La Dirección de Obras Sanitarias logró hace pocos días uno de los anhelos más importantes para el proceso de purificación del agua potable: la apertura del Laboratorio Propio (LP), el cual permitirá realizar análisis en tiempo real durante las 24 horas del día, con el fin de entregar a la población un servicio de mayor calidad.

Hasta antes de esta inauguración, los análisis que se realizaban tanto del agua que llegaba desde la toma del río Gualeguaychú como la que se inyectaba en la red era testeada y analizada por el Laboratorio Unificado Municipal (LUM), el cual depende de la Subsecretaría de Medioambiente y Seguridad Alimentaria.

El régimen de trabajo del LUM es de 7 a 19 horas, por lo que durante los horarios nocturnos no se tenía una data precisa sobre el producto que ingresaba a la planta purificadora de Obras Sanitarias. Y durante los fines de semana la ventana de tiempo era más extensa ya que se trabajaba media jornada.

En cambio, ahora, el LP trabaja durante toda la jornada y, al estar bajo la responsabilidad del organismo, puede realizar los exámenes cada vez que sea necesario, los cuales arrojan en tiempo real si hay que modificar las dosis para lograr un producto de mejor calidad.

Sin embargo, el LUM continuará su trabajo con Obras Sanitarias, pero esta vez para hacer un segundo cotejo de los análisis realizados por el LP para confirmar una compatibilidad en los resultados y obtener así un reaseguro en la calidad del agua potable que se inyecta a la red.

El LP está a cargo de la licenciada Valeria Villarreal y el técnico en Bromatología Raúl Sánchez, quien además es el jefe de Producción en Obras Sanitarias. Ellos fueron los encargados también de capacitar a los encargados de cada uno de los turnos en el manejo de los aparatos para que se puedan realizar los testeos a todo momento.

Entre los análisis que se realizan en el LP se destacan la detección de concentración de cloro, nivel de pH del agua y el grado de turbidez en el producto que llega proveniente del río Gualeguaychú. Este último examen se realiza con un equipo de test de jarras, y gracias al resultado del mismo se sabe cuál es la cantidad de gramos por metros cúbicos de Sulfato de Aluminio, que es el producto que se utiliza en el tratamiento del agua potable para eliminar sólidos en suspensión, compuestos orgánicos y microorganismos.

De esta manera, la formación de flóculos permite que estas impurezas se sedimenten fácilmente para que el agua pueda purificarse tras la filtración, y para que este proceso suceda de manera óptima se debe conocer la dosis justa de Sulfato de Aluminio.

Usualmente, el nivel de turbidez en el agua del río suele producirse luego de jornadas de lluvias, especialmente las más intensas, cuando materiales sólidos bajan de los campos o el lecho se agita y levanta sedimentación que se mezcla con el agua en movimiento.

Si bien ahora se está trabajando en estos estudios con un equipo viejo que se logró recuperar y que funcionar bien, la Dirección de Obras Sanitarias ya compró un equipamiento más moderno que permitirá obtener resultados más precisos y de manera más ágil.

Lo cierto es que el Laboratorio brinda la posibilidad de tener una mejora continua, pero también una posibilidad de poder adelantar los hechos a partir de ensayos alterando para, por ejemplo, la temperatura y la velocidad del agua. En otras palabras, se puede llevar de manera experimental una situación en que la planta deba comportarse de manera más violenta, es decir, con más caudal para poder testear una velocidad mayor.

La Justicia de Mendoza identificó a los dos turistas que fueron filmados mientras realizaban pintadas sobre piedras ubicadas en una zona montañosa de gran valor ambiental, en las inmediaciones del dique Potrerillos, sobre la Ruta Nacional 7.

Según medios mendocinos, se pudo establecer que son de la provincia de Buenos Aires, uno es de apellido Pérez y estuvieron en esa provincia hasta el viernes 18 de julio. En las imágenes que se viralizaron el fin de semana pasado, los se observa que el grafiti contiene los nombres de Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni.

La escena no solo generó una oleada de reacciones en las redes sociales, sino que también derivó en una causa judicial.

