En el procedimiento se incautaron 38.005 comprimidos de Rohypnol, una sustancia sedante conocida en el ámbito criminal y farmacológico como “la droga del abuso sexual”.

Los aprehendidos son dos hombres domiciliados en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, identificados por sus iniciales como C. A. C. y M. A. K. S. De acuerdo con los datos recabados en el marco de la causa, este último es un conocido influencer de la provincia mediterránea, donde además se desempeña como director de marca en la industria de la moda.

La hipótesis principal de las autoridades apunta a que el cargamento ingresó al país desde Brasil y tenía como destino final la provincia de Córdoba. Los acusados se desplazaban a bordo de un Volkswagen Suran con el que habían egresado hacia el país vecino el pasado 29 de septiembre, concretando su reingreso a territorio argentino este 10 de octubre.

El expediente tramita ante el Juzgado Federal de Concordia, bajo la dirección de la jueza Analía Ramponi y con la participación del secretario penal Alan Bergdolt. Como resultado del operativo de interceptación, la Justicia dispuso la incautación inmediata del vehículo acondicionado para el traslado y de tres teléfonos celulares.

A partir de las directivas emitidas por la magistrada federal, la investigación sumó medidas operativas fuera del territorio provincial. Se ejecutaron tres allanamientos en inmuebles de Villa Carlos Paz, en un despliegue conjunto coordinado por la Policía de Entre Ríos, la División Unidad Operativa Federal Concordia y la División Unidad Operativa de Investigaciones Córdoba de la Policía Federal Argentina (PFA). Durante las medidas se identificó a personas vinculadas a los sospechosos y se requisó documentación junto con dispositivos electrónicos adicionales.

Está previsto que ambos detenidos presten declaración indagatoria ante la jueza Analía Ramponi durante la jornada de este martes.

El Rohypnol es la denominación comercial del flunitrazepam, un psicofármaco perteneciente a la familia de las benzodiacepinas. Su consumo produce una marcada somnolencia, alteración de la coordinación motora y amnesia anterógrada.

Si bien en determinados contextos se detecta su uso recreativo en fiestas o eventos masivos —donde reduce drásticamente la capacidad de reacción—, la sustancia es catalogada epidemiológicamente como “la droga del abuso sexual” o “la droga de las violaciones”, dado que sus efectos de incapacitación física y borrado de memoria son frecuentemente instrumentalizados para facilitar la comisión de delitos contra la integridad sexual.

Este secuestro se suma a antecedentes recientes gestionados por la misma sede judicial en la región norte de la provincia. En procedimientos tramitados durante los años 2023 y 2025, la jueza Analía Ramponi coordinó operativos que permitieron incautar casi 40.000 comprimidos y 52 kilos de Rohypnol, respectivamente, causas que también derivaron en detenciones y allanamientos múltiples. Concordia Policiales

Un control preventivo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 12 terminó con el secuestro de 80 gramos de cocaína que eran transportados en un automóvil que se dirigía hacia Gualeguay. El procedimiento tuvo como protagonistas a efectivos de la Sección “Gualeguay”, dependiente del Escuadrón 56 “Gualeguaychú”, una unidad con asiento en esta zona y que habitualmente interviene en los controles sobre las rutas nacionales que atraviesan el sur entrerriano.

El operativo se realizó el pasado 2 de octubre, en inmediaciones del kilómetro 260 de la Ruta 12, a la altura del acceso a Aldea Asunción. Los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo que había partido desde General Galarza y tenía como destino Gualeguay.

Durante la identificación, los uniformados advirtieron un bulto prominente en uno de los bolsillos del conductor. Al ser consultado sobre qué llevaba consigo, el hombre manifestó espontáneamente que se trataba de cocaína.

Ante esa situación, y en presencia de testigos, los efectivos realizaron un palpado superficial que permitió encontrar una bolsa de nylon con una sustancia blanca pulverulenta en su interior. La prueba de orientación realizada en el lugar mediante narcotest arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.

Posteriormente, y como parte de las actuaciones judiciales, se efectuó el pesaje correspondiente, que determinó que la sustancia secuestrada alcanzaba los 80 gramos de clorhidrato de cocaína.

A partir del hallazgo, los integrantes de Gendarmería comunicaron inmediatamente la situación al titular del Juzgado Federal de Victoria, que dispuso el traslado del procedimiento hasta la dependencia de la fuerza para continuar con la inspección del automóvil y completar las diligencias correspondientes.

El Área de Género, Diversidad y Protección de Personas Vulnerables, en conjunto con el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, invita a la comunidad a participar de la Jornada Provincial “La Trata Existe”. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.

La propuesta obtuvo el reconocimiento institucional mediante la declaración de Interés Legislativo otorgada por el Senado de Entre Ríos, así como también la declaración de Interés por parte de la Municipalidad de Gualeguaychú. Ambas distinciones destacan el valor de este espacio enfocado en la prevención, sensibilización y articulación institucional frente a esta problemática.

La programación comenzará a las 9 horas con el proceso de acreditaciones, seguido a las 9:30 horas por la apertura institucional a cargo de autoridades locales y provinciales. A las 9:45 horas se iniciará el primer panel, denominado “La Trata de Personas, investigación y proceso judicial”, con la participación de referentes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal Federal de Gualeguaychú, el Juzgado Federal de Gualeguaychú y el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Posteriormente, tras un intervalo a las 11:15 horas, a las 11:30 se dictará el segundo panel, “Tráfico y Trata de Personas. Protocolo de Intervención en Frontera”, coordinado por la directora nacional de Investigación del Delito de Trata de Personas y contra la Integridad Sexual, Ximena Albornoz, junto a las asesoras Celeste Ambrosía y Daniela Corbalán. A las 12:15 horas iniciará el tercer panel, “Búsqueda de Personas. Sistemas. Rastrillaje con canes”, donde expondrán Paula Sánchez, coordinadora nacional del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), junto a su equipo técnico y el instructor Matías Albornoz.

