La reunión de Acuerdo del STJ, en la ciudad del sur entrerriano, se enmarca en la política de visitar las diferentes ciudades de la provincia, y mantener contacto directo con quienes cumplen funciones y trabajan en el Poder Judicial.

De la deliberación participaron el presidente del STJ, vocal Germán Carlomagno; el vicepresidente, vocal Carlos Federico Tepsich; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Leonardo Portela; y la vocal Laura Mariana Soage. Por su parte, de manera remota, intervino la vocal Claudia Mizawak.

Las y los integrantes del STJ, recibieron al juez del Juzgado Civil y Comercial y del Trabajo, Agustín Adolfo Weimberg; a la jueza de Paz, Daniela Edith Zuluaga; a la jueza de Paz de Ceibas, María Marta Britos y al juez de Paz de Ibicuy, Fernando Luero.

Luego del Acuerdo y asistido por la secretaria general del STJER, Elena Salomón, el vocal Carlomagno tomó juramento a Daniela Edith Zuluaga, quien fue designada como jueza de Paz de la ciudad de Villa Paranacito mediante el decreto 1.193/26 GOB, firmado el 5 de mayo pasado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

La magistrada juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo” el cargo para el que fue designada, “cumpliendo y haciendo cumplir las Constituciones de la Nación y de la Provincia”, tras lo cual Carlomagno la felicitó y le deseó éxitos en su gestión.

La ceremonia se efectuó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de esa localidad y contó con la presencia, entre otras autoridades,de la viceintendenta municipal, Sandra Latuf; el senador provincial Rubén Méndez, el fiscal Gastón Popelka; el defensor oficial Lautaro Boladeres; el jefe del Registro Civil,Lucio Jeremías García Bonzón; la presidenta de la Sección Gualeguaychú del Colegio de la Abogacía, Alejandra Marchese; la prefecto Yanel Noelia Krespien, jefa de Prefectura de Villa Paranacito y el Sub jefe de la Policía Departamental Islas, Victorio Pérez , familiares y agentes judiciales.

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos anunció la apertura del concurso público de antecedentes y oposición para integrar la Fiscalía Anticorrupción, un organismo previsto en la Constitución provincial desde 2008 y creado por ley en 2022. El proceso busca cubrir cuatro cargos, entre ellos el de fiscal anticorrupción, fiscales adjuntos en Paraná y Concordia y un fiscal auxiliar. La inscripción estará abierta entre el 16 de junio y el 20 de julio.

La Fiscalía Anticorrupción tiene como misión investigar y acusar delitos contra la administración pública, incluyendo la conducta de funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado, municipios y comunas, además de empresas vinculadas. Su puesta en marcha se demoró por impugnaciones en concursos anteriores, lo que mantuvo en suspenso un área clave para el control institucional.

Entre los expedientes que deberá abordar se encuentran investigaciones por enriquecimiento ilícito que alcanzan a ex gobernadores Gustavo Bordet y Sergio Urribarri, al ex senador nacional Edgardo Kueider, al ex ministro Pedro Báez y a ex autoridades de la Caja de Jubilaciones y Sidecreer. También figuran los ex senadores Aldo Ballestena y Hernán Vittulo, y el intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, imputado además por peculado.

La Fiscalía tendrá que intervenir en las causas conocidas como “Contratos 1 y 2” por desvío de fondos de la Legislatura, así como en la investigación contra el dirigente sindical José Allende por negociaciones incompatibles con la función pública. A esto se suman expedientes recientes sobre irregularidades en la Dirección de Comedores Escolares, el programa Jóvenes Emprendedores y la Dirección Provincial de Vialidad.

“Buenos días a todas y todos. Saben que no integro ninguna de estas comisiones pero quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”.

“Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas –dijo-. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”.

“Quería dejar estas palabras nada más. Estoy en pleno día de acuerdo en la Corte y vuelvo (ala Palacio de Tribunales) pero quería expresarles mi agradecimiento por haber tomado el tema y haber realizado esta reunión conjunta. Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible. Simplemente esto y los dejo trabajar”, señaló.

La reunión se había iniciado momentos antes encabezada por los consejeros Alberto Lugones (de Reglamentación) y María Fernanda Vázquez (de Selección). Entre los miembros presentes estaban también los consejeros Santiago Viola –representante del Ejecutivo-, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero (zoom); los abogados Cesar Grau, Alberto Maques y Alvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley (zoom). La abogada Jimena La Torre se conectó por unos minutos al inicio de la reunión porque estaba por abordar un vuelo.