La jueza contravencional Viviana Fernández tomó cartas en el asunto y decidió actuar de oficio, dando inicio a una investigación en base al artículo 138 quarter del Código Contravencional de Mendoza, que establece sanciones para quienes alteren el medioambiente en zonas protegidas sin autorización. Se trata de una falta, no de un delito penal, pero con consecuencias que pueden alcanzar dimensiones significativas.

“El que por sí o por interpósita persona produjere una degradación ambiental no autorizada sobre el Piedemonte… será sancionado con multa desde los cinco mil (5.000) U.F. hasta cincuenta mil (50.000) U.F., o con arresto de hasta diez (10) días”, establece el artículo citado, según consta en el comunicado difundido por el Poder Judicial de Mendoza.

La sanción económica, de aplicarse en su máximo, podría alcanzar una cifra abultada. Considerando que cada unidad fija tiene un valor de 420 pesos, la multa oscilaría entre 2 millones y 21 millones de pesos, según la gravedad de la infracción.

Al encuentro concurrió, el intendente Mauricio Davico; el presidente de la Codegu – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú, Tommy Fogg, junto a integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración; la titular de Ambiente Municipal, Ivana Zecca y parte de su equipo; integrantes del Foro Ambiental; vecinos del Barrio Don Pedro; entre otros.

En la oportunidad, Fogg detalló que “hace un tiempo y luego de un análisis de rutina que dio resultados fuera de los parámetros habituales, se contrataron profesionales para que determinarán las causas. Éstos en principio señalaron que había excesos de barros y que debía comenzarse con la extracción de los mismos, hecho que se realizó a la brevedad. Una vez que se comenzó con la remoción de dichos barros, se advirtió que existían faltantes de construcción del diseño original de la planta de tratamiento. Una vez tomado nota de estas anomalías se comenzaron con las tareas para brindar la solución que paliara esa falla técnica primigenia, hecho que sucedió en la práctica”.

El presidente de Codegu remarcó que “en ningún momento la planta dejó de funcionar” y agregó que “pese a los inconvenientes que se presentaron jamás se volcaron los efluentes de manera directa al río. Siempre fueron con tratamiento previo. Es como mínimo inexacto afirmar que se volcaron los efluentes del PIG sin procesamiento a nuestro río. Eso no sucedió y si bien existieron problemas, no fueron causales de una paralización total de la planta y mucho menos que provocara que se arrojaran residuos sin tratar”.

En otro momento del encuentro, desde Codegu se le ofreció al Foro Ambiental ser parte de los controles de gestión y de auditoría de datos del funcionamiento de la planta y en el aporte de ideas o sugerencias: “Acá no existe nada por esconder y, en definitiva, todos buscamos lo mismo. La Municipalidad, el Foro y la Codegu queremos velar por el cuidado del medioambiente y a eso estamos abocados, cada uno desde el lugar que le toca”.

Además, tomaron la palabra Davico y Zecca quienes coincidieron en el “trabajo articulado” y el excelente clima de diálogo existente con Codegu, al tiempo que adelantaron que la Municipalidad de Gualeguaychú “se sumará a la Comisión Administradora del PIG a través de la participación de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria”.

Por último, Fogg indicó que “estamos tranquilos porque nunca escondimos nada. A partir de un hecho puntual se actuó en consecuencia de forma inmediata, nunca se volcaron residuos sin tratamiento y hoy ya tres de las cuatro piletas están en perfecto estado de funcionamiento. En ese marco de transparencia accedimos inmediatamente al pedido de reunión por parte del Foro concretado esta mañana”.

Qué denunció el Foro Ambiental

Este sábado, desde el Foro expresaron su preocupación por el estado y funcionamiento de la planta de efluentes industriales en el PIG.

En este sentido, expresaron que “el Foro Ambiental Gualeguaychú informa a la comunidad que, tras haber tomado conocimiento de problemas en el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial local, se constituyó el día 2 de julio en dicha planta. Durante la visita, se constató que las instalaciones presentan fallas desde el mes de febrero del corriente año y se encuentran fuera de servicio desde hace un mes, debido a la saturación de barros y al deterioro de diversos componentes, producto de la falta de mantenimiento y control”.

