Este martes la Comisión de Comisión Investigadora del caso criptomonedas $LIBRA presentó el informe final en la Cámara de Diputados con las conclusiones del trabajo realizado durante estos meses.

Luego de hacer un desarrollo de lo analizado, los miembros resolvieron denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación. El motivo se debe a que “entorpecieron” el ejercicio de las facultades constitucionales.

En dicho informe se remarca que los hechos analizados serían compatibles con una presunta estafa. “Javier Milei la promocionó como un instrumento de inversión que, en realidad, era técnicamente una memecoin diseñada previamente para un `tirón de alfombra´ (rug pull) por parte de un grupo con información privilegiada”, describe.

Además resalta que se refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo del Presidente de la Nación con los creadores de la criptomoneda al quedar acreditado que publicó un número de contrato que no era de acceso público.

De acuerdo a lo analizado por los miembros de la Comisión, 114.410 billeteras sufrieron pérdidas, de las cuales 498 perdieron más de U$S 100.000 y3144 perdieron entre U$S 10.000 y U$S 100.000. Solo 36 ganaron más de U$S 1 millón cada una.

A su vez se desmintio lo declarado por Milei de que no habrían sido más de 5 argentinos los que operaron $LIBRA ya que Ripio informó oficialmente a la Comisión que fueron 1.329 ciudadanos argentinos solamente en esa exchange.

“Estaríamos ante un modus operandi y un patrón de conducta ya observado en maniobras financieras irregulares presuntamente ilícitas ($KIP, CoinX, Vulcano) donde se repiten los nombres de Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy”, advierte el texto.

Por otra parte, indica que el análisis de la blockchain e informes de exchanges internacionales (Binance, Gate.io, OKX) obtenidos por la Comisión confirmaron los vínculos económicos y las transferencias de fondos entre los principales involucrados (Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales).

“Los flujos de fondos detectados en la blockchain entre los involucrados en $LIBRA coinciden en montos y fechas con un presunto acuerdo de cooperación que tendría como fin monetizar la imagen presidencial”, señala. Y agrega: “Transferencias de U$S 300.000 en noviembre de 2024 y U$S 250.000 en enero de 2025”.

Además, recordó que en una resolución de octubre de 2025, la Jueza de Nueva York, Jennifer Rochon, señaló que los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei.

Por lo que la Comisión sostiene que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $Libra y que el Congreso de la Nación debe evaluar si el Presidente incurrió en "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”

El documento incluirá conclusiones, detalles técnicos y propuestas judiciales que serán elevadas a la Cámara de Diputados antes del 20 de noviembre. La reunión está prevista para las 16 horas, en la Sala 1 del Anexo A del Congreso.

La comisión logró formalizar su funcionamiento recién el 28 de agosto, cuando el pleno de la Cámara designó autoridades. Desde entonces se realizaron nueve reuniones, a las que se suma la de este martes, donde se presentará el informe final.

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, anticipó en redes sociales que el trabajo reunió “documentos, testimonios e información técnica” y que el informe buscará ofrecer “una respuesta seria y fundada” sobre lo actuado. El expediente final cuenta con diez cuerpos que incluyen actas, informes técnicos, documentación aportada por plataformas de intercambio y testimonios de especialistas.

En esa misma instancia, el especialista en criptomonedas Iñaki Apezteguia sostuvo que no hubo estafa, lo que generó posiciones contrapuestas dentro de la comisión.

En junio, antes de la designación formal de autoridades, también participaron periodistas, especialistas en sistemas y analistas financieros, quienes aportaron información sobre el funcionamiento de la plataforma asociada a $LIBRA y los movimientos de billeteras virtuales.

El jefe de Gabinete negó cualquier vinculación del Estado con el denominado proyecto “Viva La Libertad” y remarcó que “no existió coordinación, intervención ni beneficio económico por parte de funcionarios nacionales”. También subrayó que las comisiones investigadoras no pueden “arrogarse funciones que corresponden exclusivamente al Poder Judicial”.

La comisión señaló que hubo restricciones para acceder a información clave relacionada con el caso. Funcionarios citados —entre ellos Karina Milei, el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y la exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo— no se presentaron a declarar.

Además, la disolución de la Unidad de Investigación (UTI), dispuesta por el decreto 332/2025, fue interpretada como una señal de desinterés por parte del oficialismo.

A su vez, la diputada Sabrina Selva (UxP) señaló que el análisis técnico permitió identificar 36 billeteras con ganancias superiores al millón de dólares y mencionó un eventual uso político de la imagen presidencial. Entre los elementos relevados figura una billetera vinculada al empresario Mauricio Novelli, que recibió USD 300.000 en noviembre de 2024 y USD 250.000 en enero de 2025, según información aportada por la plataforma Binance.

El vínculo con el juzgado federal a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi se mantuvo tensionado. El magistrado negó a la comisión el acceso completo al expediente, con el argumento de que la causa se encuentra bajo secreto, postura que fue respaldada por el fiscal Eduardo Taiano.

Ambos también rechazaron pedidos de indagatoria y detención contra empresarios investigados. Desde la comisión se consideró que las resoluciones “obstaculizan el control institucional”. Ante esto, los diputados aprobaron solicitar un jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y Taiano.

El escándalo por la presunta megaestafa de la criptomoneda $Libra volvió a salpicar al entorno presidencial tras revelarse que Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, mantuvo una reunión en Casa Rosada con los hermanos Mauricio y María Novelli el 29 de enero de 2025. El encuentro, hasta ahora desconocido, se produjo apenas 24 horas antes de las operaciones financieras que la fiscalía considera posibles pagos indirectos a funcionarios públicos.

