Con el antecedente de su par nacional, el diputado Guillermo Michel, cargó la responsabilidad del archivo de los pedidos de juicio político a intereses del Gobierno.

El senador provincial peronista por el Departamento Uruguay, Martín Oliva se hizo eco de las declaraciones de su par nacional, el diputado Guillermo Michel, y opinó sobre el archivo de los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, que firmaron un docente jubilado y una ONG provincial, por desestimados argumentos sobre inasistencias sin justificar y un atraso en los expedientes que llegaron a su despacho como integrante de la Sala Laboral del Alto Cuerpo de Justicia. Hubo un tercer pedido que fue desestimado in límine por insostenible.

Oliva, en declaraciones que realizó a Radio Plaza sostuvo, respecto del fracaso del juicio político, que “llegado el caso iba a estudiar y analizar punto por punto para tomar mi decisión y al momento de votar hacerlo en base a eso. Yo tenía que estudiar mucho y asesorarme, además de escuchar a la persona, porque me faltaba información para tomar una posición. De todos modos, creo que todos los que estamos en los niveles de gobierno tenemos que estar y si nos llaman, dar explicaciones”.

Respecto del proceso llevado adelante y el cambio de postura del oficialismo, admitió que “a todos nos llamó la atención. No conozco mucho la dinámica, me puse a revisar lo que había pasado otras veces donde en un caso no prosperó y en los dos últimos casos los vocales renunciaron. A todos nos llamó la atención y eso no se puede negar, pero hay que ver cuánto había de runrún y lo que pasó; pero en este caso los que llevaban la voz cantante son del oficialismo. Lo manejó el oficialismo y las idas y venidas que pudo haber tenido esto, no se las pueden endilgar al PJ de ninguna manera”. (Fuente: APFDigital)

Este lunes a las 11 venció el plazo que tenía la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia para realizar la convocatoria a sus integrantes para abordar el dictamen de mayoría que rechazó los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, y en consecuencia los pedidos se archivaron, según precisaron allegados al complejo y poco claro proceso que comenzó con una denuncia por supuestas ausencias injustificadas de la jurisdicción por capacitaciones en el país y el exterior y continuó con otra por un aludido atraso en el despacho de la vocal que se desempeña como presidenta de la Sala N.º 3 del Trabajo.

Hubo una tercera denuncia posterior que se rechazó in limine en la sesión especial de la Cámara Baja que se realizó el 26 de diciembre. La firmó Marta Cecilia Miño, abogada y contadora, que fue escribiente titular de la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Denunció que fue víctima de mobbing (acoso laboral), signado por razones discriminatorias y de persecución por razones políticas.

La no convocatoria de la Comisión a sus integrantes tiene un antecedente. Fue el 23 de diciembre, cuando la comisión de investigación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento emitió un dictamen de mayoría que determinó que “de las denuncias examinadas se observa que no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”.

Asimismo, se señaló respecto de las ausencias aludidas que “no es una cuestión opinable ni valorativa: se encuentra objetivamente acreditada mediante informes oficiales, estadísticas funcionales, memorias institucionales y constancias administrativas que dan cuenta de un desempeño regular, continuo y eficiente de la función jurisdiccional” y se consideró que “las denuncias examinadas, en definitiva, no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones”.

Prueba inexistente

El dictamen del 23 de diciembre consideró que “… por ello, del análisis exhaustivo, integral y razonado de las denuncias promovidas, de los hechos invocados, de la prueba acompañada —y, especialmente, de la prueba inexistente—así como del plexo constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable, podemos concluir que no admite matices ni ambigüedades: las presentaciones bajo examen no solo carecen de contexto, sustento fáctico y asidero jurídico, sino que constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.

En otro párrafo se aseguró que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata, antes bien, de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”. (Fuente: APFDigital)

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos no realizó ninguna convocatoria para tratar el dictamen que rechaza los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo. La falta de citación para este lunes profundizó las críticas de la oposición y alimentó la hipótesis de que el oficialismo apunta a dejar correr los plazos para que el expediente quede archivado.

Para que el cuerpo legislativo pueda sesionar se requiere la presencia de al menos 26 de los 34 diputados. En ese esquema, el oficialismo necesita indefectiblemente el acompañamiento de legisladores del PJ para alcanzar el quórum. Sin embargo, desde el bloque justicialista adelantaron que no están dispuestos a habilitar el tratamiento del dictamen mayoritario, que propone rechazar las denuncias.

El dictamen fue elaborado por los diputados oficialistas sobre la base de los descargos presentados por Medina de Rizzo y su defensa. Según se cuestionó desde la oposición, el texto se cerró sin analizar en profundidad más de mil fojas remitidas por la administración del STJ, ni el informe de Migraciones sobre los viajes realizados por la magistrada, ni un anexo del Tribunal de Cuentas que no había llegado en tiempo y forma.

