La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -AGMER- confirmó su adhesión al paro nacional dispuesto por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para este jueves 29 de octubre.

La medida de fuerza fue establecida en el marco del pedido de justicia por la muerte de la maestra rural de Corrientes, Nancy Godoy, cuyo cuerpo fue hallado este miércoles tras tres semanas de desaparición. “La investigación judicial sostiene como principal hipótesis que fue víctima de un femicidio, por lo que mañana, jueves 29 de octubre vamos al PARO en una Jornada Nacional de Protesta. ¡PAREN DE MATARNOS!”, afirmaron.

“Nancy era una trabajadora de la educación. Una maestra que había ido a cumplir con su tarea de enseñar y que no regresó a su hogar. Su ausencia, la angustia de su familia y de sus compañeras, y el desenlace que hoy nos conmueve y nos llena de bronca nos enfrentan, una vez más, con una realidad insoportable: las mujeres seguimos expuestas a las violencias machistas y nuestros lugares de trabajo tampoco están a salvo“, resaltaron desde Agmer.

Fuente: AHORA

La Justicia investiga un femicidio y cinco personas permanecen detenidas, cuatro de ellas acusadas por el crimen.

El cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que permanecía desaparecida desde hacía 21 días en Corrientes, fue encontrado este miércoles. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación judicial por presunto femicidio, que tiene a cinco personas detenidas y cuatro de ellas directamente acusadas por el crimen.

La mujer se desempeñaba como directora de la Escuela N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, en una zona rural cercana a la localidad correntina de Esquina.

Tras una intensa búsqueda, fuerzas de seguridad y personal del Poder Judicial hallaron este miércoles el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la educadora que se desempeñaba como directora en la escuela rural de la estancia El Curupí.

El hallazgo se produjo durante los rastrillajes concentrados en la zona rural del departamento de Esquina.

Fuentes oficiales, señalaron a El Litoral la docente fue encontrada en un lugar de "difícil acceso, donde no hay señal telefónica". Además, detallaron que "a 5 metros había un bolso tirado".

En las últimas horas, el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, había dictado la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como presuntos autores materiales del femicidio.

Quiénes son los cinco detenidos por el crimen

La investigación también involucró a una pareja de puesteros que trabajaba en el establecimiento rural. Se trata de Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, quienes ya habían recibido prisión preventiva. Rojas fue acusado de coautoría de femicidio, mientras que Leguizamón quedó imputada como autora de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio. El hombre había sido el primero en mencionar un posible asesinato de la docente a manos de dos trabajadores de la estancia. Sin embargo, posteriormente, su abogado sostuvo que esas declaraciones habían sido realizadas bajo presuntos apremios ilegales por parte de la Policía de Corrientes.

Las pruebas encontradas durante la investigación

En los últimos procedimientos realizados en la estancia El Curupí, los investigadores encontraron prendas de vestir quemadas y un bozal en una construcción precaria utilizada por Zarza, quien se desempeñaba como capataz del establecimiento.

El lugar estaba ubicado a aproximadamente 150 metros de la Escuela N° 626, donde Godoy trabajaba con un pequeño grupo de alumnos, hijos de empleados de la estancia.

El establecimiento rural comprende unas 12.000 hectáreas y se utiliza para actividades agropecuarias y como coto de caza. Los elementos secuestrados fueron incorporados a la investigación para determinar las circunstancias del crimen.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de la totalidad de las personas imputadas en la investigación penal vinculada a la emisión, comercialización y difusión del criptoactivo conocido como token $LIBRA. La resolución judicial fue adoptada tras el requerimiento formal de desestimación presentado por el fiscal interviniente, Eduardo Taiano, al considerar que las conductas analizadas no encuadran en los tipos penales de estafa o negociaciones incompatibles con la función pública.

En el marco de la investigación, el magistrado analizó la mecánica operativa de las billeteras digitales y el impacto publicitario de las publicaciones en redes sociales sobre los mercados financieros. De acuerdo con los fundamentos vertidos en el fallo, la fluctuación en la cotización de los activos digitales y la disparidad registrada en el reparto de pérdidas y ganancias entre los tenedores no constituyen elementos probatorios suficientes para configurar un ardid defraudatorio o una maniobra de engaño penalmente relevante.

