La Justicia federal dio un paso formal hacia el inicio del juicio oral contra el representante de modelos Leandro Santos y tres personas de su entorno, al fijar la fecha para la realización de la audiencia preparatoria del debate. El encuentro fue convocado por el Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal para el próximo 24 de noviembre, instancia en la que los magistrados y las partes definirán los aspectos organizativos, la prueba que se proyecta producir y la modalidad bajo la cual se llevará adelante el juzgamiento de los imputados en Comodoro Py.

El tribunal a cargo del proceso estará integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, mientras que la acusación fiscal será llevada adelante por el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Osorio. La fijación de esta audiencia previa constituye el paso procesal necesario para determinar el calendario definitivo del juicio y disponer las citaciones de los testigos que prestarán declaración testimonial a lo largo de las audiencias.

El expediente tuvo sus primeras actuaciones en el año 2010 en la República Oriental del Uruguay, en el marco de un procedimiento denominado internamente "Operación Blanca". Con el transcurso del tiempo y el avance de las averiguaciones, la causa derivó en una investigación tramitada ante la fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se recolectaron los elementos de convicción que permitieron el procesamiento de los acusados y la posterior elevación de las actuaciones a la etapa de juicio oral.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la acusación, la estructura montada alrededor de la agencia de modelaje Latin American Models habría sido utilizada como pantalla comercial para captar jóvenes en Argentina y Uruguay. La imputación sostiene que la promesa de inserción y desarrollo profesional en el ámbito publicitario o del espectáculo constituía el mecanismo de atracción para luego derivar a las víctimas a situaciones de explotación sexual en eventos, reuniones y encuentros de carácter privado.

Además de Leandro Santos, la nómina de imputados que deberán afrontar el juicio oral incluye a sus hermanos Rodrigo y Micaela Santos, a quienes la investigación atribuye un rol operativo enfocado en el reclutamiento y la selección de las jóvenes a través de la firma comercial. Por otra parte, se encuentra imputado Luis Zanardi, señalado en las actuaciones como la persona encargada de la logística de los encuentros privados, la entrega de dinero a las presuntas víctimas y la coordinación de los traslados. La acusación formal abarca los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas y maniobras de lavado de activos.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)

La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y le impuso un embargo y una prohibición para salir del país.

La medida, firmada por el juez federal Lino Mirabelli, da un paso en la investigación por el pago de USD 200.000 que recibió en 2020 ligado a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico.

El magistrado le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición para salir del país.

También procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró como partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo por $700 millones.

En agosto, el exdiputado de La Libertad Avanza había presentado un descargo de 141 páginas ante la Justicia en el que pidió su sobreseimiento en la causa.

En el mismo justificó que el pago investigado se debió a un contrato por una asesoría a una empresa, y que el mismo fue firmado ante un escribano y apostillado por el Estado argentino. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que se trató de una maniobra simulada para lavar dinero.

“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó al respecto Espert en un posteo en su cuenta de X el 19 de agosto.

La decisión del juez Mirabelli llega apenas días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín decidió no hacer lugar a dos planteos del exdiputado para frenar la investigación en su contra.

Por un lado, rechazaron un pedido para anular las medidas de prueba pedidas por el fiscal Rodolfo Domínguez. También rechazó otro para recusarlo por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.

La Justicia federal y la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo un exhaustivo procedimiento contra la explotación laboral que derivó en la liberación de cuatro víctimas y la aprehensión de nueve imputados en los partidos de Pilar y General Obligado. La causa judicial se inició a partir de una presentación realizada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) mediante la Línea 145, el canal oficial habilitado para la recepción de denuncias sobre trata de personas y delitos conexos.

Las actuaciones recayeron en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, con la intervención de la Secretaría Nº 3, dirigida por Máximo Castrillo. Las tareas de investigación permitieron establecer la existencia de una organización que operaba captando trabajadores en situación de vulnerabilidad en la provincia de Santa Fe mediante falsas ofertas laborales para luego trasladarlos hacia la provincia de Buenos Aires.

Durante la irrupción policial en el establecimiento de Pilar, los agentes procedieron a la detención de ocho personas que intentaron darse a la fuga por el sector posterior del terreno. Asimismo, en la inspección del predio se incautó un armamento compuesto por una escopeta calibre 12/70, dos revólveres, un rifle de aire comprimido, municiones varias y cartuchería servida.

El material probatorio secuestrado en el lugar abarcó también una camioneta utilizada para la logística, la suma de 21.000 dólares estadounidenses, más de 20 millones de pesos en efectivo, una máquina contadora de billetes, ocho dispositivos de telefonía celular, una computadora portátil, una tableta y diversa documentación de interés para el expediente.

A partir del análisis de los elementos recabados en la quinta de Pilar, la investigación identificó un domicilio en la localidad de Antonio Obligado, provincia de Santa Fe, que funcionaba como nodo para el reclutamiento de las víctimas. Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Resistencia, se concretó un segundo allanamiento donde fue detenido el noveno integrante del grupo, al tiempo que se incautó dinero en moneda extranjera, documentación migratoria y teléfonos.

Las personas liberadas recibieron contención inmediata por parte del personal especializado de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Por su parte, los nueve detenidos quedaron imputados a disposición del fuero federal por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

La causa por el manejo de fondos y beneficios vinculados al programa Potenciar Trabajo, que tiene como principal imputada a Carina Izaguirre y que durante casi dos años se tramitó ante la Justicia Federal de Gualeguaychú, tendrá ahora un nuevo escenario judicial: el expediente pasará a la Justicia provincial y continuará bajo la órbita de los Tribunales de Gualeguaychú.

