El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Capital Federal dispuso no hacer lugar a las peticiones planteadas por la representación legal de Cristian Gabriel Álvarez Congiu, en la causa donde se investiga el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano.

Durante el desarrollo de la jornada judicial, el equipo letrado integrado por los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro fundamentó dos solicitudes principales: por un lado, la nulidad del debate y la consecuente suspensión de las actuaciones bajo el argumento de que el imputado no se encuentra en condiciones cognitivas ni psíquicas para afrontar el juzgamiento; por otro lado, el cambio de modalidad procesal para habilitar la realización de un juicio por jurados populares.

Los jueces integrantes del tribunal, Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, resolvieron desestimar ambos requerimientos. Ante este pronunciamiento, la defensa del acusado ratificó que presentará un recurso ante la Cámara de Casación Penal y promoverá una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De igual modo, los profesionales confirmaron la presentación de un planteo en la justicia federal en base a presuntas irregularidades vinculadas a la validez del procedimiento.

La representación técnica del imputado sostuvo sus argumentos citando informes emitidos con anterioridad por el Cuerpo Médico Forense, los cuales aludían a un deterioro psico-orgánico de carácter grave. En esa línea, la defensa insistió en la necesidad de incorporar estudios médicos de alta complejidad al expediente para verificar el estado de salud actual del procesado.

Pese a los reclamos formulados por la parte defensora y las incidencias surgidas durante la audiencia presencial, la magistratura resolvió dar continuidad al cronograma establecido para el debate oral. La jornada continuó según lo previsto con la toma de declaraciones a los integrantes de las fuerzas de seguridad convocados en calidad de testigos para aportar precisiones sobre las actuaciones iniciales llevadas a cabo en la escena del hecho.

La sentencia fue dictada luego de la audiencia de cesura realizada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 12 de junio, al término de cinco jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Gualeguaychú.

Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Martina Cedrés, mientras que la defensa técnica del imputado fue ejercida por el defensor oficial Matías Lonardi. Por tratarse de un proceso vinculado con delitos contra la integridad sexual, el juicio se desarrolló a puertas cerradas, con el fin de resguardar la intimidad de las personas involucradas.

Cabe que destacar que, este fue el 164° juicio por jurados realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento.

La investigación por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una nueva instancia de relevancia con la declaración de tres enfermeros que integraron el equipo encargado de asistir al exfutbolista durante su internación domiciliaria en el country San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez.

La audiencia se desarrollará en los Tribunales de San Isidro, donde se lleva adelante el juicio que busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud imputados por la atención brindada al ex capitán de la Selección Argentina antes de su fallecimiento.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, los testigos convocados son Aldo Arnez Zenteno, Tamara Débora Mansilla y Diana Loreley Cáceres, integrantes de Medidom, la empresa de cuidados domiciliarios contratada por Swiss Medical para asistir a Maradona durante su recuperación.

Los tres enfermeros participaron de las tareas de seguimiento cotidiano del paciente y formaban parte del denominado grupo de WhatsApp “Tigre”, una de las pruebas incorporadas al expediente judicial. En ese espacio de comunicación se compartían informes sobre la evolución de Maradona, el control de sus signos vitales, la administración de medicamentos y distintos aspectos relacionados con su estado de salud y ánimo.

La información intercambiada en ese grupo ha sido considerada relevante por los investigadores para reconstruir cómo fue la atención médica brindada en los días previos al fallecimiento del exfutbolista.

Todos ellos están imputados en la causa junto al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. La acusación es por presunto homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre ocho y veinticinco años de prisión.

La única excepción es Dahiana Madrid, quien enfrentará un proceso separado mediante un juicio por jurados populares.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

En la última audiencia, el médico clínico Pedro Di Spagna solicitó declarar para responder a afirmaciones realizadas previamente por Leopoldo Luque. Durante su exposición sostuvo que su rol era únicamente el de médico interconsultor y que las decisiones vinculadas al tratamiento correspondían a los profesionales responsables de la atención principal del paciente.

“Él era el médico de cabecera. Los médicos interconsultores solamente podemos sugerir. La decisión final es de los médicos tratantes”, expresó ante el tribunal.

Los testimonios previstos para este jueves son considerados importantes por las partes debido a que podrían aportar nuevos detalles sobre el seguimiento médico diario y el funcionamiento del equipo que acompañó a Maradona durante su internación domiciliaria.

Fuente: Agencia NA

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, condenó hoy a E.D.A a 18 años de prisión efectiva más las accesorias legales por hallarlo “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años y la guarda, reiterado y en concurso real”.