El dictamen judicial incorporó además diversos informes presentados por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría Legal y Técnica. Dichos organismos evaluaron los alcances de las manifestaciones públicas vertidas sobre el proyecto tecnológico y concluyeron que no existió utilización de recursos del Estado ni intervención institucional de carácter oficial.

Respecto de los peritajes técnicos incorporados al expediente, las tareas de trazabilidad sobre las plataformas de intercambio de activos de red no lograron consolidar vinculaciones directas con conductas ilícitas. Asimismo, la resolución tomó en consideración el apartamiento de los particulares damnificados del rol de querellantes, medida que fue confirmada por la Cámara Federal. Con esta decisión, el juzgado dejó establecido que la tramitación de las actuaciones no afecta el buen nombre ni el honor de las personas involucradas en el proceso.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas. Actualmente, el panorama general se mantiene controlado y no se prevén fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos adicionales para la población, encontrándose la provincia bajo nivel de alerta verde según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

CONCORDIA

El incremento continuado en las solicitudes de asistencia en sectores vulnerables viene registrando un impacto directo en el funcionamiento diario de comedores y merenderos barriales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Referentes de diversas organizaciones sociales advierten que la capacidad de respuesta se encuentra al límite debido al aumento sostenido de familias que acuden en búsqueda de raciones diarias, combinado con las dificultades operativas para mantener el abastecimiento de insumos básicos y elementos de cocina.

En recintos como la Villa 21-24 - Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, los equipos de trabajo comunitarios dan cuenta de una suba aproximada del 50 % en la nómina de concurrentes durante el último año. Espacios que atienden a cientos de personas deben recurrir a esquemas de registro en listas de espera para incorporar nuevos beneficiarios a medida que se liberan cupos, administrando insumos autogestionados y partidas alimentarias que resultan insuficientes para cubrir la totalidad de las necesidades manifestadas por la población local.

Esta restricción en la disponibilidad de recursos e insumos esenciales ha obligado a modificar la composición de los menúes distribuidos. Ante las dificultades económicas para la adquisición sistemática de carne, lácteos, frutas y verduras frescas, las viandas han pasado a sustentarse en su mayoría sobre la base de carbohidratos como fideos, arroz y derivados de la harina.

Especialistas del ámbito de la salud y la nutrición señalan que la prevalencia de este tipo de dietas repercute en la calidad del desarrollo integral, afectando prioritariamente a la población infantil y a los adultos mayores, quienes constituyen el porcentaje mayoritario de las personas asistidas en estos recintos comunitarios. Segun datos recabados por la Agencia Noticias Argentinas (NA), la situación genera además derivaciones en el ámbito educativo de los sectores periféricos, donde se constatan cuadros de cansancio y dificultades de concentración vinculados con las deficiencias en la ingesta diaria.

El juez federal Martín Cormick impuso este miércoles multas de $100.000 por día a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución hizo efectivo un apercibimiento que el magistrado había dispuesto ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.

La cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de las sanciones, sostuvo que los pagos todavía no se habían registrado.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló Cormick en la resolución.

El juez fijó inicialmente la multa en $100.000 por cada día de demora y advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados. Las astreintes son una herramienta judicial para presionar al cumplimiento de una obligación: en este caso, la ejecución de la medida cautelar sobre salarios y becas universitarias.

La sanción se aplica en el expediente de la medida cautelar, que sigue vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.

Esa apelación corresponde a la discusión de fondo sobre la norma. La cautelar, en cambio, ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año. Por eso, la revisión del fallo más reciente no dejó sin efecto la orden provisoria sobre salarios y becas.

Sin embargo, anuló sanciones en casos donde la Policía tardó años en notificar a los conductores.

La Justicia de Entre Ríos ratificó la validez del sistema de fotomultas para detectar infracciones de tránsito, pero también dejó sin efecto sanciones aplicadas a conductores que fueron notificados después de más de dos años.

