El gobierno de Entre Ríos lanzó una convocatoria abierta para reformar el Código Procesal Penal (Ley Nº 9.754), con el objetivo de modernizar el sistema judicial penal y superar las falencias del modelo acusatorio vigente.

La iniciativa busca garantizar mayor equidad, transparencia, estándares interamericanos en derechos humanos y una tutela judicial efectiva. Para ello, se convocó a representantes del Superior Tribunal de Justicia, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Asociación de la Magistratura, Colegio de la Abogacía y cuatro universidades. Cada institución ya designó a sus representantes para canalizar propuestas que serán sistematizadas y elevadas al gobernador.

El secretario de Justicia, Julián Maneiro, explicó que la reforma apunta a mejorar el servicio de justicia, equilibrar intereses y proteger garantías constitucionales. “El proceso penal son las leyes que organizan ese momento tan difícil en que cualquiera puede estar involucrado. Merece ser investigado, pero también protegido”, señaló.

A diferencia de las comisiones tradicionales que analizan artículo por artículo, la Secretaría propone una metodología práctica: trabajar sobre 20 puntos clave, sin excluir otros aportes. Entre los temas propuestos se destacan la regulación de la prueba digital, la incorporación de figuras como el arrepentido y el informante, la acción penal contra personas jurídicas, el Estado como querellante y la mejora de plazos procesales.

Uno de los ejes más novedosos es habilitar al Estado provincial o municipal como querellante en causas con interés patrimonial directo. “Muchas veces, causas vinculadas a fondos públicos quedan en manos del fiscal y terminan en salidas alternativas. El Estado debe tener la posibilidad de seguir investigando”, sostuvo Maneiro.

Desde agosto, Virué comenzó los contactos institucionales para recabar propuestas. El proceso continuará en septiembre y octubre, con la expectativa de presentar el proyecto antes de fin de noviembre. “Vamos a trabajar de forma itinerante, entrevistando, recibiendo propuestas escritas y convocando nuevas rondas si hace falta”, agregó el funcionario.

En cuanto a la figura del arrepentido e informante, Maneiro aclaró que ya existen en otros códigos como el federal, y que su incorporación será debatida en función del contexto local. “Tienen virtudes y críticas. Habrá que analizar su viabilidad”, dijo.

Los representantes designados son: Mónica Carmona (Ministerio Público Fiscal), Gaspar Reca Ríos (Defensa), Alejandro Cánepa (Magistratura), Juan Barnada (Colegio de la Abogacía), Pedro Fontanetto (UADER), Hugo Perotti (UCA), Pedro Sánchez Izquierdo (UNL) y Rubén Chaia (UCU).

La reforma busca construir consensos mayoritarios, entendiendo que el consenso total es difícil. “Queremos un texto que tenga respaldo político y judicial. Si el gobernador lo aprueba, será presentado ante la Legislatura”, concluyó Maneiro. (Con información de Uno Entre Ríos)

La dirigente gremial comentó que el viernes pasado mantuvo una comunicación con el Secretario de Justicia, Julián Maneiro, quien solicitó que, en el marco de las acciones, en el Registro se pueda dar ingreso a la documentación.

"Los compañeros no están dispuestos a resignar derechos", resaltó la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, y anticipó: "En los próximos días haremos otra reunión sumando a los compañeros del interior".

"Nuestra respuesta fue que eso se está cumpliendo. El servicio se está prestando, con las condiciones de la asamblea", apuntó Domínguez y aseguró que "los escribanos tienen horarios en los que pueden ingresar la documentación. De hecho, si hay documentación urgente también se da cumplimiento", precisó.

Se refirió además al encuentro que el Secretario de Justicia tuvo días atrás con directivos del Colegio de Escribanos. "Nos enteramos a través de las redes del gobierno", indicó la dirigente sindical y añadió: "No sabemos de qué hablaron".

Respecto a la asamblea de este lunes, sostuvo: "Lo importante es que se evaluaron propuestas. No hay una postura inflexible sino que estamos abiertos a la negociación, siempre y cuando los compañeros reciban una respuesta".

