La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.

Minutos antes de que comenzara la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.

Se espera un largo debate, de más de 16 horas.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dará continuidad este martes 20 de octubre, desde las 12 horas, al tratamiento en comisión del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que propone reformar diversos artículos de la Ley Provincial Nº 5.315, reguladora del Código Procesal Laboral. El trabajo de comisiones unificadas entre Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, y la Comisión de Trabajo, se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados.

En esta instancia legislativa, la convocatoria abarca a referentes de entes autárquicos y de entidades del sector comercial e industrial provincial, con el propósito de abordar el impacto técnico de la norma propuesta. Entre las presencias confirmadas para la jornada se encuentran Miriam Clérici, en representación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser); Carolina Díaz, jefa de asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; e Ignacio Subizar, gerente de Administración de las Comisiones Médicas. Asimismo, concurrirá Mauricio Benitende, titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CCIP), sumando la visión del sector mercantil y empresarial al tratamiento de la medida.

Otro de los puntos de discusión radica en el reordenamiento de la determinación de incapacidades físicas por riesgos del trabajo. El proyecto contempla la creación de tres cargos dentro del Poder Judicial destinados a constituir un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos. Quienes integren dicho organismo serán designados por concurso público de oposición y antecedentes, percibiendo una remuneración fija para asegurar la independencia técnica en los dictámenes y garantizar la aplicación estricta de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. En paralelo, el texto del proyecto prevé la exención del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales para la administración estatal provincial y sus dependencias autárquicas.

El debate complementa las reuniones concretadas previamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, conducida por la diputada Gabriela Lena, donde hicieron sus aportes directivos del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, junto a funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación y asesores jurídicos del Poder Legislativo.

Por Marcos Henchoz*

Sobre esta fecha se ha escrito cientos de textos y artículos desde diferentes miradas, principalmente, desde la referencia de orden nacional y sus posicionamientos políticos. En ese sentido, se ha buscado explicar sus causas, modos de movilización y consecuencias. El debate acerca de quienes promovieron la movilización también tiene su propia “biblioteca”. Otros plantean que fue una acción espontánea de los trabajadores.

En estas líneas no vamos a profundizar sobre lo ocurrido en ciudad Buenos Aires y el conurbano sur bonaerense (lugares de movilización). Seguramente, en el día hoy, diferentes medios de comunicación generarán programas específicos o reproducirán filmaciones de la época. Aquí trataremos de recuperar aspectos de la historia local y regional que nos permiten reconocer matices propios en el marco de lo ocurrido en el agitado segundo semestre del ‘45.

Aunque falta mucho por investigar en nuestra provincia, podemos hacer algunas aproximaciones sobre el movimiento obrero, sus dirigentes, sectores sociales y políticos que militaron a favor de Perón, la concreción de su política laboral y su posicionamiento de liderazgo para un sector que reclamaba por mejoras en sus condiciones de vida.

Entre las primeras medidas gubernamentales que llevaron a cabo las nuevas autoridades nacionales hizo referencia a la aplicación de la ley marcial. En tapa, el periódico Crónica de Gualeguaychú (6/6/43), aclaró que “(...) en la noche de ayer, la Dirección de Crónica fue notificada de la siguiente comunicación: Jefe Policía – Gualeguaychú – Of 61 – En virtud de la vigencia de la ley marcial queda prohibida la realización de reuniones y toda manifestación pública. Notifíquese a directores y órganos periodísticos la prohibición de difundir noticias alarmistas o comentarios que se refieran al movimiento militar producido ayer en la Capital federal. Alfredo Giandana”. Fueron momentos de decisión y de tomar partido por un bando o por el otro.

El matutino El Diario de nuestra ciudad (5/6/43) tomó la postura de apoyar abiertamente a la Revolución “(...) en la obra de reconstrucción nacional que se avecina, no puede quedar nadie remiso (...) En el capítulo de cargos para los hombres depuestos por la revolución del 4 de junio, hay algo que no puede ser olvidado y que no debe quedar impune: el manejo doloso de los bienes del Estado. Los negociados de la Lotería, del caucho, del hierro, de la coordinación de transportes, del azúcar, etc., deben ser investigados severamente y sus culpables arrojados a la cárcel”. El golpe de Estado fue apoyado por la Unión Cívica Radical del sector yrigoyenista y el Partido Libertador Nacional (uno de sus dirigentes era Julio Irazusta), entre otras agrupaciones.

Se disolvió la Legislatura, se reorganizó el Poder Judicial y parte de la administración pública. Se designaron nuevos jefes de policía e intendentes. Se prohibieron el partido comunista y socialista. La represión se hizo sentir en sindicatos, periódicos, asociaciones judías y la masonería; principalmente, bajo el gobierno del Capitán Carlos María Zavalla. Según el historiador Leyes (2015), poco de ocupar el poder, el gobierno de facto comenzó con una “política dual”. Por un lado, represión y persecución para los dirigentes más opositores, más extremos y, por otro, beneficios parciales para los más moderados y dispuestos al diálogo.

Fueron clausurados los sindicatos de panaderos, de la madera y de la construcción de Paraná. Junto a otros gremios en Concordia, Basavilbaso, Villa Domínguez y Rosario del Tala. Muchos de estos dirigentes y militantes comprometidos fueron apresados. Todas estas medidas se tomaron durante los primeros meses del nuevo gobierno.

Algunos de esos beneficios eran anteriores, pero no se ejecutaban en su totalidad. El cambio de rumbo también se dio en otros ámbitos y con otros actores de la economía y de la iglesia católica. Esta, en los inicios, inicios de la gestión gubernamental logró implementar medidas a favor de la enseñanza de su catecismo en las escuelas públicas.