Las decisiones fueron tomadas de manera individual por integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná, quienes analizaron distintos recursos presentados por personas sancionadas mediante el sistema de control electrónico.

En sus resoluciones, los magistrados consideraron que la utilización de cámaras, fotografías digitales y filmaciones para detectar infracciones no viola la Constitución, siempre que se garantice a los conductores la posibilidad de defenderse y presentar pruebas.

En ese sentido, explicaron que una persona puede cuestionar una fotomulta si demuestra que, al momento de cometerse la infracción, no era titular del vehículo, no conducía el rodado o existieron circunstancias de fuerza mayor que justifiquen lo ocurrido.

Además, señalaron que el crecimiento del parque automotor y el aumento de los accidentes de tránsito con víctimas fatales en Entre Ríos, registrados en estadísticas oficiales, justifican la utilización de herramientas tecnológicas para controlar el cumplimiento de las normas viales.

De esta manera, la Justicia consideró que el sistema de fotomultas es válido, pero su aplicación debe respetar el derecho de defensa de los ciudadanos.

Anularon multas

Por otra parte, los integrantes de la Cámara resolvieron anular sanciones en casos donde la Policía de Entre Ríos demoró más de dos años en notificar a los presuntos infractores.

Los magistrados entendieron que esas demoras vulneraron el principio de plazo razonable, que obliga a la administración pública a desarrollar los procedimientos sancionatorios sin retrasos injustificados.

Esto significa que, aunque una infracción haya sido registrada correctamente por una cámara, la sanción puede quedar sin efecto si el procedimiento administrativo no respeta los plazos razonables.

Los fallos no implican la eliminación del sistema de fotomultas ni la anulación general de todas las multas notificadas fuera de ese período. Se trata de resoluciones adoptadas sobre casos particulares, en los que la Justicia analizó las circunstancias de cada expediente.

En total, el Poder Judicial informó sobre seis resoluciones: tres relacionadas con la constitucionalidad del sistema y el derecho de defensa, y otras tres referidas a demoras en las notificaciones.

Las sentencias completas pueden consultarse en la Mesa Virtual del Poder Judicial de Entre Ríos, mediante los expedientes Nº 2920, 2981 y 3020, sobre debido proceso, y Nº 2607, 3204 y 3211, sobre plazo razonable.

El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y también del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, además del director de la entidad, Juan Curutchet, debido a las operaciones con derivados de oro que la institución llevó adelante en 2025.

"Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba", precisó el letrado en declaraciones televisivas.

E indicó: "Por ejemplo la asociación Ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables".

Acerca de a dónde se encuentra el oro, Dalbón respondió: "Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Policita de averiguar" y agregó: "Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio".

Aclaró que "si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruído a la Justicia en base a lo que fue en base al exámen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que minitieron en la auditoría".

Acorde con el abogado, la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados sobre el oro, con egresos de divisas.

Agregó que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al final de 2025, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

El escrito detalla que el resultado se conforma de $1.400.793 millones o 960,2 millones de dólares, anotados como resultado negativo por opciones, y de $68.362 millones, equivalentes a 62,8 millones de dólares en primas de opciones.

A su vez, la tenencia de oro registró durante ese ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, acorde con la información contable precisada en la denuncia.

¿Cuáles son los posibles delitos que Dalbón les atribuye a los funcionarios? Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Además de los pedidos de detención, el letrado pidió: la prohibición de salir del país, de acceder a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde haya documentación relacionada con la investigación y de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.

Y añadió: "La respuesta del Presidente del Banco Central? 'En algún lado están'".

La legisladora dejó en claro que esa contestación "no alcanza" e hizo hincapié en que la "plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra".

Por lo tanto, "ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició " y sentenció: "SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD DE LOS DESPACHOS".

Agencia NA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar interina que suspende en forma provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se disponía la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley N° 26.737). La decisión del máximo tribunal se dio en el marco de una demanda promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie.

