La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) -Regional XI- informó sobre las acciones que se están intentando llevar adelante para sostener el financiamiento de la ETP (Educación Técnico Profesional).

El sindicato recordó que ha mantenido reuniones con legisladores provinciales, nacionales y con funcionarios políticos de diversos espacios políticos, y también con colegios de profesionales, cooperadoras, centros de estudiantes, directivos de escuelas y con empresarios de la producción y de servicios con el fin de que “se tome real conciencia de que los fondos son por y para las y los alumnos y que los recursos para la ETP son de vital importancia para las actividades escolares diarias y la formación óptima de los y las estudiantes”.

En este contexto, “se avala y felicita la decisión tomada por padres y alumnos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se han presentado ante el Poder Judicial para solicitar que no se avance con el desfinanciamiento de las instituciones de la ETP”.

“Desde la AMET esperamos y deseamos fervientemente que los Jueces pongan freno a este accionar del Poder Ejecutivo avalado en el Congreso Nacional que atenta directamente contra el presente y futuro de la Educación Técnico Profesional”.

"Con ese criterio padres y estudiantes de escuelas técnicas presentaron una medida cautelar ante la justicia para que declare inconstitucional al artículo 30 del Presupuesto 2026 que elimina fondos en educación y ciencia”, destacaron desde AMET.

El planteo fue realizado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en defensa de la Educación Técnico Profesional y contra el desfinanciamiento de las áreas respectivas”.

Se plantea que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 “es inconstitucional” porque “viola principios básicos del orden constitucional argentino” y “desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

La eliminación de los pisos mínimos de financiamiento se inscribe dentro de las políticas de desfinanciamiento de la educación técnica en los dos últimos años.

Desde el sector educativo estiman que el recorte provocado por Javier Milei alcanza el 93% en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023.

Los principales fundamentos de la cautelar:

1) El presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales: Según consta en la denuncia, “el primer vicio grave del artículo 30 es formal e institucional” dado que, indican “una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales”.

Entre el marco normativo superior enumeran a la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

“El presupuesto tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales ni eliminar garantías legales que expresan mandatos constitucionales”.

Desde ese enfoque, la presentación considera que “usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano”.

2) Viola el derecho constitucional a la educación: De acuerdo a la presentación, el artículo 30 del nuevo presupuesto “afecta directamente el derecho a la educación” consagrado en tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible” advierten y remarcan que eliminar los “pisos legales de inversión” vacía de contenido a ese beneficio consagrado.

3) Viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad: Otro de los ejes se centra en los derechos sociales. La demanda parte de la base de un Estado “obligado a cumplir el principio de progresividad y la prohibición de regresión” consagrados por la Constitución.

“El artículo 30 deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, eliminando protecciones ya consolidadas. No se trata de una crisis imprevisible ni de una medida transitoria: es una decisión regresiva explícita, que desanda políticas de Estado construidas durante décadas”.

4) Es irrazonable y discriminatorio: En base a la Constitución, el pedido de cautelar recuerda que eliminar el financiamiento de la educación técnica y científica “no guarda proporción con ningún fin constitucionalmente válido”.

Los demandantes sostienen que el artículo 30 extiende los niveles de desigualdad: “quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y quienes no, quedarán afuera”.

“La educación pública deja de ser igualadora y pasa a ser selectiva por ingresos, lo cual es constitucionalmente inadmisible".

5) Compromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial: El amparo remarca otro punto clave: “la educación no es un derecho estático, sino un derecho en desarrollo. Las trayectorias educativas no se pueden “pausar” y retomar sin daño”.

Y aseguran que aún si la Justicia declarara luego la inconstitucionalidad, “el daño ya estaría hecho”. (Fuente: APFDigital)

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido a último momento por el oficialismo. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayeron del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno.