1945 fue clave en ese proceso de cambio. Se da la ruptura de relaciones con la iglesia, agrupaciones políticas y sectores económicos a la par del endurecimiento de las posturas con los partidos tradicionales y sus referentes. El radical entrerriano Eduardo Laurencena lo tildaba abiertamente de nazi. Sin dudas, que las proclamas de la Marcha por la Constitución y Libertad, en contra del gobierno, en septiembre de ese año, fue un quiebre con los sectores vulnerables y el de los trabajadores; ya que, prometieron volver atrás con los derechos laborales otorgados y entre los cánticos se escuchaba “hoy hacemos el cajón para Farrell y Perón”. La reacción fue la movilización de los trabajadores, el 17 de octubre, en Buenos Aires y alrededores, en el marco de nerviosismo provocado por el apresamiento de Perón; quien para ese entonces ya se había convertido en su líder.

El Argentino se mantuvo equidistante. La concentración de los trabajadores y adherentes fue en la intersección de las calles Del Valle y Pellegrini, a las 19:30. Tomaron esta calle hasta la 25 de Mayo y se dirigieron hasta la Rocamora regresando por Urquiza hasta el escenario central de Humberto Primo (hoy, Italia) y 25 de Mayo. Entre los oradores estuvieron Pedro Bachini (exdirector del diario El Argentino e integrante de la Federación Agraria Argentina), Roberto Massaferro y Alejandro Vela (dirigentes del radicalismo yrigoyenista).

Si bien, hubo algunas concentraciones menores el mismo 17; la movilización central, en diferentes localidades de Entre Ríos (Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná, Gualeguay), fue el 18. Y, en algunos casos, el 19 como en Villaguay. Tanto la convocatoria como los activistas provenían de diferentes sectores sociales, económicos y políticos. En Concordia jugó un rol importante el sindicato de empleados de Comercio. En Paraná, la oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión organizó la jornada. Mientras que, en Gualeguaychú hubo una base heterogénea, cuyos principales promotores fueron el radicalismo yrigoyenista y El Diario como herramienta de propaganda.

*Marcos Henchoz - Historiador

Los agentes de inteligencia artificial (IA) podrían provocar “incidentes graves” de aquí a uno o dos años si las empresas y los gobiernos no adoptan medidas apropiadas para garantizar su seguridad, advirtió este miércoles, en Dublín, Demis Hassabis, presidente de Google DeepMind.

Los casos de pérdida de control de agentes autónomos de inteligencia artificial observados en los últimos meses “son, en cierto modo, señales de alerta”, advirtió Hassabis en una cumbre sobre inteligencia artificial en la capital irlandesa.

Según añadió, estos sistemas todavía tienen capacidades limitadas, por lo que los incidentes ocurridos hasta ahora no han sido graves en su opinión.

La preocupación por la seguridad de la IA se ha disparado después de que modelos desarrollados por OpenAI y Anthropic se vieran implicados en incidentes de seguridad durante las pruebas, lo que ha aumentado la presión para regular esta tecnología.

Hassabis, galardonado con el Premio Nobel de Química en 2024, afirmó que probablemente los nuevos modelos de IA deberían probarse primero en entornos aislados sin conexión, conocidos como “sandboxes”, después de que modelos de otras empresas lograran escapar precisamente de los entornos cerrados utilizados para evaluar sus capacidades.

El directivo de Microsoft defendió la idea de dotar a los agentes y sistemas de IA de “frenos de emergencia”, es decir mecanismos de desconexión obligatorios que permitan a los usuarios limitar los daños en caso de pérdida de control.

“La idea, especialmente en el caso de los sistemas de inteligencia artificial que gestionan infraestructuras críticas o sistemas automatizados, es disponer de la posibilidad de apagarlas o ralentizarlas”, explicó.

Para Smith, el problema radica en que la IA prácticamente no está regulada, a diferencia de un producto tan cotidiano como un envase de leche, sometido a todo tipo de controles.

“Necesitaremos para la IA, como para todo lo demás en nuestras vidas, normas de seguridad reales y eficaces en las que el público pueda confiar”, argumentó.

La voz de la Comisión Europea

Por su parte, Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, afirmó que las empresas de IA debían dedicar más tiempo a probar sus sistemas para mantener el control sobre ellos.

“La competencia a escala mundial es tan intensa que parece que ninguna de las empresas está invirtiendo realmente suficiente tiempo y recursos en poner a prueba sus modelos”, declaró Virkkunen a los periodistas a su llegada a la cumbre de Dublín.

“Deben ser capaces de controlar estos sistemas”, afirmó, y añadió que la Unión Europea ha enviado solicitudes de información a todas las principales empresas de IA para preguntarles qué medidas de seguridad y protección tienen implantadas.

La Comisión Europea obtuvo nuevas competencias reguladoras en agosto en virtud de la Ley de IA (AI Act), la normativa más ambiciosa del mundo para limitar los usos potencialmente peligrosos de esta tecnología.

El juez federal Martín Cormick impuso este miércoles multas de $100.000 por día a Diego Santilli, en su carácter de jefe de Gabinete, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución hizo efectivo un apercibimiento que el magistrado había dispuesto ante la falta de cumplimiento de la orden judicial.

La cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de las sanciones, sostuvo que los pagos todavía no se habían registrado.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló Cormick en la resolución.

El juez fijó inicialmente la multa en $100.000 por cada día de demora y advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados. Las astreintes son una herramienta judicial para presionar al cumplimiento de una obligación: en este caso, la ejecución de la medida cautelar sobre salarios y becas universitarias.

La sanción se aplica en el expediente de la medida cautelar, que sigue vigente. En paralelo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick: el que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.

Esa apelación corresponde a la discusión de fondo sobre la norma. La cautelar, en cambio, ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año. Por eso, la revisión del fallo más reciente no dejó sin efecto la orden provisoria sobre salarios y becas.

El Gobierno de Entre Ríos puso en vigencia la reglamentación de la ley provincial 10.975 de Control Vehicular de Peso, normativa que establece un marco regulatorio para fiscalizar las cargas que circulan por la red caminera entrerriana. La medida tiene como propósito central preservar el estado de las trazas, reducir el deterioro prematuro de la capa asfáltica provocado por el sobrepeso y reforzar la seguridad vial en los distintos corredores del territorio.

