En Gualeguaychú, la pirotecnia volvió a desbordar las calles durante las fiestas, dejando en evidencia que la ordenanza municipal que prohíbe su uso no se cumplió. Animales aterrados, niños con crisis de angustia, personas dentro del espectro autista y adultos mayores con problemas de salud fueron los protagonistas invisibles de una noche que debería haber sido de celebración, pero que se transformó en un calvario.

La Asociación proteccionista Patitas, encabezada por Coqui Carbó, denunció públicamente la falta de control y la ausencia de medidas concretas por parte del Estado Municipal. “Tenemos una ordenanza que hay que cumplir. Desde el lado del proteccionismo, los padres TEA, no tenemos ningún tipo de apoyo”, expresó Carbó, a EL ARGENTINO, subrayando que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa recae en las autoridades locales.

El reclamo no es nuevo: cada año se repite el mismo escenario. Se sabe dónde se vende pirotecnia, se publican teléfonos para denunciar, pero nadie atiende. La ciudadanía queda librada a su suerte, mientras los expendios proliferan en toda la ciudad. “No es pecado ser bruto, pero sí es pecado ser cruel. Y si está en tus manos poder hacer algo y no lo haces, es cruel”, denunció Carbó, instando a que se realicen inspecciones en la vía pública.

Ante la inacción oficial, Patitas decidió convocar a una marcha el martes 30 de diciembre a las 20 horas en 25 y Rocamora, que finalizará frente a la Municipalidad. Allí se leerán palabras de reflexión y se exigirá que el Estado cumpla con su deber. La iniciativa se organiza junto a padres de niños con TEA y profesionales de la salud, en un frente común que busca visibilizar el padecimiento colectivo.

Se convoca al ciudadano común, a quienes aman a los animales, a quienes conviven con personas del espectro autista, a quienes cuidan de adultos mayores y enfermos. Porque la pirotecnia no distingue y su impacto atraviesa a toda la comunidad. “Esto es un abanico de posibilidades donde tendríamos que estar todos. Este llamado tendría que hacerlo el Estado”, enfatizó Carbó.

La crítica central apunta a la Secretaría de Inspección Municipal, que debería garantizar el cumplimiento de la ordenanza. Sin embargo, los teléfonos de denuncia permanecen desatendidos y los controles brillan por su ausencia. La falta de acción no solo vulnera la normativa vigente, sino que expone a la población más vulnerable a un sufrimiento evitable. La ordenanza existe, pero sin voluntad política y sin controles efectivos, se convierte en un gesto vacío. La comunidad reclama empatía, responsabilidad y acción. No se trata de un capricho proteccionista: se trata de salud pública, de respeto por la vida y de garantizar derechos básicos.

Esta marcha convocada para el martes 30 de diciembre busca ser un punto de inflexión. No es una protesta aislada, sino un llamado a la unidad. La consigna es sencilla pero contundente: “No a la pirotecnia. No al maltrato animal, también. Sí al cumplimiento de la ordenanza. Sí a la empatía.” Este martes, a las 20 horas en 25 y Rocamora, Gualeguaychú tendrá la oportunidad de demostrar que la comunidad puede alzar la voz cuando el Estado calla.

Personal policial de Concordia llevó adelante un procedimiento en un domicilio ubicado en la zona este de la ciudad, en cumplimiento de una orden de allanamiento ordenada en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia formulada por un vecino ante la Fiscalía, relacionada con un presunto hecho de maltrato animal.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas, se reunieron los elementos necesarios que derivaron en el allanamiento.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales lograron el secuestro de un perro que se encontraba en evidente estado de abandono, disponiéndose de manera urgente su traslado para atención veterinaria y posterior internación.

Previamente se dio intervención al médico veterinario policial, quien constató que se trataba de un perro adulto, macho, de pelaje negro y blanco.

Según el informe profesional, el animal presentaba bajo peso, un estado general sumamente deteriorado, una herida de gran tamaño con miasis en la zona de la cabeza, además de signos claros de desnutrición y de una patología de carácter crónico. El cuadro clínico evidenciaba una prolongada situación de abandono.

El Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos resolvió prohibir la participación de profesionales del sector en las denominadas “fiestas tradicionales de pialadas a equinos”, al considerar que se trata de prácticas que constituyen maltrato y crueldad animal, incompatibles con la ética profesional y la legislación vigente.

La decisión fue formalizada a través de un documento fechado el 18 de diciembre, en el que la entidad expresó una condena categórica a este tipo de actividades, que consisten en enlazar a los caballos de sus patas delanteras durante pruebas de destreza. Según señalaron, estas prácticas someten a los animales a situaciones extremas que provocan lesiones musculares, traumatismos, heridas de gravedad y, en algunos casos, la muerte.

Desde el Colegio fundamentaron su postura en los reglamentos de bienestar animal que rigen para eventos hípicos y tradicionalistas, así como en la Ley Nacional 14.346 de Protección del Animal. En ese marco, recordaron que la norma reprime con penas de prisión los actos de malos tratos y crueldad hacia los animales, incluyendo acciones que causen sufrimientos innecesarios, lesiones intencionales o riesgos severos para su integridad física.

El pronunciamiento remarca que las pialadas no pueden ser justificadas bajo el argumento de tratarse de expresiones culturales o tradicionales, ya que implican un daño concreto y evitable a los equinos. En ese sentido, la entidad sostuvo que estas prácticas violan los estándares modernos de bienestar animal y el ejercicio ético de la medicina veterinaria.

Como resolución concreta, el Colegio dispuso la prohibición expresa para que veterinarios matriculados participen en la organización, supervisión, asesoramiento técnico o aval profesional de eventos que incluyan pialadas. Además, instó a las autoridades municipales y provinciales a prevenir la realización de estas actividades y a garantizar la aplicación efectiva de la Ley 14.346 ante cualquier hecho que configure maltrato animal.

La entidad destacó que promueve y acompaña actividades culturales y recreativas siempre que respeten el bienestar animal y una relación armónica entre las comunidades y sus animales. Finalmente, recordó que tanto profesionales como ciudadanos pueden realizar denuncias ante el Colegio o ante las autoridades policiales y judiciales cuando tengan conocimiento de situaciones que pongan en riesgo la integridad de los equinos.

Un grave caso de maltrato animal conmocionó en la tarde del miércoles a la localidad uruguayense de Urquiza, donde un hombre de 56 años fue detenido luego de que la Policía encontrara un perro sin vida dentro de su propiedad.

El hecho se desencadenó tras un llamado telefónico recibido en la Comisaría, que alertaba sobre fuertes gritos y signos de sufrimiento de un perro, provenientes del interior de una propiedad.

Al arribar al domicilio, los efectivos se entrevistaron con el dueño de la vivienda, quien admitió haber golpeado al animal y autorizó el ingreso del personal policial al patio. En el interior del galpón, los funcionarios hallaron al perro ya sin vida.

Inmediatamente se informó a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del hombre por el delito de Crueldad Animal en flagrancia. El sujeto fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar la totalidad de las circunstancias del hecho.

Norma y su marido tienen una chacra en la zona de Sarandí, en la zona suroeste de Gualeguaychú, en donde tienen varios animales. Entre todos ellos había tres caballos, sin domar y sin castrar, “bien cojudos como se dice en el campo”, relató Norma a EL ARGENTINO, que los criaron con mucho amor, como mascotas. “Los teníamos como perritos”, aclaró.

Pero ya no los podían seguir teniendo y la única posibilidad que se presentaba era desprenderse de ellos, pero antes querían asegurarse de que los animales estuvieran bien y no fueran maltratados. Todo comenzó cuando uno de estos equinos saltó los alambrados y se apareció en otro campo donde había una yegua.