El fallo de la mayoría contó con las firmas de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, sumados a la participación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Por su parte, el ministro Carlos Rosenkrantz emitió un voto en disidencia respecto al alcance de las competencias del tribunal para esta instancia.

De acuerdo con la resolución aprobada, la suspensión de la norma decretada regirá hasta tanto el Juzgado Federal de Bariloche dicte un pronunciamiento formal. El máximo tribunal justificó la aplicación de esta medida provisoria para resguardar la tutela judicial efectiva y prevenir posibles afectaciones de carácter irreparable al entorno ambiental.

A lo largo del trayecto procesal, el Juzgado Federal de Bariloche derivó inicialmente las actuaciones hacia la Cámara Federal de La Plata para su acumulación con otros expedientes. Esta situación provocó que la demanda arribara a la Corte Suprema sin una definición previa por parte de los tribunales inferiores sobre los requisitos de admisibilidad ni sobre la cautelar solicitada.

En su pronunciamiento, la Corte estableció una distinción explícita en comparación con un planteo previo rechazado a la entidad CECIM. Se aclaró que en dicho antecedente la demanda se fundamentaba en aspectos de soberanía nacional, motivo por el cual se denegó la legitimación, mientras que el recurso de Árbol de Pie se sustenta directamente en la materia de derecho ambiental.

Tras la finalización del debate oral que se extendió durante cinco meses y medio y contó con 45 audiencias, la Justicia Penal de San Isidro iniciará la etapa decisiva en la causa que investiga las circunstancias de la muerte del deportista. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón entrarán en deliberación a partir del próximo 22 de octubre para determinar la responsabilidad de los siete profesionales de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El Tribunal en Lo Criminal N° 3 de San Isidro dio por concluida la fase de recepción de pruebas en el juicio oral que analiza las responsabilidades médicas e institucionales en el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en un barrio privado de Tigre. A lo largo de 45 jornadas de debate, el proceso judicial evaluó las acciones y omisiones del equipo de salud a cargo de la internación domiciliaria dispuesta tras la intervención quirúrgica por un hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren sostienen la acusación por homicidio simple con dolo eventual contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni. La figura penal atribuida contempla una escala de penas que va de los 8 a los 25 años de prisión.

El debate técnico se centró en tres ejes principales: la duración del proceso agónico, la existencia de sintomatología previa y la evaluación de la función cardíaca. Mientras los peritos de la parte acusadora afirmaron que la insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón implicó un proceso prolongado de varias horas con signos visibles de edema y deterioro, otros profesionales médicos citados a declarar sostuvieron que se trató de un evento cardíaco súbito e imprevisible, desestimando la presencia de indicadores previos de falla orgánica irreversible.

Respecto a la delimitación de responsabilidades, el tribunal analizó el rol operativo de cada involucrado. Leopoldo Luque y Agustina Cosachov figuran como profesionales firmantes en el documento de externación de la Clínica Olivos. En tanto, las intervenciones de la firma de medicina prepaga, el seguimiento psicológico y la asistencia de enfermería nocturna fueron examinados en función de los partes diarios de salud y la existencia de órdenes médicas específicas para el control de signos vitales. Finalizada la etapa de alegatos el 22 de octubre, el tribunal quedará en condiciones de emitir su veredicto.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, resolvió conceder un recurso de casación impulsado por la representación legal de Máximo Kirchner, Florencia Kirchner y Sebastián José Sánchez, este último en calidad de director de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. La medida habilita una nueva instancia de revisión orientada a expedirse sobre la vigencia y ejecución de las medidas cautelares que pesan sobre diversos inmuebles vinculados a la causa judicial.

La representación técnica, a cargo del abogado Luis Joel Goldin, había elevado la apelación luego de que el tribunal de primera instancia rechazara los planteos iniciales. En la fundamentación del recurso, la defensa sostuvo que la decisión recurrida generaba un gravamen de imposible reparación ulterior al avanzar con actuaciones preparatorias referentes al patrimonio. Asimismo, se argumentó que existe un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente a la cuantificación y procedencia de las disposiciones patrimoniales, invocando la necesidad de evitar situaciones irreversibles previas a la intervención del máximo tribunal.

