivo. Una parte fue habilitada y otra no, dijo una fuente del caso a La Nación.

Está previsto continuar con la declaración del personal de inteligencia, pero del Ejército argentino. Son un total de 400 personas, que ya comenzaron a ser citadas. No son testimoniales “comunes” y suelen durar, en promedio, unas seis horas, dijo uno de los investigadores.

La hipótesis que empuja este grupo de medidas es que la muerte del entonces fiscal de la causa AMIA puede estar relacionada con una guerra interna de los servicios de inteligencia.

Una de las principales pruebas en ese sentido es la gran cantidad de comunicaciones entre agentes detectadas por la Justicia aquel fin de semana, que aumentaron de forma exponencial el domingo 18 por la mañana, en las horas previas a que la madre del fiscal, su custodia y un cerrajero consiguieran franquear la puerta de servicio y entrar al departamento de Nisman, en Puerto Madero, publicó el diario La Nación.

La fiscalía, el juez Ercolini y la Cámara Federal dieron por acreditado que su muerte fue producto de un homicidio. La prueba central es el peritaje realizado por Gendarmería, en 2017, que sostuvo que al menos dos personas entraron al departamento del fiscal en las Torres Le Parc, lo redujeron, lo pusieron de rodillas y con la intención de simular un suicidio, le dispararon en la cabeza.

Sin embargo, a más de una década del hecho, no hay indicios claros de quiénes fueron los autores materiales o intelectuales del homicidio.

En este tramo principal del caso, hay cinco procesamientos confirmados: los cuatro custodios que debieron proteger a Nisman durante esas horas y no lo hicieron, porque no estaban; y Diego Lagomarsino, el informático que lo asistía en la investigación por fuera de la estructura de la fiscalía.

Fue quien, en las horas previas a su muerte, le llevó el arma a Nisman (según la versión de Lagomarsino, a pedido del fiscal). Fue vinculado a los servicios de inteligencia por distintos testimonios y está imputado como partícipe necesario.

La tardía intervención del juzgado de turno, la gran cantidad de gente que se presentó y se desplazó por el departamento -algunos de ellos altos funcionarios, como Sergio Berni-, la incorrecta delimitación de la escena, circunscripta solo al baño, y otras desprolijidades, como la falta de un termómetro para medir la temperatura tanto del cuerpo como del lugar, claves para determinar la hora de muerte, son algunas de las irregularidades apuntadas en el informe. Muchas de ellas quedaron capturadas en el registro fotográfico y fílmico que acompañó el procedimiento, consignó el diario La Nación.

Aquel informe añade que, pese a la gran cantidad de personas que desfilaron por el departamento —cerca de 80, dice la fiscalía—, durante ese primer procedimiento pasó inadvertida la existencia de una puerta de metal en la cocina que daba acceso a un espacio compartido con el departamento lindante, de piso enrejado, donde se encontraban instalados los aires acondicionados de ambos departamentos.

En esta causa conexa están imputados el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni; el exjefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo; el exprefecto general de la Prefectura Naval Argentina, Luis Alberto Heiler; el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz; y la fiscal del caso antes de que pasara a la justicia federal, Viviana Fein, máxima autoridad en la escena. Fein fue llamada a indagatoria a fines del año pasado, pero su declaración se pospuso para la última semana de febrero.

En su presentación del 14 de enero de 2015, por la que decidió interrumpir intempestivamente un viaje en Europa, Nisman denunció la existencia de un pacto espurio entre el Gobierno de Cristina Kirchner e Irán. Ese acuerdo, según la acusación, les daría impunidad a los iraníes sospechados de volar la AMIA a cambio de beneficios comerciales para el país y se instrumentalizaría a través de una comisión de investigación.

La denuncia fue desestimada rápidamente por el juez Daniel Rafecas por falta de pruebas, decisión que fue luego confirmada por la Cámara Federal, en un fallo dividido.

Como uno de los elementos centrales de la denuncia figuran las escuchas a referentes de la comunidad islámica, como “Yussuf” Khalil, y dirigentes sociales ligados al kirchnerismo, como Luis D’Elía. Habrían constituido un canal extraoficial entre ambos países para establecer el pacto de encubrimiento.