La información fue difundida por la diputada Sabrina Selva, quien publicó en redes los registros oficiales de audiencias con la frase: “$LIBRA: ¿Y Karina???”. Según el informe de la Fiscalía Federal, ese mismo 30 de enero Hayden Davis, creador de la criptomoneda, realizó junto a los Novelli transferencias millonarias a una “cueva cripto” utilizada para liquidar activos y distribuir fondos del sistema de referidos que terminó defraudando a miles de ahorristas.

La periodista Irina Hauser amplió los datos en el programa QR, donde explicó que los registros de ingreso al edificio presidencial figuran bajo la órbita de la Secretaría General, dependencia a cargo de Karina Milei. Hauser señaló que varias reuniones con empresarios involucrados en el caso se repiten bajo el mismo patrón: visitas a Casa Rosada seguidas de movimientos financieros de grandes sumas, lo que la fiscalía interpreta como parte de una planificación previa a la estafa.

El hermano de María Novelli, Mauricio, figura como principal articulador financiero del entramado $Libra, y fue grabado en febrero vaciando cajas de seguridad tras el estallido público del fraude.

La Comisión Investigadora de Diputados, que analiza el grado de participación de funcionarios en el caso, evalúa incorporar este nuevo registro a su informe final del 18 de noviembre, junto a los antecedentes de las reuniones y transferencias detectadas.

Desde el oficialismo, ningún vocero se pronunció sobre la revelación. Pero el nuevo dato reavivó las sospechas sobre el grado de conocimiento o intervención del círculo presidencial en las operaciones bajo investigación judicial.

El proyecto $Libra, que comenzó como una plataforma de inversión en blockchain con promesas de altos rendimientos, dejó miles de víctimas y pérdidas millonarias cuando el token se desplomó. La Justicia ya ordenó congelar bienes y activos de sus principales promotores, entre ellos Davis y los Novelli, y sigue sumando evidencias documentales que vinculan a empresarios, políticos y operadores financieros en una trama donde el dinero digital se cruzó con el poder real.

La Comisión Investigadora del caso $Libra culminó esta semana su anteúltima ronda de audiencias con nuevas trazas financieras que, según los legisladores, coinciden en montos, fechas y patrones con el esquema que habría pactado el empresario estadounidense Hayden Davis para “monetizar” la imagen presidencial.

Según la exposición de la diputada Sabrina Selva, la comisión identificó movimientos por 300.000 y 250.000 dólares mensuales hacia una billetera atribuida a Mauricio Novelli. Esa misma cuenta habría recibido 30.897 dólares el 26 de noviembre de 2024 desde una dirección vinculada a la red Solana, y luego redistribuyó fondos hacia billeteras domiciliadas en OKX, Bitget, Binance y Bybit, lo que complicó la trazabilidad de los flujos.

Los registros citados por los diputados coinciden con el Tech Forum del 19 de octubre de 2024 y con una reunión celebrada el 21 de noviembre en la Quinta de Olivos, donde constan ingresos y encuentros entre Javier Milei, Novelli y Davis, con autorización de Karina Milei. Los documentos aportados evocan además el borrador de acuerdo publicado por investigaciones periodísticas que proponía representación exclusiva del Estado argentino en asuntos de blockchain y criptoactivos.

Ante esas constataciones, la comisión acordó solicitar oficios a los principales exchanges internacionales para identificar titularidades y completar el rastro de los movimientos. Los diputados sostienen que las nuevas pruebas refuerzan la pesquisa iniciada por periodistas y piden que el trabajo legislativo no concluya hasta agotar esas líneas de investigación.

En paralelo, la comisión votó la reserva de denuncias contra funcionarios del Ejecutivo y del sistema judicial por “falta de colaboración sistemática”. Se aprobaron acciones contra el ministro de Justicia, autoridades de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores por incomparecencia a citaciones, y se anticiparon denuncias por la actuación del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración, respectivamente.

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, informó que la convocatoria a la última reunión informativa saldrá el viernes y que el informe final se presentará entre el 16 y el 18 de noviembre. Los integrantes destacaron que cada nueva sesión aportó elementos que, dicen, amplían la trama más allá de los hechos conocidos hasta ahora.

La Comisión del Congreso que investiga la estafa con la criptomoneda $LIBRA reveló este martes que el presidente Javier Milei habría participado previamente en una operatoria idéntica con otro token, denominado $KIP. Según el informe presentado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, la maniobra se concretó el 9 de diciembre de 2024, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación que luego derivó en el caso que sacudió al mercado en febrero.

Ferraro aseguró que en aquella oportunidad Milei actuó junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos también investigados por la causa principal. La operatoria fue impulsada por la empresa Kip Protocol, propiedad de Julian Peh, señalada como responsable del desarrollo de ambos tokens.

“Pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de $LIBRA, el Presidente ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos actores y el mismo mecanismo de manipulación del valor de mercado”, expresó Ferraro durante la reunión de la comisión investigadora.

De acuerdo con la denuncia, los implicados habrían comprado el token $KIP cuando cotizaba en su punto más bajo, promoviendo luego su valor mediante la difusión pública del proyecto y retirándose con ganancias millonarias. “Obtuvieron más de 600 mil dólares en beneficios en apenas semanas”, detalló el legislador.

La comisión, que sesionó este martes en el Congreso, aprobó nuevas medidas de prueba. Se enviarán oficios a tres plataformas de intercambio de criptoactivos y se renovaron las citaciones a familiares de Novelli por presuntos movimientos de fondos en cajas de seguridad. Además, toda la documentación será remitida al juzgado que instruye la causa principal, donde se investiga una posible estafa financiera y la participación directa del Presidente.

“La operatoria de $LIBRA no fue casualidad ni sorpresa: Milei ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él”, sostuvo Ferraro, quien anticipó que las indagaciones seguirán ampliándose.

