El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la competencia para investigar la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei.

Esta semana, el juez Ariel Lijo, subrogando a su colega María Servini, le derivó la causa a Martínez de Giorgi quien ya tenía un expediente en el que está imputada Karina Milei por facilitar audiencias con el Presidente a cambio de sumas de dinero.

Martínez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal ya había dicho que debían tramitar separadas. El conflicto volverá ahora a ser analizado por la Cámara Federal. (Con información de Ámbito)

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El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado de María Servini durante su licencia, declaró la incompetencia de ese tribunal en la causa por la estafa millonaria de la criptomoneda $Libra y remitió el expediente a Marcelo Martínez De Giorgi. El magistrado entendió que existe una “mancomunidad probatoria y de imputados” que impone la tramitación conjunta con otra investigación conexa en curso.

La medida implica que será De Giorgi quien concentre la instrucción sobre el escándalo financiero que involucra a financistas, empresarios y exfuncionarios. En los últimos meses, la causa sumó testimonios y pericias contables de gran volumen. Lijo fundamentó que la unificación busca “evitar un dispendio jurisdiccional” y garantizar mayor coherencia procesal.

En paralelo, la comisión investigadora $Libra de la Cámara de Diputados avanza en su esquema de control político. El 9 de septiembre volvió a reunirse pese a la ausencia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quien rechazó asistir a brindar testimonio. Su negativa generó fuertes acusaciones de la oposición, que lo responsabilizó de intentar proteger al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, ambos mencionados en denuncias parlamentarias.

Con el expediente ahora bajo la órbita de Martínez De Giorgi, se abre una etapa de acumulación de pruebas y coordinación de las medidas ya impulsadas. El juez deberá ordenar la instrucción penal, mientras el Congreso mantiene abierta su propia pesquisa sobre uno de los mayores escándalos financieros de la era Milei.