Docentes y nodocentes reclaman recuperar lo perdido frente a la inflación, financiamiento para las casas de estudio y un presupuesto que no asfixie al

sistema universitario.

El fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre volvió a encender el conflicto en las universidades nacionales. Sin respuestas salariales ni presupuestarias, el Frente Sindical Universitario resolvió profundizar el plan de lucha.

Según detalló Pagina Gremial, la primera medida será un paro nacional universitario el martes 8 de septiembre. Una semana después, el martes 15, docentes y nodocentes realizarán una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”.

El cronograma continuará el 17 de septiembre con un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a una nueva paritaria.

La expectativa sindical está puesta, sin embargo, en la construcción de una nueva movilización federal que vuelva a reunir a la comunidad universitaria en las calles.

“La situación no puede esperar”

Desde el Frente Sindical advirtieron que la situación salarial y presupuestaria “no puede esperar” y cuestionaron la falta de respuestas del Gobierno frente a un deterioro que afecta a los trabajadores de las universidades y pone en riesgo el funcionamiento del sistema público.

“Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional”, señalaron las organizaciones al anunciar las nuevas medidas de fuerza.

El reclamo se centra en la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias que permitan recuperar el salario perdido frente a la inflación. Incluye también la actualización de las becas Progresar y Belgrano y la definición de un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades.

El Frente Sindical está conformado por las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fagdut, UDA y Fedun, y la federación nodocente Fatun.

El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

Pese al principio de acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma votada favorablemente y ratificada en el Congreso que continúa sin aplicarse.

La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.

Qué incluye la oferta

El acuerdo económico no implica el cierre del litigio. Los rectores hicieron saber que “no retirarán la demanda judicial”, sobre la causa que analiza la Corte Suprema de Justicia por los fondos universitarios.

Además de la suba salarial, el oficialismo incorporó el compromiso de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026. El acta rubricada hoy también incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Ese programa promueve el acceso, el avance y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas consideradas claves para el desarrollo del país. A eso se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.

Las conversaciones también abarcaron una negociación puntual para el personal docente de los establecimientos preuniversitarios. En esos colegios de nivel medio, la situación salarial es más delicada porque los docentes también perdieron poder adquisitivo por la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID.

Ese deterioro forma parte de la negociación abierta entre el Ejecutivo, las universidades y los gremios. El reclamo alcanza tanto a docentes como a no docentes, en un contexto en el que los rectores exigen que cualquier salida incluya una instancia paritaria real y un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La causa judicial y la reacción sindical

La causa por la Ley de Financiamiento Universitario tiene una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque hoy permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es “ilegal” porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.

Del lado sindical, la desconfianza continúa. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, dijeron desde Conadu.

Las universidades siguen en estado de alerta. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y otras organizaciones de la comunidad universitaria realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz una definición sobre la cautelar.

También hubo medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como protesta.

Fuente: Infobae

La Ley de Financiamiento Universitario lleva 203 días sin cumplirse por el Gobierno Nacional, luego de haber sido promulgada en octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso frente al veto presidencial.

La comunidad educativa de Gualeguaychú se sumó a la protesta federal universitaria con dos actividades consecutivas. La primera fue una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, realizada desde las 16 frente a la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de 25 de Mayo y Perón. La iniciativa buscó visibilizar el rol y el impacto de la universidad pública en la comunidad local.

Representantes de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, del Instituto de Alimentos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (UNER-CONICET), representantes de centros de estudiantes y docentes universitarios, y vecinos y vecinas de la ciudad, reclamaron por el cumplimiento de la ley.

Desde las universidades manifestaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario.

Durante la actividad tomó la palabra Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), quien agradeció el acompañamiento de estudiantes, docentes y vecinos. En su intervención cuestionó el ajuste presupuestario sobre las universidades nacionales y sostuvo: “Tenemos una Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno decide no cumplir; y tenemos una Ley de Presupuesto 2026 que asigna recursos después de una discusión parlamentaria importante. Sin embargo, el jefe de Gabinete, mediante la disposición 20, acaba de aplicar un recorte de casi 4.500 millones de pesos adicionales”.

Zanetti afirmó además que “esto es un ajuste sobre el ajuste porque son planillas que no cierran” y remarcó el valor social de la universidad pública: “No somos una planilla; somos una herramienta de movilidad social que permitió que muchos de nosotros, primera generación de universitarios, pudiéramos llegar hasta acá”.