Indicaron que “esta situación nos genera profunda preocupación, ya que los efluentes industriales están siendo vertidos directamente al río sin ningún tipo de tratamiento, afectando gravemente a un bien común fundamental como lo es nuestro río y el ambiente que compartimos”.

“Ante esta alarmante realidad, el Foro solicitó y concretó una reunión urgente con el Presidente Municipal, además de haber enviado una nota solicitando un encuentro con la totalidad de los integrantes de la Corporación del Desarrollo, que incluye a instituciones, actores industriales y representantes del Municipio. El objetivo: exigir una solución inmediata y efectiva a este problema que compromete directamente la salud ambiental de nuestra ciudad”, indicaron. Finalmente, el encuentro se concretó este lunes, con recorrida por el lugar, y promesas de avanzar el prontas soluciones en pos del medioambiente.

En el marco del programa Presupuesto Participativo, se concretó la financiación de un proyecto ambiental y educativo presentado por el Rotary Club Gualeguaychú Oeste, que permitirá la construcción de un prototipo de techo verde en articulación con la Escuela de Educación Técnica N.º 3 “15 de Noviembre”.

El proyecto será desarrollado por estudiantes de la Tecnicatura en Industrialización del Mueble y la Madera, en el marco de una jornada de prácticas profesionalizantes, guiados por docentes y profesionales del sector. Gracias a este trabajo conjunto, se adquirió la madera necesaria para iniciar la construcción del prototipo.

Además del aprendizaje técnico, el proyecto busca fomentar la conciencia ambiental y brindar herramientas concretas para el diseño de soluciones sostenibles. El techo verde, una tecnología bioclimática en crecimiento, aporta beneficios ambientales, sociales y económicos, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático.

Desde el Rotary Club Gualeguaychú Oeste, esta propuesta se alinea con sus ejes de trabajo en medioambiente y educación básica y alfabetización, promoviendo nuevas perspectivas laborales y fortaleciendo la vinculación entre los sectores educativo, social y gubernamental.

El bloque de diputados del Partido Justicialista de Entre Ríos presentó este viernes un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo “detalle y copia de los informes de las auditorías integrales en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) en los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales, que debían practicarse en los primeros 30 días hábiles desde el inicio de la intervención, para lo que se facultó a los interventores a la contratación de Universidades Públicas, en virtud de lo previsto en el artículo 5° del Decreto N° 3675/24”.

En el último punto del pedido de informes se destacó la “consulta al Poder Ejecutivo sobre las denuncias realizadas en virtud de las irregularidades que habrían encontrado en el Iosper, atentos a que el Señor Secretario General de la Gobernación dijera en una entrevista radial el martes 13 de mayo del corriente que ‘hay dos causas penales en trámite’. Por los motivos expuestos solicitamos se le dé trámite al presente Pedido de Informes”.

También requirió “detalle y copia de los informes de gestión de la intervención, que debían elevarse al Poder Ejecutivo de manera mensual, tendientes a la normalización de la Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional, en virtud de lo previsto en el artículo 7° del Decreto N° 3675/24”. Asimismo se instó se “detalle si se han interrumpido las liquidaciones y pago de haberes del personal perteneciente al Iosper bajo cualquier modalidad de empleo o contratación del mismo. En su caso especifique las razones que justifican dichas irregularidades”.

Montos

Los diputados justicialistas pidieron “detalle y copia de las normas pertinentes de las compras de prótesis e insumos médicos realizadas desde el 12 de diciembre de 2024 a la fecha con un informe pormenorizado de los procedimientos en cada caso, las empresas que resultaron adjudicadas, su domicilio, inscripción en la Administración Tributaria de Entre Ríos y los montos que fueron abonados” y “si se han producido modificaciones en los precios de los coseguros y aranceles médicos que deben afrontar las y los afiliados, desde 12 de diciembre de 2024 a la fecha, en su caso detalle de los cambios de los montos, las razones que justifican dichas variaciones y copias de las normas respaldatorias”.

