El fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, fue dado de alta tras permanecer cerca de tres meses hospitalizado en el Hospital Ramos Mejía debido a las graves lesiones sufridas durante un operativo de las fuerzas federales en una marcha por los jubilados. Actualmente, fue trasladado al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, donde continuará con su proceso de recuperación.

Según informaron sus familiares, Grillo permanecerá internado de lunes a viernes para su rehabilitación y tendrá permiso para salir de manera ambulatoria durante los fines de semana. De avanzar favorablemente, en aproximadamente dos meses deberá regresar al centro de salud ubicado en el barrio porteño de Balvanera para someterse a una segunda intervención quirúrgica.

Las heridas del fotoperiodista fueron causadas por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada por efectivos de Gendarmería durante la manifestación a favor de los jubilados el pasado 12 de marzo. Estas lesiones provocaron un trauma severo, con múltiples fracturas craneales y pérdida de tejido cerebral, lo que derivó en un cuadro de hidrocefalia que solo puede tratarse mediante cirugía.

Tras pasar 55 días en terapia intensiva, el 8 de mayo Grillo fue trasladado temporalmente fuera de esa unidad. En una fotografía que circuló en redes sociales, se lo pudo ver acompañado por su padre, Fabián, en uno de los balcones del Hospital Ramos Mejía.

El incidente ocurrió en medio del operativo de seguridad durante la protesta, en la que también participaron grupos violentos y militantes de organizaciones de izquierda. El fotógrafo se encontraba resguardado detrás de los restos de un mueble incendiado cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por un agente de Gendarmería.

Por la agresión a Grillo se abrió una investigación judicial que continúa en curso. El caso tramita en el juzgado de María Servini, luego de que el presidente de la Cámara Federal, el magistrado Mariano Llorens, debiera resolver una disputa por la competencia. La decisión hizo recaer la causa en el Juzgado Federal N°1.

A instancias del fiscal Eduardo Taiano, Servini pidió que el Ministerio de Seguridad le envíe “todas las actuaciones labradas a raíz del operativo desplegado por las fuerzas el día 12 de marzo”, y todo el “marco normativo” que aplica al caso, como “protocolos y reglamentos”, además de la orden para poner en marcha el operativo. Asimismo, solicitó que se especifique el tipo de “armamento no letal” que se utilizó ese día, y las respectivas “guías de actuación” que regulan su manejo.

La denuncia que guía la investigación sobre los hechos es una de las dos que activó la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), una fiscalía contra la violencia institucional. Junto a ella tramitan otras actuaciones, como la denuncia que hizo la familia de Grillo o la que hizo Beatriz Blanco, la jubilada que cayó de espaldas luego una disputa con un policía.