El diputado concluyó su exposición con un mensaje político: “Vamos a llegar hasta el final. Ni las presiones, ni el poder corporativo, ni los intentos de encubrimiento van a impedir que se conozca la verdad”.

La investigación parlamentaria sobre $LIBRA, iniciada tras la denuncia de miles de damnificados, se transformó en uno de los frentes más delicados para el oficialismo. Con esta nueva revelación, el foco se amplía sobre los antecedentes del propio Presidente en el mundo de las criptomonedas y sus vínculos con los empresarios que hoy están bajo la lupa judicial.

La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de cuatro fondos internacionales de inversión que pedían autorización para obtener pruebas en Estados Unidos con el fin de vincular al Estado argentino con los activos que generó la criptomoneda $LIBRA. Pero al cerrarle la puerta a esos fondos, la magistrada invocó un argumento de consecuencias impredecibles: afirmó que los ingresos que generó ese proyecto digital podrían ser del presidente Javier Milei, su hermana Karina y algunos impulsores como Hayden Davis, más que de la República Argentina.

Rochon sostuvo que las evidencias que presentaron Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited incluyeron artículos periodísticos, posteos en redes sociales y un supuesto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio, pero que todo ese material resulta insuficiente para probar que el dinero que generó $LIBRA sea del Estado argentino. Afirmó que “las pruebas podrían sugerir” que los beneficiarios serían “el propio Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis”, quien habría conservado parte de las ganancias “con el eventual propósito de invertirlos en la economía argentina”.

La jueza vertió esas y otras conclusiones preliminares en una resolución de 33 páginas, en las que aludió a las declaraciones del fiscal argentino Eduardo Taiano, quien insinuó que el Estado nacional podría reclamar el decomiso de los fondos que generó $LIBRA si se demostrara que provinieron de conductas ilícitas de funcionarios. Pero Rochon aclaró que mantenía reservas sobre la solidez de esa teoría e insistió en que “las pruebas no permiten sostener que la República Argentina sea actualmente titular de los activos”.

Para la magistrada, los fondos demandantes incurrieron en una “excursión de pesca” al solicitar documentación y testimonios de alcance desmedido. Entre los pedidos figuraban todos los registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma virtual que se usó para el lanzamiento del token, y la citación de al menos trece “influencers”, ingenieros, empresarios y hasta el creador del sitio Barstool Sports. Para Rochon, eso demostró más una intención de abrir una pesquisa general sobre el universo cripto que de obtener pruebas para el proceso judicial.

La jueza subrayó además que, aun si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno del presidente Milei, los caminos más apropiados para investigarlos no serían los tribunales estadounidenses sino la Justicia inglesa y la argentina. Por ello, denegó la intentona y aclaró que el instrumento legal invocado –la sección 1782 del Código de los Estados Unidos, que regula la cooperación judicial internacional– no puede ser utilizado para exploraciones especulativas ni para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas.

El reclamo había sido promovido por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, todos acreedores del Estado argentino por bonos del default de 2001. Esas firmas habían obtenido un fallo favorable de la Justicia británica en 2023, que ordenó al gobierno argentino pagar más de 1500 millones de euros. Al detectar que la Argentina no había satisfecho la sentencia, los fondos iniciaron una ofensiva global para localizar activos que pudieran ser embargados.

En ese contexto, los fondos se presentaron en agosto en los tribunales de Nueva York, donde buscaron vincular al Estado con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Hayden Davis y promovido por Milei en la red social X, lo que generó un pico alcista y pérdidas por US$251 millones, según dio por probado el fallo.

Así, los fondos pretendían usar la información hallada en Nueva York para reforzar sus acciones de cobro en Londres o en otros países. Pero la jueza Rochon cerró esa vía: sostuvo que el intento carecía de sustento fáctico y que no hay indicios de que los activos de $LIBRA pertenezcan al Estado argentino.

Al rechazar la pretensión de los fondos internacionales, Rochon también mencionó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la difusión del proyecto por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no oficial. Ese dictamen coincidía con la posición de la Casa Rosada, que niega cualquier rol de Milei o su hermana en la emisión o administración de $LIBRA.

El fallo de la jueza, sin embargo, dejó una definición incómoda para la Casa Rosada: si el proceder del Presidente fue de carácter personal y no institucional, la sospecha es que el esquema podría haber tenido a Milei como beneficiario privado o a personas cercanas a él, y no al Estado nacional. (Fuente: La Nación)

Los funcionarios nacionales citados para presentarse este miércoles en la Cámara de Diputados comunicaron formalmente que no participarán de las sesiones convocadas.

Desde el Congreso ratificaron que el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Salud, Mario Lugones, enviaron sus respectivas notificaciones anticipando la imposibilidad de asistir.

Las sesiones habían sido convocadas para tratar diversos temas, entre ellos pedidos de informes y explicaciones vinculadas a la gestión económica y a la Agencia Nacional de Discapacidad. Fuentes parlamentarias señalaron que, ante la ausencia de los funcionarios, las reuniones podrían quedar suspendidas por falta de sentido práctico.

Caputo ya había sido convocado en otras oportunidades, como durante el debate del Presupuesto 2025 y en instancias previas relacionadas con el caso conocido como $LIBRA, sin haberse presentado. En esta ocasión, tanto él como los otros funcionarios remitieron las notificaciones correspondientes a la Presidencia de la Cámara.

La decisión de los citados se formalizó mediante notas ingresadas al cuerpo legislativo durante la mañana, lo que deja en duda la realización de las sesiones previstas para la jornada.

En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se logró el martes dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por su decisión de no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El proyecto, respaldado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y otros bloques, obtuvo 29 firmas como dictamen de mayoría. Se plantea que Francos acuda al recinto para ofrecer explicaciones, con la posibilidad de que luego se impulse una moción de censura si sus respuestas no resultan satisfactoria.

