El Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, pondrá en marcha “Derechos en Vivo – Streaming Joven”, una iniciativa destinada a adolescentes de 13 a 17 años que propone utilizar las herramientas digitales como medio de expresión, comunicación y participación.

El primer encuentro se realizará el martes 3 de noviembre, de 18:30 a 20 h, en Gervasio Méndez 1104. Durante la jornada, el equipo técnico de ANAF recibirá a los participantes y brindará información sobre las actividades previstas y la modalidad de trabajo.

La iniciativa forma parte del programa Jóvenes Protagonistas, impulsado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), y busca que los adolescentes puedan producir sus propios contenidos a través del streaming, compartir inquietudes y abordar temas de interés desde sus experiencias y perspectivas.

A lo largo de los encuentros, los participantes tendrán la oportunidad de conocer herramientas de producción de contenidos digitales, desarrollar habilidades comunicacionales y explorar distintas maneras de transmitir sus ideas y opiniones, con el acompañamiento del equipo técnico.

Entre los principales ejes de trabajo se encuentran la prevención de las violencias, la salud sexual, el bienestar emocional y el reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes. Estos temas serán abordados mediante instancias de diálogo e intercambio, en las que los propios participantes podrán aportar sus miradas y experiencias.

Asimismo, la propuesta contempla el uso responsable de las herramientas digitales y la posibilidad de elaborar mensajes y contenidos que reflejen los intereses de los adolescentes, con el objetivo de compartirlos con la comunidad.

“Derechos en Vivo” contará con un cupo inicial de 15 participantes, lo que permitirá brindar un acompañamiento personalizado y adaptar las actividades a las inquietudes e intereses del grupo.

El programa se desarrolla conforme a los principios establecidos en la Ley Nacional n.º 26.061 y la Ley Provincial n.º 9.861 de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes, que reconocen su derecho a expresarse, ser escuchados y participar en las decisiones y asuntos que los involucran.

Además de acercar a los adolescentes a las nuevas tecnologías, el espacio busca favorecer el encuentro entre pares y ofrecer un ámbito en el que puedan intercambiar opiniones, plantear preocupaciones y participar en la elaboración de contenidos propios.

Los adolescentes de 13 a 17 años interesados en la comunicación, el streaming y la creación de contenidos digitales están invitados a participar del primer encuentro, que tendrá lugar el martes 3 de noviembre, de 18:30 a 20 h, en Gervasio Méndez 1104.

El parque de motovehículos en la ciudad ha registrado un crecimiento masivo y sostenido en los últimos años. Esta expansión, de acuerdo al testimonio de Marcelo Hail, director de Tránsito de la Municipalidad, “responde a múltiples factores socioeconómicos y urbanos, entre los que se destacan la búsqueda de movilidad personal ágil, el uso intensivo como herramienta de trabajo, por ejemplo, para los servicios de mensajería y cadetería; la practicidad para el desplazamiento cotidiano frente a las congestiones del tránsito tradicional y su adopción con fines recreativos”.

A nivel nacional, el mercado de motos en la Argentina vive un auge sin precedentes. Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), en junio de este año se vendieron más de 68 mil unidades a nivel nacional —exactamente 68.508 patentamientos—, lo que representa un incremento interanual del 42% respecto al mismo mes del año anterior.

En este sentido, el economista, docente y miembro de Fundación Innovación con Inclusión, Gastón Alonso, destacó que “las ventas vuelan” y señaló un crecimiento mensual desestacionalizado del 10%. Alonso identificó dos factores clave detrás de este fenómeno: “El menor costo de acceso y mantenimiento de una moto en comparación con un auto y el crecimiento del trabajo mediante plataformas de reparto”.

“Esto último no es un dato menor. En un país donde el ajuste económico impulsado por las grandes corporaciones y los especuladores financieros erosiona el poder adquisitivo de los sectores populares la moto se convierte en el único medio posible para generar ingresos”, explicó el referente sectorial. Al tiempo que se preguntó: “¿A qué precio? Los repartidores de aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Glovo trabajan sin contrato formal, sin obra social, sin aportes jubilatorios y bajo la amenaza constante de accidentes de tránsito. La moto, lejos de ser un símbolo de progreso, es el reflejo de una economía que empuja a los trabajadores a la informalidad y al riesgo”.

Según datos recientes de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom), que acumuló 2.281 patentamientos en el mes (alcanzando el 3,3% del total nacional), en la provincia de Entre Ríos la adquisición de estos vehículos supera ampliamente a la de los automóviles por razones estrictamente vinculadas al presupuesto familiar y la crisis.

Desde el Municipio, Hail dijo que el aumento exponencial del parque de motovehículos los enfrenta a un desafío: “Este incremento en el flujo de unidades exige un fortalecimiento correlativo de los controles de fiscalización urbana para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento normativo”.

Respecto a la razón de las contravenciones, el funcionario indicó que el faltante de documentación y de medidas de seguridad encabezan las estadísticas locales. “La falta de seguro obligatorio constituye la infracción mayoritaria con un 49,4% de los casos, seguida de cerca por la ausencia de licencia de conducir con un 45,7% y la circulación sin el casco reglamentario, que representa un factor de riesgo directo, con el 28,0% sobre el total de faltas en motovehículos”, precisó.

Asimismo, las actuaciones operativas permitieron constatar contravenciones vinculadas al equipamiento y la dominialidad de las unidades en circulación. En este sentido, Hail dijo que “la falta de cédula identificatoria abarca un 27,1%, la ausencia de espejos retrovisores alcanza el 26,3%, la falta de chapa patente representa el 22,5% y las infracciones por luces reglamentarias registran un 2,9%”.

Por último, advirtió sobre situaciones de máxima gravedad que atentan contra la seguridad colectiva: “Se labraron actas por alcoholemia positiva que marcan un riesgo crítico del 12,2%, mientras que las infracciones por el uso de caños de escape no homologados concentran un 8,8% de las contravenciones vinculadas a la contaminación sonora”.

En el plano de la seguridad vial, los indicadores muestran cifras críticas. “Durante el período 2026 se registró un total general de 906 siniestros viales en la ciudad, de los cuales 343 incidentes involucraron de manera directa a motovehículos (representando un 38% del total general)”, comentó Hail, quien también examinó la distribución demográfica de los conductores involucrados en colisiones.

“Se advierte una alta concentración en sectores juveniles: se contabilizaron 347 conductores con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y 73 conductores menores de 18 años, lo que ratifica la extrema vulnerabilidad de este segmento etario en la trama urbana y justifica la necesidad de profundizar las políticas activas de prevención”.

“Durante la Campaña de Verano se desplegaron puntos de concientización directa y se dictaron clínicas de conducción segura destinadas específicamente a repartidores y trabajadores de delivery”, aportó el funcionario consultado.

Para lograr la habilitación formal de motovehículos, la Municipalidad exige el cumplimiento estricto de un proceso estructurado en etapas sucesivas. El procedimiento evaluativo comprende cuatro instancias independientes y eliminatorias, las cuales inician con un examen psicofísico enfocado en la evaluación médica y la aptitud visual y auditiva del postulante.

Dicho itinerario de habilitación continúa con instancias de capacitación y comprobación de saberes en la vía pública. En este sentido, se detalló que el esquema contempla un curso teórico obligatorio de capacitación integral en normas de tránsito y convivencia vial; un examen teórico de conocimientos enfocado en contenidos normativos y señales y una prueba práctica de destreza conductiva destinada a evaluar maniobras y el control efectivo del vehículo en una pista autorizada.

