Desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hasta la discusión sobre educación inclusiva, el modelo social, la inserción laboral y la independencia, Luis Bulit Goñi abordó todos los temas sin esquivar incomodidades.

Reconocido por su trayectoria, fundador de ASDRA y referente del movimiento asociativo de padres desde los años 90, Bulit participó de una conferencia en el Salón del Honorable Concejo Deliberante titulada “Discapacidad, no todo es lo mismo: Educación, trabajo y autodeterminación”, organizada por Fundación Incluir y el Área de Inclusión y Accesibilidad. Por este motivo dialogó con EL ARGENTINO y dejó definiciones que invitan a revisar las prácticas vigentes.

Acompañado por Pablo Recchia, presidente de ASDRA, Bulit explicó que el punto de partida de toda discusión sobre discapacidad debe ser la Convención Internacional, un tratado con rango constitucional en Argentina. Desde allí planteó la necesidad de abandonar viejos paradigmas y avanzar hacia un modelo real de inclusión con escuelas comunes abiertas a todos los alumnos, apoyos institucionales, empleo en el mercado laboral y participación plena de las personas con discapacidad.

—¿Cuál es el punto de partida cuando se habla de inclusión y educación inclusiva?

Lo primero que hay que hablar, ni más ni menos, es sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Es el único tratado en la historia de la humanidad en cuya elaboración participaron los propios interesados: las personas con discapacidad. Y tiene cosas muy claras sobre qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Además, no es solo un tratado internacional: forma parte de nuestra Constitución. Argentina la suscribió, la ratificó y luego la incorporó al texto constitucional por mayorías agravadas. Es parte de nuestra Constitución. No podemos no cumplirla”.

—Estamos hablando de correrse de parámetros que parecen inclusivos, pero no lo son en realidad.

Cuando llevás los principios de la Convención a la realidad, empezamos a confundir conceptos. Uno de los más importantes es el artículo 24 sobre educación inclusiva. Y llamamos educación inclusiva a cosas que no lo son. Por ejemplo, decimos educación inclusiva a una maestra integradora. Cada nene con su maestra. No, eso no es educación inclusiva.

—¿Y cómo se explica ese concepto al cuál se debería ir?


La Convención dice que, si hay dudas, hay que ir a los documentos del sistema de Naciones Unidas. En educación, eso es UNESCO. Desde 1994, la Declaración de Salamanca habla de educación para todos: niños y niñas con discapacidad en las escuelas comunes, y esas escuelas deben tener los apoyos institucionales para enseñarles. Porque en un aula hay 20 o 25 chicos, cada uno con intereses y ritmos distintos. Esa diversidad incluye también a los niños con discapacidad. Nosotros venimos de un concepto previo: la integración. Era la persona la que debía adaptarse. Hoy la idea es que dejemos de hacer cosas que impiden el ejercicio de derechos. El modelo social dice que la discapacidad aparece cuando una persona se enfrenta con barreras físicas, actitudinales o políticas. Si hacés un ingreso con escalones, el problema no es la persona en silla de ruedas: el problema es que hiciste un edificio inaccesible”.

—¿Cómo se aborda la necesidad de apoyos sin caer en el esquema de la docente auxiliar exclusiva?


Vos dijiste algo fundamental: que ayude a la docente titular. Entonces deja de ser un recurso para el niño y pasa a ser un recurso de la institución. El alumno puede necesitar una ayuda puntual, pero lo importante es que la escuela planifique. Las escuelas inclusivas son las que entienden que todos los chicos son distintos. La construcción del saber es colectiva. El docente no es dueño del conocimiento. Hoy, con tecnología e inteligencia artificial, ningún docente puede competir con la cantidad de información disponible. Venimos hablando de esto hace 30 años. Y seguimos violando un tratado de derechos humanos cuando los alumnos con discapacidad no acceden a educación inclusiva.

El informe internacional dice que deben “cerrar las escuelas especiales”

Este es otro de los puntos claves de la conversación, donde Luis Bulit expone un tema profundo como lo son las escuelas especiales y la determinación de incluir a todos los alumnos a escuelas comunes.

—Uno de los debates más sensibles es el de las escuelas especiales, ¿como debería ser el planteo y porqué no deberían estar?


El último informe internacional, el de 2023, es clarísimo: hay que cerrar todas las escuelas especiales. Dice que todos los alumnos que hoy asisten a escuelas especiales deben pasar a la escuela común.

