La diputada provincial Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos) defendió el comunicado difundido por el bloque justicialista en el que se plantea la necesidad de analizar la situación de aquellos legisladores que, habiendo llegado a sus cargos por el peronismo, acompañen iniciativas impulsadas por el gobierno de Rogelio Frigerio que contradigan los principios históricos del espacio político.

En declaraciones a Radio Plaza, la legisladora sostuvo que el debate debe darse “con seriedad” y remarcó que el ejercicio de una banca implica una responsabilidad política que excede las decisiones individuales.

“Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de una banca no es solamente una decisión individual aislada. Cada situación que se presenta en la Legislatura tiene que ver con las posturas que defendemos como peronistas”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el planteo no busca imponer alineamientos automáticos ni impedir diferencias internas: “No se trata de imponer obediencias automáticas ni de negar matices. Incluso dentro del bloque hemos tenido distintas miradas y debates. Pero después logramos unificar criterios”.

La reforma previsional como punto de inflexión

Para Arrozogaray, el proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo provincial constituye un tema especialmente sensible que obliga a tomar definiciones políticas claras.

“Acá hay derechos vinculados con la salud, con la jubilación, con el trabajo y con la protección social. El problema no es discutir una reforma; el problema es ver si acompañamos, permitimos o facilitamos medidas que afectan esos derechos”, expresó.

La diputada señaló que el justicialismo está dispuesto a debatir cambios en el sistema previsional, pero rechazó que las soluciones pasen por ajustes sobre trabajadores y jubilados.

“Yo entiendo que hay que hacer un tratamiento de la reforma previsional y analizar cuál es la salida a esta situación. Lo que no compartimos es la salida que se está proponiendo. No estamos defendiendo privilegios; estamos defendiendo derechos previsionales construidos durante décadas por los aportes de quienes hoy son jubilados”, indicó.

Asimismo, consideró que cualquier modificación debe realizarse respetando principios constitucionales y criterios de justicia social.

“Las reformas pueden ser posibles, pero deben ser transparentes, socialmente justas y no pueden recaer sobre quienes trabajan”, remarcó.

Las dudas sobre el voto de Gladys Domínguez

Consultada sobre la posibilidad de que la senadora departamental de Feliciano, Gladys Domínguez, acompañe la iniciativa oficialista, Arrozogaray evitó realizar afirmaciones categóricas, aunque admitió que dentro del peronismo existe preocupación.

“Estamos hablando de supuestos y no lo puedo afirmar. Pero dentro de la línea que venimos observando, seguramente sea así”, manifestó.

La legisladora recordó que la senadora ya había generado tensiones dentro del espacio por su respaldo a la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), impulsada por el gobierno provincial.

“Cuando una persona ingresó bajo un lema peronista, hay cuestiones que para nosotros son inadmisibles. Podemos tener diferencias en muchos proyectos, pero cuando se trata de temas tan sensibles como la reforma previsional, hay una responsabilidad política que debe ser considerada”, sostuvo.

“No estamos hablando de expulsiones”

Finalmente, Arrozogaray aclaró que el comunicado difundido por el bloque no implica un pedido concreto de expulsión partidaria, sino la necesidad de abrir una discusión interna sobre la representación política de quienes ocupan cargos legislativos en nombre del peronismo.

“No estamos hablando de expulsión. Lo que se está diciendo es que una banca legislativa no es una decisión individual aislada y que hay que debatir qué pasa con la representación política cuando se actúa en contra de las grandes banderas del peronismo, que son la defensa de los trabajadores y de los sectores más vulnerables”, afirmó.

Y concluyó: “Ojalá que todo esto no ocurra y que finalmente haya un acompañamiento a la postura de rechazo a la reforma previsional. Pero hoy estamos discutiendo sobre supuestos que están instalados en la agenda pública y que generan preocupación en distintos sectores del peronismo”. Análisis

En declaraciones al canal de streaming Bolazo, la legisladora sostuvo que “para lograr una transformación real, y en eso coincidimos todos, tenemos que corrernos de los egocentrismos políticos y tener una madurez política de que hay cosas en las que no podemos volvernos a equivocar”.

En ese sentido, aseguró que el espacio trabaja “con mucha esperanza” y, de cara a las próximas elecciones municipales, fue contundente: “Martín Piaggio es el candidato natural del peronismo en Gualeguaychú”.

Además, contó que a comienzos de febrero mantuvieron un encuentro de trabajo en el que comenzaron a delinear la agenda del año, “pero con una propuesta real, en donde entendemos que estamos en un cambio de época, la sociedad no es la misma, y la política no puede seguir siendo la misma”.

Por último, la ex intendenta de Gualeguaychú destacó el liderazgo de Esteban Martín Piaggio: “Es un es un gran líder político y una de las cosas que mejor sabe manejar es el tiempo. Entendemos que él debería ser el candidato, porque más allá de un montón de situaciones que tengamos que corregir, de cara a la sociedad hemos marcado una forma de trabajar”.

Ingresó a la Legislatura Provincial un proyecto de Ley que plantea un cambio en la forma de comunicar la deuda pública de Entre Ríos. La iniciativa, denominada “Informe Ciudadano de Deuda Pública”, busca que cualquier vecino pueda comprender cuánto debe la Provincia y en qué se utilizan esos recursos.

La propuesta lleva la firma de la diputada Andrea Zoff (PJ) y cuenta con el respaldo de los legisladores Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, Silvina Deccó, Silvia Moreno y Yari Seyler. El texto establece que la información deberá presentarse de manera didáctica, con lenguaje coloquial y evitando tecnicismos innecesarios, garantizando acceso claro y permanente a los datos.

Uno de los puntos más innovadores es la creación de un “Indicador Ciudadano de Sostenibilidad”, que se mostrará mediante un sistema visual tipo “semáforo”. Este recurso permitirá identificar de manera sencilla distintos niveles de sostenibilidad del endeudamiento público. Además, la Contaduría General deberá calcular e informar la “deuda pública por habitante”, para que cada ciudadano pueda visualizar el impacto del stock de deuda en relación con la población y su evolución histórica.

El proyecto también exige la creación de un “Tablero ciudadano de inversiones”, un mapa interactivo que muestre qué obras o programas se financian con crédito y el estado de ejecución de cada uno. De esta manera, se busca transparentar no solo los números, sino también el destino de los fondos.

