La reestructuración impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, que dispuso la finalización del Programa Remediar para dar paso al nuevo Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, genera repercusiones en la organización operativa de la atención primaria de la salud. La exministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez, se refirió al impacto de la medida sobre la continuidad de las prestaciones y el suministro de insumos farmacéuticos esenciales destinados a la población sin cobertura médica formal.

El programa nacional constituía una red logística de alcance federal que suministraba botiquines con medicamentos de distribución gratuita a más de 8.100 centros de salud urbanos y rurales en todo el país. La cobertura epidemiológica del esquema alcanzaba el 85% de las patologías más frecuentes, garantizando la dispensa directa de tratamientos para una población estimada de entre 16 y 20 millones de usuarios del sistema público.

Desde el punto de vista operativo, la dinámica prestacional permitía a los equipos profesionales realizar intercambios y redistribuciones de insumos entre establecimientos según las variaciones de la demanda local. Asimismo, el sistema integraba herramientas de nominalización de pacientes, capacitación continua para el personal sanitario y protocolos territoriales de seguimiento para evitar el abandono de tratamientos clínicos.

La integración de Remediar con otros programas de gestión, como el Plan Sumar, permitió el registro y la nominalización de más de 1,1 millones de ciudadanos entrerrianos sin obra social. La sistematización de estos datos socio-sanitarios facilitaba la identificación de perfiles epidemiológicos regionales, la estimación de necesidades específicas en especialidades como pediatría, obstetricia y salud mental, y la planificación en la asignación de recursos humanos e insumos.

Por su parte, la cartera sanitaria nacional fundamentó la discontinuación de la herramienta en la necesidad de actualizar las prioridades epidemiológicas del país, orientando los recursos hacia la prevención y tratamiento de patologías cardiovasculares como principal causa de morbimortalidad en la población. La transición hacia el nuevo esquema implica la reformulaciòn del catálogo de insumos distribuidos y la reorganización de los circuitos de provisión en las distintas jurisdicciones.

Entre enero y septiembre de 2026, el sistema sanitario público dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos realizó 1.400 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE), en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 27.610.

Esta política sanitaria provincial contempla dos dimensiones fundamentales: por un lado, el fortalecimiento de las estrategias de prevención de embarazos no intencionales y, por el otro, la garantía de una atención segura, confidencial y respetuosa cuando la persona requiera la prestación.

La atención médica y social se desarrolla a través de una red provincial articulada entre centros de salud del primer nivel y hospitales de distinta complejidad, con la participación activa de equipos de trabajo interdisciplinarios. En esta organización, el primer nivel de atención cumple un rol central en la recepción inicial de las consultas, el suministro de información precisa y el acompañamiento correspondiente.

Cuando la situación clínica o el procedimiento demandan una mayor complejidad asistencial, se coordina la atención con los hospitales de referencia para garantizar la práctica sanitaria, buscando acortar distancias y evitar desplazamientos innecesarios de la población.

Para asegurar la continuidad operativa de la red sanitaria, la gestión provincial lleva adelante una planificación en los procesos de compra, la distribución de medicamentos e insumos específicos y el monitoreo permanente de inventarios, niveles de consumo y fechas de vencimiento. La estrategia prevé mecanismos de redistribución de recursos en caso de faltantes eventuales y la disponibilidad del equipamiento médico indispensable para la realización de los procedimientos, incluida la técnica de aspiración manual endouterina (AMEU) en aquellos establecimientos habilitados con la correspondiente prestación.

El esquema de acompañamiento se brinda de forma integral antes, durante y después del procedimiento. En las fases previas y simultáneas, el personal de salud otorga información clara, efectúa la evaluación clínica pertinente, gestiona el consentimiento informado y detalla las pautas de cuidado, el manejo sintomático del dolor y la identificación de señales de alarma.

En la etapa posterior, se realiza el seguimiento clínico correspondiente para supervisar la evolución y detectar posibles complicaciones, instancia en la que intervienen profesionales de medicina, obstetricia, enfermería, psicología y trabajo social.

Asimismo, la red pública contempla el espacio de consejería anticonceptiva como una instancia voluntaria de orientación individual para la elección de un método de cuidado. En los establecimientos sanitarios provinciales se ofrecen insumos como preservativos, anticonceptivos orales, inyectables, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos (DIU), sujetos a la evaluación médica y la disponibilidad del efector.

En paralelo, el Ministerio de Salud impulsa programas de capacitación continua para el personal sanitario mediante el acompañamiento técnico de organismos y equipos especializados, entre los que se encuentran la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

La crisis económica generalizada y sostenida por varios años afecta considerablemente a los sectores más empobrecidos de la sociedad argentina, y dentro de los mismos a quienes padecen problemas crónicos de salud y a los adultos mayores.

El acceso a medicamentos es primero de los derechos afectados entre usuarios del sistema, profundizado por la falta de cobertura de gran parte de las obras sociales. Esta situación tiene varias aristas. La más dramática, sin lugar a dudas, son las miles de personas que deben hacer tratamientos a medias o directamente abandonarlos por no contar con los recursos económicos para sostenerlos. Otra de las discusiones que se propone es el precio los medicamentos en el país y el rol que cumple el Gobierno Nacional en este sentido.

En este sentido, días pasados se dio a conocer un informe reservado que circuló entre funcionarios nacionales, el cual sostiene que los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son sensiblemente más caros que en el exterior en el 90% de las comparaciones y alcanzan un sobreprecio mediano de 3,1 a 1 frente a mercados internacionales.

