Personal policial dependiente del Comando Radioeléctrico intervino de manera formal durante la tarde del pasado sábado, alrededor de las 19:10 horas, en un procedimiento concretado en la intersección de las calles 1.º de Mayo y Urquiza de nuestra ciudad, en el marco de una causa instruida por el supuesto delito de tentativa de estafa. El despliegue de los efectivos de seguridad se originó de forma inmediata a raíz de una denuncia formal radicar por una vecina de la localidad, de 43 años de edad, quien se desempeña como propietaria y comerciante en un establecimiento mercantil de la zona urbana.

De acuerdo con los datos recabados en el parte oficial elaborado por las autoridades intervinientes, la damnificada manifestó ante los agentes que, durante el transcurso de la jornada comercial, dos personas desconocidas se presentaron en su local comercial e intentaron efectuar diversas transacciones de compraventa utilizando para ello comprobantes de pago apócrifos o falsificados. La rápida advertencia de la maniobra irregular por parte de la comerciante permitió dar aviso a las fuerzas de seguridad pública mediante una llamada de alerta al sistema de emergencias, facilitando la pronta respuesta de los móviles policiales que patrullaban el área jurisdiccional.

Ante esta situación de flagrancia, los efectivos policiales se hicieron presentes de manera inmediata en el lugar de los hechos y procedieron a constatar la presencia de los sospechosos descriptos por la denunciante. Seguidamente, y conforme a los protocolos legales vigentes para este tipo de actuaciones preventivas, el personal actuante mantuvo una comunicación telefónica directa con el Fiscal Auxiliar de Propiedad en turno, quien interiorizado de los pormenores del suceso dispuesto formalmente la aprehensión preventiva de los sospechosos, además de ordenar la realización inmediata de las diligencias procesales correspondientes y el secuestro de los elementos de interés para la causa judicial en curso.

Como resultado del procedimiento operativo, los uniformados identificaron a los involucrados tratándose de un hombre de 61 años de edad y una mujer de 41 años, ambos domiciliados legalmente en la localidad de Esteban Echeverría, ubicada en la Provincia de Buenos Aires. Finalizadas las primeras actuaciones de rigor en el lugar del hecho, ambas personas fueron trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad hacia las dependencias policiales correspondientes.

La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó de manera definitiva el archivo de la causa judicial iniciada a raíz del acuerdo financiero suscripto en el año 2018 entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 57.000 millones de dólares. La resolución, rubricada por los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó el recurso planteado por la representación fiscal y confirmó lo resuelto previamente por las instancias inferiores del fuero federal respecto a las actuaciones tramitadas sobre exintegrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

El proceso judicial, dictaminado inicialmente en el Juzgado Federal N° 5 y con ratificación de la Cámara Federal en febrero de este año, se orientaba a determinar si la tramitación del crédito internacional y la posterior administración de las divisas configuraron delitos en perjuicio de la administración pública o incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación comprendía el accionar desarrollado por la conducción del Poder Ejecutivo de dicho período y los responsables de las carteras de Economía, Finanzas y el Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo con las pautas vertidas en el texto del fallo judicial, a lo largo de los cinco años de instrucción no fue posible fundamentar una hipótesis delictiva concreta sobre el accionar de los imputados. El dictamen fiscal subrayó que las acusaciones planteadas se centraron en cuestionamientos de índole general a la orientación de las políticas públicas y al modelo económico implementado, en lugar de acreditar infracciones específicas a la normativa legal vigente sobre la aplicación de los fondos.

Al desestimar la existencia de desviaciones en los procedimientos normativos requeridos para la toma de deuda o la afectación irregular de los recursos, la Cámara de Casación clausuró la vía ordinaria de revisión, otorgando carácter de cosa juzgada a la resolución que dispone el archivo de la causa respecto a todos los funcionarios sumariados en la investigación.

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ofreció este domingo un mensaje televisado a toda la nación en el que abordó los recientes disturbios acontecidos en diversos puntos del país. Durante su alocución, la máxima autoridad del Estado condenó de manera categórica los actos de violencia, señalando que los destrozos y enfrentamientos registrados no encuentran justificativo alguno dentro del marco institucional de la nación.

La intervención del jefe de Estado se produjo como respuesta a los incidentes acaecidos durante la jornada del sábado, los cuales culminaron con la aprehensión de más de dos mil personas y un saldo considerable de efectivos de las fuerzas de seguridad con heridas de diversa gravedad. Entre las pérdidas materiales más relevantes, la administración pública destacó los daños provocados por un incendio intencional que causó el colapso parcial de una estructura del siglo XIX ubicada en la localidad de Limoges, hecho que generó una profunda conmoción institucional.

En su exposición pública, el mandatario estableció una distinción precisa entre las movilizaciones ciudadanas que canalizan reclamos de carácter social y los hechos delictivos aislados. Por un lado, reconoció el derecho a la manifestación legítima de sectores estudiantiles y agrupaciones sindicales que expresan inquietudes relativas al incremento en el costo de vida y solicitan mejoras estructurales en el sistema educativo nacional. Por otro lado, desvinculó de esas reivindicaciones a los grupos heterogéneos y sectores radicalizados que incurrieron en acciones directas contra el patrimonio público y privado.

Respecto al accionar estatal, el Poder Ejecutivo confirmó que mantendrá una postura de rigurosa aplicación de las leyes sobre aquellos individuos involucrados en la destrucción de bienes estatales e intentos de alteración del orden constitucional, disponiendo que sean sometidos a las actuaciones judiciales correspondientes para la determinación de responsabilidades y la reparación de los perjuicios ocasionados. Asimismo, se otorgaron facultades a las autoridades de los gobiernos regionales para que dispongan la prohibición de concentraciones masivas en la vía pública cuando exista riesgo para la seguridad colectiva.