La agenda continuará a las 13:15 horas con la disertación “Indicadores para la detección temprana del Tráfico y la Trata de Personas”, a cargo de Guillermina Benito y Juan José Capela, por la Dirección Nacional de Migraciones, y Luis Yrigoyen en representación de ARCA. A las 14 se desarrollará el panel enfocado en el “Acompañamiento y Restitución de Derechos a Víctimas del delito”, con exposiciones de Edhit Leiva (Coordinación Nacional de Rescate), Ramiro Mac Cann (Coordinación Nacional de Asistencia) y Silvina María Calveyra (Consejo Provincial de Prevención y Asistencia).

A las 14:45 tendrá lugar el sexto panel, “En voz propia: la trata de personas, un delito de huellas profundas”, a cargo de la escritora y educadora Sonia Sánchez. El cierre general de la jornada está programado para las 15:15 horas.

La convocatoria permanece abierta a profesionales, estudiantes e integrantes de instituciones comunitarias mediante el formulario de inscripción previa: https://forms.gle/hvS19oCi1zyLRjQx6

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tomó hoy juramento a Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede y María Ángeles Ramos, quienes se desempeñarán como fiscales generales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, y a Pedro Rebollo, quien lo hará como fiscal federal de Gualeguaychú.

Roldán, Crede y Ramos fueron seleccionados a través del concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°125 y designados en sus cargos al frente de las fiscalías generales N°2, N°3 y N°4 ante los T.O.P.E. por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°877/2026, N°876/2026 y N°884/2026, luego de recibir los correspondientes acuerdos del Senado de la Nación.

Por su parte, previo acuerdo del Senado nacional, designaron a Rebollo mediante el mediante el decreto PEN N°936/2026. Había sido seleccionado en el concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°122, sustanciado para cubrir la fiscal ante el Juzgado Federal de primera instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

La jura se realizó en función del artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prevé que los fiscales, al tomar posesión de sus cargos, “deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes de la República”.

En el acto estuvieron presentes el gobernador y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y Néstor Roncaglia y el diputado nacional Guillermo Michel, magistradas y magistrados, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Poder Judicial de la Nación, familiares y allegados de los fiscales generales y el fiscal federal.

La clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná acompañó el dictamen que hizo en su oportunidad el fiscal federal de Gualewguaychú, Pedro Rebollo, y reafirmó que deben rechazarse las apelaciones presentadas por representantes del Parque Industrial y de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) y que, por lo tanto, debe confirmarse la medida dispuesta por el juez federal Hernán Viri.

El pronunciamiento lleva fecha del 16 de septiembre y fue elaborado en el marco del expediente iniciado a partir de la denuncia de vecinos del barrio Don Pedro. La Fiscalía General consideró que, en esta etapa de la investigación, están acreditados los presupuestos necesarios para sostener una medida cautelar ambiental: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

Ahora, y con todos estos dictámenes que engrosan la causa, habrá que esperar en los próximos días cuál es la postura de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, si se mantiene la clausura o se disponen de nuevas medidas.

El inicio del conflicto

El conflicto judicial se inició en julio de 2025, cuando vecinos denunciaron que la planta del Parque Industrial estaría vertiendo efluentes sin el tratamiento adecuado hacia el río Gualeguaychú. A partir de esa presentación, la investigación quedó radicada en el Juzgado Federal de Gualeguaychú y fue delegada al Ministerio Público Fiscal.

En agosto de 2025 se realizó un primer allanamiento, durante el cual se tomaron muestras de los vertidos industriales. Los análisis de laboratorio detectaron valores de contaminación por encima de los niveles permitidos. Un segundo procedimiento, realizado en noviembre de ese año, incluyó muestras tomadas en siete puntos estratégicos y volvió a detectar elevados niveles de DBO, coliformes termotolerantes y Escherichia coli.

La investigación continuó durante 2026. En un allanamiento realizado el 19 de mayo se detectó, entre otros elementos, un caño rojo con una llave de paso que no se encontraba habilitado y que fue señalado por el supervisor de la planta como un sistema previsto para actuar ante posibles contingencias. También se observó acopio de barros con fuerte olor y presencia de insectos, además de otro caño que desembocaba en calle El Hornero.

En ese procedimiento también se tomaron muestras en la planta y en distintos puntos del río Gualeguaychú. En esos análisis, según el dictamen fiscal, no se detectaron valores por fuera de los parámetros normativos.

Sin embargo, una nueva toma de muestras realizada el 9 de junio en la denominada Cañada Melgar, ubicada entre la planta y el barrio Don Pedro, arrojó resultados que la Fiscalía General considera particularmente relevantes. El informe de laboratorio detectó una alta carga bacteriana, elevados niveles de coliformes termotolerantes y Escherichia coli, además de concentraciones de aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los valores admitidos.

Para la Fiscalía, esos resultados constituyen evidencia de una contaminación concreta en el área. El dictamen cita además la interpretación realizada por especialistas de la Policía Federal, quienes señalaron que los niveles de Escherichia coli detectados pueden ser considerados un indicador de contaminación fecal antropogénica aguda.