Señaló luego que en el organismo "se vienen poniendo parches desde hace 20 años", y remarcó que "ahora es el momento de terminar con estas salidas coyunturales y buscar una solución definitiva".

La designación, que fue realizada mediante decreto 1367, forma parte del proceso de consolidación del equipo de gobierno, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia, el funcionamiento institucional y la modernización del Estado. El nuevo funcionario venía desempeñándose como secretario de Asuntos Políticos desde el inicio de la actual gestión y asume en reemplazo de Martín Acevedo Miño.

Consultado al respecto, el funcionario se refirió a los desafíos y ejes principales que guiarán su gestión, al tiempo que enfatizó la importancia de dar continuidad y profundizar el trabajo iniciado por la administración provincial, siguiendo las directrices del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Entre los objetivos fundamentales, Maneiro destacó la meta de "normalizar y llegar a todos los lugares de la provincia con los registros que tiene a cargo la Secretaría de Justicia". Además, subrayó la necesidad de "aceitar y generar un vínculo de confianza y de trabajo conjunto con el Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con el servicio en general y la cuestión de la criminalidad".

La agenda del flamante secretario también incluye la revisión y el impulso de "cuestiones pendientes de reformas de leyes que se necesitan aprobar para avanzar en mejorar aspectos institucionales". En este sentido, mencionó temas como "el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados y otros que tienen que ver con la aplicación de la ley penal, como el Código Procesal Penal". Maneiro reconoció que estas son "materias muchas de ellas complejas, difíciles, pero que es necesario afrontarlas", a pesar del "esfuerzo importante" que requerirá el contexto de dificultades económicas tanto a nivel nacional como provincial.

Asimismo, confirmó que ya ha mantenido reuniones claves con las máximas autoridades de la provincia para alinear su plan de trabajo. "El ministro Roncaglia me ha dado las instrucciones precisas en materia de estos temas", señaló el secretario, indicando que la reunión fue "conjunta con el gobernador y me han marcado claramente estos puntos centrales para que avancemos en los próximos meses".

En lo que respecta a la dinámica interna de la Secretaría, Maneiro informó que ha iniciado un proceso de contacto directo con el personal. "Ya hemos tenido reuniones de todo lo que compone la Secretaría de Justicia, y ahora estamos ya iniciando el proceso de ir área por área, visitando los lugares y específicamente viendo las problemáticas de cada uno de ellos y las necesidades e ir coordinando las prioridades para poder avanzar", concluyó.

El Gobierno anunciará este martes, luego del feriado, quién será el nuevo secretario de Justicia de la Provincia. Según supo Página Judicial, este viernes fue presentado ante el personal del organismo por el ministro Néstor Roncaglia.

Se trata de Julián Maneiro, que estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno. Desde allí fue, básicamente, el ingeniero del sistema de la Boleta Única Papel (BUP) que la Legislatura sancionó el año pasado y se aplicará para las elecciones provinciales del 2027.

Oriundo de Crespo, donde fue secretario de Gobierno durante la gestión de Darío Schneider, se convirtió luego en diputado provincial durante el período 2019-2023. Maneiro es abogado egresado de la Universidad Nacional Litoral (UNL) en 2001. Se perfeccionó con un postgrado en Derecho Administrativo; es magíster en Ciencias Sociales, con orientación en Sociología Política, Sociología en la Educación y Sociología del Derecho; y es doctor en Ciencias Sociales.

Es profesor en la UNL, casa de altos estudios a la que representa en el Comité Académico de la Carrera de Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional del Litoral.

Además de su frondosa formación y capacidad de trabajo, uno de los principales atributos que tiene es no ser de Paraná, lo que lo ubica en modo desconocido para la casta judicial de la capital provincial, que hace años conduce la vida institucional desde los tribunales. El Ministerio Público Fiscal logró armar a su antojo la nómina de fiscales auxiliares. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) no pudo en su intento, reformar el Juicio por Jurados. Hace varias gestiones que ese cargo tiene nula incidencia en la agenda que le compete.

La reforma del Consejo de la Magistratura tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Esa iniciativa cuenta con la crítica de buena parte de la comunidad judicial. (APFDigital)