Para desestimar la acusación, Rafecas sostuvo que el acuerdo entre países no entró en vigencia, porque Irán nunca ratificó internamente el acuerdo, que sí había sido aprobado por el Congreso argentino. Sostuvo también que en las conversaciones interceptadas había elementos que contradecían la acusación, como menciones a que el canciller de entonces Héctor Timerman era “inflexible” respecto al pedido para hacer caer las alertas que pesaban sobre los iraníes, señaló el diario La Nación.

La Casación desanduvo ese camino. En un fallo sin disidencias, la Sala I sostuvo que, por tratarse de una denuncia con un trasfondo de lesa humanidad, existían compromisos especiales de investigación y que la decisión de Rafecas había sido “prematura”. Los autores del fallo, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, resaltaron también que el pacto fue declarado “inconstitucional”.

El juicio oral por el memorándum no tiene aún fecha de inicio y atraviesa un proceso de instrucción complementaria. Una de las cuestiones todavía abiertas es si el exjefe de Interpol, Ronald Noble, declarará como testigo en el debate. Su testimonio es relevante porque corre en contramano a la acusación: Noble aseguró en el pasado que el acuerdo nunca haría caer los pedidos de captura que pesaban sobre los iraníes sospechados de volar la AMIA.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay rechazó una apelación presentada por la defensa del exsenador Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, y confirmó el avance de la causa por contrabando en grado de tentativa. Con esa decisión, quedó firme la convocatoria a juicio oral, que comenzará el lunes 20 de abril de 2026.

El planteo había sido impulsado por los abogados defensores, quienes intentaron que el máximo tribunal revisara resoluciones previas que rechazaron la nulidad de la acusación y el pedido de sobreseimiento. Sin embargo, los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera consideraron que el recurso no cumplía los requisitos mínimos y que se trataba de una vía procesal inexistente, al intentar una “apelación de la apelación”.

Según el fallo, el planteo carecía de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario el análisis de los demás presupuestos formales. La Corte advirtió además que aceptar ese tipo de recursos implicaría habilitar un uso abusivo de las herramientas procesales, en contra de los principios de economía procesal y buena fe, con el riesgo de paralizar indefinidamente los procesos penales.

Kueider y Guinsel están acusados de contrabando en grado de tentativa, una figura que prevé una pena máxima de dos años y medio de prisión. En Paraguay, las condenas a partir de los dos años son de cumplimiento efectivo. La causa se originó tras un procedimiento realizado en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando ambos intentaron ingresar al país USD 200 mil sin declarar. Desde entonces permanecen bajo detención domiciliaria.

Durante el proceso, la defensa solicitó la exclusión como prueba del registro fílmico del operativo en el que fue detenida la camioneta en la que se trasladaban y se secuestró el dinero. Ese planteo fue rechazado en primera instancia por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú y luego confirmado por un tribunal de alzada, decisiones que ahora quedaron ratificadas por la Corte.

Además del juicio por contrabando, el exsenador enfrenta un frente judicial abierto en la Argentina. La Corte paraguaya aún debe resolver un planteo vinculado al trámite de su extradición, solicitada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Esa investigación se desprende de la causa conocida como “Securitas”, en la que se indagan supuestos pagos de sobornos a organismos públicos para obtener contratos de vigilancia, entre ellos la empresa energética entrerriana Enersa. A esto se suma una denuncia por presuntas inconsistencias patrimoniales y otra causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia de Concordia. La superposición de expedientes derivó en un conflicto de competencia que deberá definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según confirmaron fuentes judiciales, Prestofelippo deberá presentarse junto a su defensor, Augusto Laferriere, ante el Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N.º 6, Alejandro Grippo. La acusación estará a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.

Este será el segundo debate oral por el mismo hecho. En mayo de 2024, el juez de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, había absuelto al comunicador. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución y la Cámara de Casación Penal, integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Gustavo Pimentel, anuló el fallo y ordenó realizar un nuevo juicio.

