Las elecciones legislativas nacionales de este domingo registrarían el mayor ausentismo desde el retorno de la democracia, según el último informe de la Cámara Nacional Electoral, cuyo corte al cierre de la jornada electoral, a las 18 horas, estimó en 66% la participación electoral en todo el país. Unas 12 millones de personas habilitadas para votar no habrían concurrido a las urnas.

La menor participación histórica en elecciones generales desde el retorno de la democracia había sido fue en las parlamentarias de 2021, cuando votó el 71,7% del padrón electoral, en plena pandemia de coronavirus.

Este domingo un tercio de la gente en condiciones de votar decidió no hacerlo, en una tendencia a la deserción electoral que marca un nuevo récord desde el retorno de la democracia.

A las 12 horas había votado solo el 23% del padrón electoral, frente al 30,5% de 2021, cuando se registró el mayor ausentismo en elecciones generales. Luego, a las 15 horas, esa brecha se amplió, con una participación del 41,7%, frente al 51% de 2021. Y a las 17 horas la participación era del 58,5%, frente al 64,5%, de esas elecciones parlamentarias en las que se había registrado el anterior récord de ausentismo electoral.

En rigor, el porcentaje de votación más bajo fue en las elecciones PASO de 2019, cuando votó el 66,2% del padrón en todo el país, aunque al tratarse de una votación primaria no es una comparación fiel con las legislativas de este año, cuando no hubo PASO.

Desde el retorno de la democracia, en 1983, la participación electoral tuvo un piso en las parlamentarias de 2021, cuando votó el 71,7% del padrón electoral. Luego la cifra creció y llegó al 77% en las legislativas de 2023, cuando votaron 27.612.739, en una elección que se vio potenciada por la dura competencia entre los candidatos presidenciales.

Entre Ríos, encima del promedio nacional

En la provincia se estima que este domingo votó cerca del 73% del padrón, lo que ubicaría la asistencia entrerriana a las urnas hasta siete puntos porcentuales encima de la media nacional. Entre Ríos suele registrar concurrencia mayor al promedio nacional.

En las elecciones legislativas de 2017, la participación a nivel nacional alcanzó el 77,6% del electorado registrado, mientras que la participación en Entre Ríos fue superior, un 79,2%.

En las elecciones legislativas de 2021, cuando la concurrencia a nivel nacional fue del 71%, Entre Ríos mantuvo una tasa comparativamente más alta, con un 74,3% de participación.

En las elecciones presidenciales de 2023, cuando la provincia registró un 78,1% en la primera vuelta, el promedio nacional del 77%.

“La verdad quiero agradecerles porque como han visto han sido unos comicios muy tranquilos. Estamos muy contentos como presidente del partido. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos. Estamos contentos con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”, dijo la hermana del presidente ante los medios, donde tampoco respondió preguntas.

La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión que pedían autorización para obtener pruebas en Estados Unidos con el fin de vincular al Estado argentino con los activos que generó la criptomoneda $LIBRA. Pero al cerrarle la puerta a esos fondos, la magistrada invocó un argumento de consecuencias impredecibles: afirmó que los ingresos que generó ese proyecto digital podrían ser del presidente Javier Milei, su hermana Karina y algunos impulsores como Hayden Davis, más que de la República Argentina.

Rochon sostuvo que las evidencias que presentaron Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited incluyeron artículos periodísticos, posteos en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio, pero que todo ese material resulta insuficiente para probar que el dinero que generó $LIBRA sea del Estado argentino. Afirmó que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría conservado parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.

La jueza vertió esas y otras conclusiones preliminares en una resolución de 33 páginas, en las que aludió a las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien insinuó que el Estado nacional podría reclamar el decomiso de los fondos que generó $LIBRA si se demostrara que provinieron de conductas ilícitas de funcionarios. Pero Rochon aclaró que mantenía reservas sobre la solidez de esa teoría e insistió en que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.

Para la magistrada, los fondos demandantes incurrieron en una “excursión de pesca” al solicitar documentación y testimonios de alcance desmedido. Entre los pedidos figuraban todos los registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma virtual que se usó para el lanzamiento del token, y la citación de al menos trece “influencers”, ingenieros, empresarios y hasta el creador del sitio Barstool Sports. Para Rochon, eso demostró más una intención de abrir una pesquisa general sobre el universo cripto que de obtener pruebas para el proceso judicial.

La jueza subrayó además que, aun si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno del presidente Milei, los caminos más apropiados para investigarlos no serían los tribunales estadounidenses sino la Justicia inglesa y la argentina. Por ello, denegó la intentona y aclaró que el instrumento legal invocado –la sección 1782 del Código de los Estados Unidos, que regula la cooperación judicial internacional– no puede ser utilizado para exploraciones especulativas ni para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas.

El reclamo había sido promovido por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, todos acreedores del Estado argentino por bonos del default de 2001. Esas firmas habían obtenido un fallo favorable de la Justicia británica en 2023, que ordenó al gobierno argentino pagar más de 1500 millones de euros. Al detectar que la Argentina no había satisfecho la sentencia, los fondos iniciaron una ofensiva global para localizar activos que pudieran ser embargados.

En ese contexto, los fondos se presentaron en agosto en los tribunales de Nueva York, donde buscaron vincular al Estado con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Hayden Davis y promovido por Milei en la red social X, lo que generó un pico alcista y pérdidas por US$251 millones, según dio por probado el fallo.

Así, los fondos pretendían usar la información hallada en Nueva York para reforzar sus acciones de cobro en Londres o en otros países. Pero la jueza Rochon cerró esa vía: sostuvo que el intento carecía de sustento fáctico y que no hay indicios de que los activos de $LIBRA pertenezcan al Estado argentino.

