El Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro exintegrantes del del Ejército argentino por distintos delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran privaciones ilegales de la libertad, vejaciones y torturas, ocurridos en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en julio 1977, durante la última dictadura cívico militar, en el marco del Plan Cóndor.

La medida fue dictada por la jueza Analía Ramponi, en línea con el pedido realizado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, y alcanzó al teniente primero Jorge Enrique Echeverría (77), señalado como oficial de inteligencia; el capitán Horacio Alberto Goris (81); el teniente primero Juan Ignacio Aleman (78), oficial de inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Concordia, durante 1977; y el sargento ayudante de caballería Miguel Ángel Galeano (75), en su carácter de auxiliar del oficial anteriormente mencionado. Además, a cada uno de ellos se les trabó un embargo de 30 millones de pesos.

La jueza les atribuyó a los imputados haber conformado una asociación ilícita constituida por un aparato estatal perfectamente organizado y ensamblado, destinado a borrar cualquier tipo de vestigio de lo que consideraban peligroso para la Seguridad Nacional y que terminó siendo responsable de un genocidio”, según precisó Fiscales.gob.ar.

Además, a Galeano, Aleman y Echeverría les endilgó los delitos de privación ilegal de la libertad, apremios físicos, vejaciones y torturas contra los ciudadanos uruguayos María Julia Suarez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia, ocurrida el 3 de julio de 1977. Asimismo, se les imputó el abuso sexual de la mencionada María Julia Suárez, y la privación ilegal de la libertad de los también uruguayos Brenda Levith, Luis Suárez y al hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, en julio de 1977.

A los cuatro acusados también los procesó por la privación ilegal de la libertad, torturas y encubrimiento del homicidio del conscripto Jorge Emilio Papetti, que continúa desaparecido. Todas las imputaciones fueron en calidad de coautores.

La jueza consideró que los cuatro acusados estaban dotados de una “organización estructural”, en relación al esquema militar que funcionaba en aquel momento y que dividía al país en zonas, subzonas y áreas. A su vez, determinó que contaban con la colaboración de agentes de otras jurisdicciones para traslados o detenciones y, desde su misma conformación, habrían aceptado la comisión de diferentes delitos como necesaria para el logro de sus objetivos finales.

Ramponi explicó que “el aparato represivo de la jurisdicción Concordia” era dirigido por Naldo Miguel Dasso, entonces jefe del Regimiento de Tiradores Blindados 6 "Blandengues", correspondiente al Área 225, dependiente de la Subzona 22 de la Zona de Defensa 2 del Segundo Cuerpo del Ejército, entre 1975 y fines de 1977.

En esa línea, indicó que las personas detenidas por personal del Ejército y las fuerzas de seguridad en Concordia y otras ciudades cercanas, “eran alojadas en centros clandestinos de detención, en la sede de la Jefatura Departamental de Concordia de Policía de Entre Ríos y en la Unidad Penal N°3 de la misma localidad, donde eran interrogadas y sometidas a diversos tormentos físicos y psicológicos y a abusos sexuales, en algunos casos”.

La magistrada destacó que los hechos investigados se dieron en el marco del denominado "Plan Cóndor" —la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante la década del ‘70—, llevado adelante en este caso por los gobiernos uruguayo y argentino durante la última dictadura militar y que, según sostuvo, “tenía como objetivo atacar movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales, entre otros supuestos enemigos de dichos gobiernos autoritarios, a través de grupos de tareas conformados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados mencionados".

Privación ilegal de la libertad y torturas contra ciudadanos uruguayos

Según la resolución, Galeano, Alemán y Echeverría privaron ilegítimamente de la libertad a cuatro ciudadanos uruguayos el 3 de julio de 1977 y los trasladaron a la Jefatura Departamental Concordia, luego a dos centros clandestinos de detención no identificados y finalmente a la Unidad Penal N°3.

De acuerdo a lo reconstruido por la investigación, en cada uno de esos sitios, fueron interrogados bajo apremios físicos, vejaciones y métodos de tortura como los llamados “plantones”, “submarino seco”, “picana eléctrica” y “teléfono”. Allí los mantuvieron privados de su libertad por más de veinte días, con la finalidad de obtener información, para luego trasladarlos de forma ilegal y clandestina a la República Oriental del Uruguay, donde dos de ellos estuvieron detenidos hasta 1982 y una de las víctimas recuperó la libertad.