Prestofelippo llevó su planteo al Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero la Sala Penal —conformada por Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia— confirmó la decisión de Casación y rechazó su intento de llegar a la Corte Suprema.

El entonces intendente —hoy senador nacional— presentó una denuncia por instigación a cometer delitos.

En su fallo, la Cámara de Casación cuestionó la absolución inicial, al considerar que el análisis del juez Brugo se basó en argumentos “insuficientes” y en una interpretación incorrecta del tipo penal. Entre otros puntos, el tribunal señaló que la falta de dirección exacta del domicilio no invalidaba la instigación y que el uso del término “recomendar” no alteraba el contenido del mensaje.

La Sala Penal del STJ coincidió con ese criterio y calificó el razonamiento de la sentencia original como “confuso y contradictorio”. Con ese aval, el nuevo juicio quedó confirmado y ahora tiene fecha.

Las audiencias estarán a cargo del juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. La designación se dispuso después de que todos los magistrados de Concepción del Uruguay se excusaran por sus vínculos con María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal y esposa de Orrico.

El avance hacia el debate oral se habilitó tras la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa para apartar al querellante Mario Arcusin. Los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak consideraron que no existía un agravio constitucional y que los planteos ya habían sido respondidos por la Cámara de Casación.

Los defensores de Orrico, Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, habían llegado a esa instancia luego del rechazo de la casación contra la resolución de la vocal Melisa Ríos, que en abril también desestimó el intento de apartamiento. Con el cierre de esa vía, quedó expedita la fijación del juicio oral.

La causa investiga el choque en el que murieron Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; Leandro Almada, de 33; y Axel Rossi, de 23. Los cuatro viajaban hacia el frigorífico Fadel cuando el auto oficial que conducía Orrico —un VW Passat de la Provincia— invadió el carril contrario. El imputado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre y salió ileso del siniestro. El Corsa en el que se trasladaban las víctimas quedó destruido.

En marzo de este año, el juez de Garantías Gustavo Díaz elevó la causa a juicio y confirmó a Orrico como único imputado por homicidio culposo. El proceso que se iniciará en febrero será clave para determinar responsabilidades en uno de los hechos viales más graves registrados en la provincia en los últimos años.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.

Según informaron fuentes judiciales, el procesamiento es por la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, el marido quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente, María Cantero.

La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.

Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ratificó el embargo sobre sus hasta la suma de $ 14.634.220.283.

También se confirmó la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El fallo es de los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los dos últimos conformaron la mayoría. Así, el expresidente queda más cerca del juicio oral y público. (Con información de La Nación)

Morales se encontraba internado en el Hospital Centenario desde el mismo domingo en que sucedieron los hechos en la casa de Raúl Scherer, en Las Mercedes, jurisdicción de Dos Hermanas, a unos 20 kilómetros de Larroque y a unos 45 de Gualeguaychú.

La agresión en la cabeza que recibió para desarmarlo, lo llevó a permanecer varios días internado en la Terapia Intensiva a modo precautorio. Su padrastro lo había golpeado con un fierro de un metro que había en el lugar para evitar que siguiera disparando, en medio de un escenario que terminó con la vida de Raúl Scherer.

Finalmente, el jueves se le otorgó el alta médica, pero la fiscal Emilce Rivollier esperó hasta la mañana de este viernes para realizar la indagatoria. Esa audiencia culminó poco antes de las 10 y Morales decidió adecuarse al derecho de no declarar. Más tarde, poco después de las 11 se realizó en el Juzgado de Garantías de Ignacio Telenta la audiencia para definir su situación procesal y el magistrado ordenó que permanezca detenido por 90 días.

A raíz de un hecho que protagonizó Juan Pablo Franchi, un recluso que escapó de la alcaidía de Concordia, mató a un policía y luego se suicidó en un hotel de Colón al verse rodeado por la Policía, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso en una Acordada del 2015 que las personas con prisión preventiva no pueden permanecer más de 30 días en dependencias policiales. Por esta normativa, Telenta dispuso que Morales sea trasladado a la brevedad a la Unidad Penal 9 para cumplir en ese lugar la medida preventiva mientras se avanza en la Investigación Penal Preparatoria.