Por otra parte, respecto a la normativa aplicable para regular el acceso de conductores menores de edad al sistema de tránsito local, el Municipio opera bajo un marco coordinado que actualiza las disposiciones vigentes. Al respecto, el titular de Tránsito indicó: “La Ordenanza Local N° 13075/2026, que modifica a la anterior Ordenanza N° 11776/2012, habilita la conducción de cilindradas de hasta 110 cc dentro del ejido urbano local, exigiendo de manera ineludible la autorización expresa de padres o tutores legales”.

Finalmente, esta regulación se complementa con las pautas estipuladas a nivel federal en la materia. Sobre este punto, el funcionario indicó que “de manera armónica con la legislación local, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 autoriza con carácter general el manejo de ciclomotores de hasta 50 cc correspondientes a la Categoría A1.1, bajo idéntico requisito de presentación del aval y la autorización tutelar expresa”.

Entre enero y septiembre de 2026, el sistema sanitario público dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos realizó 1.400 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE), en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 27.610.

Esta política sanitaria provincial contempla dos dimensiones fundamentales: por un lado, el fortalecimiento de las estrategias de prevención de embarazos no intencionales y, por el otro, la garantía de una atención segura, confidencial y respetuosa cuando la persona requiera la prestación.

La atención médica y social se desarrolla a través de una red provincial articulada entre centros de salud del primer nivel y hospitales de distinta complejidad, con la participación activa de equipos de trabajo interdisciplinarios. En esta organización, el primer nivel de atención cumple un rol central en la recepción inicial de las consultas, el suministro de información precisa y el acompañamiento correspondiente.

Cuando la situación clínica o el procedimiento demandan una mayor complejidad asistencial, se coordina la atención con los hospitales de referencia para garantizar la práctica sanitaria, buscando acortar distancias y evitar desplazamientos innecesarios de la población.

Para asegurar la continuidad operativa de la red sanitaria, la gestión provincial lleva adelante una planificación en los procesos de compra, la distribución de medicamentos e insumos específicos y el monitoreo permanente de inventarios, niveles de consumo y fechas de vencimiento. La estrategia prevé mecanismos de redistribución de recursos en caso de faltantes eventuales y la disponibilidad del equipamiento médico indispensable para la realización de los procedimientos, incluida la técnica de aspiración manual endouterina (AMEU) en aquellos establecimientos habilitados con la correspondiente prestación.

El esquema de acompañamiento se brinda de forma integral antes, durante y después del procedimiento. En las fases previas y simultáneas, el personal de salud otorga información clara, efectúa la evaluación clínica pertinente, gestiona el consentimiento informado y detalla las pautas de cuidado, el manejo sintomático del dolor y la identificación de señales de alarma.

En la etapa posterior, se realiza el seguimiento clínico correspondiente para supervisar la evolución y detectar posibles complicaciones, instancia en la que intervienen profesionales de medicina, obstetricia, enfermería, psicología y trabajo social.

Asimismo, la red pública contempla el espacio de consejería anticonceptiva como una instancia voluntaria de orientación individual para la elección de un método de cuidado. En los establecimientos sanitarios provinciales se ofrecen insumos como preservativos, anticonceptivos orales, inyectables, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos (DIU), sujetos a la evaluación médica y la disponibilidad del efector.

En paralelo, el Ministerio de Salud impulsa programas de capacitación continua para el personal sanitario mediante el acompañamiento técnico de organismos y equipos especializados, entre los que se encuentran la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

En el marco de las tareas de control e inspección destinadas a prevenir contravenciones en el ámbito del campo, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales llevó a cabo un operativo que derivó en el secuestro de cinco armas de fuego y abundante cartuchería. El procedimiento tuvo lugar en la zona rural cercana al acceso a la Reserva Las Piedras y la intersección de las rutas provincial 20 y nacional 14. En ese punto estratégico, los efectivos interceptaron la marcha de un vehículo ocupado por cinco hombres mayores de edad, oriundos tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, quienes no pudieron acreditar la portación ni la tenencia legal del armamento que trasladaban en el rodado.

Durante la revisión preventiva, los agentes de la fuerza de seguridad constataron la presencia de dos rifles calibres .22 y .22 Magnum, además de tres escopetas de calibres 12 y 28 de distintos sistemas de tiro. Al solicitar la documentación reglamentaria exigida por la legislación nacional vigente para el transporte de este tipo de elementos, los ocupantes carecían de las credenciales correspondientes, motivo por el cual se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales.

De forma paralela a la vía penal, el personal interviniente labró las actas contravencionales correspondientes por la supuesta infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841. La medida se tomó al hallar en el interior del vehículo dos ejemplares de carpincho sin vida, especie autóctona de la fauna regional, comercializados o transportados como producto de la actividad cinegética no autorizada. De este modo, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales ratificó la continuidad de los controles intensivos en los accesos y caminos vecinales del departamento.

El Hospital Centenario se adhirió a la Semana Mundial del Parto Respetado, que se celebra del 18 al 24 de mayo de 2026 bajo el lema “Parir con voz, parir con orgullo”. La iniciativa busca visibilizar y promover el parto humanizado, prevenir la violencia obstétrica y garantizar los derechos de las personas gestantes.

Desde el servicio de Obstetricia se destacó la importancia de escuchar a las personas gestantes y brindarles una atención de calidad. En este marco, estudiantes de cuarto año de Obstetricia de la UNER —Carolina Reyna, Martina Caballero, Tatiana Segura y Aldana Lizzi— participaron activamente con una cartelera en el pasillo de Maternidad, resaltando la necesidad de visibilizar los derechos de las mujeres en gestación.

En Argentina, este enfoque está respaldado por la Ley Nacional N° 25.929 de Parto Humanizado, que garantiza una atención digna, libre de intervenciones innecesarias y respetuosa de los tiempos de cada persona.

Con la participación de referentes institucionales y organizaciones de la sociedad civil, el Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) inició un nuevo periodo de sesiones. La novedad más destacada fue la incorporación del Hogar de Cristo, que se suma al plenario para aportar su experiencia en la defensa de los derechos humanos.

La principal novedad fue la incorporación de la Cooperativa de Trabajo Familia Hogar de Cristo – Lourdes Paraná Limitada, que representará a las organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos durante el periodo 2026-2027. La presencia del Hogar de Cristo refuerza la participación comunitaria en el plenario y aporta una mirada cercana a las realidades sociales que atraviesan las personas con padecimientos mentales.

Durante el encuentro se realizó un intercambio sobre el proyecto presentado en el Congreso de la Nación para modificar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, analizando los cambios propuestos y su posible impacto en la provincia. Además, la Secretaría Ejecutiva presentó el plan anual de acciones y se aprobó el informe de gestión correspondiente a 2025, que detalló las actuaciones realizadas en el último año.

Estuvieron presentes el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y representantes de distintas organizaciones. Por el Hogar de Cristo participaron Candela Volpe y Federico Manavella, quienes se suman al trabajo conjunto con Aufasam y la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER).

La incorporación del Hogar de Cristo al plenario del ORSM marca un paso importante en la construcción de un espacio plural y participativo, donde el Estado y la sociedad civil trabajan de manera articulada para garantizar el respeto de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental. El compromiso asumido por la nueva integración busca fortalecer la transparencia, la profesionalización y la defensa de la dignidad de las personas, consolidando al organismo como un referente en la materia.

