El bloque de diputados y diputadas “Más Para Entre Ríos” decidió no participar de las sesiones especiales convocadas para este martes en las que el oficialismo pretende dar tratamiento y aprobación a normas de importancia apelando otra vez a un “tratamiento express” que nos impide cumplir con la responsabilidad de analizar cada proyecto y realizarle las modificaciones que se crean convenientes.

En cuanto al tratamiento del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, no estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del mismo. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la Comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando. Vale señalar que hasta las 10 de este martes aún no se habían recibido todos los informes solicitados por la Comisión y que el dictamen aún estaba circulando entre los legisladores.

En lo que refiere al tratamiento de las modificaciones de la Ley Impositiva y del Código Fiscal debemos señalar que una modificación a la estructura impositiva que puede perjudicar o beneficiar a diferentes sectores de la sociedad entrerriana, no puede tratarse en solo 24 horas, ya que resulta un plazo insuficiente y resultaría poco responsable de nuestra parte validar esta metodología.

Del mismo modo, en cuanto al tratamiento de la prórroga de la ley que declaró la emergencia en obras públicas, consideramos que otorgar un nuevo plazo de vigencia de esa norma sería convalidar que el 75% de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio transcurra bajo la modalidad de emergencia lo que denota una falta de capacidad para la gestión del área. No hay antecedentes desde 1983 a la fecha de un gobierno haya estado tres años consecutivos en emergencia.

Finalmente, respecto de la ley de creación de nuevas comunas, consideramos que se trata de un paso importante en la institucionalización de las comunidades rurales que no puede ser tratado con el apresuramiento que el oficialismo pretende. Por el contrario, creemos que debe darse en el marco de un proceso participativo que claramente no tuvo lugar.

Durante la semana se dejó de lado la modalidad de trabajo con seriedad, profesionalismo y capacidad de escucha que habíamos conseguido en la Cámara, y en temas que son de real importancia. Por esta razón entendemos que no podemos convalidar esta modalidad de funcionamiento que no se corresponde con la responsabilidad que tenemos como legisladores

Entendemos que estas circunstancias nos impiden realizar el trabajo que debemos llevar adelante en cumplimiento del mandato de los entrerrianos que en las elecciones de 2023 ubicaron a nuestro espacio como el principal bloque opositor. Dadas la composición de la Cámara, la única alternativa de que disponemos para expresar nuestra opinión de manera efectiva es no concurriendo a esta convocatoria.

Por un lado, el programa “Tu Primer Alquiler” ofrece una herramienta concreta para acompañar a quienes deben afrontar los elevados costos iniciales del alquiler.

A través de una línea de microcréditos a tasa cero por $220.000, a devolver en 18 cuotas mensuales iguales y consecutivas, se busca aliviar el impacto económico que implica ingresar a una vivienda alquilada. Entendemos que el monto constituye una ayuda que nunca es suficiente frente a la suma importante de dinero que hoy se exige, pero representa un apoyo real para quienes necesitan dar ese primer paso y no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.

Por su parte, el programa “Mejorar Tu Hogar” establece una política municipal de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, destinada a mejorar condiciones de habitabilidad, higiene, accesibilidad y salubridad. Con una asignación del 0,5% del presupuesto municipal, se concibe esta inversión como una acción de salud pública, inclusión y prevención, que fortalece la permanencia segura en la vivienda y promueve una mayor equidad territorial.

Finalmente, en mayo de 2025 se presentó para su debate en la Comisión de Género y Diversidad el Programa de Subsidio Habitacional para Personas en Situación de Género, orientado a garantizar un espacio seguro y digno para quienes atraviesan situaciones de violencia y no cuentan con vivienda o contención familiar.

El bloque de diputados de Más Para Entre Ríos manifestó su firme oposición al proyecto de ley que busca un nuevo endeudamiento para la provincia. Este martes, durante una reunión de comisión con el ministro de Economía, Fabián Boleas, Stratta expresó las dudas y preocupaciones del peronismo, que considera que la propuesta es innecesaria y riesgosa.

Cabe destacar que hubo dictamen del proyecto y el PJ no lo firmó. Este lunes la iniciativa obtuvo media sanción en el Senado. "Nosotros consideramos que el Poder Ejecutivo ya tiene herramientas, si es lo que quiere, para reperfilar la deuda o plantear su sostenibilidad", afirmó la legisladora.