En los días previos, el documento de 21 páginas circuló entre los integrantes de la comisión sin recibir modificaciones, pese al rechazo explícito del peronismo. Desde ese bloque se aseguró que no habrá votos para acompañar el dictamen y que la estrategia del oficialismo consiste en evitar el debate hasta que venzan los plazos legales, que expiran el 5 de enero.

En ese contexto, también se mencionaron fuertes presiones políticas para garantizar el rechazo del juicio político. Legisladores del PJ advirtieron que el gobernador Rogelio Frigerio habría intervenido para ordenar a su bloque y, además, intentar sumar adhesiones opositoras, algo que fue descartado de plano por el peronismo.

Durante la última sesión fallida, la presidenta de la comisión, Gabriela Lena, sostuvo que el tema se trataría “en una próxima sesión”, sin precisar fecha. La indefinición refuerza la posibilidad de que no haya convocatoria antes del vencimiento de los plazos y que el caso pase directamente al archivo.

Mientras tanto, en ámbitos políticos y judiciales circulan versiones sobre una eventual renuncia o inicio de trámites jubilatorios por parte de Medina de Rizzo, aunque también hay quienes aseguran que continuará en el cargo. La falta de definiciones legislativas mantiene abierto un escenario de fuerte tensión institucional y cuestionamientos al funcionamiento del mecanismo de control sobre los integrantes del máximo tribunal provincial.

A pesar de que la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político tenía previsto dar un cierre al análisis de las denuncias por mal desempeño contra la magistrada, la falta de los números necesarios en el recinto paralizó el trámite.

El bloque peronista volvió a ausentarse, manteniendo su postura crítica frente a lo que denominan un "tratamiento exprés" de las iniciativas oficialistas. Sin la mayoría especial requerida, el oficialismo se vio forzado a posponer la definición, evidenciando las dificultades para alcanzar consensos mínimos en temas de alta sensibilidad judicial.

Claves del escenario actual

Giro en la investigación: Aunque inicialmente parecía que la comisión profundizaría la investigación, el oficialismo —encabezado por Gabriela Lena (UCR-JxP)— ha dado señales de inclinarse por el rechazo del juicio político.

Descargo de Medina: La magistrada ya realizó su presentación espontánea y respondió preguntas de los legisladores de manera remota, negando las irregularidades en su actividad dentro del máximo tribunal.

Denuncia desestimada: Durante el proceso, la comisión ya resolvió rechazar in limine la denuncia presentada por la abogada Marta Cecilia Miño, quien acusaba a Medina por supuestos maltratos laborales.

¿Qué sigue para la magistrada?

Con la sesión caída, el dictamen de la comisión de Juicio Político no pudo ser ratificado por el pleno de la Cámara. Se espera que en los próximos días se intente una nueva convocatoria, aunque el clima político sugiere que el oficialismo buscará archivar la causa definitivamente, siempre y cuando logre destrabar la parálisis legislativa impuesta por la oposición. (Fuente: APFDigital)

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, se presentó este lunes ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y expuso su defensa frente a las denuncias por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La audiencia duró menos de una hora y dejó un clima ampliamente favorable a la magistrada, con señales claras de que el proceso no avanzará.

Durante su intervención inicial y las escasas preguntas formuladas por los legisladores, Medina abordó los cuestionamientos vinculados a viajes al exterior, supuestas demoras en causas judiciales y el cumplimiento de sus responsabilidades como vocal del STJ. Rechazó de manera enfática cualquier acusación de abandono de funciones o incumplimiento de deberes.

La magistrada sostuvo que sus ausencias del país nunca afectaron el servicio de justicia y explicó que el tribunal cuenta con herramientas como la firma remota y plazos comunes para dictar resoluciones, lo que garantiza el normal funcionamiento del cuerpo. Aseguró que no registra morosidad en su vocalía y que las demoras existentes responden a problemas estructurales del sistema judicial, no a conductas personales.

Ante consultas de la presidenta de la Comisión, Gabriela Lena, Medina amplió detalles sobre la carga de trabajo del STJ y señaló que muchos de sus viajes estuvieron relacionados con actividades de capacitación y representación institucional. En ese sentido, mencionó convenios y cursos vinculados a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y afirmó que esas instancias contribuyen a fortalecer la calidad democrática y el servicio de justicia.