Otro aspecto relevante es la obligación de realizar una “reconstrucción histórica de la deuda pública”, que deberá remontarse al menos hasta 1991. Esta base de datos se actualizará trimestralmente y estará disponible en un portal digital de acceso libre.

En los fundamentos, Zoff argumenta que la información contable existente suele ser compleja y especializada, lo que dificulta el control ciudadano. “La disponibilidad de información clara y accesible contribuye a fortalecer tanto el control institucional como el control ciudadano sobre las decisiones financieras del Estado”, sostiene la autora, quien enfatiza que la transparencia debe dejar de ser una opción de gestión para convertirse en un derecho ciudadano inalienable.

“Nos vamos mucho más preocupados de lo que estábamos. Vemos un gobernador que intenta dar un relato al parecido al de hace un año, falaz e inconsistente. Cuando asumió no había una sola obra paralizada, se pararon todas después. Habla de supuestas deudas que eran dos meses normales de certificación. Hay que dejarse ayuda, ser responsable y no amplificar un relato que está plagado de situaciones que no se verifican en la realidad”. Adán Bahl (Senador Nacional)

“No se puede gobernar con anuncios repetidos mientras la realidad de los entrerrianos empeora. Escuchamos una extensa enumeración de acciones que en muchos casos ya fueron anunciadas en aperturas anteriores y que otra vez se presentan con tono fundacional. Pero no hay nada realmente nuevo que mostrar. Y cuando uno recorre la provincia encuentra otra cosa como por ejemplo caída del poder adquisitivo, dificultades en pymes, cierre de comercios, freno de la producción y servicios públicos que no mejoran en la proporción que se anuncia”. Lorena Arrozogaray (Diputada Provincial)

“Me voy decepcionado, se apela al mismo discurso que se sostuvo las dos oportunidades pasadas. Pretextos, excusas y pocas definiciones concretas de lo poco que se ha hecho. Cuando dejamos la provincia había cuentas ordenadas, no había obra pública paralizada, los salarios le ganaban a la inflación y había paz social Hoy todos los indicadores son negativos, está cayendo el empleo, cierran pymes, se pierden derechos. El discurso de hoy fue una ficción”. Gustavo Bordet (Diputado Nacional y ex Gobernador)

“La realidad es difícil, compleja. Hay ajuste y recesión y así vive la provincia. La Reforma Previsional no es un tema que no deba debatirse, vamos a participar y acompañar una reforma equitativa, gradual y exigiendo las compensaciones a Nación que nos corresponden”. Víctor Sanzberro (Senador Provincial)

“Está mirando una provincia que no tiene nada que ver con la agenda de los entrerrianos. No hay ningún índice que mejore, el empleo privado cayó, al igual que los niveles de actividad de las economías regionales. Nada en la economía de los hogares está mejor, pero el gobernador describió otra provincia”. Juan José Bahillo (Diputado Provincial)

“El discurso es un relato de ficción para tapar el déficit de gestión en materia vial, de obra pública y educación. Más allá de lo que diga el Gobernador, lo importante es lo que hace, y en función a lo que hace, lo que ya estamos hablando es de la pesada herencia de Frigerio”. Guillermo Michel (Diputado Nacional)

La diputada provincial Lorena Arrozogaray y legisladores coautores presentaron un pedido de informes sobre la obra social OSER para que se brinden explicaciones sobre decisiones administrativas y financieras vinculadas al control del gasto y al uso de fondos públicos, alertando sobre posibles irregularidades en la gestión.

La diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó en la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de informes a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para que brinde explicaciones detalladas sobre decisiones administrativas y financieras que podrían haber afectado la transparencia y el correcto uso de recursos públicos. Este pedido cuenta con la coautoría de sus pares Ávila, Castrillón, Cresto, Deccó, Moreno, Stratta y Zoff.

El pedido solicita información precisa sobre pagos autorizados sin certificado de libre deuda de ATER, reestructuraciones en el área de Control del Gasto, el desplazamiento de personal técnico especializado, contratos de locación abonados, auditorías internas realizadas y el impacto económico de juicios iniciados contra la obra social.

“OSER administra fondos públicos y tiene la obligación legal de hacerlo con eficiencia, transparencia y control.

Cuando se debilitan los mecanismos internos o se toman decisiones arbitrarias, no sólo se pone en riesgo el patrimonio del Estado, sino también el acceso efectivo a la salud de miles de entrerrianos”, sostuvo Arrozogaray.

En los fundamentos del pedido se advierte sobre posibles desvíos de poder, falta de controles adecuados y eventuales responsabilidades de los funcionarios intervinientes, por lo que se requiere además documentación respaldatoria, actas de directorio e informes de los organismos de control.

Desde el bloque “Más para Entre Ríos”, los legisladores señalaron que el objetivo del pedido de informes es ejercer una función constitucional indelegable de control, garantizar reglas claras en la administración pública y evitar cualquier daño patrimonial que termine pagando la sociedad entrerriana.

“El acceso a la salud y la correcta gestión de la obra social no pueden quedar librados a decisiones discrecionales. Transparencia, control y responsabilidad son condiciones básicas para fortalecer lo público”, concluyó la diputada.

Este sábado, el diputado Carlos Damasco se reunió con el gremio. Un dato: Del total de la planta docente en el nivel superior el porcentaje de titulares no llega al 1% en Gualeguaychú.

El pasado viernes 28 de noviembre, los Institutos de Formación Docente de la provincia de Entre Ríos recibieron un comunicado a través del correo institucional, en el cual se anunciaba la restructuración de las carreras de formación: respeto a las Tecnicaturas superiores, se definió que las que solicitaron continuidad la obtendrán por una cohorte. Además, se comunicaron diversas definiciones, tanto para los Profesorados con horas de planta permanente como para los Profesorados con horas de planta temporaria, al tiempo que se notificaron cuestiones referentes al proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026.

Además, se convocó a todos los rectores para la presentación del Diagnóstico de Necesidades Docentes por Carrera y Departamento, brindado a través de un Meet por Eugenio Medrano, quien es director de Educación Superior del Consejo General de Educación (CGE) y por Melanie Migel, referente de Planificación.

Luego de esta reunión los docentes y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se pusieron en alerta ante los posibles cambios. Según comunicó el gremio, en ese encuentro, entre otras cosas, se remarcó que el CGE tiene la potestad de disponer de las horas de planta temporaria y permanente a discreción (o sea, de las horas docentes). Además, se dieron a conocer los puntos del trabajo presentado como “Planificación responsable” de la oferta educativa del nivel superior.