Al rechazar la pretensión de los fondos internacionales, Rochon también mencionó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la difusión del proyecto por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no oficial. Ese dictamen coincidía con la posición de la Casa Rosada, que niega cualquier rol de Milei o su hermana en la emisión o administración de $LIBRA.

El fallo de la jueza, sin embargo, dejó una definición incómoda para la Casa Rosada: si el proceder del Presidente fue de carácter personal y no institucional, la sospecha es que el esquema podría haber tenido a Milei como beneficiario privado o a personas cercanas a él, y no al Estado nacional. (Fuente: La Nación)

“Siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. Es una provincia que me ha llenado siempre de muchas alegrías”, arrancó Javier Milei la campaña electoral en esta ciudad. “Todo esto que están haciendo, la máquina de impedir es porque están cagados”, destacó para atacar una vez más en la jornada a los que “torpedean” los logros de su gobierno. “No se dejen psicopatear con actores pagos que solo quieren manchar nuestro honor”, reclamó en una clara referencia al escándalo de los audios.

“Los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, planteó en otra parte de su discurso, en aparente referencia al periodista que difundió los audios del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo.

“No hay lugar para los fracasados, corruptos y ladrones liderados por la corrupta de la tobillera. Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan con audios de chimentos, mientras ella tiene una triple condena por afanar la guita de Vialidad. Cuando hacen el ‘tres’ debe ser por las tres causas que le faltan -Hotesur, Memorándum con Irán y Cuadernos-. No se dejen operar con mentiras que buscan manchar nuestro honor”, sostuvo con su hermana al lado. Y después agregó que los audios de Spagnuolo “están hechos con inteligencia artificial”.

Milei se movió siempre acompañado por su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem, Patricia Bullrich y la diputada Lilia Lemoine. En el acto también se lo vio al streamer Iñaki Gutiérrez. “Nunca más permitan que la salida de la Argentina sea Ezeiza”, enfatizó para cerrar con “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede” para pedir “ganar el 26 de octubre”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por el abogado Gregorio Dalbón, quien la acusa de abuso de autoridad al solicitar allanamientos a periodistas y medios de comunicación con el presunto objetivo de amedrentar y censurar. La denuncia se presentó un día después de que la ministra, en nombre del Gobierno, denunciara un supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según Dalbón, el pedido de Bullrich incluía “medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”. Entre los objetivos de los allanamientos figuraban los estudios de Carnaval Stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros.

Además de los allanamientos, la ministra solicitó una medida cautelar inédita: prohibir la difusión, reproducción o circulación de los audios y cualquier otro material obtenido durante la operación denunciada, bajo apercibimiento legal. Para Dalbón, esto representa un “intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”.

La denuncia sostiene que la acción no se limitó a periodistas específicos, sino que buscó restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, configurando una forma de censura indirecta y masiva. El abogado calificó la denuncia de Bullrich como un “instrumento de intimidación” destinado a condicionar la libertad de prensa.

Dalbón encuadró el accionar de Bullrich en el delito de abuso de autoridad, señalando que se trató de un caso de extralimitación funcional. Argumentó que los allanamientos a medios, el secuestro de equipos de trabajo y la intención de prohibir la difusión de información periodística son acciones “manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”.

El episodio generó un debate intenso sobre los límites del poder del Ministerio de Seguridad y la protección de la libertad de prensa en Argentina. Mientras los defensores de la ministra insisten en la necesidad de investigar el supuesto espionaje, los críticos alertan sobre los riesgos de que el Estado utilice la denuncia penal como herramienta de presión contra los periodistas.

La situación también coincide con la creciente tensión en torno a la divulgación de los audios de Karina Milei, que han provocado polémica y movilizado a diversos sectores del periodismo y la opinión pública. La causa aún no tiene definiciones judiciales, pero la citación de Bullrich a prestar declaración indagatoria podría marcar un hito en la jurisprudencia sobre libertad de expresión y límites del poder estatal en el país.

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La notificación de los cargos a Maraniello ocurrió la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

La dimensión de las acusaciones contra Maraniello llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados. La organización sindical celebró entonces “haber logrado la consigna policial en el horario laboral” y remarcó que el juez fue notificado conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau.

Los expedientes contra Maraniello abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una de las denunciantes declaró haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas en el organismo. La empleada argumentó que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su empleo, y relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos. Señaló además que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.

Otra empleada denunció haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, sumados a observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. Informó que los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios persistentes fuera de lugar. Según pudo saber Infobae, la víctima comunicó que necesitó medicación para soportar el contexto laboral, mencionó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y finalmente formalizó la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.

En estos casos, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino para tomar declaración, aunque la denunciante aclaró que no pretendía instar acción penal. Según la fiscal Mariana Labozzetta, el hecho podría revestir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello. Por ese motivo, el expediente pasó a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.

El proceso disciplinario continúa con la evaluación de pruebas y testimonios. Mientras tanto, la Comisión de Disciplina analiza si corresponde aplicar sanciones administrativas o eventualmente girar los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez.

De acuerdo a la documentación, las denuncias contra Maraniello incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial. Varios expedientes fueron remitidos por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo reserva y no tienen difusión pública.

El gremio judicial remarcó que el avance de las entrevistas con empleados actuales y ex empleados ha permitido conocer “más y más casos”. En uno de los testimonios, la víctima describió su situación de vulnerabilidad, mencionando que era hija de un camionero y dependía del empleo como trabajadora interina para sostener sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia.

La intervención de Maraniello en el escándalo de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las causas en su contra. La filtración de los supuestos audios generó un operativo judicial del entorno presidencial para controlar la difusión.

Otra denuncia

El Gobierno presentó una denuncia judicial tras la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. Acusa de maniobra golpista y alude a la participación de sectores de la oposición. El expediente quedó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.

La acción judicial estuvo acompañada por una orden del juez Alejandro Marianello, quien dispuso que cesara inmediatamente la difusión de los audios. El fallo, favorable a Karina Milei, busca evitar nuevas filtraciones por considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles. Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y apuntó a los responsables de su publicación y a allegados de la diputada Marcela Pagano.