El momento más tenso de la audiencia se produjo cuando el diputado Roque Fleitas, de La Libertad Avanza, la interrogó sobre viajes realizados en aviones privados. Medina reconoció que esos vuelos no fueron costeados por ella, sino que se trató de invitaciones del empresario Eduardo Eurnekián, a quien describió como un amigo cercano de la familia. Negó de forma categórica la existencia de conflictos de intereses y afirmó que el empresario no posee causas ni intereses en la provincia.

Tras la exposición, durante la deliberación posterior, varios integrantes de la Comisión adelantaron que no acompañarán una eventual acusación. Diputados como Fabián Rogel y el propio Fleitas manifestaron su respaldo a la magistrada, mientras que se indicó que los informes pendientes, incluido el del Tribunal de Cuentas, no comprometen su situación. Desde la oposición, Andrea Zoff señaló que la postura será debatida en bloque, en una jornada que dejó en claro que el juicio político difícilmente prospere.

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, sumó una nueva denuncia por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, que incluye pedido de juicio político. La presentación fue realizada por una ex empleada judicial, abogada y contadora, quien denunció acoso laboral, discriminación y persecución por razones políticas.

La acusación se incorpora a otras dos denuncias que ya se encuentran en trámite en la Cámara de Diputados. En esos expedientes, Medina fue cuestionada por ausencias prolongadas de su jurisdicción —668 días hábiles entre los períodos 2016-2019 y 2024-2025— y por la presunta aceptación o gestión de contribuciones del Banco de Entre Ríos SA y fundaciones vinculadas a esa entidad en favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, lo que podría configurar un conflicto de intereses.

La nueva denuncia fue presentada por Marta Cecilia Miño, quien se desempeñaba como escribiente titular en la Sala en lo Civil y Comercial del STJ. Según sostuvo, fue trasladada de manera unilateral, inconsulta y sorpresiva a otra área del Poder Judicial, sin especificidad de funciones y sin su consentimiento, en lo que interpretó como una represalia política.

Miño aseguró que el cambio de destino se formalizó mediante una resolución firmada por Medina junto a otros integrantes del Tribunal de Superintendencia, y afirmó que el traslado careció de fundamentos válidos. También denunció que, a partir de esa reasignación, sufrió una situación de violencia laboral persistente, con descalificaciones e insultos, que derivaron en un cuadro de angustia y depresión.

La ex empleada judicial señaló que denunció estos hechos ante la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral del STJ, pero sostuvo que se le negó el derecho a ser oída y que se obstaculizó su acceso a la justicia. En ese marco, atribuyó a Medina un rol de conducción y decisiones contrarias a principios constitucionales y garantías fundamentales.

Entre los hechos denunciados, mencionó la violación del debido proceso y del derecho de defensa, la negativa a reconocer notificaciones electrónicas válidas y el ejercicio de una forma de violencia institucional sostenida. Según la presentación, estas conductas configurarían un abuso de poder incompatible con el principio republicano de gobierno.

Medina rechazó las acusaciones y sostuvo que no se le imputan cargos jurídicos concretos, sino juicios de valor basados en opiniones sin pruebas. Afirmó que las denuncias constituyen una herramienta de presión en su contra y solicitó el rechazo in limine de los planteos. Está previsto que se presente de manera remota ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para exponer su descargo y responder preguntas.

La Comisión de Juicio Político, presidida por Gabriela Lena, deberá ahora analizar esta tercera denuncia, que se sustancia por separado de las anteriores, y definir los pasos a seguir en el proceso.

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, respondió a las denuncias formuladas en su contra y solicitó el rechazo in limine y el archivo definitivo de los pedidos de apertura de juicio político. En un extenso descargo presentado ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados, sostuvo que las acusaciones no contienen cargos jurídicos, sino “juicios de valor sostenidos en opiniones sin pruebas”.

Medina cuestionó con dureza las presentaciones realizadas por un docente y por la titular de una ONG, a quienes atribuyó una actuación “temeraria” y carente de rigor institucional. Afirmó que no se describen hechos concretos, no se identifican normas vulneradas ni se acredita daño alguno al servicio de justicia, por lo que consideró improcedente avanzar con un mecanismo de excepción como el juicio político.

En su escrito, la magistrada ofreció abundante prueba documental, propuso testigos y solicitó que la instancia prevista para responder preguntas de los diputados se realice de manera remota, pedido que fue aceptado por la comisión, sin descartar una eventual comparecencia presencial.

Uno de los ejes centrales de su defensa fue el régimen de licencias. Medina explicó que los vocales del STJ cuentan con un sistema diferenciado, regulado por acuerdos específicos, debido a las funciones jurisdiccionales y de gobierno que ejercen como cabeza del Poder Judicial. Señaló que todas sus licencias y ausencias fueron debidamente autorizadas y que muchas de ellas correspondieron a actividades institucionales y de capacitación.