Un fuerte operativo policial se desplegó este sábado 11 de abril en la localidad de Federal. En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial de Caza y a la Ley Nacional de Armas y Explosivos, la Brigada Abigeato junto a la Jefatura Departamental llevó adelante dos allanamientos que terminaron con el secuestro de armas y carne de animales autóctonos.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías de Federal y se realizaron en dos domicilios distintos: uno en calle Tacuari y otro en el Barrio IAPV, sobre la Ruta Provincial 5. En la primera vivienda, ocupada por un hombre de 45 años, se incautaron 15 kilogramos de carne de carpincho despostada. En el segundo domicilio, habitado por un hombre de 50 años, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22, un aire comprimido calibre 5,5 y 20 kilogramos de carne de carpincho, ciervo, chancho jabalí y viracho, todos animales silvestres protegidos.

La carne decomisada fue revisada por un médico veterinario policial y posteriormente desnaturalizada. Los resultados de los allanamientos fueron informados al Juzgado de Transición y Garantías, mientras que los ocupantes de las viviendas quedaron supeditados a la causa judicial.

El despliegue contó con la participación de la Brigada Abigeato de Federal, la División Operaciones y Seguridad Pública, la Guardia Especial y la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental. La coordinación entre las distintas áreas permitió concretar un operativo que se enmarca en el programa “Campo Seguro”, destinado a intensificar la prevención de delitos rurales y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Cabe recordar que tanto el carpincho como el viracho —también conocido como guazuncho— forman parte de la fauna autóctona de Entre Ríos y su caza está prohibida por ley. La presencia de carne de estos animales en los domicilios allanados confirma la práctica de caza furtiva, una actividad que no solo afecta a la biodiversidad sino que también constituye un delito.

El operativo refuerza la política de control sobre la caza ilegal en la provincia y marca un nuevo capítulo en la lucha contra la depredación de especies protegidas. La investigación continuará en los próximos días, mientras los imputados esperan definiciones judiciales.

Fuente: Policía de Entre Ríos – Brigada Abigeato Federal.

Días pasados falleció el joven de 21 años que en la mañana del 16 de marzo había chocado en su moto, en la esquina de Andrade y Perón, contra un utilitario. El motociclista colisionó contra el lateral de una camioneta Citroën Berlingo y, tras algunos días en la Terapia Intensiva del Hospital Centenario, se dio a conocer la triste noticia.

Más allá de la tragedia, el hecho volvió a poner de relieve un problema que hace años dejó de ser secundario: el nivel de siniestralidad que tiene Gualeguaychú y la creciente incidencia de las motos en el mismo. Además del alto grado de incumplimiento por parte de los conductores: en este caso, el ciclomotor involucrado no tenía chapa patente y no estaba inscripto en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor.

EL ARGENTINO tuvo acceso a las estadísticas desarrolladas por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Gualeguaychú, respecto al trabajo realizado por esa área durante el año pasado. Datos que ofrecen una primera aproximación a las faltas que más se repiten en la vía pública, al número de accidentes y al tipo de vehículos que son parte de los mismos.

La estadística oficial marca que durante el 2025 “la ciudad registró 1.245 siniestros con dos víctimas fatales” y “en 422 de estos hechos participaron motocicletas”. Lo que, en principio, sirve para determinar que en uno de cada tres siniestros de tránsito ocurridos en Gualeguaychú están involucradas las motos, por un lado. Y, por otro, que, lamentablemente, las muertes de motociclistas en accidentes de tránsito dentro de la ciudad dejaron de ser una rareza hace tiempo.

En el mismo período, se formularon 1.544 actas a motociclistas y se efectuaron 980 retenciones de unidades. Respeto a las contravenciones más repetidas, en tanto, los números sostienen: se detectaron 618 faltas de seguro; 587 faltas de licencia de conducir; 154 maniobras riesgosas; 139 alcoholemias positivas; 352 falta de cedula identificatoria del vehículo; 263 faltas de chapa patentes; 318 faltas de espejos; 153 reformas no homologas (escapes); 75 faltas de luces y 55 actas por evadir controles de documentación, entre otras.

“Cabe aclarar que en cada acta puede haber más de una contravención”, aclara el informe oficial de la Dirección de Tránsito.

Hace diez años Gualeguaychú no tenía los problemas que sí evidenciaban ciudades más grandes, como Paraná o Concordia, donde la gran cantidad de motos juntas generaban ruidos molestos y maniobras peligrosas, generalmente por las noches y a costas de la tranquilidad del resto de la comunidad.

Lamentablemente, hace un tiempo que la ciudad padece esta realidad, que no ha podido ser sencilla de abordar por las autoridades municipales y policiales. Al respecto, el subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, Esteban Izaguirre, remarcó el trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos en los diversos operativos llevados a cabo.

“Las labores que se realizan no sólo son administrativas, en cuanto al cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito, sino también penales, en cuanto a lo normado en el artículo 193 bis del Código Penal Argentino”, expresó.

Para que se entienda: el artículo 193 bis del Código Penal sanciona con seis meses a tres años de prisión e inhabilitación especial a quien participe en pruebas de velocidad o destreza automovilística (picadas) no autorizadas, creando peligro para la vida o integridad física. Y la pena aplica a conductores, organizadores y facilitadores de las mismas.

En este sentido, Izaguirre puso de relieve los allanamientos dispuestos, tiempo atrás, por el Poder Judicial luego de identificarse los responsables de realizar maniobras en moto categorizadas bajo la figura de “conducción temeraria”. Esto “es algo inédito”, recalcó el funcionario, al tiempo que hizo hincapié en el “efecto de coacción” que genera en otros conductores.

Por otro lado, días pasados, conjuntamente entre la Municipalidad y la Policía de Entre Ríos, se realizó una denuncia judicial por las picadas en la zona portuaria protagonizada por automóviles. Los mismos fueron debidamente identificados, gracias a los videos que circularon en diversos medios, y se esperan novedades de la Justicia al respecto.

“Entre el 60 y el 70% de los siniestros en los que participan en un motociclo, el conductor o quien lo acompaña termina internado en el Hospital Centenario, muchas veces en la Terapia Intensiva del mismo”, agregó el Subsecretario de Seguridad. Lo que implica un gasto sostenido en el tiempo desde la salud pública y vuelve a poner de relieve la importancia de la concientización y el cuidado al momento de conducir en la vía pública.

En este sentido, el funcionario recordó que durante el año pasado fueron dos los motociclistas fallecidos en siniestros viales ocurridos en la ciudad (ambos de 17 años), a los que se le sumó la víctima fatal de días atrás (de 21 años).

La prevención continúa siendo el eje de mayor relevancia al memento de reducir daños. En este sentido, desde el área de Educación Vial comunicaron que continuarán fomentando la cultura vial en todos los niveles educativos.

Asimismo, en el plano práctico remarcaron dos objetivos estratégicos: el nuevo Registro de Examinadores y el Programa de Compactación de Vehículos.

Respecto al primero, indicaron a EL ARGENTINO que se creará un registro especial de examinadores prácticos de motos, con matrícula nacional y vigencia de dos años. Esta formación de 14 horas (6 horas virtuales y 8 horas presenciales) con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) será obligatoria para los centros que otorguen la licencia Clase A.

Por otro lado, a través del Programa de Compactación de Vehículos se llevará adelante la compactación de 414 motos, 195 de caños escape y 193 casco no aptos para el uso de las personas por no cumplir las normas de seguridad vigentes.

"El desafío para este 2026 es pasar de la enseñanza teórica a una experiencia que fomente el juicio crítico en los conductores, garantizando una movilidad segura y sostenible en cada rincón de nuestra ciudad", destacaron.

Entre el primero de enero y el 3 de marzo de este año se registraron 90 siniestros viales en diferentes puntos de la provincia, con un saldo de 31 víctimas fatales (24 en rutas) y 73 heridos graves, lo que arroja un promedio de un accidente con muertos cada dos días.