La decisión representa un giro importante en una investigación que comenzó a fines de 2024 y que derivó en la detención de Izaguirre, su procesamiento y una posterior prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que cumple actualmente. El cambio de fuero se produjo después de que el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay analizara la competencia que correspondía para juzgar los hechos investigados y resolviera que la causa debía continuar en la Justicia ordinaria.

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias relacionadas con la administración de beneficios del entonces programa Potenciar Trabajo. La hipótesis sostenida durante la instrucción federal vinculó a Izaguirre y a otras personas con un esquema que habría incluido exigencias de dinero a beneficiarios, amenazas y préstamos con intereses elevados.

En ese contexto, Izaguirre fue detenida el 18 de diciembre de 2024 por orden del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. En enero de 2025, el magistrado dictó su procesamiento por los delitos de amenazas coactivas, extorsión y usura, además de disponer su prisión preventiva.

Uno de los aspectos centrales de aquella investigación estuvo relacionado con el supuesto cobro de una parte del dinero que recibían los beneficiarios del programa y con préstamos que, de acuerdo con la acusación, eran otorgados a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad y luego debían ser devueltos con elevados intereses.

El abogado defensor Matías Farías cuestionó desde un comienzo distintos aspectos de la imputación. Entre ellos, planteó objeciones respecto de la calificación legal de los hechos y también sobre la competencia de la Justicia Federal para intervenir en determinadas conductas investigadas.

La situación procesal de Izaguirre tuvo luego una modificación sustancial. En abril de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo control mediante dispositivo electrónico y con restricciones de contacto y acercamiento respecto de beneficiarios de Potenciar Trabajo y otras personas vinculadas con la investigación.

El cumplimiento de esa medida se concretó a fines de abril. Izaguirre fue trasladada desde la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú hasta su domicilio, donde continuó privada de su libertad bajo monitoreo electrónico.

Farías dialogó con EL ARGENTINO y aseguró que en el ámbito provincial seguirá trabajando de la misma forma en que lo hizo en el Federal, donde consiguió la excarcelación. “Vamos a realizar los planteos y presentaciones necesarias para avanzar en el proceso. Tal como se logró que Izaguirre saliera de la prisión preventiva y que la mayor parte de los imputados puedan ser sobreseídos, ahora vamos a continuar en el mismo sentido con los imputados que quedan”, indicó.

El cambio de fuero

Ahora, más de un año después de aquella decisión, el expediente vuelve a cambiar de escenario judicial. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay declaró su incompetencia para continuar interviniendo en la causa.

La Fiscal Federal, Josefina Minatta, sostuvo que los delitos atribuidos a los acusados —amenazas coactivas, extorsión y usura— tienen carácter ordinario y que, en función de los elementos reunidos, no se encontraba acreditada una afectación directa de intereses o bienes del Estado Nacional que justificara mantener la intervención del fuero federal.

Fue ella quien dictaminó que por la forma planteada del caso no había ningún interés federal comprometido, porque los fondos ya estaban en la órbita de los particulares y la usura es un delito federal. A partir de este planteo, el Tribunal se declaró incompetente. “Este caso conforma un universo de casos que se iniciaron por denuncias a una línea telefónica de denuncias, y esos casos que se iniciaron bajo este mismo modus operandi, la Corte los envió a la órbita provincial”, explicó

El traspaso no implica una definición sobre la responsabilidad penal de Izaguirre ni de los restantes imputados. Tampoco supone una absolución ni modifica por sí mismo los hechos que fueron objeto de investigación. Lo que cambia es el fuero que tendrá a su cargo la continuidad del proceso.

La causa deberá ahora continuar en Gualeguaychú con las reglas y autoridades correspondientes al sistema de Justicia provincial, donde deberán definirse los próximos pasos procesales y el destino de la investigación.

Así, el expediente que comenzó con una investigación federal sobre el funcionamiento de Potenciar Trabajo y que llevó a Izaguirre a permanecer detenida primero en la UP9 y luego bajo prisión domiciliaria, ingresa ahora en una nueva etapa judicial, esta vez ante los Tribunales de Gualeguaychú.

El procedimiento se desarrolló en todas las dependencias de la institución, donde funciona el aeródromo local. La medida fue dispuesta por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y ejecutada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Villa Paranacito.

Las requisas fueron ordenadas por la fiscal federal Josefina Minatta. Los agentes buscaron documentación y registros que permitieran reconstruir los movimientos de aeronaves realizados hace casi medio siglo.

La búsqueda de documentación histórica

El aeródromo había sido creado en la década de 1950, aunque el procedimiento se concentró en los archivos correspondientes al período comprendido entre fines de 1973 y la finalización de la última dictadura, en diciembre de 1983.

La investigación procura determinar si desde esas instalaciones despegaron, aterrizaron o recibieron asistencia aeronaves relacionadas con los denominados “vuelos de la muerte”. Ese mecanismo fue utilizado durante el terrorismo de Estado para hacer desaparecer a personas que permanecían secuestradas en centros clandestinos de detención.

Los investigadores intentaron localizar planillas, libros de vuelo, registros de operaciones y cualquier otro documento que pudiera aportar datos sobre el movimiento de aviones o helicópteros militares durante aquellos años.

Inspecciones y exhumaciones en el delta

En los últimos años, la fiscal Minatta ordenó diversas inspecciones en el Delta del Paraná para recabar declaraciones y encontrar registros que permitieran determinar qué ocurrió en la región durante la dictadura.

La investigación también incluyó exhumaciones en tumbas identificadas como NN en cementerios de la zona. En esas tareas participaron especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la abogada Lucía Tejera, querellante en representación del Estado nacional.

El allanamiento al aeroclub buscó incorporar nuevas evidencias a una causa que intenta reconstruir hechos ocurridos hace aproximadamente cinco décadas e identificar a posibles víctimas y responsables de delitos de lesa humanidad.