El hombre, fue juzgado por un jurado popular que lo halló “culpable” al término de un juicio que se desarrolló en Victoria, entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, en la sede del Colegio de la Abogacía, y se llevó adelante a puertas cerradas por tratarse de delitos contra la integridad sexual.

El magistrado, quien dirigió el debate oral y la posterior audiencia de cesura, también impuso al imputado prisión preventiva domiciliaria con autorización de salidas laborales en días, horarios y a lugares determinados y dictó medidas de protección hacia todas las personas vinculadas las que subsistirán hasta que el pronunciamiento se torne ejecutorio.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el abogado Eduardo Horacio Guaita, mientras que las defensoras públicas María Emilia Terraza y Agustina Quattrochi ejercieron la defensa técnica del imputado. En representación del Ministerio Público Pupilar intervino el defensor público Gustavo Piquet.

Se trató del centésimo sexagésimo juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Fuente: Ahora

La muerte de Iván Pérez significó un caso emblemático para la ciudad del carnaval, porque tuvo distintos condimentos que la hicieron especial. Se trató de un caso de gatillo fácil, donde el imputado era un policía y la víctima era un joven con antecedentes policiales por hechos de robos y hurtos. Pero además, fue el primer juicio por jurados que se desarrolló en Gualeguaychú y el primero en quedar estancado, porque no hubo un veredicto de unanimidad.

Para el segundo juicio la situación fue diferente: hubo unanimidad y se condenó a Mauricio Gómez a una pena de 17 años de cárcel. Pero allí se inició un proceso recursivo que el abogado defensor Alfredo Vitale llevó a la Cámara de Casación Penal de Concordia en primer término, donde no tuvo aceptación, y más tarde ante el máximo órgano de Justicia de Entre Ríos, donde pasó exactamente lo mismo.

En esta sentencia que se conoció esta semana en torno al caso, Vitale había hecho mención sobre la imposibilidad de usar las filmaciones del primer juicio en marzo de 2021 y/o remitirse a lo que había sucedido en ese debate que se realizó en el centro de Convenciones. En la sentencia del Superior Tribunal de Justicia se señaló que el sistema acusatorio vigente se basa en oralidad, inmediación y contradicción: solo vale la prueba producida ante el jurado del juicio, y que las declaraciones de un juicio anterior “estancado” no son prueba válida ni pueden incorporarse al nuevo debate.

Además, se hizo saber que la defensa tuvo oportunidad de controlar la prueba mediante el contrainterrogatorio y se especificó que admitir esos videos a los que hacía mención Vitale habría violado la inmediación y las reglas del juicio por jurados. Por lo cual, se concluyó que no hubo afectación del derecho de defensa.

En resumen, los integrantes del Tribunal rechazaron el recurso presentado porque entendieron que no se probó violación al derecho de defensa, la exclusión de las filmaciones fue correcta según el sistema de juicio por jurados, la calificación legal aplicada era válida y los agravios a los que hizo mención la defensa se trataron de discrepancias, pero no arbitrariedades.

Gómez se encuentra condenado, pero en libertad y a la espera de la firmeza de la sentencia. Actualmente radicado en Concepción del Uruguay puede iniciar un camino legal ante la Corte Suprema de Justicia, pero debe ser la justicia entrerriana la que otorgue el permiso de hacerlo y si ello no ocurriera puede hacerlo en queja, pero es un camino difícil y costoso, y está más cerca de cumplir con lo dispuesto en el juicio realizado en 2023 en Gualeguaychú.

Este viernes, un jurado popular declaró “no culpable” al ex jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Enrique Querencio, en el juicio por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual agravado. El veredicto se conoció tras cuatro jornadas de debate a puertas cerradas, dado que se trataba de delitos contra la integridad sexual.

La jueza técnica Clara Mondragón Pafundi dispuso la inmediata libertad del imputado, quien se encontraba bajo arresto domiciliario. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Mauro Jaume Blanco y Evelina Espinosa, mientras que la defensa fue ejercida por Eduardo Gerard y Betiana Albarenque.

Este fue el juicio por jurados número 156 realizado en Entre Ríos desde la implementación del sistema.

Querencio había sido condenado en 2023 a 12 años de prisión por abuso sexual de una menor, pero el Superior Tribunal de Justicia anuló el fallo en abril de 2024. El STJ consideró que, al modificarse la calificación legal del hecho, debía realizarse un nuevo juicio bajo la modalidad de jurado popular.

La causa fue remitida a la Oficina de Gestión de Audiencias y derivó en la jurisdicción de Chajarí, donde finalmente se desarrolló el proceso que concluyó con la absolución del excomisario. Fuente: Análisis Digital

La discusión se originó el año pasado y durante gran parte del 2025 se trató de establecer si realmente los hechos que denunció una mujer que actualmente tiene casi 30 años, estaban prescriptos o no.