Finalmente, como parte del esquema de trabajo propuesto para abordar las causas de la conflictividad social, se anunció la apertura de un canal de interlocución formal durante la presente semana. A través de este mecanismo, el gobierno nacional mantendrá reuniones con representantes gremiales, delegaciones estudiantiles y miembros del sector docente con el propósito de establecer mesas de diálogo orientadas a consensuar medidas operativas y propuestas normativas en materia económica y educativa.

El Reino Unido anunció este martes que prepara medidas legales para proteger a empresas y personas vinculadas con actividades comerciales en Malvinas frente a las acciones argentinas. La decisión refuerza el respaldo de Londres al proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El gobierno británico recurrirá a la legislación de Protección de Intereses Comerciales, conocida por sus siglas PTI. El objetivo declarado es impedir que compañías bajo su jurisdicción sean obligadas a cumplir medidas argentinas de alcance extraterritorial relacionadas con el archipiélago, según informó Infobae.

Las disposiciones todavía requieren legislación secundaria. Según el comunicado oficial, Londres buscará tramitarla con rapidez para que entre en vigor antes de que termine el año.

El respaldo británico a las empresas

El secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, sostuvo que su gobierno actuará frente a los intentos argentinos de obstaculizar actividades que el Reino Unido considera legítimas. También anunció que continuará trabajando con las compañías afectadas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, calificó como “inaceptables” los intentos de Argentina de presionar a empresas e individuos. Defendió la posibilidad de que las compañías tomen decisiones comerciales sin lo que describió como coerción política.

El comunicado británico reafirmó además su respaldo al desarrollo de recursos naturales por parte de los habitantes de Malvinas. Esa posición es rechazada por Argentina, que cuestiona las autorizaciones unilaterales para explotar hidrocarburos en el área en disputa.

La presentación argentina ante el Tribunal del Mar

El anuncio se produjo el mismo día en que Argentina presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El pedido busca detener actividades hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.

Según la información difundida, la presentación incluye cuatro requerimientos: impedir nuevas actividades extractivas, restringir el uso de información técnica obtenida durante las exploraciones, evitar nuevos permisos y preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

La solicitud se vincula con el procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina pretende obtener una protección provisional mientras se desarrolla esa instancia.

El proyecto petrolero que concentra la disputa

Sea Lion es impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las compañías mantienen como objetivo comenzar la producción en 2028, mientras Argentina intenta frenar el desarrollo mediante acciones judiciales y diplomáticas.

El lunes, el primer ministro británico, Andy Burnham, había respaldado el emprendimiento durante una intervención ante la Cámara de los Comunes. Allí reiteró el apoyo de su gobierno a los habitantes del archipiélago y al proyecto petrolero.

Con las nuevas disposiciones, Londres busca sostener la participación empresarial en Malvinas frente a las restricciones argentinas. En paralelo, el pedido presentado ante el Tribunal del Mar queda sujeto a la evaluación de esa instancia internacional, que deberá decidir si corresponde adoptar medidas provisionales.

Entre Ríos se posicionó al frente del indicador de préstamos sobre coparticipación contemplado en el informe mensual de financiamiento productivo confeccionado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) correspondiente al mes de octubre. De acuerdo con las cifras consolidadas en el relevamiento institucional, la jurisdicción provincial alcanzó un índice de colocación del 105,3 por ciento, valor que supera el promedio registrado a nivel federal entre las distintas provincias argentinas, situado en el 45,7 por ciento.

Las herramientas crediticias gestionadas a través de la articulación con el organismo federal están orientadas a la incorporación de equipamiento de tecnología avanzada, la renovación de parque de maquinaria industrial, la adecuación y ampliación de infraestructuras edilicias y la expansión de las líneas de procesamiento en establecimientos agropecuarios, comerciales e industriales de la región. El propósito de las líneas crediticias radica en elevar los niveles de competitividad del entramado productivo local, incentivar el agregado de valor en origen e impulsar la creación de puestos de empleo en el ámbito privado.

Dentro de la nómina de líneas de financiamiento vigentes entre el Estado provincial y el Consejo Federal de Inversiones se incluyen programas dirigidos a proyectos de inversión productiva general, esquemas de optimización energética, infraestructura para la gestión sustentable y uso eficiente del agua, adecuaciones ambientales para procesos industriales y partidas específicas destinadas al respaldo de proyectos liderados por mujeres emprendedoras.

El desarrollo de este programa de asistencia crediticia forma parte del conjunto de medidas orientadas a la consolidación de la actividad económica provincial, facilitando el acceso a financiamiento a tasas fomentadas y plazos adaptados a los ciclos productivos para pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en los diferentes departamentos de Entre Ríos.

El pasado martes se llevó adelante una capacitación sobre prevención de incendios y uso correcto de matafuegos destinada a jóvenes que participan en la construcción de las tradicionales Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú.

La actividad estuvo a cargo de la responsable del Área de Seguridad e Higiene Laboral, Ana Colazzo. Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con la prevención de incendios, las medidas de seguridad necesarias para reducir riesgos y las pautas básicas de actuación ante un principio de incendio.

Además de los contenidos teóricos, se realizó una práctica de uso de matafuegos, que permitió a los estudiantes conocer su funcionamiento y aprender de manera directa cómo utilizarlos correctamente. La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas para actuar de forma rápida y segura ante una eventual situación de emergencia.

De la jornada participaron dos representantes de cada una de las 23 carrozas, acompañados por un padre o adulto responsable de cada grupo. De esta manera, la instancia de formación alcanzó tanto a los estudiantes como a quienes acompañan el proceso de construcción.

