La semana pasada, convocada por FARCO, CONTA y la Red de Medios Digitales se realizó una Asamblea frente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), hoy dirigido por el interventor Juan Martín Ozores.

En diálogo con EL ARGENTINO, Martina Noailles, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), quien participó de la convocatoria comentó que “durante la asamblea tuvimos la oportunidad de compartir las diferentes realidades que están atravesando los medios comunitarios. Bajo la consigna “¿La nuestra dónde está?”, este encuentro tuvo el objetivo de visibilizar el conflicto y denunciar el incumplimiento del organismo.”

Desde fines de 2023, el Enacom está intervenido por el gobierno de Javier Milei y detuvo la entrega de fondos ya adjudicados que sostenían a medios comunitarios y cooperativos de todo el país. “El ahogo financiero tiene que ver, también, con la libertad de prensa y el derecho a la información que tiene el pueblo Argentino”, afirmó la dirigente.

Entre 2013 y 2023, el organismo financió más de 3.000 proyectos, pero ahora dejó de ejecutar partidas clave para producción, equipamiento y gestión. Noailles interpeló a seguir la lucha de manera organizada para tener una “democracia más fuerte”

Desde Paraná, Stefanía De La Fuente, coordinadora de FM Barriletes, en diálogo con EL ARGENTINO advirtió sobre el incumplimiento del Estado en el pago del Fondo de Fomento (Fomeca), lo que afecta a decenas de medios comunitarios, cooperativos y populares en todo el país.

Desde Colón, Claudia Ferreirós de Radio Sapukay e integrante de la Red de (Red Entrerriana de Radios Comunitarias, Cooperativas y Colectivas (Rerco), mencionó a EL ARGENTINO la gravedad de la situación y afirma que sin los fondos concursados, los medios comunitarios enfrentan un escenario crítico. “Los recursos existen pero el Estado ha frenado su entrega”.

Riesgo de silenciamiento

Stefanía De La Fuente coordina FM Barriletes, la radio comunitaria de Paraná que celebró este año su 15° aniversario. Nacida al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la emisora surgió en un contexto donde los medios alternativos eran considerados ilegales por una norma heredada de la dictadura. "Esa ley vino a legitimar nuestra existencia", resumió.

Pero hoy, advierte De la Fuente, la situación es crítica: “Cuando hablamos del reclamo de los medios comunitarios, cooperativos y populares frente al Enacom, estamos señalando el incumplimiento de sus obligaciones como organismo garante del derecho a la información.”

Según De la Fuente, la ley establece que el 10% del gravamen recaudado por Enacom debe destinarse a estos concursos, pero el ente no solo adeuda más de 7 mil millones de pesos, sino que tampoco ha abierto nuevas convocatorias. “Esto no es un reclamo caprichoso. Es el Estado incumpliendo la ley y provocando vaciamiento, silenciamiento y precarización”, afirmó.

Los medios comunitarios no sólo son emisoras: también funcionan como centros culturales, bibliotecas populares y espacios de articulación social. “Competimos con medios que tienen más recursos y alcance, pero nuestro servicio está al pie del vecino y la vecina”, subrayó. La falta de fondos y la suba de tarifas comprometen la sostenibilidad del trabajo. “Hoy, nuestros compañeros tienen pluriempleos para llegar a fin de mes. Eso limita el tiempo que pueden dedicar a la comunicación.”

En muchas localidades del país, los medios comunitarios son la única vía de acceso a la información y la expresión. El informativo diario de FM Barriletes, construido gracias a fondos del Fomeca, logró consolidarse pese a la competencia con medios tradicionales. “Podemos sostenerlo hasta diciembre. No sabemos si podremos hacerlo el año que viene.”

Además, el financiamiento les permitió generar microprogramas en conjunto con escuelas y organizaciones, abordando temas como educación sexual integral y problemáticas ambientales. “Estos proyectos tienen impacto real en nuestras comunidades. Si desaparecen, se pierde mucho más que una radio.”

El llamado urgente de la Radio Sapukay

La Radio Comunitaria Sapukay nació el 20 de junio de 2015 en Colón, Entre Ríos, impulsada por vecinos que, con equipos donados y mucha voluntad, dieron vida al proyecto desde dos pequeñas salas prestadas. En pocos años, lograron capacitarse, integrar redes provinciales y formar parte de iniciativas universitarias de fortalecimiento institucional.

En 2022, Sapukay obtuvo su licencia oficial y accedió a los fondos Fomeca, esenciales para enfrentar dos grandes desafíos: el deterioro del equipamiento y la fragilidad organizativa. Su historia es testimonio de resistencia, compromiso comunitario y esfuerzo colectivo por sostener una voz propia en el entramado comunicacional.

Para explicar la importancia que tuvo el Enacom en la vida de la radio, Claudia Ferreirós de Sapukay, narró a EL ARGENTINO la situación que atravesó el medio: “La Radio Comunitaria Sapukay enfrentó una profunda crisis tecnológica que amenazó con apagar su voz. Los equipos, con más de 20 años de uso, comenzaron a fallar por la sobrecarga diaria de funcionamiento. Sabíamos que la renovación era urgente, pero con nuestros recursos propios era imposible”, relató Claudia Ferreirós.

Otro obstáculo central fue la continuidad del equipo voluntario. Ferreirós lo define como “fragilidad organizacional”. “Ninguno de los integrantes teníamos formación previa en medios. Luego de cumplir con nuestros trabajos en escuelas, comercios, hospitales o ferias artesanales, donábamos horas libres para mantener viva la radio. “El sueldo no alcanza, surgen problemas familiares, de salud, de estudio. Así es muy complicado planificar una organización a mediano o largo plazo”, admitió Ferreirós.