El trabajo analizó una canasta de 17 principios activos esenciales y comparó los valores de venta al público en farmacias con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

Para evitar distorsiones por el tamaño de los envases o las concentraciones, la medición se estandarizó bajo la Dosis Diaria Definida (DDD), la unidad de medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el relevamiento oficial, las mayores diferencias se dan frente a la India, donde los remedios en Argentina resultan 6,7 veces más caros, seguidos por España, con 5,3 veces, y Francia, con 3,4 veces. Frente a Estados Unidos, la brecha es de 1,8 veces y respecto de Brasil de 1,6 veces, según el informe.

Según trascendió, en el caso de la levotiroxina, utilizada para el hipotiroidismo, la dosis diaria cuesta US$ 0,644 en la Argentina frente a una mediana internacional de US$ 0,103. El valor local supera en 8,2 veces al de España, de US$ 0,08; 4,6 veces al de Estados Unidos, de US$ 0,14; y 26,2 veces al de India, de US$ 0,02.

Para la atorvastatina, en tanto, indicada para el colesterol, el costo por dosis diaria en el país se ubica en US$ 1,437, más de cinco veces por encima de la mediana internacional de US$ 0,267. Los valores de referencia son de US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India.

Asimismo, en el caso de la metformina, usada para diabetes tipo 2, la dosis diaria en farmacias argentinas cotiza a US$ 0,871 frente a los US$ 0,175 de la mediana de los otros cinco países. La referencia internacional marca US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.

El diagnóstico de este informe sirve de sustento para la estrategia del Gobierno Nacional, orientada a desregular el mercado farmacéutico, promover la importación directa por parte de provincias e impulsar la prescripción por nombre genérico para abaratar los tratamientos de bolsillo.

Por otro lado, sobre las variaciones de precios en este año, informó que las mismas se han movido entre un 1,9% y un 2,9% mensual en lo que va del 2026, por lo que, en promedio “no han superado la inflación”. Igualmente, más allá de estos índices, la situación muy compleja.

“Los adultos mayores se ven afectados para cumplir con los tratamientos, eligen llevar por tabletas, según la disponibilidad económica, o se ven obligados a elegir que medicación llevar, según la necesidad y dependiendo de si la cobertura las obras sociales es total o parcial”, contó Etchemendy, en este sentido. Al tiempo que se refirió a los perjuicios sufridos por el sector del que es parte: “al sector farmacéutico le afecta de sobremanera el no pago de las obras sociales, ya que nunca se deja de atender y se nos generan deudas que al momento de ser saldadas ya hemos quedado desfinanciados totalmente”.

Gómez también habló de otra situación que es resultado de la crisis, muchos argentinos toman los remedios de manera salteada: “Tenemos pacientes que recortan la medicación y el impacto en la salud que trae saltear los medicamentos es gravísimo, eso trae aparejado otros problemas que terminan implicando más gasto”.

Asimismo, el farmacéutico aseguró que la dura situación económica es trasversal a todas las generaciones y remarcó que “los medicamentos ocupan el primer lugar entre las cosas de primera necesidad, la gente sabe que tiene que comprarlos sí o sí por e so hoy vemos la lamentable moda de endeudarse con as billeteras virtuales para poder pagar los remedios. La gente está empujada por la situación, no tiene otra opción”.

Los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son más caros que en el exterior en el 90% de las comparaciones y alcanzan un sobreprecio mediano de 3,1 a 1 frente a mercados internacionales.

En tres tratamientos crónicos de alto consumo, la levotiroxina cuesta US$ 19,3 por mes en la Argentina contra US$ 3,1 en el exterior; la atorvastatina, US$ 43,1 contra US$ 8; y la metformina, US$ 26,1 contra US$ 5,3.

Un informe reservado que circula entre funcionarios, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reveló que los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son sensiblemente más caros que en el exterior.

El trabajo analizó una canasta de 17 principios activos esenciales y comparó los valores de venta al público en farmacias con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

Para evitar distorsiones por el tamaño de los envases o las concentraciones, la medición se estandarizó bajo la Dosis Diaria Definida (DDD), la unidad de medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el relevamiento oficial, las mayores diferencias se dan frente a la India, donde los remedios en Argentina resultan 6,7 veces más caros, seguidos por España, con 5,3 veces, y Francia, con 3,4 veces.

Frente a Estados Unidos, la brecha es de 1,8 veces y respecto de Brasil de 1,6 veces, según el informe.

En el caso de la levotiroxina, utilizada para el hipotiroidismo, la dosis diaria cuesta US$ 0,644 en la Argentina frente a una mediana internacional de US$ 0,103.

El valor local supera en 8,2 veces al de España, de US$ 0,08; 4,6 veces al de Estados Unidos, de US$ 0,14; y 26,2 veces al de India, de US$ 0,02.

Para la atorvastatina, indicada para el colesterol, el costo por dosis diaria en el país se ubica en US$ 1,437, más de cinco veces por encima de la mediana internacional de US$ 0,267.

Los valores de referencia son de US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India.

En el caso de la metformina, usada para diabetes tipo 2, la dosis diaria en farmacias argentinas cotiza a US$ 0,871 frente a los US$ 0,175 de la mediana de los otros cinco países.

La referencia internacional marca US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.

El diagnóstico sirve de sustento para la estrategia del Gobierno orientada a desregular el mercado farmacéutico, promover la importación directa por parte de provincias e impulsar la prescripción por nombre genérico para abaratar los tratamientos de bolsillo.

Entre esas experiencias figura la compra a la India realizada por Mendoza, de acuerdo con la información oficial.