Personal de la Prefectura Naval Argentina concretó el secuestro de un cargamento ilícito de gran escala sobre las aguas del río Paraná, en cercanías de la localidad misionera de Puerto Iguazú. El procedimiento se desencadenó a partir de la detección de maniobras sospechosas a la altura del kilómetro 1924,5, en la zona conocida como paraje Ferreyra, donde efectivos de la fuerza nacional mantenían un puesto de observación estratégico.

Desde dicho punto, los agentes observaron el desplazamiento de una embarcación a motor que cruzaba desde la costa de la República del Paraguay hacia el territorio argentino transportando un volumen significativo de bultos sobre su cubierta. Frente a esta situación, se activó de manera inmediata el protocolo de interceptación en estrecha coordinación diplomática y operativa con la autoridad marítima del país vecino.

Una unidad de la Prefectura paraguaya colaboró en el seguimiento inicial de la lancha hasta su llegada a la margen argentina, momento en el cual el personal náutico de la Prefectura Naval Argentina tomó el control absoluto de las actuaciones y procedió a la detención preventiva del único ocupante de la nave.

Una vez en el recinto institucional, y por disposición judicial, se procedió a la apertura e inspección pormenorizada de los 44 paquetes embalados que constituían la carga. La verificación del material arrojó la presencia de una variada masa de productos comerciales sin el correspondiente aval aduanero.

Entre los elementos contabilizados se registraron 4.226 termos, 535 vasos térmicos y 290 termolares. En lo que respecta al rubro de electrónica y tecnología, se incautaron 340 auriculares, 141 teléfonos celulares, 220 dispositivos de vapeo, 52 parlantes portátiles, 20 estéreos para vehículos y 13 consolas de videojuegos. Asimismo, el decomiso incluyó vehículos de movilidad personal como una motocicleta, un triciclo y un monopatín, todos de propulsión eléctrica, junto a 125 cartones de cigarrillos y otros artículos menores.

Según las estimaciones y tasaciones oficiales informadas por la propia fuerza de seguridad, la totalidad de los bienes incautados supera un valor de mercado de 186 millones de pesos. El conductor imputado quedó incomunicado y a disposición de los tribunales federales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar los circuitos de distribución previstos para la mercadería ingresada irregularmente.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y el Ministerio de Turismo de la República Oriental del Uruguay formalizaron una agenda de trabajo conjunta orientada a la coordinación de los pasos internacionales fronterizos y al desarrollo de estrategias de promoción turística bilateral.

El punto central de la reunión se enfocó en el diseño de un dispositivo de articulación ante el flujo proyectado de visitantes con motivo de la visita del Papa León XIV a la región, programada entre el 6 y el 11 de noviembre. Dado que la agenda de la itinerancia papal incluye actividades en la ciudad uruguaya de Paysandú, las administraciones acordaron operativizar recursos de contención y logística en los puntos urbanos e infraestructuras de enlace internacional que conectan ambos territorios.

A la par de los operativos de asistencia para noviembre, las comisiones técnicas de ambas administraciones avanzaron en la formulación de esquemas de promoción cruzada de oferta turística. La iniciativa contempla el diseño e implementación de un circuito turístico binacional centrado en los recursos naturales y culturales del litoral del río Uruguay, abarcando las dos márgenes del cauce fluvial.

El convenio bilateral estableció además el intercambio continuo de información técnica y protocolos de coordinación frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. El mecanismo busca fortalecer la adopción de medidas preventivas, la seguridad en la navegación operativa y la eficacia de las respuestas institucionales en las zonas ribereñas y en las estaciones de frontera sujetas a contingencias del clima.

El Gobierno del Reino Unido publicó este martes una guía oficial para empresas y particulares vinculados con las Islas Malvinas, en la que respaldó las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago y rechazó las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), constituye la primera respuesta oficial de Londres al endurecimiento de las sanciones argentinas contra compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, el Reino Unido sostuvo que apoya toda actividad económica que considera legítima y destacó el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

Londres también reafirmó su postura sobre la soberanía al señalar que considera a las Malvinas un territorio británico de ultramar y que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.

En uno de los principales puntos del documento, el Gobierno británico advirtió que las empresas y particulares podrían recibir comunicaciones de las autoridades argentinas por sus actividades en las islas, pero sostuvo que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción ni aplicar su legislación interna sobre el archipiélago ni sobre quienes desarrollen negocios allí.

Además, Londres afirmó que las medidas argentinas aplicadas anteriormente no lograron frenar el crecimiento de la economía de las islas.

El Reino Unido también ofreció asistencia directa a las compañías que enfrenten presiones por sus negocios en Malvinas. La guía recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente ante eventuales acciones de Argentina y establece que el FCDO está dispuesto a intervenir ante terceros países cuando una empresa, filial o proveedor sea presionado por actividades consideradas legítimas en el archipiélago.

La medida se conoce mientras Milei avanza con nuevas sanciones contra firmas petroleras y el Gobierno argentino prepara un proyecto de ley para reforzar las herramientas destinadas a defender el reclamo de soberanía.

El Centro de Desarrollo del Conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Humano invita a participar de “Mayores Conectados”, un programa de habilidades digitales impulsado por Banco Entre Ríos que comenzará el miércoles 9 de septiembre y estará orientado a acompañar a personas mayores en el uso de herramientas digitales vinculadas con sus finanzas.

La propuesta se desarrolla en el marco del “Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores”, que durante septiembre reúne distintas actividades vinculadas con los derechos, la autonomía, el buen trato y la participación de las personas mayores.

“Mayores Conectados” está destinado a jubilados clientes del Banco Entre Ríos y busca brindar conocimientos prácticos para desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el uso de servicios financieros y canales digitales.