Paralelamente, la defensa de las personas jurídicas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. fundamentó la presentación señalando que el mantenimiento de cautelares sobre bienes titularidad de las sociedades vulnera la autonomía patrimonial y la personalidad jurídica diferenciada de ambas entidades. Según la postura volcada en el expediente, la postergación del tratamiento formal de la situación de las empresas mientras persisten las restricciones cautelares afectaría el derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio.

Con la apertura de esta vía apelativa, la Cámara Federal de Casación Penal deberá analizar los alcances del dictamen originario, el cual involucra propiedades ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —entre ellas un departamento situado en la calle San José al 1111 y unidades en el complejo Madero Center— así como otros inmuebles localizados en la provincia de Santa Cruz.

La resolución de fondo sobre estos activos se enmarca en la etapa posterior al fallo dictado en la denominada causa Vialidad, en la cual el TOF N° 2 había establecido a fines de agosto un embargo preventivo sobre los bienes alcanzados por el proceso por un monto total de $684.990.350.139,86, resguardo dispuesto con el objeto de preservar los activos de manera previa a la resolución definitiva sobre su destino legal.

“El estado actual de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE). La misma se encuentra operativa y en régimen, con un programa permanente de mantenimiento, control e incorporación de tecnología orientado a garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente”.

Controles y análisis oficiales

En el marco de la situación judicial vinculada al funcionamiento de la Planta, se ha apelado la resolución correspondiente y el recurso fue concedido, por lo que el proceso continúa su trámite en las instancias previstas por la Justicia.

En este contexto, el 19 de mayo de 2026, personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina realizó, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, la toma de muestras en el punto de vuelco final de la planta (Muestra ML1 - Precinto N° 004503) y en el punto de su derrame en el Río Gualeguaychú, donde se tomó una muestra (Muestra M2 - Precinto N° 004557). Dichas muestras fueron remitidas por el propio Juzgado Federal a laboratorio oficial para su análisis.

De acuerdo con los análisis oficiales, las muestras líquidas identificadas como "ML1" y "M2" NO EVIDENCIARON valores por fuera de lo normado en el Decreto Reglamentario N° 5837/91 de la Ley 6260 de la Provincia de Entre Ríos, "Límites permitidos a cursos de agua", Anexo I, y su modificatoria Decreto 5394/96, como en el Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley 24.051. Lo mismo sucedió con todas las demás muestras tomadas dicho día, la cuales dan DENTRO DE RÉGIMEN.

Valores del 19/05/2026

ML1 - Precinto N° 004503

- DBO: 12 mg/l - Límite: menor a 50 (Decreto 5837 ER)

- DQO: 88 mg/l - Límite: No establecido (Decreto 5837 ER)

- pH: 8,12 - Rango establecido 5,5-10 (Decreto 5837 ER)

- Coliformes Termotolerantes (nmp/100ml): menor a 1,8 – Límite: máximo 5000 (Decreto 5837 ER)

- Escherichia Coli: Ausencia – Límite: no establecido (Decreto 5837 ER)

M2 - Precinto N° 004557

- DQO: 38 mg/l - Límite: No establecido (Decreto 5837 ER)

- pH: 7,75 - Rango establecido 5,5-10 (Decreto 5837 ER)

Inversión y modernización

En el comunicado detallaron que “durante los últimos meses en la Planta de Tratamiento de Efluentes del PIG se incorporó nuevo instrumental para el control de procesos: oxímetro, pH-metro y fotómetro multiparamétrico. Se renovó el sistema de recirculación de lodos activos con dos nuevas bombas y se optimizó la transferencia de oxígeno en el canal de oxidación. Se revisaron y reacondicionaron equipos electromecánicos existentes y se construyó una plataforma de hormigón de 11 metros por 4 metros para el montaje de los nuevos soplantes”.

“Asimismo, se modernizó el sistema de desinfección mediante la incorporación de un sistema automático de dosificación de cloro, con sensor de cloro residual en línea, bomba dosificadora y sistema de monitoreo con alarmas. Fueron adquiridos un tanque horizontal de 3.000 litros y uno vertical de 3.000 litros, con capacidad para aproximadamente dos meses de operación”.