Según la denuncia, la difusión se produce en un “momento estratégico”, coincidente con la etapa clave de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. El Gobierno interpreta esta coincidencia como parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado y denuncia que la utilización de los audios representa un hecho grave sin precedentes en la política argentina.

Fuentes del Ejecutivo reconocen preocupación interna por el impacto de la crisis, consideran que la revelación de los audios afectó la motivación de la militancia y resaltan el riesgo de que la crisis política se profundice si el oficialismo no logra un resultado favorable en los comicios próximos.

El oficialismo atribuye la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen y señala la coordinación de sectores opositores, en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna que agrava la situación del Gobierno nacional. (Infobae)

La inflación mostró un repunte en agosto, con las principales consultoras ubicando la variación de precios por encima del 2%, superando por primera vez en cuatro meses esa barrera. Los aumentos se concentraron en bienes estacionales y regulados, mientras que los alimentos, transporte y tarifas fueron los principales rubros que impulsaron el índice.

El contexto político y económico contribuyó a la volatilidad: la difusión de supuestos audios de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, sumado a la incertidumbre previa a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, impactó en la confianza del consumidor y en la percepción del Gobierno. La volatilidad cambiaria y las medidas de política monetaria, como el aumento de encajes hasta el 53,5%, también jugaron un rol clave para contener la depreciación del peso.

Las consultoras coincidieron en que la estrategia del Tesoro y del Banco Central permitió frenar la suba de precios a costa de tasas elevadas que limitan el crédito y enfrian la economía. En este marco, el crecimiento económico proyectado para 2025 se recalibró: LCG y Equilibra estiman cerca del 4,5%, Econviews un 4,2% y EcoGo un 4% o algo más.

La medición núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, se aceleró al 1,9% desde 1,5% en julio. Rubros como autos, alquileres y salud privada mostraron subas significativas, mientras que algunos componentes ligados al turismo y la indumentaria mostraron leves bajas por liquidaciones de temporada. PxQ destacó que alimentos, transporte y vivienda concentraron más del 60% de los aumentos.

Analistas subrayan que los salarios prácticamente estancados limitan el consumo y ponen un tope a los incrementos de precios. Al mismo tiempo, la apertura de importaciones ayuda a contener alzas por el lado de la oferta. Según Clara Alesina, de Fundación Libertad y Progreso, “una vez superada la instancia electoral, el panorama debería ofrecer mayor previsibilidad para retomar estabilidad económica”.

En síntesis, agosto reflejó un aumento de precios marcado por factores estacionales y estructurales, con un contexto político tenso y una política monetaria restrictiva. La economía enfrenta un escenario de freno al consumo, alta incertidumbre y expectativas de inflación en torno al 2%, mientras los analistas evalúan si las medidas del Gobierno lograrán estabilizar la dinámica de precios en los próximos meses.

Expertos criticaron la resolución del magistrado y dijeron que además se contrapone con los tratados internacionales de Derechos Humanos que suscribió la Argentina.

El abogado Carlos Laplacette, especialista en derecho a la información y libertad de expresión, sostuvo que “en la sentencia se advierte el esfuerzo del juez por limitar el alcance de la medida y tratar de que no sea entendida como un caso de censura o bozal legal, pero el resultado no es otro que el de prohibir la difusión de audios atribuidos a un funcionario público”.

“La única inmunidad que se asegura es la del público, a quien no se le podrá retacear información relevante bajo el pretexto de que pueda resultar perjudicial para el honor o la intimidad de alguien”, explicó Laplacette.

Su colega Sebastián Guidi, profesor de derecho constitucional de la Universidad Torcuato Di Tella y de derechos fundamentales en la Universidad de San Andrés, señaló que “la jurisprudencia de la Corte Suprema es ultra restrictiva al permitir que los jueces emitan medidas que censuren expresiones de modo preventivo”.

“Algunos jueces, como Enrique Petracchi, consideraban que no podía hacerse nunca ya que la censura previa no está permitida nunca. La única vez que la Corte convalidó algo así aclaró que lo hacía solamente porque estaba en juego la integridad de una niña, ya que se estaba difundiendo su imagen y sus datos”, dijo el letrado.

Guidi recordó que “incluso en los casos en los que procede, se deben demostrar algunos requisitos y ninguno está cumplido aquí. Se debe demostrar, por ejemplo, que la difusión ocasiona un daño grave e irreversible. Aquí el juez no dice en ningún momento en qué consistiría este daño, solamente dice que generaría expectativas de castigo en la sociedad, lo que es absurdo como fundamento. Otro requisito es que no esté involucrado un asunto de interés público, lo que desde ya aquí no se cumple".

El experto sostuvo que “otro requisito es la verosimilitud de que la expresión tenga un contenido ilegal. Aquí es la propia Karina Milei la que dice que no sabe si los audios son verdaderos o no. Es decir, el juez está ordenando que se censuren audios que no conoce y sobre los que ni siquiera la supuesta afectada puede afirmar que son ilegales”.

Guidi criticó el pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que se allanen y requisen medios de comunicación y periodistas: “Es claro que la Constitución protege el secreto de las fuentes periodísticas precisamente para que las personas con información confíen en que nadie tomará represalias contra ellos si eligen contar algo que el gobierno preferiría mantener oculto. Con un razonamiento como el de Bullrich, no hubiera existido Watergate”.

A su vez Daniel Sabsay, abogado constitucionalista dijo que la decisión del juez “es inconstitucional porque viola la libertad de opinión y de libre difusión de las ideas”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que “la interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés público y funcionarios públicos”.