Además, explicó que la Provincia ya autorizó el endeudamiento y la emisión de letras en el presupuesto, y que la Ley de Administración Pública también faculta al gobierno a reestructurar los servicios de la deuda. La diputada sostuvo que el gobierno no ha utilizado estas herramientas, lo que genera sospechas sobre la verdadera finalidad del proyecto.

Stratta enfatizó que la decisión de tomar deuda en el actual contexto nacional es una apuesta arriesgada: "La macroeconomía muestra síntomas muy, pero muy dificultosos. Las tasas de interés están altísimas, el dólar que sube y sube, al igual que el riesgo país" y añadió que un nuevo endeudamiento en un escenario donde no se proyectan mejoras en los ingresos provinciales equivale a "hipotecar el futuro de los entrerrianos".

La legisladora mencionó que su bloque propuso incluir un "tope a las tasas" de interés como salvaguarda, pero la sugerencia no fue aceptada por el gobierno, que busca que el proyecto se apruebe sin modificaciones.

Finalmente, Stratta expresó su preocupación por la situación económica a nivel nacional, la cual, a su juicio, ha impactado de lleno en las finanzas provinciales y municipales: "Creemos que la deuda que tenía la provincia de Entre Ríos se volvió compleja y complicada en un escenario de devaluación, como el que hizo Javier Milei".

Además, la diputada señaló que el gobierno provincial debe exigir mayor apoyo a la administración nacional, especialmente ante la caída de la coparticipación y los recortes en áreas sensibles como la salud, educación y discapacidad. (APFDigital)

En el marco del próximo tratamiento legislativo del proyecto de ley que propone la creación de consorcios camineros rurales, representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) mantuvieron una reunión con senadores y senadoras del bloque “Más para Entre Ríos”. El encuentro tuvo como eje el rechazo sindical a la iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Desde Soever señalaron que el proyecto “transfiere funciones estratégicas del Estado a entidades privadas o mixtas, sin garantizar mecanismos de control adecuados ni criterios de equidad territorial”. En ese sentido, advirtieron que la medida podría derivar en una fragmentación del sistema vial provincial, con consecuencias negativas para el mantenimiento de caminos rurales y la planificación integral de obras.

“No resuelve la problemática estructural de la red vial, ni contempla la diversidad geográfica y productiva de Entre Ríos”, expresaron los representantes gremiales. Además, remarcaron que “la verdadera solución pasa por fortalecer la Dirección Provincial de Vialidad, recuperar los fondos específicos para caminos y construir una política pública vial con participación de los trabajadores y control estatal”.

Durante la reunión, el sindicato expuso su preocupación por el posible vaciamiento de funciones técnicas y operativas de Vialidad, y por el impacto que podría tener el proyecto en las condiciones laborales del personal vial. También se planteó la necesidad de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos y evitar la tercerización de tareas que históricamente fueron responsabilidad del Estado.

Al cierre del encuentro, los legisladores se comprometieron a convocar a los representantes sindicales cuando el proyecto sea tratado en Comisión en el ámbito de la Cámara de Senadores. Desde Soever valoraron el espacio de diálogo, pero insistieron en que “la defensa de la infraestructura vial debe ser una política de Estado, no una cesión de responsabilidades”.

El escenario político local sumó un nuevo capítulo de controversia luego de que concejales del bloque Más para Entre Ríos presentaran un pedido de acceso a la información pública en el que solicitan al presidente municipal Mauricio Germán Davico datos específicos sobre la situación contractual de S.B., presunta trabajadora del municipio que, según denuncian, estaría desarrollando tareas particulares en beneficio del concejal Jorge Roko, del oficialismo.

EL ARGENTINO accedió a la presentación formal, firmada por los concejales Delfina Herlax, Emiliano Zapata, María Sira Ghisi y Jorge Maradey. Allí se solicita conocer la fecha de contratación de la mujer, los motivos de su incorporación, copias de contratos, el registro de su asistencia, así como las tareas asignadas y la identidad de su superior jerárquico. Además, el pedido incluye una exhortación a que el Ejecutivo inicie una información sumaria para determinar si efectivamente se están desviando recursos municipales en beneficio de un funcionario.

La presentación se enmarca en la Ordenanza N.º 12752/2023, que regula el acceso a la información pública en el ámbito local, y en la Ley Nacional N.º 27.275, que garantiza el derecho ciudadano a requerir datos relacionados con la gestión de fondos públicos.