El dueño de ese predio se comunicó con el marido de Norma y le dijo que su caballo estaba ahí. Fue en esa conversación que el hombre de 83 años le dijo a su vecino si sabía de alguien que los pudiera tener. Que estaba en condiciones de regalarlos, siempre y cuando - a quien se los diera - los tuviera en buenas condiciones.

Este otro chacarero le manifestó que en su campo trabajaba un adolescente de 16 años, que lo hacía muy bien, que era responsable y que si quería le iba a manifestar si quería quedarse con los tres animales. Cuando se le hizo la propuesta al joven, en seguida dijo que si.

Cuando llegó el día de entregarle los animales, Norma no quiso estar ausente. “Quería conocerlo, porque las mujeres tenemos un sexto sentido y no nos equivocamos”, contó. Cuando el adolescente se presentó en la chacra a buscar los caballos, dijo que su sueño era empezar con su propia cuadrilla. “El muchachito hablaba y no me cerró; y le dije a mi marido que no se los entregara, pero mi marido es de los que creen en la palabra y se los terminó dando”, agregó la mujer.

Junto a otro hombre, se llevaron a dos y quedó un tercero que después iba a ir a buscar. Pero le dijeron que avisara cuando fuera a buscarlo porque querían estar presentes cuando se lo llevara. No hizo caso. El viernes pasado fue hasta el lugar y según les contó un vecino que alcanzó a observarlo, el adolescente comenzó a maltratar al caballo y lo asustó de tal forma que el animal salió corriendo y saltó el alambrado hacia el campo vecino, con la mala suerte de que enredó una pata en el alambrado.

El joven no se llevó al animal. No podía llevarlo de esa forma. Se comunicó con el marido de Norma y le dijo que el caballo se había lastimado, que se había hecho “un cortecito” en la pata y que lo iría a buscar en un trailer. Esto llamó muchísimo la atención, tanto en Norma como en su marido, porque sus caballos eran animales muy mansos, criados con amor, a los que llamaban por sus nombres y se acercaban. “Podías enlazarlos sin ningún problema”.

El vecino de la chacra les avisó que su caballo estaba en su predio y que fueran con un veterinario porque estaba muy mal herido. Cuando fueron se sorprendieron del estado en el que estaba, e inmediatamente comenzaron a reclamar por los otros dos que se había llevado anteriormente. “No sabemos en qué condiciones pueden estar. No sabemos ni dónde están, porque no nos dice y nos miente”, señaló Norma que el jueves se cansó de la situación y denunció el maltrato animal en la Comisaría Sexta.

El caso está en manos del fiscal Martín Gil, que además de investigar un presunto hecho de maltrato animal, debe intervenir por el reclamo de devolución que hace el matrimonio que tenía a los tres caballos. Por lo pronto, “se nos hace imposible seguir afrontando los gastos de veterinaria para las curaciones, es un dineral para nosotros” explicó Norma que expuso el caso a través de su cuenta de Facebook Chivi Peralta, y pide colaboración para hacer frente a los gastos médicos.

El 3 de junio un hombre se presentó en una comisaría de Paysandú y aseguró que a las 8 de la mañana, cuando llegó al trabajo, encontró la cabeza de su mascota, una perra raza Collie, de nombre “July”, a quien estaba buscando hacía días. La habían decapitado.

La Policía empezó una búsqueda de quién pudiera ser responsable de matar al animal, y días atrás dio con una mujer de 31 años que fue citada a declarar en Fiscalía. Luego fue sometida a la Justicia y la condenaron por un delito de violencia privada especialmente agravado y se le impuso una pena de cinco meses de prisión en régimen de libertad a prueba "con diferentes obligaciones", según consta en el parte policial.

La perra fue decapitada viva

La ONG animalista Amigos de los Animales compartió a través de sus redes sociales el informe forense redactado por el veterinario Fernando Nan. El doctor examinó los restos del animal, que "se deduce tendría entre 3-5 años", informó El Telégrafo.