El dirigente también aseguró que la defensa de la educación pública “no es solo por los docentes y estudiantes actuales, sino también por las futuras generaciones y por una historia de lucha”.

Tras los discursos, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego compartieron un momento de encuentro y concentración entre vecinos, estudiantes y docentes.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18.

Miles de pancartas en la marcha, muchas con referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria, docentes, estudiantes y representantes de la comunidad universitaria de Gualeguaychú convocaron a una jornada de actividades y movilización que se realizará este martes 12 de mayo en defensa de la educación pública y del financiamiento universitario.

La convocatoria es impulsada por AGDU y CONADU, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejores condiciones para el sistema educativo superior.

Las actividades comenzarán a las 16 hs. con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, ubicada en 25 de Mayo y Perón.

Luego, a las 17 hs, , se llevará adelante una asamblea abierta en el mismo lugar, donde se informará sobre la situación presupuestaria y salarial que atraviesan actualmente las universidades nacionales.

Finalizadas las actividades, los participantes marcharán hacia Plaza San Martín junto a distintos sectores de la comunidad.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la movilización busca visibilizar el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas, salarios dignos para docentes y trabajadores, y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de investigación.

El Gobierno tiene hasta mañana a las 9.30 horas para acatar el fallo judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Allí creen que habrá un escenario adverso cuando acudan a la última instancia judicial posible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por eso que en la Casa Rosada ya azuzan el mensaje de que “volverá el déficit”.

“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel [Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios] con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó a Infobae una fuente inobjetable.

Y es que desde el Poder Ejecutivo estiman que el regimiento de la legislación sancionada el año pasado “tendrá un costo” de 2,5 billones de pesos. Es decir, $2.500.000 millones. El oficialismo logró que se rechazara una iniciativa similar impulsada por la oposición en 2024, pero no pudo hacer lo mismo al año siguiente: los bloques que no responden al Gobierno y otros dialoguistas sancionaron la ley y lograron voltear el posterior veto hecho por el Presidente. Luego judicializaron la medida, que fue rechazada en primera y segunda instancia.

Sin mucha esperanza, el Gobierno apelará a una última instancia: un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hay una discusión sobre los tecnicismos del pago entre diversos de los actores involucrados.

En la Casa Rosada ya se están preparando para ver cómo pueden pagar de manera dosificada ese monto. “Se estima en 2.5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo a partir del viernes tras un nuevo revés judicial”, indicaron desde un despacho.

Esto esgrime una fuente de altísimo rango en el Gobierno: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan". Uno de los principales responsables del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que engloba a los rectores de las universidades nacionales, afirmó ante Infobae que, si no se otorga ese efecto suspensivo mañana, el Ejecutivo deberá comenzar a pagar. En otra importantísima casa de estudios marcan lo contrario.

“Estaría bueno que desde mañana se llame a paritarias para que los salarios vayan de acuerdo con la inflación”, afirmó esta fuente, para agregar que lo primero que podría incrementar Nación es el monto destinado a las becas universitarias.

El esquema definitivo sobre el pago debería ser el siguiente, según altísimas fuentes judiciales consultadas por Infobae: “La apelación no va a tener efectos suspensivos, pero lo pueden pedir en el extraordinario porque hay antecedentes de eso”.

“Si rechazan el extraordinario y vienen en queja, la suspensión la tienen que pedir, obviamente, en el recurso de hecho”, agregan.

Y sostienen: “La interposición no tiene efectos suspensivo. Pero al concederlo la cámara se lo puede dar. Hay tres casos puntuales donde la Corte dijo que la apelación por REF tiene efectos suspensivos: “César Arias”, “Brigadier Estanislao López” y “AEDBA”. Si no le da los efectos o le deniegan el recurso extraordinario vendrán en queja y ahí piden la suspensión de los efectos”.

En ese ínterin entre la presentación y la resolución del recurso por la cámara, habrá un limbo procesal que los obliga a cumplir la cautelar. Por eso desde mañana ya debe comenzar a haber una transferencia de fondos.