La planta y su capacidad de tratamiento

Otro de los elementos considerados en el dictamen son las declaraciones incorporadas durante la investigación. El supervisor de la planta, Fernando Valentín Vergara, había señalado que existía una sobrecarga de materia orgánica, con valores que duplicaban lo admitido, y que la situación estaba relacionada con los valores de ingreso provenientes de las industrias.

A su vez, durante una audiencia de conciliación realizada en febrero, el representante del Parque Industrial había mencionado la existencia de defectos ocultos que requerían materiales importados para su reparación. Una ingeniera contratada por el Parque Industrial manifestó en esa misma instancia que la planta estaba trabajando con un caudal de efluentes superior al que podía procesar y estimó que su acondicionamiento podía demandar entre seis meses y un año.

La Fiscalía General también puso bajo consideración otro dato: el Certificado de Aptitud Ambiental de la Planta de Tratamiento se encuentra vencido desde 2021. Aunque reconoce que se trata de una habilitación administrativa, considera que ese incumplimiento debe ser valorado dentro del conjunto de elementos de la causa.

La clausura como medida preventiva

El planteo de la Fiscalía General no supone una condena ni una decisión definitiva sobre el fondo de la investigación. El dictamen remarca que la clausura tiene carácter cautelar y preventivo.

En ese sentido, sostiene que la planta continúa funcionando de manera inadecuada e insuficiente y que, si bien se fueron realizando algunas de las obras y medidas de acondicionamiento comprometidas, estas no se habrían concretado en su totalidad ni dentro de los plazos previstos. Para la Fiscalía, esa situación impide prolongar el actual estado de funcionamiento deficiente.

El dictamen también recuerda que en materia ambiental rigen los principios de prevención y precaución. En particular, señala que la ausencia de certeza científica definitiva no debe utilizarse para postergar medidas destinadas a evitar un daño ambiental grave o irreversible.

Por esa razón, el fiscal General de Paraná, Ignacio Candiotti, concluyó que la medida dispuesta por Viri, y que había sido reclamada en la primera oportunidad por el fiscal Rebollo, resulta “razonable y justificada” frente a los elementos reunidos hasta ahora y solicitó formalmente a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que rechace los recursos presentados y confirme la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú.

El propio dictamen plantea, de todos modos, que al tratarse de una clausura preventiva corresponde que la situación sea revisada periódicamente. En ese marco, considera necesario que la administración del Parque Industrial y las empresas que lo integran completen las inversiones, tareas de mantenimiento y obras de infraestructura técnica necesarias, de manera que posteriormente pueda evaluarse un eventual levantamiento de la medida.

Una pareja fue detenida en Concordia en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, que permitió secuestrar cocaína fraccionada para la venta, una importante suma de dinero en efectivo, un colectivo y varios teléfonos celulares.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, luego de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de esa ciudad.

La pesquisa comenzó cuando los investigadores detectaron que una pareja estaría dedicada a la venta de drogas al menudeo en el ámbito laboral. De acuerdo con la información reunida durante la investigación, los sospechosos no solamente comercializaban las sustancias, sino que también las habrían utilizado como forma de pago o contraprestación por determinados trabajos.

A partir de ese dato se desplegaron distintas tareas de investigación que incluyeron seguimientos, trabajos de campo y escuchas telefónicas.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores pudieron establecer que la presunta venta de estupefacientes se desarrollaba en distintas quintas y campos de la región, además de identificar a quienes serían los principales responsables de la actividad.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Concordia autorizó nuevas medidas para avanzar sobre los sospechosos. En ese marco, los efectivos interceptaron un vehículo utilizado por los investigados y posteriormente allanaron el domicilio de la pareja.

El operativo terminó con la detención de ambos integrantes de la pareja. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dosis de cocaína preparadas para su comercialización, una importante cantidad de dinero en efectivo, un colectivo y varios teléfonos celulares que quedaron incorporados a la causa como elementos de interés para la investigación.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal de Concordia, que deberá determinar ahora su situación procesal y el alcance de las responsabilidades que podrían atribuirse a cada uno.

La investigación continúa abierta y las medidas realizadas hasta el momento buscan establecer la dimensión de la presunta actividad de comercialización de drogas que, según la pesquisa, se habría extendido a distintos establecimientos rurales de la zona.

La Cámara de Senadores de la Nación avanzó en la aprobación de pliegos de jueces federales, con el ojo puesto en las designaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; aunque también se aprobó el pliego de un fiscal federal entrerriano.

El Senado aprobó por 66 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones la postulación de Pedro Mariano Rebollo para ocupar el cargo de fiscal federal de Gualeguaychú. Los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), Romina Almeida (La Libertad Avanza) y Adán Bahl (PJ) votaron afirmativamente.

Rebollo, de 56 años, nació el 2 de diciembre de 1969 en Vicente López. Egresó de la Universidad de Belgrano en 2004 y llegó a Gualeguaychú tras desempeñarse durante quince años como secretario de Fiscalía Federal de Campana y como auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufase). Había ocupado el primer lugar en el orden de mérito en el concurso convocado tras la apertura y puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Gualeguaychú.

