Con el antecedente de su par nacional, el diputado Guillermo Michel, cargó la responsabilidad del archivo de los pedidos de juicio político a intereses del Gobierno.

El senador provincial peronista por el Departamento Uruguay, Martín Oliva se hizo eco de las declaraciones de su par nacional, el diputado Guillermo Michel, y opinó sobre el archivo de los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, que firmaron un docente jubilado y una ONG provincial, por desestimados argumentos sobre inasistencias sin justificar y un atraso en los expedientes que llegaron a su despacho como integrante de la Sala Laboral del Alto Cuerpo de Justicia. Hubo un tercer pedido que fue desestimado in límine por insostenible.

Oliva, en declaraciones que realizó a Radio Plaza sostuvo, respecto del fracaso del juicio político, que “llegado el caso iba a estudiar y analizar punto por punto para tomar mi decisión y al momento de votar hacerlo en base a eso. Yo tenía que estudiar mucho y asesorarme, además de escuchar a la persona, porque me faltaba información para tomar una posición. De todos modos, creo que todos los que estamos en los niveles de gobierno tenemos que estar y si nos llaman, dar explicaciones”.

Respecto del proceso llevado adelante y el cambio de postura del oficialismo, admitió que “a todos nos llamó la atención. No conozco mucho la dinámica, me puse a revisar lo que había pasado otras veces donde en un caso no prosperó y en los dos últimos casos los vocales renunciaron. A todos nos llamó la atención y eso no se puede negar, pero hay que ver cuánto había de runrún y lo que pasó; pero en este caso los que llevaban la voz cantante son del oficialismo. Lo manejó el oficialismo y las idas y venidas que pudo haber tenido esto, no se las pueden endilgar al PJ de ninguna manera”. (Fuente: APFDigital)

Este lunes a las 11 venció el plazo que tenía la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia para realizar la convocatoria a sus integrantes para abordar el dictamen de mayoría que rechazó los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, y en consecuencia los pedidos se archivaron, según precisaron allegados al complejo y poco claro proceso que comenzó con una denuncia por supuestas ausencias injustificadas de la jurisdicción por capacitaciones en el país y el exterior y continuó con otra por un aludido atraso en el despacho de la vocal que se desempeña como presidenta de la Sala N.º 3 del Trabajo.

Hubo una tercera denuncia posterior que se rechazó in limine en la sesión especial de la Cámara Baja que se realizó el 26 de diciembre. La firmó Marta Cecilia Miño, abogada y contadora, que fue escribiente titular de la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Denunció que fue víctima de mobbing (acoso laboral), signado por razones discriminatorias y de persecución por razones políticas.

La no convocatoria de la Comisión a sus integrantes tiene un antecedente. Fue el 23 de diciembre, cuando la comisión de investigación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento emitió un dictamen de mayoría que determinó que “de las denuncias examinadas se observa que no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”.

Asimismo, se señaló respecto de las ausencias aludidas que “no es una cuestión opinable ni valorativa: se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional” y se consideró que “las denuncias examinadas, en definitiva, no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones”.

Prueba inexistente

El dictamen del 23 de diciembre consideró que “… por ello, del análisis exhaustivo, integral y razonado de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada —y, especialmente, de la prueba inexistente—así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, podemos concluir que no admite matices ni ambigüedades: las presentaciones bajo examen no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.

En otro párrafo se aseguró que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata, antes bien, de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”. (Fuente: APFDigital)

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos no realizó ninguna convocatoria para tratar el dictamen que rechaza los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo. La falta de citación para este lunes profundizó las críticas de la oposición y alimentó la hipótesis de que el oficialismo apunta a dejar correr los plazos para que el expediente quede archivado.

Para que el cuerpo legislativo pueda sesionar se requiere la presencia de al menos 26 de los 34 diputados. En ese esquema, el oficialismo necesita indefectiblemente el acompañamiento de legisladores del PJ para alcanzar el quórum. Sin embargo, desde el bloque justicialista adelantaron que no están dispuestos a habilitar el tratamiento del dictamen mayoritario, que propone rechazar las denuncias.

El dictamen fue elaborado por los diputados oficialistas sobre la base de los descargos presentados por Medina de Rizzo y su defensa. Según se cuestionó desde la oposición, el texto se cerró sin analizar en profundidad más de mil fojas remitidas por la administración del STJ, ni el informe de Migraciones sobre los viajes realizados por la magistrada, ni un anexo del Tribunal de Cuentas que no había llegado en tiempo y forma.

En los días previos, el documento de 21 páginas circuló entre los integrantes de la comisión sin recibir modificaciones, pese al rechazo explícito del peronismo. Desde ese bloque se aseguró que no habrá votos para acompañar el dictamen y que la estrategia del oficialismo consiste en evitar el debate hasta que venzan los plazos legales, que expiran el 5 de enero.

En ese contexto, también se mencionaron fuertes presiones políticas para garantizar el rechazo del juicio político. Legisladores del PJ advirtieron que el gobernador Rogelio Frigerio habría intervenido para ordenar a su bloque y, además, intentar sumar adhesiones opositoras, algo que fue descartado de plano por el peronismo.

Durante la última sesión fallida, la presidenta de la comisión, Gabriela Lena, sostuvo que el tema se trataría “en una próxima sesión”, sin precisar fecha. La indefinición refuerza la posibilidad de que no haya convocatoria antes del vencimiento de los plazos y que el caso pase directamente al archivo.

Mientras tanto, en ámbitos políticos y judiciales circulan versiones sobre una eventual renuncia o inicio de trámites jubilatorios por parte de Medina de Rizzo, aunque también hay quienes aseguran que continuará en el cargo. La falta de definiciones legislativas mantiene abierto un escenario de fuerte tensión institucional y cuestionamientos al funcionamiento del mecanismo de control sobre los integrantes del máximo tribunal provincial.