La abogada Alicia Cano, especialista en temas de libertad de expresión, dijo que la Constitución histórica prevé en el artículo 14 el derecho de todos los habitantes de la Nación de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa". “En este caso, además, los audios sean verídicos o no, hayan sido obtenidos de manera ilegal regular o no, en todo caso esto deberá ser objeto de investigación judicial, lo que no puede nunca es prohibirse su difusión, especialmente cuando son audios que dan cuenta de presuntos hechos de corrupción lo que tiene innegable interés público”, dijo Cano.

Por último, la especialista aseguró a La Nación: “Prohibirlos es cercenar la posibilidad de que la ciudadanía toda tome conocimiento del contenido de esos audios, es cercenar también el debate sobre los asuntos públicos. Nada concita más interés público que la difusión de un posible hecho de corrupción”.

La radio uruguaya M24 confirmó que este martes 2 de septiembre a las 9.30 se emitirá el programa La Tapadita, conducido por Eduardo Preve, con los audios que la Justicia argentina intentó silenciar. Gracias a la transmisión online, la señal estará accesible desde cualquier lugar, incluyendo Argentina, lo que deja sin efecto práctico la medida cautelar del juez Alejandro Maraniello.

El gobierno de Javier Milei había solicitado la restricción, promovida por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el argumento de frenar “una maniobra de manipulación y desestabilización política” durante la campaña electoral. La decisión generó críticas por vulnerar la libertad de prensa y se compara con prácticas de censura en regímenes autoritarios.

El episodio pone de relieve la tensión entre la Justicia argentina y los medios independientes, además de profundizar el debate sobre el manejo de las filtraciones de audios que exponen presuntas irregularidades en la gestión pública. Mientras tanto, la radio uruguaya asegura que la difusión será total, replicando la experiencia histórica de los periodistas argentinos que, en tiempos de dictadura, cruzaban la frontera para sortear la censura y llegar al público desde Montevideo.

Este desafío legal y político resalta la complejidad de aplicar medidas de censura en un contexto digital globalizado, donde la extraterritorialidad de la ley limita la capacidad de los jueces nacionales de controlar contenidos transmitidos desde el exterior. La decisión de M24 promete mantener al caso en la agenda pública y ampliar su impacto internacional.

El episodio se suma al escándalo político que atraviesa al gobierno libertario, en medio de críticas internas por la gestión del caso y la exposición de los audios, y marca un punto de tensión entre la estrategia oficial y la resistencia mediática regional.

Un amplio abanico de especialistas en derecho constitucional criticó la resolución del juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, que ordenó frenar la difusión de audios presuntamente vinculados a Karina Milei. Coincidieron en que se trata de un acto de censura previa prohibido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

El abogado Carlos Laplacette advirtió que la medida, pese a los intentos del magistrado por limitar su alcance, no es otra cosa que un “bozal legal”. Recordó que los artículos 14 y 32 de la Constitución, así como el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan la publicación de ideas sin censura previa. Para Laplacette, la única respuesta legítima ante abusos informativos son las sanciones ulteriores, nunca la prohibición anticipada.

En la misma línea, el profesor Sebastián Guidi subrayó que la Corte Suprema argentina solo admitió restricciones preventivas en casos excepcionales, como la protección de menores, y cuestionó la falta de fundamentos en la resolución de Maraniello. “Aquí no se acredita daño grave ni irreversible, ni se demuestra que los audios sean ilegales. Tampoco se trata de un tema privado, sino de evidente interés público”, remarcó.

Más críticos aún fueron Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez, quienes señalaron que la decisión afecta el derecho colectivo a la información y erosiona la base misma de la democracia. Gil Domínguez sostuvo que una cautelar sin plazo ni sujeto pasivo que limite a la prensa equivale a suprimir el debate público.

La abogada Alicia Cano agregó que, incluso si los audios hubieran sido obtenidos de manera irregular, su difusión no puede prohibirse de antemano, dado que refieren a presuntos hechos de corrupción. “Negar su circulación es impedir que la ciudadanía conozca asuntos que comprometen el interés público”, sentenció.

Las declaraciones también apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien reclamó allanar medios y requisar periodistas. Guidi replicó que ese planteo contradice la protección constitucional del secreto de las fuentes y recordó que con criterios así nunca hubiese existido un caso como Watergate.

En plena crisis política, Javier Milei emprenderá un viaje a Estados Unidos que lo llevará a Los Ángeles y Las Vegas. La agenda oficial prevé encuentros con empresarios, pero lo que generó más ruido fue la confirmación de que asistirá al espectáculo de Fátima Flórez en el Hotel Sahara. La noticia la dio la propia imitadora y se viralizó cuando un empresario promocionó la función en redes con un entusiasta “¡Viene Milei!”.

El viaje ocurre en un contexto delicado para el Gobierno. La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de audios que mencionan supuestos retornos y comprometen a Eduardo “Lule” Menem, figura clave en la Secretaría General. Las sospechas alcanzan directamente a Karina Milei, quien enfrenta pedidos de interpelación parlamentaria y una interna creciente dentro de La Libertad Avanza.

El detalle no menor es que, por primera vez, Milei no será acompañado por su hermana en una gira oficial. La ausencia de Karina, habitualmente su principal sostén político, refuerza la percepción de que atraviesa su momento más frágil desde la llegada al poder.

A la vez, el mandatario dejará el país en un tramo decisivo de la campaña bonaerense, donde Axel Kicillof busca la reelección. Sondeos recientes anticipan que el gobernador podría imponerse en un distrito clave, lo que debilitaría aún más el frente oficialista.

La presencia de Milei en el show de Flórez alimenta también la faceta personal de la historia. Tras la ruptura en abril de 2024, ambos habían mantenido un vínculo de amistad. Sin embargo, la imagen del presidente en Las Vegas junto a su expareja reaviva rumores sobre una posible reconciliación.