Según el balance de la Dirección de Prevención Vial de la Policía de la provincia, enero fue el mes más crítico, con 27 fallecidos, mientras que febrero descendió a cuatro. La mayor incidencia se registró en la ruta nacional 18, seguida por la autovía 14 y las rutas 136, 127, 20 y 6.

Además, siete de cada diez siniestros fueron colisiones, vinculadas a adelantamientos indebidos, invasión de carril y no respeto de la doble línea amarilla. En este sentido, el impacto frontal sigue siendo una de las situaciones más frecuentes, aunque también se registraron muertes por impacto con animales sueltos y despistes por condiciones climáticas adversas.

El mayor porcentaje de víctimas fatales se ubicó entre 24 y 54 años de edad, pero en enero hubo ocho víctimas de 15 a 24 años, en su mayoría pasajeros. Asimismo, según se desprende de las estadísticas de la Dirección de Prevención Vial de la Policía, más del 52 por ciento de los siniestros ocurrieron en horario diurno, lo que sugiere exceso de confianza y velocidad.

El Día Internacional de Concientización sobre el Autismo invita a reflexionar sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. Pero detrás de cada tratamiento, acompañamiento y terapia existe un entramado de profesionales y organizaciones que sostienen la atención en condiciones cada vez más precarias.

Desde Gualeguaychú, las voces de acompañantes terapéuticos, referentes de asociaciones y familias revelan un panorama crítico: pagos que se demoran meses, aranceles que no alcanzan y un vacío legal que desvaloriza la profesión. “Lo más urgente sería que nos incluyan en el nomenclador”, expresó, en diálogo con EL ARGENTINO, Romina Buschiazo, acompañante terapéutica, sintetizando un reclamo que atraviesa a miles de prestadores en todo el país.

En este sentido, la profesional explicó que cada obra social paga un valor distinto por sesión: “Una paga tres mil, otra seis mil y otra trece. Cada obra social decide cuánto vale tu trabajo”. La falta de inclusión en el nomenclador nacional deja a estos profesionales sin un marco regulatorio uniforme. “Nos exigen informes, presupuestos y papeles como a cualquier otro profesional, pero nos reconocen como cuidadores domiciliarios. Muchas veces, las obras sociales demoran la aprobación de los acompañamientos, perdiéndose continuidad en los tratamientos. Esto es muy perjudicial para el paciente”, señaló Buschiazo.

La ausencia de una ley nacional que regule la profesión incrementa el agotamiento y el abandono. “Estamos a la merced de las obras sociales. No figuramos en el nomenclador y eso nos deja totalmente excluidos como profesionales que somos sumamente necesarios”, cuestionó. Las demoras en los pagos —que pueden extenderse hasta 90 días— generan un desgaste insostenible. “Yo trabajo en febrero y puedo llegar a cobrar en abril o mayo”, relató la acompañante terapéutica.

En tanto, Carina Leonardi, profesora en Educación Especial y miembro de TGD Padres TEA, contó que “nada asegura que el pago llegue antes de sesenta días”. Y “si hablamos de la Obra Social de las Fuerzas Armadas de la Argentina (Iosfa), directamente están abonando meses de 2025”.

Las consecuencias de esta realidad son bien conocidas: terapias suspendidas y profesionales que abandonan la actividad. “Conozco varios profesionales, varias acompañantes terapéuticas que, pese a su formación, se ven obligados a trabajar en otros rubros. Algunas hicieron cursos, otras somos técnicas universitarias, pero la realidad es que la precariedad de lo que nos pagan y las demoras de 60 o 90 días en los cobros hacen imposible sostener la profesión”, denunció afirmó Buschiazo. Y agregó: “En la situación económica que atraviesa el país todo cuesta el doble para quienes trabajamos en salud y muchos terminan abandonando el acompañamiento terapéutico para sobrevivir”.

En esta línea, Leonardi cuestionó: “El súper aumento del que hablan no llega al 3 % y será cobrado, con suerte, antes de junio. Después de dos años sin respuestas, es muy duro”.

Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), advirtió que la situación del sector empeora cada día.

“Prestadores dejan de trabajar porque no cobran. La ley de Emergencia en Discapacidad no se aplica. Miles de familias se movilizan cada semana al Congreso reclamando por derechos básicos, pero no tienen respuestas”, afirmó Recchia. Quien, además, denunció el recorte en las pensiones y las trabas para dar de alta el Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Se están vulnerando sistemáticamente leyes nacionales y tratados internacionales”, subrayó.

En este contexto, los lemas internacionales cobran fuerza. La Organización de Naciones Unidas (ONU) eligió este año “Toda vida es valiosa”, mientras que la Fundación ONCE de España propuso “Menos prejuicios y más apoyos”. En este sentido, Leonardi lo resumió con contundencia: “Menos pensar que ese chico es un malcriado y más apoyos reales cuando se necesitan, accesibilidad a terapias, comprensión y aceptación”.

La falta de respeto hacia las personas con discapacidad y hacia quienes prestan servicios es un reclamo transversal. “En nuestro caso las necesidades son muchas, pero no urge un espacio para desarrollar actividades, para que las personas con autismo puedan vivir dignamente y los profesionales también”, pidió la referente de TGD Padres TEA.

La precariedad de los prestadores no es un problema aislado, es el reflejo de un sistema que desatiende a quienes sostienen la inclusión y la salud de miles de personas. “Nosotros siempre estamos a la orilla, esperando que nos reconozcan”, se quejó Buschiazo.

En el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, la consigna volvió a imponerse como urgente: menos indiferencia y más apoyos reales, porque cada vida —como recordó la ONU— es valiosísima.

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico, dictó la resolución N° 105/26 mediante la cual impuso una multa de 38.878.101 de pesos a dos ciudadanos de la provincia de Santa Fe por el transporte irregular de más de 3.800 envases vacíos de fitosanitarios.

El hecho data de 2025 y fue detectado en un operativo de control en la intersección de la ruta provincial N° 11 y la ruta nacional N° 174, en cercanías a la ciudad de Victoria.

El procedimiento administrativo se inició tras constatar que los infractores transitaban en un camión con acoplado cargado con bidones cortados por la mitad, sin contar con los permisos ni autorizaciones exigidas por la ley nacional N° 27.279. La normativa vigente prohíbe expresamente el transporte y la entrega de estos envases por fuera del sistema de gestión oficial, que establece un circuito obligatorio y controlado hacia los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT).

Se ratificó la continuidad de los operativos de fiscalización en rutas estratégicas y puntos de acopio, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos y sancionar las infracciones que vulneren los protocolos de seguridad ambiental vigentes en la provincia.

El Convenio de Ramsar fue firmado en la ciudad iraní del mismo nombre y estableció un marco global para la protección de humedales de importancia internacional. Actualmente, más de 170 países forman parte del acuerdo y han designado miles de sitios Ramsar en todo el mundo.

Pantanos, turberas, marismas, manglares, lagos, ríos, embalses y salinas forman parte de un entramado natural que sostiene la vida en el planeta. Los humedales son esenciales para la regulación hídrica, la provisión de agua dulce, la protección frente a inundaciones y la conservación de especies. Sin embargo, se encuentran entre los ecosistemas más amenazados del mundo.

En Argentina, la defensa de los humedales ha sido impulsada por organizaciones ambientales, colectivos sociales y referentes académicos. Entre los más activos se destacan la Fundación Humedales, FARN, Fundación Plurales y redes de mujeres defensoras ambientales, que han trabajado por la sanción de una Ley Nacional de Humedales y la protección de sitios como el Delta del Paraná y los Esteros del Iberá que sigue siendo un gran desafío.