En el informe, el especialista resalta que el cuello tenía un corte en la parte cervical que decapitó por completo al animal. "Mediante la exploración se logra deducir que la muerte del animal fue ocasionada por este corte, que lo lleva a la pérdida completa de sangre e interrupción anatómica y funcional de su sistema nervioso", remarcó. Así se determinó que el corte de la cabeza fue cuando la perra aún estaba viva.

Desde la ONG apuntaron que "esto no es solo maltrato animal", sino "un acto de violencia, de crueldad absoluta". La directiva de la ONG Amigos de los Animales, Laura de León, manifestó su “indignación” por la condena a la mujer de 31 años que decapitó viva a la perra July.

“La Justicia actuó con las armas que tiene”, pero “no es posible que los maltratadores se rían de nosotros las protectoras y el INBA está pintado al óleo”, dijo, cuestionando al Instituto Nacional de Bienestar Animal del Uruguay por no actuar “por maltrato y contra el criadero clandestino que tiene esta persona”. Señaló que “ni multó, ni hizo apercibimiento que es una de las herramientas que dispone el instituto y no se requisaron los animales, cuando nosotros dijimos que nuestra oenegé se encargaba de albergarlos”.

A un mes del hecho, denunció: “Cada vez que nos contactamos con el INBA nos dicen que están trabajando en la denuncia. No sé cuánto tiempo más les llevará para trabajar en la denuncia porque, obviamente, que el criadero de salchichas clandestino (que tiene la condenada) no está más donde estaba antes. Es lamentable. Vamos para atrás y nos sentimos más solos que nunca”.

También reclamó falta de respuestas ante nuevas denuncias: “Animales atados con una cuerda de 50 centímetros a la intemperie total, en la humedad, a la sombra y no hemos tenido ni una respuesta”.

Milton Santos, dueño de July, opinó que la condena “es muy poco” y que “nunca apareció el cuerpo de mi perra ni tampoco el cómplice”. Cuestionó que la agresora no lleve tobillera: “La intranquilidad va a estar siempre y salgo cuidándome”. Afirmó que el INBA “nunca se comunicó conmigo para nada” y pidió que el maltrato animal sea delito. (El Entre Ríos/El Telégrafo)

Vecinos de la ciudad de Gualeguaychú atraviesan un momento alarmante. En menos de una semana, se registraron dos casos de perros encontrados con signos de mutilación, lo que ha encendido las alertas entre vecinos y organizaciones proteccionistas locales.

La Patrulla Felina, en diálogo con EL ARGENTINO, describió los casos de violencia a los perros. “El primer caso ocurrió en la intersección de Concordia y Cantera, donde una vecina encontró a un perro gravemente herido. A pesar de haberlo resguardado y administrado medicación, el animal falleció durante la madrugada”.

“El segundo episodio, aún más perturbador, tuvo lugar en la zona de Pereda y Boulevard De Martínez Irazusta al sur. Allí, otra vecina descubrió un perro dentro de una caja, con cortes profundos y partes del cuerpo faltantes, aparentemente realizados con un cuchillo”, comentaron los referentes.

Desde la organización Patrulla Felina, que colabora activamente con el rescate y cuidado de animales en situación de calle, se emitió un llamado urgente: “Por favor, resguarden y cuiden a sus animales. No los dejen sueltos en la calle. Ya hay demasiados abandonados”. La preocupación es creciente, y se teme que estos hechos no sean aislados, sino parte de una escalada de violencia que requiere atención inmediata.

En este contexto, se ha solicitado la colaboración de vecinos que puedan aportar imágenes de cámaras de seguridad privadas o públicas que ayuden a identificar a los responsables. La participación ciudadana es clave para esclarecer los hechos y prevenir nuevos ataques.

Gualeguaychú, que se enorgullece de su identidad cultural y comunitaria, no puede permitir que la violencia hacia los más indefensos quede impune. “La protección animal es también una cuestión de salud pública y de valores sociales. Hoy más que nunca, se necesita empatía, compromiso y acción colectiva. Porque el silencio, en estos casos, también duele”, afirmaron desde sus redes sociales los vecinos que denuncian estos actos atroces.