La joven relató en su denuncia que su padre abusó de ella cuando tenía 13 y 14 años, mientras cursaba el 2º año de la escuela secundaria, con manoseos, tocamientos y sexo oral. El fiscal Gutiérrez investigó esa denuncia, obtuvo pruebas incriminatorias y requirió la elevación del Legajo a juicio.

En la audiencia realizada ante el juez de Garantías, Ignacio Telenta, enumeró las pruebas que tenía contra el imputado, pero el defensor invocó que los hechos investigados estaban prescriptos. En esta ocasión, Telenta entendió que la acción penal estaba vigente y elevó el caso a la órbita del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú para que se realice un juicio por jurados, pero el defensor decidió apelar esta decisión.

El caso recayó en uno de los miembros del Tribunal, que debía decidir sobre el planteo de prescripción. El juez Arturo Dumón entendió que el tiempo transcurrido no estaba del todo claro y por el “In dubio pro reo” debía fallar a favor del imputado. Este es un principio jurídico penal, donde se debe fallar a favor del acusado en caso de duda. Es decir, ante pruebas insuficientes o contradictorias, el Juez debe optar por la interpretación más favorable al acusado.

Pero el fiscal Gutiérrez llevó esta decisión ante la Cámara de Casación de Concordia y tras fundamentar su reclamo a fines del año pasado, días atrás se conoció el fallo de los integrantes del Tribunal. Coincidieron en lo argumentado por el Fiscal en que la acción penal se encontraba vigente y se debía revocar el sobreseimiento que había dictado Dumón sobre el imputado.

La resolución no está firme y es posible que la defensa del hombre acusado acuda ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para dirimir este punto, si el hecho se encuentra prescripto o no, pero en caso de fallar de la misma forma en que lo hizo la Cámara de Casación Penal de Concordia, se deberá disponer de la realización de un juicio por jurados en Gualeguaychú en los próximos meses.

Roberto Carlos y Víctor Ezequiel Goró llegaban al juicio en libertad, acusados por el homicidio de Omar Mayer, ocurrido el 9 de septiembre de 2020. Según la teoría de la Fiscalía, ese día Goró padre mantuvo una pelea con su sobrino dentro de la vivienda que compartían en calle Claudio Fink. La discusión se trasladó a la vía pública, donde el acusado habría portado dos cuchillos con los que atacó a Mayer. En la agresión también habría participado su hijo Víctor. Mayer murió esa misma noche en el hospital San Martín a causa de las lesiones.

Este martes iba a comenzar el juicio, pero según se informó desde el Poder Judicial se anuló la selección de jurado popular y dictaron la prisión preventiva para Víctor Goró por haber filmado con un celular el ingreso del jurado que iba a actuar en el debate y subió esa filmación a su estado de Whatsapp.

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, anular la selección del jurado seleccionado el 20 de febrero, y consecuentemente el juicio oral. Además, instó a la Oficina de Juicio por Jurados la pronta fijación de una nueva audiencia de selección de jurados y juicio oral.

Respecto de la persona acusada que subió el material fílmico, Malvasio dictó la prisión preventiva para Víctor Ezequiel Goró en la Unidad Penal de Paraná hasta la finalización del juicio, y mantuvo la libertad del otro imputado, el padre, que no realizó ninguna filmación.

Ahora, la Dirección de Jurados efectuará un nuevo sorteo para la audiencia de selección de jurados que se fijó para el 16 de marzo próximo, para el juicio oral que comenzará el 17 de marzo.

El abogado y docente Rubén Pagliotto cuestionó la reforma del juicio por jurados en Entre Ríos y calificó como “abiertamente inconstitucional” el artículo 2 de la Ley 11.222, que restringe su competencia. Según el especialista, la norma implica un retroceso en materia de derechos y vulnera el principio de progresividad, que impide reducir garantías ya conquistadas.

En recientes fallos, los jueces María Carolina Castagno y Alejandro Joel Cánepa declararon la inconstitucionalidad del artículo cuestionado. Ambos magistrados rechazaron los planteos del Ministerio Público Fiscal, que pretendía que causas por delitos sexuales fueran juzgados por tribunales técnicos. Argumentaron que, al haberse cumplido actos procesales bajo la vigencia de la Ley 10.746 —como la audiencia de remisión a juicio y el sorteo de jueces técnicos— correspondía mantener la competencia del jurado popular. Señalaron que retrotraer el proceso afectaría la defensa de los imputados y la seguridad jurídica.