También consta un dictamen de minoría, impulsado por sectores que prefieren limitar la iniciativa a la interpelación sin avanzar explícitamente hacia la censura. En el debate público, algunos bloques expresaron reparos ante el uso de la moción de censura, aduciendo riesgo de uso político del mecanismo.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada y promulgada, pero su implementación fue suspendida por decreto (el 681/2025) invocando la falta de un mecanismo de financiamiento. Para los legisladores que respaldan la interpelación, esa suspensión equivale a desconocer una norma aprobada por el Congreso.

Aunque el dictamen que habilita la interpelación ya está listo, la posibilidad de que prospere una moción de censura parece debilitada: no todos los bloques respaldan ese paso, y se requeriría una mayoría absoluta para concretarla. (Fuente: Ámbito)

La actividad comenzará a las 10 de la mañana con dos encuentros simultáneos: la comisión de Derechos Humanos, que se reunirá en la Sala 6 del Anexo para recibir denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero; y la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que analizará junto a invitados el proyecto de presupuestos mínimos para la gestión integral de envases, modificando la Ley 20.628.

Al mediodía se desarrollará la segunda reunión informativa de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo contaminado y/o adulterado. En esta ocasión estarán presentes familiares de las víctimas y se buscará aprobar la solicitud de informes a distintos organismos públicos. El encuentro tendrá lugar en la sala del segundo piso del Anexo C del Palacio Legislativo.

Dos horas después, la Comisión de Defensa Nacional debatirá la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales. También abordará los proyectos que reconocen al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez por su participación en la Guerra del Atlántico Sur y la concesión de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

A la misma hora, la Comisión de Legislación Penal iniciará el tratamiento de los proyectos que elevan las penas por siniestros viales cometidos bajo efectos de alcohol. Se incorporó además el análisis de la suspensión y cómputo especial de la prescripción en casos de homicidio sin hallazgo de cuerpo, con la participación de especialistas y expositores.

La jornada cerrará con dos reuniones de la Comisión de Cultura: la primera abordará la declaración de Monumento Histórico Nacional de la Iglesia de San Isidro Labrador, en Valle Viejo, Catamarca, y de la Ermita Monseñor Angelelli; la segunda se centrará en debatir, con referentes del sector, las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo sobre el cierre de CineAr y CineAr Play.

La última semana de septiembre llega con alta actividad en Diputados. El lunes 22, la bicameral presidida por Natalia Sarapura definirá la lista de postulantes al cargo de Defensor o Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, luego de tres meses de concurso público.

El martes 23 concentrará la atención política: desde las 12, en un plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, se pondrá en discusión la reforma de la Ley 26.122 sobre decretos presidenciales. A las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud debatirán los pedidos de interpelación a Karina Milei, al ministro de Salud Mario Lugones y al jefe de Gabinete Guillermo Francos, tras denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Más tarde, a las 16, la Comisión Investigadora de la criptomoneda $LIBRA recibirá a funcionarios clave y continuará con la citación de testigos, entre ellos la propia Karina Milei.

Ese mismo día, en paralelo en el Senado, la Comisión Revisora de Cuentas escuchará al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sobre el Programa de Acción Anual.

El miércoles 24, la Comisión de Comunicaciones tratará proyectos vinculados al Programa Banco Azul para visibilizar el autismo, una ley contra la violencia digital en escuelas y la declaración de interés público del acceso a los contenidos del Mundial 2026. El foco estará en Presupuesto y Hacienda, que bajo la conducción de José Luis Espert iniciará el análisis del Presupuesto 2026 y definirá el cronograma de tratamiento.

El jueves 25, la Comisión de Prevención de Adicciones se trasladará a San Justo para una sesión especial en un santuario, donde se escucharán testimonios de personas en recuperación de adicciones y de sus familias. También se sumarán actividades de diplomacia parlamentaria, con el lanzamiento del Grupo de Amistad con República Dominicana y un conversatorio junto a la embajada de Polonia sobre la diáspora polaca durante la Segunda Guerra Mundial.

Con esta agenda cargada, la Cámara de Diputados se encamina a una semana que cruzará debates políticos, sociales y económicos, anticipando la compleja discusión que se abrirá con el Presupuesto 2026.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la competencia para investigar la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei.

Esta semana, el juez Ariel Lijo, subrogando a su colega María Servini, le derivó la causa a Martínez de Giorgi quien ya tenía un expediente en el que está imputada Karina Milei por facilitar audiencias con el Presidente a cambio de sumas de dinero.

Martínez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal ya había dicho que debían tramitar separadas. El conflicto volverá ahora a ser analizado por la Cámara Federal. (Con información de Ámbito)

Noticia en desarrollo.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado de María Servini durante su licencia, declaró la incompetencia de ese tribunal en la causa por la estafa millonaria de la criptomoneda $Libra y remitió el expediente a Marcelo Martínez De Giorgi. El magistrado entendió que existe una “mancomunidad probatoria y de imputados” que impone la tramitación conjunta con otra investigación conexa en curso.

La medida implica que será De Giorgi quien concentre la instrucción sobre el escándalo financiero que involucra a financistas, empresarios y exfuncionarios. En los últimos meses, la causa sumó testimonios y pericias contables de gran volumen. Lijo fundamentó que la unificación busca “evitar un dispendio jurisdiccional” y garantizar mayor coherencia procesal.

En paralelo, la comisión investigadora $Libra de la Cámara de Diputados avanza en su esquema de control político. El 9 de septiembre volvió a reunirse pese a la ausencia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quien rechazó asistir a brindar testimonio. Su negativa generó fuertes acusaciones de la oposición, que lo responsabilizó de intentar proteger al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, ambos mencionados en denuncias parlamentarias.