También rechazó de plano las sospechas sobre el uso de recursos públicos. Aseguró que las actividades académicas y compromisos internacionales fueron financiados con recursos propios o de las entidades convocantes, que abona personalmente la línea telefónica asignada a su vocalía y que renunció al uso de vehículo oficial en 2022.

Medina destacó que su despacho “se encuentra al día”, con más de 5.800 autos y sentencias firmadas, y remarcó que las cuentas del Poder Judicial durante su presidencia fueron aprobadas sin observaciones por el Tribunal de Cuentas. Negó además cualquier tipo de gratificación indebida y calificó como maliciosas las insinuaciones vinculadas a auspicios de entidades privadas a asociaciones judiciales.

Finalmente, sostuvo que las denuncias intentan desnaturalizar el instituto del juicio político y convertirlo en un mecanismo de hostigamiento. “No existe daño institucional ni incumplimiento funcional alguno”, afirmó, y subrayó que la capacitación permanente de magistrados no solo es un derecho, sino un deber legal y ético.

La Cámara de Diputados dio ingreso formal a dos pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina, y habilitó así el inicio del proceso previsto por la Constitución provincial. La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, mantuvo este jueves una reunión para tomar conocimiento de las presentaciones y del descargo remitido por la magistrada.

Los expedientes incluyen, por un lado, una denuncia presentada el viernes 5 por el dirigente gremial Eduardo Jacquemain, quien cuestiona presuntas ausencias injustificadas. El segundo planteo, formulado por la Asociación Civil Entre Ríos Sin Corrupción, sostiene que Medina habría abusado de licencias, modificado el orden de designación de vocales subrogantes e incurrido en donaciones irregulares vinculadas a su rol en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).

La jueza rechazó por escrito todas las acusaciones, según el descargo puesto a consideración de la comisión. De acuerdo con lo informado por Lena, el cuerpo ahora debe evaluar si existe mérito suficiente para continuar con el procedimiento. La Constitución provincial fija un plazo de 30 días para resolver si se abre formalmente el juicio político.

La presidenta de la comisión remarcó que el análisis se realizará “con todas las garantías constitucionales y del derecho de defensa”, y que el proceso se ajustará al reglamento vigente. La definición será clave para determinar si los planteos se transforman en un proceso institucional o si se desestiman en esta instancia preliminar.

Con el trámite ya iniciado, Diputados abre un escenario de tensión institucional que podría escalar hacia el máximo tribunal provincial, mientras continúa el estudio de las denuncias y del descargo de la vocal acusada.

La jueza Susana Medina presentó su renuncia indeclinable a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), función que desempeñaba de manera ininterrumpida desde marzo de 2009. La decisión fue comunicada este domingo a las integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de la entidad, y se fundamentó en razones personales.

Medina es vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y su alejamiento de la conducción de la AMJA se produjo pocos días después de que se formalizara un pedido de juicio político en su contra en la Cámara de Diputados provincial. La presentación fue realizada por un particular y cuestiona su desempeño como integrante del máximo tribunal entrerriano.

El planteo sostiene la existencia de presuntas irregularidades vinculadas al ejercicio de su función judicial. Entre los puntos señalados se mencionan más de 660 días hábiles de ausencias supuestamente injustificadas, el uso indebido de bienes del Estado —como vehículos oficiales, choferes y viáticos— y la utilización de fondos públicos para actividades que, según la denuncia, no habrían contado con el respaldo documental correspondiente.

También se cuestiona una presunta desviación de poder por el supuesto financiamiento de actividades de la AMJA que habrían tenido carácter personal, partidario o diplomático. El pedido de juicio político fue presentado por Eugenio Jacquemain, docente y dirigente de la agrupación Rojo y Negro de Agmer Gualeguaychú.

En su carta de renuncia, Susana Medina expresó su agradecimiento a las integrantes de la asociación y deseó éxitos a la conducción que continuará al frente de la entidad. Además, alentó a seguir trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, uno de los ejes históricos de la AMJA desde su creación.

La Asociación de Mujeres Juezas de Argentina es un espacio de referencia a nivel nacional en materia de género y justicia, y Medina fue una de las figuras centrales de su desarrollo durante más de 15 años. Su renuncia abre ahora una etapa de redefiniciones internas en la entidad, mientras en el ámbito institucional entrerriano avanza el análisis del pedido de juicio político presentado ante la Legislatura.

Por el momento, desde el Superior Tribunal de Justicia no hubo pronunciamientos oficiales sobre la situación de la vocal ni sobre el impacto institucional de la denuncia, que deberá seguir su curso en el ámbito legislativo.