Pagliotto subrayó que la reforma contradice el principio de progresividad de los derechos humanos, que obliga a los Estados a ampliar y no reducir su alcance. Recordó que otras provincias avanzan hacia una mayor participación ciudadana en la justicia, mientras Entre Ríos limita el juicio por jurados sólo a delitos con penas superiores a 20 años, dejando afuera la mayoría de los delitos contra la integridad sexual.

“Estamos retrocediendo impúdicamente, mientras en la Nación se proyecta ampliar la competencia a delitos con penas mayores a cinco años”, advirtió.

El jurista atribuyó la reforma a la presión de sectores contrarios al jurado popular y a la falta de conocimiento sobre su funcionamiento. Reivindicó que este sistema, vigente desde hace siglos en otros países, fortalece la democracia y la independencia judicial. “Los juristas seguiremos dando batalla, porque son los ciudadanos los protagonistas de esta herramienta maravillosa”, concluyó.

Fuente: APFDigital

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná volvió a poner un límite a la estrategia del Ministerio Público Fiscal de sacar de la órbita del jurado popular un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado. El vocal N°3, Alejandro Cánepa, declaró la inaplicabilidad y, por lo tanto, la inconstitucionalidad para este proceso del artículo 2 de la Ley 11.222, que reformó recientemente el sistema de juicio por jurados en Entre Ríos y restringió su intervención a delitos con penas superiores a 20 años.

El fallo, dictado el martes 25, rechazó el planteo declinatorio presentado por la Fiscalía y ratificó que será un jurado ciudadano quien juzgue los hechos. Cánepa sostuvo que la postura del MPF —basada en una instrucción general de la Procuración General— “implica justamente lo prohibido por la Corte: anular actos válidos, firmes y consentidos dictados bajo la vigencia de una ley anterior”, lo que en su criterio despojaría de efectos al trámite ya realizado y demoraría de manera injustificada la finalización del proceso.

El magistrado repasó la secuencia de actuaciones: la causa fue remitida a juicio por jurados en septiembre de 2023; él fue designado juez técnico en febrero de 2024; la audiencia de admisión de evidencias comenzó el 29 de octubre de este año —dos días antes de la entrada en vigencia de la nueva ley— y continuó luego del 31. Ya en noviembre se presentaron los acuerdos probatorios, se sortearon los potenciales jurados y se fijaron las fechas del voir dire y del debate, previstos para los primeros días de diciembre.

La Fiscalía pidió el cambio de competencia el mismo 12 de noviembre, tras el sorteo del jurado, argumentando que la Ley 11.222 debía aplicarse de inmediato. Cánepa sostuvo que, si se aceptara esa visión, deberían anularse tanto los actos realizados antes como los posteriores a la reforma, lo que implicaría un retroceso innecesario hacia la instancia de Garantías y un nuevo encuadre bajo el juicio común.

El juez remarcó que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que las leyes que modifican competencia se aplican de forma inmediata, siempre que no invaliden actos ya cumplidos ni atenten contra la pronta terminación de los procesos. En este caso, entendió que la remisión a juicio —acto previsto en el artículo 405 del Código Procesal Penal— definió la vía procedimental y debe respetarse para no vulnerar esa regla.

También rechazó la analogía planteada por la Fiscalía con un precedente de 2020. Afirmó que, entonces, la anulación del auto de remisión fue válida porque contrariaba una ley vigente desde meses antes, mientras que ahora la secuencia de actos fue conforme a las normas aplicables en cada momento, hasta el planteo fiscal motivado por la instrucción interna recibida.

El expediente, iniciado en 2016, se encuentra a un paso del debate oral. Cánepa destacó que mantener la competencia del jurado es la opción que más se ajusta al mandato de evitar dilaciones y garantizar una resolución cercana en el tiempo. Una vez firme esta decisión, restará completar las citaciones y comenzar el juicio.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos aprobó en acuerdo general una nueva reglamentación que reduce la remuneración de los jurados populares en los juicios por jurados. La decisión, que se enmarca en los cambios introducidos por la Ley Nº 11.222, ajusta los valores y redefine el alcance del sistema implementado en la provincia.

La compensación económica será ahora equivalente a tres JUS por cada día de trabajo, incluyendo la audiencia de voir dire y los días efectivos de juicio. En caso de que un jurado sea desafectado tras el inicio del proceso —por recusación, dispensa u otras causas sobrevinientes—, el pago será proporcional al tiempo en el que haya intervenido.

La reforma implica una reducción significativa respecto del esquema anterior, que fijaba la remuneración diaria en dos juristas. A valores actuales, el JUS asciende a $23.000, mientras que el valor del jurista utilizado previamente como referencia alcanza los $70.198,52, lo que convierte al nuevo sistema en una alternativa considerablemente más económica para el Poder Judicial.