Con el expediente ahora bajo la órbita de Martínez De Giorgi, se abre una etapa de acumulación de pruebas y coordinación de las medidas ya impulsadas. El juez deberá ordenar la instrucción penal, mientras el Congreso mantiene abierta su propia pesquisa sobre uno de los mayores escándalos financieros de la era Milei.

En su primer mes de funcionamiento pleno, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados estableció que convocará para este mes a declarar a Karina Milei. En la primera jornada de citaciones, se ausentaron Alejandro Melik, presidenta de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI).

La comisión estableció como fecha el martes 23 o martes 30 de septiembre para la citación a la secretaria General de la Presidencia. En caso de que ella no acuda al Congreso, las autoridades de la comisión (hasta el momento, Ferraro y Marino, con vicepresidencia vacante) buscarán tomarle testimonio en Casa Rosada o le permitirán establecer un día a la propia funcionaria, con un plazo que no exceda la primera semana de octubre, fecha en la que avanzarían a judicializar un reclamo por el uso de la fuerza pública.

Las sospechas sobre Karina Milei iniciaron a raíz de la investigación estadounidense, que la señala como la que habilitó el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada en 2024. A su vez, se conocieron mensajes en los que Davis se jactó de su influencia sobre Javier Milei: "Le mando dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiero".

El espacio parlamentario también definió enviar un oficio para requerir información a billeteras virtuales en donde abrieron cuentas los involucrados argentinos de la causa. Además, se creó una subcomisión (con los diputados Agost, Vega, Selva, Frade y Carbajal) que tendría acceso directo al expediente judicial manteniendo el secreto de sumario. Solo dos legisladores aliados del oficialismo participaron de la reunión: la salteña Yolanda Vega, quien en los dos últimos encuentros tomó una expresa postura para dilucidar lo que ocurrió en la estafa, y el tucumano Mariano Campero, quien viene distanciándose de La Libertad Avanza en este tema.

Alejandro Melik y María Florencia Zicavo decidieron faltar a la comisión investigadora $LIBRA. "Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos a prestar declaración y se niegan a venir son justamente los que estuvieron a cargo la investigación del caso", opinó la diputada Sabrina Selva. Ambos enviaron documentación para justificarse, rubricadas por ellos pero presentadas de manera informal al Poder Legislativo. Al ser allegados a Mariano Cúneo Libarona, los diputados propusieron enviarle un requerimiento al ministro insistiendo con la convocatoria.

Melik fue citado porque determinó que Javier Milei difundió $LIBRA en calidad de ciudadano y no como Presidente, por lo que "no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Publica por la difusión del proyecto privado 'Viva la Libertad Project'", según firmó en su dictamen. Por este motivo, en julio recibió una denuncia por "abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento".

Cuando autoridades parlamentarias fueron a la Oficina Anticorrupción, se negó a recibir la notificación que le imponía presentarse a declarar, por lo que pegaron la citación en la puerta de su despacho. A la hora de justificar su ausencia, consideró que la labor parlamentaria "supone duplicar una investigación judicial actualmente en trámite, al tiempo que implica importantes riesgos para la reserva de la información". Al mismo tiempo, apuntó que "el panorama que se presenta resulta propicio para la incursión de preguntas indicativas, capciones o improcedentes".

Por su parte, Zicavo es extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por $LIBRA, que operó tan sólo tres meses y fue cerrada por el Poder Ejecutivo al considerar que alcanzó el "cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada" -aunque no se conoció públicamente ningún informe-. Actualmente es la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación. "Una investigación parlamentaria paralela a la justicia resultaría improcedente por razones constitucionales, técnicas y operativas", consideró la funcionario y dijo que su presencia "requiere mayores precisiones en torno a los hechos que se pretenden averiguar en cada uno de los interrogatorios".

En la reunión sí se hizo presente Luis Villanueva, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción (2019-2023), quien entendió que "fue prematuro el cierre de la investigación" y que "están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública" del Presidente de la Nación. "Si la Oficina Anticorrupción niega ahora la información, es una locura a esta altura. [...] Esa es una posición más bien vinculada a un deseo de obstruir que de contribuir que se sepa qué paso en un caso de corrupción", añadió. (Fuente: Ámbito)

La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA sesionará esta tarde en el Congreso para escuchar a cuatro invitados, en lo que constituye la primera ronda de testimonios desde que el cuerpo quedó formalmente conformado con sus autoridades. La reunión está prevista para las 16, en la Sala 1 del anexo “A”.

Los citados son Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA); María Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA; Luis Francisco Villanueva, subsecretario de Integración y Transparencia de la OA; y José Massoni, exjefe de la Oficina Anticorrupción en los inicios de la gestión de la Alianza.

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, puso el foco en la presencia de Melik y Zicavo, cuya asistencia todavía genera dudas. En redes sociales, Ferraro recordó las palabras de Javier Milei tras reconocer la derrota electoral del domingo, cuando prometió autocrítica y corrección de errores. “Lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, sostuvo.

El diputado subrayó que la cooperación del Ejecutivo es indispensable para despejar dudas sobre la operatoria de $LIBRA. “Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación. Y eso empieza por lo más simple: que Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde”, remarcó.

La investigación parlamentaria busca determinar responsabilidades políticas y administrativas en torno al funcionamiento de $LIBRA, cuya creación y despliegue despertó sospechas de irregularidades y potenciales conflictos de intereses. Massoni, uno de los citados, fue el primer titular de la OA y denunció durante su gestión una matriz estructural de corrupción en la obra pública, lo que genera expectativa sobre su testimonio.