No hay ningún actor que considere que el máximo tribunal vaya a realizar un fallo que beneficie al Gobierno; en el sentido de no tener que pagar los montos fijados en la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

Desde la transferencia de las competencias educativas a las provincias realizada décadas atrás, Nación solo tiene potestad en el financiamiento de la educación universitaria. En el marco de la política de recorte del gasto público encabezado por el presidente Javier Milei, los rectores de las Universidades Nacionales, asociaciones estudiantiles y los sindicatos docentes y no docentes han estado reclamando mayores partidas desde principios de 2024.

Un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicado semanas atrás marca que las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. La gran mayoría del presupuesto que se destina para las casas de estudio corresponde para el pago de personal.

Los salarios universitarios acumulan un incremento del 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. “Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023”, informan.

A más de 660 días de haberse sancionado la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Senadores, los docentes continúan esperando su aplicación por parte del Gobierno nacional, pese a que la Justicia ratificó en varias oportunidades la obligación de cumplirla. En ese contexto, la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en Gualeguaychú, sufrió la renuncia de más de 20 profesores.

La secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu), Analía Matas, confirmó que entre el año pasado y los primeros meses de 2026, más de 20 docentes decidieron abandonar la labor de enseñar. “Esto se debe a que su profesión no es puramente docente y pueden ejercer otras actividades como bioquímicos”, explicó.

Matas alertó además que el presupuesto universitario se encuentra un 50% por debajo de lo necesario para sostener el funcionamiento diario. “Se hace lo que se puede. Se trata de ahorrar en luces y si hay algún trabajo de reparación se deja en manos de terceros”, señaló.

En lo salarial, los incrementos también quedaron rezagados frente a la inflación: en enero el aumento fue del 2,5% contra una inflación del 2,9%; en febrero, 2,2% frente a 2,9%; y en marzo, 2% frente a 2,5%. Según la gremialista, los haberes están atrasados un 50%.

La situación no solo afecta a los docentes, sino también a los estudiantes, quienes acompañan las medidas de fuerza. “La situación que viven las universidades, los hospitales y las escuelas no escapa a lo que pasa en la familia. Entonces ellos comprenden lo que sucede”, remarcó Matas.

Este lunes Agdu participará del Plenario de Conadu para definir los pasos a seguir. Una de las propuestas es la instalación de carpas junto a Ctera en las capitales provinciales entre el 6 y el 17 de abril. La semana pasada ya se había realizado un paro de 72 horas.

La dirigente gremial reconoció que la esperanza de que la Ley de Financiamiento Universitario se ponga en práctica es escasa, ya que los pocos avances se dieron “por obligación judicial”. Sin embargo, la última resolución de la Justicia genera un mínimo alivio en un panorama que se vuelve cada vez más insostenible.

El inicio del cuatrimestre en la Universidad de Buenos Aires, una de las instituciones académicas más grandes de América Latina, se encuentra en riesgo. Los docentes nucleados en la AGD-UBA votaron en asamblea un paro por tiempo indeterminado, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y del pago de un aumento salarial del 51% que, aseguran, el Ejecutivo mantiene adeudado.

La medida fue aprobada por unanimidad y contempla una escalada de acciones: paros, movilizaciones regionales y federales, cortes de calle y permanencias en facultades y colegios.

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, afirmó: “Nos deben el aumento del 51% de los salarios dispuestos por la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno en completa ilegalidad desconoce lo votado cuatro veces en el Congreso. Fue derrotado el veto presidencial y aun así incumple la ley”.

El gremio sostiene que la diferencia surge entre los aumentos otorgados unilateralmente por el Ejecutivo y la inflación acumulada. La ley, aprobada en 2025, establecía que los salarios y gastos de funcionamiento debían actualizarse en línea con la inflación.

El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno ofreciera un incremento del 12% en lugar del 51% reclamado, a pagar en tres cuotas hasta octubre de 2026. Para los docentes, esta propuesta es “inaceptable” y representa una maniobra para desconocer la deuda.

En este contexto, la AGD-UBA impulsa la convocatoria a una marcha federal universitaria antes de que el Congreso trate la modificación planteada por el oficialismo. La consigna es clara: “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”.