A partir de esta instancia, la principal inquietud de los docentes se centra en el impacto inminente de estas medidas en la oferta educativa de la provincia. La docencia entiende que los lineamientos presentados podrían generar graves pérdidas en las oportunidades de formación para la población entrerriana.

En este sentido, desde Agmer marcaron dos puntos principales: por un lado, el riesgo de cierre de carreras. “Existe una seria preocupación por la continuidad de las carreras de formación docente y técnico-profesionales. De concretarse, esta reducción atentaría directamente contra las posibilidades presentes y futuras de capacitación de formación de jóvenes y adultos del Departamento Gualeguaychú y de toda la provincia”, expresaron mediante un documento al que accedió EL ARGENTINO. Por otro lado, marcaron el posible impacto laboral y la precarización: “Estas decisiones afectarán sustancialmente las trayectorias laborales y la estabilidad de docentes y equipos institucionales que se encuentran altamente capacitados. Esto profundizaría la inestabilidad y precarización laboral en todos los niveles del sistema educativo”.

Precarización docente

Durante las semanas precedentes se llevaron a cabo diversas manifestaciones de docentes en distintos puntos de la provincia, para visibilizar sus condiciones de trabajo. En Gualeguaychú hubo manifestación de Agmer y volanteada en el centro de la ciudad. Además, el lunes pasado, desde el bloque del PJ habían realizado un pedido de informes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en el que solicitaron diversa información sobre el sector y sobre los planes del gobierno para el futuro inmediato.

En este sentido, como antes lo habían hecho con los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray y el diputado nacional Guillermo Michel, la dirigencia de Agmer recibió este sábado al diputado por La Libertad Entre Ríos, Carlos Damasco, quien había adherido al pedido de informes del PJ y les ratificó su acompañamiento.

“Habían dicho que los institutos de nivel superior no iban a cerrar, pero tampoco son claras las respuestas en cuanto a qué va a pasar en el 2026 y el 2027. Supuestamente, abren por una cohorte, después salieron a decir que los docentes titulares tienen garantizado el trabajo, pero, claro, son una minoría de menos del 5% de la planta del nivel superior en Entre Ríos”, cuestionaron desde Agmer, en diálogo con EL ARGENTINO.

De la reunión con Damasco también participaron estudiantes, que plantearon diversas situaciones problemáticas, como por ejemplo en la Tecnicatura en Bibliotecología, donde, al no poder recursar materias, terminan dejando la carrera. “Esto es una clara muestra de lo que implica que una carrera sea a término o que se llame por una sola corte”, argumentaron desde el gremio docente mayoritario en la provincia.

Por otro lado, respecto a la falta de titularización docente, proceso que quedó suspendido desde el 2008, un dato del Instituto Superior María Inés Elizalde (IES) de Gualeguaychú (que ofrece los profesorados de Educación Secundaria en Biología, Ciencia Política, Física, Geografía, Ciencia Política, Matemática y Química, además de la Tecnicatura Superior en Enfermería) es revelador: de sus 144 docentes, sólo seis son titulares.

“Si bien el gobierno salió a decir que no se van a cerrar los institutos, sí anunciaron cohortes únicas, que sabemos que después no se vuelven a abrir. Y, en el caso de que no cierren los institutos, ¿qué carreras continúan? ¿cuáles no? ¿qué continuidad van a tener esas carreras? ¿Cuál es el criterio pedagógico que tienen en cuenta para tomar estas medidas? ¿Por qué se cierran las inscripciones en octubre? Los términos déficit y superávit, ¿a qué aspecto de la política educativa refieren?, Nada de eso está claro”, cuestionaron desde Agmer.

La diputada Lorena Arrozogaray, del bloque peronista en la Cámara baja entrerriana, presentó un pedido de informe para que el Poder Ejecutivo detalle el “listado completo, actualizado al ciclo 2024–2025, de todas las carreras terciarias de formación docente y tecnicaturas dependientes del Consejo General de Educación (CGE), discriminando: localidad, instituto, carrera y estado actual (activa / cerrada / sin inscripción / con cohorte a término)”.

Asimismo, solicitó que “en relación con las carreras cuya inscripción fue cerrada, limitada o suspendida durante los ciclos 2024 o 2025” se informe: “a) fecha de la decisión; b) motivos oficiales; c) actas, resoluciones o comunicaciones administrativas que respalden dicha decisión; d) matrícula estudiantil de cada carrera en los últimos cinco (5) años (2021–2025), discriminada por cohorte y por año de cursada; e) situación de la planta docente, detallando cantidad de docentes por carrera, condición laboral (titular, interino, suplente, contratado, a término) y previsión del CGE sobre su continuidad en caso de cierre o suspensión de carreras; e infraestructura disponible en cada instituto: a) si cuenta con edificio propio o comparte sede con instituciones de otros niveles; b) estado edilicio; c) partidas presupuestarias asignadas durante 2024 y 2025”.

En el texto se señaló que “dado que la formación docente constituye un pilar estratégico para el sistema educativo, y considerando la gravedad y urgencia de los hechos denunciados, resulta indispensable que esta Honorable Cámara requiera información oficial, exhaustiva y detallada sobre el estado real de la oferta terciaria provincial, los criterios para la toma de decisiones y las garantías previstas para estudiantes y trabajadores”.

Criterios oficiales

El pedido, acompañado por las diputadas y diputados Silvia Ávila, Silvina Deccó, Silvia Moreno, Andrea Zoff, Laura Stratta, Yari Seyler y Juan Bahillo, también instó a que se precisen los “criterios oficiales utilizados para decidir la continuidad, cierre o apertura de carreras: umbrales mínimos de matrícula, indicadores pedagógicos, parámetros presupuestarios u otros criterios técnicos”, así como el “plan de continuidad para estudiantes: medidas adoptadas para garantizar que quienes iniciaron una carrera puedan completarla, incluyendo equivalencias, traslados, reubicaciones o aperturas extraordinarias de cohorte”.

Además, se requirió información sobre la “evaluación provincial del impacto que los cierres o suspensiones de carreras podrían generar en la disponibilidad futura de docentes de nivel secundario en cada región de la provincia”.

Arrozogaray explicó que “durante este año 2025 se ha hecho pública una situación de creciente preocupación respecto al estado de la formación docente en Entre Ríos, que afecta tanto a estudiantes como a docentes y comunidades enteras. Diversas fuentes han documentado recortes, cierres de carreras, falta de infraestructura, precariedad laboral docente y una tendencia a consolidar el sistema de ‘carreras a término’, sin garantía de continuidad”.