La sesión de esta tarde marcará un punto de inflexión en el avance de la causa. Desde la oposición anticipan que insistirán con el pedido de mayor apertura por parte del Ejecutivo, en un clima político marcado por el desgaste de Milei tras el resultado electoral adverso.

El oficialismo, en tanto, se enfrenta a la disyuntiva de facilitar la presencia de los funcionarios o mantener la estrategia de silencio, lo que podría profundizar el conflicto con el Congreso.

La pulseada por $LIBRA se inserta así en un escenario político cada vez más tenso, donde el rol del Parlamento como órgano de control aparece fortalecido y la figura presidencial, bajo presión.

El dirigente social y abogado publicó en redes que parte del dinero recuperado —unos 500 mil dólares— habría sido ocultado con la participación de Serrano mediante cuentas blockchain, y sugirió que esos fondos se usaron para pagos ilegales.

La causa, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, investiga transacciones con criptomonedas, incluyendo Tether y Ethereum, que podrían estar vinculadas a cohecho y desvíos de dinero. Entre los imputados figuran Milei, su hermana Karina, exfuncionarios y empresarios extranjeros.

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Serrano, de 31 años y oriundo de Paraná, negó categóricamente cualquier participación. A través de X, aseguró que “no poseo, ni he poseído, vínculo alguno con el proyecto denominado ‘Libra’” y anunció que sus representantes legales evaluarán acciones judiciales contra quienes difundan afirmaciones falsas.

El debate sobre su implicación generó repercusión mediática, en medio de un caso que sigue sumando imputados y rastreando flujos de criptomonedas para determinar posibles responsabilidades penales.

Por primera vez, el nombre de Karina Milei aparece mencionado en el expediente de la demanda colectiva (class action) sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA en los Estados Unidos. Aunque no es acusada ni demandada, los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin sostienen que fue ella quien autorizó el primer ingreso del desarrollador financiero Hayden Davis a la Casa Rosada.

En la presentación, se solicita que Davis y otros involucrados sean enviados a juicio oral y público por jurado, bajo cargos de crimen organizado, estafa y enriquecimiento ilícito. El apellido Milei aparece mencionado más de 50 veces, ya que, según los letrados, “el interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio (por el posteo en X) del presidente Milei”.

Esta semana también se conoció una presentación firmada por los mismos abogados Burwick y Hoppin en el marco de la acción de clase. En el escrito, solicitaron que se prorrogue el congelamiento temporario de más de u$s57 millones depositados en billeteras virtuales de Davis. Como parte de los argumentos, los letrados hacen referencia al impacto que tuvo en el mercado un posteo del presidente Javier Milei en la red social X.

El desarrollador de $LIBRA cambió su declaración original ante la justicia estadounidense. Admitió que se trataba de una memecoin —es decir, un activo puramente especulativo— y no de un proyecto con inversión para pequeñas empresas o educación, como dijo inicialmente. La contradicción implica que Davis ahora intenta levantar el embargo sobre unos u$s280 millones congelados en EE.UU., declarando ser “custodio” de unos u$s100 millones con vinculación argentina.

En junio, había declarado que $LIBRA se destinaría a proyectos económicos y educativos, pero en la presentación del 17 de julio su defensa reconoce la falta de planes, detalles o infraestructura para esos fines, y aclara que el token no tenía valor intrínseco ni garantía, y que su mercado era extremadamente volátil.

En ese marco, en Argentina, la oposición en Diputados presiona por reactivar la investigación parlamentaria sobre la causa Libra. quieren que la Oficina Anticorrupción (OA) reabra su investigación tras las nuevas revelaciones, y avanzar en citaciones a funcionarios clave, entre ellos Javier y Karina Milei.

Se analiza además identificar la cuenta receptora de una transferencia de u$s507.000 realizada por Davis justo antes de una reunión en Casa Rosada, y rastrear vínculos financieros que podrían incluir maniobras de dilación judicial. Diputados esperan demandar acceso a registros de blockchain y movimientos bancarios vinculados con Mauricio Novelli, trader que habría conectado a Milei y Davis, así como a familiares vinculados con operaciones sospechosas.

Entre afectados, el inversor Martín Romeo (con patrocinio de Fernando Burlando) afirmó que “el 86% de los inversores perdieron todo el dinero en las cinco horas siguientes a la difusión del token $LIBRA”, y que se drenaron u$s280 millones, perjudicando a unos 75.000 inversores.

El oficialismo logró quedarse con el control de la comisión investigadora sobre la estafa con la criptomoneda Libra, en una sesión que reflejó fracturas internas, acuerdos impensados y una oposición desarticulada. El hecho se concretó en la madrugada del jueves, cuando el peronismo, tras horas de discusiones y un cuarto intermedio entre jefes de bloque, terminó avalando una moción que le otorga a Martín Menem el manejo político del cuerpo.

El instrumento para ejecutar el acuerdo fue la designación del secretario parlamentario Adrián Pagán como “coordinador” de la comisión. La propuesta fue leída a las 2:06 por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño, quien actuó como articulador del consenso. La votación se realizó a mano alzada y quedó sellada en menos de dos minutos. Solo la izquierda y la Coalición Cívica se manifestaron en contra.

Con este movimiento, el oficialismo convirtió lo que había sido una derrota —la creación de una comisión que amenaza con investigar responsabilidades políticas del presidente Milei y su hermana Karina— en una herramienta de control interno. Desde el entorno de Maximiliano Ferraro, líder del bloque de Elisa Carrió, calificaron la decisión como “la nada misma”. Argumentaron que sin autoridades formales, la comisión no puede funcionar ni emitir dictámenes, lo que diluye su poder real.