En los fundamentos del pedido, los concejales del PJ argumentan que fueron “anoticiados” de que S.B. no estaría cumpliendo funciones en las áreas municipales para las cuales habría sido contratada, sino que “desde un comienzo, se encuentra brindando un servicio particular y privado al concejal Jorge Roko”, lo que consideran una situación irregular que requiere una pronta aclaración.

La respuesta de Roko

EL ARGENTINO consultó al concejal Jorge Roko, quien brindó una extensa respuesta en la que negó rotundamente cualquier tipo de irregularidad. Admitió conocer a S.B. y confirmó que presta servicios de limpieza y mantenimiento en su domicilio, pero aseguró que esa relación es estrictamente privada y que no tiene ninguna injerencia ni conocimiento sobre el trabajo que pueda realizar en el municipio.

“Sí, la conozco, hace tareas de limpieza en mi casa. Tengo entendido que también trabaja para la Muni como monotributista, pero no sé qué hace ahí, ni me interesa”, explicó Roko a EL ARGENTINO.

Además calificó la presentación como parte de una maniobra política preelectoral: “Estoy acostumbrado a que, en épocas como esta, se busquen cosas para ensuciar. A veces me apuntan a mí porque soy presidente de bloque”.

Roko también manifestó su preocupación por la exposición pública de la trabajadora y el uso de su nombre en documentos oficiales. “Me parece de muy mal gusto que la involucren a ella de esta forma. Para la trabajadora debe ser muy incómodo verse envuelta en esto. Hay que tener responsabilidad con el daño que se genera”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo municipal responda el pedido, Roko expresó: “Ojalá se conteste y se aclare todo. No tengo nada que ocultar. Me parece bien que la Municipalidad diga cuál es el rol que cumple esta persona si está contratada”.

Clima tenso en el HCD

La situación refleja un clima tenso en el Concejo Deliberante, con una creciente confrontación entre oficialismo y oposición. Mientras desde el bloque Más para Entre Ríos insisten en que el uso de recursos públicos debe ser transparente y auditado, desde el oficialismo denuncian una campaña para “ensuciar” figuras políticas y generar desgaste en la previa de un año electoral.

Más allá de la polémica, el pedido de información presentado deberá ser respondido por el Ejecutivo en los plazos establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos casos, no hay certezas sobre si esa respuesta llegará en tiempo y forma, o si el tema se diluirá en medio de la coyuntura política.

Los concejales de Más para Entre Ríos se manifestaron a través de un comunicado donde opinaron que "este fallo no es un acto de justicia, sino la consolidación de una persecución política, judicial y mediática".

Jorge Maradey, Delfina Herlax, Emiliano Zapata y María Sira Ghisi sostuvieron que "este fallo no es un acto de justicia. Es la consolidación de un proceso de persecución política, judicial y mediática contra una de las líderes políticas más importantes del país".

Asimismo, apuntaron contra "la Corte, integrada solo por tres jueces (dos de ellos designados por Mauricio Macri), avanza en una decisión cargada de vicios de ilegitimidad y desprestigio. El sistema judicial vuelve a quedar al servicio del poder económico. Denunciamos esta maniobra como un nuevo capítulo del lawfare, el uso del Poder Judicial para perseguir políticamente".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la voluntad popular", sostuvieron.

Finalmente, opinaron que "este proceso de hostigamiento ya no se limita a la persecución judicial y mediática. El 1° de septiembre de 2022, Cristina fue víctima de un intento de magnicidio. El arma falló, pero el mensaje fue claro: algunos sectores están dispuestos a todo para silenciar a quienes representan al pueblo. Basta de proscripción. Basta de Justicia para pocos. Basta de odio", concluyeron.

El peronismo se alineó para apoyar a Cristina

Legisladores y referentes de la provincia, se expresaron y rechazaron el fallo de la Corte Suprema que inhabilita de por vida a Cristina Fernández a ejercer cargos públicos, y además, la condena a 6 años de prisión.

Sumándose al masivo acompañamiento de la militancia, los legisladores del PJ también se mostraron “preocupados”.

A través de un comunicado que difundieron en redes sociales, indicaron que el fallo de la Corte “sienta un precedente de gran peso en cuanto a la responsabilidad de quienes ejercen la primera magistratura de la Nación, y confirma la existencia de un nocivo doble estatus judicial”.

También, el gualeguaychuense Guillermo Michel dijo que “la responsabilidad objetiva no es aplicable en el derecho penal. Por el solo hecho de haber ocupado un cargo, no se puede tener una responsabilidad penal independientemente de la conducta”.