La fiscal Rivollier lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma. Se trata de una figura que prevé una pena de prisión efectiva entre los 8 y los 25 años. Morales, de 29 años, tiene como único antecedente una causa por delitos contra la propiedad de hace varios años y luego denuncias por causas de violencia de género, que fueron radicados por su anterior pareja y con quien inició la discusión en la fiesta familiar del sábado que terminó con el homicidio del dueño de casa.

La Investigación Penal Preparatoria ha avanzado con la toma de declaraciones de muchas de las personas que esa madrugada estuvieron presentes en la celebración y fueron testigos de cómo se desarrollaron los hechos. Entre ellos, el hijo de la víctima, que también fue amenazado de muerte por Morales, y el padrastro del imputado, que lo golpeó con el fierro porque “estaban todos en peligro”.

A la Fiscal aún le resta tomar varias testimoniales más, además de realizar la pericia psiquiátrica al imputado, y pericias sobre el arma y otros informes, que servirán para engrosar las pruebas que serán presentadas en el juicio oral.

A partir de las 9:30 de este jueves 6 de noviembre se inicia el juicio oral por los denominados “Cuadernos de las Coimas”, considerado el expediente más voluminoso de la historia judicial argentina en materia de corrupción. La causa, que acumula 86 imputados —60 de ellos empresarios—, apunta a una presunta red de recaudación ilegal que habría funcionado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La audiencia inaugural, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, se desarrollará hasta las 14:30. Luego de la verificación de las partes, comenzará la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Cristina Fernández de Kirchner participará de manera remota, a través de la plataforma Zoom.

La fiscal general Fabiana León calificó el caso como “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se haya realizado en la historia judicial argentina y comparable con muy pocas en el mundo”. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a contratistas del Estado, con epicentro en el Ministerio de Planificación Federal.

El fiscal Carlos Stornelli, al elevar la causa, detalló un mecanismo sostenido por funcionarios y empresarios que garantizaban la adjudicación de contratos públicos a cambio de retornos millonarios. Entre los principales acusados figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Ricardo Jaime, además de exdirectivos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Según el dictamen, Cristina Kirchner habría tenido el rol de jefa de la organización, al igual que su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Ambos habrían permitido el funcionamiento de un sistema de recaudación paralelo al Estado, mediante el cual empresarios de la construcción y el transporte pagaban sobornos para obtener beneficios en la obra pública.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la red funcionaba con dos vertientes: una integrada por funcionarios encargados de retirar el dinero y otra por intermediarios que facilitaban los pagos. Los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que registraban entregas de dinero y fechas precisas, constituyen la principal prueba documental del expediente.

Se prevé que la lectura de las acusaciones se extienda entre cuatro y cinco audiencias. Luego, el tribunal definirá el cronograma de declaraciones y la modalidad de intervención de los acusados.

El proceso judicial se anticipa extenso y con fuerte impacto político, al involucrar a una expresidenta, exministros y a gran parte del empresariado de la obra pública durante más de una década.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) declaró inadmisible el recurso de impugnación extraordinaria interpuesto por la defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico, imputado por causar cuatro muertes en un siniestro vial ocurrido el año pasado en la ruta 39 en el Departamento Uruguay. La decisión, emitida este lunes, pone fin—por ahora—al persistente intento de la defensa de deslegitimar y excluir a la parte querellante del proceso judicial.

El eje central de la disputa legal, impulsada por Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, ha sido la supuesta invalidez de la acusación privada y la nulidad de la intervención de la querella. La defensa buscó insistentemente que se tuviera a la querella por desistida, aplicando una serie de artículos del Código Procesal Penal (CPP). Sucede que Mario Arcusin, querellante en la causa, se convirtió una piedra en el camino para frenar cualquier tipo de salida alternativa o pena que sea de cumplimiento condicional.