Posibles riesgos

La legisladora sostuvo que “estas decisiones ponen en riesgo la continuidad pedagógica, la estabilidad laboral y la capacidad del sistema educativo provincial para abastecerse de docentes formados, especialmente en zonas del interior, donde la oferta pública de educación superior es una herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades”.

Finalmente, advirtió que “la información disponible sugiere que el criterio predominante estaría vinculado a decisiones presupuestarias y a evaluaciones de matrícula no transparentadas, lo cual agrava la incertidumbre. Docentes y estudiantes señalan que la política educativa actual no asegura ni previsibilidad ni estabilidad, y que la falta de explicaciones oficiales profundiza el malestar social”.

Frente a los constantes incrementos de combustibles aplicados sin anticipación, un proyecto de la diputada de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray, establece que las empresas proveedoras y las estaciones de servicio deberán comunicar cualquier suba con 72 horas de antelación y difundirla públicamente 48 horas antes de su aplicación.

La iniciativa busca otorgar previsibilidad a las familias entrerrianas y aplicar sanciones firmes a quienes incumplan estas obligaciones en Entre Ríos. El proyecto de la legisladora justicialista se enmarca en un debate que también se viene dando en otras jurisdicciones del país, donde se han impulsado propuestas orientadas a restablecer mecanismos de previsibilidad en los precios de los combustibles. La propuesta busca trasladar esa lógica al ámbito provincial, garantizando mayor transparencia, anticipación y control frente a incrementos sorpresivos.

El texto establece que todas las empresas proveedoras y estaciones de servicio deberán informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos. La iniciativa surge como respuesta al nuevo escenario generado tras la derogación del régimen nacional que exigía informar en tiempo real los cambios de precios, una medida que dejó a consumidores y usuarios sin herramientas básicas para organizar sus gastos.

Además, la propuesta incorpora la obligación de que las estaciones de servicio exhiban cartelería visible e informen mediante sus canales digitales con al menos 48 horas de anticipación. Este mecanismo busca garantizar que la información sea clara, accesible y llegue a los usuarios antes de que los incrementos se apliquen efectivamente.

El proyecto contempla también un régimen sancionatorio expresado en litros de nafta súper, lo que permite actualizar automáticamente el valor de las multas frente al proceso inflacionario. Para las empresas abastecedoras, las sanciones irán del equivalente a 5.000 a 150.000 litros, pudiendo llegar a la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia. Para los expendedores, las multas oscilarán entre 100 y 500 litros.

Arrozogaray fundamentó la iniciativa en la necesidad de devolver previsibilidad a la ciudadanía frente a un insumo esencial cuya variación de precios impacta directamente en la movilidad, la producción y la economía cotidiana. En ese sentido, sostuvo que la derogación de la obligación de informar en tiempo real generó un vacío que “dejó a los usuarios sin herramientas básicas para anticipar gastos y planificar su consumo”.

El proyecto se apoya también en el derecho constitucional a recibir información adecuada y veraz (art. 42 de la Constitución Nacional), y apunta a corregir la asimetría informativa entre quienes fijan los precios y quienes dependen de ellos diariamente. Página Política

Los diputados provinciales Carlos Damasco, de La Libertad Entre Ríos, como autor; y sus pares, Lorena Arrozogaray, de Más para Entre Rios; Liliana Salinas, del Partido Conservador Popular; y Juan Rossi y Mauro Godein, de la Alianza Juntos por Entre Ríos, como coautores, impulsan un proyecto de ley que tiene por objeto crear “el programa ‘Camino Turístico Verde’ sobre la Ruta Nacional 14 José Gervasio Artigas, y desde el kilómetro 112 al kilómetro 144,5 de la Ruta Nacional 12 David Della Chiesa, con el objetivo de promover el turismo sostenible, la conservación ambiental y la revalorización cultural y paisajística en los tramos de la Ruta Nacional 14 que atraviesan la provincia de Entre Ríos”.

El alcance del proyecto se ciñe a abarcar “los sectores de la Ruta Nacional 12 y 14 dentro de la jurisdicción provincial, incluyendo accesos a localidades, áreas naturales protegidas y emprendimientos turísticos”.

Estudios técnicos y planificación

En los fundamentos se sostuvo que “el presente proyecto de ley tiene por objeto realizar los estudios técnicos de planificación y ejecución de la obra denominada Camino Turístico Verde sobre la Ruta Nacional N° 14 que une el Departamento Islas del Ibicuy: Ceibas (kilómetro 0); Departamento Gualeguaychú: acceso a Gualeguaychú por RP 16 (km 56), calle Urquiza (km 59) y RP 20 (km 72); Departamento Uruguay: acceso a Concepción del Uruguay (km 125); Departamento Colón: accesos a Colón (Ruta Nacional 135) (km 151), San José (km 156) y Villa Elisa (Ruta Nacional 130) (km 163); Departamento Concordia: acceso a Concordia (km 253); Departamento Federación: acceso a Federación (km 296) y Chajarí (km 329)”.

Se destacó que “la Ruta Nacional 14 es un corredor estratégico para el turismo regional y la conexión con el Mercosur. Existe una creciente demanda de turismo sostenible, respetuoso del ambiente y promotor de la cultura local”. También se indicó que “la provincia de Entre Ríos posee recursos naturales, culturales y paisajísticos que pueden valorizarse mediante un programa de infraestructura turística verde”.

Los diputados consideraron que “este proyecto busca coordinar esfuerzos con la Nación y los municipios, garantizando seguridad vial y preservación ambiental, al tiempo que fomenta el desarrollo económico local, nos brindaría la posibilidad de generar un itinerario o incluso un circuito turístico que nos permitirá recorrer sobre una geografía variable descubrir y apreciar la belleza natural, los productos, la historia y la cultura de los pobladores del lugar”.

También se destacó que “hoy en día, además de esas actividades, el turismo cobra una gran importancia y el uso residencial del suelo tiene un creciente desarrollo. Dotando a este camino de infraestructura adecuada para su transitabilidad, con sus correspondientes señalizaciones, y la correspondiente publicidad se logrará el objetivo primordial de promoverlo como un atractivo más turístico de la zona, convirtiéndolo en un hermoso circuito recreativo que les dará a las localidades existentes en la zona la posibilidad de reactivar sus economías regionales”.