Los cambios normativos se formalizaron el 16 de octubre, cuando el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 11.222. La norma elevó el umbral para la obligatoriedad del juicio por jurados: solo deberán ser juzgados bajo esta modalidad los delitos cuya pena máxima supere los 20 años de prisión o reclusión. En caso de concurso de delitos, el requisito se aplica si al menos uno supera ese límite.

El proyecto fue aprobado en el Senado el 1° de octubre con 14 votos afirmativos, una abstención —la del jefe de bloque del PJ, Martín Oliva— y un voto negativo, el de la senadora Patricia Díaz. Además de redefinir el tipo de delitos alcanzados, la ley establece que ningún jurado podrá percibir menos de dos JUS por día de servicio y faculta al STJ a regular la remuneración y los gastos asociados.

Los integrantes del jurado popular llegaron a un acuerdo unánime, y el veredicto fue de “no culpabilidad para los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina”, imputados por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en medio se graves incidentes con armas de fuego entre bandas enfrentadas de barrio Capibá de Paraná.

El abogado de la familia de la víctima, José Iparraguirre, que se refirió a las “muestras de dolor de la familia de Gabriel Gusmán por el veredicto del jurado popular”, y en declaraciones a el Once, calificó que el caso quedó “impune” mientras los familiares gritaban que “lo mataron por la espalda”.

Luego de siete jornadas de debate, incluida la reconstrucción de los hechos en un predio ubicado en la zona sur de Paraná, el jurado popular “declaró no culpables a los policías Oscar Ricardo Molina y Diego Íbalo”, se informó desde Tribunales. El veredicto, que se conoció en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se produjo en el marco del legajo “Molina, Oscar Ricardo-Ibalo, Diego Sebastián S/Homicidio agravado”.

“Nosotros, el jurado, por unanimidad encontramos al acusado Oscar Rodrigo Molina no culpable”, al encontrarse justificado su accionar por legítima defensa, al encontrarse justificado también su accionar por cumplimiento de un deber o el legítimo ejercicio de un derecho autoridad o cargo.

Tras esa resolución, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, dispuso la disolución del jurado popular y agradeció la tarea de las seis mujeres y los seis hombres que lo integraron.

Durante el debate la querella estuvo a cargo de los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, en tanto que sus colegas Miguel Cullen y Daniel Rosatelli ejercieron la defensa de Molina, mientras que Patricio Cozzi y Rosatelli asistieron a Íbalo.

Se trató del centésimo cuadragésimo octavo juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski avanza más rápido de lo previsto y podría finalizar durante la próxima semana. El proceso en el que se juzga a César Mario Alejandro Sena, a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a otras cuatro personas acusadas de encubrimiento, se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurados en la provincia de Chaco.

La programación original contemplaba audiencias hasta el 20 de noviembre, pero fuentes judiciales advirtieron a Infobae que el debate oral podría terminar antes.

Hasta la jornada del jueves, ya habían pasado 25 de los 53 testigos previstos, con la expectativa de que hoy declaren varios más convocados por el equipo fiscal especial.

Según pudo saber este medio, el lunes está previsto que declare el último testigo ofrecido por la fiscalía, para luego dar paso a las declaraciones propuestas por las defensas: se esperan 20 testimonios en total.

Si bien en las últimas horas circuló la versión de que el veredicto podría llegar a darse el miércoles que viene, las fuentes consultadas explicaron que resulta poco probable.

Lo que sí podría suceder el miércoles son los alegatos y la lectura de instrucciones. Esto daría paso a la deliberación del jurado popular, un proceso que requiere analizar siete formularios diferentes sobre los siete imputados.

Así, el avance del juicio se vuelve día a día impredecible, ya que el calendario depende de la cantidad de testigos que finalmente comparezcan y de posibles cambios de estrategia entre las partes, al margen de que las discusiones y alegatos podrían extenderse.

Cabe recordar que durante el juicio se implementa un sistema de transmisión en vivo a través de circuito cerrado desde el Superior Tribunal de Justicia, reservado exclusivamente para periodistas y público acreditado, sin acceso a celulares ni dispositivos electrónicos. La transmisión abierta por el canal oficial de la Oficina de Juicios por Jurados se retomará una vez finalizada la etapa de testigos, en los alegatos de clausura, instrucciones y la lectura del veredicto.

En este debate, la jueza técnica Dolly Fernández conduce el proceso. El equipo fiscal especial está conformado por Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, mientras que las querellas particulares representan tanto a la madre de la víctima como al Estado provincial. Los siete imputados enfrentan cargos por homicidio doblemente agravado o encubrimiento agravado, según el rol de cada uno en el caso que provocó conmoción social en la provincia.