Los defensores alegaron que el requerimiento acusatorio privado carecía de autosuficiencia, no cumplía con los requisitos de precisión y congruencia exigidos por el CPP, e incluso introducía modificaciones sustanciales al hecho atribuido originalmente a Ruiz Orrico. Sostuvieron que esta situación generaba una afectación al principio de congruencia y una indefensión material, obligando al imputado a enfrentar una acusación distinta a la inicial.

Los planteos de la defensa habían sido previamente rechazados tanto por la Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Melisa María Ríos, como por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que determinó que la querella demostró inequívocamente su voluntad acusatoria.

Precisó que la querella compareció expresamente para solicitar la remisión de la causa a juicio, adhirió a toda la prueba propuesta por la Fiscalía y se remitió a la acusación del Ministerio Público, a pesar de intentar, incluso, una calificación más gravosa.

Los vocales judiciales consideraron que sostener la exclusión de la querella por los motivos propuestos por la defensa implicaría una interpretación “exegética y sacramental”, apartada de la interpretación amplia que imponen las normas, tratados internacionales y la Constitución Nacional.

Además, se aseveró que la exclusión del querellante implicaría una lesión a derechos que tiene garantizados, citando la obligación del Estado de proveer protección judicial según el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La justicia concluyó que el imputado conocía de antemano las pretensiones acusatorias y ha podido ejercer su derecho de defensa en todo momento. Por lo tanto, el embate defensivo contra la validez de la acusación privada fue calificado como una simple disconformidad o una “hábil reedición de planteos anteriores”.

El choque fatal

Ruiz Orrico está imputado en un gravísimo hecho: un choque que protagonizó el 20 de junio de 2024 y en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores, ocurrido en la ruta 39, en jurisdicción del departamento Uruguay. La causa, caratulada «Ruiz Orrico Juan Enrique s/ Homicidio culposo agravado”, fue elevada a juicio el 25 de marzo de 2025 con la firma del juez de Garantías de Uruguay Gustavo Díaz.

En aquel choque fatal que protagonizó Ruiz Orrico -un día feriado conducía de madrugada un vehículo oficial que embistió de frente al Chevrolet Corsa en el que cuatro jóvenes de Basavilbaso se dirigían a trabajar al Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, Leonardo Almada, Axel Rossi, y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre- se comprobó después tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre, y por eso la calificación legal del fiscal Eduardo Santo: homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. Aunque el pedido de condena es de cinco años y medio. Ahora

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes un recurso de la defensa de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, a raíz de un error en la vía procesal utilizada por su abogado.

El nuevo defensor de Benicelli, Carlos Alberto Manuel Attías, hizo un planteo en el que buscaba que se revocara la condena de su asistido bajo el argumento de que no había contado con una defensa adecuada durante el juicio.

Las críticas del letrado apuntaban al desempeño de Hugo Tomei, abogado que representó a todos los acusados en la etapa de instrucción y en el juicio oral. Según Attías, existía una violación al derecho de defensa técnica, dado que entre los ocho imputados había intereses contrapuestos.

Sin embargo, el recurso de queja fue presentado directamente ante la Corte Suprema de la Nación, cuando debía ser interpuesto previamente ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense mediante un recurso extraordinario federal, explicaron fuentes del caso.

La omisión de ese paso resultó determinante para que el máximo tribunal nacional rechazara la presentación.

La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, explicó: “Que el recurso de queja ante la Corte tiene lugar cuando se ha interpuesto y denegado una apelación –ordinaria o extraordinaria– para ante el Tribunal sin que en el caso bajo examen se haya dado cumplimiento con dicha exigencia”.

El fiscal Christian Fabio solicitó una condena de 20 años de prisión para Claudio Contardi, exesposo de la actriz y conductora Julieta Prandi, a quien acusó de haber cometido reiterados abusos sexuales agravados durante la convivencia en el domicilio conyugal. “Julieta, la víctima, no mintió”, afirmó el fiscal en su intervención ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana.

Durante el alegato, Fabio pidió al tribunal que dicte un fallo condenatorio: “Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No queda dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala. Por ello, solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la víctima”.

El representante del Ministerio Público detalló los hechos que, según la acusación, ocurrieron entre 2015 y 2018, cuando la pareja convivía en el barrio privado Septiembre, en Escobar.