El paro por tiempo indeterminado en la UBA, que comenzará el 16 de marzo, anticipa un escenario de tensión en el inicio del ciclo académico y podría derivar en una huelga general universitaria. El conflicto expone la disputa entre el gremio docente y el Gobierno nacional sobre el cumplimiento de una ley vigente y pone en el centro el futuro de la universidad pública en Argentina. Fuente: El Destape

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario volvió a escalar tras la decisión del Gobierno nacional de apelar la medida cautelar que lo obliga a implementar la norma. La presentación se realizó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, con el pedido de que el recurso sea concedido con efecto suspensivo.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas. El magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendió la ejecución de la Ley 27.795— presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora en su aplicación, con impacto directo en el funcionamiento de las instituciones.

El Ejecutivo, sin embargo, calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial, y advirtió sobre los posibles efectos de la medida en el equilibrio fiscal.

En paralelo al frente judicial, el Ejecutivo inició conversaciones con el CIN para impulsar una reforma consensuada del esquema de financiamiento universitario. La estrategia oficial apunta a elaborar una nueva ley que no derogue el sistema actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una norma capaz de reemplazar la anterior.

El secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron con el presidente del CIN, Carlos Greco, y su vicepresidente, Franco Bartolacci, para comenzar a tejer respaldos institucionales.

La tensión por el financiamiento universitario no es nueva. Entre 2024 y 2025, masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales coparon las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias. La segunda Marcha Federal Universitaria en octubre de 2024 y la protesta del 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha” reunieron a cientos de miles de personas en rechazo al veto presidencial de la ley, que ya había sido aprobada por el Parlamento.

La resolución de la Cámara será clave para definir el rumbo inmediato. Si confirma la cautelar, el Estado deberá aplicar la ley y actualizar partidas y salarios, lo que podría tensionar aún más las cuentas públicas. Si la revoca, las universidades enfrentarán un escenario de incertidumbre y deberán esperar la sanción de una nueva norma.

En este contexto, el Ejecutivo busca acelerar el trámite parlamentario de una reforma que otorgue previsibilidad fiscal y garantías jurídicas, cerrando los frentes legales en una única instancia legislativa. La Secretaría de Educación subraya que el compromiso es alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

El desenlace de este conflicto marcará no solo el futuro del sistema universitario público, sino también la relación entre los poderes del Estado en torno a la definición de políticas educativas y presupuestarias. (Con información de APFDigital / InfoBae)

Es el mismo magistrado que la semana pasada había dictado cumplir con la ley de Financiamiento Universitario.

El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes, el marco de actuación de las fuerzas de seguridad para responder ante manifestaciones sociales y cortes de calle que inauguró la gestión de Patricia Bullrich y continuó la actual ministra Alejandra Monteoliva.

Este lunes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el protocolo tiene vicios en su conformación legal. Para el juez, el Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo, afectando así la división de poderes.

Este es el segundo fallo adverso que el juez Cormick firma contra el Gobierno en pocos días. La semana pasada ya había ordenado que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario, que al igual que la Emergencia en Discapacidad se encuentran suspendidas tras ser refrendadas por el Congreso.

En cuanto al protocolo antipiquetes, en marzo el magistrado había rechazado suspenderlo y asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación.

La nulidad del protocolo

A partir de una acción de amparo impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Cormick analizó en profundidad la resolución 943/2023 con la que se puso en marcha el protocolo antipiquetes.

En una sentencia de 38 páginas a la que tuvo acceso Infobae, el juez concluyó que el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, tareas que exceden el marco de competencia de un funcionario del Poder Ejecutivo.

Según explicó en su fallo, la administración pública no tiene la potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de reunión, la libre expresión y el derecho de peticionar a las autoridades, sin que exista una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones.

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia giró en torno a la figura legal de la flagrancia.

La normativa ahora anulada instruía a las fuerzas de seguridad federales para actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación, bajo la premisa de que se trataba de un delito flagrante, es decir que se está cometiendo en el acto.

Sin embargo, el fallo judicial entendió que la protesta social es un fenómeno complejo que no puede equipararse automáticamente con un ilícito penal que justifique la intervención policial sin orden de un juez.

El juez Cormick remarcó que calificar una conducta como delictiva y ordenar el uso de la fuerza pública para dispersar una manifestación son decisiones que corresponden a los jueces y fiscales, no a las autoridades políticas ni a los jefes de los operativos de seguridad.

Otro punto del protocolo antipiquetes que atacó el magistrado es el que refiere a las “tareas de inteligencia” sobre los manifestantes.