Al iniciar la reunión, antes de la presencia de Rosatti, Lugones dio la bienvenida y subrayó que era un “día importante para los medios”, aunque el organismo viene trabajando intensamente, subrayó que se va analizar con profundidad la iniciativa de la Corte y adelantó: “sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas que supongo que van a ser buena. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”.

El presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien dejó el cargo tras varios meses en los que había manifestado su intención de apartarse del Gobierno. El anuncio fue realizado por el mandatario luego de una reunión en la Quinta de Olivos con el funcionario saliente.

De esta manera, Cúneo Libarona se convirtió en uno de los primeros cambios relevantes dentro del gabinete nacional y dejó el puesto que ocupaba desde el inicio de la gestión libertaria.

Según trascendió, la salida del ministro estaba acordada desde octubre del año pasado, cuando el funcionario habría pactado con el presidente y su entorno permanecer en el cargo hasta marzo de 2026, publicó Infobae.

Una salida anticipada del gabinete

Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que el desgaste de la gestión había sido uno de los factores que impulsaron la decisión del ahora exministro.

En ese contexto, Cúneo Libarona expresó a integrantes del gabinete su intención de retomar su vida personal tras meses de intensa actividad política.

La reunión mantenida en la Quinta de Olivos terminó de formalizar su salida del Ejecutivo nacional.

Quién es Juan Bautista Mahiques

El nuevo ministro de Justicia es actualmente el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupa desde finales de 2019. En ese rol se desempeña como jefe del Ministerio Público Fiscal porteño, responsable de coordinar la actuación de los fiscales de la ciudad.

Además, desde 2022 preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una organización que nuclea a fiscales de distintos países. Su trayectoria también incluye un paso por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Experiencia en el Consejo de la Magistratura

Durante el gobierno de Mauricio Macri, Mahiques fue designado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección y el control disciplinario de los jueces federales.

Su experiencia en el ámbito judicial y en la administración pública fue uno de los factores considerados para su incorporación al gabinete nacional.

Desde el entorno del Gobierno lo describen como un dirigente con fuerte conocimiento del funcionamiento del sistema judicial.

Una familia vinculada a la Justicia

Juan Bautista Mahiques pertenece a una familia con amplia trayectoria en el ámbito judicial. Su padre es Carlos “Coco” Mahiques, actual integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más relevantes del sistema judicial argentino.

El vínculo entre la familia Mahiques y el Gobierno nacional se evidenció recientemente cuando el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para extender la permanencia de Carlos Mahiques en el tribunal antes de que cumpla 75 años.

El nuevo ministro también tiene dos hermanos con roles vinculados al ámbito judicial y político. Ignacio Mahiques se desempeña como fiscal porteño y participó como fiscal adjunto en la causa Vialidad que investigó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, su nombre fue mencionado como posible candidato para ocupar el juzgado federal de Mercedes.

Por su parte, Esteban Mahiques trabaja como director general de Relaciones Institucionales en la Cancillería argentina y también integró el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno busca fortalecer la conducción política del área judicial en un contexto de reformas institucionales impulsadas por la administración de Javier Milei. El cambio también refleja una renovación dentro del gabinete nacional, luego de más de un año de gestión libertaria.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) emitió un documento que se tituló “La acefalía del sistema de justicia federal” en el que se expuso que “con el fin del mandato de la Defensora General de la Nación, las cabezas de los cuatro organismos que componen el sistema de justicia federal, junto con otros dos directamente vinculados a su funcionamiento, se encuentran hoy vacantes, interinas o en una situación irregular”. Se sentenció que “Argentina inicia el año judicial 2026 con un escenario inédito por su gravedad”.

INECIP aclaró que “este documento se publica como una alerta institucional y como punto de partida para monitorear activamente durante 2026 cada proceso de nombramiento judicial. La dirigencia política debe asumir esta agenda como una prioridad constitucional”.

El documento expone un cuadro del sistema de Justicia que preocupa. Así, se enumeró:

Corte Suprema de Justicia: incompleta.

Procuración General de la Nación: interinato desde hace 8 años.

Defensoría General de la Nación: interinato desde ayer.

Defensoría del Pueblo de la Nación: vacante desde 2009.

Procuración Penitenciaria de la Nación: interinato desde 2023.

Consejo de la Magistratura: composición irregular por incumplimiento del Congreso.

A aquel cuadro se sumó lo que se consideró “un dato estructural crítico: El 33% de vacantes en el Poder Judicial de la Nación. Más del 40% de vacantes en el Ministerio Público Fiscal. No es una crisis repentina”, se advirtió.

El documento, según se indicó desde el INECIP “demuestra que esta situación no es coyuntural ni atribuible a un solo gobierno, sino el resultado de más de quince años de deterioro institucional, que atravesaron cuatro gestiones presidenciales distintas”.