Fuente: AnálisisDigital

Una investigación interna en la Armada Argentina terminó en una denuncia ante la Justicia Federal por un presunto esquema de corrupción vinculado con la liquidación de haberes y viáticos del personal. Según los testimonios que dieron origen al expediente, la maniobra habría funcionado desde 2022 y podría haber provocado un perjuicio cercano a $1.600 millones.

El caso involucra, de acuerdo con la información aportada a la investigación, a alrededor de 25 personas entre oficiales y empleados civiles. La sospecha es que desde el área encargada de las liquidaciones se habrían generado pagos que no correspondían, tanto mediante suplementos salariales como a través de fondos destinados a personas que ya no pertenecían a la fuerza.

La denuncia comenzó a tomar forma cuando al menos siete integrantes de la Armada se negaron a participar de las maniobras y comunicaron las irregularidades a sus superiores. A partir de esos testimonios, el servicio contable de la fuerza elevó la información y se inició una actuación administrativa para revisar las acreditaciones realizadas durante los últimos años.

Uno de los mecanismos bajo investigación está relacionado con los suplementos que se incorporaban a los salarios. Según los denunciantes, algunos agentes recibían montos adicionales y luego se les reclamaba que devolvieran una parte del dinero. Esa diferencia habría sido distribuida entre integrantes del área que intervenía en las liquidaciones.

La investigación también puso bajo la lupa pagos que se habrían realizado utilizando información de personal retirado o que ya había sido dado de baja. La sospecha es que esos datos permitían solicitar fondos para salarios que finalmente no debían ser abonados. De confirmarse, parte del dinero obtenido de esa manera habría quedado fuera del circuito correspondiente.

Los viáticos vinculados con viajes al exterior también forman parte de las irregularidades denunciadas. En esos casos, los testimonios mencionan la posible adulteración de comprobantes y la incorporación de gastos que no se habrían realizado. La documentación contable será uno de los elementos que deberá analizar la Justicia para determinar el alcance de la maniobra.

El expediente también alcanza al funcionamiento del área administrativa encargada de procesar los haberes. Según los testimonios incorporados a la denuncia, personal civil intervenía en la carga de los suplementos mientras oficiales tenían responsabilidades de control y firma, por lo que la investigación deberá establecer qué grado de participación tuvo cada persona y si existió una estructura coordinada para desviar fondos.

La respuesta del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa confirmó la existencia de una investigación administrativa y señaló que las autoridades detectaron inconsistencias en las acreditaciones de sueldos. Una vez constatadas esas irregularidades, la cartera informó que presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 para que se investiguen los hechos y se determinen las eventuales responsabilidades.

“Se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos”, indicó Defensa. El Ministerio explicó que, luego de verificar esas irregularidades, decidió recurrir a la Justicia para que avance la investigación, con la garantía del debido proceso.

La cartera que conduce Luis Petri remarcó además que la administración de los recursos públicos constituye una obligación central del área y aseguró que existe “tolerancia cero” frente a cualquier irregularidad en su manejo. En ese sentido, señaló que se adoptarán las medidas que correspondan a medida que avance la investigación.

Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar cómo funcionaba el mecanismo, desde cuándo operaba, cuál fue el monto efectivamente desviado y quiénes participaron. La cifra de $1.600 millones surge de los testimonios que dieron origen a la denuncia y deberá ser corroborada mediante el análisis de las liquidaciones, los movimientos de fondos y el resto de la documentación administrativa.

La investigación se produce además en un momento en que la administración de los recursos de las Fuerzas Armadas se encuentra bajo revisión dentro del Ministerio de Defensa. En este caso, sin embargo, las responsabilidades individuales y el eventual perjuicio al Estado todavía deberán ser establecidos a partir de la investigación judicial.

Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba desde la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde permanecía detenido en el marco de la investigación por el homicidio del remisero Martín Palacio. Su abogado defensor en Entre Ríos, Augusto Lafferriere, confirmó a Elonce que se opuso a la medida al considerar que todavía existen actos procesales pendientes en la provincia.

Laurta también está acusado en Córdoba por los femicidios de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio. Según explicó el letrado, la jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, dispuso dos traslados: uno hacia el Ministerio Público Fiscal entrerriano para que el detenido formulara una denuncia y otro hacia territorio cordobés: la cárcel de Cruz del Eje.

“Desde el inicio de que asumí la defensa ha manifestado que tiene cuestiones para decir, para contar y exponer su versión”, afirmó Lafferriere. El abogado indicó que los planteos de Laurta estuvieron relacionados con una supuesta situación de trata infantil vinculada a su hijo, aunque evitó aportar mayores precisiones debido a la reserva que podría requerir la investigación.

La defensa se opuso al traslado a Córdoba

Lafferriere explicó que la defensa no objetó que Laurta fuera llevado ante la Fiscalía para formular la denuncia. “Vemos con buenos ojos que la Justicia también escuche lo que Laurta tenga para decir”, sostuvo durante la entrevista con Elonce.

Distinta fue la postura frente al traslado a Córdoba. El abogado señaló que el 28 de agosto presentó un escrito ante el Juzgado de Garantías para manifestar su oposición. Según argumentó, la investigación por el crimen de Palacio todavía se encontraba en etapa preparatoria y bajo la intervención de la fiscal Daniela Montangie, de Concordia.

“Entendemos que aún no están finalizados” los actos procesales en Entre Ríos, manifestó. Lafferriere sostuvo que la denuncia realizada por su defendido podría derivar en nuevas citaciones y diligencias dentro de la jurisdicción entrerriana.