En paralelo, el escándalo de la Andis sigue escalando y amenaza con convertirse en un caso emblemático de corrupción para un gobierno que hizo de la lucha contra “la casta” su bandera. La combinación de crisis política, viaje internacional y exposición mediática configura un escenario de máxima tensión.

La foto de Milei en Las Vegas, entre reuniones de negocios y un show en el corazón del entretenimiento mundial, promete convertirse en el símbolo de un momento crítico: el intento de equilibrar su rol institucional con una vida personal que, pese a los comunicados, nunca dejó de estar en el centro de la escena.

En medio del escándalo por la filtración de audios atribuidos a un exfuncionario en donde se denuncia un presunto circuito de coimas en el Gobierno, el presidente Javier Milei participó de un acto junto a su hermana Karina. La secretaria General de la Presidencia es señalada en una de las grabaciones como integrante de este presunto sistema de recaudación ilegal.

Si bien el jefe de Estado no habló de la polémica originada con los audios, durante su discurso rozó la cuestión al contestar las críticas de los analistas que aseguran que al Poder Ejecutivo le falta “política” para enfrentar este tipo de crisis.

“No es que al Gobierno le falte política; no le falta política, están los de enfrente que quieren romper todo”, aseguró en alusión al kirchnerismo y a las leyes votadas recientemente que de acuerdo al discurso oficial dañarían el equilibrio fiscal.

Milei agradeció especialmente al fundador de la empresa, Eduardo Eurnekian, y a otras autoridades con las que compartió su trabajo en Corporación América.

Contó por ejemplo que en esa compañía conoció a Guillermo Francos, a quien describió como el mejor jefe de Gabinete de la historia, actualmente a cargo de las negociaciones con “los orcos del Congreso”, “destituyentes que quieren romper el plan económico, romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal aprobando cualquier tipo de barbaridades”.

En ese sentido, el mandatario señaló: “Más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, que era previsible, esto es como es el Ajedrez, las negras también juega. Están los de enfrente que quieren romper todo. Al político demagogo no le importa prender fuego el país y gobernar sobre las cenizas. Ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país”.

Además, sostuvo que fue Francos quien lo “impulsó a ser presidente” y contó un poco de la historia de la relación entre ambos: “Primero a que escribiera en medios de comunicación y después, cuando él estaba trabajando en la campaña de Daniel Scioli, me sugirió que escriba un programa económico”. Sobre este punto, aclaró que lo tenía escrito “diez años antes” y continuó: “Lo triste es que eran las mismas soluciones”.

“Sin lugar a dudas, la influencia de Guillermo ha sido determinante. Parece que vio algo que no se equivocó, porque terminé siendo presidente”, puntualizó.

Y añadió: “Mi paso por Corporación América fue clave para desarrollar mi amor por el sector privado. Esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo. Este nuevo edificio es una nueva prueba de ello. Quiero agradecer a todo el equipo de Corporación América por seguir invirtiendo en nuestro país. Es mi esperanza que los individuos sigan el ejemplo de Eduardo Eurnekian”.

Por último, cerró: “Tanto del sector público como del privado debemos ahondar esfuerzos para que el único objetivo sea sacar el país adelante. Del lado del Estado creamos las condiciones para que ustedes les vaya bien. Si el sector privado es la locomotora, el sector público deberá sacar las malezas. No me importa el daño que puedan hacer, si di vuelta el déficit fiscal de 100 años en un mes, ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer por dos meses”.

El presidente habló por primera vez, pero no hizo referencia a las presuntas coimas que aparecieron en audios de Diego Spagnuolo en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis). (Fuente: Infobae)

El dirigente social y abogado publicó en redes que parte del dinero recuperado —unos 500 mil dólares— habría sido ocultado con la participación de Serrano mediante cuentas blockchain, y sugirió que esos fondos se usaron para pagos ilegales.

La causa, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, investiga transacciones con criptomonedas, incluyendo Tether y Ethereum, que podrían estar vinculadas a cohecho y desvíos de dinero. Entre los imputados figuran Milei, su hermana Karina, exfuncionarios y empresarios extranjeros.

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Serrano, de 31 años y oriundo de Paraná, negó categóricamente cualquier participación. A través de X, aseguró que “no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’” y anunció que sus representantes legales evaluarán acciones judiciales contra quienes difundan afirmaciones falsas.

El debate sobre su implicación generó repercusión mediática, en medio de un caso que sigue sumando imputados y rastreando flujos de criptomonedas para determinar posibles responsabilidades penales.

En plena tensión por la disparada del dólar, que este jueves alcanzó los $1.380, el presidente Javier Milei se mostró junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. El mensaje fue claro: hay unidad en el equipo económico. “Se podía dar”, dijeron en relación al incremento de la divisa y apuntaron contra sectores que, según sostienen, buscan desestabilizar la gestión.

En una entrevista realizada en el canal Neura, Milei y Caputo desmintieron versiones sobre una supuesta pelea a golpes en la Casa Rosada, que circuló con fuerza en redes sociales. Entre risas, el Presidente bromeó: “¿Vos me estás jodiendo?”, mientras Caputo recordó un llamado del mandatario sorprendido por los rumores. “Me preguntaban si me habían sacado en ambulancia”, ironizó Milei.

Más allá del tono distendido, la aparición conjunta buscó aplacar rumores de fisuras internas y contener la reacción de los mercados. Caputo afirmó que “somos un grupo recontra unido”, y habló de “una hermandad” entre los funcionarios económicos.

Durante la entrevista, Milei insistió en que la reciente corrida cambiaria responde a una operación política. “Sabíamos que siendo año electoral, con la economía creciendo, salarios reales en alza y la pobreza en baja, nos iban a intentar dañar. Estábamos preparados”, afirmó. Señaló a sectores opositores y a “la traidora”, en alusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, como responsables de un intento de quebrar el equilibrio fiscal a través de una sesión legislativa.