La norma prevé la instalación progresiva de sistemas integrales de pesaje, tanto mediante plataformas dinámicas como estáticas, y designa a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) como autoridad de aplicación. Para la planificación y ejecución de las inspecciones, la DPV coordinará tareas operativas de manera conjunta con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

El régimen aprobado determina la ubicación de los puntos de control, el procedimiento para el retiro de excedentes o cargas abandonadas y la responsabilidad solidaria entre el transportista y el cargador. La selección de los tramos y sectores donde se realizarán las inspecciones responderá a criterios técnicos, preventivos y estratégicos basados en el volumen de tránsito pesado y la conservación del trazado.

Asimismo, la Policía de Entre Ríos estará facultada para desplegar operativos de fiscalización, detener vehículos, solicitar la documentación correspondiente y labrar las actas de infracción en casos de incumplimiento, informando de forma posterior a la repartición vial.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad destacaron que el fortalecimiento del régimen de control contribuirá a prolongar la vida útil de las rutas, optimizar la inversión pública destinada al mantenimiento caminero y asegurar condiciones equitativas de transporte de mercaderías para todas las empresas del sector. En el marco de la reglamentación, se definió además una escala de sanciones económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), que varían según los kilogramos excedidos sobre los límites permitidos. El esquema fijó multas que van desde las 154 UF para excesos registrados de entre 500 y 1.000 kilogramos, hasta las 20.000 UF para aquellas infracciones donde el sobrepeso detectado resulte igual o superior a los 14.001 kilogramos.

Esta semana se publicó el Boletín Oficial N° 28.422 y se promulgó la Ley N° 11.309 de Consorcios Camineros. La herramienta legal apunta a agilizar la atención de la infraestructura vial del sector productivo mediante la descentralización de tareas operativas y el trabajo conjunto con el ámbito privado.

Según lo estipulado en la norma, el objeto central del régimen radica en la conformación de entidades sin fines de lucro enfocadas de forma exclusiva en el mantenimiento de la trama rural.

"Crease en la Provincia de Entre Ríos el Régimen de Consorcios Camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad, sin fines de lucro, y que tendrán como objetivos exclusivamente los que establece la presente ley", precisa el texto legal en su primer artículo, encomendando a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) las tareas de promoción y fomento.

En cuanto a su alcance operativo, la legislación específica que estas agrupaciones "tendrán como objetivos la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la Provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial". Asimismo, las intervenciones acordadas quedan expresamente exceptuadas de las exigencias del régimen tradicional de la Ley N° 6351 de Obras Públicas.

El marco normativo fija además una estructura de financiamiento combinado entre partidas provinciales e integración privada. La DPV financiará hasta un 80% del costo en convenios de mantenimiento continuo de caminos de tierra, ripio o broza, debiendo los consorcios cubrir el 20% restante mediante cuotas sociales o aportes de particulares.

Los fondos estatales provendrán de la asignación del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial (Ley N° 9602), distribuido de forma anual según la extensión territorial asignada, el tipo de suelo y las condiciones climáticas de cada zona.

Para la conformación de un consorcio se exige una Comisión Promotora de al menos siete personas y un registro no inferior a 20 socios activos, integrados por propietarios, arrendatarios o inquilinos de inmuebles rurales de la jurisdicción. La fiscalización técnica y administrativa del funcionamiento de cada entidad permanecerá bajo la órbita de la DPV, en tanto que el manejo de recursos públicos estará sujeto al control del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tomó hoy juramento a Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede y María Ángeles Ramos, quienes se desempeñarán como fiscales generales ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, y a Pedro Rebollo, quien lo hará como fiscal federal de Gualeguaychú.

Roldán, Crede y Ramos fueron seleccionados a través del concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°125 y designados en sus cargos al frente de las fiscalías generales N°2, N°3 y N°4 ante los T.O.P.E. por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°877/2026, N°876/2026 y N°884/2026, luego de recibir los correspondientes acuerdos del Senado de la Nación.

Por su parte, previo acuerdo del Senado nacional, designaron a Rebollo mediante el mediante el decreto PEN N°936/2026. Había sido seleccionado en el concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°122, sustanciado para cubrir la fiscal ante el Juzgado Federal de primera instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

La jura se realizó en función del artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prevé que los fiscales, al tomar posesión de sus cargos, “deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes de la República”.

En el acto estuvieron presentes el gobernador y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y Néstor Roncaglia y el diputado nacional Guillermo Michel, magistradas y magistrados, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Poder Judicial de la Nación, familiares y allegados de los fiscales generales y el fiscal federal.

La reforma viene a reemplazar un marco normativo que había quedado desconectado de la realidad criminal de estas décadas. Establecer un tope de 15 años de prisión y prohibir la prisión perpetua para menores son intentos de ordenar un sistema que, hasta hoy, operaba muchas veces en grises jurídicos.

Para una parte de la sociedad, esta ley responde a una demanda urgente. El argumento central es que quien comprende la criminalidad de sus actos debe asumir las consecuencias, y que el Estado no podía seguir sin herramientas procesales claras frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Desde esta óptica, la nueva ley aporta un principio de responsabilidad.

Sin embargo, el análisis queda trunco si no se observa la otra cara del fenómeno. Especialistas en niñez y derechos humanos señalan, con evidencia estadística, que el endurecimiento de las penas no se traduce mecánicamente en una reducción de la criminalidad. Criminalizar a los 14 años sin un abordaje preventivo sólido corre el riesgo de convertir al sistema penal en la única respuesta del Estado ante jóvenes que, en muchos casos, ya han sido expulsados del sistema educativo y de la red de contención social.

El debate que se abre ahora no debería clausurarse con la promulgación de la ley. La verdadera discusión es si la estructura estatal —desde los juzgados hasta los institutos de menores— está capacitada para implementar las "penas alternativas" que menciona el texto, o si los adolescentes terminarán depositados en un sistema carcelario que históricamente ha fallado en su objetivo de resocialización.