La Libertad Avanza consiguió el quórum y buscó blindar el debate proponiendo una votación "por capítulos" para agilizar el trámite, pero se topó de frente con una muralla opositora: desde el radicalismo hasta la izquierda y el peronismo le exigieron votar "artículo por artículo", una maniobra diseñada para exponer cada recorte y obligar a los aliados del Gobierno a dejar sus huellas en los ajustes más sensibles.

El clima se caldeó al instante con artillería pesada disparada desde la izquierda. Myriam Bregman no se guardó nada y denunció "extorsión con ATN" y "compra de votos" por parte de la Casa Rosada para disciplinar a las provincias. El reclamo por la votación nominal no fue técnico, sino político: la oposición buscó que quienes levanten la mano para desfinanciar universidades o áreas de discapacidad deban "dar la cara" individualmente, convirtiendo la sesión en un campo minado donde cada artículo aprobado tendrá un costo político con nombre y apellido.

Dentro de los alineados con los gobernadores, los apoyos a La Libertad Avanza del proyecto general llegaron desde Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones. Las oposiciones fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal (integrada por Nicolás Massot y Miguel Pichetto). Una particularidad se vio en el bloque de exlibertarios País Federal, en donde sus dos miembros votaron distinto: Marcela Pagano se opuso, mientras que Claudio Álvarez apoyo el Presupuesto 2026 oficialista.

Antes de la votación en general y pasada la medianoche, "Bertie" Benegas Lynch (La Libertad Avanza) anunció dos reformas: una que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la ciudad Autónoma de Buenos Aires (como parte del acuerdo de Nación con el PRO), en simultáneo a la inclusión de un fondo especial de $21.347 millones a la "Jurisdicción 5 del Poder Judicial". Ambas modificaciones fueron introducidas en el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido porque incluye el artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Aún así, a la hora de la votación de ese capítulo (que además removía la movilidad de asignaciones familiares y reducía las regiones alcanzadas por el régimen de zona fría) distintos aliados provinciales modificaron su postura: la neuquina Maureira, el salteño Bernardo Biella, el correntino Diógenes González, el mencionado puntano Claudio Álvarez y los peronismos tucumanos y catamarqueños se posicionaron igual que Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas (que se abstuvo hasta la última definición, en donde su postura fue fundamental), para superar por 123 votos a 117 al entramado libertario. También se registraron 2 abstenciones del radicalismo (los chaqueños Cipolini y Agüero) y dos ausencias del MID.

A la madrugada alcanzó media sanción (130 votos a favor y 107 en contra) otras de las propuestas del oficialismo. Se trata de la modificación del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones y priorizando la intervención penal en casos de mayores sumas. La iniciativa, que lleva el nombre de Presunción de Inocencia Fiscal, también garantiza una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias en el que el organismo auditor presupone lícitos los activos patrimoniales.

Luego de esa aprobación, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso la votación de la designación de los tres auditores generales de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (representante de las provincias). La iniciativa provocó la ofuscación de Cristian Ritondo (PRO), que señaló que ese tema no corresponde a extraordinarias: "Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara".

En ese momento, los miembros de Provincias Unidas definieron salir del recinto. Fueron seguidos por el PRO, la UCR y el Frente de Izquierda; quedaron provincialistas, peronistas y libertarios. Hasta ese momento cruzados, coincidieron en la aprobación a mano alzada de los representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación. Pasadas las 3 de la madrugada, juraron en la misma sesión.

Recaían dudas sobre la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de prisión para funcionarios que dicten o ejecuten "normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento". Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. Finalmente, la sesión se cayó por falta de quorum y el tema no tuvo tratamiento.

Otro momento llamativo de la sesión ocurrió cuando tomó la palabra el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) que destacó obras en rutas nacionales y autopistas de su provincia, aunque se equivocó de dictamen: leyó el proyecto peronista. “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, explicó Germán Martínez.

Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.

Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, "con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales". El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.

El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.