Fuente: NA

El proceso de reestructuración del sistema de salud para el personal militar y las fuerzas de seguridad ha alcanzado un punto de inflexión decisivo. Tras la oficialización de la medida que dispuso la fragmentación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra abocado a ultimar los pasos burocráticos para la puesta en marcha definitiva de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, las autoridades del área de Defensa avanzan a ritmo acelerado para concretar la personería jurídica propia y la legitimación procesal de la nueva entidad. Asimismo, se están incorporando los recursos técnicos y la infraestructura informática indispensable para lograr la autonomía total respecto de la antigua estructura.

Mientras que el personal dependiente de las fuerzas de seguridad ya fue transferido a un esquema diferenciado con prestación a través de medicina privada, el sector militar mantendrá una lógica prestacional pública y propia. Esto implica que el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada continuará utilizando la red de hospitales militares y centros asistenciales históricos, principalmente aquellos distribuidos en el área metropolitana y en nodos estratégicos del interior del país.

Durante este período de transición, una comisión asesora conformada por representantes de diversas carteras gubernamentales y organismos de control supervisa la migración de datos y expedientes. Para la tranquilidad de las familias afiliadas, el ente residual continúa garantizando las prestaciones médicas indispensables y los servicios de salud esenciales.

Las Fuerzas Armadas han iniciado un esquema de regularización para cancelar el porcentaje de la deuda que les corresponde, mientras que el saldo restante, vinculado a los sectores de seguridad, aún requiere una definición operativa. Desde la administración central se ha previsto que, en caso de ser necesario para garantizar el equilibrio de la nueva etapa, el propio Estado interviene para sanear las cuentas adeudadas entre organismos públicos y asegurar que el servicio de salud nazca sin condicionamientos financieros.

Acompañado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el mandatario destacó que el nuevo sistema representa un cambio estructural en la forma en que la provincia adquiere y distribuye medicamentos. "Quería conocer de primera mano cómo viene funcionando este sistema. En este caso, tal vez más que en otros, se da lo que suelo decir siempre: venimos a poner luz donde había oscuridad, gestión donde había desidia y orden donde había muchísimo desorden", afirmó.

Frigerio explicó que anteriormente cada hospital realizaba sus propias compras, lo que generaba diferencias de precios de hasta un 50 por ciento para un mismo producto, dificultaba el control del stock y hacía perder el poder de compra que tiene el Estado cuando adquiere grandes volúmenes.

"Hoy estamos gastando miles de millones de pesos menos por una mayor cantidad de medicamentos. Además, contamos con un sistema de distribución que optimiza el stock y garantiza que los insumos lleguen cuando y donde se necesitan", señaló.

El gobernador destacó que la centralización de las compras no sólo permite reducir costos, sino también mejorar el control de todo el circuito. "Ahora tenemos un sistema que brinda seguridad y trazabilidad en cada etapa, minimiza las posibilidades de irregularidades y asegura una administración mucho más eficiente de los medicamentos", sostuvo.

En ese sentido, recordó que pidió al ministro de Salud analizar las mejores experiencias del país para adoptar el modelo más adecuado para Entre Ríos. "Buscamos dónde se hacían mejor las cosas y hoy ese sistema ya está funcionando con muchísimo éxito en nuestra provincia", remarcó.

Frigerio también resaltó que la transparencia de los procesos licitatorios permitió ampliar la competencia entre proveedores. Mientras anteriormente participaban muy pocas empresas, en la licitación para la compra de medicamentos se presentaron 14 oferentes."Hoy estamos comprando todos los productos más baratos que el precio más bajo que antes pagaba cualquiera de estos hospitales. Esa es la mejor demostración de que un Estado ordenado puede brindar mejores servicios y cuidar mejor los recursos de todos los entrerrianos", concluyó.

Por su parte, el ministro Daniel Blanzaco explicó que el nuevo esquema es el resultado de un trabajo desarrollado durante el último año y medio.

"Identificamos los 360 productos de mayor consumo en las farmacias de los cinco hospitales de mayor complejidad de la provincia, elaboramos un vademécum común, realizamos las licitaciones correspondientes y diseñamos toda la logística de distribución. El ahorro no proviene solamente del mayor poder de compra, sino también de un sistema logístico mucho más eficiente", indicó.

En esta primera etapa, el sistema abastece a los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Centenario, de Gualeguaychú; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, que concentran más de dos tercios del consumo provincial de medicamentos. La incorporación del resto de los hospitales se realizará de manera progresiva.

El nuevo centro logístico funciona en la zona industrial de Colonia Avellaneda y opera con altos estándares de seguridad y trazabilidad. Para su puesta en marcha, los equipos técnicos de los hospitales fueron capacitados por la empresa adjudicataria del servicio logístico mediante licitación pública, que además proveyó el sistema informático y el equipamiento necesario para su implementación.

(APFDigital)

Un estudio elaborado por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), perteneciente al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), advirtió que el programa nacional registrará una fuerte contracción durante 2026.

Esta reducción incidirá directamente en la disponibilidad de insumos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y profundizará las brechas de cobertura entre las provincias.

Aunque la canasta oficial teórica superaba el centenar de drogas, entre abril y septiembre las presentaciones distribuidas caerán a solo 30. Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, señalaron que el recorte continuará y que las entregas proyectadas para el segundo semestre de 2026 incluirán de 22 a 23 productos.

Asimismo, disminuyó el volumen de establecimientos asistidos. Frente a una red nacional de casi 8.000 CAPS, la cartera sanitaria confirmó que solo recibieron insumos unos 4.200 centros que mantienen la rendición administrativa al día.

Desde la cartera nacional explicaron que la decisión responde al proceso iniciado en 2024 para traspasar la responsabilidad de la atención primaria a las jurisdicciones subnacionales, argumentando que las provincias deberán asumir la adquisición de fármacos según sus realidades locales.