“Señores jueces, para esta fiscalía no quedó ninguna duda: quedó debidamente demostrado que por el año 2015, posterior al 28 de julio, hasta marzo de 2018, fecha en que se mudan a Martínez, el señor Contardi en oportunidad de estar en pareja con Prandi, durmiendo en la habitación del domicilio conyugal del barrio privado Septiembre, en Escobar, en horas de la noche abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, ejerciendo amenazas violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer estando en una relación asimétrica de poder", afirmó Fabio.

A lo largo del juicio, Prandi expuso con detalle los abusos, y según el fiscal, su testimonio fue corroborado por distintas pruebas y contextos. Para la acusación, “se acreditó la violencia física, económica y psicológica que declaró Prandi”.

“Julieta estaba en un grado de vulnerabilidad tal que era aprovechado por su pareja. Julieta puso en palabras en esta audiencia [cuando declaró como testigo] todos los episodios de la manera en la que pudo. En cinco palabras: su vida fue un infierno”, expresó Fabio, al trazar un panorama de lo vivido por la actriz durante los años de convivencia.

El fiscal hizo hincapié en la validez del testimonio de Prandi, a pesar de no haber otros testigos presenciales de los abusos. “Señores jueces, tengo que señalar que estos dichos de Julieta no son huérfanos. Todos sabemos en el mundo del derecho lo que ocurrió en la clandestinidad, dentro de cuatro paredes, solo presencia de la víctima y el victimario es un caso de testigo único”, remarcó Fabio.

El alegato marcó un punto crucial en el juicio oral contra Claudio Contardi, quien enfrenta una acusación que contempla agravantes por el daño psicológico causado. Ahora, el tribunal deberá deliberar y definir el futuro del acusado.

La sentencia se espera para los próximos días, en un caso que ha tenido amplia repercusión pública y mediática desde su inicio, dada la notoriedad de la denunciante y la gravedad de los hechos imputados.

Con esta decisión, se revocaron medidas adoptadas por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien había rechazado conceder apelaciones sobre cuestiones sustanciales debatidas durante la audiencia del pasado 30 de junio. Entre ellas, sobresalen el rechazo de pedidos de sobreseimiento, objeciones por falta de causa probable, solicitudes de recalificación legal y el diferimiento del tratamiento de excepciones como la prescripción o la falta de legitimación.

¿Qué implica esta resolución?

La medida implica un nuevo freno al avance de la causa, cuya audiencia de remisión a juicio se encuentra suspendida desde el 21 de julio, a la espera de la resolución de estos planteos. Es, además, otro capítulo en la extensa saga judicial que investiga un presunto fraude al Estado provincial estimado en 53 millones de dólares entre los años 2008 y 2018.

Los acusados y la estrategia defensiva

Entre los abogados que promovieron los recursos que ahora fueron admitidos, figuran nombres conocidos del fuero penal entrerriano:

Emilio y Germán Fouces (defienden a Cardoso, Lázaro y Schneider); Victoria Halle (Speroni y Pagnoni); Tomás Vírgala (Faure); Miguel Ángel Cullen (representa a 8 imputados, entre ellos Aguilera y Almada); Iván Vernengo y Damián Petenatti (Bilbao); Pablo Hawlena Gianotti y Cullen (De Breuil)

De los 32 imputados originales, actualmente 18 siguen procesados. El resto accedió a probation, juicios abreviados o fueron sobreseídos. La causa sigue apuntando a una presunta asociación entre funcionarios, empleados legislativos, estudios contables y particulares que, mediante contratos simulados, habrían sustraído millonarios fondos públicos.

¿Qué sigue?

El nuevo escenario procesal obliga a reprogramar el calendario judicial y revisar nuevamente decisiones que estaban cerca de permitir la elevación a juicio oral. La defensa gana tiempo y margen para continuar cuestionando aspectos clave del proceso, mientras el Ministerio Público Fiscal deberá responder en una causa que ya lleva años sin sentencia.