Entre los proyectos más criticados por la oposición se encontraba el artículo 69, que reducen los territorios geográficos alcanzados por el Régimen de Zona Fría; y el artículo 70, que derogaba tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares eliminando la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones sujetadas a la movilidad previsional, pasando a depender de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Además, en su artículo 75, eliminaba dos leyes sancionadas este año que fueron insistidas por dos tercios del Congreso: la de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones, que "resultará insuficiente", según un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, los aumentos iban a ser determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS.

En el artículo 30, se derogan también las disposiciones legales para el aumento paulatino de inversión en Educación Técnico Profesional, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Educación Nacional y el Fondo Nacional de la Defensa. También se establece el congelamiento del bono de $70.000 para jubilados, dispuesto en el 2023, aunque se establece un incremento real del 5,7% en jubilaciones.

(Con información de Perfil y Ámbito)

Esta semana será clave en el Congreso, donde el oficialismo se propone lograr la media sanción de la Ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados en tiempo récord. El proceso comenzará este lunes por la tarde, con la primera reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda desde el recambio de legisladores. El plan es obtener un dictamen este martes, para discutir el proyecto en el recinto este mismo miércoles, o a más tardar el jueves.

El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien preside la comisión desde la renuncia de José Luis Espert en octubre pasado, convocó a una reunión constitutiva para las 17. Se prevé que la presidencia siga en sus manos, como representante de La Libertad Avanza, que cuenta con 20 diputados en esta comisión, sobre un total de 49.

Para el inicio del tratamiento del presupuesto ya deberían estar definidos los nombres seleccionados por cada bloque para integrar la comisión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adoptó el sistema de distribución proporcional D’Hont para decidir cuántos lugares corresponden a cada espacio.

En la sesión preparatoria, La Libertad Avanza ratificó su condición de nueva primera minoría. El oficialismo debuta en esta etapa con un bloque de 95 diputados, mientras que Unión por la Patria, redujo su tropa a 93 integrantes. De esta manera, el oficialismo se queda con la porción más grande de la asignación en las comisiones, en otro congreso altamente polarizado.

En la de Presupuesto y Hacienda, habrá 20 sillas para los diputados libertarios, y 18 para los peronistas. Las otras fuerzas se reparten solo 11 lugares, que serán clave para inclinar la balanza hacia un lado u otro.

El interbloque Provincias Unidas, liderado por la santafesina Gisela Scaglia, manifestó su disgusto frente al reparto de bancas, ya que consideran que han sido perjudicados. En la comisión de Presupuesto se les otorgaron tres lugares, y ellos reclaman que les corresponden cuatro. En la sesión preparatoria, Scaglia reclamó para su bloque la condición de “tercera minoría”, al sumar 22 diputados, pero desde el PRO mostraron una planilla que los da con la misma cantidad.

El criterio de reparto tuvo una aceptación desigual. El interbloque del PRO, la UCR y el MID recibió cuatro lugares. El presidente de la Cámara, Martín Menem, adoptó una solución polémica para el dilema. El exgobernador cordobés Juan Schiaretti no pudo todavía jurar como nuevo diputado de Provincias Unidas, por razones de salud, ya que recientemente sufrió una intervención cardíaca. Menem consideró entonces que técnicamente Schiaretti no integra todavía el bloque, y dio el status de tercera minoría al interbloque que integra el PRO.

Así, La Libertad Avanza y las fuerzas más propicias a funcionar como aliadas -como el interbloque PRO-UCR-MID- cuentan con altas chances de lograr el dictamen para la Ley de Presupuesto 2026 este mismo martes. El plan del oficialismo es llevar la discusión al recito este miércoles 17, y lograr la media sanción en una sesión maratónica, o a más tardar el jueves. Esto permitiría girar el proyecto al Senado y buscar su aprobación en la semana de Navidad. (Perfil)

El Gobierno oficializará esta medianoche el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, que comenzarán este miércoles y se extenderán hasta fin de año. El decreto con la convocatoria fue firmado el viernes por el presidente Javier Milei, pero se publicará en el Boletín Oficial del martes. En el temario están incluidas la reforma laboral, la del Código Penal, la adecuación de la ley de Glaciares y el presupuesto 2026.