Los legisladores destacaron la importancia de plantar árboles nativos porque entendieron que es “la base científica y como respuesta al calentamiento global es plantar especies nativas y sostener la biodiversidad. ‘Veintidós árboles aportan el oxígeno que una persona necesita a lo largo de su vida’, señalan los especialistas, y agregan un dato de impacto global: ‘Si plantamos árboles nativos, evitamos 10 centímetros del crecimiento del agua de los mares’”.

Finalmente se destacó que el “proyecto tiene por finalidad generar un turismo sostenible, protección del ambiente y la biodiversidad, promoviendo lugares y sectores que servirán de corredores biológicos de insectos, de mamíferos, de roedores, de anfibios, entre los cursos de agua y con esa intención de hacer forestación nativa en toda la vera de las rutas mencionadas”. (Fuente: APFDgital)

La iniciativa busca otorgar previsibilidad a las familias entrerrianas y aplicar sanciones firmes a quienes incumplan estas obligaciones en la provincia de Entre Ríos.

La iniciativa de la diputada provincial Lorena Arrozogaray que tiene como coautores a sus compañeros de bloque: Mariel Silvia Ávila, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Silvina Deccó, Silvia Moreno, Yari Seyler, se enmarca en un debate que también se viene dando en otras jurisdicciones del país, donde se han impulsado propuestas orientadas a restablecer mecanismos de previsibilidad en los precios de los combustibles. La propuesta busca trasladar esa lógica al ámbito provincial, garantizando mayor transparencia, anticipación y control frente a incrementos sorpresivos.

El proyecto establece que todas las empresas proveedoras y estaciones de servicio deberán informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos. La iniciativa surge como respuesta al nuevo escenario generado tras la derogación del régimen nacional que exigía informar en tiempo real los cambios de precios, una medida que dejó a consumidores y usuarios sin herramientas básicas para organizar sus gastos.

Además, la propuesta incorpora la obligación de que las estaciones de servicio exhiban cartelería visible e informen mediante sus canales digitales con al menos 48 horas de anticipación. Este mecanismo busca garantizar que la información sea clara, accesible y llegue a los usuarios antes de que los incrementos se apliquen efectivamente.

El proyecto contempla también un régimen sancionatorio expresado en litros de nafta súper, lo que permite actualizar automáticamente el valor de las multas frente al proceso inflacionario. Para las empresas abastecedoras, las sanciones irán del equivalente a 5.000 a 150.000 litros, pudiendo llegar a la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia. Para los expendedores, las multas oscilarán entre 100 y 500 litros.

Puntos clave del proyecto -Información previa a la Autoridad de Aplicación: comunicación obligatoria 72 horas antes de aplicar un aumento. -Publicidad en estaciones de servicio: cartelería y difusión digital con 48 horas de

anticipación. -Régimen sancionatorio: multas actualizables por litro de nafta súper; sanciones severas en caso de reincidencia. -Actualización automática: el uso de litros como unidad de cálculo evita el desfase por inflación.

Arrozogaray fundamentó la iniciativa en la necesidad de devolver previsibilidad a la ciudadanía frente a un insumo esencial cuya variación de precios impacta directamente en la movilidad, la producción y la economía cotidiana. En ese sentido, sostuvo que la derogación de la obligación de informar en tiempo real generó un vacío que “dejó a los usuarios sin herramientas básicas para anticipar gastos y planificar su consumo”.

El proyecto se apoya también en el derecho constitucional a recibir información adecuada y veraz (art. 42 de la Constitución Nacional), y apunta a corregir la asimetría informativa entre quienes fijan los precios y quienes dependen de ellos diariamente.

Si bien la propuesta no interviene en la política de precios, sino que establece reglas de comunicación y transparencia, algunas voces del sector empresarial expresaron que una exigencia de aviso previo podría generar tensiones en la cadena de abastecimiento o alterar la dinámica competitiva. La diputada desestimó estas preocupaciones, señalando que las medidas propuestas “no afectan la operación comercial, sino que establecen condiciones mínimas de previsibilidad para las familias entrerrianas”.

El proyecto comenzará su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde se debatirá su contenido y se evaluará su dictamen antes de su eventual tratamiento en el recinto.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos recibió un pedido de informe impulsado por el legislador de La Libertad Avanza, Carlos Damasco, para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre la aplicación de la Ley N° 9393, que regula la instalación y funcionamiento de las grandes superficies comerciales.

El planteo, acompañado por las diputadas Liliana Salinas, Lorena Arrozogaray y Mariel Ávila, se fundamenta en versiones que indican que determinadas cadenas de supermercados mayoristas estarían realizando ventas minoristas sin contar con la habilitación correspondiente, lo que podría contravenir el espíritu de la norma.

Amparado en el artículo 117 de la Constitución Provincial, el pedido solicita un informe exhaustivo que incluya: la nómina de establecimientos habilitados bajo el régimen de grandes superficies en los últimos 20 meses, los controles efectuados, los sumarios o sanciones aplicadas, y las denuncias formales por infracciones a la ley.

El documento también requiere información sobre las reglamentaciones complementarias que el Ejecutivo haya emitido para la aplicación del régimen y, de manera particular, consulta si en la ciudad de Concordia se autorizó a una empresa mayorista a realizar ventas al por menor. En ese sentido, Damasco pidió que se precise si la Dirección de Comercio Interior llevó a cabo audiencias en los últimos 60 días, quiénes participaron y cuáles fueron sus resultados.

La iniciativa surge en medio de la polémica generada por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), que cuestionó la habilitación a la cadena Maxiconsumo para vender al público minorista, argumentando que ese tipo de excepciones “rompen la competencia leal” con los comercios locales.

Ante versiones y evidencias de que determinadas cadenas de supermercados mayoristas estarían realizando ventas minoristas sin la debida habilitación, es deber de esta Legislatura solicitar la información pertinente al Poder Ejecutivo, a fin de esclarecer la situación, garantizar el cumplimiento de la ley y defender la competencia justa.

El pedido de informe será analizado por la Comisión de Comercio de la Cámara Baja, y si resulta aprobado, el Ejecutivo deberá remitir la documentación solicitada en los plazos previstos por ley.

Con este planteo, la discusión sobre el cumplimiento de la Ley 9393 vuelve al centro del debate económico provincial, en un contexto de reclamos por controles más estrictos a las grandes superficies y por una mayor protección al comercio minorista entrerriano.