También se cuestionó “las vacantes prolongadas, los interinatos eternizados y el incumplimiento de mandatos constitucionales se han convertido en una forma habitual —y peligrosa— de gestionar la justicia federal”.

“La acefalía judicial no es un problema técnico ni corporativo. Tiene consecuencias directas: Poder sin control efectivo, con debilitamiento de los contrapesos democráticos.

Mayor impunidad del crimen organizado y los mercados ilegales” se destacó en el documento y se añadió que “menos derechos y garantías para víctimas, personas imputadas y personas privadas de libertad” y “pérdida de seguridad jurídica, con impacto negativo en inversiones, desarrollo e inserción internacional”.

Desde INECIP se expresó que “el documento plantea dos condiciones básicas e ineludibles:

Candidaturas intachables, con idoneidad, trayectoria e integridad suficientes para generar consensos amplios”, y “procesos de designación transparentes y participativos, que reemplacen definitivamente la fallida lógica de la rosca y las negociaciones opacas”.

Desde INECIP advirtieron que “persistir en viejas estrategias de imposición en un nuevo contexto político solo profundiza la parálisis. El reciente intento de designaciones por decreto confirmó, de manera elocuente, el agotamiento de esas prácticas”. (APFDigital)

el pedido de juicio político para la ex presidenta del máximo órgano de Justicia de Entre Ríos, que se presentó el viernes en la Cámara de Diputados, lleva la firma del docente Eugenio Jacquemain, histórico dirigente de la agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Gualeguaychú.

Jacquemain llegó a Casa de Gobierno pasadas las 10 de la mañana y se dirigió a la Mesa de Entradas de la cámara baja acompañado por el profesor y dirigente César Baudino, ex secretario general del sindicato de docentes.

La presentación está dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Allí se solicita la apertura del trámite para evaluar la conducta funcional de la vocal, cuya actuación -expuesta y corroborada por información oficial del STJ y por hechos de público conocimiento- “configura mal desempeño, afectación a los deberes de conducta, compromisos éticos incompatibles con la magistratura y vulneración del principio de independencia y probidad judicial”.

En el texto se mencionan las constancias oficiales del STJ y la investigación periodística de la revista Análisis contra la magistrada. “Surgen con claridad patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”, se indica.

Más adelante, se detallan las ausencias “reiteradas e injustificadas” de Medina, que suman más de 660 días hábiles sin prestar funciones, en incumplimiento del régimen de licencias. Y se mencionan las consecuentes demoras en la resolución de expedientes.

“Este patrón configura, por su extensión y persistencia, si no un grave abandono de funciones, una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial”, se destaca.

En otro punto de la presentación se enumeran las licencias por capacitación tomadas por Medina “en exceso de los reglamentos”, que no encuadran en las pautas reglamentarias establecidas, que indican que no pueden superar los 20 días al año y no prevén el cobro de viáticos que en muchas ocasiones fueron percibidos por la vocal.

El tercer punto incluido en el pedido de juicio político alude al uso indebido de recursos del Estado, puntualmente vehículos oficiales, choferes y viáticos.

“De los registros del STJ surge que la vocal utilizó vehículos oficiales para viajes sin agenda institucional; requirió chofer designado, cuyos viáticos por día ascienden a aproximadamente 132 mil pesos más gastos de combustible; realizó viajes bajo conceptos genéricos (“actividad institucional”, “académica”, “capacitación”) sin constancias que acrediten tal carácter; y participó de actividades de índole personal, partidaria, diplomática o propias de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA), pero financiadas integralmente con fondos públicos”, se enumeró.

Luego, se indicó que la utilización sistemática de recursos estatales para fines ajenos al cargo constituye “una desviación de poder y un abuso de bienes públicos, vedado a cualquier funcionario y especialmente grave tratándose de una vocal del STJ”.

También se pidió producir prueba para a cuantificar el impacto en las cuentas públicas de los viajes efectuados por Medina y que se despache oficio al STJ para que remita la estadística de la Sala Laboral y de la vocal.

Finalmente, se solicita que se declare configurada la causal de mal desempeño, se formule la acusación y se disponga la remoción de la magistrada de sus funciones judiciales. Análisis

Julieta Makintach fue destituida como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. Así lo resolvió, por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento que evaluó su conducta a partir de su participación en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte.

En primera fila escucharon la sentencia la exmujer de Maradona, Verónica Ojeda, que estaba flanqueada por su esposo, el abogado Mario Baudry (uno de los denunciantes de Makintach) y el hijo menor del astro, Diego Fernando.

Makintach no estuvo presente para escuchar el veredicto. Sí estuvieron dos de sus abogados, Darío Saldaño y Juan Martín Cerolini.