En suma, el fallo de Castagno representa otro revés para la acusación y evidencia las complejidades procesales de un expediente que expone las fallas sistémicas en el control del gasto público y la fiscalización del personal en la Legislatura de Entre Ríos.

El 12, 13 y 14 de agosto, Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se sentarán ante un tribunal. Será un hecho histórico: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un juicio por la caza de un yaguareté. El caso podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.

Sucedió a fines de julio de 2024, en un campo ubicado en Ibarreta— localidad del departamento Patiño— al sudeste de la provincia de Formosa. Todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera. El animal, que formaba parte del sustento diario de varias familias, se había extraviado hacía dos días. Ante su ausencia, Máximo Cisneros (61), dueño del lugar, les pidió ayuda a Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) —tres changarines que trabajaban realizando deslinde y limpieza de alambrados en la zona— para encontrarla.

Los cuatro hombres salieron en busca de la vaca con sus perros y la encontraron muerta. Cerca de los restos del animal —explicaron más tarde— apareció el yaguareté. Nunca antes habían estado frente a uno. Habían oído hablar de él, habían visto sus huellas en el monte, pero era la primera vez que lo tenían tan cerca. En ese momento, según contaron, los perros comenzaron a enfrentarse con el animal y la situación se les fue de las manos. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, explicó Viterman. “Nosotros somos hombres de campo, estamos acostumbrados a trabajar con animales ariscos, pero nunca vimos un bicho tan poderoso como ese. A la vaca se la comió”, sumó Hugo.

De acuerdo con su relato, actuaron por miedo. Usaron una escopeta vieja que llevaban con ellos y le dispararon. En el expediente judicial figura que fue Claudio quien ejecutó el disparo fatal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”. De acuerdo con la ley, podrían recibir tres años de prisión.

Poco después de matar al animal, los cuatro hombres se fotografiaron sonrientes junto al animal. Las imágenes “fueron tomadas por unos vecinos”.

El 27 de julio de 2024, las fotos del yaguareté —maniatado, colgado y despellejado— llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY). Fue ella quien denunció el hecho. La gravedad del caso justificó la intervención inmediata de la Justicia: el yaguareté está protegido por la Ley 25.463, que lo declara Monumento Natural Nacional. Apenas quedan 20 ejemplares en el Gran Chaco argentino.

Dos días después de que se radicó la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. Durante el operativo, el dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia en compañía de sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos: primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre pasado obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

La causa, calificada como caza de animales silvestres cuya captura está prohibida, agravada por la participación de tres o más personas, fue elevada a juicio en diciembre de 2024. El 12, 13 y 14 de agosto, los cuatro se sentarán ante un tribunal. Será un hecho histórico: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un juicio oral por la caza de un yaguareté. El caso podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.

A diferencia de Máximo Cisneros, que espera el juicio en libertad, ellos lo hacen con prisión domiciliaria. Así lo decidió la Justicia luego de que pasaron más de un mes sin comparecer y ante la existencia de una orden de captura nacional. Hoy tienen permiso para salir a trabajar entre las 7 y las 15 horas, como parte de un régimen de salidas laborales autorizado por el juzgado. Sus abogados solicitaron una ampliación de ese horario, pero la respuesta aún está pendiente.

Durante la entrevista, Hugo fue el primero en tomar la palabra. “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijo. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, siguió Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.

Los tres hombres —padres de familia y sin estudios formales— se definieron como amigos de toda la vida y compañeros de changas en el monte. “En el campo de los Cisneros nosotros hacíamos madera y la vendíamos. ‘Changábamos’, como se dice, a la vuelta de los vecinos. Algunos nos pedían 100 o 500 metros de alambre, íbamos y lo hacíamos. Otros querían limpiar una picada (NdR.: eliminar vegetación, maleza y otros materiales), íbamos y lo hacíamos. Esos son nuestros trabajos, otra cosa no tenemos”, explicó Hugo.