“Es necesario que la causa de la expresidenta sea revisada por la Justicia admitiendo el planteo de sus abogados”, pidió el extitular de Aduanas.

Para el exgobernador Bordet, la Corte ratificó "una condena cargada de irregularidades". El actual diputado cargó contra la judicialización de la política y dijo que "vuelve a usarse como herramienta de persecución y exclusión".

"La confirmación del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner no sólo consolida un proceso judicial viciado desde su origen, sino que representa un grave retroceso institucional. La utilización del Poder Judicial para dirimir disputas políticas y condicionar la participación de liderazgos populares daña profundamente la democracia. Mi solidaridad con Cristina, dos veces presidenta y actual titular del Partido Justicialista. En tiempos de crisis, más que nunca debemos defender la legalidad, el voto y el Estado de Derecho", dijo el exgobernador a Letra P.

Buscan promover por ley la agroecología en Entre Ríos. La diputada provincial Silvia Moreno, del bloque Más para Entre Ríos, presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley que apunta a fomentar la producción agroecológica en todo el territorio provincial, tanto en zonas urbanas como periurbanas. La propuesta busca establecer un marco legal que promueva la elaboración y comercialización de alimentos saludables, al tiempo que fortalezca la economía social, la agricultura familiar y las experiencias de soberanía alimentaria.

El texto, ingresado formalmente este 26 de mayo, contempla un amplio abanico de beneficiarios: pequeños productores rurales, familias agrarias, cooperativas y organizaciones de base que trabajan con prácticas sostenibles. Entre los principios rectores de la norma, se destacan el respeto por los saberes locales, la participación activa de mujeres y juventudes rurales, y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad social.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Registro Provincial de Productores Agroecológicos, junto a herramientas de planificación y seguimiento que aseguren la implementación efectiva de las políticas. El objetivo es consolidar una red de producción y comercialización alternativa, centrada en el cuidado ambiental, la salud y el arraigo territorial.

Según explicó Moreno en los fundamentos, la iniciativa busca “dar visibilidad y reconocimiento a prácticas productivas históricas que, si bien muchas veces son marginadas, están profundamente enraizadas en el trabajo cooperativo y en el respeto por la tierra”. La diputada remarcó que la ley no busca imponer restricciones ni vetos a otros modelos productivos, sino que apuesta por “una transformación cultural progresiva basada en la educación, el acompañamiento técnico y la valoración de modelos agroecológicos”.

El proyecto también responde a una preocupación concreta: el repliegue del Estado nacional en materia de políticas públicas destinadas a la producción de pequeña escala. “Esta ley nace del diálogo con organizaciones del sector rural que vienen reclamando un respaldo institucional claro. En este contexto de retracción de políticas federales, creemos que la provincia debe dar un paso al frente”, sostuvo Moreno.

El enfoque integral del proyecto se traduce en una mirada que articula producción, salud, ambiente y justicia social. Se promueve, además, la conservación de la biodiversidad y el uso racional de los bienes comunes, como el agua y el suelo, en sintonía con los lineamientos de organismos internacionales y experiencias similares que ya se aplican en otras provincias argentinas.

La iniciativa legislativa ingresa en un momento donde el debate sobre los modelos de producción cobra cada vez más relevancia, tanto por sus impactos ambientales como por sus consecuencias sociales. Con esta propuesta, Entre Ríos podría posicionarse como una de las primeras provincias del país en contar con una legislación específica que impulse la agroecología como política de Estado.

Thierry Henry nombró a Franco Mastantuono como una de las máximas promesas a nivel mundial, durante un programa televisivo de CBS Sports. El francés, panelista junto a Micah Richards y Jamie Carragher, dialogaban sobre la aparición de Lamine Yamal y las comparaciones.

El ex futbolista repasó a las estrellas que le tocó admirar. “Me asombra que siempre se dice que no hay manera que alguien sea mejor que Messi (Lionel) o Cristiano Ronaldo. En mi época eran Pelé o Maradona (Diego). Puedes poner a Zidane (Zinedine), Ronaldo y otros nombres”, manifestó.

A la hora de llevar ese tema a la actualidad, Henry deslizó que “ahora aparece Lamine Yamal o el chico argentino Franco Mastantuono que juega para River Plate y ganó el Superclásico con el gol de tiro libre contra Boca Juniors”. Además, agregó: “Eso es algo que nunca podés… por eso el fútbol es tan asombroso”.