Uno de los principales ejes será la prevención de estafas virtuales. Durante los encuentros se abordarán herramientas para reconocer posibles situaciones de engaño, identificar riesgos y adoptar medidas de seguridad al momento de realizar operaciones o utilizar servicios digitales.

El programa contempla cuatro encuentros, que se desarrollarán los miércoles 9, 16, 23 y 30 de septiembre en el Centro 3 de Febrero, ubicado en 3 de Febrero 128. En cada jornada habrá dos turnos: de 9 a 10:30 h y de 11 a 12:30 h.

La participación será libre y gratuita, con cupos limitados. La inscripción deberá realizarse de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691.

Ante los altos niveles de morosidad registrados en las personas y familias, el Gobierno prepara el terreno para poder mejorar la cobrabilidad de las cuotas de los préstamos en las fintech y bancos.

Si bien pareciera que el nivel de los incumplimientos de pago tocó un techo, el porcentaje continúa en niveles históricos, afectando a casi 6 millones de personas.

En uno de los últimos informes difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los atrasos en deudas familiares dejaron de crecer en junio por primera vez en un año y medio y mostraron un leve retroceso.

La tasa de morosidad en los préstamos personales y saldos de tarjeta de crédito fue en junio de 12,8%, lo que implicó un retroceso de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el mes anterior. De acuerdo al Informe sobre Bancos, el porcentaje de irregularidad del crédito (como se denomina a la mora en la devolución de los préstamos) se redujo levemente en junio y quedó en 7,6%.

Las dos medidas

En ese sentido, el Ejecutivo busca continuar con el proceso de reducción y obtener un número más favorable en el nivel de morosidad. A partir del lunes 31 de agosto, entrará en vigencia la herramienta denominada Cobros por Transferencia.

Esta herramienta autoriza a entidades financieras a debitar la cuota pendiente de un préstamo desde la cuenta bancaria o de billetera virtual del cliente moroso.

Para que el mecanismo se active, el tomador del crédito deberá autorizar expresamente a la entidad a realizar los débitos automáticos. Este consentimiento podrá ser revocado de forma inmediata en cualquier momento por el cliente.

Asimismo, para evitar situaciones de sobreendeudamiento, las cuotas del préstamo deberán ser fijas e iguales, y no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona. Si el dinero prestado se deposita en una cuenta de un banco distinto al prestamista, la entidad otorgante estará facultada a debitar la cuota pendiente directamente de esa cuenta de destino en caso de demoras.

La entidad acreedora deberá notificar al usuario con un día de anticipación que se procederá al débito. Además, se limitan las operaciones a un intento inicial y un máximo de dos reintentos (a las 48 y 96 horas) para evitar conductas abusivas.

Esta medida despertó ciertas críticas desde el sector. Las entidades financieras mostraron un bajo interés en su implementación debido a lo que consideran serios "problemas de diseño".

Las principales críticas de bancos y proveedores de crédito apuntan a que solo se puede cobrar de la cuenta donde se depositó el préstamo. Esto genera dudas de uso práctico, ya que pocas entidades querrán transferir los fondos del crédito hacia una cuenta de su competencia directa. Tampoco se podrán computar intereses ante eventuales retrasos de pago.

La otra normativa tiene que ver con la ampliación de la herramienta del código de descuento sobre el recibo de sueldo, la cual permite a los bancos descontar -de manera directa- del salario las cuotas de los préstamos.

Reglamentada bajo el artículo 36 de la reforma laboral, su entrada en vigencia dependerá del BCRA. La autoridad monetaria deberá terminar de definir las normas complementarias y efectuar la publicación.

Debido a los trabajos que se realizan sobre la calzada de calle Luis N. Palma, en el tramo comprendido entre Curie y Ramírez, se implementaron modificaciones temporales en la circulación vehicular.

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Agencia de Seguridad, informó que los vehículos que circulen por Luis N. Palma deberán girar por calle Curie, por lo que durante el desarrollo de las tareas se verá modificado el recorrido habitual en el sector.

Además, se habilitó la circulación por calle Pasteur, continuación de Curie luego de atravesar Urquiza, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los vehículos y ordenar el tránsito en la zona afectada.

En la intersección de Curie y Urquiza se instaló señalización de “Ceda el paso”. Se solicita a quienes lleguen a ese cruce extremar las medidas de prevención y circular con precaución al continuar hacia calle Pasteur.

Desde la Municipalidad de Gualeguaychú se solicita a conductores y peatones respetar la señalización dispuesta y transitar con precaución mientras continúen los trabajos, a fin de mantener condiciones seguras de circulación en el sector.

El monitoreo de las condiciones climáticas globales encendió las alarmas de los organismos de protección civil en toda la región del Litoral. Según los informes técnicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA), el fenómeno conocido como El Niño atraviesa una fase de fortalecimiento.

Los indicadores registran anomalías en las temperaturas de la superficie marina y las proyecciones asignan un 97% de probabilidad de que este escenario de inestabilidad persista hasta el inicio de la primavera de 2027, configurando un evento de severa magnitud con un 81% de probabilidades de posicionarse entre los más intensos desde 1950.

Para el sur de la provincia de Entre Ríos, la presencia de El Niño se traduce directamente en un incremento sustancial en la frecuencia y volumen de las precipitaciones. Este patrón meteorológico provoca un aumento significativo de las lluvias, acumulando caudales superiores a los promedios históricos.

El exceso de precipitaciones en la cuenca del Río de la Plata y en los ríos interiores, como el río Gualeguaychú y el Uruguay, incrementa notablemente el riesgo de desbordes e inundaciones.

Frente a este diagnóstico, Gualeguaychú adoptó una estrategia de respuesta anticipada que combina la preparación operativa de Defensa Civil, la articulación con las fuerzas de seguridad, la limpieza de infraestructura urbana, el acompañamiento directo a las familias de las zonas bajas y la preservación de la actividad turística.