Es necesario aclarar que el Fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida contra Pablo Laurta por el doble femicidio de la madre y de la abuela de su hijo de 5 años, Luna Giardina y Mariel Zamudio, respectivamente. Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que Laurta llegará a juicio imputado por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

La situación judicial de Laurta

Consultado sobre las acusaciones, el defensor remarcó que las causas todavía se encontraban en investigación. “Hay una grave acusación contra él; judicialmente también, pero aún en etapa incipiente”, explicó.

Lafferriere aclaró que su intervención profesional se limita al expediente tramitado en Entre Ríos por el crimen de Palacio y que desconoce las particularidades de las pruebas reunidas en Córdoba por los otros dos homicidios investigados.

También aseguró que Laurta se encontraba en condiciones de afrontar el proceso judicial. “Es una persona con quien se puede mantener un diálogo normal. Tiene su capacidad de juicio, su razonabilidad intacta. Entendemos que desde ese punto de vista no hay ningún impedimento para que él pueda defenderse y someterse a proceso”, señaló.

Cabe recordar que el acusado formaba parte de «Varones Unidos», una agrupación de tinte antifeminista. La asociación considera a la feminidad como un “complemento natural de la esencia masculina” y exige dar lugar a las “problemáticas masculinas”.

Evaluaron recurrir a la Justicia Federal

Otro punto planteado por la defensa fue una eventual discusión sobre la competencia judicial. Lafferriere explicó que los homicidios son delitos comunes y, en principio, corresponde que intervengan las justicias provinciales de Entre Ríos y Córdoba.

Sin embargo, sostuvo que existen elementos que podrían habilitar un planteo para llevar el expediente al fuero federal. Entre ellos mencionó la condición de extranjero del imputado (es ciudadano uruguayo) y la existencia de investigaciones desarrolladas en dos provincias.

“Entendemos que aquí sí habría la posibilidad de que por inhibitoria o por declinatoria se presente un pedido de incompetencia en la Justicia provincial y el caso sea llevado a la Justicia Federal”, indicó. No obstante, aclaró que la defensa todavía no resolvió avanzar con esa estrategia: “Hemos evaluado esa opción. Aún no hemos decidido el temperamento a seguir”.

Las causas que se investigan

Laurta había sido detenido el pasado 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú cuando se encontraba acompañado por su hijo. A partir de la investigación también avanzó la causa por el homicidio del remisero Palacio, a quien contrató cuando llegó a la Argentina de forma clandestina con el objetivo de viajar a Córdoba y llevarse al niño. Antes, había cruzado en piragua desde Uruguay a Entre Ríos para evitar dejar rastros en la Aduana.

El día de los femicidios, Laurta accedió armado al domicilio de su ex y mamá de su hijo. Una vez en el interior de la propiedad, atacó a Luna y a su suegra Mariel a tiros hasta matarlas. Así, escapó y se llevó consigo al niño de 5 años, desencadenando un operativo de búsqueda que culminó con su captura en la provincia de Entre Ríos; los investigadores están convencidos de que lo iba a cruzar a Uruguay de manera ilegal.

El arresto de Laurta, uno de los creadores de la comunidad digital que defendía los derechos de los hombres y cuestionaba las políticas de género; desnudó además el plan criminal urdido por el uruguayo, que incluyó el crimen de Palacio, su desmembramiento y la dispersión de los restos en distintos puntos del trayecto que recorrió en los departamentos de Concordia y Rosario del Tala.

Mientras los expedientes avanzan en ambas jurisdicciones, la defensa insistió en que todavía quedaban medidas procesales pendientes en Entre Ríos y dejó abierta la posibilidad de discutir la competencia ante la Justicia Federal.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, desestimó las quejas presentadas por las defensas técnicas y ratificó la continuidad de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de obras de dragado gestionadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El expediente judicial tiene su origen en 2019 tras una denuncia promovida por Carlos Jaime Hartwig sobre presuntos delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y abuso de autoridad. El foco de la pesquisa se sitúa en el Concurso de Precios 009/2017 para tareas de dragado y mantenimiento del río, adjudicado a la empresa Jan de Nul por USD 39.998.920, cifra calificada en la causa como un monto "superior a los valores existentes en el mercado, antieconómico y carente de justificación técnica".

En el marco del proceso se encuentran imputados los exdelegados argentinos Mauro Héctor Vazón, Juan Enrique Ruiz Orrico y Jorge Diego Satto, junto a Pieter Jan de Nul. Las defensas habían planteado excepciones de falta de acción e incompetencia territorial invocando la inmunidad de jurisdicción del organismo binacional para apartar a los tribunales locales del caso.

Sin embargo, tras las resoluciones del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Casación concluyó que las presentaciones no se dirigen contra una sentencia definitiva ni acreditaron un perjuicio irreparable. Con esta resolución, la causa permanecerá en trámite en el fuero federal para la producción de nuevas medidas de prueba.

(Fuente: Análisis Digital)

La Policía Federal realiza allanamientos en Chajarí y en Paraná este miércoles por la mañana. Uno se lleva adelante en un domicilio de San Luis y Repetto de la ciudad del norte entrerriano, donde reside la familia del ex subjefe de la Policía de Entre Ríos, Juan Ramón Rosatelli.

Los otros allanamientos se realizan en la Jefatura Central de la Policía de Entre Ríos y en la Departamental de Paraná. En los operativos estaría involucrado el subcomisario Daniel Rosatelli, quien estaba al frente del Departamento Jurídico de la repartición, en tiempos del exjefe departamental, comisario Carlos Schmunk.

El despliegue de la Federal en Chajarí se habría hecho en la vivienda particular de Rosatelli. La búsqueda de documentación e información estaría vinculada a una causa por narcotráfico, que se tramita en el Juzgado Federal de Paraná.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos ratificaron su plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados y ponen a disposición de la magistratura interviniente toda la información y los elementos que sean requeridos.