Mayor control sobre los efluentes industriales

Continúa la toma sistemática de muestras en las salidas de las distintas industrias, en diferentes días y horarios, para contar con información representativa sobre las descargas.

Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto para registrar caudales y calidad de los efluentes. La primera etapa contempla la construcción de cuatro cámaras de aforo en establecimientos con mayores volúmenes. En ellas se instalan sensores de pH, DQO, caudal y turbidez que enviarán información a una central en la Planta. Ya se encuentran instaladas las cabinas correspondientes a dos empresas.

Este sistema permitirá disponer de información instantánea e histórica y avanzar hacia un esquema de control cada vez más automatizado, trazable y basado en datos. En una segunda etapa se prevé ampliar progresivamente el monitoreo al resto de las empresas del Parque Industrial.

Una infraestructura esencial

Desde Codegu y la Comisión Administradora del PIG afirmaron que “la continuidad operativa de la Planta resulta esencial tanto para la preservación ambiental del río Gualeguaychú como para la continuidad de la actividad de las empresas radicadas en el Parque Industrial, que requieren del tratamiento centralizado de sus efluentes. Por este motivo, las acciones realizadas forman parte de un proceso continuo de mantenimiento, inversión, control y modernización de la infraestructura”.

Y concluyeron: “Reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo esta infraestructura, incorporando tecnología y mejorando permanentemente la eficiencia del tratamiento y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente”.

El pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) recibió este martes al gobernador Rogelio Frigerio, con quien analizó diversos temas de interés institucional, entre ellos proyectos para la creación de nuevos organismos judiciales en Entre Ríos.

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos, ubicado en el tercer piso de los Tribunales de Paraná, y tuvo entre sus principales temas el análisis de los proyectos presentados por el STJ para la creación de organismos en los fueros penal, civil y comercial, laboral y de familia.

“Con las iniciativas presentadas ante la Legislatura, que cuentan con estado parlamentario, se busca fortalecer el servicio de Justicia en la provincia y dar respuestas adecuadas a las demandas de la ciudadanía”, indicaron desde el STJ.

Durante el encuentro también se abordaron las previsiones presupuestarias para el próximo año y la continuidad de las obras edilicias previstas para el Poder Judicial.

Participaron de la reunión el vicepresidente del STJ, Carlos Federico Tepsich, y los vocales Daniel Carubia, Susana Medina, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher, Leonardo Portela y Laura Mariana Soage.

Dos mujeres, de 47 y 42 años, fueron detenidas este lunes luego de que fueran encontradas dentro de una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Andrade y Montevideo, cuya propietaria había fallecido recientemente.

La situación fue advertida por vecinos de una casa lindante, quienes observaron la presencia de ambas mujeres en el inmueble y dieron aviso a la Policía ante la sospecha de que habrían ingresado sin autorización.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, les solicitaron que abandonaran la vivienda. Sin embargo, las dos mujeres se negaron a retirarse y permanecieron en el interior.

Durante la intervención se pudo establecer que ambas habían desempeñado anteriormente tareas como asistentes y cuidadoras de la mujer que residía en el domicilio y que falleció recientemente.

Ante esta situación, los policías comunicaron lo ocurrido a la Fiscalía de Propiedad, desde donde se dispusieron las medidas correspondientes y la detención de las dos mujeres, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por un supuesto intento de usurpación del inmueble.

Luego de completar las diligencias correspondientes, ambas fueron trasladadas a dependencias de la Comisaría del Menor y la Mujer, donde permanecieron alojadas a disposición de la autoridad judicial.

El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés en la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral, por establecer una reducción en las indemnizaciones e incumplir tres artículos de la Constitución Nacional.

El fallo de la Sala I firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que el artículo 55 de la Ley 27.802 aprobada por el Congreso Nacional viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 14 bis.

La sentencia fue emitida en relación al despido de un trabajador de un lavadero, y establece que el apartado de la reforma laboral “no supera el examen de constitucionalidad”.