Modificar la ley era quizás un paso ineludible ante el agotamiento del régimen anterior. Pero creer que el Código Penal por sí solo resolverá un problema que nace en la fractura social es, cuanto menos, una lectura incompleta del desafío que tenemos por delante.

El Gobierno ratificó su compromiso con una producción responsable, el cuidado de la salud y el cumplimiento estricto de los controles previstos por la normativa.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de la sentencia que había fijado distancias para la aplicación de productos fitosanitarios diferentes de las establecidas por la Ley Provincial Nº 11.178 y rechazó las acciones de amparo promovidas en relación con predios ubicados en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, departamento Diamante.

La resolución deja sin efecto las prohibiciones que la sentencia de primera instancia había dispuesto para las aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y para las aéreas a menos de 3.000 metros, y mantiene plenamente vigente el régimen provincial de buenas prácticas en materia de fitosanitarios.

En sus fundamentos, los integrantes del Superior Tribunal advirtieron una contradicción central en el fallo revisado: por una parte, reconocía la validez y el carácter progresivo de la Ley 11.178, pero, al mismo tiempo, desplazaba sus disposiciones y establecía distancias diferentes sin declarar la inconstitucionalidad de la norma.

El Tribunal también señaló que no fue acreditada una infracción concreta a las distancias previstas por la legislación vigente por parte de los demandados.

Asimismo, consideró que los cuestionamientos generales sobre la suficiencia del régimen legal deben plantearse mediante las vías judiciales específicas y no pueden resolverse sustituyendo sus disposiciones a través de una acción de amparo.

Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia institucional del pronunciamiento, porque preserva el principio de legalidad, brinda previsibilidad a productores y pobladores y reconoce las competencias que corresponden a cada uno de los poderes del Estado.

La Ley 11.178 regula las condiciones para el uso responsable de productos fitosanitarios, establece distancias de resguardo, registros, recetas agronómicas, mecanismos de fiscalización y sanciones ante eventuales incumplimientos. Su aplicación no exime a productores ni aplicadores de las obligaciones previstas ni limita la capacidad del Estado para controlar y sancionar cualquier conducta irregular.

Al comenzar la sesión especial, luego de lograr quórum sin sobresaltos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, por impulso de la oposición, el emplazamiento de las comisiones para tratar y dictaminar los proyectos sobre la prórroga de la emergencia en Discapacidad y de alivio a la situación de deudores morosos.

El plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad, que se avaló con 249 votos, y al cual tuvo que acoplarse el oficialismo forzado por circunstancias que hubiera preferido evitar, incluye un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda el próximo miércoles a las 12, y un segundo encuentro para dictaminar el miércoles 23 a la misma hora del mediodía.

Un rato más tarde, también se aprobó por unanimidad el cronograma de trabajo para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, a fin de tratar y dictaminar los diversos expedientes vinculados a aliviar la situación de cerca de 6 millones de deudores morosos.

En este caso, el plan contempla dos reuniones informativas del plenario de comisiones los días martes 15 y 22 de septiembre a las 14 hs, y un último encuentro para dictaminar el martes 29 de septiembre a la misma hora.

El acuerdo transversal para votar los emplazamientos de comisiones se terminó de sellar en la reunión de Labor Parlamentaria, luego de que quedara claro que la oposición había conseguido sobradamente las voluntades para el quórum, y el oficialismo al verse en desventaja numérica entendió que no tenía margen para seguir resistiendo.

La sesión había sido abierta con la presencia de 130 legisladores que fueron aportados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores.

La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron al recinto recién cuando ya había quórum reglamentario.

Esta actitud de retacear el quórum por parte de La Libertad Avanza y sus socios da la pauta de que fue la oposición la que impuso condiciones durante la sesión y se llevó los laureles.

Desde el oficialismo, sin embargo, difundieron una lectura diferente, recordando que el cronograma de trabajo que se votó mediante el emplazamiento de las comisiones era prácticamente idéntico al que los presidentes de las comisiones de Discapacidad y de Finanzas, ambos de extracción libertaria, habían comunicado el 2 de septiembre.

"Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos", destacaron altas fuentes de La Libertad Avanza a las que la Agencia Noticias Argentinas (NA) tuvo acceso.

Por otra parte, advirtieron que al controlar la conducción de las comisiones que intervendrán en el tratamiento de los proyectos, La Libertad Avanza "controlará los

dictámenes".

"La emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma

permanente", informaron.

Emergencia en Discapacidad

El vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), sostuvo que desde que se aprobó la ley, "la emergencia se ha agravado".

"Este gobierno prácticamente ha detenido las altas a las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y ese es el primer incumplimiento a la ley de emergencia en Discapacidad. Segun los datos oficiales, desde enero del 2024 se iniciaron 90.791 trámites para dar el alta de la pensión y solamente se resolvieron 10.374. Un 11,4%", alertó.

El miembro informante también recordó que la última vez que concurrió el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció que a abril de este año el Gobierno

acumulaba una deuda con los prestadores de casi 70 mil millones de pesos.

"Y también nos informó que durante todo 2025 se subejecutaron el presupeusto para el Incluir Salud en un 15%. Más de 135 mil millones de pesos que no ejecutaron para el Incluir Salud", protestó.

Además, Marino señaló que "los transportistas dneuncian que al día de hoy el kilómetro esta valuado por el Gobierno en 900 pesos, lo cual hace prácticamente

inviable la continuidad del servicio".

Endeudamiento familiar

El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, fue quien pidió la moción de emplazamiento de las comisiones, que resultó aprobado también por unanimidad.

"Esto coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos", subrayó el radical bonaerense.

Fuente: NA

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro.

Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.

Según su denuncia, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.

La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

(Fuente: Agencia NA)

Argentina se encamina definitivamente a tener un nuevo marco regulatorio para la industria y comercio de biocombustibles, luego de que finalmente el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, en el Senado, firmara el dictamen para que el proyecto de ley elaborado por el oficialismo llegue al recinto.