La iniciativa, que busca reforzar las sanciones a quienes incumplen con el deber de aportar alimentos a sus hijos e hijas, incorporó modificaciones consensuadas que mejoran su futura implementación y garantizan una regulación más clara y efectiva. Se espera que el proyecto alcance media sanción en los próximos quince días.

“Si alguien elige no cumplir con su obligación más elemental, que es la de sostener a sus hijos, no puede después destinar recursos a entradas de espectáculos o apuestas en un casino. La responsabilidad parental debe estar por encima de cualquier gasto superfluo”, afirmó Arrozogaray.

El texto propone dos nuevas restricciones para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios: -Prohibición de ingreso a espectáculos culturales y deportivos pagos. -Restricción de acceso a salas de juego y casinos de la provincia.

Estas medidas complementan las sanciones ya vigentes, que impiden a los deudores ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos. Además, el proyecto establece que los municipios adheridos deberán informar a los organizadores de eventos sobre esta prohibición, y que el IAFAS, junto con el Registro de Deudores, definirá los mecanismos de control en las salas de juego.

Arrozogaray subrayó que el objetivo es construir un marco legal más firme que visibilice la responsabilidad parental y evite que los recursos se destinen a actividades recreativas mientras se incumplen obligaciones esenciales.

“Queremos enviar un mensaje claro: el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos debe ser prioridad. Con esta ley, fortalecemos herramientas para garantizarlo”, destacó la legisladora.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Entre Ríos emitió este martes dictamen favorable al proyecto de ley que propone prohibir el ingreso a espectáculos culturales y deportivos a toda persona registrada como deudora alimentaria. La iniciativa, presentada por la diputada Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), apunta a reforzar el cumplimiento de las obligaciones familiares y visibilizar la responsabilidad parental.

El texto del artículo 1° establece que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la provincia, para los que sea necesario abonar entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios”.

De aprobarse la norma, los municipios que adhieran a la ley deberán notificar a los organizadores de los eventos para que soliciten la información correspondiente al registro. De este modo, los incumplidores quedarían excluidos no solo de la posibilidad de participar en espectáculos, sino también de otras actividades ya restringidas por la legislación vigente, como ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos.

“Esta incorporación busca visibilizar la responsabilidad parental, evitando que las personas que incumplen con esta obligación puedan acceder a gastos superfluos en actividades recreativas”, explicó Arrozogaray al fundamentar la propuesta.

El proyecto forma parte de una agenda que promueve medidas más estrictas contra los deudores alimentarios, en consonancia con las políticas de protección integral de la niñez y la adolescencia. En las próximas sesiones, la iniciativa será tratada en el recinto, donde cuenta con amplias posibilidades de ser aprobada por consenso.

La caminata de cierre de campaña de Fuerza Entre Ríos reunió a militantes y vecinos que acompañaron al candidato a diputado nacional Guillermo Michel, junto a la docente Belén Biré, al exintendente Martín Piaggio, Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray. Entre cantos, bombos y banderas, el mensaje común fue el llamado a “defender los derechos conquistados” y “no resignar la esperanza”.

La primera en tomar la palabra fue la candidata Belén Biré, quien agradeció el acompañamiento de la militancia y reflexionó sobre el contexto actual. Expresó que “estos son tiempos muy duros para los laburantes, las mujeres, los jubilados, las personas con discapacidad y nuestras infancias. Quienes nos gobiernan a nivel nacional y provincial han arremetido contra nuestros derechos, nos han precarizado y vulnerado. Pero a pesar de todo eso, seguimos militando con amor y con alegría, porque eso no nos lo pudieron robar”, expresó.

Biré convocó a redoblar los esfuerzos en los días previos a las elecciones: “Necesitamos en el Congreso peronistas que defiendan nuestros derechos. Tenemos que devolverle a nuestro pueblo la dignidad, la alegría y la heladera llena que solo los peronistas podemos garantizar”.

Luego fue el turno del exintendente Martín Piaggio, quien resaltó la importancia de sostener los valores y principios del movimiento: “Queremos seguir levantando la voz por una comunidad donde todos estén incluidos. No bajemos las banderas ni resignemos nuestros principios. Los avances cuestan mucho y los retrocesos pueden llegar en pocos días. Por todos los que hoy la están pasando mal, seguimos soñando con un país mejor y más justo”.

Piaggio destacó además el trabajo de los candidatos de Fuerza Entre Ríos: “Han estado todo este tiempo poniendo la cara, hablando con la gente, llevando un mensaje de optimismo ante un pueblo cansado de escuchar solo pálidas. Este domingo tenemos la oportunidad de renovar la esperanza y conquistar un futuro mejor”.

Finalmente, el candidato a diputado nacional Guillermo Michel centró su discurso en la situación económica y social del país. “El miércoles pasado, en una reunión con docentes y estudiantes, una maestra me dijo: ‘¿Qué carajo es el SWAP? Yo llego al día 15 y para mí ya es fin de mes. Me endeudo con la tarjeta para comer’. Ese testimonio refleja lo que pasa en miles de hogares. Este modelo económico va a implosionar por el sobreendeudamiento de las familias. Las familias se endeudan con dos o tres tarjetas y terminan recurriendo a un usurero para pagar las cuentas”.

“El modelo de Milei no sólo trae un problema económico, sino que es un modelo social sin clase media, sin salud, sin educación, sin industria. Anoche lo tratamos de graficar llevando esos cajones de naranja, que era un absurdo, pero para que la gente entienda, Argentina está importando alimentos, van por la destrucción de la industria. ¿Para qué? Porque quieren un país donde el 10% viva bien, producto de determinadas industrias, y el resto quede afuera. Ese es el modelo de país que está en juego en esta elección”, cerró Michel.

Luego de una reunión que Guillermo Michel, Adán Bahl, Andrés Sabella y Belén Biré, mantuvieron en Pueblo Belgrano durante la tarde del martes con integrantes del justicialismo, por la noche se realizó un encuentro en la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra) en Gualeguaychú, donde estuvo presente el ex intendente Esteban Martín Piaggio y quien fue su responsable de cooperativas durante su gestión, Mauricio Weber. También participaron los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray.

Adán Bahl, el candidato a Senador Nacional, resaltó “la necesidad de recuperar un modelo de desarrollo productivo que contemple a los trabajadores y a los sectores que impulsan la economía local”. “No es posible que el país salga adelante solo con recorte; ningún país se desarrolla únicamente ajustando. Se sale adelante con crecimiento económico y generando trabajo”, aseveró.