En marzo de 2022, el procurador general interino, Eduardo Casal, lo había designado interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. En su breve recorrido, ha tenido algunos casos resonantes, desde la investigación por abusos sexuales en el regimiento local u otra que involucra a policías provinciales en la compra y venta de autopartes de vehículos secuestrados, hasta la causa iniciada tras el aterrizaje de una avioneta cargada con cocaína cuyos lazos llegan hasta la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, Rebollo explicó que estaba actualmente subrogando la fiscalía, por lo que estaba en conocimiento de la institución y del lugar. “El rol de fiscal necesita de la capacitación constante, que es lo que hago; del trabajo en equipo; de una enorme valentía, por los delitos que investigamos; y una vocación de servicio única”, resaltó ante los senadores.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú se creó en agosto de 2014, por Ley Número 26.964; tiene competencia en materia Civil, Comercial, Laboral y de Previsión Social, Contencioso Administrativa y de Ejecuciones Fiscales; y Criminal y Correccional.

En materia penal, tiene a su cargo la investigación de delitos como trata de personas, contrabando, narcotráfico, delitos ambientales, entre otras competencias que tiene el fuero federal.

En el debate parlamentario, al momento de analizar la pertinencia de la creación del Juzgado Federal, los legisladores señalaron que se trata de una estructura clave, teniendo en cuenta que la ciudad tiene conexión fronteriza con la República Oriental del Uruguay, y donde también funcionan las reparticiones nacionales de Inmigración y Aduanas en el Puente Internacional General San Martín. Página Judicial

El Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó este lunes la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en julio de 2025 por el presunto vertido de efluentes sin el tratamiento adecuado.

La resolución, dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, consideró acreditada la existencia de contaminación ambiental y entendió que la medida solicitada por el Ministerio Público Fiscal resulta necesaria para evitar que continúen los riesgos para el ambiente y la salud humana.

La clausura no fue dispuesta por tiempo determinado. El juez estableció que se mantendrá hasta tanto se acredite el normal y buen funcionamiento de la planta y su adecuación a la normativa ambiental vigente. Además, ordenó controles periódicos a cargo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

Una investigación que comenzó en 2025

La causa se inició el 11 de julio de 2025, cuando se denunció que la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial no funcionaba adecuadamente y que los residuos provenientes de las industrias podían estar siendo volcados al río Gualeguaychú sin el tratamiento correspondiente.

A partir de esa presentación, la Fiscalía Federal impulsó distintas medidas de investigación y se realizaron varios allanamientos en las instalaciones del Parque Industrial.

En el primero, realizado el 27 de agosto de 2025, la planta se encontraba funcionando y se tomaron muestras de los efluentes. Los análisis detectaron valores de plomo por encima de los parámetros establecidos en la normativa utilizada como referencia. También se registró una elevada presencia de coliformes termotolerantes y Escherichia coli.

La investigación continuó con nuevos procedimientos y toma de muestras en distintos puntos, tanto dentro del Parque Industrial como en el río Gualeguaychú.

Uno de los análisis realizados el 19 de noviembre de 2025 determinó que el efluente de la planta no presentaba concentraciones de metales pesados por encima de los valores de referencia, pero sí registraba valores de Demanda Biológica de Oxígeno y coliformes termotolerantes superiores a los parámetros establecidos por la legislación provincial.

En esa oportunidad también se detectó Escherichia coli, circunstancia que llevó a los investigadores a considerar que el efluente podía presentar características compatibles con un residuo peligroso de carácter infeccioso, según las previsiones de la Ley Nacional 24.051.

La muestra que encendió la alarma

A partir de información sobre un posible vertido en una cañada ubicada en las proximidades de la planta y del barrio Don Pedro, se tomaron nuevas muestras en junio de 2026.

El análisis de laboratorio incorporado a la causa detectó una elevada carga bacteriana: 5.400.000 unidades formadoras de colonias de coliformes totales por cada 100 mililitros, 54.500 de coliformes termotolerantes y 19.750 de Escherichia coli.

Según el informe citado por el juez, esos resultados revelaron una contaminación de origen fecal de magnitud significativa.

El mismo análisis detectó además la presencia de aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc por encima de los valores establecidos en una tabla de referencia de la legislación nacional para la protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales. La resolución aclara que esa normativa fue considerada teniendo en cuenta las características del sitio de extracción de la muestra.

El principio precautorio

El juez sostuvo que, pese a los distintos esfuerzos realizados durante el proceso para encontrar una solución alternativa, los problemas ambientales no habían sido completamente solucionados.

En ese sentido, fundamentó la decisión en los principios de prevención y precautorio establecidos por la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.

La resolución remarca además que el daño ambiental puede resultar de difícil o incluso imposible recomposición, por lo que considera necesario adoptar medidas antes de que la afectación se profundice.

El magistrado señaló que la decisión no era “prematura, ni antojadiza ni arbitraria”, sino el resultado de una investigación que incluyó allanamientos, análisis de laboratorio, testimonios, audiencias y distintos intentos de alcanzar una solución sin recurrir a la clausura.

Finalmente, concluyó que la clausura preventiva constituye, en este momento, la herramienta más eficaz para evitar que continúe la afectación ambiental.

La resolución

La medida alcanza específicamente a la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos del Parque Industrial Gualeguaychú y permanecerá vigente hasta que se acredite que los vertidos reciben un tratamiento adecuado y cumplen con los valores establecidos por la normativa ambiental.

Mientras tanto, la resolución señala que cada industria instalada en el Parque Industrial podrá disponer de sus residuos mediante empresas especializadas, de manera de evitar que la situación comprometa el ambiente y la salud de la población.

Además, una vez efectivizada la clausura, el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos deberán realizar controles periódicos sobre el estado de la planta.