"Venimos ya de hace meses reuniéndonos y trabajando, tanto puertas adentro del Municipio con las distintas áreas como con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), del que participan Bomberos, Policía, Ejército, Gendarmería y Prefectura. Hemos mantenido esas reuniones para coordinar distintas cuestiones operativas", explicó el funcionario.

Puertas adentro del Ejecutivo municipal, el abordaje interdisciplinario sumó tareas de salud, obras públicas y desarrollo humano. "Hemos estado haciendo trabajo de prevención de la mano de Desarrollo Humano, Salud, Obras Públicas y Ambiente. Se hicieron campañas de vacunación, se hizo una recorrida y un relevamiento de las familias y las personas en las zonas que normalmente se afectan en una inundación. También hemos trabajado con Obras Públicas en la ampliación y construcción de desagües, limpieza de canales, microbasurales y bocas de tormenta, lo que permite un rápido escurrimiento de las aguas ante una lluvia importante", agregó.

En el aspecto tecnológico y de equipamiento, el Municipio recuperó herramientas de medición clave para el monitoreo en tiempo real. "Esto se suma al plan de recuperación e incorporación de sensores, a través del cual se volvió a comprar una estación meteorológica propia para tener datos locales, que ya está instalada en el ex Frigorífico. Se compró una repetidora de radio para mejorar el trabajo en las emergencias; se reparó el sensor que estaba en el puerto del ex Frigorífico; se instaló un segundo sensor en la zona de Puerto Boca y estamos trabajando en un tercero que iría hacia Arroyo Gualeyán", enumeró Bozzani.

El contacto directo con los vecinos habitualmente afectados constituye otro pilar del esquema preventivo. "Mantuvimos reuniones con comisiones vecinales y vecinos de zonas afectadas para ponerlos al tanto del fenómeno y recomendarles el mantenimiento que pueden hacer en su vivienda: asegurarse de que los techos estén bien sujetos por las tormentas fuertes, destapar las canaletas que se suelen tapar con hojas, las piletas de patio y los desagües para evacuar el agua lo más rápido posible”, indicó el Subsecretario.

“También les aclaramos el protocolo de trabajo de Defensa Civil: ofrecemos de entrada la asistencia en el traslado del mobiliario a otro domicilio o lugar, lo que denominamos resguardo domiciliario. Esto nos ha dado resultados porque la gente se queda un poco más y luego se saca con un bolsito de mano, sin tener que hacer grandes movimientos de muebles a última hora", concluyó Bozzani.

Gustavo, vecino que reside desde hace ocho años en la zona, ya atravesó cuatro inundaciones. "Ya tenemos conocimiento de la altura del río. Levantamos todas las cosas y nos mudamos en caso que sea necesario. Por suerte, tengo un lugar a donde ir acá cerca, que queda inundado, pero hay un segundo piso. Mayormente ya tengo levantada casi la mayoría de las cosas, pero cuando ya se anuncia que va a haber crecida, levantamos todo", relató.

Sobre la comunicación barrial y el acompañamiento municipal, expresó: "Tenemos un grupo de WhatsApp entre los vecinos y muchas veces nos ayudamos entre todos. La Municipalidad anda entregando cosas por si se inunda, se está planificando por un tema de que es sabido que va a crecer. Ojalá sea lo más leve posible".

A pocos metros, otro vecino de la zona coincidió en la importancia de no dejarse sorprender por la llegada del agua. "La clave es que no te tiene que llegar el agua a la casa para tener que salir. Hay que estar atentos a las alertas previas, por ejemplo, a los cortes de los accesos. La primera alerta es que se corta el Parque Unzué, después tenemos el acceso por Calle 2, que, si la inundación es grave al tiempito se corta también", explicó Gabriel, quien vive con su familia desde hace dos años en el Camino de La Costa.

Ante los pronósticos desfavorables, señaló: "Si esto sucede como están diciendo, ya estoy preparado. Me voy a la casa de mi vieja con mi familia hasta que pase, y vendría en lancha a revisar que esté todo bien. Tenemos un grupo de vecinos del Camino de la Costa y estamos todo el tiempo informándonos por los cortes de luz, los servicios o la altura del río. Hubo varias reuniones de Defensa Civil, justamente la semana pasada en el Club Regatas hubo una. Está todo el mundo muy informado, lo importante va a ser prever todo y que no te agarre como la última inundación, que fue tan agresiva".

El director del área, Adrián Romero, precisó el modo de trabajo: "Nos estamos manejando con toda la información local que nos pasa Nico Bozzani y estamos en un grupo con Provincia. Hoy tuvimos un Meet con la parte de Defensa Civil de la Nación, que también van a tener información. Lo que estamos tratando de manejar es la promoción y la publicidad, sin ofrecer playas, que es lo único con lo que podríamos estar complicados”.

“Después, turísticamente la ciudad va a seguir funcionando con normalidad y con todos sus atractivos. Vamos a manejar a nivel provincial la promoción turística sin promocionar playas porque este tema es impredecible", indicó.

Respecto a los plazos previstos por los organismos técnicos y el diálogo con los operadores del sector, Romero indicó: "Sabemos que El Niño va a ser severo, aunque Gualeguaychú depende de un montón de factores y de lo que lleve la cuenca del río. Desde Nación nos decían que la parte más complicada se puede esperar entre octubre y diciembre. La idea es mantener informados a los prestadores que podrían llegar a quedar afectados a medida que nos informen a nosotros, y puntualmente hacer la promoción turística sin la oferta de playas hasta último momento, para garantizar el movimiento en el resto de los atractivos de la ciudad".