El informe del CIIPS alertó que la disparidad de recursos provinciales genera una respuesta desigual ante el recorte. En el desglose territorial de tratamientos dispensados entre 2024 y 2025, se registraron caídas severas en jurisdicciones como Chaco (-72,4%), Salta (-70%) y Mendoza (-64,5%). En contraste, otras regiones mostraron variaciones menores, como Río Negro (-2,3%).

Investigadores de la entidad expresaron su inquietud por la eventual interrupción de tratamientos crónicos, como los cardiovasculares, y el retiro de insumos pediátricos, suplementos de hierro y medicación para el embarazo, factores que podrían sobrecargar las consultas en hospitales de mayor complejidad.

Con información de El Once Digital

Un análisis sobre los listados oficiales de Precios de Referencia de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación, bajo la Resolución 27/2022, revela una brecha alarmante: los fármacos para patologías crónicas aumentan de forma desproporcionada respecto de los ingresos de los adultos mayores. Entre el 1° de mayo y el 1° de julio de 2026, la canasta de medicamentos se incrementó un 6,02 por ciento. En el mismo bimestre, la jubilación mínima subió un 4,79 por ciento y el ingreso real de quienes perciben la mínima con bono —congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024— apenas trepó un 4,06 por ciento. En términos prácticos, el jubilado que en mayo compraba 100 comprimidos, en julio solo adquiere 98.

El incremento bimestral (2,99 por ciento en junio y 2,94 en julio) corrió por encima de la inflación general. El IPC de mayo fue del 2,1 por ciento y las proyecciones de junio lo ubican por debajo, consolidando la pérdida de poder adquisitivo en la salud de los más vulnerables. Una canasta de cinco tratamientos básicos de manual —enalapril, amlodipina, atorvastatina, levotiroxina y clopidogrel— pasó de costar 189.457 pesos en mayo a 200.859 pesos en julio. Sin cobertura, este gasto absorbe el 41,7 por ciento del ingreso total de un jubilado de la mínima con bono, fijado en 481.989 pesos. Incluso con el 70 por ciento de cobertura de la Resolución 310/2004, el copago en el mostrador trepó a 60.258 pesos, significando uno de cada ocho pesos del haber.

El cruzamiento de las 162 presentaciones expuso un hallazgo llamativo: todas subieron exactamente un 6,02 por ciento. Esto demuestra que la planilla oficial no releva las fluctuaciones reales del mercado, sino que aplica un coeficiente único de actualización. Si el precio de góndola de los laboratorios sube por encima de ese índice indexado en un despacho, la diferencia la paga íntegra el afiliado.

Esta situación es la última cuota de un proceso largo. Datos del Centro de Economía Política Argentina indican que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, fármacos de uso extendido acumularon subas de hasta el 523 por ciento, reduciendo a la mitad la capacidad de compra de medicamentos frente a los haberes previsionales en dos años y medio. A esto se añade que la Resolución 2026-428 dejó a 2,2 millones de afiliados excluidos del subsidio por razones sociales de PAMI, afectando directamente a 1,6 millones de pacientes crónicos. En las farmacias de Entre Ríos, el impacto se traduce en personas que espacian las tomas o cortan las pastillas para subsistir.

Fuente: Análisis

Por Milagros Martínez Garbino*

Lo veo a mi alrededor. Hay personas de ochenta años que pasan gran parte de su tiempo solas, encerradas en sus casas, mientras la vida sucede afuera. Que necesitan una ciudad más amigable, que las invite a salir y no que las encierre. Que necesitan vínculos, propósito, alguien que las llame, un lugar donde sentirse parte de algo. Y hay otras, también, que necesitan cuidados que hoy recaen sobre familias muchas veces sobrecargadas, que asumen esa responsabilidad sin apoyo ni preparación y que terminan pagando un costo invisible que la sociedad todavía no reconoce ni reparte. Pero cuando vemos personas de ochenta años o más que tienen proyectos que las despiertan a la mañana, deseos, ganas y razones para levantarse cada día, nos maravillamos y todos quisiéramos llegar así. Personas que tienen mucho para dar y que merecen que como sociedad les hagamos lugar.

Cuando imaginamos a una persona de ochenta o noventa años solemos pensar en dependencia y medicamentos. Pero pocas veces pensamos en alguien que puede enamorarse, empezar un proyecto, aprender algo nuevo, disfrutar una cena con amigos, viajar, reírse, emocionarse o hacer planes para el año siguiente. Alguien que todavía desea, sueña y espera cosas de la vida. Porque esos años que estamos ganando no son años vacíos. Son años para seguir siendo quienes somos.

En Argentina, la esperanza de vida pasó de 73 años en 2000 a 77,4 años en 2023. A nivel mundial, la población mayor de 65 años pasará de 857 millones de personas a 2.400 millones hacia fines de este siglo. Mientras tanto, la natalidad retrocede. En Entre Ríos, los nacimientos cayeron un 40% entre 2015 y 2023. El resultado es una pirámide poblacional que se invierte lentamente, pero sin pausa. En Gualeguaychú, según el Censo 2022, el 17,8% de la población tiene 60 años o más, por encima del promedio provincial. El envejecimiento de nuestra ciudad no es una proyección futura: es una realidad presente.

Detrás de esos números hay personas que ya están viviendo treinta o cuarenta años después de jubilarse, algo que ninguna generación anterior había transitado en estas dimensiones. Los sistemas de seguridad social fueron diseñados para una población que vivía pocos años después de retirarse, no treinta años más. La seguridad social, los sistemas de salud, las estructuras urbanas, incluso los modelos de ahorro e inversión que aprendimos, todos fueron pensados para una demografía que ya no existe. Las últimas décadas nos enseñaron a planificar financieramente para llegar a la jubilación. El nuevo desafío es aprender a planificar una vida completa después de ella. Porque ahorrar dinero es importante, pero también lo es construir salud, vínculos, curiosidad, propósito y redes de apoyo. La longevidad no se prepara unos años antes del retiro: se construye durante toda la vida.