La resolución también ordena notificar a CODEGU y al Parque Industrial Gualeguaychú, que deberán presentarse en la causa dentro de los próximos tres días y designar abogado defensor, en el marco de las garantías del debido proceso.

Entre los llamados a prestar declaración indagatoria se encuentran quienes ejercieron la presidencia del Consejo Superior de la CODEGU, George Thomas Fogg, Ernesto Ferrari y Sergio Ramírez, como así también algunos de los que ejercieron cargos como vocales, secretarios y tesoreros de las comisiones directivas que se conformaron en los periodos investigados por la Justicia Federal.

La defensa de Leonardo Airaldi presentó ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú un pedido para que la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) sea apartada de la investigación que involucra al empresario.

La solicitud fue formalizada por la abogada Mariana Barbitta, quien cuestionó la competencia del organismo especializado y sostuvo que los hechos que dieron origen al expediente no tendrían relación con delitos previstos en la Ley de Estupefacientes ni con otras figuras vinculadas al narcotráfico.

La investigación comenzó en febrero de este año, cuando Airaldi se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Según surge del planteo realizado por su defensa, durante ese período Daniel “Tavi” Celis —quien compartía alojamiento con Airaldi— habría manifestado tener información sobre un supuesto plan para atentar contra la vida de funcionarios públicos.

Desde la defensa remarcaron que esas afirmaciones no habrían sido acompañadas por elementos objetivos que permitan respaldarlas. Pese a ello, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, junto con la Procunar, avanzó con distintas medidas dentro del expediente.

Entre ellas, se dispuso solicitar la incorporación de Airaldi al régimen de Alto Perfil del Servicio Penitenciario Federal y posteriormente su traslado al Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Cuestionamientos de la defensa

Uno de los principales argumentos planteados por Barbitta es el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. Según la presentación, ya pasaron aproximadamente seis meses sin que se hayan incorporado elementos que comprometan a su defendido ni se lo haya citado a prestar declaración indagatoria.

La defensa también cuestiona que Airaldi no conocería con precisión cuál es el hecho concreto que se le atribuye. En ese sentido, sostiene que el expediente continúa bajo la carátula de “averiguación de delito”, sin que exista —según su interpretación— un objeto de investigación claramente delimitado.

Para Barbitta, esta situación también pone en discusión la intervención de la Procunar. La abogada considera que, mientras no exista una vinculación concreta entre los hechos investigados y delitos relacionados con el narcotráfico, no correspondería la participación del organismo especializado.

Por ese motivo, la defensa solicitó formalmente al Juzgado Federal de Gualeguaychú que disponga el apartamiento de la Procunar de la causa y cuestionó la legitimidad de su intervención en el expediente. Con información de Ahora

La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Gualeguaychú, en el marco de una investigación judicial impulsada por la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Pedro Rebollo, que permitió secuestrar un importante arsenal, miles de municiones, trofeos de caza, ejemplares taxidermizados y diversa documentación de interés para la causa.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad, a cargo del Dr. Hernán Viri, se realizó con la participación de especialistas de la Brigada de Control Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Como resultado, se identificó a un hombre mayor de edad y se secuestraron 29 escopetas de distintos calibres y marcas, un revólver y más de 15.000 cartuchos de diferentes características.

Asimismo, los efectivos de la Institución incautaron una importante cantidad de trofeos de caza y elementos vinculados a fauna silvestre, entre los que se destacan decenas de taxidermias de mamíferos y aves, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles animales y cuchillos elaborados con mangos de asta.

Durante la requisa también se secuestró documentación de interés, dispositivos de almacenamiento digital y material fotográfico, entre otros elementos relacionados a la causa.

El valor estimado de los bienes secuestrados asciende a más de 1.326 millones de pesos.

Cabe destacar que el operativo guarda relación con una investigación iniciada a partir de un allanamiento efectuado por la Fuerza el pasado 10 de junio en el predio de caza denominado “Médano Salvaje”.

Allanaron un establecimiento por una causa que investiga trata de personas con fines de explotación laboral en un campo de La Criolla, en el departamento Concordia. En el lugar se detectaron condiciones inhumanas y de extrema precariedad para los trabajadores.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina, a partir de una denuncia que motivó el avance de la causa.

La investigación se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Concordia, a cargo de Francisco Bernhardt, con intervención del Juzgado Federal de Concordia, encabezado por la jueza Analía Ramponi.

Durante las tareas previas, los efectivos reunieron elementos que indicarían que los trabajadores residían en construcciones sin terminar, sin acceso adecuado a servicios básicos como agua corriente y gas, sin puertas ni ventanas, sin calefacción y en condiciones consideradas inhumanas.

Además, se constató que no se encontraban registrados laboralmente, por lo que carecían de cobertura social, aportes y demás derechos laborales.

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del establecimiento rural, donde se realizaron inspecciones, relevamientos y el secuestro de documentación y otros elementos de interés para la causa.

Del operativo participaron también representantes de ARCA, integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, personal del Programa Provincial de Rescate y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas y funcionarios del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos. Ahora

A través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), llevaron adelante un importante procedimiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), en el marco de una investigación por presunta contaminación ambiental vinculada al vertido ilegal de efluentes industriales sin tratamiento adecuado.

La causa tramitada ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, Secretaría de Giovannelli, se originó tras denuncias de vecinos del Barrio “Don Pedro” lindero a dicha planta, por contaminantes en inmediaciones del Parque Industrial y en sectores vinculados al río Gualeguaychú, donde se descargaban efluentes sin el debido tratamiento.