—Eso seguramente genera revuelo.


Sí, pero también hay que contar cuáles son los derechos. Si hubiéramos tenido educación inclusiva vigente, estas dudas no existirían. Muchos nunca tuvieron compañeros con discapacidad. Si los hubieran tenido, sabrían mucho del tema.

Empleo, cupo y talleres protegidos

—¿Esta mirada vale también para otros ámbitos, como el empleo?


Tenemos una ley de empleo para personas con discapacidad en la que no hay una sola palabra sobre empleo en el mercado laboral. Todo es talleres protegidos. El informe del 2023 dice: saquen a las personas de los talleres y pónganlas en el mercado laboral. Cumplan con el cupo del 4%. Seguimos mirando para otro lado. Hay violaciones sistemáticas: gente que no accede a la educación, al trabajo, a la toma de decisiones. Padres que no dejamos que se equivoquen. Eso también es violación de derechos humanos. Personalmente, tengo un hijo con discapacidad intelectual y el mismo me ha planteado varias veces ya de que está cansado de asistir a pasantías”.

—Respecto a las pensiones y los conflictos actuales, ¿qué reflexión hace?

Había que hacer auditorías. Siempre hay que hacerlas. La plata es de la gente y se paga con impuestos. Pero si se hacen, hay que hacerlas bien. No podés auditar mal. Hay pensiones otorgadas a gente que no corresponde. Se actualizaron los nomencladores, pero hay que revisar qué estamos pagando. Muchas prestaciones van en contra de la Convención. Y seguimos pagando escuelas especiales, centros de rehabilitación y transporte que no deberían ser necesarios.

—Con respecto a la independencia de las personas con discapacidad, ¿cómo ve ese aspecto en la actualidad?


Mi hijo tiene discapacidad intelectual. Hoy tiene 38 años, trabaja y viaja solo por Buenos Aires. Pero para que aprendiera, la obra social solo me ofrecía transporte exclusivo. Y eso no es inclusión. Tuvimos un acompañante terapéutico para que aprendiera a trasladarse. Hoy se mueve solo en una ciudad difícil. No queríamos un transporte exclusivo: queríamos inclusión. Seguimos abrazados al modelo medico-céntrico. La Convención rompe ese paradigma. La discapacidad aparece por las barreras que pone la sociedad.

—¿Qué falta para lograr el cambio de paradigma?


Hay que cambiar cabeza. Hay padres que deben salir de la zona de confort. Los derechos de la Convención son para sus hijos. Y para ser incluidos, deben ser educados en entornos inclusivos.

—¿Un ejemplo de escuela inclusiva?


Las escuelas rurales. Una maestra con chicos de 6 a 15 años. Sin tecnología, enseña a todos. Las maestras rurales han sido inclusivas toda la vida. Lo que hay que hacer es armar gabinetes de educación especial dentro de cada escuela. No eliminar la educación especial, sino integrarla.

—¿Qué modelos posibles y realidades provinciales hay en estos momentos en Argentina? ¿Es posible implementar este enfoque?


Sí. Nadie dice hacerlo de un día para otro. Italia lo hizo de golpe. Portugal lo hizo en nueve años. Se puede hacer. Hace falta decisión política y formación docente.

—¿Y en Argentina?


Hoy nadie discute la educación inclusiva. Se discute el cómo, no el qué. La normativa existe. Es obligación de todas las provincias cumplirla porque somos un país federal.

—¿Hay provincias más avanzadas?


La Pampa es de las más avanzadas. Se puede. Hace falta diálogo entre gobiernos, docentes y organizaciones. Solo depende de una decisión política. De ir y plantear todos estos temas a los ministros de educación.

—¿Cómo avanza su candidatura como Defensor del Pueblo de la Nación?


“Nos presentamos casi 80. Pasamos a 36 y expusimos ante la Comisión Bicameral. Se debía resolver el 5 de noviembre, pero se pasó a cuarto intermedio. Son muchos candidatos y muy buenos. La intención es elevar una terna antes del 30 de noviembre. Tengo fe. Creo que puedo aportar una visión del Estado que resuelve problemas. El defensor no debe ser un denunciador profesional, sino alguien que usa las quejas para solucionar problemas de fondo. Eso no se hizo en los últimos 19 años. Si se da, lo tomaré con la misma vocación de servicio con la que encaré todas las etapas de mi vida en el sector privado, público y en la sociedad civil.