Asimismo, reiteraron su “compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones”.

“Nadie está por sobre la ley”, finaliza el comunicado. Análisis/Ahora/Chajarí al día

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que junio de 2026 concluyó con 12.319 personas privadas de su libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lo que representa un crecimiento del 1,3% (153 personas más) respecto de las registradas al cierre de 2025.

Los datos surgen del reporte semestral Población privada de libertad en cárceles federales, correspondiente al período enero-junio de 2026, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.

En ese marco, el informe indica que al cierre del primer semestre del año se registró una sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 personas privadas de la libertad por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF.

Asimismo, destaca que la mayor parte del crecimiento de la población fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que incrementó su ocupación en 115 personas durante el semestre. En contraste, la Unidad 17 de Candelaria redujo su población de 188 a 148 personas (40 menos).

Situación procesal y jurisdicción

En relación con la situación procesal, el documento indica que 6 de cada 10 personas privadas de su libertad cuentan con condena firme. En términos porcentuales, el 64,4% (7.927 personas) se encuentra condenado, mientras que el 35,6% (4.391) permanece detenido en calidad de procesado.

En comparación con el cierre de 2025, la PROCUVIN señala que la cantidad de personas condenadas aumentó un 3,2% (247 personas más), mientras que las prisiones preventivas descendieron un 2,1% (94 personas menos).

En relación con la jurisdicción interviniente, el 51% de las personas alojadas en establecimientos federales se encuentra a disposición de la justicia nacional (6.277), el 44% corresponde a la justicia federal (5.416) y el 5% restante (626) depende de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe también destaca que la población dependiente de la justicia nacional creció un 5,5% durante el semestre y que representan la mitad de la población alojada en el SPF.

A su vez, la justicia federal presenta la mayor proporción de personas privadas de libertad sin condena firme: el 40,3%, mientras que en el ámbito nacional el porcentaje de procesados alcanza el 32,8%.

Mujeres y personas travesti-trans

El informe consigna que al cierre de junio de 2026 había 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa en conjunto el 8,5% de la población total. El 91,5% restante son hombres.

Durante el período analizado, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 7,4%, mientras que la población travesti-trans se mantuvo relativamente estable. A su vez, 7 de cada 10 personas de estos colectivos se encuentran alojadas en el establecimiento penitenciario de mujeres ubicados en Ezeiza.

El documento también destaca que más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no cuenta con condena firme (49,4%), proporción superior a la registrada en la población general.

En cuanto a situaciones específicas, se registraron 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y otras 18 detenidas junto a sus hijos/as. La mayoría de estos casos se concentra en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, mientras que en el Complejo Penitenciario Federal III de Salta se reportaron dos mujeres embarazadas y tres con sus hijos/as.

Jóvenes y población extranjera

El informe señala que las personas de entre 18 y 21 años representan el 2,4% de la población total (297 casos) y que este grupo registró un incremento del 7,2% durante el semestre. A su vez, 7 de cada 10 jóvenes se encuentran detenidos sin condena firme.

Por otro lado, las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.962 casos, y evidenciaron un aumento del 1% en el período analizado.

Metodología

El documento tiene como objetivo obtener información actualizada sobre la cantidad, distribución y evolución de la población penal del SPF, además de aportar datos sobre su composición según variables sociodemográficas, procesales y jurisdiccionales.

La información presentada toma como fuente los reportes publicados mensualmente por el Servicio Penitenciario Federal, que luego son sistematizados y procesados por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN.

Las cifras corresponden a personas encarceladas en unidades y complejos del SPF. Esto no constituye el universo total de personas privadas de libertad bajo la órbita de la justicia nacional y federal, debido a que no incluye información sobre detenidos/as en cárceles provinciales, institutos penales para personas menores de edad ni dispositivos federales tales como dependencias de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, etc.

El próximo 13 de agosto a las 12:00 hs., el empresario Sergio Andrés Aguirre deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello. La Justicia Federal lo investiga como presunto integrante de una asociación ilícita que habría desviado más de 266 millones de pesos de Osprera , la obra social de los peones rurales, intervenida por el Gobierno nacional.

El caso cobró relevancia pública debido a que Aguirre mantiene una relación comercial de más de siete años con Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, con quien comparte la firma TR Nutrition SRL desde 2018. Aunque Menem no está imputado, los lazos de su entorno directo quedaron bajo la lupa judicial.

La empresa en el centro de la polémica es HTECH Innovation, constituida en abril de 2024. La firma se inscribió como una consultora de servicios informáticos y desarrollo de software sin antecedentes ni empleados registrados. A pesar de esto, se convirtió en proveedora de Osprera tras la intervención decretada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2024. La entonces interventora, Virginia Montero, contrató a la compañía, que emitió sus dos primeras facturas en noviembre de ese año por montos que superaron los 47 millones de pesos.

El entramado societario de HTECH incluye a Stefano Zanetti y a María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, quienes también fueron citados a indagatoria. Mirabelli cumplía funciones en paralelo como secretaria privada del propio interventor Petroni. Ante la sospecha del desvío de fondos públicos, el magistrado ordenó un embargo preventivo de 920 millones de pesos sobre los bienes de los involucrados, tras detectarse la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta BMW y una moto Ducati.

Durante los procedimientos, la Justicia allanó la sede declarada de la firma en la calle Jorge Newbery al 1500, constatando que allí opera otra empresa de Aguirre llamada Wellmets, por lo que el domicilio real de la consultora permanece sin determinar. Desde el entorno de la familia Menem señalaron que se trata de una operación política derivada de internas gubernamentales y afirmaron que no tienen vinculación con los hechos investigados.