Y siguió: “Para llegar a muchos lugares, desde la casita de los Cisneros, teníamos como tres kilómetros. Entonces nos íbamos en un carro con mulas y llevábamos nuestras cosas para armar el campamento y pasar la semana”. En ese contexto estaban el día que la causa tomó estado público. “Cuando se hizo el allanamiento estábamos en el monte trabajando con motosierras. Después, cuando nos enteramos, no sabíamos qué hacer. Teníamos un celular chiquitito, de esos negros, y había que salir a la ruta a buscar señal para comunicarnos con nuestras familias. Nos asustamos. Nunca pasamos por algo así”, dijo Claudio.

De cara al juicio oral, los tres acusados aseguran estar arrepentidos y sostienen que actuaron en legítima defensa. Lo que más los angustia hoy es su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, sumó.

Sus abogados destacan que el régimen de salidas laborales que consiguieron les permitió, al menos, intentar reconstruir algo del día a día. Pero advierten que las ocho horas disponibles muchas veces no les alcanzan. “Los lugares donde trabajan están lejos. Tienen que ir, volver, y a veces no pueden salir si llueve. Por eso pedimos una ampliación del horario. Todavía no fue resuelta, pero seguimos insistiendo”, explicaron a este medio.

El proceso también marca un precedente por otro motivo: es la primera vez en la historia judicial argentina que una ONG ambientalista es aceptada como querellante en una causa por la muerte de fauna silvestre. Se suman la Administración de Parques Nacionales y la Fiscalía de Formosa.

En diálogo con Infobae, Lodeiro Ocampo recordó que en 2023 hubo un antecedente en Clorinda, también en Formosa, donde otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 de pesos.

Antes de que la Justicia provincial lo confirmara, desde la Red Yaguareté ya sabían de qué ejemplar se trataba. Las manchas del animal funcionan como huellas digitales: cada uno tiene un patrón único. Según explicó Lodeiro Ocampo, las que encontraron en las fotografías que recibieron coincidieron con uno de los cinco ejemplares registrados en Formosa. Ahora quedan cuatro.

Consultado por este medio, Lodeiro Ocampo reconoció que un yaguareté puede reaccionar si es molestado mientras se alimenta, pero aclaró que ese tipo de encuentros con humanos son excepcionales. “No existen prácticamente ataques si no hay una situación de agresión previa. Lo que ocurrió puede pasar, pero no es la norma. Si lo fuera, tendríamos personas muertas todos los meses”, dijo, y trajo a colación un único caso ocurrido en los años noventa, también en Formosa, en el que murieron un yaguareté y un hombre, tras una situación similar.

Pero su preocupación no es solo por lo que pasó, sino por lo que puede seguir ocurriendo. “La especie está en peligro crítico de extinción y, ante la magnitud que cobró el caso, va a ser muy difícil que volvamos a ver un yaguareté muerto en Formosa. Lo van a matar y no nos vamos a enterar porque lo van a enterrar”, advirtió. Para Lodeiro Ocampo, la clave está en implementar un programa de convivencia entre yaguaretés y comunidades rurales: “Históricamente, este conflicto siempre se resolvió con sangre y bala, y con la extinción del yaguareté. El yaguareté vivía hasta el Río Negro y lo fuimos corriendo”.

En la misma línea, Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, advirtió: “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”.

Hoy se estima que en todo el país hay alrededor de 250 ejemplares, divididos en tres poblaciones distintas: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña —casi exclusivamente en el Chaco seco— y porciones de la selva misionera, en el corredor verde. “Nos alegramos cuando aparece uno nuevo, pero no festejamos demasiado porque sabemos que tiene los días contados. Los yaguaretés llegan esquivando balas y se van esquivando balas hasta que una los cruza y los mata”, explica el director de Red Yaguareté.

Por eso, dice, si este juicio logra una condena, aunque la pena sea leve, el mensaje será fuerte. “Queremos que les apliquen la pena máxima, aun cuando eso implique que después queden libres. De esa manera podremos trabajar sobre la Ley 22.421, de Conservación de la Fauna, que está vieja y obsoleta. Hay un proyecto para modificarla y subir las penas, pero necesitamos que se lo trate en el Congreso de la Nación. Ya fracasaron siete intentos”, cerró.