De todos modos, según un reporte que elaboró la Fundación Barbechando, no es el único dictamen que salió del plenario: el acuerdo parlamentario no se pudo cerrar sin fisuras, y eso quedó demostrado en que el senador Fernando Salino (PJ-San Luis) presentó un dictamen de minoría en representación de los productores industriales de biodiésel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, que vienen reclamando una mirada más “federal” en el reparto del corte.

Básicamente, no rechazan que se dispongan cambios en la normativa, pero sí que se habilite el ingreso de las grandes industrias aceiteras -procesadoras de soja- a un mercado interno históricamente abastecido solamente por las pymes.

Salino dijo que coincide con el fondo de la reforma —“cualquier voluntad que haya en elevar el corte nos parece adecuada”, dijo—, pero insistió en que el esquema de cupos todavía no refleja del todo la diversidad regional del sector.

En el bioetanol, cabe recordar, no hay ningún tipo de disputa entre la caña de azúcar y el maíz, que ya acordaron repartirse en partes iguales la producción.

Qué cambia en la nueva ley de biocombustibles

Con todo, los principales puntos de la ley que llegará al recinto son los siguientes:

-Más biocombustible en el surtidor: el corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil pasa de 7,5% a 10%, y el de bioetanol en las naftas, de 12% a 15%, al año de sancionada la ley. Dentro del bioetanol se mantienen 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz; sobre el 3% restante queda destinado al libre mercado.

-Reglas para evitar la concentración: ninguna empresa elaboradora de bioetanol podrá superar el 20% del volumen anual comercializado en el corte obligatorio; en biodiesel, el tope por empresa y por grupo económico dentro del segmento de no integradas es del 10%.

-Mercado electrónico y precios de referencia: se mantiene el sistema de subastas en un mercado único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente, y el reemplazo de los precios máximos por precios de referencia calculados según la paridad de importación.

-Co-procesamiento: los mezcladores que también sean refinadores podrán incorporar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil. Ese volumen no se contabiliza para el corte obligatorio de biodiesel, pero sí da acceso a los beneficios impositivos (exención de Impuesto a los Combustibles Líquidos e Impuesto al CO2) hasta un tope del 5% de la mezcla.

Una novedad para el biodiésel

Estos puntos son los que ya se conocían, y a eso se sumó un aspecto nuevo vinculado con la “interna” en el biodiésel: un piso del 3% para las pymes no integradas, con horizonte a 2036.

Concretamente, el dictamen incorpora una transición ordenada para el biodiésel, que va reduciendo de a poco la porción reservada a las empresas no integradas mientras crece, en paralelo, la participación de las empresas integradas (aceiteras).

De acuerdo con Barbechando, la novedad está en el final de ese recorrido: el piso mínimo del 3% para las no integradas queda garantizado hasta 2036, lo que le da a las pymes productoras una ventana de previsibilidad mucho más larga que la que ofrecía en los borradores que se negociaron en las semanas previas.

En este contexto, desde la Fundación celebraron que, después de tres cuartos intermedio y un año de debate, la política haya podido llegar a un acuerdo.

“La semana pasada decíamos que la demora no era neutral y que cada cuarto intermedio favorecía al esquema que los propios proyectos buscaban cambiar. Hoy ese costo dejó de acumularse: hay dictamen, y con él, una hoja de ruta concreta para el sector”, valoró la entidad.

Luego, volvió a repetir que Brasil es el norte a seguir, ya que allí se transformó la política pública de biocombustibles en una política de Estado de largo plazo, combinando cortes crecientes, incentivos fiscales y el despliegue de la flota flex-fuel.

“Argentina tiene la materia prima, la industria instalada y la capacidad de producir. Con dictamen en mano, lo que falta ahora es que el recinto convierta este acuerdo en media sanción en las próximas semanas para que el sector empiece a invertir con reglas claras y previsibles”, completó Barbechando.

El gobernador Rogelio Frigerio celebró que la Cámara de Diputados haya convertido en ley este miércoles el proyecto que deroga las pensiones vitalicias de gobernador y vicegobernador, tras recibir modificaciones en el Senado. Se trata de una norma que tiene más de seis décadas en la provincia y regía desde el gobierno del radical Carlos Raúl Contín.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, dijo Frigerio.

“Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”, agregó.

La iniciativa estipula que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal podrá ser beneficiario de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia que no provengan del sistema de jubilaciones ordinario, a excepción de las que provengan de la Ley N° 7.849 de Mérito Cultural y la Ley N° 9.216 de Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

Fuente: AHORA

El Senado de Entre Ríos le dio sanción definitiva al proyecto que crea el nuevo régimen de consorcios camineros, los cuales serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad y sin fines de lucro.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) tendrá a su cargo la promoción y el fomento a la creación y organización de los Consorcios Camineros, de acuerdo a la iniciativa. El gremio que nuclea a los trabajadores de esta dependencia, sin embargo, se opuso con un paro y movilización desarrollado este martes, en lo que entienden que es un avance sobre las facultades de Vialidad.

El objetivo es que se puedan crear este tipo de entidades de participación público-privada, con posibilidad de intervenir en los caminos terciarios, comunales y vecinales de la provincia.

El peronismo acompañó la ley en general, que va “a redundar en beneficio de los productores y las familias de zonas rurales”, según explicó el senador de Tala Juan Conti (Más para Entre Ríos) al momento de fundamentar la posición de la bancada. El legislador precisó que el bloque peronista, sin embargo, iba a votar en contra de algunos capítulos, cuestionando el tratamiento que se le daba a los trabajadores de Vialidad en la normativa. El victoriense Víctor Sanzberro hizo otras objeciones, criticando que no se hayan tomado las reformas propuestas en comisión.

El texto es una unificación de los proyectos presentados anteriormente por los exlegisladores Esteban Vitor (Juntos por Entre Ríos) y Néstor Loggio (PJ) y el de la actual diputada libertaria Julia Calleros (Partido Fe).