La movida desató suspicacias dentro del propio peronismo. Aunque varios diputados de Unión por la Patria votaron a favor, otros consideraron que “hay que modificar la integración”. Una diputada reconoció a LPO que existía malestar porque “Menem usó esa excusa para no habilitar la votación de autoridades, y ahora designa un coordinador sin objeciones”.

El camino a este desenlace incluyó propuestas fallidas y tensiones internas. Miguel Pichetto había planteado un "triunvirato" con dos vicepresidencias —una del oficialismo, otra de la oposición— y un secretario que permitiera destrabar los empates. La idea fue apoyada por sectores del radicalismo de Manes y hasta por el kirchnerismo, pero no logró el respaldo suficiente porque mantenía el riesgo de parálisis en las decisiones.

La primera reunión de la comisión será el martes 10 de junio. Allí, cada bloque podrá proponer hasta tres personas para participar de una audiencia informativa prevista para el 25. Pero más allá del calendario, el clima es de desconfianza. Un sector de diputados del peronismo, el radicalismo y el pichettismo ya desliza que podría impulsarse otra iniciativa para modificar la conducción de la comisión. “Trajeron el tema improvisadamente y terminó siendo un papelón”, resumió un legislador molesto con el desenlace.

La sesión dejó expuesta la fragmentación de la oposición. Incapaces de consensuar una figura para presidir la comisión, los distintos bloques diluyeron su poder y terminaron habilitando que un funcionario de estrecha relación con Martín Menem asuma el rol clave. Mientras tanto, desde el oficialismo celebraron la jugada como una victoria inesperada.

Con este resultado, el Gobierno gana tiempo y reduce el riesgo de que Karina Milei sea interpelada en el Congreso. La comisión Libra, creada para investigar una estafa millonaria vinculada a la criptomoneda que promocionó el entorno presidencial, quedó así en un limbo institucional: activada pero bajo control de quienes podrían tener más que perder si se investiga a fondo.

El caso $LIBRA sigue avanzando en la Argentina y en Estados Unidos. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió a las compañías de telefonía que informen sobre las líneas telefónicas del presidente Javier Milei y otros imputados desde enero de 2024.

En tanto, se difundió que una Corte de Nueva York ordenó congelar 110 millones de dólares en cripto de $LIBRA que serían controlados por Hayden Davis. El monto incluye los 57 millones de dólares de USDC que ya fueron congelados.

Fuentes judiciales consultadas indicaron que el estudio jurídico de Estados Unidos Burwick Law mostró en sus redes sociales los documentos sobre la orden de congelamiento emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En Argentina, en la causa en la que se investiga una supuesta estafa con la cripto Libra, el fiscal avanza con varias medidas de prueba que se suman a las patrimoniales ya ordenadas. Las líneas telefónicas de los imputados ya fueron solicitadas a las compañías telefónicas.

"Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades que registren o hayan registrado” el presidente Milei, su hermana Karina Milei, y los restantes imputados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad.

El pedido del fiscal fue a requerimiento de uno de los damnificados, Martín Romeo. La intención es realizar un entrecruzamiento telefónico relacionado con la preparación y el lanzamiento de LIBRA.

En el expediente están incorporadas las líneas de Hyden Davis, el desarrollador y cerebro detrás de Libra, que se reunió con Milei el 30 de enero en la Casa Rosada y que ya había estado en Argentina otras tres veces antes de la famosa foto.

La Cámara Federal de Casación confirmó que los damnificados pueden ser querellantes y rechazó un recurso extraordinario de los imputados para ir a la Corte.

Con la firma de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, Casación negó el paso a la Corte de Novelli y Terrones Godoy contra la decisión que habilitó la intervención de las víctimas como parte querellante en el caso conocido como “Libra Gate”.

Francos también rechazó cualquier implicación del Ejecutivo en el proyecto, señalando: “No existió coordinación o intervención en el proyecto mencionado. Tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Gobierno para difundir el proyecto”. De manera tajante, subrayó que “el Estado no ha tenido injerencia ni beneficio” del mismo.

Finalmente, el jefe de Gabinete concluyó destacando que “muchos de los pormenores del proyecto son ajenos al conocimiento del Poder Ejecutivo”, reiterando que no existe ninguna relación o involucramiento gubernamental con el mencionado proyecto.

Durante la interpelación, se vivió un tenso intercambio entre Guillermo Francos y el diputado Juan Marino de Unión por la Patria. Marino presentó acusaciones y recortes de prensa en los que se mencionaba a Karina Milei, señalando supuestos pagos para acceder a candidaturas o reuniones con el presidente.

En su respuesta, Francos rechazó las acusaciones, afirmando: “Me presenta noticias periodísticas, comentarios de chats que nunca aparecieron, comentarios del ex ingeniero Blumberg. Llévalos a la Justicia, qué le puedo decir yo. Si son verdad, que vaya a la Justicia”.

Al retomar la interpelación a Guillermo Francos, el bloque de Unión por la Patria volvió a centrar sus preguntas en el escándalo relacionado con las criptomonedas, haciendo referencia a las advertencias de un experto en criptomonedas. La insistencia en este tema generó nuevas tensiones en la sesión.

Guillermo Francos respondió brevemente a las acusaciones, sin entrar en detalles profundos sobre el asunto. Su respuesta, que buscó cerrar el tema rápidamente, no evitó que el clima en el recinto se tornara aún más tenso.

La sesión, que ya estaba marcada por las ausencias de ministros y las discrepancias en torno a la metodología de la interpelación, se vio caracterizada por un desorden generalizado. Hubo gritos y protestas de todos los bloques, lo que reflejó la falta de acuerdo y la creciente frustración entre los legisladores. La confusión sobre los tiempos y el ambiente de confrontación impidieron que se llevara a cabo un debate ordenado, haciendo que la jornada fuera especialmente caótica.