Para que esos años puedan vivirse plenamente, necesitamos empezar a pensar ciudades que inviten al encuentro y no al aislamiento. Necesitamos una salud que no solo prolongue la vida, sino que preserve la autonomía, el movimiento y el bienestar mental. Necesitamos construir vínculos que nos sostengan cuando el trabajo deje de ocupar el centro de nuestros días. Y también necesitamos poder mirarnos al espejo y reconocernos, sentir que seguimos siendo nosotros, que seguimos teniendo un lugar en el mundo y razones para participar de él.

Pero la construcción colectiva va más allá del diseño urbano o los sistemas de salud. Hoy los cuidados en la vejez se resuelven en soledad, en el mejor de los casos los carga la familia, o se delegan en un geriátrico cuando ya no hay otra opción. Hay un espacio enorme entre esos dos extremos al que le falta mucho por explorar: redes de cuidado comunitarias que repartan la carga y mitiguen la soledad, políticas públicas que acompañen sin institucionalizar, modelos que permitan envejecer con dignidad y pertenencia, cerca de los propios, integrados a la vida del barrio y de la ciudad. Eso no se construye solo. Requiere decisión política y voluntad de pensarlo antes de que la urgencia nos obligue a improvisar.

No se trata solo de planificar para el futuro, las personas que hoy tienen ochenta o noventa años no son solo el espejo de lo que nos espera. Son una generación que acumula experiencia, memoria, perspectiva y tiempo, todo lo que a los que andamos corriendo nos falta. Lo que nos estamos perdiendo por no escucharlos es enorme. Así como solemos decir que hay que escuchar a los jóvenes porque representan el futuro, también necesitamos escuchar a nuestros mayores porque forman parte fundamental del presente.

La revolución silenciosa que ya está ocurriendo en nuestras ciudades no es tecnológica ni económica. Es demográfica. Estamos aprendiendo a vivir más años de los que cualquier generación anterior imaginó. Y la pregunta más importante no es cuántos años vamos a vivir, sino qué vamos a hacer con ellos. No alcanza con prolongar la vida. Hay que llenar de vida los años ganados.

Como toda realidad que llegó para quedarse, nos deja dos opciones: esperar que nos alcance o empezar a construirla. Yo elijo construirla.

*Economista

La situación de los jubilados afiliados al PAMI se agravó en los últimos meses: más de 2,2 millones de personas quedaron fuera de la cobertura total de medicamentos, según reconoció el propio Gobierno en un informe al Congreso. El cambio implica que quienes antes accedían automáticamente al 100% de sus remedios ahora dependen de subsidios sociales o trámites de excepción, lo que en la práctica deja a miles sin posibilidad de continuar sus tratamientos.

Mientras tanto, quienes tienen recursos inician reclamos judiciales individuales. Estudios privados ofrecen servicios de amparos, y la cantidad de demandas contra obras sociales y el PAMI creció considerablemente en los últimos dos años. Los reclamos más frecuentes son por internación geriátrica y falta de cobertura en medicación, cirugías o tratamientos.

El Gobierno sostiene que los jubilados reciben descuentos de entre el 50% y el 80%, y que para el 66,4% el gasto en medicamentos representa menos del 5% de sus ingresos. Sin embargo, la Defensoría de la Tercera Edad calcula que el costo real equivale al 27,5% de la canasta, unos $500 mil mensuales, cifra superior a la jubilación mínima con bono incluido. Ese bono, congelado en $70 mil, perdió casi el 50% de su valor real entre abril de 2024 y abril de 2026, según la UCA.

La falta de respuesta oficial agrava el panorama. Perfil consultó a fuentes del PAMI sobre el cumplimiento de las cautelares, pero hasta el cierre de la nota no obtuvo contestación. Mientras tanto, miles de jubilados enfrentan la disyuntiva de endeudarse para comprar medicamentos o abandonar tratamientos esenciales.

Fuente: Perfil

PAMI confirmó que durante junio continuará vigente la entrega gratuita de medicamentos e insumos médicos para jubilados y pensionados afiliados. La medida alcanza a millones de personas en todo el país y apunta a sostener la cobertura integral frente al aumento de los costos vinculados a tratamientos, movilidad y cuidados médicos.

Desde el organismo señalaron que gran parte de los trámites puede realizarse de manera digital mediante la plataforma oficial “Mi PAMI”, aunque también se mantienen las gestiones presenciales en agencias habilitadas para quienes necesiten asistencia o no puedan completar el procedimiento online.

El esquema incluye distintos programas de cobertura que abarcan medicamentos gratuitos, pañales descartables, colchones antiescaras, trapecios para cama, inodoros portátiles y anteojos recetados. En la mayoría de los casos, los beneficios requieren contar con una Orden Médica Electrónica emitida por profesionales habilitados dentro del sistema.

Qué beneficios mantiene PAMI durante junio

Entre los elementos que continuará entregando PAMI durante junio aparecen los colchones antiescaras destinados a personas con inmovilidad prolongada o riesgo de lesiones cutáneas por permanecer muchas horas acostadas. También se mantiene disponible el inodoro portátil, orientado a afiliados con dificultades motrices o enfermedades que limitan el uso habitual del baño.

Otro de los beneficios incluidos es el trapecio para cama, una estructura de apoyo que permite a los pacientes incorporarse o cambiar de posición con mayor autonomía y menor asistencia permanente.