Los Fomeca como salvavida y su interrupción política

En este contexto, los fondos de fomento Fomeca significaron una bocanada de aire. La radio recibió apoyos en diferentes líneas: equipamiento, adecuaciones edilicias, gestión técnica, asesoría legal, contable, administrativa, manejo de redes y producción de un magazine informativo de lunes a viernes.

Sin embargo, el acompañamiento estatal se interrumpió. “El Estado se ha retirado, sin cumplir con sus obligaciones ¿Qué hace el Enacom con los fondos que nos corresponden por Ley a los medios comunitarios? ¿A dónde van?”, se cuestionó la integrante de Sapukay.

“Si el Estado no acompaña, las radios comunitarias desaparecen indefectiblemente”, finalizó de manera contundente Claudia Ferreirós.

Luego del contrapunto ocurrido ayer entre un periodista acreditado y el ministro Luis Caputo durante una conferencia en Casa Rosada, el gobierno nacional decidió restringir allí las acreditaciones, los permisos y accesos de los trabajadores de prensa, así como también establecer un sistema discrecional de castigos y moderación de preguntas a funcionarios.

El nuevo dispositivo con el cual la administración de Javier Milei recortará aún más el derecho a la libertad de prensa y el ejercicio de la profesión fue formalmente lanzado a través de la Resolución 1319/2025 firmada por el vocero Manuel Adorni, quien se reservará el derecho de admisión y oficiará de controlador de la tarea periodística.

Una de las medidas establece un cupo de accesos a las salas de periodistas y de conferencias, supuestamente basado en la capacidad que tiene cada uno de esos dos espacios. Al primero sólo podrán trabajar allí 25 personas, mientras que en el segundo -donde se hacen las habituales conferencias pública-, sólo entrarán 36 comunicadores. Inclusive en actividades extraordinarias cuando la demanda de la prensa deba ser más numerosa.

“No podrá superarse la capacidad establecida para las salas en ningún momento y bajo ningún concepto ni motivo”, establece la resolución publicada en el Boletín Oficial y desglosa un estricto y cuestionable sistema de condiciones.

También se deberá obedecer a un horario fijo de trabajo, de 6:30 a 21, lo cual deja vacíos frente los eventuales hechos que requieran una cobertura periodística después de ese horario.

Cada medio sólo podrá tener dos periodistas acreditados, uno por turno (más un adicional por un eventual reemplazo por enfermedad) y “no será admitida la concurrencia simultánea” de ambos.

Los permisos deberán ser solicitados por declaración jurada emitida por los responsables de los medios y el Gobierno los otorgará bajo el sorprendente criterio la “medición de audiencias”.

Es decir que un periodista podrá estar en Casa de Gobierno sólo si el medio para el cual trabaja es muy leído/visitado/likeado. Y a esto lo deberán demostrar las propias empresas porque, según la resolución, también deberán presentar “la correspondiente documental (SIC) que acredite el índice de medición de audiencia y alcance obtenido como así también su alcance geográfico”.

Las medidoras que se podrán tomar como parámetro son IBOPE y Analytics, tal como ejemplifica uno de los anexos de la publicación oficial.

Para el caso de que el Gobierno acepte a ese medio, los periodistas deberán acatar el bozal para la actividad, esgrimido en la resolución bajo el eufemismo de “reglas de convivencia”. Aunque no habla explícitamente del tipo de preguntas que deben hacerse, se hace una sugestiva sugerencia:

“Durante el desarrollo de las conferencias y/o demás actividades llevadas a cabo, los profesionales deberán mantener un trato respetuoso entre sí, con los organizadores y con los conferencistas”.

Y “ante el supuesto de registrarse una conducta indecorosa o temeraria (…) que altere el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno, la Autoridad de Aplicación podrá suspender o revocar la acreditación otorgada”.

Lo sugestivo del caso es que este eufemismo de restricción a la libertad del ejercicio periodístico surge un día después que tanto el ministro Luis Caputo, como el vocero Adorni cuestionaran públicamente al periodista Jon Heguier por haberle preguntado al ministro si tenía dólares debajo del colchón para blanquear.

A este límite que el Gobierno activa en su continua guerra contra el periodismo se le suma que, a partir de ahora, los periodistas deberán cumplir con un “código de vestimenta” supuestamente apropiado para ejercer la labor en ese lugar. La ropa formal deberá cumplir con un denominado “protocolo de los actos oficiales cuyo respeto es fundamental para mantener el decoro y el orden”.

Tampoco se podrá deambular ni filmar por los pasillos de la Casa Rosada. “En espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, dice la resolución.

“La permanencia y circulación en pasillos, oficinas, despachos u otras zonas de la Casa de Gobierno que no estén explícitamente autorizadas a tal fin, se encuentra prohibida”, añade.

La circulación por los edificios públicos, los despachos oficiales y los pasillos de las dependencias de gobierno suelen ser espacios de interacción y diálogo entre los periodistas y sus fuentes para la obtención o chequeo de la información. Lo mismo ocurre con la posibilidad de registrar los ingresos o egresos de personas a la Casa de Gobierno. Es decir que con la nueva normativa el ejercicio de la actividad quedaría limitado.

Sólo se podrá caminar por los lugares que la Vocería y la Secretaría de Comunicación lo determinen. Y en todo caso, los periodistas que lo hagan deberán lucir una credencial que los autorice a circular libremente.

El incumplimiento de esos y otros requisitos serán catalogados como “faltas graves”, bajo el régimen de puntos y castigos que implementó la administración de La Libertad Avanza (LLA). Si el funcionario de turno determina que algún trabajador de prensa transgredió dos veces alguna de esas normas, se le revocará su acreditación.