Fuente: Perfil

Setenta años después de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política en la Argentina, la Justicia Federal de San Martín declaró que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad. La sentencia, dictada por la jueza Alicia Vence en el marco de un Juicio por la Verdad, responsabilizó al Estado argentino por su planificación y ejecución, y dispuso un conjunto de medidas de reparación y preservación de la memoria para las víctimas y sus familiares.

El fallo representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956, cuando un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a los basurales de José León Suárez. Allí, varios de ellos fueron ejecutados por fuerzas policiales de la autodenominada Revolución Libertadora. Aquellos acontecimientos fueron reconstruidos y difundidos por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, considerada obra fundacional del periodismo de investigación en América Latina.

La sentencia fue leída en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín, a pocos metros del lugar de los fusilamientos. La magistrada dio por probado que personal policial allanó de manera ilegal una vivienda en Florida por orden de las máximas autoridades de facto de la época, encabezadas por el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas.

Doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a la comisaría de San Martín y luego a un descampado donde se produjo la ejecución. Murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que otros siete sobrevivieron, entre ellos Juan Carlos Livraga, quien aportó su testimonio desde Estados Unidos durante las audiencias.

La jueza calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía. Aunque todos los responsables directos e indirectos ya fallecieron, estableció su responsabilidad penal y señaló que, de haber sido juzgados en vida, les habría correspondido prisión perpetua. “Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, fundamentó.

El juicio se desarrolló en tres jornadas con la participación de familiares, investigadores, periodistas y organismos de derechos humanos. El contexto histórico fue central: los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955. La represión incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de Buenos Aires, con un saldo de 31 militantes asesinados.

Entre las medidas reparatorias ordenadas figuran la rehabilitación del buen nombre de las víctimas, la publicación de la sentencia en boletines oficiales, la incorporación de los hechos en contenidos educativos y la instalación de placas conmemorativas en los sitios vinculados a la masacre. Además, se dispuso la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez y la inclusión de los nombres de las víctimas en el registro estatal de violencia institucional.

El antecedente inmediato fue el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, cuando se reconoció como crimen de lesa humanidad el ataque perpetrado en 1924 contra comunidades indígenas en Chaco. Para los familiares, el fallo constituye una reparación largamente esperada. “Que esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, expresó Berta Carranza, hija de uno de los fusilados.

Los fundamentos completos se darán a conocer el 16 de julio, pero el veredicto ya quedó inscripto como una decisión histórica: por primera vez la Justicia argentina reconoció formalmente que los fusilamientos de José León Suárez fueron crímenes de lesa humanidad, reafirmando el valor de la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la democracia.

El juez federal Hernán Sergio Viri dio curso a un pedido de la perito bióloga designada en la causa y ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remitir documentación, estudios y monitoreos recientes sobre la calidad del agua en el tramo comprendido entre Termas de San José y Concepción del Uruguay.

La solicitud se enmarca en la demanda civil presentada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA, por la instalación de una planta de combustible sintético en Paysandú, frente a la ciudad de Colón.

El legislador agregó: “Mientras algunos intentan tapar su falta de gestión con fotos, nosotros apostamos a trabajar con las herramientas institucionales que brinda la normativa vigente”.

La instalación de la planta de HIF Uruguay SA generó preocupación en Entre Ríos por su posible impacto ambiental en el río Uruguay y en las comunidades ribereñas. La causa judicial busca determinar si la obra cumple con los tratados bilaterales y las normativas ambientales vigentes.

Fuente: El Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos incautó, mediante un operativo en el norte provincial, un cargamento de drogas valuado en 10 millones de euros. Así lo informó este martes al mediodía el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia y la jueza federal de Concordia Analía Ramponi.

“Es uno de los procedimientos de incautación terrestre de drogas más importantes que se registran en la provincia. Hablamos de 150 paquetes de cocaína por un valor en Europa de más de 10 millones de euros que por suerte no van a llegar a ningún hogar”, afirmó el primer mandatario provincial.

En ese sentido, destacó “el valor, coraje y profesionalismo de nuestra Policía“. Después, resaltó “el trabajo permanente que tenemos con la Justicia Federal“. Es un trabajo en equipo. Este es el resultado de ese trabajo”, afirmó.

Al respecto, Frigerio, señaló que se trata de un trabajo de estrategia impulsado por el ministro de Seguridad y Justicia que “desde el primer momento planteó la necesidad de cerrar y cuidar las fronteras”. “Identificamos 10 lugares que controlamos como nunca antes en la historia se controlaron”, sostuvo.

“Este es resultado de estar en el territorio en el norte de la provincia, cerca de Corrientes, en la ruta 28, que además la arreglamos. La inauguramos hace poco. Era un lugar donde antes no había control y ahora hay personal de la Policía que pudo interceptar este cargamento que la Justicia establecerá para dónde iba.

Indicó que también se procedió a la detención de uno de los narcotraficantes, considerado “uno de ellos de los más peligrosos de la Argentina que hoy ya está preso en la unidad penitenciaria”.

Fuente: AHORA

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, con integración unipersonal a cargo del juez Sebastián Gallino, dictó sentencia contra una pareja de Chajarí por el delito de transporte de estupefacientes. La resolución, emitida el 22 de mayo, recayó sobre Gerónimo Gabriel Fleitas, de 23 años, y Milagros Belén Correa, de 25, quienes fueron hallados coautores penalmente responsables de trasladar una encomienda con 6,295 kilogramos de marihuana.

La investigación determinó que la sustancia había sido enviada desde Puerto Piray, Misiones, hacia Chajarí, utilizando el sistema de envíos de la empresa “Vía Cargo”. El paquete estaba identificado con una guía de envío a nombre de Fleitas, mientras que el número de contacto correspondía a Correa. El 5 de mayo de 2025, ambos se presentaron en la sucursal de la empresa en Chajarí para retirar la encomienda, momento en el que fueron detenidos por personal policial.