En paralelo, la obra social mantiene la cobertura del 100% en anteojos recetados para afiliados que presenten la documentación correspondiente. El beneficio contempla armazón y cristales sin costo adicional y puede utilizarse una vez por año prestacional. Según informó el organismo, la cobertura incluye un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o bien lentes bifocales.

Además, continúa vigente el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables, mediante el cual se garantiza la entrega gratuita de pañales y apósitos para adultos. En estos casos, las entregas suelen realizarse directamente en el domicilio declarado por el afiliado.

Cómo tramitar los medicamentos e insumos gratuitos

Para acceder a los beneficios de PAMI, el requisito principal suele ser contar con una Orden Médica Electrónica emitida por un médico de cabecera o especialista habilitado. Esa documentación funciona como respaldo para solicitar medicamentos, accesorios e insumos contemplados dentro de la cobertura integral.

En situaciones donde el afiliado no disponga de la orden electrónica, puede presentar otra documentación complementaria como receta manual, DNI, credencial y resumen de historia clínica, dependiendo del trámite que deba realizar.

En el caso de los medicamentos gratuitos, el sistema funciona mediante recetas electrónicas y contempla tratamientos vinculados a enfermedades crónicas y patologías complejas como diabetes, insuficiencia renal, artritis reumatoidea, VIH, hepatitis y tratamientos oncológicos.

Algunos afiliados pueden acceder a cobertura total de hasta cuatro medicamentos gratuitos, mientras que en determinados casos especiales la cantidad puede ampliarse según la evaluación médica correspondiente.

La crisis social y política en Bolivia se profundizó este martes con el aumento de los bloqueos de carreteras, que ya alcanzan los 150 puntos en todo el país según el informe de la Policía. La escalada de protestas ocurre en medio de enfrentamientos, escasez de combustibles y crecientes llamados humanitarios para habilitar corredores de abastecimiento.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de cortes de ruta. “Se tienen unos 150 bloqueos a nivel nacional. Los bloqueos afectan a toda la población del país”, afirmó, solicitando a los manifestantes permitir el paso de oxígeno, alimentos y combustibles. La cifra supera ampliamente los datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que registró entre 60 y 70 puntos de bloqueo.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que más de 1.600 cisternas permanecen detenidas en rutas hacia la planta de Senkata, principal centro de distribución de combustibles de El Alto. La Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz advirtió sobre una paralización casi total en la programación y distribución de combustibles, alertando sobre un escenario crítico para el abastecimiento regional.

En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo parcial de desbloqueo en Parotani, un punto estratégico a 40 kilómetros de Cochabamba, sobre la ruta troncal que conecta el occidente boliviano con los corredores hacia el Pacífico. Según la Policía, el despliegue permitió recuperar parcialmente el tránsito hasta el kilómetro 60 de la vía y facilitar el paso de transporte pesado y cisternas.

La intervención derivó en nuevos enfrentamientos: manifestantes lanzaron explosivos y piedras contra los uniformados, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para avanzar sobre los puntos de conflicto.

En las calles de La Paz, las protestas también continúan. Marchas de organizaciones sociales y un paro del transporte público colapsaron nuevamente el centro de la ciudad, en medio de un clima de creciente incertidumbre y agotamiento social. La violencia y la falta de abastecimiento refuerzan la sensación de crisis en un país que enfrenta uno de los momentos más delicados de los últimos años.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de la llamada “Ley Hojarasca”, impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca eliminar decenas de normas consideradas obsoletas, como regulaciones sobre televisión a color o carreras de palomas. Sin embargo, entre las leyes incluidas en el paquete aparece la 26.688 de Producción Pública de Medicamentos, una norma estratégica para la salud y la ciencia nacional.

La Ley 26.688 declaraba de interés nacional la investigación y fabricación estatal de medicamentos, vacunas y productos médicos. Su derogación implica desmantelar el blindaje legal que protegía a los laboratorios públicos frente a las grandes corporaciones farmacéuticas. Bajo el argumento de liberar la competencia, se elimina un pilar que garantizaba soberanía sanitaria y acceso equitativo a tratamientos esenciales.

La derogación también afecta a la investigación aplicada. Universidades nacionales y el CONICET pierden un canal directo para transformar descubrimientos en medicamentos accesibles. Además, la red de más de 30 laboratorios públicos queda debilitada, con riesgo de pérdida de puestos de trabajo calificados y fuga de profesionales hacia el exterior.

La votación en Diputados reflejó la polarización política: el oficialismo de La Libertad Avanza, junto al PRO, la UCR y aliados, logró 138 votos afirmativos contra 96 negativos y 9 abstenciones. La oposición denunció la medida como una “cortina de humo” para avanzar en el ajuste y desmantelar el Estado. Ahora el proyecto será debatido en el Senado, donde las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales recibirán la presión de gobernadores y bloques opositores que buscan frenar la derogación de las leyes más sensibles.

La “Ley Hojarasca” se presenta como una modernización administrativa, pero al incluir la producción pública de medicamentos trasciende la desregulación burocrática. Se convierte en una reforma ideológica que debilita la soberanía sanitaria y compromete el desarrollo científico autónomo de la Argentina.

La Justicia procesó este viernes al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse por administración fraudulenta, en el marco de la investigación por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano, cuya causa derivó en la muerte del médico Alejandro Zalazar.

El juez Javier Sarmiento dictaminó, además, el embargo millonario y la prohibición para salir del país a ambos profesionales, quienes continuarán libres mientras se lleve adelante el proceso.

El fiscal Lucio Herrera sostiene que los acusados habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital y sustraer ampollas que requieren una custodia estricta, tales como el propofol y el fentanilo, encontrados en el departamento de Zalazar, ubicado en la calle Juncal 4622 del barrio porteño de Recoleta.