“El Día Mundial de los Humedales es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de estos espacios y la necesidad urgente de protegerlos”, comentaron desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Nuestro país cuenta con más de 600.000 km² de humedales, lo que representa alrededor del 21% del territorio nacional. Entre los más reconocidos se encuentran los Esteros del Iberá en Corrientes, el Delta del Paraná en Entre Ríos y Santa Fe, y la Laguna de los Pozos en Formosa.

A pesar de su riqueza natural, la falta de una Ley Nacional de Humedales sigue siendo un desafío pendiente. Diversas organizaciones reclaman un marco legal que garantice la protección y el uso sustentable de estos ecosistemas.

“Argentina tiene humedales de enorme valor, pero sin una ley que los proteja corremos el riesgo de perderlos frente al avance de actividades extractivas y urbanas”, afirmaron desde FARN.

El Día Mundial de los Humedales es un llamado a la acción. “Cuidar los humedales es cuidar nuestra propia vida. Son reservas de agua, de cultura y de futuro”, mencionaron desde la fundación ecologista.

Pablo Recchia

Opinión

Saber que te escuchan, que te entienden y que hay disposición para encontrar soluciones a través de una Ordenanza municipal, un decreto, una resolución, o directamente se logra una Ley nacional, provincial, municipal, que ampare derechos fijados en la constitución, en legislaciones presentes, en tratados internacionales, es parte de los logros que suelen pasar años para que se cumplan, pero que llegan.

Esos pequeños o grandes logros, no son ni más, ni menos que derechos adquiridos y mejor calidad de vida para nuestros hijos y para toda persona con discapacidad.

Nosotros solo actuamos como idóneos, como referentes, aportando nuestra experiencia y militancia y también como veedores para que las cosas se hagan bien. La información y el conocimiento nos otorga poder, ese poder bien utilizado y bien intencionado.

Venimos de la época donde las políticas públicas en discapacidad las regía la Comisión Nacional Asesora para las personas con discapacidad (Conadis) dependiente de la Jefatura de Gabinete de ministros. El cuarto piso de ese hermoso edificio en CABAgg era ocupado totalmente para resolver, cumplir y trabajar sobre las leyes de vanguardia que ya teníamos en los años '90, y debatir las vicisitudes del Consejo federal de Discapacidad (COFEDIS), que si funcionaba de verdad.

Por ejemplo, escolaridad, salud, vivienda, trabajo, acceso a la tecnología, deportes, recreación. Siempre atentos a que la discriminación y el estigmatismo disminuya al máximo posible.

Por aquellos años (década de los 90) comenzaba la globalización, la comunicación, la tecnología y eso nos permitía poner en práctica muchas cosas que antes eran desconocidas pero las teníamos en mente. Formamos el Movimiento Asociativo de padres a nivel nacional y trabajamos fuertemente organizando congresos, conferencias, seminarios, y también convocamos a prestigiosos referentes internacionales quiénes nos indicaban muchas veces el camino a seguir basados en las experiencias de otros países más avanzados.

Por entonces, Naciones Unidas (ONU) y sus miembros parte, estaban ya trabajando junto a profesionales y personas con discapacidad de todo el mundo, en la creación de la Convención Internacionales sobre los derechos de las PCD. Nuestro país como miembro también era parte.

Esto fue en los comienzos del nuevo milenio, puesto que para 2006 ya estaba formateada la Convención que luego de varios años en conjunto, se da a conocer a nivel mundial.

Para Argentina fue "el primer Tratado Internacional" que rúbrica en este nuevo milenio, siendo para nosotros una gran alegría y una herramienta fundamental y constitucional para trabajar sobre derechos.

Con esta Convención, de hecho se deroga felizmente el modelo médico hegemónico sobre discapacidad (la PCD no es un enfermo), y se pone en marcha el modelo social sobre discapacidad bajo los nuevos paradigmas de derechos humanos.

Nuestros hijos, todas las personas con discapacidad o alguna condición son considerados Sujetos de Derechos, tienen identidad, tienen derechos y obligaciones como ciudadanos. Se educan. Votan. Participan de la vida política de nuestro País. Deben acceder al mercado laboral competitivo. Acceden al sistema de salud, etc.

Lo que se consideraba "beneficios", se promociona claramente como derechos. Todo esto expresado en los cincuenta artículos de la Convención y su decreto facultativo.

Un logro. Una conquista. Una responsabilidad y un reconocimiento humanitario.

Argentina pone en vigencia la Convención de la ONU en el año 2008 como ley nacional 26378. Sumado a lo que ya existía como la ley 24901 de prestaciones básicas, entre otras, pensábamos que los tiempos venían con viento a favor.

Luego en 2016 el gobierno de turno convierte la CONADIS en la ANDIS ( Agencia Nacional de Discapacidad), quien tenía autonomía y presupuesto para llevar adelante políticas publicas para que las PCD accedan a sus derechos. No funcionó como se pensaba, pero al menos era un espacio de discusión.

Dicho esto y puesto en conocimiento a quienes no entienden mucho sobre lo que está pasando hoy en políticas públicas en discapacidad, se pueden mencionar algunas de las situaciones actuales por las que estamos luchando e intentando reivindicar, sin caer en la liviandad de opinar solo porque lo escuché, sobre quitas (injustas) de pensiónes. Reformas del sistema de salud que otorga derechos de prestaciones a sus afiliados.

Trabas y barreras impuestas en Educación y todo el sistema de educación Inclusiva que ya fue discutido en implementado para que nuestros hijos y PCD accedan a la educación de calidad. Desaparece la capacitación. La Asignacion Universal para asegurar estos derechos (que inauditamente) hoy lo consideran gastos innecesarios y desaparecen de las actuales politicas públicas. Al menos en la práctica cotidiana. Cuántas veces ya hemos escuchado hablar de Responsabilidad Social y Buenas Prácticas Inclusivas, eso ya quedó el la utopía y en los: eso no se puede!

Cometen actos ilícitos y de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), eliminan derechos básicos. Desintegran la Agencia y pasa a ser un área del Ministerio de Salud de la Nación, ignorando de esa manera la Convención, ley nacional 26378, volviendo de esta manera al Modelo Médico de discapacidad. La PCD vuelve a ser considerado una persona enferma que hay que curar, rehabilitar, encerrar, no educar.

Al parecer para este gobierno la discapacidad es sinónimo de "enfermedad" lo que lisa y llanamente vulnera derecho y retrocede conquistas de años, solo por decisiones de ineptos y funcionarias que desconocen de que se trata la discapacidad y solo ven números para llegar al tan mentado "déficit cero" sin importar la salud y los derechos de parte de su población, que teniendo en cuenta sus sistemas de apoyo llega a ser el 40% de todos los votantes argentinos.

Esto es estadística comprobada, no es inventar un número. Estadísticas tenemos muchas, y números también, a pesar del inepto funcionario que dirige el INDEC, que inventa números y no nos permitió saber en el censo 2022 la cantidad de PCD que hay en nuestro país. Información muy importante para determinar el individualizar problemas en diferentes colectivos y tener presupuestos reales para sostener el sistema de protección de personas, instituciones y salud de las PCD.

Promovemos el diálogo. Nos ponemos a disposición. Nos manifestamos con marcha pacíficas y entregamos manifiestos a las autoridades. Ofrecemos nuestra experiencia y estamos dispuestos a todo tipo de colaboración. Acompañamos a prestadores y a todo aquello que tenga que ver con los sistemas de apoyos de nuestros hijos.

La respuesta es represión, derogación de leyes, violación de derechos, ignorar la legislación vigente. No poner en marcha la ley de emergencia en Discapacidad, violando clarmente derechos Constitucionales. Considerar los derechos como gastos y también ignorar que las políticas públicas de este gobierno (si existieran) son un camino asegurado a que muchas personas queden en el camino. Se mueren, se enferman, las familias colapsan. Las instituciones también. La desidia avanza.