El mandatario defendió su política monetaria de emisión cero y aseguró que la inflación será controlada para mediados de 2026. “Mientras se limpia el exceso monetario heredado, hay inflación, pero no emitimos”, explicó. También cargó contra el sistema financiero: “En 2023 los bancos eran socios del Estado. No hacían banca, eran cómplices de la estafa”.

Milei vinculó la corrida cambiaria con un “ataque coordinado”, que incluyó —según su visión— declaraciones del economista Joseph Stiglitz, quien advirtió sobre una posible nueva crisis en Argentina. “Mandaron a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis”, disparó.

El Presidente también reveló cómo funciona su gabinete: describió un “Triángulo de Hierro” político formado por Santiago Caputo como estratega, su hermana Karina como armadora, y Guillermo Francos como nexo con el resto del arco político. “Solo suben a mí los temas que requieren mi decisión. Estoy 100% enfocado en la gestión”, indicó.

Hacia el final, dejó una declaración de fuerte contenido político: “En 2027 voy a ser reelecto”, sentenció, adelantando su intención de ir por un segundo mandato. También anticipó una nueva etapa de reformas que comenzará tras cumplir dos años de gobierno.

En una jugada que redefine el mapa político entrerriano de cara a las elecciones de octubre, La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por Entre Ríos (JxER), el espacio que lidera el gobernador Rogelio Frigerio, se encaminan hacia un acuerdo estratégico. Aunque en el oficialismo provincial todavía se manejan con cautela, en las filas libertarias el entendimiento se da por hecho. El acuerdo sellaría una lista única que capitalice el arrastre del presidente Javier Milei en una contienda nacionalizada, donde el eje será “Milei sí o Milei no”, sin espacio para balances de gestión local.

La antesala de esta alianza se vivió el domingo en Paraná, con una convocatoria de más de 500 dirigentes y referentes libertarios en un salón de convenciones cercano al Parque Urquiza. El acto, transmitido por streaming, contó con la presencia de las principales figuras provinciales de LLA. Aunque se esperaba a Karina Milei, finalmente viajó a Corrientes, donde se celebrarán elecciones el 31 de agosto.

Roque Fleitas, presidente de LLA en Entre Ríos y diputado provincial, encabezó la jornada con un discurso encendido. “Acá están sus soldados”, le dijo simbólicamente a los hermanos Milei, al tiempo que deslizó que el presidente podría visitar la provincia en las próximas semanas. “Cuando venga el presidente Javier Milei a Entre Ríos, vamos a reventar la cancha de Patronato”, lanzó, en alusión al estadio Presbítero Grella de Paraná, sede del club rojinegro.

En el escenario también se destacaron otras voces del mileísmo. Beltrán Benedit, diputado nacional, encendió las alarmas con una declaración polémica: “Ayer el enemigo estaba del otro lado de la frontera. Hoy está en el país. Es la casta. Está en la política, en el periodismo, en los sindicatos”. Y agregó: “Eso tenemos que erradicar de la Argentina”.

Joaquín Benegas Lynch, uno de los posibles candidatos del espacio en la provincia, también se dirigió a la militancia, en un evento donde el discurso se centró en la épica libertaria, la confrontación con los sectores tradicionales y el llamado a la unidad interna. Fleitas pidió expresamente “dejar los egos y las cuestiones personales de lado”, en un mensaje que apunta tanto a su tropa como a los aliados potenciales.

La elección del 26 de octubre será clave. Entre Ríos renovará cinco bancas en Diputados y tres en el Senado. Los cargos que concluyen corresponden a la elección legislativa de 2021, cuando Frigerio obtuvo un fuerte respaldo en las urnas. JxER arriesga tres escaños y el PJ, dos. En el Senado, se renuevan dos representantes de Juntos y uno justicialista. La meta de Milei es clara: ampliar su bancada sin depender de terceros y consolidar el color violeta en el Congreso.

El entendimiento con Frigerio sería funcional a ese objetivo. Aunque los legisladores de JxER han acompañado muchas de las iniciativas del Ejecutivo nacional, Milei apuesta por una mayoría propia. La alianza en Entre Ríos se inscribiría en ese diseño, con guiños directos a otras provincias donde se negocian acuerdos similares.

Con la campaña en marcha, la posibilidad de un acto masivo con Milei en Paraná podría sellar definitivamente la sintonía entre la Casa Rosada y el gobierno entrerriano. El escenario se encamina a una polarización sin matices, donde el peronismo aparece, por ahora, como único adversario visible.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a intervenir en la escena política nacional con un mensaje de alto voltaje contra el presidente Javier Milei. Lo hizo durante el homenaje a Eva Perón en Moreno, donde su voz resonó desde el escenario principal ante miles de militantes que marcharon con antorchas. La expresidenta lo acusó de “gobernar para los ricos” y denunció una “subordinación violenta” a los intereses de Estados Unidos.

“Estamos transitando un nuevo intento de destrucción de lo argentino con una violencia nunca antes vista”, afirmó. En esa línea, comparó el actual modelo económico con el de la última dictadura militar, y sostuvo que el ajuste “lo pagan los trabajadores y los sectores medios mientras se privilegia a los grupos concentrados”.

Uno de los pasajes más picantes del mensaje fue cuando apuntó contra Peter Lamelas, el embajador propuesto por Washington. Según Cristina, su designación busca “vigilar a los gobernadores, frenar acuerdos con China y garantizar que yo reciba la justicia que merezco”. Además, cuestionó el vínculo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y denunció que “la campaña no la hacen Milei ni Karina, la hacen desde Washington, a puro dólar”.

Cristina también se refirió a la inauguración de la Exposición Rural, donde se habría celebrado su situación judicial. “Si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia es escuchar cómo festejan que esté presa”, dijo, en referencia a su condena en primera instancia, aún sin sentencia firme.