La Casa Rosada citó para este martes, a las 13.30, a los integrantes del Consejo de Mayo, que en las últimas horas recibieron los borradores del informe final de lo debatido durante los encuentros que hubo a lo largo del año. Entre los borradores está la última versión de la reforma laboral, que circuló el pasado viernes y cuyo contenido ya activó la resistencia sindical.

Por estas horas, además, aún se define cómo será el formato de presentación del informe final del Consejo de Mayo.

El Consejo de Mayo está encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y compuesto con representación multisectorial, aunque de sintonía con la Casa Rosada. Por el Poder Ejecutivo, estará el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; por los gobernadores está como representante Alfredo Cornejo, de Mendoza; por el Senado, Carolina Losada (UCR); por la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo (Pro); por la Unión Industrial Argentina (UIA), su titular, Martín Rappallini, y por la Confederación General del Trabajo (CGT), Gerardo Martínez.

Está previsto que todos asistan este martes, aún para sentar su posición en disidencia con uno o varios de los puntos, como se prevé que será el caso de Martínez, que ya anticipó que los gremios no estaban de acuerdo con la reforma y que “no hay consenso” para ella.

Entre los principales puntos del borrador que pudo conocer LA NACION, surgen como puntos centrales la flexibilización de las “condiciones y modalidades de trabajo”; la posibilidad de acordar contratos a tiempo parcial; pactar salarios en pesos u otra moneda extranjera, pero también a cambio de alimentos y especias, como también fijarlos por productividad. Además, en la iniciativa figura la creación de un banco de horas y la implementación de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización, pero solo en los casos que se acuerde mediante convenio entre las partes.

El Gobierno además incluiría modificaciones para reducir la “discrecionalidad” de los jueces que intervienen en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Establece que se fije un único cálculo, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual, y prohíbe que se devenguen intereses sobre los intereses, como sucedía con algunos fallos del fuero laboral. Además, prevé la iniciativa modificaciones en los cálculos indemnizatorios porque apuesta a que se excluyan ítems como aguinaldo, vacaciones y premios.

Milei, por su parte, no estará al frente de la presentación ni tampoco para el comienzo de las sesiones extraordinarias por su viaje a Oslo, a donde participará de la ceremonia de premiación a la dirigente venezolana María Corina Machado, que recibirá el Premio Nobel de la Paz.

En la capital noruega tendrá también un encuentro bilateral con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre. Ambos eventos serán durante la jornada del miércoles y el mandatario estará de regreso en el país el jueves.

Para el período de sesiones extraordinarias que se abre entre este miércoles y el próximo 31 de diciembre, el Gobierno incluyó en el temario: presupuesto 2026, “ley de inocencia fiscal”, ley compromiso fiscal y monetario, “modernización laboral”, reforma de Código Penal y ley de Glaciares.

La prioridad del Gobierno está puesta en sancionar la ley de presupuesto 2026 para ofrecer una primera señal de gobernabilidad a los mercados, a los organismos de crédito internacionales y a Estados Unidos, que auxilió financieramente a la gestión de Milei antes de las elecciones.

El éxito en la velocidad del tratamiento del proyecto dependerá de los acuerdos alcanzados con los gobernadores, con los que el Poder Ejecutivo nacional vino reuniéndose desde comienzos de noviembre. Los elegidos para esos intercambios fueron Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El presupuesto, que se enfoca en el equilibrio fiscal, contempla un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y y un tipo de cambio de $1423 por dólar.

El oficialismo espera darle media sanción el miércoles 17 y, si bien no descartan que haya concesiones, aclaran que siempre serán sin alterar el superávit fiscal y que cualquier desvío será vetado por el Presidente, como sucedió en varias ocasiones previas.

En el temario se incorporó el proyecto de inocencia fiscal, orientado a modificar el régimen general y reforzar la normativa simplificada del impuesto a las ganancias. Según informó LA NACION, la iniciativa apunta a elevar el umbral del fraude fiscal y a reducir los plazos de prescripción tributaria.