Este 2026 nos encuentra llenos de desafíos e incertidumbres. difícil de planificar

Hoy no sabemos dónde estamos parados.

No vislumbramos un cambio

Estamos desamparados y al borde del abismo.

No es necesario que el lector este de acuerdo conmigo, pero sí es necesario discutir y ponernos de acuerdo para generar el cambio que necesitamos para salir de esta gravísima situación sin echarle la culpa a nadie.

Es difícil hacerse a la idea que el individualismo triunfa sobre lo colectivo, sin importar "el otro", invisibilizar al individuo, desconocer la condición de cada persona.

No busquemos Simbolismos, no hagamos interpretaciones. Simplemente "hagamos algo"

*Referente Nacional

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, instaurado por la ONU en 1988. La fecha busca visibilizar la enfermedad, promover la prevención y acompañar a quienes viven con VIH.

El lazo rojo, símbolo universal de solidaridad y compromiso frente al VIH/Sida, vuelve a ocupar un lugar central cada 1 de diciembre. La efeméride, creada por la Organización Mundial de la Salud en 1988 y respaldada por la ONU, se transformó en una jornada de reflexión, memoria y acción.

La historia del virus se remonta a los primeros casos detectados en la década de 1980, cuando la enfermedad se convirtió en una epidemia global marcada por el miedo, la desinformación y la discriminación.

Con el paso de los años, los avances científicos permitieron transformar aquella sentencia en una condición crónica tratable, siempre que se acceda a diagnóstico temprano y tratamiento sostenido.

En Argentina, según últimos datos oficiales, se estima que 140.000 personas viven con VIH, de las cuales alrededor del 17% desconoce su diagnóstico. Cada año se notifican entre 4.500 y 5.000 nuevos casos, con mayor incidencia en jóvenes de entre 25 y 34 años.

El 98% de las infecciones se produce por relaciones sexuales sin protección, lo que refuerza la importancia de la educación sexual integral y del acceso a preservativos como herramientas de prevención.

El sistema público de salud garantiza el acceso gratuito a los tratamientos antirretrovirales, que permiten que las personas con VIH tengan una expectativa de vida similar a la población general. Sin embargo, persisten desafíos vinculados al estigma social, la discriminación laboral y la falta de información en algunos sectores.

El uso del preservativo, el testeo voluntario y confidencial, y la educación sexual integral son pilares fundamentales. En los últimos años, además, se incorporaron estrategias como la profilaxis pre-exposición (PrEP), un tratamiento preventivo para personas con alto riesgo de adquirir el virus.

En Entre Ríos, el Ministerio de Salud tiene como tradición organizar cada 1 de diciembre jornadas de sensibilización y testeos rápidos en hospitales y centros de salud de Paraná y otras ciudades entrerrianas. Gualeguaychú, Concordia y Villaguay son algunos territorios en los que se realizaban estas pruebas que son gratuitas, voluntarias y confidenciales, y el resultado se obtiene en pocos minutos. El objetivo es acercar el diagnóstico a la población y garantizar acompañamiento integral a quienes reciben un resultado positivo.

La provincia también impulsa campañas de difusión en medios locales y redes sociales, con mensajes que buscan derribar mitos y promover la solidaridad. “El VIH no discrimina, pero la sociedad sí lo hace cuando falta información”, remarcan desde la Dirección de Epidemiología.

El lema internacional de este año es “Superar las interrupciones de los tratamientos, transformar la respuesta al VIH”, poniendo el foco en garantizar continuidad y acceso universal. La pandemia de COVID-19 había generado retrocesos en la atención y el seguimiento de pacientes, por lo que la consigna apunta a recuperar terreno y fortalecer políticas públicas.

Más allá de las cifras, el Día Mundial del Sida es también una jornada de memoria. Se recuerda a quienes fallecieron en los años más duros de la epidemia y se reconoce la lucha de organizaciones sociales, médicos y activistas que lograron instalar el tema en la agenda pública. En Argentina, la sanción de la Ley Nacional de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS (2022) marcó un avance significativo, al garantizar derechos integrales y combatir el estigma.

En Entre Ríos, la articulación entre hospitales, municipios y organizaciones comunitarias refuerza la idea de que el VIH no es solo un problema médico, sino también social. La información, la empatía y la solidaridad son tan necesarias como los avances científicos.

El Sida ya no es la sentencia que fue en los años 80, pero sigue siendo un desafío de salud pública. La combinación de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento sostenido ha transformado la realidad de miles de personas.

“Así las cosas, esta iniciativa parlamentaria es un acto de defensa de los intereses de los entrerrianos, ya que el acelerado deterioro de la red pavimentada vial perjudica nuestro desarrollo económico. Por lo tanto, exigimos que el Gobierno Nacional cumpla con su deber legal de fiscalizar, una deuda casi imposible de realizar de manera adecuada debido a su política de recortes de fondos, reducción de personal y sueldos cada vez más devaluados en Vialidad Nacional”.

Así concluye el pedido de acompañamiento del proyecto de Declaración que presentaron legisladores del bloque Juntos por Entre Ríos por el que exigen al Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), “la instalación adecuada y en cantidad suficiente de operativos de control y fiscalización de pesos y dimensiones de los transportes de carga en las rutas nacionales que atraviesan la Provincia de Entre Ríos, en los términos que lo establece el Artículo 58 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su reglamentación”.

La iniciativa, del diputado Juan Manuel Rossi, fue acompañada por sus colegas de bloque Mariana Bentos; Mauro Godein; Ruben Rastelli; Carolina Streitenberger y Noelia Taborda, sostuvo que la iniciativa es en “resguardo del patrimonio vial y a favor del desarrollo económico y la seguridad en nuestra provincia”.

Rossi sostuvo que “la provincia de Entre Ríos es un corredor logístico clave para el país y el Mercosur, la cual soportan un tráfico cada vez más intenso de camiones con destino a puertos y centros de distribución”. También destacó que “según un informe de Vialidad Nacional para el período 2023-2024, la mitad de la red nacional de caminos asfaltados en Argentina no está en buen estado”.

En el caso de Entre Ríos

El diputado puso pies en la provincia y precisó que “en el caso de Entre Ríos, sobre los 2.018 kilómetros relevados (31,3% del total), el estudio mostró que el 26,3% está en buen estado, el 29,7% en estado regular y el 43,9% en mal estado1”. Así, opinó que “este pésimo estado de las rutas nacionales fue el motivo por el cual presentamos este proyecto de declaración, que tiene por objeto exhortar al Gobierno Nacional a que asuma su responsabilidad en la debida fiscalización de las cargas pesadas que circulan por las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia, cuyo incumplimiento genera un grave perjuicio al patrimonio vial de todos los argentinos”.

Rossi cuestionó que aquel tránsito, “además de aumentar el costo de mantenimiento y reducir la vida útil, una trama vial deteriorada aumenta el riesgo de accidentes y pérdidas de vidas humanas, genera daños económicos y de competitividad en el transporte de bienes y en las economías vinculadas al mismo, desincentiva el turismo y degrada el entorno natural a causa del uso excesivo e incorrecto de caminos alternativos”. (Fuente: APF)

Según consta en el edicto publicado bajo el expediente EX-2021-38002358-APN-SDYME#ENACOM y la Resolución 2024-562-APN-ENACOM#JGM, el organismo nacional resolvió:

“Declárase ilegal, en los términos del Artículo 116 de la Ley Nº 26.522, al servicio de comunicación audiovisual por modulación de frecuencia denominado FM BEAT, que emite en la frecuencia 99.1 MHz desde el domicilio sito en la calle 25 de Mayo N° 1008, de la localidad de Gualeguaychú”.