En ese contexto, el magistrado interventor ordenó el allanamiento. Durante el procedimiento -realizado por personal del Departamento Delitos Ambientales de la PFA-, se tomaron muestras de líquidos en los distintos puntos de descarga identificados dentro de la planta, y sobre el río Gualeguaychú, contando con colaboración de embarcaciones de Prefectura Naval Argentina (PNA) para determinar posible contaminación ambiental. En el operativo también se constató la existencia de dos sistemas de By Pass, presuntamente utilizados para maniobras clandestinas dentro de la planta de tratamiento, situación que derivó en la clausura de tres llaves de paso y en el levantamiento de muestras de suelo en ese sector. Se tomaron un total de 22 ejemplares entre muestras y contramuestras liquidas y sólidas, se consignó en un comunicado de prensa enviado por la PFA.

Cabe destacar que en el lugar inspeccionado no se halló documentación respaldatoria vinculada a la actividad desarrollada.

Finalmente, todo el material recogido será analizado en el Laboratorio de la PFA, para determinar la composición de los contaminantes y el posible alcance del daño ambiental producido, a la espera de las directivas judiciales correspondientes. Análisis

Comenzó el traslado de vehículos secuestrados en Gualeguaychú. Se trata de un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, la Policía y la Municipalidad de Gualeguaychú.

Fue un importante operativo para el traslado de los vehículos secuestrados que se encontraban depositados en distintas dependencias policiales de la ciudad. El plan de contingencia y saneamiento ambiental se ejecuta de manera ágil y eficiente con equipamiento de la Policía de Entre Ríos y de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Esta acción, que ya se realizó con los vehículos que se encontraban en el paso fronterizo Zárate Brazo Largo, busca mejorar la visibilidad en rutas entrerrianas, reducir los factores de riesgo vial y eliminar los focos de contaminación ambiental y visual que generan los rodados en desuso cerca de las calzadas.

La causa que involucra al Parque Industrial de Gualeguaychú continúa avanzando bajo estricta reserva judicial. Tras la audiencia pública realizada a fines de abril, el juez federal Hernán Viri decidió decretar el secreto de sumario, una medida que busca preservar la investigación y evitar filtraciones que puedan entorpecer el proceso. El eje del conflicto gira en torno al funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, cuestionada por presuntas irregularidades que podrían afectar tanto al ambiente como a la salud de la población.

La postura de la fiscalía generó un fuerte contrapunto con los representantes de Codegu, la corporación que administra el Parque Industrial. Desde la entidad sostuvieron que la planta funciona correctamente y que cumple con los estándares establecidos. Aseguraron que la clausura sería una medida desproporcionada, con consecuencias negativas inmediatas: paralizar el sistema, advirtieron, podría derivar en un “caos operativo, sanitario y ambiental” que impactaría directamente en la calidad de vida de los vecinos. Para Codegu, la continuidad de la planta es indispensable para evitar que los residuos industriales se viertan sin control.

Las denuncias iniciales señalaban fallas en el sistema desde febrero de 2025 y una paralización total en mayo de ese año, atribuida a la falta de mantenimiento y control por parte de las industrias del predio. Desde entonces, la investigación se ha profundizado con pericias técnicas y declaraciones de especialistas del Departamento Ambiental de la Policía Federal. El juez Viri, en entrevistas previas, reconoció que “la situación del lugar es preocupante” y que la presencia de bacterias en el agua constituye un factor de riesgo que no puede ser desestimado.

Ahora, con el secreto de sumario decretado, la causa entra en una etapa decisiva. El magistrado deberá evaluar si da lugar al pedido de clausura formulado por la fiscalía o si considera suficientes las garantías ofrecidas por los empresarios. La resolución tendrá un impacto directo no solo en el funcionamiento del Parque Industrial, sino también en la comunidad de Gualeguaychú, que sigue con atención cada paso del proceso. La tensión entre la necesidad de preservar el ambiente y la continuidad de la actividad económica marca el pulso de un conflicto que aún no encuentra solución definitiva.

Las medidas fueron ordenadas por el juez Federal, Hernán Viri, por requerimiento del fiscal federal Pedro Rebollo, y ejecutadas por personal de Prefectura Naval Argentina. En total, se llevaron adelante 24 allanamientos simultáneos en distintas provincias del país, en el marco de una investigación que se viene desarrollando desde hace más de un año y medio.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en San Juan, San Luis, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Entre Ríos, específicamente en las ciudades de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito.

Según se informó a EL ARGENTINO, la organización tenía carácter internacional y operaba también en Paraguay, Chile y Brasil. En el expediente se investigan delitos de infracción marcaria, contrabando, falsificación, trata de personas con fines de explotación laboral, adulteración de certificados, evasión tributaria, lavado de dinero y asociación ilícita.

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la actividad ilícita, entre ellos miles de atados de cigarrillos, sumas millonarias de dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos 0 kilómetro y de alta gama, máquinas contadoras de billetes y abundante documentación.

Uno de los puntos clave del operativo fue el hallazgo del lugar donde funcionaba la fábrica clandestina, que fue inmediatamente clausurada. Allí se incautó, entre otras maquinarias, un equipo industrial tipo “MK8”, utilizado para la producción masiva de cigarrillos falsificados, con una capacidad estimada de hasta 80 mil paquetes diarios.

De acuerdo a fuentes de la investigación, la magnitud del procedimiento no tiene antecedentes recientes, al punto que señalaron que hacía más de 15 años no se desarrollaba en el país un operativo de estas características.