El campeón del Mundial 1998 con la Selección de Francia también encontró una similitud entre los dos futbolistas que mencionó y tiene que ver con la corta edad de ambos. “Es una locura pensar que estos chicos tienen solo 17 años”, manifestó en torno a la proyección que tienen de cara al futuro.

Mientras se espera un inminente llamado de Lionel Scaloni a la Selección Argentina, la dirigencia del Millonario aseguró que la intención es sostener al futbolista como mínimo hasta fin de año. La tarea no será para nada sencilla, debido al gran interés que ya despertó en varios gigantes europeos.

En el Superclásico hubo un emisario de Olympique de Marsella y ya hubo contactos de Manchester United, interesado en ejecutar la cláusula de rescisión de 45 millones de euros en cuotas. También aparecen PSG y Atlético de Madrid entre los clubes que aguardan atentos y lo tienen bajo la lupa.

Sin embargo, desde el círculo íntimo de Mastantuono reconocieron que su deseo es vestir la camiseta de Real Madrid, que también realizó algún contacto informal con la gente que maneja al jugador. Lo que resta es saber cómo se desarrollarán las negociaciones con la dirigencia de River.

El pedido se enmarca en lo establecido por el Artículo 91 de la Ley Orgánica de Municipios, que faculta al cuerpo deliberativo a requerir datos e informes al Departamento Ejecutivo, así como por el Artículo 139 del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

La iniciativa surge tras declaraciones del propio intendente, Mauricio Davico, quien había informado a la ciudadanía sobre una importante intervención en infraestructura en la previa al evento turístico y cultural más convocante de la ciudad.

“Estamos realizando una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos para dejar todo de manera óptima, prolija y funcional”, había afirmado el jefe comunal.

El proyecto de comunicación aprobado por el Concejo solicita que el Ejecutivo detalle, por escrito, varios aspectos clave de la obra:

Enumeración específica de los trabajos realizados, incluyendo la edificación de nuevos baños, construcción de plateas de hormigón, restauración de los sanitarios cercanos a la Casa Rosada (área VIP del Corsódromo) y mejoras en seguridad y accesibilidad para personas con discapacidad motriz.

Además, solicitan conocer detalles de las empresas, cooperativas o personal que tuvieron a cargo las tareas; acceso a los expedientes de licitaciones, cotejos o contratos correspondientes. También se pidió información sobre el detalle de los pagos realizados en relación con dichas obras.

El pedido, que ya fue elevado al Departamento Ejecutivo, busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurar que las obras se hayan llevado a cabo conforme a los estándares prometidos.

Desde el bloque de concejales se remarcó que este tipo de solicitudes no buscan entorpecer la gestión, sino cumplir con el deber de control y fiscalización que la normativa les asigna como representantes del pueblo. Ahora resta que el Ejecutivo responda en tiempo y forma, tal como lo establece la ley.

Asimismo manifestaron su profunda preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad “con violencia y crueldad sin justificación alguna frente a una manifestación que realizaron, como todos los días miércoles, los jubilados en defensa de sus derechos” que fueron avasallados como resultado de las medidas de ajuste implementadas por el gobierno nacional.

El proyecto señala que la calidad de vida de los jubilados se vio fuertemente afectada por las decisiones que tomó el presidente Javier Milei desde que asumió: congelamiento del bono, cambio de la fórmula jubilatoria, quita de medicamentos de la cobertura de PAMI, suba de los servicios esenciales, entre muchos otros aspectos. Una realidad frente a la cual los pasivos ejercen el derecho de expresar su reclamo.

“A pocos días de cumplirse 49 años de la dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976, el gobierno dispuso un operativo ‘de seguridad’ que recrea la brutalidad y el terror de aquellos días. En las imágenes que registraron lo que ocurrió pueden verse prácticas muy preocupantes en el marco del estado de derecho. Efectivos policiales golpean, gasean o disparan a jubilados, periodistas, niños y manifestantes que acompañaron a jubilados, además de realizar decenas de detenciones sin razón alguna”.

Igualmente señalaron que luego de estos dramáticos hechos, los principales funcionarios del gobierno nacional realizaron declaraciones justificando la violencia desproporcionada y adjudicando intenciones golpistas a quienes solamente ejercían el derecho de reclamar a las autoridades.

Finalmente los legisladores justicialistas llamaron a la reflexión a todos los integrantes de la Cámara de Diputados “para que sean todas las fuerzas políticas las que coincidamos en que la democracia implica no tolerar la violencia y convocar al diálogo para resolver los conflictos”. (APFDigital)