Asimismo, el documento oficial intima al cese inmediato y definitivo de las emisiones y al desmantelamiento de las instalaciones utilizadas por la radio. En otro de sus artículos, el ENACOM dispone la inhabilitación por cinco años de Diego Alfredo Hilt “para ser titular, socio o integrar los órganos de conducción social de un licenciatario de servicios contemplados en la Ley Nº 26.522”.

El pedido presentado ante el Ejecutivo municipal señala que, pese a esta sanción, Hilt se encuentra actualmente contratado por Decreto 3600/2025 para desempeñar tareas dentro de la Secretaría de Gobierno y Modernización. Por ese motivo, los concejales solicitaron conocer si el municipio adoptó alguna medida administrativa en relación con su contratación, y en caso afirmativo, que se adjunten copias certificadas de dichas actuaciones.

El escrito también pide conocer si la Municipalidad de Gualeguaychú ha abonado pauta publicitaria a FM Beat, la emisora recientemente declarada ilegal, y solicita la documentación respaldatoria de eventuales pagos realizados, así como las medidas que se prevé adoptar a partir de esta situación.

El pedido se enmarca en la Ordenanza Nº 12.752/2023, que regula el acceso a la información pública local, definiéndola como “toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones o en cualquier otro formato que haya sido creada u obtenida por la Municipalidad o que obre en su poder y/o bajo su control”.

Además, se cita la Ley Nacional Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 8° garantiza el carácter público de la información solicitada, estableciendo que no existen restricciones para su otorgamiento.

Aunque el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora el 10 de octubre, este jueves la plaza San Martín se colmó de cantos, banderas y consignas para la reflexión colectiva. Cerca de las 18 horas, organizaciones sociales, trabajadores y trabajadoras de la salud, pacientes, estudiantes, artistas y vecinos se congregaron en una jornada que combinó la protesta, el arte y el compromiso comunitario.

Con un documento cargado de reclamos, desde la Asamblea de Salud Mental de Gualeguaychú, pidieron “que se escuche nuestro canto por la salud mental, que se escuche nuestro canto con dignidad”, fue una de las frases que abrió el acto.

Sobre el escenario, integrantes de la asamblea local dieron lectura a un extenso documento construido colectivamente durante varias semanas de trabajo. Allí se condensaron las preocupaciones, reclamos y demandas que atraviesan al sistema de salud mental en la provincia y el país, en un contexto que calificaron como “de retroceso y crueldad”.

El documento expresó con fuerza la necesidad de que se declare la emergencia en salud mental y se garantice la plena implementación de la Ley Nacional N° 26.657, sancionada en 2010, que promueve un modelo de atención comunitaria, interdisciplinaria y con perspectiva de derechos humanos. “Tenemos ley, exigimos su plena implementación, su financiamiento total, exigimos dignidad”, leyeron desde el escenario, ante los presentes que acompañaron con aplausos.

Las y los manifestantes recordaron que desde la sanción de esa normativa el Gobierno gobiernos “no ha garantizado el presupuesto mínimo del 10% para salud mental”, lo que impide su aplicación efectiva. Denunciaron también el colapso del sistema público de salud, la falta de recursos, la precarización laboral, la escasez de insumos y las demoras en la atención, condiciones que deterioran tanto la salud de la población como el trabajo de los equipos profesionales.

“Nos preocupan los continuos avasallamientos por parte del Estado a las políticas públicas de salud en general y de salud mental en particular”, señaló el texto, que además cuestionó las medidas de ajuste, endeudamiento y desfinanciamiento.

En el mismo sentido, se repudió el intento de modificar la ley sin resolver los problemas estructurales que impiden su cumplimiento.

Uno de los tramos más duros del documento apuntó a los discursos de odio y a la naturalización de la crueldad: “El individualismo, la meritocracia y el éxito personal nos hacen creer que quien tiene dinero puede acceder a la atención y el que no, que se arregle como pueda. Esa lógica destruye los lazos sociales y transforma el malestar colectivo en un asunto privado”.

En la lectura se advirtió que el malestar social se patologiza, mientras los servicios se limitan a atender urgencias. “Hablemos del aumento de los consumos problemáticos, de los suicidios, de los femicidios, de las personas en situación de calle, de quienes no llegan a fin de mes ni pueden sostener un tratamiento. Todo eso también es salud mental”, expresaron, insistiendo en que la crisis económica y la exclusión social son factores que inciden directamente sobre el sufrimiento psíquico.

El documento también hizo hincapié en la grave situación que atraviesa la provincia de Entre Ríos, que lidera las tasas de suicidios del país con 19,8 casos cada 100 mil habitantes, el doble del promedio nacional. “No podemos naturalizarlo porque duplica la media nacional”, alertaron. Es necesario un compromiso político real para abordar estas problemáticas de manera integral”.

Ajuste y despidos

Además, se mencionó el recorte de cupos en residencias profesionales, la reducción de fondos en programas de atención comunitaria y los despidos en dispositivos de la Sedronar, que dejan a jóvenes y adultos sin tratamiento. “Manifestamos nuestra preocupación por el cierre de cupos en terapia ocupacional, trabajo social y comunicación social en la Risam de nuestra ciudad”, advirtieron, al tiempo que exigieron “una formación interdisciplinaria y de calidad”.

El reclamo por más casas de medio camino, dispositivos intermedios de acompañamiento comunitario y políticas para adolescentes y juventudes también formó parte de las demandas. “Los problemas de salud mental no se resuelven de forma individual. Debemos insistir en tejer redes comunitarias para proteger nuestra vida en común”, remarcaron.

La jornada no se limitó a la lectura del documento. Luego, sobre el mismo escenario, se sucedieron distintas intervenciones artísticas: música, teatro, poesía y danza, que buscaron poner en palabras y gestos la potencia de la vida colectiva frente al desamparo. “Estamos en la plaza para denunciar las políticas de crueldad y muerte, para insistir en construir un mundo más amoroso, cuidado, respetuoso y diverso, donde quepan muchos mundos”, concluyó el texto.

La marcha por el derecho a la salud mental en Gualeguaychú volvió a dejar en claro que la defensa de la vida digna no es solo un tema sanitario, sino político y social. En tiempos de desfinanciamiento y discursos de odio, el reclamo colectivo se hizo oír: “Nos rebelamos contra la indiferencia, el abandono y la vulneración de derechos. Hasta que la dignidad sea costumbre.”

“Necesitamos más casas de medio camino, que acompañan la vida en comunidad, y no las respuestas precarizadas en asilo de en asilo de ancianos que no cuentan con habilitación ni equipos especializados. Necesitamos políticas que acompañen a nuestros adolescentes y juventudes, desde la prevención de los consumos problemáticos, la educación, el uso responsable de tecnología, la educación sexual integral y recuperar planes como el ENIA (Embarazo no intencional adolescente), en particular de las residencias de emergencia. Siguen sin actualizar los montos y egresan las mujeres sin políticas sin políticas públicas que apoyen a la autonomía progresiva. Exigimos el financiamiento de la ley de emergencia discapacidad, que logró superar el veto presidencial, y su aplicación está suspendido hasta que el congreso defina su financiamiento. Hoy, como siempre Estamos en la plaza para denunciar las políticas de crueldad y muerte, para insistir en construir un mundo más amoroso, cuidado, respetuoso y diverso”, concluyó el documento.