La ley de compromiso fiscal y monetario busca “blindar” o “institucionalizar” el equilibrio fiscal, exigiendo presupuestos equilibrados o superavitarios, prohibiendo el déficit y la emisión monetaria para financiarlo. Y estableciendo sanciones penales para funcionarios que incumplan estas reglas y limitando el gasto del Congreso.

La ley de Glaciares es una demanda que las provincias de Cuyo y del Norte piden desde hace tiempo para alentar las inversiones mineras en sus territorios. Son provincias -Catamarca, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy- que en el Congreso tienen bloques propios y que aportan votos, sobre todo en el Senado.

La reforma propone delegar en cada provincia la definición de cuál es su zona periglaciar. “La normativa actual afecta las posibilidades de inversión en varios sectores: la minería, el turismo, la actividad frutihortícola. Queremos que cada provincia, previa ley de sus respectivas legislaturas, delimite cuál es su zona periglaciar, no un burócrata de Buenos Aires”, dicen en la Casa Rosada.

En cuanto a la reforma del Código Penal, una de las prioridades del Gobierno, allí se persiguen tres objetivos generales claramente definidos: un endurecimiento de penas, la ampliación de conductas punibles y la revisión del régimen de prescripción, excarcelaciones y figuras agravadas. Se estima que en estos últimos puntos es donde el debate sería más arduo.

Por ahora, no se incluye la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que sí había trascendido inicialmente como un punto a incluir.

La comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Bruno Sarubi, volverá a reunirse el lunes 10 a las 11 para continuar el estudio del proyecto de Presupuesto General para la Administración Pública Ejercicio 2026. El proyecto ingresó a la Cámara Baja entrerriana el 15 de octubre y tomó estado parlamentario el 5 de noviembre.

En aquella primera reunión, Sarubi sostuvo que “la idea es obtener una introducción general al proyecto, un primer acercamiento a los números desde un punto de vista técnico, para seguir con aspectos ligados a la ejecución física de lo presupuestado y la identificación de políticas transversales”.

El diputado agregó que “los temas prioritarios de las políticas presupuestarias los fijó el gobernador Rogelio Frigerio”, en tanto “educación, salud y obra pública ocupan los lugares más importantes. También es relevante la atención de los sectores más vulnerables”.

En aquel primer abordaje expusieron funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHyF), entre los que se destacaron la secretaria de Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe; el director ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el director adjunto de Erogaciones e Inversión Pública, Sebastián Baia; la coordinadora general, Paula Lorena Kozak; el director general de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman; y el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado entrerriano, Gustavo Vergara.

Zubillaga manifestó en aquella oportunidad: “Venimos a presentar desde un punto de vista técnico cómo se armaron los números, qué aspectos y variables se tomaron en cuenta, cómo han variado los recursos y los gastos”, y evaluó que “hacer estimaciones razonables en una etapa inflacionaria es muy difícil, por lo que la estabilidad ayuda mucho al tema general de números”. (APFDigital)

La comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Bruno Sarubi, volverá a reunirse el lunes 10 a las 11 para continuar el estudio del proyecto de Presupuesto General para la Administración Pública Ejercicio 2026. El proyecto ingresó a la Cámara Baja entrerriana el 15 de octubre y tomó estado parlamentario el 5 de noviembre.

En aquella primera reunión, Sarubi sostuvo que “la idea es obtener una introducción general al proyecto, un primer acercamiento a los números desde un punto de vista técnico, para seguir con aspectos ligados a la ejecución física de lo presupuestado y la identificación de políticas transversales”.

El diputado agregó que “los temas prioritarios de las políticas presupuestarias los fijó el gobernador Rogelio Frigerio”, en tanto “educación, salud y obra pública ocupan los lugares más importantes. También es relevante la atención de los sectores más vulnerables”.