La crítica más dura fue hacia la gestión económica del ministro Luis Caputo. “No le sale una”, ironizó, y sostuvo que la creciente compra minorista de dólares para ahorro es una señal de alarma. “Todos los meses, un millón de argentinos compran dólares para llevárselos al colchón. Esto no termina bien”, advirtió.

En el cierre, Cristina volvió a plantear una disyuntiva de fondo: “O se gobierna para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, o se hace un gobierno títere de las fuerzas del norte que gobierna solo para los ricos”.

Aunque no hubo menciones directas a una eventual candidatura, su reaparición y el tono encendido del discurso reactivan especulaciones sobre su rol político de cara a los próximos meses. Mientras tanto, su intervención consolidó el clima de polarización y dejó en claro que no piensa correrse de la disputa por el rumbo del país.

La reciente participación de Javier Milei en la denominada "Derecha Fest", un evento privado realizado en Córdoba, desató una fuerte polémica por el uso de recursos del Estado. Aunque el acto no tuvo carácter oficial y se prohibió el acceso a la prensa, el Gobierno nacional montó un amplio operativo de seguridad y utilizó el avión presidencial para el traslado del mandatario y su comitiva.

Milei viajó en el Tango 10, un Lear Jet 60 perteneciente a la flota presidencial, acompañado por su hermana Karina. A su arribo lo esperaban el gobernador Martín Llaryora y el diputado libertario Gabriel Bornoroni. La distancia al hotel donde se celebró el evento fue de apenas 3,7 kilómetros, pero en ese breve trayecto se desplegaron unos 250 efectivos entre militares, gendarmes, personal de Casa Militar y de fuerzas federales.

El evento, celebrado en el hotel Quórum, fue cerrado al público general y no se transmitió por canales oficiales. La organización recaudó más de 105 millones de pesos en entradas, que se vendieron a 35 mil pesos cada una. El costo del alquiler del lugar rondó los 65 mil dólares (alrededor de 82 millones de pesos), sin incluir servicios técnicos ni catering.

La presencia del Presidente en este contexto generó duras críticas desde la oposición. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que se detalle la composición de la comitiva, los recursos utilizados y bajo qué normativa se justificó el uso de bienes del Estado en una actividad partidaria. También cuestionó que el evento haya generado ganancias a una empresa privada mientras se emplearon fondos públicos para facilitar la presencia presidencial.

Uno de los aspectos más controvertidos fue la expulsión de una periodista de Página 12 que había pagado su entrada para cubrir el evento. Personal de Casa Militar la obligó a retirarse del lugar y, según denunció, le ofrecieron dinero para compensar el valor del ticket. Este episodio volvió a poner en foco el trato hostil del oficialismo hacia la prensa.

Durante la "misa libertaria", como algunos la denominaron, Milei no escatimó en ataques políticos: llamó "bruta traidora" a la vicepresidenta Victoria Villarruel, reafirmó su rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo y definió las elecciones legislativas venideras como una “guerra”. Tampoco faltaron los insultos a periodistas y críticas al diálogo político.

El despliegue logístico y el blindaje informativo en torno al evento recuerdan otros viajes de Milei al exterior, donde se construyen actividades oficiales para justificar traslados presidenciales a premiaciones sin respaldo institucional. Sin embargo, en esta oportunidad no hubo siquiera un acto gubernamental complementario, lo que incrementa las sospechas de uso indebido de recursos.

El caso ya alimenta nuevas denuncias y reclamos de transparencia, mientras el oficialismo guarda silencio sobre los costos y fundamentos del operativo. La oposición prepara nuevas acciones legislativas en un contexto de creciente tensión institucional.

Rogelio Frigerio se sentó en la mesa chica del oficialismo junto a otros seis gobernadores, en un movimiento que revela la nueva estrategia del Ejecutivo para sostener la gobernabilidad y, a la vez, expandir su base política rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En Balcarce 50, el entrerriano dialogó con el jefe de Gabinete Guillermo Francos sobre recursos, respaldos parlamentarios y un eventual armado conjunto para las urnas.

El esquema diseñado por la Casa Rosada gira en torno a dos prioridades: evitar que prosperen en Diputados las iniciativas votadas en el Senado sobre aumentos jubilatorios y emergencia en discapacidad, y alinear a mandatarios que puedan aportar votos y músculo político en sus distritos. Además de Frigerio, pasaron por la Casa Rosada Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Frigerio aparece en el radar libertario no solo como un aliado en potencia para la gobernabilidad, sino también como una figura clave en el armado electoral. Las conversaciones incluyeron la posibilidad de conformar listas comunes, unificar estrategias y promover acuerdos legislativos que beneficien a ambas partes. En Entre Ríos, La Libertad Avanza necesita sumar estructura y volumen territorial. El gobernador, por su parte, evalúa los riesgos y beneficios de asociarse a un oficialismo en pleno ajuste.

Uno de los puntos más tensos de la agenda es el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El subsecretario Carlos Guberman ofreció fórmulas alternativas para girar fondos sin comprometer el equilibrio fiscal. Para las provincias, estos recursos son vitales en medio de una crisis que, según la propia gestión entrerriana, ha vuelto “apremiante” la situación financiera de los municipios.

En paralelo, el Gobierno nacional pidió respaldo para una eventual reintroducción de la ley sobre el uso del excedente anual de los ATN, buscando frenar su plena aplicación. También se discutió el rechazo del oficialismo a la media sanción sobre el impuesto a los combustibles, donde se evalúa solo ceder el porcentaje destinado al Sistema Vial Integrado, sin tocar otros fondos sensibles.

En Balcarce 50 sostienen que con Frigerio, Zdero y Cornejo las negociaciones están avanzadas. No descartan fórmulas conjuntas y buscan que el acuerdo parlamentario se transforme en alianza política. La mira está puesta en ampliar la representación legislativa y contener una Cámara de Diputados cada vez más fragmentada.