Para quienes tienen sus emprendimientos asentados sobre el margen del río, el panorama exige medidas defensivas inmediatas más que planes de comercialización.

En este sentido, Roberto Carro, propietario del complejo turístico Punta Sur, compartió: “En este momento estoy concentrado en resolver varios problemas importantes para salvaguardar todo lo que pueda, ya que hoy afortunadamente contamos con información previa, algo que antes era mucho más difícil. La realidad es que no estoy preparando nada ni tengo grandes perspectivas para la temporada venidera, Dios quiera que todos los pronósticos no se cumplan”.

Ante las alertas por El Niño, Gualeguaychú activó un plan integral que une prevención operativa, monitoreo técnico y asistencia vecinal en zonas ribereñas. En paralelo, el turismo reorienta su estrategia hacia atractivos alternativos para mitigar el impacto de las crecidas y sostener la actividad económica local.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena por la denominada 'Causa Vialidad', dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el del departamento de San José 1111 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

El inmueble pertenece a la firma Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y benes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar.

La medida abre además el interrogante sobre si Cristina Kirchner deberá eventualmente evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena, aunque el tribunal aclaró que los nuevos embargos no implican una subasta o realización inmediata de los bienes ni modifican por ahora su titularidad registral.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos mientras continúa el trámite destinado a determinar el decomiso definitivo, con intervención de las partes.

La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera había incluido 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente aprobadas por el TOF 2 para su decomiso.

De ese conjunto, en noviembre el tribunal había dispuesto avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 respecto de esos bienes y ordenó avanzar con el decomiso. Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión, por lo que la definición final sobre ese primer grupo de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre un segundo conjunto de activos, que comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.

En esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.

Los jueces fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones de la sentencia condenatoria, que determinó que la maniobra fraudulenta vinculada con la obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.

Según el tribunal, durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.

En ese marco, las compañías del empresario patagónico alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto en forma personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

Para el TOF 2, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentado en activos de esas sociedades.

A partir de ese criterio, el tribunal sostuvo que pueden ser alcanzados por el decomiso los bienes que los nueve condenados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015, y consideró necesario adoptar medidas cautelares sobre los activos comprendidos en esta segunda etapa para evitar su disposición mientras se define su situación jurídica.

La resolución también invocó el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito y contempla, además, la posibilidad de avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.

De esta manera, el TOF 2 mantiene abierto el proceso de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad mientras la Corte Suprema debe resolver los recursos pendientes sobre el primer grupo de bienes.

Agencia NA

Como parte de las medidas de preparación ante una eventual creciente del río Gualeguaychú, el Área de Protección Civil e Inspección General de la Municipalidad continúa trabajando en acciones destinadas a fortalecer las condiciones de seguridad del personal que podría ser convocado para realizar tareas operativas en contextos de emergencia vinculados al fenómeno de El Niño.

En ese marco, el Área de Seguridad e Higiene Laboral, en conjunto con la Subsecretaría de Salud, organizó jornadas de vacunación destinadas específicamente al personal de la cuadrilla de Defensa Civil perteneciente a Obras Públicas.

La primera instancia se desarrolló el 28 de julio y alcanzó a 62 personas. La vacunación tuvo continuidad este miércoles 12 de agosto, con otras 27 personas, por lo que un total de 89 trabajadores recibió las dosis correspondientes durante ambas jornadas.

La medida forma parte de una estrategia preventiva orientada a reducir los riesgos a los que puede estar expuesto el personal durante una intervención. Las tareas que se realizan ante una creciente pueden implicar contacto con agua, barro, residuos, superficies contaminadas y otros factores ambientales, por lo que resulta necesario adoptar previamente medidas de protección.

De esta manera, la Municipalidad busca preparar al personal antes de que se produzca una contingencia, priorizando su salud y seguridad para que pueda desarrollar las tareas de asistencia y respuesta en condiciones adecuadas

Es una demanda sostenida hace años. Sobre todo, luego de la Pandemia, cuando quedó en evidencia la insuficiencia de las respuestas en el plano de la salud mental. Finalmente, días pasados el Gobierno de Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria en la materia por el término de un año. La medida, dispuesta mediante el Decreto Provincial N° 2130/26, permitirá al Ministerio de Salud agilizar los procesos administrativos necesarios para implementar con mayor rapidez las acciones previstas en este campo.

Según se comunicó oficialmente, “se busca fortalecer la red pública de atención, optimizar la organización de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud para garantizar una atención más oportuna, integral y cercana a la población”.

En ese marco, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental, “adoptará las medidas necesarias para potenciar la capacidad operativa de la red sanitaria y profundizar el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado”. Entre las acciones previstas se encuentran la capacitación de los equipos de salud, la redistribución del recurso humano, la creación de dispositivos intermedios y el fortalecimiento de espacios de atención en hospitales y centros de atención primaria.

El Hospital Centenario es la institución más grande y con mayores recursos para dar respuesta a los múltiples y exponencialmente multiplicados problemas de salud mental de la región. Pero no es suficiente: por el tamaño de la demanda y porque, generalmente, en última instancia, más allá de las intervenciones previas, el paciente termina concurriendo al hospital.

Consultada para esta nota, la directora de la institución, Andrea Martins, se refirió a los servicios prestados y puso énfasis en la necesidad de fortalecer la red de respuesta. “El hospital brinda atención en salud mental en la internación y es la única institución de la región que lo hace; en el ambulatorio, porque se hacen consultas ambulatorias a través de los consultorios externos; y, a su vez, en la guardia, con lo cual también atiende la emergencia”.