En Entre Ríos, aunque no existen estadísticas oficiales centralizadas sobre maltrato animal, hay señales claras de que el problema va en aumento y está siendo tomado con mayor seriedad por la justicia y la sociedad civil.

Un caso emblemático ocurrió en 2023, cuando un hombre fue condenado a siete meses de prisión efectiva por golpear brutalmente a un perro llamado Mateo en la ciudad de Paraná. Fue la primera condena de este tipo en la provincia, marcando un precedente legal importante.

“La Ley 14.346, que penaliza el maltrato animal, debe ser aplicada con firmeza, y es necesario que la justicia actúe con celeridad”, manifiestan vecinos que colaboraron con estos dos casos de violencia perruna en Gualeguaychú. La participación ciudadana, la denuncia activa y el compromiso institucional son claves para avanzar en los derechos contra los animales.

Según consta en el acta policial del día 10 de mayo de 2025, la denunciante manifestó que uno de sus perros apareció con severas lesiones en la zona genital, producto de haber sido atado con un zuncho de goma, un método comúnmente utilizado para mutilaciones en animales.

El hecho habría ocurrido en las inmediaciones del establecimiento avícola donde trabaja la joven, lindero a la finca que pertenece a la pareja denunciada.

En el escrito se detalla que no es la primera vez que ocurren episodios de agresión contra los animales del lugar y que existen antecedentes de conflictos con los vecinos mencionados. Ante esta situación, la denunciante pidió expresamente la intervención de las autoridades para preservar la integridad de los animales y evitar nuevos hechos de violencia.

El caso tomó mayor repercusión debido a que Romina Kreik ocupa un cargo público como concejal por el partido PRO, fuerza que integra la coalición oficialista a nivel nacional. Desde distintos sectores de la comunidad se exige el pronto esclarecimiento del hecho y una postura clara de parte del bloque político que representa.

La denuncia ya fue radicada formalmente en la Comisaría de San Antonio y se encuentra en manos de la Justicia.

Las jineteadas y el maltrato animal están siempre en la mesa de debate. Las voces que se escuchan son bien antagónicas: desde la argumentación basada en “la tradición”, hasta el proteccionismo animal que rechaza de plano este tipo de eventos.

Ahora, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Oscar Tórtul, homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a la pena de dos meses de prisión de cumplimiento condicional a Ricardo Ismael Torrilla, al ser considerado “el autor material y responsable del delito de actos de crueldad contra los animales”. Esto está tipificado como infracción al artículo 3 inciso 7 de la Ley 14346 de maltrato y crueldad animal.

El condenado había sido acusado de castigar con un rebenque a un caballo, en el marco de una jinetada que se realizó en Gualeguay el 18 de diciembre de 2022, en las instalaciones del Club Yaguarí. El hecho fue denunciado por la Asociación Civil Ecoguay y el pasado viernes se alcanzó el acuerdo por el que Torrilla admitió su culpabilidad.

Maltrato y crueldad animal.

EL ARGENTINO conversó con la proteccionista de la ciudad Coqui Carbó, quien además es una de las referentes de la Asociación Patitas.

Ella aseguró que el artículo 3 inciso 7 que se cita en la condena “dice entre otras cosas: sufrimientos innecesarios. El artículo 8 utiliza los términos ‘hiera u hostilice’. Estos dos artículos de la ley Nacional de maltrato y crueldad animal (Nº 14.346) nos indica claramente que las Jineteadas están prohibidas”.

Carbó explicó que “cuando el jinete monta al animal con la intención de hostilizarlo, está incumpliendo el artículo 8. No está en la naturaleza del caballo que lo aten a un palenque cubriéndole la vista y que a fuerza de latigazos y pinchazos -a través de las espuelas clavadas en su abdomen- logre pararse en dos patas casi en un ángulo de 90 grados; y que de no lograr el equilibrio correspondiente se desnuque y obviamente encuentre la muerte”.