El marco normativo que inauguró la gestión libertaria habilitaba a los efectivos a identificar personas, filmarlas y recolectar datos durante las marchas, incluso si no estaban cometiendo actos violentos. El fallo de la Justicia advirtió que estas prácticas entraban en contradicción directa con la Ley de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos basándose en su opinión política, su adhesión a organizaciones sociales o su participación en actividades lícitas.

El juez consideró que el registro sistemático de los asistentes a una protesta constituía una intromisión arbitraria en la privacidad de las personas y una forma de amedrentamiento.

Otro aspecto central de la decisión fue la protección de grupos vulnerables. El protocolo no establece diferencias claras en el accionar policial cuando hay niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad en una movilización, según determinó el juez.

Así, la sentencia señaló que la falta de directrices específicas para resguardar la integridad física de estos grupos evidenciaba una falencia grave, más cuando el grueso de las marchas frente al Congreso Nacional son de jubilados y personas con discapacidad.

Al ordenar la dispersión de manifestaciones sin considerar la presencia de personas que requieren una tutela especial, el Ministerio omitió cumplir con obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de derechos humanos, poniendo en riesgo la seguridad de los participantes ajenos a cualquier conflicto violento, de acuerdo al criterio del juez.

Finalmente, la Justicia en lo Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio de Seguridad que se abstenga de aplicar nuevamente el protocolo antipiquetes y que adecue su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal. El fallo puede ser apelado ante instancias superiores.

Ante la consulta de Infobae, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, valoró el fallo judicial: “Del mismo modo en que Milei pretendió gobernar por DNU, sin pasar por el Congreso, el Ministerio de Seguridad legisló para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”.

Y expresó: “Con esta sentencia, un juez le pone límite al Ministerio de Seguridad y le dice que no puede legislar a través de una resolución ni puede interpretar el código penal como se la da la gana, mucho menos restringiendo cuestiones tan importantes como el derecho a la protesta y derechos constitucionales como la vida y la integridad personal, que tienen que ser garantizados y protegidos”.

Junto al CELS, también impulsaron la demanda otras organizaciones sociales y sindicales como Amnistía Internacional Argentina, ATE, Sipreba y la Asociación Civil AJUS, entre otras.

Los sindicatos docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica anunciaron un paro nacional de 72 horas que se extenderá desde el martes 12 hasta el jueves 14 de noviembre en todas las universidades públicas del país. La medida busca exigir la reapertura de paritarias y la efectiva aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.

El plan de lucha fue definido tras plenarios gremiales en los que se coincidió en que la pérdida del poder adquisitivo y la falta de diálogo con el Ejecutivo agravan la crisis del sector. Las federaciones advirtieron que, si no hay avances, podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2026.

La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público se mantiene desde comienzos de año. El conflicto se profundizó cuando el presidente Javier Milei vetó parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Aunque el veto fue luego revertido, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación, argumentando que el Parlamento no definió las fuentes presupuestarias.

Esta decisión fue impugnada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que inició una acción judicial por entender que el decreto presidencial vulnera la división de poderes.

Desde Conadu señalaron que la medida de fuerza fue respaldada por la mayoría de las asociaciones de base. “Los docentes están en una situación límite. Si el Gobierno no convoca a discutir salarios y restituir los fondos, el conflicto se va a profundizar”, advirtieron.

Por su parte, Conadu Histórica ratificó el paro y lo enmarcó en una defensa “de la universidad pública, los salarios dignos y las condiciones de trabajo”. También expresaron solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de Formosa, que denunciaron sanciones por motivos gremiales.

La Federación Argentina de Docentes de las Universidades Tecnológicas (FAGDUT) declaró el estado de alerta y advirtió que podría sumarse con clases públicas y jornadas de visibilización. En tanto, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), cercana a la CGT, optó por continuar el diálogo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El paro de esta semana será una de las protestas más prolongadas del año en el ámbito universitario. Las federaciones ratificaron que sostendrán el plan de lucha hasta lograr la reapertura de paritarias y la restitución de los fondos previstos por la ley.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) de Entre Ríos realizará un plenario este viernes para decidir si los trabajadores de la educación superior adhieren a la medida de fuerza. El paro de 72 horas está convocado a nivel nacional para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

La decisión nacional fue adoptada por el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica, que se reunió el pasado 30 de octubre con la participación de 84 representantes de asociaciones de base. En ese ámbito, se resolvió dar continuidad al plan de acción gremial “en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria”.