En aquel primer abordaje expusieron funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHyF), entre los que se destacaron la secretaria de Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe; el director ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el director adjunto de Erogaciones e Inversión Pública, Sebastián Baia; la coordinadora general, Paula Lorena Kozak; el director general de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman; y el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado entrerriano, Gustavo Vergara.

Zubillaga manifestó en aquella oportunidad: “Venimos a presentar desde un punto de vista técnico cómo se armaron los números, qué aspectos y variables se tomaron en cuenta, cómo han variado los recursos y los gastos”, y evaluó que “hacer estimaciones razonables en una etapa inflacionaria es muy difícil, por lo que la estabilidad ayuda mucho al tema general de números”. (Fuente: APFDigital)

En Sesión Ordinaria Nº 16 del 146º período legislativo de la Cámara de Diputados, ingresó formalmente el Proyecto de Ley de Presupuesto General para la Administración Pública Ejercicio 2026. El expediente lleva el número 28.722 y fue derivado a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, donde será debatido. Ingresaron, además, otros proyectos del Poder Ejecutivo: de creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública y de Gestión Ambiental de Actividades Económicas.

El pasado 15 de octubre, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se presentó junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, ante el área de Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados a los efectos de ingresar el proyecto de Presupuesto 2026, tal como estipula la Constitución Provincial. En la sesión ordinaria Nº 16 del 146º período legislativo de la cámara baja, -que tuvo lugar este miércoles 5-, el expediente de la llamada ‘Ley de Leyes’ tomó estado parlamentario y fue girado a la comisión de Hacienda.

Tomaron estado parlamentario, además, otros proyectos provenientes del Poder Ejecutivo. Por un lado, el Expediente Nº 28.737 por el que se crea una comisión especial que analizará la Deuda Pública provincial, su desenvolvimiento histórico, refinanciaciones, pagos de comisiones y reestructuraciones, a partir del 10 de diciembre de 1995 hasta el presente.

Por otro, el Expediente Nº 28.728, llamado de Gestión ambiental de Actividades Económicas, que establece principios de preservación y recuperación del ambiente, bienes naturales y calidad de vida, en el marco de un desarrollo integral y sostenible, así como un marco jurídico y administrativo al que deberá ajustarse el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se realice en todo el territorio provincial.

Los 42 años de las elecciones libres que marcaron el retorno a la democracia fueron recordados por el diputado Lénico Aranda, quien destacó “las figuras del presidente Raúl Alfonsín, de su contrincante Ítalo Luder y los derechos alcanzados a partir de la entrada en vigencia del Estado de Derecho”. Además, mencionó al gobernador Sergio Montiel y a algunas figuras políticas que se destacaron en aquellos años. El diputado Fabián Rogel recordó el momento en que el presidente Arturo Illia “tuvo la valentía de anular los contratos petroleros por considerarlos perjudiciales a los intereses nacionales, tal como había prometido en su plataforma de gobierno”, y destacó que “todos los partidos políticos de entonces coincidieron con esa medida”.

Asimismo, la diputada María Elena Romero se refirió a los empleados municipales en razón de que el próximo 8 de noviembre se conmemora el ‘Día del Trabajador Municipal’. “Debemos honrar a estos trabajadores que realizan tareas de servicios esenciales para la seguridad y bienestar de los ciudadanos”, destacó. Por último, el diputado Roque Fleitas conmemoró el ‘Día de los Caídos en Cumplimiento del Deber’, el pasado 2 de noviembre. “Quiero homenajear a quienes nos defendieron en las luchas por la independencia de nuestro país, en Malvinas, en servicio en ARA San Juan”, enumeró. También quiero saludar a la Policía de Entre Ríos, que nos cuida diariamente con su vida”, concluyó.

Mientras continúa en los Estados Unidos para definir los detalles de un salvataje financiero, Luis Caputo fue interpelado para dar explicaciones verbales a la Cámara de Diputados. El ministro no acudió al Congreso el año pasado, cuando se discutía el Presupuesto, y no responde a convocatorias desde su pasada gestión como titular de Finanzas, en el 2017.