Agregó que las jineteadas es el mejor ejemplo a la vista que se tiene de maltrato y crueldad animal. “Gualeguaychú no fue, ni es la excepción a estas prácticas.

La aprobación de la ordenanza por el gobierno anterior (15 días antes que terminaran el mandato) es un claro ejemplo que este tema quedó en una disputa política; estuvimos años luchando y argumentando dónde estaba el maltrato; nos sometieron a una consulta popular -pese a nuestra negativa, porque no se puede hacer una consulta popular sobre un tema que está prohibido por ley- y asimismo, los ciudadanos de Gualeguaychú votaron a favor de la prohibición”.

Finalmente, la reconocida proteccionista de la ciudad, opinó que todo lo trabajado “no sirvió de nada; no alcanzó. Era lógico que de ganar Davico la intendencia, la ordenanza iba a ser derogada inmediatamente como ocurrió. Tenemos sentada en la banca a una de las mayores militante que hace honor a esta práctica”, dijo en referencia a la concejal Majo Carro y agregó: “Esta concejal hace unos meses le rindió homenaje a una persona en el Concejo Deliberante destacándolo por su aporte a la cultura. ¿Cuál fue el aporte? Si era un organizador de jineteada. Esto nos muestra cuál es el camino y pensamiento del actual gobierno municipal, que no es muy distinto al anterior”.

Para concluir, dijo que este fallo “es trascendental; nos demuestra que el animal va camino a la liberación del hombre; recuperando no solo su libertad sino también su dignidad. Este fallo considera al animal un ser sintiente, sensible y sujeto de derecho”.

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Oscar Tortul, homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a la pena de dos meses de prisión de cumplimiento condicional a Ricardo Ismael Torrilla, al ser considerado como autor material y responsable del delito de actos de crueldad contra los animales (infracción al art. 3inc. 7 de la Ley 14346 de maltrato y crueldad animal).

Torrilla fue acusado por castigar con un rebenque a un caballo, en el marco de una jinetada que se realizó en Gualeguay el 18 de diciembre de 2022, en las instalaciones del Club Yaguarí, de esa localidad. El hecho fue denunciado el 6 de julio de 2023 por la Asociación Civil Ecoguay y la causa fue elevada a juicio el 12 de agosto de 2024. El pasado viernes se alcanzó el acuerdo por el que Torrilla admitió su culpabilidad.

El magistrado también le impuso a Torrilla reglas de conducta. Entre ellas, deberá fijar domicilio, el que no deberá variar sin previo aviso al organismo de control; tendrá que realizar un curso de concientización sobre el respeto y buen trato a los animales, cuyos contenidos mínimos deberán versar sobre la concientización sobre el trato digno a los animales y que se reconozca que son seres vivos que sienten, que merecen respeto y empatía.

También le ordenó adoptar prácticas responsables, como cuidar la salud del animal, respetar sus espacios naturales, no perturbar sus hábitats o brindarle lugares adecuados de habitabilidad.

En el proceso intervino el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Ana Paula Elal. Por la querella hizo lo propio Ana Ardaiz y Francisco Froy, con el patrocinio letrado de Cecilia Inés Domínguez y Fernando Di Benedetto. La defensa del imputado la ejerció el abogado Martín Bisso.

El hecho ocurrió a fines de 2022 en el Club “Yaguari” de Gualeguay y fue denunciado el 6 de julio de 2023 por la presidenta de la Asociación Civil Ecoguay, con el respaldo de los abogados Juliana D’Arrigo, Fernando Di Benedetto y Cecilia Domínguez.

Primera condena en un caso de maltrato en jineteadas

La audiencia realizada este lunes permitió que el imputado admitiera los cargos en su contra, lo que permitió avanzar hacia una condena. Desde la ONG Conciencia Animal destacaron que se trata de un hecho histórico, ya que “será la primera vez que se condena un acto de crueldad animal en el marco de una jineteada”.