En ese sentido, remarcó que las doce camas disponibles en el servicio generalmente están completas. “Tiene que ver, justamente, con ser la única institución que da respuesta en la internación”, expuso. Al tiempo que hizo énfasis en la necesidad de seguir reforzando los vínculos dentro del sistema de salud: “Cuando uno quiere prestaciones efectivas, nunca pueden ser exclusivas de un solo lugar. En este sentido, entiendo que el decreto habla del fortalecimiento de las redes. De las redes comunitarias, de los dispositivos territoriales de acompañamiento, del abordaje de la interdisciplina”.

Además de los servicios enumerados, el Hospital Centenario cuenta con la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (Risam), dispositivo que forma médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, comunicadores sociales y enfermeros en el área de la salud mental. “Este año egresan de la residencia, entre otros profesionales, dos médicos con formación en salud mental. Dado que la oferta de especialistas en psiquiatría suele ser escasa, su incorporación al sistema reforzaría la atención en el área mejorando la calidad de prestaciones para el hospital”, valoró la especialista en otorrinolaringología pediátrica.

Esa escasez de profesionales queda evidenciada, por ejemplo, en el caso de la psiquiatra infanto juvenil del hospital, quien es la única de toda la Costa del Uruguay.

Con la declaración de la Urgencia en Salud Mental se espera, entre otras acciones, que se formalicen modalidades de contratación de ciertos profesionales. Punto en el que la actual gestión de la institución viene trabajando desde su inicio. “Que la provincia haya tomado esta medida me parece un paso importante para ordenar prioridades y para para seguir avanzando en ese ordenamiento que el sistema necesita”, dijo Martins.

“La problemática en salud mental es multifactorial. Ello significa que surge de la combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales a lo largo de la vida de la persona. El factor social tiene especial relevancia, ya que determina profundamente el inicio, la evolución y la recuperación de una patología en salud mental", expuso la funcionaria. "El entorno de una persona es el eje estructural de su bienestar psíquico. Por eso, que se fortalezca la red de acompañamiento del paciente es clave. La respuesta no debe ser exclusiva de una institución. La prevención primaria es clave, por lo que debemos pensarnos como una red y ver de qué manera se pueden construir respuestas más efectivas”, ahondó.

“Creo que es muy positiva la decisión de la Provincia, me parece una oportunidad para seguir relevando lo que tenemos en materia de salud y mejorarlo, porque de eso se trata”, concluyó la profesional.

En los próximos días el director de Salud Mental de Entre Ríos, Dr. Esteban Dávila, llegará al Hospital Centenario para reunirse con las autoridades del mismo y abordar en detalle los principales objetivos de la urgencia declarada.

El Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos (Coper) viene demandando hace mucho tiempo respuestas más efectivas en cuanto a la situación de la salud mental. Desde la Regional Sur (de la que es parte Gualeguaychú), las licenciadas Paula Caraballo y María Elisa Benetti se refirieron al tema en general y a la conformación de la "Mesa de Trabajo por la Emergencia en Salud Mental”, en particular.

“La mesa surge de una demanda concreta de colegas que se acercaron al colegio pidiendo acompañamiento frente a los malestares y las complejidades que atraviesan en la práctica profesional. Por eso decidimos convocar un encuentro el 7 de julio, en la sede de la Regional Sur, porque estamos convencidas de que hace falta encontrarse y porque un colegio de profesionales funciona con la participación de las y los colegas”, explicó Caraballo.

“En esa primera reunión pudimos construir un panorama inicial sobre las condiciones en las que trabajan colegas de distintos dispositivos públicos y privados donde se atiende la salud mental. Lo que apareció con mucha fuerza es que la demanda vinculada a los padecimientos en salud mental supera ampliamente la capacidad de respuesta de las instituciones, tanto por la cantidad insuficiente de profesionales, como por las limitaciones en infraestructura y políticas que hagan viables las intervenciones necesarias”, expuso la psicóloga. Al tiempo que se refirió a “las condiciones de precarización laboral, las modalidades de contratación inestables y los bajos salarios”.

Fue a partir de esa instancia de encuentro que desde el Coper se avanzó en la puesta en marcha de un relevamiento de la situación de los distintos dispositivos de salud mental de la región. El objetivo fue lograr un diagnóstico más claro que les permita promover medidas que fortalezcan la atención.

En esta línea, María Elisa Benetti dijo que “la falta de recursos es una parte importante del problema”. Y profundizó: “La capacidad del sistema de atención no está alcanzando para responder al volumen y complejidad de las consultas. Un ejemplo concreto es que en un centro de salud de la ciudad existe una lista de espera de alrededor de 40 niños con problemáticas complejas que aguardan ser atendidos por una psicóloga”.

“Muchas de esas personas tampoco logran acceder al segundo nivel de atención -continuó-, es decir, al hospital, que también se encuentra colapsado. Esta situación pone en evidencia la necesidad de ampliar recursos, incorporar más profesionales y fortalecer los dispositivos comunitarios de atención, tal como plantea la declaración de Urgencia Sanitaria en Salud Mental”.

“La crisis se evidencia cuando las personas necesitan atención y no logran acceder en tiempos adecuados. Las listas de espera, la saturación de los hospitales y la insuficiencia de dispositivos de atención comunitaria muestran que el sistema no alcanza a responder”, expresó Benetti.

“También se refleja en el aumento sostenido de las consultas, vinculado a problemáticas sociales, como la precarización laboral, el desempleo, la incertidumbre y el aislamiento, entre otras variables complejas. Al mismo tiempo, quienes trabajan en el sistema de salud atraviesan situaciones de sobrecarga y precarización laboral, lo que dificulta aún más la posibilidad de brindar respuestas oportunas”, completó la profesional.