Según publicó APF, también se requirió que se informe si “se ha realizado contratación o implementación de sistemas informáticos externos, que puedan implicar migración de datos personales de las y los afiliados y si se ha considerado la protección de los mismos. En su caso detalle de dicha contratación y copia de la norma que la otorgue” y “si se han eliminado o reducido las coberturas en relación a insumos ópticos como cristales y armazones. En su caso las razones que respalden dichas reducciones o eliminación de cobertura”.

Otro punto importante del pedido de informes consistió en que se informe “si se han eliminado o reducido las coberturas en relación a tratamientos para enfermedades crónicas. En su caso las razones que respalden dichas reducciones o eliminación de cobertura” y finalmente, “si se han realizado denuncias en sede judicial en virtud de las supuestas irregularidades encontradas en el marco de la intervención del Iopser, en el caso de haberse realizado, el detalle de los expedientes judiciales iniciados”.

Ningún vecino en Gualeguaychú y Pueblo Belgrano quedó fuera del tema: Mensajes, posteos en Facebook e Instagram invadieron las cuentas. Es que las quejas por los fuertes olores no se hicieron esperar. Y lo peor: la duda acerca de cuál era el origen de la presunta “nube tóxica”.

Las denuncias comenzaron a llegar a los medios de comunicación y a las áreas de Ambiente de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.

Todo hizo indicar que en principio podría tratarse del derrame químico que pocas horas antes se había registrado en UPM, del otro lado del río Uruguay y que el viento había hecho su efecto.

Por esta hipótesis, el ex juez Eduardo García Jurado radicó una denuncia en los Tribunales de Gualeguaychú y pidió que se respete el fallo de la Corte Interamericana de Justicia.

EL ARGENTINO accedió al texto del ex Magistrado: “Hecho que soy habitante de Pueblo General Belgrano, y en el día de la fecha a las 16:00 hasta las 19:00 horas aproximadamente comencé a sentir un olor desagradable que parecía materia fecal de putrefacción y descomposición. Advertí que estaba en la atmósfera y supuse que éramos víctima nuevamente de la empresa ilegal Botnia UPM, ubicada en Fray Bentos, de la República Oriental de Uruguay. Tenía una consulta física con un profesional, la que pude realizar a medias, puesto que en la parte final que significaba ejercicios de respiración me vi imposibilitado de realizar porque no solo me afectaba el sentido del olfato sino que me dolía el aparato respiratorio. He tomado conocimiento de forma directa que este daño ambiental de nuestro entorno tiene las implicancias en la salud de todos los ciudadanos. Esto afectaba todo Pueblo Belgrano, gran parte de la ciudad de Gualeguaychú y hasta la zona de la ruta Provincial N°20 y ruta Internacional N°136”.

Asimismo, sostuvo que “este daño ambiental de carácter fronterizo con la República Oriental de Uruguay debe ser investigado por la Justicia Federal. Que las emanaciones aludidas pueden provenir de Sulfuro de Hidrógeno, Metilmercaptano y Sulfuro de Metilo, que son compuestos químicos sulfurosos que utiliza UPM en el proceso de fabricación de pasta celulosa, que pueden afectar el sistema respiratorio y otros inconvenientes a la salud”.

Respecto al control de la pastera, García Jurado aclaró en su denuncia que “en este tema también se encuentra involucrado el organismo responsable de controlar la C.A.R.U., quienes deben vigilar el cumplimiento del estatuto del Río Uruguay. Esta autoridad administrativa binacional es la primer encargada de cumplimentar el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010, que en su primer punto dispositivo declara ilegal la realización de la planta en ese entonces llamada Botnia, y si bien no llega a determinar en ese momento el daño ambiental, se condena deliberadamente el principio precautorio. También determina que las partes Argentina y Uruguay deben controlar el funcionamiento y en caso de ser necesario por incumplimiento y presunto daño ambiental recurrir nuevamente a la Corte Internacional de justicia. En el presente caso, esta decisión no ha sido exigida por ningún gobierno nacional de nuestro país, habiendo incluso aceptado reformas-unilaterales de la empresa en su presentación sobre los niveles de contaminación, con clara incidencia sobre nuestro país”.