Por su parte, el candidato a diputado nacional Guillermo Michel subrayó la trascendencia de las próximas elecciones: “Esta elección es fundamental para ponerle un freno a Milei. Si continúa este modelo económico, lo que nos espera es la desaparición de la clase media”.

En ese sentido, manifestó que “para nuestro espacio político es prioridad defender la producción nacional y proteger a los sectores que hoy están siendo duramente golpeados por las políticas de ajuste”.

Finalmente, el ex intendente Esteban Martín Piaggio planteó que la disputa actual “no es sólo por un modelo económico, sino también por un esquema de valores: la solidaridad, la empatía y el acompañamiento al otro, que son los valores de nuestro movimiento y de nuestra identidad, y que este gobierno constantemente denosta”. Con información de Página Política

Un proyecto de ley que ingresó ese jueves en la Cámara de Diputados propone que se limite el ingreso al empleo público a personas que estén registrados como deudores alimentarios o cuentes con antecedentes por violencia de género.

El artículo 1º del proyecto de la diputada Lorena Arrozogaray, de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, proponen que se incorpore “el Inciso ‘i’ y el Inciso ‘j’ al Artículo 8º de la Ley Nº5.143 ‘Estatuto del Empleado Judicial’, los que quedarán redactados de la siguiente manera: i) Quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre Ríos. j). Quienes registren antecedentes de denuncias por violencia de género en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de la Provincia de Entre Ríos (Rejucav)”.

Fundamentos

La legisladora sostuvo que “la ley Provincial Nº 5143 sancionada en el año 1973, regula el régimen de ingreso y permanencia del personal jerárquico, personal técnico administrativo y personal obrero, de maestranza y servicios del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos. Sin perjuicio de las condiciones para el ingreso que allí se establecen, con el correr de los años se han generado situaciones sociales que han obligado a incorporar legislación específica direccionada hacia un cambio de cultura, sobre todo en el género masculino”.

Entre los objetos de la propuesta está “limitar el acceso al empleo en el sector público que casualmente debería ser ejemplificatorio de las buenas conductas sociales. Con el objetivo de visibilizar este flagelo social y contribuir a su erradicación y deslegitimación en nuestra sociedad, se propone agregar dos incisos al Artículo 8º del Estatuto del Empleado Judicial de la Provincia de Entre Ríos.

El primero de ellos, en búsqueda de que estén impedidas a acceder al empleo, aquellas personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios, al menos hasta que cese esa situación. A saber, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por Ley 9424 (posterior al Estatuto que se intenta modificar) y reglamentado por Decreto Nº 4967 funciona en el área de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, dependiente de la Secretaría de Justicia - Ministerio de Seguridad y Justicia”. (Fuente: APFDigital)

Belén Biré, candidata a diputada nacional, trazó un diagnóstico de la situación que actualmente atraviesan las mujeres y las familias en relación “al endeudamiento y a la dificultad para administrar económicamente un hogar, ya sea con un trabajo asalariado o no, porque tenemos la problemática de mujeres trabajadoras que cobran su salario y a los dos o tres días ya no tienen más dinero para lo que resta del mes”.

Por otro lado, se refirió a la problemática de la violencia de género sosteniendo que “estamos ante un Estado absolutamente retirado del cuidado de las personas con el desfinanciamiento de programas y desde un lugar discursivo que pareciera cada día se redobla en términos de violencia. Y esa violencia que se transmite desde el gobierno nacional luego se traspola a la sociedad”.

Adriana Meza Torres, actual intendenta de Los Conquistadores y candidata a senadora nacional, señaló que “en la municipalidad atienden todos los días a mujeres en situaciones muy difíciles ya que no alcanzan a fin de mes, o se quedaron en la calle porque no pueden pagar el alquiler, y a veces se trata de mamás solteras”.

En ese sentido, relató que “estamos haciendo viviendas sociales justamente para este tipo de familias que no pueden acceder al crédito o que no pueden inscribirse a una vivienda del IAPV”.

Por su parte, Fabiana Leiva, indicó que: “Tenemos comedores que están cerrando y hay mujeres que en las diferentes ciudades con muchísimo esfuerzo siguen poniendo su granito de arena para que muchos chicos, que a veces es la única comida que tienen en el día, puedan concurrir. Diferentes centros de integración comunitaria en los municipios que daban de comer también a los niños, cerraron su aporte alimenticio. Y eso no es más que pobreza y desnutrición. Duele y mucho”.

Asimismo, manifestó que “el plan Sumar, la entrega de leche en los dos primeros años y los programas de salud sexual y reproductiva eran realmente políticas de Estado que se venían manteniendo desde hacía muchos años, y ahora estamos viendo que las mujeres vulnerables ya no tienen acceso”. “Hay una desprotección total”, expresó.

Marianela Marclay remarcó la situación de las familias que “compran la comida con tarjeta de crédito, después van al banco y sacan un crédito o van al prestamista”. “Vamos a tener que ver cómo las ayudamos”, planteó.

Los candidatos Guillermo Michel y Adán Bahl acompañaron y destacaron la importancia de la jornada para visibilizar quiénes son los que terminan pagando el ajuste que son las mujeres, las personas con discapacidad, los abuelos, la educación pública, así como para generar propuestas y proyectos para revertir la desigualdad.

El miércoles 3 de septiembre, en la Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia, los legisladores continuarán el análisis del proyecto de ley que propone incorporar “el artículo 12 bis a la Ley N.º 9424 de Creación del Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Entre Ríos", que postula que “los espectáculos culturales y deportivos que se realicen en la Provincia, para los que sea necesario abonar entrada, deberán prohibir el ingreso a quienes se encuentren incluidos en el Registro”.

La reunión de comisiones fue convocada para las 13 y se informó que se invitó a la directora General de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos, Nadia Planiscek; y a Mariela Acosta, jefa del Departamento de Registro de Deudores Alimentarios de la provincia, para que realicen sus aportes.

El proyecto, de la diputada de Unión por la Patria-Más para Entre Ríos, Lorena Arrozogaray, ingresó a la Cámara Baja el 17 de junio. Para su implementación se incluyó a los municipios que adheridos a esta Ley, informarán a los organizadores de los eventos de éste requisito, quienes deberán solicitar en este Registro la información pertinente.