En términos económicos, se estimó que la actividad de esta organización generaba ganancias multimillonarias y que, con su desarticulación, se evitó que las empresas afectadas dejaran de comercializar más de 26 millones de atados por año. Solo en relación a una de las marcas falsificadas, el volumen de ingresos ilícitos de la banda rondaría los 46.400 millones de pesos anuales.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

El operativo ordenado desde el Juzgado Federal de Gualeguaychú tuvo como blanco dos inmuebles donde operaría una posible red de trata de personas, que explotaba a mujeres con fines sexuales.

Según se pudo saber, en el procedimiento se pudo rescatar a una presunta víctima, que fue asistida por especialistas y puesta a resguardo para que declare en la investigación. Además, un hombre quedó detenido y se secuestró documentación relevante para la investigación, estupefacientes y celulares, que serán peritados para sumar prueba en la causa.

Se trata de los informes publicados por el conductor televisivo Tomás Méndez en los programas que conduce en Canal 9 de Buenos Aires y en Crónica TV, donde se sustenta en presuntos mensajes que envió el condenado por narcotráfico Daniel "Tavi" Celis, a la expolicía y exfuncionaria municipal también sentenciada en la causa Narcomunicipio, Griselda Bordeira, en los cuales involucra a las autoridades provinciales en actividades delictivas.

Dichos informes fueron titulados "Escándalo en Entre Ríos: denuncian al ministro de seguridad y al gobernador por vínculos narcos". Cabe mencionar que no hay denuncia en trámite al respecto, sino que se refiere a los mensajes que le envió el hombre alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a su exconsorte de causa, quien ya se encuentra con la pena cumplida.

En este sentido, tres de las cartas documentos fueron enviadas al Grupo Olmos - Crónica TV, al Grupo Telearte S.A. - Canal 9, y a Tomás Ariel Méndez. En la documentación que difundió Roncaglia se denuncia "la difusión de información falsa, calumniosa e injuriosa". Allí rechaza las acusaciones, niega terminantemente las afirmaciones que lo vinculan con el narcotráfico, específicamente aquellas que sostienen que maneja "puertos y rutas liberadas" para el tráfico de cocaína a Europa, y que mantiene comunicación con el condenado Celis, o que ha otorgado beneficios carcelarios ilegales.

"Estas manifestaciones evidencian un claro intento de entorpecimiento de la investigación penalal afirmar que todo es un invento en relación al plan para matar a los tres funcionarios", en relación a lo atestiguado por Celis cuando acusó de este intento de magnicidio al detenido por narcotráfico, Leonardo Airaldi.

Además, el ministro afirma que el derecho a la libertad de expresión y de prensa "no es absoluto ni otorga una libertad ilimitada para proferir acusaciones criminales falsas sin el más mínimo rigor periodístico".

Por esto, Roncaglia afirma que Méndez "excede palmariamente los límites del ejercicio regular de informar, incurriendo en una falsa imputación de delitos de acción pública y un desprecio temerario por la verdad". Y sostiene que las manifestaciones del conductor configuran injurias y calumnias sancionados por la legislación nacional.

Por ello, el ministro los intima al cese inmediato de la difusión de esta información, la rectificación pública y detallada de las imputaciones en un plazo de 24 horas (con el mismo despliegue mediático), y al retiro de los videos de todas las plataformas digitales.

En cuanto a la carta documento enviada a Daniel Celis, se centra en los supuestos chats y audios que se le atribuyen bajo el seudónimo de "Germán Pérez" (así aparece agendado su nombre en el chat mostrado en pantalla). Roncaglia le exige la ratificación o rectificación, que en un plazo de 24 horas confirme o niegue de manera fehaciente la autoría de los mensajes y audios difundidos. Asimismo, que, en caso de ratificarlos, aporte las pruebas materiales que sustenten tales afirmaciones ante la Justicia. Y también que precise si entregó voluntariamente el material al conductor mencionado o si fue filtrado por un tercero.

Por último, a Griselda Bordeira Roncaglia envió dos cartas documento (a distintos domicilios) debido a su presunta participación en conversaciones con Celis. Las exigencias son similares a las enviadas al narco preso: ratificar o rectificar la autoría de los mensajes de texto y audios donde se alude al ministro, y que en caso de que los ratifique, que presente las pruebas ante las autoridades competentes, bajo apercibimiento de incurrir en delitos de falsa denuncia y calumnias. También le pide que informe si ella proporcionó las capturas de pantalla y audios a los medios de comunicación o si el material fue obtenido de forma ilegal.

En todos los casos, Roncaglia hace reserva de iniciar demandas civiles por daños y perjuicios, así como las denuncias penales que correspondan.

Quién es quién

Daniel Celis fue condenado a una pena de 13 años de prisión por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio: en la primera, por organizar la llegada de una aeronave con 317 kilos de marihuana a un campo cerca de Paraná; en la segunda, por organizar otra banda para el tráfico de cocaína en la capital provincial, en acuerdo con el exintendente, ya fallecido, Sergio Varisco, con el exconcejal Pablo Hernández y con la exsecretaria de Seguridad del municipio y exsargento de Policía, Griselda Bordeira. Una banda que se enquistó en la Municipalidad de Paraná y desviaba fondos públicos para financiar el narcotráfico, por un acuerdo político-electoral entre el jefe narco y el exintendente.

Varisco recibió seis años y seis meses de prisión, en tanto que Bordeira y Hernández recibieron cinco años de cárcel.