Sin embargo, manifestaron su descontento con la pena propuesta: solo dos meses de prisión en cumplimiento condicional. Esto significa que el acusado no irá a la cárcel, pero deberá respetar ciertas condiciones durante cuatro años, como la prohibición del consumo de drogas y alcohol, no cometer infracciones ni delitos y realizar trabajos de ayuda social.

Expectativa por la decisión del juez

El viernes se conocerá el fallo definitivo, donde el juez deberá decidir si mantiene la pena solicitada por la Fiscalía o acepta modificaciones propuestas por la parte querellante, que buscan aumentar las penalidades. “Nuestros abogados creen que tomará un camino intermedio”, señalaron desde Conciencia Animal al medio El Entre Ríos.

El caso ha generado un fuerte debate en torno al maltrato animal en jineteadas, una tradición arraigada en la cultura rural pero cada vez más cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos de los animales.

Mientras se espera la sentencia, grupos animalistas insisten en que este caso podría marcar un precedente en la lucha contra el maltrato en eventos ecuestres y festivales folklóricos.

Durante las primeras horas de la mañana del martes se conoció la decisión tomada por la Comisión de Carnaval. En un breve comunicado enviado a la prensa, se informó que a partir del sábado próximo “se trabajará en conjunto con la Organización Guaba (dedicada a la protección animal) para evitar situaciones de peligro tanto para los animales como para integrantes y espectadores”.

Además, en el mismo hicieron foco sobre la situación de los perros abandonados en Gualeguaychú. “La problemática de los perros callejeros atraviesa a toda la ciudad y el mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina no es ajena, ya que varios canes son habitués del espacio durante el año, situación que puede complejizarse a la hora del desarrollo del evento”.

En ese sentido, y ante una nota presentada por la Organización Guaba dirigida a la Comisión de carnaval, es que se trabajará de manera conjunta para prevenir y evitar cualquier situación que ponga en riesgo tanto a integrantes como a animales.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de GÜaBa (@somosguaba)

“Tras los hechos acontecidos durante el último fin de semana y con la premisa del resguardo de los animales, así como también de quienes integran las comparsas y público en general, se tomó la decisión de trabajar en forma mancomunada con la Organización Guaba (Agrupación activista por el cuidado de los animales)”.

En otro apartado el comunicado expresa que “se dispondrá de un espacio pensado para los posibles animales que se encuentren deambulando por el predio al momento del espectáculo que estará al cuidado de voluntarios capacitados de Guaba quienes les brindarán contención, comida y agua que requieran para así garantizar la seguridad y bienestar de los mismos y de todos los presentes”.

Para finalizar, desde la Comisión detallaron que se promocionará la adopción responsable y se concientizará sobre la tenencia de mascotas.

El Carnaval del País suele ser noticia por la espectacularidad de sus carrozas, la magnificencia de sus trajes, el despliegue escénico brindado por los integrantes o la pasión que despierta, tanto en el público local como en los turistas. Sin embargo, la noticia más difundida de este fin de semana fue lo ocurrido en el corsódromo durante el desfile de la Comparsa Papelitos.

A partir de la difusión de un video, en el que se ve como un integrante de la batucada Los Pibes golpea a un perro con una baqueta en medio del show que realizan frente al jurado, comenzaron a replicarse diferentes posturas sobre el maltrato animal, la integridad física de los integrantes, la responsabilidad de la Comisión Organizadora y la problemática de los perros abandonados.

Desde el inicio de la edición 2025, y mucho antes en ediciones anteriores, la presencia de perros sueltos dentro de la pasarela del corsódromo José Luis Gestro ha sido una constante. Es bien sabido que mucho de estos animales en situación de “callejeros” viven durante todo el año en las instalaciones del Parque de la Estación.

Algunos cuentan con asistencia de vecinos, quienes les brindan cuidados básicos y alimentación y se convierten en “perros comunitarios”, sin tener un dueño específico. Pero, ¿Qué sucede cuando, durante la temporada estival, la pasarela del corsódromo se convierte en el escenario principal de la fiesta a cielo abierto más grande del país?