El jurado popular deberá resolver la responsabilidad penal de César Sena, acusado como autor por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género; sus padres se enfrentan al proceso como partícipes primarios. El resto de los acusados están señalados por encubrimiento.

En el inicio del juicio, el viernes pasado, la fiscalía acusó al clan Sena de haber planeado la muerte y desaparición de Cecilia, sostuvo que hubo violencia previa y describió el supuesto esquema criminal, mientras que las defensas rechazaron la existencia de un plan e insistieron con la falta de evidencia directa sobre el hecho.

La abogada de Marcela Acuña, por su parte, expuso que su cliente solo tomó decisiones desesperadas para proteger a su hijo y que se enteró de lo sucedido recién cuando ya había pasado.

Por su parte, Gloria Romero, madre de Cecilia, relató que la relación entre su hija y la familia Sena estuvo siempre atravesada por conflictos, especialmente con Acuña, a quien su hija no toleraba y de quien recibía comentarios hostiles.

La mujer detalló que, poco después del casamiento, Marcela pidió a la pareja que se divorciara y hasta ofreció dinero para separar a Cecilia de César, gesto que su hija rechazó. También mencionó que la joven volvió a casa con flores de César tras esa discusión, aún triste por la situación. Así, apuntó contra la relación de dominio familiar que ejercían los Sena.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene fecha de inicio: comenzará el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana. Así lo resolvieron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que quedaron a cargo del proceso luego de que el primer debate fuera declarado nulo por el escándalo del documental protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien esta semana enfrentará un juicio político por el hecho.

En el fallo, al que tuvo acceso Infobae, los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con la causa.

Para esto, los jueces primero tenían que resolver una serie de planteos presentados por las partes en estos meses. Uno de ellos era el pedido de juicio por jurados solicitado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, el cual finalmente fue rechazado.

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Según alegaron los jueces, lo negaron por ser "manifiestamente extemporáneo y encontrarse precluido el momento procesal para su ejercicio".

Los nuevos jueces a cargo del juicio por Maradona

También se rechazó el pedido de la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien había solicitado aplicar el principio de non bis in idem y evitar un nuevo juicio. Sobre este punto, el tribunal fue categórico: “La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial no para perjudicarla, por lo que negarle la posibilidad del nuevo juicio equivaldría a consolidar la afectación de sus derechos”.

Otra de las cuestiones sobre las que se expidieron los jueces fueron los alcances de la nulidad decretada en el juicio por Maradona suspendido por el escándalo de la jueza Julieta Makintach. Sobre este punto, definieron que la medida regirá a partir de la audiencia preliminar del debate oral que había comenzado en marzo.

Es decir que seguirá vigente el juicio por jurados popular desdoblado que había pedido la octava imputada que tiene la causa, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, mientras que los demás se enfrentarán al juicio técnico.

El tribunal rechazó el pedido de juicio por jurados solicitado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque

Los acusados que serán juzgados a partir del próximo 17 de marzo por su responsabilidad en la muerte de Diego Maradona son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Para reanudar el juicio, el tribunal dispuso la convocatoria a una audiencia preliminar del debate para el 12 de noviembre a las 10.30, la cual será destinada exclusivamente al control y admisión de la prueba ofrecida por las partes.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, estuvo a cargo del proceso.

Sin embargo, luego de que se conociera que la magistada Makintach había autorizado la grabación de un documental sobre el caso sin el consentimiento de las partes, se resolvió su nulidad.

En la última audiencia, Savarino tomó la palabra y comunicó: “La doctora Makintach intervino de modo parcial en el desarrollo del debate. Quiero recordarles que tanto los particulares como los imputados que tienen derecho a ser leídos por un tribunal imparcial. La doctora Di Tommaso y quien les habla, Maximiliano Savarino, cumplimos con esa garantía judicial. Creemos que la doctora Makintach no”.

Y agregó: “Coincidimos en todo con lo señalado por el secretario de Justicia, Patricio Ferrari, en cuanto a la audiencia del martes pasado, que señaló que la única persona responsable de todo esto es la jueza recusada. Nosotros entendemos que Di Tommaso y quien les habla, Maximiliano Savarino, hicimos todo lo necesario para llevar a cabo el juicio”.

La jueza Verónica Di Tommaso habló sobre el final de la jornada, adhirió a los dichos de su colega e intentó despegar a la Justicia del hecho. Finalmente, parafraseó a Maradona y dijo: “La Justicia no se mancha”.