Catani explicó que la norma “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”, ya que “aún aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición -el 67% por ciento del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del IPC con más una tasa del 3% anual- el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Por otro lado, remarcó que la ley coloca en “peor situación” a quienes “se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho” con respecto a las indemnizaciones. “La distinción es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del crédito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicialización”, agregó.

También explayó que el artículo 55 “somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial para obtener tutela”, pese a que la Constitución establece la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente”.

El juez consideró también que en este caso no cabe invocar la “doctrina del esfuerzo compartido”, ya que “la Constitución no autoriza a distribuir la pérdida entre acreedor y deudor”.

De esta forma, el fallo sentó un precedente sobre el artículo 55. Sin embargo, Catani afirmó que esto no implica que se aplique el régimen anterior a la ley 27.802, sino que se establecen los parámetros establecidos en el artículo 54 de la misma. Este dice: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Nivel General, elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago”.

Un nuevo hecho de violencia machista conmociona a la provincia de Salta. Cintia Díaz Orellana, de 20 años, falleció en el Hospital San Bernardo tras haber sido agredida ferozmente a la salida de un boliche en la ciudad de San José de Metán. Por el hecho fue detenido su novio, Gastón Ramírez, de 26 años, quien se presentó espontáneamente ante las autoridades policiales.

El episodio se desencadenó durante la madrugada del sábado, luego de que la pareja se retirara de un local bailable. Según las primeras reconstrucciones de la investigación, ambos mantuvieron una discusión en la vía pública, marco en el cual el hombre atacó a la joven con golpes de puño y un elemento contundente, ocasionándole graves traumatismos en la cabeza.

Cerca de las 4 de la mañana, Ramírez acudió a una dependencia policial para dar cuenta del ataque. Al dirigirse al lugar indicado por el agresor, los efectivos hallaron a Díaz Orellana inconsciente y con múltiples heridas. La víctima fue asistida en primera instancia en el hospital Del Carmen de Metán y posteriormente derivada a la capital salteña, donde finalmente falleció debido a la severidad de las lesiones.

La causa se encuentra bajo la órbita del fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino de la Fiscalía Penal N°1 de Metán, quien dispuso el secuestro de prendas de vestir, la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. El acusado permanece privado de la libertad y será sometido a la audiencia de imputación formal por el delito de femicidio.

La Justicia federal de los Estados Unidos declaró culpable al empresario Federico “Fred” Machado por los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. El fallo, dictado por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, se produjo luego de que Machado admitiera su responsabilidad a cambio de retirar los cargos por narcotráfico, los cuales conllevaban penas sensiblemente mayores.

Extraditado desde la Argentina a fines del año pasado tras haber sido detenido en Río Negro en 2021, el financista aguarda la fijación de su condena definitiva. La resolución reavivó el entramado de vínculos políticos con el exdiputado José Luis Espert. Durante la campaña legislativa de 2025, se reveló que el dirigente libertario había percibido transferencias millonarias no declaradas y utilizado aviones privados del empresario durante sus giras electorales.

El escándalo de financiamiento irregular derivó en denuncias por inconsistencias en los gastos de campaña y un severo costo político que culminó con la renuncia de Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires y a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

La Policía de Gualeguaychú llevó adelante durante la noche del miércoles dos allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Fiorotto, en el marco de la investigación por el robo de una motocicleta sustraída el martes en un establecimiento educativo. Si bien el vehículo buscado no fue hallado, los operativos permitieron secuestrar dos motocicletas que registraban pedidos de secuestro vigentes por causas de hurto.

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 21.45 y fueron ejecutados por efectivos de las comisarías Sexta y Octava, con autorización del Juzgado de Garantías N.º 1 y el apoyo del Grupo Especial.

En uno de los domicilios allanados, personal de la Comisaría Sexta notificó a la propietaria de la vivienda. La requisa no arrojó resultados positivos respecto de la causa que motivó el operativo. Sin embargo, sobre la vereda del inmueble los efectivos detectaron una Honda Wave 110 S sin dominio colocado. Al verificar la numeración del rodado, comprobaron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 1 de junio de 2026, solicitado por la Jefatura Departamental Uruguay en el marco de una investigación por hurto, por lo que fue inmediatamente incautada.