A este expediente unificado se sumó en el Senado uno similar del senador Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos), quien presentó el año pasado un proyecto de ley similar. Finalmente, la decisión del oficialismo fue hacer avanzar el proyecto sin cambios, por lo que los aportes de esta iniciativa particular quedaron afuera, ya que si se hubiesen introducido cambios, el proyecto debía volver a Diputados.

El diputado Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) remarcó que el proyecto llegó con media sanción por unanimidad, y explicó que después de “trabajar mucho en la comisión” con invitados, se optó por avanzar con el texto tal como llegó de la Cámara baja.

“Con el proyecto de Cavagna se podría haber mejorado, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo mejor. Tenemos un proyecto con media sanción que milagrosamente había sido aprobado por unanimidad, así que después de estudiarlo mucho, con la aquiescencia del senador, decidimos darle despacho de mayoría al proyecto tal como vino de Diputados”, expresó.

“En la actualidad hay dificultades para constituir los consorcios, son 13 pasos burocráticos. Esta ley pretende flexibilizar los requisitos de ingreso“, precisó Benedetti.

La discusión por una nueva Ley de semillas dio un nuevo paso hacia un posible acuerdo entre productores e industria. Representantes de la Comisión de Enlace de Etnidades Agropecuarias (CEEA) y de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) coincidieron en la necesidad de modernizar la normativa vigente y avanzaron en distintas alternativas para regular el uso propio, uno de los principales puntos de conflicto.

El entendimiento se alcanzó durante una reunión entre representantes y técnicos de las entidades agropecuarias y de la industria semillera. Al finalizar el encuentro, ambas partes acordaron comunicar tres puntos: la necesidad de actualizar la legislación, continuar trabajando sobre alternativas de uso propio gratuito y oneroso —incluyendo excepciones para determinados productores— y fortalecer la confianza dentro de la cadena.

La normativa actual está contenida en la Ley 20.247, vigente desde 1973. Su artículo 27 establece, entre otras cuestiones, que no se lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar cuando el productor reserva y siembra semilla para su propio uso.

En la reunión que se concretó es en la sede de Caba de Coninagro publicada por lanacion.com, el avance conseguido todavía no define quiénes podrán utilizar semilla propia sin pagar regalías ni bajo qué condiciones. Según trascendió del encuentro, productores e industria realizaron distintos ejercicios para evaluar alternativas y determinar qué productores podrían quedar exceptuados y cómo se implementaría el nuevo esquema.

En las conversaciones previas se había analizado una propuesta de las entidades rurales que establecía un límite de 500 hectáreas sembradas por campaña para determinar las excepciones. También se estudió una alternativa basada en deciles de superficie, con parámetros diferenciados según los cultivos.

Otro de los conceptos que comenzó a discutirse es la diferencia entre la “superficie base”, correspondiente a las hectáreas que pueden sembrarse con la semilla originalmente adquirida de manera legal, y el denominado “uso incremental”, que aparece cuando el productor utiliza semilla reservada para sembrar una superficie superior.

La necesidad de modificar la legislación reúne, en términos generales, a productores, industria y Gobierno. El objetivo es actualizar un marco normativo que tiene más de cinco décadas y adecuarlo al desarrollo tecnológico y productivo de la agricultura argentina.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad renovaron su reclamo ante la falta de respuestas institucionales y exigieron que la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se convoque para debatir la prórroga de la Ley 27.793.

Ante el contexto actual, aseguraron que “la emergencia en discapacidad continúa” y marcaron la urgencia de que el Poder Legislativo asuma su rol.

Para visibilizar la gravedad de la situación, los referentes del espacio detallaron una serie de irregularidades que atraviesa el sector, señalando que “los aranceles están muy por debajo de lo necesario” y que “nunca se realizó el estudio de costos previsto por la ley”.

Asimismo, advirtieron que “siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad” y que las compensaciones de emergencia asignadas continúan sin pagarse.

Ante este panorama, desde la organización interpelaron de forma directa a los legisladores que integran la comisión de la Cámara Baja. “La emergencia no terminó. Y los derechos no pueden seguir esperando”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que el pedido cuenta con el respaldo conjunto de prestadores, trabajadores, familias y personas con discapacidad.

Por último, concluyeron con un llamado a la acción dirigido a los congresistas: “Exijamos a nuestros representantes que hagan su trabajo. Que escuchen. Que actúen”.

El texto reglamenta los artículos 37º y 40º de la Constitución provincial y establece directrices en materia de declaraciones juradas, incompatibilidades, conflictos de intereses y antecedentes penales. Es aplicable a magistrados, funcionarios y empleados del Estado de los tres poderes, incluyendo entes autárquicos, municipios y comunas.

Ficha limpia: a quiénes afecta

Una de las disposiciones centrales de la iniciativa es la denominada “ficha limpia” que prohíbe que sean candidatos quienes tengan condena con doble conforme por homicidio, trata de personas y delitos financieros, contra la integridad sexual y contra la administración pública, entre otros.

Este articulado podría modificar el mapa político entrerriano excluyendo de la contienda electoral a distintas figuras del oficialismo y de la oposición, tanto a nivel provincial como en los territorios.

En Concordia, por ejemplo, no podría volver a ser candidato Eduardo Cristina (JxER) y en Concepción del Uruguay, si se confirma su condena en segunda instancia, quedaría excluido Juan Ruiz Orrico (JxER).

La normativa alcanzaría también al ex gobernador Sergio Urribarri (PJ) y al ex intendente de Santa Elena, Domingo Rossi (PJ), ambos con condenas con doble conforme.

La exigencia de ficha limpia proyectaría, además, una sombra sobre dirigentes con causas judiciales en curso, como el ex gobernador Gustavo Bordet (PJ), el ex senador nacional Edgardo Kueider (PJ), el secretario general de UPCN y ex diputado José Allende (PJ) o el ex funcionario Juan Domingo Zacarías (JxER).

En el caso de los ex vicegobernadores peronistas Adán Bahl, José Lauritto, José Cáceres y Pedro Guastavino, un resultado adverso en la causa denominada “Contratos II” podría complicarlos para eventuales candidaturas futuras.