Los imputados son dos funcionarios policiales que actúan en la jurisdicción de Paraná, que están acusados de abusar de dos adolescentes de 13 y 15 años, que se encontraban bajo la guarda del Consejo Provincial del Menor, Adolescencia y Familia (Copnaf) en el hogar “Mujercitas”.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de julio de 2016. Según la acusación, uno de los acusados habría abusado sexualmente de una adolescente de 13 años, mientras que el segundo fue imputado en un primer momento por el abuso de una menor de 15 años, pero esto fue negado por la adolescente en Cámara Gesell.

Las víctimas habían salido del hogar “Mujercitas” y se encontraban en el predio del Ferrocarril, donde funciona un destacamento de la Policía de Entre Ríos. Allí, en un vagón abandonado, habrían sido ultrajadas por los efectivos de guardia.

La situación se conoció luego de que una de las menores fuera atendida en el hospital materno infantil San Roque, donde se activó el protocolo de abuso sexual. Las pruebas médicas y la declaración en Cámara Gesell de la víctima de 13 años fueron claves para avanzar en la causa.

El expediente judicial se inició en julio de 2016 tras la denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8. En total, fueron imputados siete policías. Dos fueron sobreseídos en la etapa de investigación penal preparatoria (IPP), mientras que tres confesaron su participación en el hecho en juicios abreviados y resolvieron su situación, admitiendo haber omitido actuar ante un delito en flagrancia.

En el caso de la menor de 15 años, el Tribunal de Apelaciones revocó la imputación contra uno de los acusados, ya que en su declaración no refirió haber sido víctima de abuso. Por ello, solo el principal acusado enfrentará el juicio por violación y el segundo como partícipe.

Este miércoles se realizó la audiencia de admisión de pruebas, en donde también se trató la demanda civil contra el Estado provincial, presentada por el querellante Guillermo Mulet en representación de la víctima de 13 años. El reclamo busca una indemnización por los daños sufridos, aunque la Fiscalía de Estado no discutió la existencia del hecho, sino el monto solicitado. La etapa de admisión de pruebas continuará este viernes y se espera que el juicio por jurados se realice en diciembre. Ahora

El Senado de Entre Ríos aprobó la primera reforma a la Ley Nº 10.746 de juicio por jurados, sancionada en 2019 y aplicada desde 2020. La modificación, impulsada por el Poder Ejecutivo, recibió 14 votos afirmativos, una abstención y un voto negativo. Sin embargo, generó un fuerte rechazo de sectores judiciales, organizaciones de víctimas y referentes sociales, que advierten un retroceso en derechos al limitar la competencia del jurado popular, consagrado en el artículo 118 de la Constitución Nacional.

La reforma afecta los artículos 2º, 46 y 96 de la norma, estableciendo que solo los delitos con pena máxima en abstracto superior a 20 años de prisión serán juzgados obligatoriamente por jurados, junto con delitos conexos. Esto excluye numerosos delitos que antes se dirimían mediante jurado popular, trasladándolos a jueces técnicos.

Carla Cusimano, presidenta de Vidaer, criticó que la reforma “cercena el derecho a ser juzgados por nuestros pares” y denunció la falta de voluntad política del Poder Judicial para implementar adecuadamente el sistema. Señaló que en cinco años solo se crearon dos cargos y un único salón en Paraná, mientras que la provincia podría haber realizado 90 juicios por jurado en lugar de 30.

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, calificó la reforma de “inconstitucional”, advirtiendo que podría derivar en un fallo de la Corte Suprema. El abogado Damián Petenatti coincidió en que Entre Ríos retrocede respecto de otras provincias que amplían el juicio por jurados.

A favor, senadores como Rafael Cavagna y Juan Pablo Cosso defendieron la reforma, destacando que busca agilizar los juicios ante la saturación judicial y proteger a las víctimas, sin vulnerar garantías constitucionales. La modificación es transitoria y perfectible, según sostuvieron.

La reforma abre un debate sobre la participación ciudadana en el sistema judicial y el equilibrio entre eficiencia procesal y derechos fundamentales, en un contexto donde otras provincias avanzan en la expansión del juicio por jurados incluso a fueros civiles, comerciales y laborales.

El proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo, y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, modifica los artículos 2º; 46 y 96 de la Ley Nº 10.746.

Se establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados cuando al menos uno de ellos tenga prevista una pena máxima en abstracto de más de veinte (20) años de prisión o reclusión.

Asimismo, se legisla sobre remuneración y gastos y la conservación del cargo de las personas que sean designadas como integrantes de jurados titulares o suplentes, que serán remuneradas por la labor desempeñada inmediatamente luego de finalizado el juicio, con una suma equivalente a la cantidad de JUS (conforme Ley Nº 9005) que determine el Superior Tribunal de Justicia mediante reglamentación, por cada día de trabajo desempeñado, incluyendo la audiencia de voir dire.