En un fallo histórico, la Sala N° 1 en lo Penal del STJ de Entre Ríos declaró inconstitucionales los artículos 77 y 109 de la Ley provincial N° 9.861, incorporados por la Ley N° 10.450, que habilitaban la “procesabilidad” de adolescentes mayores de 14 y menores de 16 años, conocidos como “menores no punibles”. La sentencia, emitida el 18 de junio, surgió a raíz de un caso de homicidio en grado de tentativa ocurrido en Paraná en 2017, donde el imputado era un adolescente dentro de ese rango etario.

El debate central enfrentó dos doctrinas: la antigua “situación irregular” y el moderno paradigma de la “protección integral”. La primera concebía al niño, niña o adolescente como objeto de tutela estatal, permitiendo amplias facultades judiciales, incluso la privación de libertad por tiempo indefinido. Esta aproximación fue criticada por contraria a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), considerada arbitraria y estigmatizante.

En contraste, la protección integral, consagrada en la Ley Nacional 26.061, reconoce a los NNyA como sujetos de derechos y establece la no judicialización de menores de 16 años. El fallo del STJ sostiene que el contacto con el sistema penal es perjudicial para el desarrollo del adolescente y que las investigaciones deben realizarse de manera administrativa y proteccional, a cargo de organismos especializados como el COPNAF.

Los vocales Miguel Giorgio y Daniel O. Carubia, que firmaron la mayoría, señalaron que la ley provincial es incompatible con el marco constitucional y la normativa nacional, que establece la no punibilidad absoluta de menores de 16 años. Además, recordaron que los Observaciones Generales N° 10 y N° 24 del Comité de los Derechos del Niño prohíben formalmente acusar o someter a proceso penal a menores que no alcanzaron la edad mínima de responsabilidad penal.

El fallo también cita precedentes de la Corte Suprema, como los casos “García Méndez” y “H., A.O.”, que remarcan la necesidad de limitar la responsabilidad penal a ciertos rangos etarios y evitar prácticas que instrumentalicen a los adolescentes.

En disidencia, la vocal Claudia Mizawak advirtió que declarar la inconstitucionalidad es un acto de “suma gravedad institucional” y argumentó que la “procesabilidad” no busca sancionar penalmente, sino investigar hechos graves y derivar al menor a los órganos administrativos. Subrayó que el proceso penal podría favorecer la internalización de responsabilidades y la reparación del daño, siempre bajo la supervisión de equipos interdisciplinarios.

El fallo del STJ modifica profundamente la justicia juvenil en Entre Ríos, consolidando que los menores no punibles sean tratados fuera del ámbito penal y se prioricen intervenciones administrativas y proteccionales. Con esta decisión, la provincia se alinea con el enfoque nacional de protección integral, priorizando el interés superior del niño y la reinserción social de los adolescentes, más allá de los delitos cometidos.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, adelantó que el objetivo es simplificar la documentación, eliminar burocracia y permitir que más actividades puedan incorporarse al beneficio, como galpones de cerdos y pollos, servicios de salud en sanatorios y otros proyectos productivos.

El anuncio se dio en el marco de una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, donde también se abordaron temas de transporte forestal. Bernaudo señaló que junto a Misiones y Corrientes impulsan en el Consejo Federal de la Producción una ley nacional para mejorar la seguridad en el traslado de productos como madera, palos y postes, que a menudo circulan sin el aseguramiento adecuado.

Según el funcionario, estas acciones buscan ordenar, optimizar y potenciar la actividad productiva de la provincia, con foco en la generación de empleo y el desarrollo sostenible.

La comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presidida por Silvio Gallay, analizó este martes dos iniciativas presentadas por Gabriela Lena que buscan reforzar el marco legal provincial en materia de derechos de los pacientes. Una de ellas propone la adhesión a la Ley Nacional 26.529, que regula la relación entre pacientes, profesionales e instituciones de salud. La otra establece el 17 de septiembre como “Día Provincial de la Seguridad del Paciente”, en consonancia con la fecha declarada por la Organización Mundial de la Salud.

Durante la reunión participaron Romina Sirota, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud; Mauro González, director de Hospitales; y Marina Alegre, integrante del Comité de Bioética. Tras un intercambio de aportes técnicos, se acordaron adecuaciones a los textos y se resolvió la firma de los dictámenes correspondientes.

Lena explicó que ambas propuestas tienen un hilo común: “Queremos que en cada institución se garantice la confidencialidad de los diagnósticos y un tratamiento humanizado, donde el paciente sea reconocido como persona y no como un expediente”. La diputada también subrayó la importancia de la capacitación profesional para garantizar información clara y acompañamiento a quienes transitan tratamientos médicos.

En paralelo, se trató un proyecto de Bruno Sarubi que propone declarar el 7 de septiembre como “Día Provincial de Concientización de la Distrofia Muscular de Duchenne y de Becker”. La iniciativa busca promover campañas de información y detección temprana de esta enfermedad poco frecuente que afecta principalmente a varones y que requiere diagnóstico precoz para mejorar la calidad de vida.

Gallay informó que, tras las modificaciones consensuadas, los dictámenes quedarán listos para su elevación al recinto. Si logran aprobación, Entre Ríos sumará herramientas normativas orientadas a reforzar la cultura del respeto de derechos, la prevención y la calidad en la atención sanitaria.

El Gobierno de Entre Ríos publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto que formaliza el veto total a la ley provincial que creaba el Colegio Público de Productores Asesores de Seguros. La medida había sido adoptada el 3 de julio por la vicegobernadora Alicia Aluani, a cargo del Poder Ejecutivo, y se basó en un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que advirtió sobre una superposición normativa con la Ley Nacional N° 22.400.

El argumento central del rechazo fue que la ley sancionada por la Legislatura provincial imponía un régimen paralelo al ya vigente en todo el país. La normativa nacional regula la actividad de los productores asesores de seguros a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), y contempla la fiscalización, matriculación y control disciplinario de los profesionales.

Según el dictamen N° 81/2025 de Legal y Técnica, la obligatoriedad de matriculación en un nuevo Colegio provincial generaría desigualdades entre profesionales de distintas jurisdicciones, lo que vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución. En particular, se cuestionó el artículo 5° del proyecto vetado, que exigía una nueva matriculación para operar en Entre Ríos, aun estando inscripto en la SSN.

Además del impacto sobre los productores, el Ejecutivo provincial advirtió que la ley sancionada podía afectar negativamente a los consumidores y al mercado asegurador. La duplicación de requisitos y costos administrativos podría trasladarse a las pólizas, encareciendo los servicios sin beneficios claros para los usuarios.

El análisis oficial también señaló falencias en el tratamiento parlamentario del proyecto. Aunque el texto fue presentado originalmente en 2021, no se habrían incorporado estudios de impacto, ni se habrían considerado las opiniones de asociaciones de consumidores ni del propio sector asegurador. La Secretaría cuestionó la falta de sustento empírico para la creación de una nueva entidad colegiada con facultades delegadas del Estado.

En otro punto, se advirtió que la promulgación de la norma implicaría la coexistencia de dos regímenes regulatorios —uno nacional y otro provincial—, rompiendo la unidad del sistema y generando posibles conflictos de competencia. Entre Ríos se habría sumado a Chaco como una de las pocas provincias con este tipo de estructura institucional.

Finalmente, el veto subrayó que los colegios profesionales, al ser personas jurídicas de derecho público no estatal, ejercen funciones administrativas delegadas, y no forman parte del presupuesto del Estado. La creación de uno nuevo requería, según el dictamen, mayor profundidad técnica, jurídica y política.

Con esta decisión, el Gobierno provincial cerró el camino a una iniciativa que buscaba institucionalizar la representación de los productores de seguros en Entre Ríos, pero que fue considerada incompatible con el régimen legal vigente y con la armonización del mercado nacional.