Se trató de una investigación del Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, y la Policía Federal Argentina, en los tiempos en que Roncaglia era jefe nacional de esta fuerza, y Frigerio era ministro del Interior. La causa culminó con la sentencia histórica del Tribunal Oral Federal de Paraná, en diciembre de 2019, donde el fiscal general José Ignacio Candioti los acusó a todos por los graves delitos de narcotráfico.

Justamente Candioti, Ríos y Roncaglia son quienes aparecen en la denuncia de Celis y el testimonio de otros dos presos que se encontraban en la cárcel de Gualeguaychú, como objetivos del supuesto plan criminal endilgado a Airaldi, el productor agropecuario de Diamante que está siendo juzgado en el TOF como organizador de una banda narco en esta localidad y en Paraná, así como por el almacenamiento de casi 30 kilos de cocaína en la casa de quien fuera su puestero de una isla, en Puerto Gaboto (Santa Fe).

Cabe recordar que Celis, además de estar cumpliendo la condena por narcotráfico, fue nuevamente procesado el año pasado por organizar otra banda desde la cárcel, que distribuía drogas en distintos barrios de Paraná y en la misma unidad penal, junto a dos internos y parientes. Fuente Análisis

La Jefatura Departamental de Policía de Federal informó sobre dos procedimientos relevantes realizados en la ciudad en las últimas horas, que derivaron en la detención de dos ciudadanos en distintos contextos judiciales.

El primer operativo se produjo el lunes alrededor de las 20:00 horas, cuando efectivos de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, con apoyo de la Sección Comando Radioeléctrico, intervinieron en un caso de lesiones leves en flagrancia en contexto de violencia de género en calle Santa Rosa, entre San Jorge y Corrientes.

La víctima denunció que su pareja la había golpeado y amenazado. Ante la intervención policial, el agresor fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Fiscalía local. La fiscal en turno, Dra. Eugenia Molina, dispuso que el detenido permanezca alojado por el supuesto delito de Lesiones Leves y Amenazas en Flagrancia en contexto de Violencia de Género.

El segundo procedimiento tuvo lugar el martes alrededor de las 17:00 horas, cuando la policía cumplió con un mandamiento de detención emitido por el Juzgado de Garantías local, a cargo de la Dra. Susana Irurzun. En calle 9 de Julio al 1300, un ciudadano de 38 años fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental Federal, donde quedó alojado previo examen médico, a disposición del magistrado requirente en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Federal.

El Ministerio de Salud de la Nación notificó esta semana la existencia de una causa judicial colectiva en su contra. A través de un aviso en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria cumplió con una orden del juez Alejo Ramos Padilla, que busca dar publicidad a un reclamo por el desabastecimiento de insumos básicos para el aborto legal en el sistema público.

La demanda fue impulsada por la Asociación Civil “La Ciega” bajo la figura de acción preventiva de daño. Según la denuncia, el Ministerio de Salud lleva un año sin realizar las gestiones administrativas necesarias para la compra y distribución de:

El proceso fue caratulado como “juicio colectivo” porque no afecta a una sola persona, sino a un grupo con intereses comunes: todas las personas gestantes del país que dependen del sistema público de salud.

Aunque el Ministerio de Salud intentó apelar la validez de este juicio, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ratificó a fines de 2025 que la demanda debe seguir adelante y que la Asociación “La Ciega” tiene legitimidad para representar este reclamo social.

El aviso oficial funciona como una invitación legal: cualquier persona que se considere afectada o tenga un interés en el caso puede presentarse en el expediente judicial (N° FLP 1876/2025).

Un fallo del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, a cargo del juez Daniel Alonso, dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad – Programa Federal Incluir Salud – autorice de manera inmediata la cobertura integral de la prestación básica “Centro de Día Categoría A – jornada doble sin dependencia” para un joven de 26 años con discapacidad. La resolución se emitió tras constatar la falta de respuesta del organismo y la omisión en brindar la atención requerida, lo que el magistrado calificó como una conducta intolerable que vulnera derechos fundamentales.

El amparo fue presentado por el padre del joven, quien es titular de una Pensión por Discapacidad y beneficiario del Programa Federal Incluir Salud. El certificado único de discapacidad consigna diagnóstico de retraso mental moderado y orientación prestacional en formación laboral, rehabilitación y transporte. El médico tratante prescribió la prestación en un Centro de Día, considerando que se ajusta a sus necesidades cognitivas y contribuiría a mejorar su calidad de vida.

Ante la falta de recursos económicos para afrontar el servicio, el actor solicitó que se cubra a través de instituciones con convenio. En octubre de 2025 envió una Carta Documento a la Agencia Nacional de Discapacidad reclamando la cobertura en la institución APANA, sin obtener respuesta.

El juez Alonso sostuvo que la negativa y demora del organismo afecta gravemente el derecho a la salud y a la vida, protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Señaló que la actitud dilatoria no puede justificarse en razones burocráticas y que la falta de provisión oportuna repercute negativamente en la calidad de vida del beneficiario.

La resolución enfatiza que las sentencias en materia de amparo de salud constituyen órdenes de ejecución en sí mismas. Por ello, si no se verifica el cumplimiento en el plazo otorgado, el tribunal dispondrá medidas para garantizar la efectividad de la manda judicial. Además, impuso las costas del proceso a la demandada.

El fallo marca un precedente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al remarcar que los trámites administrativos no pueden convertirse en obstáculos para acceder a prestaciones esenciales. La justicia reafirmó que la salud y la vida no admiten dilaciones y que los organismos deben responder en tiempo oportuno para asegurar el bienestar integral de los beneficiarios. (Fuente: APFDigital)