El ex Juez y profesor universitario, contó a EL ARGENTINO que intentó comunicarse con la guardia ambiental de Gualeguaychú “no pudiendo obtener respuesta alguna. Ellos deben intervenir en primera instancia, como también el Director del puente Internacional San Martín y se debe dar inmediata intervención a la C.A.R.U”.

Finalmente, sostuvo su denuncia “por daño ambiental a la empresa supra aludida por afectar convenios internacionales, fundamentalmente del mencionado estatuto del Río Uruguay y del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La respuesta de la Municipalidad

Luego de las consultas y denuncias, desde el gobierno local informaron que “ante la preocupación ciudadana, equipos técnicos y funcionarios municipales realizaron inspecciones en distintas áreas, y lograron constatar que fuera del ejido municipal, sobre Ruta Provincial N° 20, se encontraba una acumulación significativa de cama de pollo. En el lugar se detectó un olor coincidente con el que afectó a la ciudad durante todo el día, lo que indicaría una posible vinculación entre ambos hechos”, se informó.

Según la Municipalidad, una granja avícola fue la señalada como responsable de un olor que se percibió en todo Gualeguaychú y Pueblo Belgrano, y la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria “continuará trabajando intensamente para esclarecer lo acontecido, determinar responsabilidades y garantizar que situaciones de estas características no se repitan”.

Qué pasó en UPM y las dudas de los vecinos

A través de un comunicado por un evento en el área de Línea de Fibra en UPM Paso de los Toros, se informó: “Sobre las 17:00 horas del jueves 15 de mayo, se produjo una pérdida por una junta del área de Línea de Fibra de la planta de UPM Paso de los Toros, mientras se realizaba una maniobra de reinicio del proceso, luego de un disturbio eléctrico de la red de UTE.

Esta situación provocó el escape de vapor y salpicaduras de líquido con químicos del proceso. Personal de una empresa contratista que se encontraba trabajando en el área, fue alcanzado por las salpicaduras, recibieron asistencia en el lugar y se encuentran en buen estado de salud. Una de ellas fue derivada a un sanatorio local para evaluación oftalmológica. El evento fue rápidamente controlado y el líquido contenido en el área de proceso, sin generar impactos en el ambiente”, culminaron.

En la ciudad, hay más dudas que certezas acerca de la contaminación del aire y el vínculo de la pastera con los fuertes olores percibidos en los últimos días.

El arroyo Sarandí, ubicado en la localidad homónima del partido de Avellaneda, amaneció este jueves teñido de un rojo intenso en toda su extensión, que va desde el Río de la Plata hasta las vías del tren Roca.

Por ahora las causas son un misterio: en el barrio los vecinos hablan de una contaminación con anilina, otros de desechos químicos de un depósito. A la vista, los resultados del desastre son compatibles con otros episodios de derrame de ácido láctico corrosivo.

Lo cierto es que desde el Municipio de Avellaneda, en colaboración con un equipo del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, se acercaron al lugar y tomaron muestras del agua para analizar y conocer a ciencia cierta por qué se tiñó el arroyo. “Inicialmente no parece tóxico”, adelantó una fuente al tanto de las tareas.

De acuerdo a la descripción que hicieron vecinos de la zona consultados, a la vera del canal se siente un olor fuerte. El aroma nauseabundo, de todas formas, aparece algunos días sin la necesidad de que el agua se torne de un color especial.

“No es una zona de muchas fábricas, pero hay algunos depósitos y en frente del shopping hay una droguería”, describió una vecina que vive en el lugar hace varias décadas. Ante la falta de información oficial, por ahora en el barrio solo hay conjeturas acerca del origen del tinte rojo.

Los cambios en la coloración del arroyo suelen ocurrir en Sarandí, pero casi siempre se presenta con un tinte amarillo, o amarillo verdoso. “No es raro que haya derrames en esta zona, ya sean químicos o de otros productos”, continuó la vecina. El único consuelo para quienes viven en la zona es cerrar todas las puertas y ventanas, y en lo posible evitar salir hasta que pase el hedor.