Massot reclamó explicaciones

Al comenzar su intervención en la interpelación, Nicolás Massot de Encuentro Federal destacó que no había intención de “montar nada” en el debate, pero criticó la falta de explicaciones claras por parte del presidente y el jefe de Gabinete sobre el caso $LIBRA. “Creo que si en la entrevista tuvo el Presidente, en vez de explicar que él mismo fue engañado. Nuestro bloque dijo que se merece el beneficio de la duda. Ahora, no existió una explicación. Hubo una culpabilidad al otro gobierno y se cortó todo tipo de explicación”, afirmó.

Además, Massot realizó un contundente pedido de explicaciones. Sostuvo que Karina Milei y Manuel Adorni deben presentarse ante el Congreso para dar cuentas sobre su rol en el caso. Según Massot, fueron ellos quienes “firmaron los ingresos recurrentes de los estafadores en Olivos y en la Casa Rosada”. Este reclamo acentuó la acusación de que funcionarios cercanos al presidente no solo fueron conscientes de los hechos, sino que también tuvieron participación directa en las situaciones cuestionadas.

La cuenta del diputado nacional José Luis Espert en la red social X (ex Twitter) publicó durante la noche del miércoles la misma promoción de la criptomoneda $LIBRA que había difundido el presidente Javier Milei hace un mes.

Rápidamente desde el entorno del legislador libertario salieron a avisar que había sido hackeado, aunque en las redes sociales varios usuarios dudaron de esa versión porque Espert tiene una cuenta verificada como miembro del Gobierno, que requiere doble factor de autenticación para el ingreso.

"¡La revolución liberal avanza en Argentina! Estamos lanzando $LIBRA V2, un proyecto dedicado a impulsar la economía argentina, apoyando emprendedores y pymes con financiamiento privado transparente y descentralizado", decía el mensaje publicado en la cuenta de Espert, que, al igual que con el escándalo de Javier Milei, compartía el código del contrato para adquirir el token. Una hora duró la publicación.

Según el sitio bscscan, el nuevo token de $LIBRA fue creado menos de un minuto antes del tuit del diputado libertario. La publicación provocó media hora después que $LIBRA V2 llegara a alcanzar una capitalización de mercado de más de US$128.000 para luego perder más del 96% de su valor en menos de 5 minutos.

El hackeo

Jimena Aristizábal, asesora de Espert, fue la primera en salir a aclarar que el legislador de La Libertad Avanza fue víctima de un ataque que vulneró la seguridad de su cuenta en X. Lo curioso fue que para informar eso, retuiteó la publicación con la información sobre $LIBRA V2.

Luego, el propio Espert escribió: "Lamento profundamente informarles que mi cuenta fue hackeada. Los mensajes y publicaciones recientes no son de mi autoría, y pido disculpas a todos los que pudieron haberse confundido o malinterpretado por estas acciones malintencionadas".

Lamento profundamente informarles que mi cuenta fue hackeada. Los mensajes y publicaciones recientes no son de mi autoría, y pido disculpas a todos los que pudieron haberse confundido o malinterpretado por estas acciones malintencionadas.

Estoy tomando todas las medidas…

— José Luis Espert (@jlespert) March 20, 2025

En X muchos usuarios pusieron en duda el hackeo tanto por los factores de seguridad que conlleva la cuenta de Espert como por la rapidez en la que recuperó el acceso a la misma.

Además, recordaron una reciente denuncia del rapero Kanye West, quien contó que le habían ofrecido promocionar una memecoin a cambio de un pago millonario. Entre las condiciones contó que estaba que la publicación permanezca activa por varias horas para luego denunciar que su cuenta había sido vulnerada.

La fuerte represión a la protesta social del último miércoles, cuando la marcha de los jubilados fue respaldada por miles de personas, que decidieron acompañarlos tras la violencia desatada por la Policía una semana atrás contra ancianos y ancianas, generó la reacción y el posicionamiento de todo el arco político.

Desde el bloque del Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú difundieron un comunicado, en el que manifestaron “un enérgico y contundente repudio a la brutal represión sufrida por el pueblo argentino”.

“El uso del Estado para fulminar el derecho de protesta mediante la acción directa de fuerzas armadas y policiales implica la transgresión totalmente inadmisible de un límite al que este gobierno de ultraderecha y antiderechos nos pretende acostumbrar”, dice el documento enviado a EL ARGENTINO.

“Pero, por el contrario, la expresión popular de protesta, tal y como se pudo advertir el día de ayer, empieza a encontrarse en las calles bajo diferentes banderas e intereses populares. Trabajadores, jubilados, docentes, personas que se identifican por afinidades en sus clubes deportivos como forma de organización social, fueron víctimas de la represión de las fuerzas comandadas por la Ministra Bulrrich”, cuestionaron los concejales de la ciudad.

“Bajo la proclama de la defensa la libertad, concepto que abrazamos desde la mayoría de los espacios políticos, el gobierno de Javier Milei está desguazando nuestra democracia, fulminando nuestros derechos y aniquilando toda esperanza de vivir en un orden social verdaderamente justo, creando en su lugar, un nuevo orden social autoritario al extremo, donde los únicos beneficiados son sus socios comerciales, locales y extranjeros”, alertaron desde el espacio opositor. Asimismo, pidieron que la represión sea “investigada y enjuiciada” y sus responsables “condenados con todo el peso de la ley”.

“El Estado protege, siempre. Su única finalidad es el bien común. El uso de sus herramientas para criminalizar protestas legítimas y subyugar al pueblo es un delito. Defender el Estado de derecho y nuestra Constitución es un imperativo ético que no debe ser perdido de vista jamás por la diferencia de nuestras miradas ideológicas”, finaliza el documento.