"La medida, dispuesta mediante el Decreto Provincial N° 2130/26, permitirá al Ministerio de Salud agilizar los procesos administrativos necesarios para implementar con mayor rapidez las acciones previstas en este campo. De este modo, se busca fortalecer la red pública de atención, optimizar la organización de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud para garantizar una atención más oportuna, integral y cercana a la población", resaltaron.

En ese marco, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental, adoptará las medidas necesarias para potenciar la capacidad operativa de la red sanitaria y profundizar el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado. Entre las acciones previstas se encuentran la capacitación de los equipos de salud, la redistribución del recurso humano, la creación de dispositivos intermedios, y el fortalecimiento de espacios de atención en hospitales y centros de atención primaria.

La estrategia contará con la participación de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma), ámbito de coordinación encargado de promover el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas de manera articulada entre las distintas áreas del Estado, con foco en la prevención, la asistencia y la protección de derechos.

"La decisión responde al incremento sostenido de las consultas y demandas vinculadas a la salud mental registrado en los últimos años, en línea con una tendencia observada a nivel nacional e internacional. Según el informe Salud Mental Mundial Hoy (2024) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas viven con afecciones de salud mental, una de las principales causas de discapacidad y con un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo social y económico de las comunidades" señalaron.

"En Entre Ríos, este escenario se refleja en un aumento sostenido de la demanda de atención dentro del sistema sanitario provincial y en la necesidad de fortalecer la disponibilidad y la distribución territorial de los equipos especializados para garantizar un acceso equitativo y oportuno a los servicios de salud mental" detallaron.

"Con esta decisión, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la red pública de salud mental, promoviendo una atención cada vez más accesible, integral y de calidad para todas las personas que la requieran", concluyeron.

(Fuente: APFDigital)

Las hepatitis virales constituyen un desafío constante para la salud pública. Al ser patologías que en muchos casos no presentan síntomas durante años, la falta de detección temprana puede derivar en cuadros graves como cirrosis o cáncer de hígado. No obstante, los avances médicos y la disponibilidad de tratamientos actuales permiten controlar e incluso curar varios tipos de hepatitis.

En la ciudad, el Hospital Centenario cuenta con el Consultorio de Infectología para la atención especializada de personas con sospecha o diagnóstico de esta patología. En dicho espacio se lleva a cabo la evaluación clínica, el seguimiento médico y la asignación del tratamiento adecuado según cada caso.

Dado que la infección puede pasar inadvertida, la consulta médica y la realización de chequeos resultan esenciales, en especial para quienes han estado expuestos a factores de riesgo.

Entre las principales medidas de prevención destacan:

En línea con las medidas adoptadas por la Municipalidad destinadas a la eliminación de tasas y la reducción de cargas administrativas que pesaban sobre los contribuyentes, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Gualeguaychú aprobó la Ordenanza n° 13084/2026 que modifica el Código de Edificación de la ciudad (Ordenanza n.° 7329/74) y deroga de forma definitiva el registro profesional municipal.

La iniciativa se acopla a las acciones que la gestión local viene sosteniendo bajo el criterio de modernización y desburocratización del Estado. El registro municipal era un obstáculo burocrático innecesario para los profesionales y para la propia administración, ya que el control de la matrícula corresponde, por ley provincial, a los colegios profesionales.

La reforma modifica los artículos 17 y 23 del reglamento de edificación vigente. Con este cambio, los ingenieros civiles, arquitectos, maestros mayores de obra e instaladores ya no requerirán un alta en las dependencias de la comuna para poder ejercer. En su lugar, la Municipalidad validará la habilitación a través de las credenciales de las entidades de la provincia.

El nuevo articulado introduce la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar el inicio y seguimiento de las carpetas de obra, permitiendo que la vigencia de las matrículas se corrobore mediante certificaciones digitales, credenciales electrónicas, códigos QR o sistemas de validación que certifiquen de manera inmediata la identidad y las incumbencias del profesional.

A su vez, la norma ratifica las responsabilidades de los propietarios y profesionales en los alcances del código, al tiempo que permite delegar formalmente las gestiones de tramitación de expedientes de permisos en terceras personas para dinamizar el trabajo de construcción en la ciudad.

La mañana del martes se vio alterada en la zona de Quijano y Angelelli, donde se declaró un escape de gas que obligó a desplegar un operativo preventivo. El hecho ocurrió alrededor de las 10 horas, cuando durante tareas de excavación sobre la vereda se produjo la rotura de un caño de la red de suministro.

El móvil 38 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú acudió de inmediato al lugar tras recibir el aviso. Al arribo, los efectivos constataron la fuga y procedieron a asegurar el área, estableciendo un perímetro de seguridad y restringiendo la circulación en el sector afectado. La prioridad fue evitar riesgos para los vecinos y garantizar condiciones seguras hasta la llegada del personal especializado de la empresa prestataria del servicio.

Las medidas incluyeron la evacuación preventiva de la zona más próxima, la interrupción del tránsito vehicular y peatonal, y la supervisión constante de la emanación de gas. El trabajo coordinado permitió mantener bajo control la situación, sin que se registraran mayores novedades ni incidentes adicionales.

Una vez que los técnicos de la empresa de gas intervinieron en el caño dañado y lograron detener la fuga, se normalizó el servicio y se levantaron las restricciones en la vía pública. Finalizadas las tareas, el móvil 38 retornó al cuartel.

El episodio puso de relieve la importancia de la respuesta rápida de los bomberos y la necesidad de extremar precauciones en obras de excavación que puedan afectar instalaciones subterráneas. La coordinación entre los servicios de emergencia y las empresas prestatarias resulta clave para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la comunidad.

Aunque el escape no derivó en consecuencias mayores, el operativo fue un recordatorio de la vulnerabilidad de las redes de suministro y del rol fundamental de los bomberos voluntarios en la protección cotidiana de la ciudad.