Durante el juicio abreviado realizado el 14 de mayo, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Juan Sebastián Podhainy, sostuvo la acusación con base en pruebas como el informe de titularidad de líneas telefónicas de Telecom, que vinculaba a Correa con el número consignado en la guía, y las actas de procedimiento de los agentes intervinientes. Un elemento clave fue el análisis del dispositivo telefónico secuestrado, realizado por la Sección de Investigaciones Antidroga de Gendarmería Nacional en Concordia, que demostró el uso compartido del aparato y comunicaciones previas al retiro del paquete, incluyendo un audio que informaba sobre la llegada de la encomienda.

En su declaración, Correa alegó desconocer el contenido del envío y sostuvo que solo acompañaba a su pareja. Sin embargo, la Fiscalía probó la coordinación entre ambos y el conocimiento previo del contenido ilícito. Para el tribunal, la maniobra no fue fortuita, sino planificada, con logística interprovincial y coordinación previa.

El juez Gallino destacó la concordancia entre los distintos elementos probatorios: documentación del envío, registros telefónicos, pericias sobre el dispositivo móvil y testimonios de los efectivos. En conjunto, se alcanzó el grado de certeza necesario para dictar condena.

Finalmente, el tribunal resolvió imponer a Fleitas y Correa la pena de cuatro años de prisión, además de una multa de cuarenta y cinco unidades fijas, equivalente a $5.400.000, junto con las accesorias legales y costas del proceso. La sentencia reafirma la responsabilidad penal de ambos en el transporte de estupefacientes y marca un nuevo antecedente en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La Justicia Federal de Concordia resolvió a favor de un grupo de personas con discapacidad que reclamaban la restitución de pensiones no contributivas suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fallo constituye un antecedente relevante en Entre Ríos, luego de numerosos rechazos administrativos registrados en los últimos años.

Durante 2024 y 2025, muchos expedientes fueron rechazados administrativamente bajo argumentos vinculados a la imposibilidad de verificar datos patrimoniales o antecedentes clínicos. Según el letrado, esas demoras afectaron a miles de personas con patologías severas y situaciones económicas críticas. “Tengo casos extremos de cáncer y de vulnerabilidad total”, aseguró.

Velázquez Pens señaló que la situación se agravó tras cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud de la Nación. “Se desmanteló la agencia y ahora todo resulta mucho más dificultoso”, expresó. Además, indicó que existen problemas para acceder a los certificados médicos oficiales necesarios para iniciar los trámites, especialmente en algunas ciudades entrerrianas.

Ante la falta de respuestas administrativas, los abogados debieron recurrir a acciones judiciales como amparos y pedidos de sanciones para acelerar los expedientes. “Los amparos están llevando entre un año y un año y medio”, precisó Velázquez Pens, quien consideró necesario que el Estado agilice los procedimientos para evitar que las personas deban atravesar largos procesos judiciales para acceder a derechos básicos.

El fallo conocido en Entre Ríos ordenó restituir el beneficio a personas cuya situación médica y social ya había sido acreditada previamente mediante evaluaciones oficiales. La resolución marca un precedente que podría impactar en otros casos similares en la provincia y en el país, donde miles de personas esperan respuestas para acceder a pensiones vitales en contextos de alta vulnerabilidad.

Fuente: El Once

En la jornada de este martes, la Justicia Federal concretó un nuevo allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), específicamente en la planta de tratamiento de efluentes cloacales. El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Federal en el marco de la causa que investiga el posible impacto ambiental derivado del mal funcionamiento de la planta, que afectaría tanto a los vecinos del barrio Don Pedro como al propio Río Gualeguaychú.

El operativo responde a nuevas pericias solicitadas por la Fiscalía Federal, con el objetivo de evaluar el estado y funcionamiento de las instalaciones. La investigación busca determinar si la planta cumple con los parámetros exigidos para evitar la contaminación y garantizar la seguridad ambiental de la zona.

Cabe recordar que en la última audiencia pública, la Fiscalía Federal había solicitado al juez Hernán Viri la clausura de la planta del Parque Industrial, medida que aún está pendiente de resolución. En los próximos días, el magistrado deberá tomar una determinación sobre el futuro de las instalaciones, en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental y sanitario que podría generar el funcionamiento deficiente del sistema de tratamiento.

El caso ha despertado un fuerte interés en la comunidad, ya que involucra directamente la calidad de vida de los vecinos y la preservación del río, uno de los recursos naturales más importantes de la ciudad. Mientras tanto, los operativos continúan y las pericias técnicas serán claves para definir los pasos judiciales a seguir.

En una resolución dictada este martes 5, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Leonardo Airaldi, en el marco del juicio oral que se lleva adelante en Paraná por su vinculación al narcotráfico en Entre Ríos y Santa Fe.

Con esta decisión, firmada por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, el máximo tribunal penal del país ratificó lo actuado previamente por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, despejando obstáculos procesales que buscaban frenar el avance del caso. El fallo del máximo tribunal respaldó los planteos formulados por el fiscal General, José Ignacio Candioti en la primera audiencia del proceso que comenzó en marzo.

El debate oral surgió de la unificación de dos causas principales que la Justicia federal venía instruyendo desde 2019 y que fueron acumuladas para ser juzgadas en un único proceso. La investigación en Entre Ríos involucra una presunta red de narcotráfico con base en Diamante y Paraná, mientras que otra pieza del expediente tiene origen en Santa Fe en 2022 luego del decomiso de casi 30 kilos de cocaína en una estancia de Puerto Gaboto, donde se sospecha que operaba el grupo.