En la suma total de los siniestros ocurridos en enero, se volcaron mil litros de ácido láctico corrosivo, 500 litros de ácido fosfórico y 50 kilos de cloro diclorado, los cuales se desparramaron a lo largo de zonas transitadas como autopistas y a metros de transeúntes. Muchas son sustancias peligrosas tanto para el medioambiente como para los ciudadanos.

El presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ), Carlos Colángelo, explicó con un ejemplo la gravedad de estos casos: “El ácido fosfórico es corrosivo y puede reaccionar con la soda cáustica, que estaba transportando en este caso. Esto hace que se produzca una reacción exotérmica con liberación de calor y que se creen gotas que pueden caer sobre los vecinos. Esto puede producir un problema de quemaduras o inhalación de esos vapores de la reacción química”, describió.

Según los especialistas, la mayoría de los derrames se producen en accidentes viales o en depósitos y comercios donde manipulan sustancias químicas.

La solución para minimizar estos eventos, según sostienen desde el Consejo Profesional de Química bonaerense, es la matriculación y capacitación de los trabajadores que manipulan o transportan las sustancias.

“En un local de productos de limpieza o en una ferretería, se manejan productos químicos y muchas veces quien lo maneja no sabe lo que está manipulando. Los almacenan por orden alfabético o color y resulta que a veces pueden tener al lado dos materiales potencialmente peligrosos y puede generarse una reacción química. Como consecuencia puede haber explosiones o incendios”, explicó Colángelo.

Y subrayó: “Estamos viendo que la cantidad de matriculados que hay en nuestro consejo de química es exiguo frente a la actividad que realmente debe tener mucha más cantidad de gente. Entonces ese es un tema muy importante”. Para el titular del Consejo, las industrias deben “tomar conciencia de este tema y de la importancia de la matriculación”. (Fuente: Infobae)

En una carta enviada el jueves 30 de enero, los senadores Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Stella Maris Olalla, Carolina Losada y Eduardo Galaretto le "recomendaron" al Gobierno fraccionar la concesión en dos o tres tramos para que haya una "mayor participación de oferentes" y un "control más eficiente de los servicios".

Además, solicitaron bajar el plazo de la concesión, que se prevé en 30 años prorrogables por otros 30 más, a entre 10 y 15 años, con una posibilidad de extenderla sujeto al cumplimiento de distintas obligaciones.

Por otro lado, piden profundizar el calado a 42 y 44 pies para maximizar la capacidad de carga de los buques, lo que beneficiaría a las cerealeras exportadoras con una baja de los costos logísticos por unidad de flete.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados de la carta es la sugerencia de que se modifiquen los criterios técnicos de elegibilidad y ponderación técnica, que lo piden principalmente la compañía belga DEME y la danesa Rhode Nielsen, que fueron a la Justicia. Y, sobre todo, el cambio que exigen los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) permitiría la participación de China, que fue vedada por el Gobierno al impedir que hagan ofertas quienes tengan entre sus accionistas a los Estados soberanos.

La licitación tiene un plazo para la presentación de ofertas hasta el miércoles 12 de febrero, aunque las cerealeras y varias empresas que van a competir pidieron una extensión.

La Hidrovía es uno de los principales puntos de conflicto político entre el presidente Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri, ya que La Libertad Avanza (LLA) acusa al PRO de operar para que se favorezca a la empresa neerlandesa Boskalis, favorita de la reina Máxima Zorreguieta.

Asimismo, en el macrismo denuncian que el pliego que diseñó el Gobierno está direccionado a la belga Jan de Nul, que hasta 2021 tuvo la concesión junto al Grupo Emepa, del empresario argentino Gabriel Romero.

Fuentes que están al tanto del proceso indicaron a Clarín que una división de la licitación en tramos restaría interés, en vez de sumarlo, ya que habría zonas no rentables, como todo lo que está al norte de Rosario. De la misma forma, consideraron más viable reducir el plazo de la concesión.

Por la Hidrovía transita aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas; es decir, más de US$ 60.000 millones de dólares. Los exportadores pagarían unos US$ 410 millones -estimado en el pliego- al concesionario, por lo que el negocio a 30 años superaría los US$ 12.000 millones, publicó Clarín.