Mientras tanto, Karina Milei y Santiago Caputo mueven fichas en todo el país. La intención del oficialismo es mostrar gobernabilidad con respaldo federal y, a la vez, imponer condiciones en las listas. En ese contexto, la relación con Frigerio se vuelve estratégica: es un interlocutor con peso institucional y capacidad de influencia, aunque también con margen propio.

La negociación sigue abierta y todo indica que Entre Ríos será uno de los escenarios donde se definan las alianzas clave del nuevo mapa político.

La implosión del oficialismo libertario tras el traumático cierre de listas marcó el fin del “Triángulo de Hierro”, el esquema de poder con el que Javier Milei condujo su primer año y medio de gobierno. El desplazamiento de Santiago Caputo a un rol decorativo como “estratega” y la coronación definitiva de Karina Milei como jefa política del espacio reconfiguran la arquitectura interna de La Libertad Avanza en medio de una feroz disputa por el control de los resortes del poder.

La caída de Caputo, cerebro comunicacional y operador político de los libertarios, fue tan rápida como humillante. La decisión de Karina Milei de vaciarlo del armado territorial –delegado ahora a Eduardo Menem– lo dejó en shock. Según trascendidos, amagó con renunciar esta semana, pero permanecerá en funciones, aunque corrido de las decisiones políticas clave. El periodista Alejandro Fantino, cercano al Presidente, confirmó que el asesor seguirá manejando la "estrategia no terrenal", en palabras cargadas de ironía.

En paralelo, Milei dejó saber que el llamado “Triángulo de Hierro”, que integraban Karina, Caputo y el propio Presidente, está “en reconfiguración”, eufemismo para describir su disolución definitiva. Quien capitaliza ese vacío es Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que gana terreno como nueva figura de confianza. Se espera que, después de diciembre, sea la encargada de maniobrar en el Senado, donde Milei desconfía profundamente de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusa de operar con el peronismo para desestabilizarlo.

Karina Milei, en tanto, emerge como la figura indiscutida del armado libertario. Tras imponerse en el cierre de listas, concentró todo el poder político en su entorno y desplazó a los antiguos aliados de Caputo, como el operador digital "Gordo Dan" o su socio Guillermo Garat, vinculado al manejo de la pauta de YPF. La parálisis de las redes libertarias desde el sábado revela el desconcierto del búnker comunicacional.

A pesar del golpe, Caputo conserva áreas sensibles del Estado: mantiene bajo control el ARCA, la Aduana, la SIDE informal y el área de Salud. También sostiene su red de trolls pagos, entre ellos el usuario “Juan Doe”, que fue premiado con un contrato millonario. No obstante, su futuro está atado a un hilo. En el ecosistema libertario, los ciclos de poder son fugaces, y el margen de error, nulo.

La tensión en la cúpula libertaria contrasta con el silencio absoluto de Las Fuerzas del Cielo, el espacio que Caputo había erigido como núcleo militante digital. La falta de reacción frente al desplazamiento de su líder sugiere que el quiebre interno es irreversible. Algunos de sus cuadros intentarán recomponerse esta semana, como el propio “Gordo Dan”, que buscará mostrarse con el Presidente en Córdoba para dar una señal de supervivencia.

El proceso de concentración de poder en torno a Karina Milei no solo sepulta el experimento horizontal que Milei pretendió construir, sino que sella un nuevo ciclo político: el de una jefatura unipersonal que empieza a mirar con desconfianza a los antiguos aliados y coquetea con figuras como Bullrich, en busca de equilibrio. En esa lógica, Caputo quedó reducido a una sombra de sí mismo.

El Senado aún no giró a Diputados las leyes previsionales y la emergencia en discapacidad, ni los proyectos que redistribuyen Aportes del Tesoro Nacional y coparticipan el impuesto a los combustibles. Ese limbo legislativo –sumado al receso invernal del 21 de julio al 1.º de agosto– es la carta que juega Javier Milei para enfriar el conflicto y recomponer alianzas. El miércoles, fecha probable del giro, disparará un reloj de diez días hábiles que le permitiría estirar la decisión final hasta el 30 de julio.

En paralelo, gobernadores dialoguistas juzgan imprescindible un acuerdo que les garantice fondos, pero los opositores más duros desconfían de que Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) vayan a “jugar a fondo” cuando llegue la hora de presionar en Diputados. La experiencia reciente –sostienen en el bloque de Miguel Pichetto– muestra que los mandatarios suelen arreglar “por abajo” tras dejar a los legisladores de la línea dura enfrentados al Ejecutivo.

La exposición anual de la Sociedad Rural, este jueves, será el terreno neutral para intentar un pacto. Allí confluirán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el operador Eduardo “Lule” Menem y el asesor Santiago Caputo, cuya relación con la mesa chica de Karina Milei atraviesa tensiones internas. Caputo empuja una salida pragmática; los Menem, más cercanos al dogma, priorizan la identidad libertaria.

Mientras tanto, el oficialismo frena la dinámica parlamentaria: no convoca a comisiones clave en Diputados, donde se definirán los eventuales rechazos a los vetos de Milei. La oposición busca forzar ese debate con un emplazamiento, aunque reconoce que no tendrá margen antes del receso.

El intento de blindar los vetos se apoya en los “87 héroes” que hasta ahora acompañaron a Milei. Pero las últimas votaciones dejaron grietas: en el paquete jubilatorio y la emergencia en discapacidad hubo más de 140 votos a favor. Para sostener el veto, el Ejecutivo necesita al menos un tercio de la Cámara presente y votando en contra o absteniéndose.

La batalla de agosto será crucial. Por ahora, nadie en la oposición quiere adelantar jugadas sin tener la certeza de que todos los gobernadores están dispuestos a sostener el pulso contra la Casa Rosada. El enojo está latente: “Ponemos la cara en el Congreso y después ellos arreglan solos”, reprochan.