Los planteos de la defensa

La abogada defensora, Mariana Barbitta, había interpuesto diversos recursos de Casación contra decisiones previas que resultaron adversas para su cliente. Entre los puntos principales que la defensa intentó impugnar se encontraban:

El apartamiento de la PROCUNAR: Se solicitó desplazar de la causa a la Procuraduría de Narcocriminalidad, representada por los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona.

Nulidad de la elevación a juicio: Se cuestionó la validez de la requisitoria fiscal que dispone que el imputado sea sometido a juicio oral.

Nulidad del auto de procesamiento: atacó la decisión de Leandro Ríos.

Acumulación de causas: La defensa se opuso a la unificación de un expediente de 2022 (causa FRO 27.181/2022) con la causa principal en la que es investigado Airaldi (FPA 8.194/2019).

Nulidad de las escuchas: cuestionó la habilitación para ejecutar esa tarea investigativa.

El fallo de Casación

Al analizar la queja, los magistrados Yacobucci y Slokar determinaron que la vía intentada por la defensa era “inadmisible”. Según los fundamentos del fallo, la parte impugnante se limitó a manifestar su “disconformidad” con los argumentos de la instancia anterior, pero no logró refutarlos ni fundamentar adecuadamente sus agravios.

Asimismo, el tribunal señaló que no se argumentó de forma debida la existencia de una “cuestión federal” que permitiera la intervención excepcional de la Cámara de Casación como tribunal intermedio.

Con el rechazo de estos planteos, la situación procesal de Leonardo Airaldi sigue su curso. La decisión ya ha sido comunicada al tribunal de origen en Paraná para que continúe con los trámites correspondientes del proceso.

Este fallo es un espladarazo para el trabajo del Ministerio Público Fiscal encabezado por Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy.

Además de Airaldi, enfrentan cargos el policía Roberto Fabián Coronel, Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, el policía santafesino Gonzalo Olivero y Cristian Sánchez. Otros cuatro procesados —Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher— negocian juicios abreviados y no forman parte de este debate.

El debate continúa el próximo martes 12. Luego seguirá el martes 19 y viernes 29 de mayo; viernes 12, miércoles 17 y viernes 19 de junio; y viernes 3 de julio, que sería el momento de los alegatos. Ahora

La resolución judicial, dictada este 27 de abril, establece que las pruebas recolectadas hasta la fecha no revisten la entidad necesaria para un procesamiento, aunque tampoco resultan categóricas para desvincular definitivamente a los implicados. La medida alcanza a exministros, autoridades actuales del gobierno provincial y referentes municipales.

Detalles de la resolución

La medida comprende a los exministros de Producción y Economía, Juan José Bahillo y Hugo Ballay; a la exsecretaria de Ambiente, Daniela García; y a las autoridades actuales: el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el director de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; y el asesor legal de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, Osvaldo Fernández. Asimismo, incluye al intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, al exintendente Gustavo Roldán y a la presidenta de la firma Cristamine S.A.

En sus considerandos, el magistrado señaló la existencia de una "duda razonable" respecto de la relevancia penal de los hechos investigados. La causa se centra en presuntas irregularidades en la renovación de certificados de aptitud ambiental y supuestos daños en el arroyo El Cuartillo producto de la actividad arenera.

Pasos de la investigación

Durante la etapa de indagatorias, las y los involucrados presentaron sus descargos fundamentando sus actuaciones en la normativa vigente y la distribución de competencias administrativas. Para avanzar en el esclarecimiento, el juez dispuso requerir informes detallados al Gobierno de Entre Ríos sobre las atribuciones y responsabilidades de los organismos involucrados entre 2022 y 2024.

La investigación continuará durante el mes de mayo con nuevas declaraciones testimoniales de especialistas del área de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente. El objetivo es realizar una evaluación integral de la situación procesal de los implicados una vez analizada la nueva información técnica.

Durante la audiencia pública realizada en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, la Fiscalía Federal solicitó la clausura de la Planta de Efluentes del Parque Industrial, en el marco de un proceso judicial que investiga episodios de contaminación registrados desde enero de 2025. En la instancia también expusieron representantes de la Corporación del Desarrollo, vecinos del barrio Don Pedro, peritos y la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, quienes aportaron sus perspectivas sobre el funcionamiento de la planta y las obras de remediación en curso. El pedido de cierre se suma a un debate que pone en el centro la relación entre producción industrial y cuidado ambiental en la ciudad.

"Es algo que tengo que evaluar profundamente y en los próximos días resolveré. Voy a tomar unos días para analizar y evaluar las consecuencias y el expediente, pero por el otro lado me pareció que el avance en el Parque Industrial, si bien hay que corroborarlo, es bastante alentador, por lo cual tengo que analizar todas las aristas”, declaró a EL ARGENTINO el juez Federal Hernán Viri, al cierre de la audiencia que se realizó en la mañana de este jueves en el Centro de Convenciones.

"No quiero adelantar, pero antes de cualquier decisión quiero corroborar absoluta certeza todas las cuestiones y hay cosas que tengo en mente llevar adelante".

La audiencia también incluyó la voz de los vecinos, algo que el juez valoró especialmente, al respecto señaló: "Fue importante escuchar a la parte afectada porque es uno de los principales afectados por la cuestión ambiental” y además “cuando la Justicia adopta una decisión de una implicancia como esta, haber escuchado a todas las partes involucradas tiene muchísima más legitimación”.

“Es algo que el juez debe ser prudente y debe analizar bien porque las consecuencias pueden ser graves. Tengo presente los 2400 puestos de trabajo directo que hay en el PIG y los 10 mil indirectos, pero también por otro lado sé claramente que cuando se afecta el medio ambiente a veces tarda muchas veces en recuperarse y en otras veces es imposible. Por eso hay que ser prudente teniendo en cuenta estas variables”, comentó Viri.