Las redes sociales fueron el lugar donde se volcaron todo tipo de comentarios, a favor y en contra de lo ocurrido. Algunos directamente acusaron al batuquero de ser un agresivo y hasta viralizaron una foto suya, con su nombre, otros más cautos señalaron la problemática que genera realizar un show con presencia de animales a los que nadie controla.

Uno de ellos fue Agustín, integrante de la batucada Los Pibes, de la Comparsa Papelitos. En su descargo en Facebook apoyó a su compañero involucrado en el hecho y escribió: “No voy a justificar el comportamiento de mi compañero, creo que su reacción fue un impulso en el cual se equivocó (…) pero les quiero contar para todos los que solo vieron la reacción de mi compa como pasó… Llevamos 3 noches de carnaval y durante las 3 noches hay varios perritos de tamaño muy grande en el circuito y nadie hace nada para sacarlos de ahí”.

Sobre la presencia de animales y la falta de control en la pasarela, aseguró que tanto sus compañeros como la pasista Candela Gómez, según su vivencia, estaban en peligro: “Anoche llegando a casa rosada empiezan a venirse 2 (perros) uno negro y uno blanco, los cuales buscaban querer atacar de alguna manera a la primera fila de los chicos (ahí estaba mi compa) rodeaban a Candela y mostraban su malestar… Cuando llegamos al jurado ante nuestros movimientos empiezan a meterse entre nosotros y a ponerse más nerviosos… nuestro show tiene mucho de movimientos y la realidad es que estaba en peligro la integridad de los chicos al igual que la de los perritos, pero nadie hacía nada (…) No justifico, no son las formas correctas, sólo cuento la verdad de lo que pasó”.

Durante la tarde del domingo, rápidamente desde la Comisión Directiva de Juventud salieron a repudiar el hecho de maltrato animal. “Desde el Club Deportivo Juventud Unida lamentamos el accionar de uno de nuestros integrantes de la comparsa el sábado 18 de enero en el show de La Batucada”, sostiene el comunicado difundido.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Club Deportivo Juventud Unida (@cdju_oficial)

“Ni la euforia del espectáculo ni el hecho de estar siendo juzgados por un jurado amerita dicha acción. Esto no representa los valores de nuestra institución. La Comisión Directiva de Juventud Unida pide las disculpas pertinentes tomando las medidas necesarias. Repudiamos todo hecho de maltrato animal”, sintetiza el comunicado.

Consultada por la situación, la abogada Juliana Darrigo dialogó con EL ARGENTINO desde su experiencia como directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER). En este sentido, la letrada sostiene que “en el video no se observa que el perro esté en señal de ataque. Lo que hace el animal es ladrar, porque todos los perros ladran y obviamente al haber ruido el animal tiene esa reacción”.

Al respecto de la conducta del batuquero, Darrigo expresó: “lo que se puede ver es una conducta de desprecio hacia el animal. En este caso, no cabría la figura del delito del maltrato animal contemplado en la Ley 14346, porque no realizó ningún daño sobre el animal, y luego el animal se corrió”. Aunque agregó: “hay que dejar en claro que la persona actuó mal”.

La Ley 14.346 contempla penas de prisión que van desde 15 días hasta 1 año para aquella persona que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.

Con respecto a las versiones que indican que el perro podría haber estado en situación de ataque hacia la pasista y los integrantes de la batucada, Darrigo dejó en claro que “en el caso de que el perro hubiera amenazado con morder, no es la manera de prevenir una mordida”. Y, sobre ese punto, también señaló que un evento de la envergadura del Carnaval del País debería contar con personal de seguridad para controlar este tipo de hechos, ya que solo se trataba de un perro y no de una jauría.

Como conclusión, y a fin de rescatar un aprendizaje sobre lo ocurrido, la directora del Instituto de Derecho Animal reflexionó: “lo que se podría sacar de este hecho es que esto sirva para que la sociedad tome conciencia sobre el cuidado y el respeto hacia los animales”.