DDJJ, dobles sueldos y regalos

Otro aspecto relevante del proyecto es la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales, que serán de acceso público.

La ley también establece un régimen de incompatibilidades que prohíbe que los funcionarios tengan vínculos con proveedores del organismo en el que se desempeñan hasta dos años después de haber dejado el cargo.

Además, se prohíbe la acumulación de cargos en distintos poderes o jurisdicciones -con excepciones para la docencia y algunas situaciones particulares- y la percepción simultánea de salario estatal y jubilación.

Este punto específico podría afectar a dos funcionarios del gabinete de Rogelio Frigerio: el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.

A inicios de la gestión, Roncaglia optó por cobrar su haber de retiro de la Policía Federal y desempeñarse ad honorem como ministro, pero en febrero del año pasado un dictamen de Fiscalía de Estado lo autorizó a percibir ambos haberes. Con la nueva ley, tendría que optar por uno de los dos ingresos.

Vazón, por su parte, fue denunciado por cobrar su sueldo y, a la vez, un contrato en el Consejo de la Magistratura de la Nación y el expediente fue archivado al considerarse que no había incompatibilidad. Pero con la nueva ley, tendría que elegir uno de los dos cargos.

La iniciativa también prohíbe expresamente a los funcionarios recibir regalos, donaciones o servicios de personas o empresas vinculadas a la jurisdicción donde se desempeñan.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas, la autoridad de aplicación podrá disponer multas de entre el 10 y el 25 por ciento de la remuneración bruta mensual del gobernador, con posibilidad de duplicar la escala ante reincidencia.

Nuevos cargos y organismos

Para la implementación de la ley se prevé la creación de dos organismos: un Observatorio Asesor dependiente de la Cámara de Diputados, con funciones consultivas y de formación institucional, y una Oficina de Ética Pública en el ámbito del Ministerio de Gobierno, que reemplazará a la actual Oficina Anticorrupción creada en 2003 y cuyo titular será elegido por concurso, durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido una sola vez.

Los poderes Legislativo y Judicial deberán, por su parte, establecer sus propias autoridades de aplicación, al igual que los municipios y comunas.

El periplo legislativo

El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados el 20 de febrero de 2024 y tomó estado parlamentario en la sesión de la semana siguiente.

Fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General donde se debatió en sucesivas reuniones, con el aporte de distintos funcionarios y representantes de universidades y gremios.

A principios de agosto de 2024, se logró dictamen de comisión con modificaciones en más de 10 artículos, en un trabajo articulado entre oficialismo y oposición. Dos aportes del peronismo fueron la creación de un observatorio y que se elija por concurso al titular del organismo de aplicación.

El proyecto obtuvo media sanción el 29 agosto. La votación fue por unanimidad en general y en particular, salvo una excepción del bloque de La Libertad Avanza, que acompañó el proyecto, pero no votó el artículo que obliga a los funcionarios públicos a abstenerse de reivindicar el terrorismo de Estado. “Hay un hilo muy fino en cuanto a la libertad de expresión”, justificó el presidente de la bancada, Roque Fleitas.

El 4 de septiembre el proyecto tomó estado parlamentario en el Senado y fue girado a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, ambas presididas por los peronistas Nancy Miranda (Federal) y Juan Pablo Cosso (Villaguay) respectivamente.

Desde entonces, se paralizó hasta hace algunas semanas, cuando se retomó el debate y finalmente se logró el dictamen que este martes llegará al recinto. Análisis

Cada 9 de agosto evoca una fecha de profundo significado para el tejido social y la militancia entrerriana. En un día extremadamente frío de 1995, con los campos escarchados al amanecer en Concepción del Uruguay, nacía Micaela García, "La Negra", una joven que años más tarde se convertiría en un símbolo nacional e internacional de la lucha contra la violencia de género y la conquista de derechos.

La fecha prevista para su nacimiento era el 21 de agosto, pero fiel a su impronta inquieta, dinámica y de adelantarse siempre a los tiempos, abrió los ojos en la Maternidad Concepción a las siete de la mañana, tras el traslado de sus padres, Andrea Lescano y Néstor "Yuyo" García.

Desde sus primeros años de vida en su ciudad natal y su posterior radicación en Gualeguay para cursar el Profesorado de Educación Física, Micaela destacó por su enorme vocación comunitaria, su disciplina deportiva y su militancia territorial en el Movimiento Evita y el colectivo Ni Una Menos.

Su trabajo diario en los barrios populares, su sonrisa imborrable y su convicción de que una sociedad más justa y libre de violencias era posible dejaron una huella imborrable entre sus compañeros, vecinos y seres queridos, transformando el dolor de su trágico femicidio en abril de 2017 en una bandera colectiva de organización, concientización y profunda transformación social.

El trayecto se desarrollará durante todo el mes de agosto a través de la plataforma Zoom, estructurado en cuatro encuentros virtuales de dos horas de duración que tendrán lugar los días lunes 10, 17, 24 y 31 de agosto, en el horario de 21:00 a 23:00.

La actividad está destinada a todas aquellas personas interesadas en adquirir formación en materia de género para su desarrollo personal, comunitario, laboral o profesional. La capacitación cuenta con certificación expedida por la Fundación Micaela García y tiene un arancel de $40.000, fondo que se destina de manera íntegra al sostenimiento de las tareas sociales que la institución lleva adelante en el territorio. Aquellos interesados en solicitar más información o formalizar la inscripción pueden ingresar a través de los enlaces disponibles en el perfil de Instagram de la fundación.

En una nota publicada en 2019 ya advertíamos sobre un nuevo grupo de trabajadores que no encajaba en las categorías jurídicas tradicionales. No reunían, al menos visiblemente, todos los rasgos clásicos de una relación laboral, pero tampoco constituían verdaderos empresarios autónomos. Dependían de una aplicación que les asignaba tareas, organizaba el contacto con los clientes y podía dejarlos fuera del sistema.