En forma paralela, efectivos de la Comisaría Octava realizaron otro allanamiento en una vivienda del mismo barrio. Allí tampoco encontraron elementos vinculados con la motocicleta robada, aunque durante la inspección localizaron una Honda CG 150 Titan con pedido de secuestro vigente desde el 18 de junio de 2026, también requerido por la Jefatura Departamental Uruguay.

Durante ambos procedimientos la Policía inspeccionó otras motocicletas presentes en los inmuebles y constató que contaban con la documentación correspondiente, por lo que únicamente fueron secuestradas las dos unidades que presentaban requerimientos judiciales.

Las motocicletas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para dar con el rodado sustraído en el establecimiento educativo y determinar posibles responsabilidades en los hechos investigados.

La información está disponible en un micrositio - www.jusentrerios.gov.ar/edictos-judiciales - al que se accede desde la página de inicio. Se trata de un sistema intuitivo y de fácil operación, implementado tras una prueba piloto. No se suplantará la publicación de avisos en el Boletín Oficial ni en diarios.

Tras las pruebas realizadas que se efectuaron durante dos meses, la Sala N.º 2 en lo Civil y Comercial del STJER advirtió que el sistema informático desarrollado resultó intuitivo y de muy fácil operación, facilitando la carga de la información, otorgándole agilidad y celeridad a los procesos administrativos.

Con el empleo de esta herramienta tecnológica se busca garantizar mayor publicidad y transparencia a los actos procesales, y al estar visible en la página de inicio del Poder Judicial, promueve el acceso a la información.

De todos modos, la disponibilidad de este espacio virtual no eximirá la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la provincia o en diarios, conforme lo dispongan jueces y juezas en el marco de un expediente en trámite.

El ícono de acceso está disponible en la parte superior de la página web del Poder Judicial debajo del logotipo del Poder Judicial y del croquis del edificio de los Tribunales de Paraná.

El sistema desarrollado permite consultar la información por jurisdicción o por tipos de edictos judiciales: concursos y quiebras; mensuras; notificaciones de personas; remates y subastas; sucesiones, y usucapión.

Un total de 700 ciudadanas y ciudadanos de Gualeguaychú fueron sorteados este miércoles para integrar el padrón de potenciales jurados populares que podrán ser convocados durante 2027 para intervenir en juicios penales bajo esta modalidad en la provincia de Entre Ríos.

El sorteo público se realizó en la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), en Paraná, y estuvo a cargo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). En total se seleccionaron 8.000 electores de toda la provincia, distribuidos por jurisdicción judicial y por sexo, con el objetivo de conformar el listado anual de personas habilitadas para integrar tribunales de jurados.

En el caso de Gualeguaychú, fueron elegidos 700 vecinos, quienes pasarán a integrar la nómina desde la cual la Justicia realizará las convocatorias cada vez que se lleve adelante un juicio por jurados dentro de la jurisdicción.

La distribución provincial estableció que Paraná contará con 1.420 potenciales jurados; Concordia, 1.060; Concepción del Uruguay y Gualeguay, 800 cada una; mientras que Gualeguaychú tendrá 700. En el resto de las jurisdicciones se sortearon entre 140 y 266 personas, según la cantidad de electores de cada departamento.

El procedimiento fue transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube del Superior Tribunal de Justicia y contó con el control de la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda. Además, participaron representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de organizaciones vinculadas a la implementación del sistema de juicio por jurados.

Las personas sorteadas no serán jurados de manera automática, sino que integrarán el padrón de ciudadanos elegibles para ser convocados cuando se programe un juicio por jurados durante 2027. En cada proceso judicial se realizará una nueva selección entre quienes forman parte de esa nómina, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 10.746.

El resultado del sorteo puede verse en https://youtube.com/live/A7f4wBL3ACY?feature=share