Los gremios universitarios exigen la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos que consideran imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas del Gobierno Nacional.

La decisión de Javier Milei sobre el presupuesto

El conflicto con el Gobierno Nacional se reavivó tras el tratamiento de la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente.

Es crucial aclarar que, en este caso, el presidente Javier Milei vetó la Ley 27.795, argumentando la falta de fuentes de financiamiento claras y el riesgo al equilibrio fiscal, y no solo la dejó suspendida tras su promulgación, como se mencionaba en el texto original.

La Ley 27.795, sancionada con amplio consenso legislativo, buscaba garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país. Además, obligaba a que el presupuesto se actualizara automáticamente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

El decreto presidencial de veto estimó que la variación del IPC entre mayo y diciembre de 2024 fue del 34,89 %, lo que implicaría un costo adicional significativo para el ejercicio actual y proyecciones de gasto aún mayores para los años siguientes. (Fuente: APFDigital)

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”. (Fuente: Infobae)

Los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizan este martes un paro total de actividades por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue convocada por la Asociación Personal de la UNER (Apuner) en adhesión a la jornada nacional resuelta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

La protesta se enmarca en el reclamo por la efectiva puesta en marcha de la Ley N° 27.795, promulgada este martes por el Gobierno nacional, que sin embargo postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. La decisión oficial generó fuerte malestar en el sistema universitario, que exige una implementación inmediata para revertir la crisis presupuestaria.

Desde Apuner adelantaron que este miércoles continuarán las acciones de visibilización junto a otros gremios universitarios. En tanto, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) convocó a un paro total para este miércoles 22 de octubre, en coincidencia con la medida nacional definida por la Conadu.

“Frente a un contexto sumamente grave en las universidades nacionales, con salarios de pobreza, sobrecarga laboral y falta de diálogo, el objetivo es evitar el desguace del sistema universitario y científico”, señalaron desde AGDU en su convocatoria.

Durante la jornada de este martes se realizan en distintas ciudades del país actividades de protesta, clases públicas y movilizaciones para exigir la aplicación de la norma que garantiza recursos mínimos para el funcionamiento de las universidades públicas.

La promulgación sin implementación concreta de la Ley 27.795 mantiene la tensión con el sector académico y alimenta el conflicto que atraviesa a las universidades nacionales. Entre Ríos vuelve a ser una de las provincias con mayor nivel de adhesión a las medidas de fuerza, en un escenario que podría extenderse si no hay respuestas del Gobierno nacional.

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) resolvió sumarse a una acción judicial colectiva que será presentada a nivel nacional para exigir la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario. La medida, coordinada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la promulgación y ejecución de una norma que ya fue aprobada dos veces por el Congreso.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 280/25 del Consejo Superior de la UNER, en la que además se ratificó el “estado de asamblea permanente del cuerpo ante la crisis presupuestaria y salarial provocada por las políticas sostenidas desde el gobierno nacional”. La acción judicial también contará con el respaldo de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y de la Asociación del Personal de la UNER (Apuner), que confirmaron su adhesión.

El Consejo Superior recordó que la ley fue sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras, luego vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por el Congreso. Sin embargo, el Gobierno nacional “ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de no respetar la decisión soberana del Poder Legislativo, evitando promulgar y ejecutar la ley sancionada, incumpliendo así el normal funcionamiento institucional de la República”.

El documento universitario advierte que la crítica situación presupuestaria y salarial “pone en crisis incluso las funciones más básicas de docencia, investigación y extensión, así como el sostenimiento de políticas de bienestar estudiantil y desarrollo territorial”.

En ese marco, la UNER destacó que la Ley de Financiamiento Universitario representa “una respuesta responsable que garantiza la protección y el sostenimiento del sistema público de educación superior, además de la recomposición salarial de docentes y nodocentes”.

El CIN, que coordina la acción colectiva, afirmó en un comunicado reciente que el reclamo “ya fue acompañado por la sociedad argentina en tres manifestaciones masivas” y exhortó al Poder Ejecutivo a “cumplir con su responsabilidad institucional promulgando y ejecutando el instrumento que garantiza la reparación tan necesaria para el sistema universitario”.