La investigación se originó tras una serie de auditorías internas en la clínica privada que detectaron inconsistencias en el inventario de medicamentos anestésicos, al tiempo que los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de dosis de la farmacia central.

Durante las semanas de pesquisa se llevaron a cabo diversos allanamientos, entre los que están tres domicilios y la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación (AAAA). En una de las viviendas allanadas se encontraron una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos. Según el informe, éstos fármacos habrían sido usados de manera recreativa en reuniones o “fiestas” organizadas por Zalazar, de 31 años, hallado muerto el pasado 20 de febrero.

Mientras tanto continúa la investigación por el deceso del enfermero entrerriano Eduardo Betancourt, de 44 años, quien falleció por una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”, de acuerdo al resultado de la autopsia.

En su vivienda, la Policía de la Ciudad halló tres ampollas de fentanilo pertenecientes al laboratorio HLB Pharma del empresario Ariel García Furfaro, procesado en el expediente por las 111 muertes del opioide contaminado. Sin embargo, esas dosis no corresponden a los lotes adulterados del fármaco, según informó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 de la Ciudad de Buenos Aires.

Veinte minutos después de las 2 de la madrugada de este viernes, la Policía irrumpió en una vivienda de calles Cecilia Grierson y Quinquela Martín, muy cerca del club Defensores del Sur, por una requisitoria de la Fiscal en Género al Juzgado de Garantías N°2 por una denuncia que realizaron amigas de una mujer que era sometida por un hombre de 34 años.

Compañeras de trabajo de la mujer habían observado con anterioridad signos visibles de golpes. Además, les había manifestado por mensajes de texto sentir temor y no poder comunicarse libremente. La denuncia trataba de un caso de violencia de género agravada por el vínculo y la requisitoria fiscal, además de la detención del acusado, tenía como principal interés el secuestro de medicamentos y otros elementos.

Cuando el personal policial de la Comisaría octava irrumpió en la vivienda, halló a la mujer desvanecida y se requirió la presencia inmediata de una ambulancia. En el lugar se hallaban sus tres hijos y el hombre denunciado. Durante el procedimiento, una vecina aportó haber escuchado gritos de auxilio provenientes de los niños y haber observado, mediante cámaras de seguridad, una agresión previa del hombre a la víctima días atrás.

Finalmente se produjo la detención del acusado y se secuestraron cuatro blíster de diferentes medicamentos. Del procedimiento, además de estar presente el segundo Jefe de Comisaría Octava, participó personal de Minoridad y del COPNAF. La fiscal Carolina Costa sigue la investigación.

La Confederación Farmacéutica Argentina encendió una señal de alarma ante el riesgo de que las farmacias de todo el país enfrenten un desabastecimiento de medicamentos. El motivo principal son los reiterados atrasos en los pagos de obras sociales y empresas de medicina prepaga, que ponen en jaque la cadena de suministro y obligan a los establecimientos a financiar con recursos propios.

La presidenta de COFA, Alejandra Gómez, explicó que la cadena de pagos se encuentra “completamente desfasada” y que muchas farmacias aún no terminaron de cobrar las prestaciones de diciembre. El sistema funciona bajo un esquema acordado: la farmacia compra el medicamento, lo dispensa al paciente y luego recibe el pago de la obra social o prepaga. Cuando ese flujo se interrumpe, el financiamiento recae sobre el propio comercio.

En el corto plazo, los establecimientos pueden sostenerse con stock disponible o mediante acuerdos especiales con laboratorios que ofrecen plazos extendidos. Sin embargo, desde la entidad advierten que esas herramientas son limitadas y que “llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector”.

Si no hay una regularización antes de fines de febrero, el impacto podría empezar a notarse en los mostradores durante marzo.

Desde COFA remarcaron que los más afectados serían los afiliados del PAMI, la obra social de jubilados y pensionados que reúne a más de cinco millones de personas. Se trata del grupo etario que más medicamentos consume y donde se concentra la mayor cantidad de pacientes. Aunque PAMI mantiene desde 2018 un cronograma específico de pagos, en el último año los plazos se habrían extendido.

“Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, señaló Gómez.

Ante este escenario, la Confederación Farmacéutica Argentina propuso conformar una mesa de trabajo con representantes de obras sociales, prepagas y autoridades sanitarias para encontrar una solución que garantice el acceso de los pacientes a los tratamientos. “Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación”, concluyó la titular de COFA.

Por ahora, el sector farmacéutico espera una respuesta en los próximos días que permita evitar faltantes y asegurar la continuidad en la entrega de medicamentos en todo el país. Fuente: Radio Mitre / Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)

El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Agustina Bisio como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y designó en su cargo a Luis Fontana, un reconocido médico cirujano y los cambios se dan en medio del escándalo por el fentanilo adulterado y la falta de controles por parte de dicho organismo.

A través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, Mario Iván Lugones, ministro de Salud de la Nación, confirmó que el nuevo titular de la ANMAT es Luis Eduardo Fontana, luego de que Bisio haya presentado la renuncia por problemas personales.

Conforme a lo informado a la Agencia Noticias Argentinas, la designación de Fontana responde a una definición clara del Gobierno: un Estado que controle bien y funcione mejor, sin burocracia innecesaria, sin superposición de áreas y sin estructuras que se reproducen sin impacto real en la salud de las personas.

El eje de esta etapa es que los medicamentos sean seguros y que los controles sean efectivos, por lo que se va a requerir de una ANMAT “más ágil, profesional y responsable, que cuide a los pacientes, respalde al equipo de salud y garantice reglas claras para todo el sistema, en línea con una gestión que prioriza resultados, transparencia y rendición de cuentas”.

Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud donde realizó las residencias en cirugía general y en cirugía oncológica, sumado a que se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia como el Instituto Ángel Roffo.

Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con una extensa carrera en una de las empresas de medicina prepaga más conocidas, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, incluyendo gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.

A lo largo de su carrera lideró procesos de ordenamiento, modernización y mejora de la eficiencia, con foco en trazabilidad, digitalización, estandarización de procesos y decisiones basadas en datos, siempre orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y la calidad de las prestaciones.

Afiliados a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) visibilizaron una serie de reclamos vinculados a la atención médica, la provisión de medicamentos y la cobertura de distintas prestaciones. El encuentro se realizó este martes mientras se desarrollaba una asamblea de afiliados para exponer públicamente las dificultades que, según señalaron, atraviesan desde el inicio de la intervención impulsada durante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Los afiliados, Rubén Albarenque y Graciela Benavidez, cuestionaron a través de Elonce el funcionamiento actual de la obra social provincial y afirmaron que, ante situaciones de salud complejas, deben recurrir a acciones judiciales para acceder a tratamientos. “Cuando hay un problema grave de salud debemos recurrir a los amparos porque las prestaciones no son cubiertas”, expresó Albarenque.

El afiliado sostuvo que existieron casos de extrema gravedad, como lo fue el fallecimiento de un afiliado, y manifestó su preocupación por la falta de mejoras en la atención. “Antes teníamos como piso el Plan Médico Obligatorio y hoy lo tenemos como techo”, afirmó, y agregó que el nivel de prestaciones se redujo mientras los costos aumentaron.

“En más de una oportunidad no encontramos un interlocutor válido que dé respuesta al problema, a pesar de que todos los meses se nos descuenta del salario el aporte correspondiente", apuntó.

Y denunció: "Existe un esquema de negocios que responde a intereses ajenos a la salud de los trabajadores".

Roger Edgar Grant se convirtió en el primer imputado de la causa por las irregularidades en la Angencia de Dispacidad (ANDIS) que respondió preguntas de la Justicia para defender su inocencia. La investigación lo ubicó como ejecutor de las maniobras de corrupción desde su cargo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, a lo que el indagado contestó que “solo cumplía órdenes” de su jefe, Daniel María Garbellini.

Grant compareció en la tarde del lunes ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py.

Como coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia, administraba las compras de medicamentos mediante el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS). Desde allí habría facilitado el direccionamiento de los fondos estatales hacia las droguerías beneficiadas.

Con Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, Grant mantenía una relación desde los días en los que trabajaron juntos en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia y seguridad privada.

Así como Roger Grant obedecía órdenes de Daniel Garbellini, este último también habría respondido a los intereses de quien había sido su superior anteriormente -durante la gestión de Cambiemos-Pablo Atchabahian, detenido y señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de la ANDIS, junto a Miguel Ángel Calvete.

El fiscal Picardi encontró conversaciones en los teléfonos secuestrados que demuestran que Grant sabía exactamente qué empresas cotizarían en cada compulsa de precios. Además, manejó los tiempos de los procesos de compra y aplicó instrucciones específicas sobre qué droguerías debían ser dadas de alta o baja en el sistema.

“Lo consultaba todo con Garbellini”, se defendió el imputado ante el juez y el fiscal.

Mientras que en las licitaciones abiertas el organismo invitaba a competir a unas 15 droguerías, a las compulsas “reducidas” solo accedía un grupo de cuatro oferentes que “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”, dictaminó la acusación.

Esta “fragmentación artificial” de las compras que hacía el Estado se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que son esenciales para tratamientos prolongados o de alta complejidad para la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.

En las 21 compulsas de medicamentos que se realizaron bajo este esquema restringido, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, que implicaron un gasto de $30.337.220.919,77.

Grant era el encargado de ejecutar todos estos movimientos, supuestamente bajo las órdenes de Garbellini y Atchabahian, mediante incumplimiento de las normativas vigentes y, a su vez, estableciendo sobreprecios que habrían profundizado el perjuicio al Estado.

A tal decisión llegó luego de que personal del Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) realizara una inspección de rutina en la sede de la firma MEDICAL ELEMENT, de Daniel Luis Martín Lamadrid, ubicada en la calle Monte Caseros 532, en Paraná.

Las presuntas irregularidades detectadas en la inspección derivaron también en la instrucción de un “sumario sanitario” a Lamadrid, por “presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 2° y 19° inc. A) y B) de la Ley N° 16.463, e incumplimiento de los artículos 1º y 2º de la Disposición N° 7425/2013”.

En los considerandos de la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, la ANMAT asegura que “la firma MEDICAL ELEMENT de Lamadrid Daniel Luis Martín ha reprocesado productos médicos vencidos, atribuyéndole una nueva fecha de vigencia”.

La irregularidad detectada se habría concentrado en dos (2) “pouch” con un rótulo que reza: “igb central de esterilización, cliente MEDICAL ELEMENT LOT: 897 DATE:070125” y otro rótulo que indica: “ORTOPEDIA: MEDICAL ELEMENT, DETALLE: Cubo cervical bloqueado 15 x 8, FECHA: 07/01, ESTERILIZAR: OE, LUGAR DE: CX Depósito”.

A la hora de dar explicaciones, “personal de la firma inspeccionada manifestó que fueron adquiridos a la firma CDH y que han sido enviados a reprocesar (por Medical Element) a la firma igb SRL ubicada en la provincia de Santa Fe”.

ANMAT procedió entonces a inspeccionar a la firma CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL, titular del producto médico, pero “luego de la observación pormenorizada de las unidades retiradas oportunamente en sede de la firma MEDICAL ELEMENT, el responsable no las reconoció como originales”. Fuente: El Entre Ríos