La diputada peronista expresó que “dentro de ésta Ley que hoy se pretende modificar, se encuentran algunas prohibiciones para las personas incluidas en el Registro, como la imposibilidad de ser proveedores del Estado Provincial, la prohibición para ser concesionarios y funcionarios públicos, entre otras. Esto ha motivado la inclusión del algunas otras formas de disuasión que se utilizan a menudo por orden de los Juzgados para casos en concreto, pero que creemos pueden ser agregadas como restricciones generales en que el Estado puede cooperar para proteger el derecho de los menores y crear un marco legal más contundente”.

Arrozogaray resaltó que “el presente proyecto busca incluir dos artículos: uno prohibiendo la entrada de quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, a eventos deportivos y culturales cuya entrada sea paga, y otro, para que tampoco puedan ingresar a Salas de Juegos y Casinos en esta Provincia”.

Entendió que aquella “incorporación, busca visibilizar la responsabilidad parental, evitando que las personas que incumplen con esta obligación puedan acceder a gastos superfluos en actividades recreativas. Vale aclarar, que esta iniciativa afectará específicamente a quienes están registrados por incumplimientos persistentes y esperamos que vía reglamentaria, los controles en casinos, estadios y demás espacios habilitados, puedan implementar estas medidas sin complicaciones técnicas. Por las razones antes expuestas, es que solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto, para que se convierta prontamente en Ley.

También comprende que “las Salas de Juego y Casinos de la Provincia de Entre Ríos deberán prohibir la entrada a quienes se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios. A tal fin, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) o el organismo que en un futuro lo reemplace, deberá implementar la forma aplicable en conjunto con las autoridades del mencionado Registro”.

Arrozogaray recordó que Entre Ríos cuenta, desde 2002, con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, organismo que fue creado por la Ley Nº 9424 y depende orgánicamente de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito que funciona en la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Añadió que “el Registro, reglamentado por el Decreto Nº 4967/2003, tiene como principal tarea, la de registrar a todas aquellas personas obligadas a prestar asistencia alimentaría que adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas en el periodo de un año, fijadas judicialmente, en carácter de alimentos provisorios o definitivos. Además, dentro de sus funciones lleva un listado actualizado mensualmente de todos los deudores alimentarios morosos de la Provincia de Entre Ríos y expide los certificados ante simple requerimiento de persona física o jurídica que acredite su interés o resulte facultada por la Ley 9424, sin costo alguno”. (APFDigital)

Con el acompañamiento de cinco de sus pares, la diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó un pedido de informes al gobierno de Entre Ríos, tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien quedó envuelto en un escándalo por presuntas coimas.

El requerimiento hace foco en contrataciones posteriores al 10 de diciembre de 2023 y surge luego de que el portal chequeado.com incluyera a Entre Ríos como una de las provincias con la que la droguería Suizo Argentina mantiene contrato.

Al respecto, la legisladora de la oposición busca conocer si ha existido algún tipo de vínculo contractual, comercial o de cualquier otra naturaleza entre la administración pública o sus organismos descentralizados y la compañía durante esta gestión.

En caso de ser afirmativa la respuesta, Arrozogaray exige identificación precisa del organismo que realizó la contratación. Asimismo, el nombre de los funcionarios intervinientes. Además, cuál es el motivo o causa del convenio y la fecha que se llevó a cabo. También, tipo y cantidad de los bienes o servicios adquiridos.

Desde comienzos de este año, el intendente Mauricio Davico viene realizando anuncios sobre la inminente llegada de los excedentes de Salto Grande a Gualeguaychú. El 24 de enero de 2025, a través de sus redes sociales, aseguró: “Me reuní con el gobernador Rogelio Frigerio, quiero contarles que estamos a un paso de recibir los excedentes de los fondos de Salto Grande”.

Ese mismo mensaje fue replicado en los canales oficiales de la Municipalidad, donde Davico afirmaba: “Frigerio lo entendió perfectamente y consideró que el nuestro es un planteo lógico”, y agregaba: “en aproximadamente 20 días vamos a tener una respuesta del gobierno provincial a nuestro reclamo”.

En aquel entonces, además se había planteado el destino que tendrían esos fondos. “Coincidimos con él en que esos fondos sean para obras provinciales, ya sean escuelas, hospitales, rutas y, particularmente, en este caso, para hacer el Acceso Sur completo”. Sin embargo, a más de seis meses de aquellas declaraciones, la realidad dista mucho de las promesas.

La diputada provincial Lorena Arrozogaray salió al cruce de los anuncios realizados por el intendente Mauricio Davico y el gobernador Rogelio Frigerio, quienes en enero aseguraron que en 20 días Gualeguaychú recibiría los fondos excedentes de la represa de Salto Grande para destinarlos a obras públicas. “Hoy, a más de medio año, no vimos ni un peso ni una sola obra iniciada”, cuestionó Arrozogaray.

Arrozogaray también recordó que el anuncio generó tensión entre intendentes entrerrianos, especialmente del norte provincial, al abrir una puja por los más de 2.000 millones de pesos que administra la CAFESG. “Pero mientras se multiplican las disputas, en nuestra ciudad no llegó absolutamente nada, una vez más, hacen política con promesas vacías”.

En este sentido, la diputada provincial destacó que durante la presidencia de Néstor Kirchner se modificó el criterio de distribución de los excedentes de Salto Grande, priorizando que esos fondos, que antes quedaban en manos del Estado nacional, llegaran directamente a las provincias afectadas por la represa, en especial Entre Ríos. Esta decisión —señaló— marcó un cambio significativo en la política energética y fiscal en el reconocimiento de los derechos de las provincias sobre los recursos hidroeléctricos generados en su territorio.

Esta semana, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, visitó Federación y anunció que “el Gobierno de Entre Ríos trabaja en un decreto para que los fondos de la represa de Salto Grande beneficien, para siempre y por reglamentación, principalmente a los Departamentos de Federación y Concordia”. Esto contradice directamente los anuncios realizados a principio de año por Frigerio y el intendente de Gualeguaychú.

“Los gualeguaychuenses no merecen ser usados en operaciones de prensa. Merecen respeto, planificación y obras concretas. Frigerio y Davico no cumplieron, y lo que vendieron como un avance histórico fue solo una puesta en escena”, sentenció Arrozogaray.

FRASE

“Los gualeguaychuenses no merecen ser usados en operaciones de prensa. Merecen respeto, planificación y obras concretas. Frigerio y Davico no cumplieron, y lo que vendieron como un avance histórico fue solo una puesta en escena”