Con esta decisión, la UNER se suma a una estrategia conjunta del sistema universitario público que apunta a frenar el deterioro financiero y a exigir el respeto por la autonomía universitaria y la división de poderes.

A las 10 de la mañana de este jueves comenzará una sesión clave en el Senado ya que la oposición podría volver a darle un golpe duro al Gobierno. De la misma manera que lo hicieron con la ley de emergencia en discapacidad, buscarán insistir sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica, ambas vetadas por el presidente Javier Milei.

La sesión fue pactada este martes tras una reunión en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que contó con la presencia de todos los jefes de bloque de la Cámara alta. El eje central del debate será el futuro de los vetos.

El antecedente directo en la Cámara de Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios. La emergencia en salud pediátrica reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario -cuyo futuro estaba más comprometido en el inicio de la sesión- reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones.

En tanto, en la última votación en el Senado, durante el mes de agosto, la definición también fue holgada: 58 votos a favor y 10 en contra para el fondo de universidades y 60 apoyos y 8 rechazos para la iniciativa del Garrahan.

Bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”, la oposición rechazó el Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que dispuso la privatización de parte de la empresa. La iniciativa cuenta con la firma de José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, y de otros 24 senadores.

El bloque peronista buscará incluir este proyecto en el temario durante la reunión de comisión de Ciencia, que espera incorporarlo y dictaminar. De todas formas, como no está incluido en el plan de Labor Parlamentaria, para que este tema sea tratado durante la sesión del jueves tendrá que contar con el apoyo de dos tercios de los presentes.

Otro de los puntos que está en duda para la próxima sesión es la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. También se podría debatir la propuesta para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso, publicó Ámbito.

Martín Menem intensificó este martes su presión sobre el gobernador Alfredo Cornejo para que los diputados mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay apoyen el veto del presidente Javier Milei al aumento de fondos para universidades. La solicitud se realizó durante una reunión por Zoom con otros gobernadores radicales, Rodrigo De Loredo y Pablo Cervi, representante de La Liga del Interior.

La urgencia de Menem responde a la necesidad de sumar voluntades de legisladores ausentes en la sesión del 6 de agosto, cuando se aprobó la media sanción al aumento universitario. Nieri y Verasay estuvieron entre los 18 ausentes, y los libertarios exigen ahora que voten en contra de la insistencia opositora.

El oficialismo necesita un tercio de los diputados presentes en la sesión para validar los vetos, mientras que la oposición requiere 172 votos para superar los dos tercios necesarios. Los pasillos del Congreso se convirtieron en escenario de intensas negociaciones para torcer voluntades de quienes se ausentaron o se abstuvieron en la votación anterior.

El gobierno apuesta también a que los cuatro misioneros leales a Carlos Rovira y Agustín Domingo, así como dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, se sumen al bloque que respalde los vetos. Zago protagonizó desde el lunes un road show de reuniones para analizar la postura del oficialismo.

En paralelo, la oposición busca sumar votos de legisladores insospechados, incluyendo a macristas como Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas, y ex libertarios como Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González, en un escenario que mantiene la tensión hasta la sesión de este miércoles.

El diputado nacional entrerriano Atilio Benedetti (UCR) anticipó que este miércoles rechazará los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, que se discutirán en la Cámara de Diputados.

El legislador sostuvo que comparte “el esfuerzo por tener un país con una macroeconomía saneada”, pero aclaró que ello “también implica ser muy transparentes y ejemplares en cualquier proceso que involucre sospechas de corrupción”. En ese marco, aseguró: “No voy a respaldar el veto presidencial”.

Su definición marca un cambio respecto a su votación anterior en la Cámara baja. El 6 de agosto, cuando la Emergencia Pediátrica obtuvo media sanción, Benedetti se había pronunciado en contra. Ahora, adelantó que acompañará la norma, a la vez que mantendrá su respaldo al proyecto de financiamiento universitario.

De confirmarse su postura, el radical entrerriano se sumará al sector opositor que buscará ratificar ambas leyes, en un debate que promete alta tensión política y que será seguido con atención por universidades y organizaciones vinculadas a la salud infantil.

La sesión de este miércoles se inscribe en una fuerte pulseada entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, en la que el oficialismo intentará sostener los vetos como herramienta de control fiscal, mientras que la oposición insiste en la necesidad de garantizar recursos para universidades públicas y hospitales pediátricos.