La lectura de la parte resolutiva de la sentencia estuvo a cargo de Ulises Giménez, a cargo de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

La audiencia, donde se conoció el veredicto, comenzó con la palabra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaere, Hilda Kogan, quien tuvo como función presidir el jurado de enjuiciamiento.

Makintach, de 48 años, no solo fue destituida, también fue inhabilitada “para ocupar en adelante otro cargo judicial”. Además, se le impusieron las costas del proceso.

El jurado estuvo integrado por los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Milagros Alvado y por los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences.

Tras las audiencias donde se presentaron las pruebas contra Makintach, el jurado de enjuiciamiento tuvo que resolver tres cuestiones, según se desprende d ela sentencia:

¿Se han probado los hechos aducidos en el escrito acusatorio dirigido contra la jueza Makintach, y demostrado la pertinencia de la subsunción en alguna de las causales previstas en los artículos 20 y 21 la ley 13.661 (que prevé las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios bonaerenses)?

¿Corresponde disponer la destitución de la magistrada y su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial?

¿Qué corresponde decidir en materia de costas?

“La magistrada excedió los límites propios del ejercicio de la función judicial e incumplió los deberes inherentes a la magistratura al participar y colaborar de manera irregular en un proyecto comercial estrechamente vinculado con el juicio que tenía a su cargo y que se encontraba en pleno desarrollo. En sus descargos, la magistrada tampoco logró disipar la apariencia de parcialidad ni la irregularidad funcional que las partes percibieron durante el proceso", sostuvo Kogan en su voto al referirse a la primera cuestión.

Por su parte, Vargas (senador por Unión y Libertad) dijo en su voto: "Me parece oportuno poner énfasis también, en las consecuencias de las circunstancias especiales que traen a Makintach a este proceso: su participación como jueza de tribunal en el proceso judicial de la muerte de Diego Armando Maradona, personalidad destacada e icónica de nuestra sociedad y en el mundo; y su consecuente impacto mediático a nivel mundial. Por ello considero que, la relación de los magistrados con los medios y su protagonismo mediático, a partir de este caso, debe ser un llamado de atención a observar, cuando los jueces asumen roles fuera de la prudencia inherente al cargo de Juez, en causas judiciales de alto impacto mediático, como este caso traído a juzgamiento. Sin dudas estas acciones ponen de manifiesto el peligro que implica para la justicia cuando el obrar de los jueces está orientado a captar la atención de los medios y el impacto público de sus acciones, desviando su atención al verdadero ejercicio de hacer justicia, generando que las decisiones judiciales queden contaminadas por su ego. La justicia espectáculo desvirtúa la serenidad de espíritu de reflexión que implica la función judicial. Cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez, apague la Justicia“. (Fuente: La Nación)

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento se reunirá desde las 8:30 para abordar el proyecto que ya fue aprobado en general y particular por Diputados en mayo y por el Senado en septiembre. La norma vuelve ahora a la cámara de origen en revisión.

El Poder Ejecutivo sostiene que la reforma tiene una “doble vocación”: agilizar los concursos para cubrir vacantes judiciales y permitir concursos anticipados para cargos futuros. El objetivo declarado es mejorar la transparencia y eficiencia en la designación de magistrados y funcionarios del Ministerio Público.

Sin embargo, el proyecto fue duramente cuestionado por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJ), que envió una nota formal a la presidenta de la comisión legislativa, con copia al gobernador y al presidente de la Cámara. Entre las críticas más relevantes se destacan la eliminación de la paridad de género, la creación de un órgano asesor que podría superponerse con las funciones del Consejo, y la complejidad del sistema de oposición basado en el “Banco de Casos”.

La reforma propuesta modifica la Ley Nº 11.003, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Desde el Ejecutivo se argumenta que la última reforma, realizada durante la gestión de Gustavo Bordet, generó dificultades operativas que deben ser corregidas para garantizar el cumplimiento de su función constitucional.

Uno de los puntos más resistidos es la nueva composición del cuerpo académico, que incorpora universidades públicas y privadas, incluyendo de forma destacada a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Esta inclusión, aunque valorada por el Ejecutivo como reconocimiento institucional, generó reparos en sectores jurídicos y académicos.

Finalmente, el proyecto incorpora el mecanismo de “Concurso Anticipado”, ya utilizado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que permitiría conformar ternas de postulantes previamente evaluados para cubrir vacantes apenas se produzcan.

El debate legislativo se anticipa tenso, con posiciones divididas entre quienes defienden la necesidad de modernizar el sistema de selección judicial y quienes advierten sobre riesgos institucionales y falta de consenso técnico.