El peronismo justificó la interpelación para pedir explicaciones "en torno a las posibles negociaciones que el Gobierno está llevando adelante para recibir el blindaje del Gobierno de los Estados Unidos de América". La convocatoria (sancionada por 131 votos a favor y 70 en contra) está fechada para el miércoles 15 de octubre a las 12 horas, misma fecha en que se emplazó el inicio del debate por el proyecto de Presupuesto 2026.

Durante la jornada también avanzó una iniciativa de Unión por la Patria (con 129 votos a favor, 66 en contra y 4 abstenciones) para emplazar el mismo miércoles de 15 de octubre a las 10 horas a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Presupuesto para "reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional sobre todo emprestito tomado por nuestro país".

Otras de las determinaciones que se tomó en el recinto fue el emplazamiento, que implica la obligación a convocar a reuniones, de la Comisión de Presupuesto para debatir el proyecto de ley de Presupuesto 2026. Con aprobación a mano alzada, se dispusieron seis sesiones informativas y una séptima para dictaminar, fechada para el 4 de noviembre. El primer encuentro sería el próximo martes 14 de octubre a las 15 horas y continuarían el 15 de octubre, el martes 21, el miércoles 22, el martes 28 y el miércoles 29. El calendario se fijó previendo las semanas de debate que requiere el Senado para terminar de sancionar la propuesta.

La oposición anticipó su voluntad de que el oficialismo se quede con la presidencia de la Comisión de Presupuesto -que quedó acéfala tras el pedido de licencia de José Luis Espert-, por lo que se podría cumplir la voluntad presidencial de que el espacio sea titularizada por el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch. La definición se oficializará el próximo martes. También se adelantó la convocatoria a Carlos Guberman -secretario de Hacienda- y Pablo Quirno -secretario de Finanzas-. (Fuente: Ámbito)

Los gobernadores y la oposición en el Congreso adelantaron que no tolerarán una nueva prórroga del presupuesto y exigirán la sanción de la ley 2026. La advertencia llega en la antesala de la presentación del proyecto por parte del presidente Javier Milei, que se realizará este lunes a través de cadena nacional.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, será emplazado con un cronograma de trabajo que incluirá citaciones a funcionarios del Ministerio de Economía y plazo definido para la firma del dictamen, con el objetivo de sancionar la norma antes de fin de año.

Tras dos ejercicios consecutivos sin ley de presupuesto, una situación que permitió al Gobierno prorrogar y administrar partidas de forma discrecional, gobernadores y legisladores buscan garantizar una hoja de ruta fiscal. “Aunque algunas estimaciones queden sin cumplimiento, es clave tener una ley votada”, remarcaron dirigentes dialoguistas.

El Gobierno, en tanto, evalúa acelerar el debate apenas ingrese el proyecto para evitar un frente opositor unificado. Entre las negociaciones, analiza ofrecer cambios en la distribución del impuesto a los combustibles y una alternativa a la ley de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), recientemente vetada.

En este marco, Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Los mandatarios advirtieron sobre la necesidad de recomponer la relación con las provincias y coincidieron en que “este año el presupuesto debe ser ley”.

La desconfianza, sin embargo, marca el escenario. Gobernadores y legisladores recordaron que el Ejecutivo vetó leyes sensibles como la de ATN y el financiamiento universitario, además de aplicar recortes a transferencias corrientes. La decisión administrativa 23/2025 redujo en $17.477 millones partidas que incluían $7.000 millones de los ATN y casi $40.000 millones destinados a universidades.

El debate incluirá definiciones sobre transferencias a cajas previsionales no transferidas, retenciones agropecuarias, partidas de educación y salud, y beneficios tributarios como el régimen de Tierra del Fuego. La incógnita es si el presidente Milei aceptará modificaciones a su plan económico o repetirá la estrategia del año pasado, cuando clausuró el debate y prorrogó el presupuesto vigente. (Con información de La Nación)