Por Roberto Martín Céspedes*

La pregunta era sencilla: ¿qué sucede si quien obtiene su principal ingreso repartiendo pedidos queda incapacitado después de un accidente? El trabajador registrado cuenta con el sistema de riesgos del trabajo. El emprendedor autónomo clásico organiza su empresa, negocia honorarios y forma una clientela. El trabajador de plataforma digital queda en el medio: soporta los riesgos del empresario, pero carece de su poder económico.

Siete años después, la Ley 27.802 finalmente regula el tema que nos convoca. Sin embargo, en lugar de resolver aquella desprotección, en buena medida la convirtió en una categoría legal.

La autonomía frente a las plataformas

El nuevo régimen comprende los servicios de movilidad de personas y reparto contratados mediante plataformas tecnológicas (Rappi, Pedido Ya, Uber, etc.). Denomina a conductores y repartidores "prestadores independientes", los excluye expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo y dispone que, para lo no previsto, se aplique el Código Civil y Comercial.

La denominada Ley de Modernización Laboral les reconoce libertad para conectarse, utilizar distintas aplicaciones, rechazar pedidos, elegir vehículo y su recorrido y desconectarse sin preaviso. También exige información sobre cada servicio, capacitación, atención humana, explicaciones frente a una suspensión y el pago íntegro de las propinas. Son previsiones razonables, pero regulan la flexibilidad de la actividad, no la desigualdad económica existente.

El prestador no tiene garantizados ingreso mínimo, vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad, límites de jornada, indemnización por despido ni protección frente al desempleo. Tampoco un sistema específico de negociación colectiva. Y la libertad de rechazar pedidos es cuanto menos cuestionable en la especialidad.

Allí aparece el empleador invisible: el algoritmo. La plataforma o app no entrega órdenes en papel, pero clasifica, premia, penaliza, asigna viajes, calcula tarifas y decide quién trabaja. La subordinación no desaparece porque la instrucción sea emitida por un programa.

La protección de los repartidores frente a los accidentes –quienes se encuentran expuestos a múltiples riesgos dado que se desempeñan en la vía pública en moto vehículo o en bicicleta– también es insuficiente. Se reconoce un seguro de accidentes personales que debe contemplar fallecimiento accidental, incapacidad permanente y determinados gastos médicos, farmacéuticos y funerarios, pero no se establece una ART ni un sistema equivalente de prevención, tratamiento integral, rehabilitación y prestaciones dinerarias durante una incapacidad temporaria.

Aunque la ley dice que el seguro será proporcionado por las plataformas, dispone que su provisión y sus gastos serán objeto de libre acuerdo. Se proclama un derecho y luego se permite negociar quién lo paga entre una plataforma y un repartidor individual. Ante semejante desigualdad, la autonomía de la voluntad puede transformarse en la libertad del más fuerte para imponer condiciones.

Pensemos además que la regulación contiene una injusticia frente a un claro esfuerzo y costo que asume un empleador en la relación clásica de trabajo (por ej. Una Distribuidora comercial) quien debe asumir los costos laborales, aportes, obra social, ART y demás, y justamente a esta Pyme le exigimos mucho más que a una plataforma digital, una empresa, cadena o franquicia multinacional, con otros ingresos y recursos técnicos económicos.

La situación en el derecho español

Aportando sobre la misma problemática, tomamos la previsión del derecho español. La Ley 20/2007 creó la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, aplicable al autónomo genuino que obtiene al menos el 75% de sus ingresos de un cliente principal. Exige contrato escrito y registrado y reconoce garantías frente a la interrupción y extinción de la actividad.

Después, la jurisprudencia comprobó que muchos repartidores eran trabajadores por cuenta ajena. En 2020, el Tribunal Supremo declaró laboral la relación entre Glovo y un repartidor porque la empresa no era una simple intermediaria: organizaba el servicio y ejercía dirección y control mediante su plataforma.

En el año 2021 legisla sobre una presunción de laboralidad cuando la empresa ejerce organización, dirección y control, aun indirectos, mediante la plataforma digital.

La objeción a la Ley 27.802 no consiste en negar que puedan existir verdaderos prestadores autónomos, ya que esta previsión existía en el Código Civil Argentino. El problema es convertir esa posibilidad en una calificación general y anticipada. La realidad puede mostrar tarifas impuestas unilateralmente, dependencia económica, seguimiento por geolocalización, premios por disponibilidad, pérdida de prioridad por rechazar pedidos y bloqueos sin un contradictorio efectivo.

La nueva ley pudo establecer un ingreso mínimo para este prestador, una cobertura integral de accidentes, aportes compartidos, descansos, derechos mínimos garantizados protegiendo esta evidente desigualdad frente a la plataforma digital. También pudo presumir una relación laboral cuando la plataforma dirigiera o controlara efectivamente el trabajo, reservando la autonomía para quien fuera verdaderamente autónomo.

Eligió otra solución: asegurar la independencia de la plataforma antes que la seguridad del prestador.

La Jurisprudencia de Nuestros Tribunales

En nuestro país, aun antes de la sanción la jurisprudencia se expidió sobre el tema considerando que la situación de los repartidos de plataformas digitales, quienes acreditando un servicio para estas plataformas con dedicación exclusiva es considerado como una clara relación laboral de dependencia: fundamentado ello en la presunción de laboralidad del art. 23 de la ley de contrato de trabajo. Incluso ha tocado expedirse en el caso a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien ha expresado ya este criterio “Ministerio de Trabajo vs. Rappi Argentina S.A.S. s. Apelación de resolución administrativa”, SCJ, Buenos Aires.

La tecnología modificó la forma de impartir órdenes, pero no eliminó la vulnerabilidad. Detrás de cada viaje hay una persona que pone su tiempo, su propio cuerpo y muchas veces su único vehículo para obtener ingresos. Llamarla independiente no la vuelve empresaria; excluirla de la legislación laboral no elimina las contingencias que enfrenta, como tampoco elimina los debates y litigios futuros como sostenemos.

*Abogado especialista en Derecho Laboral. Docente universitario. Mat. F°139 - N° 5109.