Ningún jurado podrá percibir menos de dos (2) JUS por cada día de servicio. Todos los jurados tendrán derecho al reconocimiento de los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos, si correspondieren, los cuales serán cubiertos por el Poder Judicial. (APF Digital)

“Acá hay una cuestión política, pero no desde el Ejecutivo porque quien está detrás de la reforma no es el gobernador. Lo que compartimos todos los estamentos que estuvimos en la reunión de la Comisión General y de Acuerdos del Senado es que, si se sanciona esta ley, ya nace herida de muerte porque es inconstitucional, ya que viola groseramente el artículo 118 de la Constitución Nacional que establece que todos los juicios criminales terminarán por jurado. Ese ‘terminarán’ habla de que es obligatorio que terminen en juicio por jurado”, opinó Garzón.

Planteó que si son excluidos de los juicios por jurado los casos de abuso sexual, se genera un problema constitucional con los que ya se realizaron, los cuales deberían anularse. Esto, “además de un retroceso constitucional gravísimo porque se recortan poderes a la ciudadanía, implicaría un nuevo cuello de botella porque todos esos juicios deberían volver a hacerse”.

“Los que quieren reformar la ley de juicio por jurados, han ido mutando los argumentos, porque se les han ido cayendo. El primero de ellos es económico, pero si se modifica el artículo 46 se soluciona el problema”. “El argumento económico desapareció, y ahora usan otros dos argumentos: uno es que no hay infraestructura, y eso no es así, lo que no hay en Paraná es voluntad”, expresó.

En ese sentido, refirió que “el abogado José Ostolaza de Concepción del Uruguay, quien participó de 13 juicios por jurados y es el abogado que en más juicios por jurados participó, confirmó de manera categórica que en la costa del Uruguay no se violan los plazos razonables, todos los juicios por jurados se hacen en tiempo y forma. En cambio, según la página oficial del Poder Judicial, desde diciembre de 2020 hasta agosto de 2025, se hicieron 30 juicios por jurados en Paraná, de un total de 143 juicio en toda la provincia”.

Respecto de la inconstitucionalidad, Garzón explicó que “el juicio por jurado se encuentra establecido desde 1853 en la Constitución y en la provincia de Entre Ríos desde 1933 y ratificado por la Convención de 2008. Una vez que se establece la competencia, que en este caso es de 20 o más años en abstracto, no se puede volver para atrás, porque al establecer la ley de juicio por jurados se torna operativa esa cláusula constitucional, que es el artículo 18. Para quitar competencias hay que modificar la Constitución; lo que sí se puede hacer es ampliar los delitos que pueden ir a juicio por jurado, como podrían ser los delitos de corrupción”. Radio Plaza

El Senado entrerriano dio un nuevo paso en el debate sobre la reforma del juicio por jurados. Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos escucharon este miércoles en Casa de Gobierno a representantes de asociaciones civiles, instituciones jurídicas y a la Secretaría de Justicia, que expusieron posturas encontradas frente al proyecto impulsado por el Ejecutivo.

La iniciativa modifica los artículos 2°, 46 y 96 de la Ley Nº 10.746. Establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos con penas máximas mayores a 20 años de prisión y sus delitos conexos. La participación de los jurados será irrenunciable y remunerada bajo el sistema de JUS, con cobertura de viáticos y gastos por parte del Poder Judicial.

El procurador Jorge García ya había defendido el texto, advirtiendo que existen 190 causas pendientes que podrían tardar hasta nueve años en resolverse con el régimen vigente. A su vez, el coordinador general de la Secretaría de Justicia, Alejandro Weber, argumentó que la reforma busca “adecuar la normativa provincial a los estándares constitucionales y convencionales”, al tiempo que reducir las demoras que afectan el acceso a la justicia y el plazo razonable.

Desde el ámbito civil y académico, las opiniones fueron diversas. Carla Cusimano, de VIDAER, defendió la imparcialidad del sistema. El juez Elvio Garzón y el Instituto INECIP advirtieron sobre aspectos de inconstitucionalidad de la reforma y cuestionaron que se limite la aplicación de juicios por jurados. Los abogados Miguel Ángel Cullen y José Ostolaza destacaron la importancia de “ser juzgados por nuestros pares”, mientras que María de los Ángeles Lencina, madre de una víctima, consideró al sistema “una esperanza” para las familias.

Tras las exposiciones, los senadores de los distintos bloques acordaron continuar con el análisis en comisiones, sin anticipar definiciones inmediatas. La reforma se inscribe en un debate más amplio que atraviesa al sistema judicial entrerriano: entre la necesidad de agilizar procesos y la defensa del modelo de participación ciudadana en la justicia penal.