Asimismo, en el traslado de las víctimas desde la Jefatura Departamental Concordia hasta el primer lugar donde estuvieron privados de su libertad, también habrían abusado sexualmente de Suárez.

Suárez Méndez, por su parte, fue trasladado primero a la ciudad de Paraná, donde permaneció privado de su libertad por cinco días, para luego ser trasladado a un centro clandestino de detención, en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, desde donde pudo fugarse.

El caso del conscripto Papetti

Según la investigación, Papetti fue privado de su libertad el 15 de marzo de 1977 en la Guardia de Prevención del Regimiento de Tiradores Blindados 6 "Blandengues" de Concordia, donde cumplía el servicio militar obligatorio, presuntamente, por integrar la organización Montoneros y por participar de actividades “subversivas”, según la versión militar. En dicho lugar, junto a otras dos víctimas detenidas ilegalmente, habrían sido sometidos a apremios y torturas.

El 18 de marzo de ese mismo año, Papetti fue visto en muy malas condiciones físicas, con el pecho hundido, sangre en la boca, con dificultades para mantenerse erguido y con una tos permanente como consecuencia de los tormentos padecidos.

Al día siguiente, habría sido conducido, junto con las otras dos personas detenidas, a un lugar ubicado en el paraje conocido como “La Tortuga Alegre” próximo a Salto Grande, donde las torturas habrían continuado sobre todos los trasladados.

Entre el 19 y 20 de marzo, los tres habrían sido trasladado en el baúl de un automóvil a la ciudad de Paraná, donde fueron alojados en el Escuadrón de Comunicaciones Blindado 2.

Finalmente, según la investigación, el 21 de marzo, Papetti y otro de los detenidos fueron trasladados a la Unidad Familiar de la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde fueron sometidos a nuevas sesiones de tortura y donde el conscripto murió a raíz de los tormentos padecidos.

El encubrimiento del homicidio

A los cuatro procesados también se les atribuye haber encubierto el homicidio de Papetti mediante el montaje de un simulacro de fuga sobre la ruta nacional 18, cerca del kilómetro 135, en jurisdicción de Concepción del Uruguay, el 22 de marzo de 1977.

Según la resolución, ese montaje consistió en labrar actuaciones administrativas y declaraciones falsas para simular un traslado durante el cual Papetti habría escapado, hecho que resultó imposible ya que, según fue probado en otra causa, para entonces ya había sido asesinado en Paraná.

Para completar el plan de ocultamiento de la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Papetti en manos militares, se destruyeron los registros del Regimiento, como lo demuestra el acta de incineración de los libros de novedades de la guardia de prevención, confeccionadas entre 1976 y 1983.

El desfile por el Día de la Independencia se iniciará a las 15:00 hs y unirá el trayecto desde la Virgen del Mate hasta la calle Urquiza, concentrando las actividades principales en la zona de los obeliscos.

La organización de la jornada está a cargo del área de Ceremonial y Protocolo, coordinada por Silvia Videla, desde donde anticiparon el despliegue de atractivos especiales para acompañar el paso de las delegaciones.

Asimismo, el segmento de las fuerzas de seguridad e instituciones de orden público contará con las banderas de ceremonia de:

Las delegaciones del Municipio también tendrán un rol activo, reflejando el trabajo de áreas como Salud, Desarrollo Humano, Adultos Mayores, Deportes, Cooperativas y los Espacios Municipales de Primera Infancia.

Inscripciones y consultas: Las instituciones interesadas en participar deben dirigirse a la oficina de Ceremonial en el Palacio Municipal (Yrigoyen 75), o comunicarse a las líneas telefónicas 3446-394823, 420430 o 640793.

Para garantizar la comodidad de los asistentes, la costanera local será acondicionada con la instalación de tribunas, baños químicos y una exhibición complementaria de autos antiguos.

En materia de prevención y asistencia médica, se dispondrán tres postas sanitarias distribuidas a lo largo de la traza del desfile. La posta de la Dirección de Salud Municipal se ubicará en la intersección de Concordia y Costanera con equipos de control y emergencias, mientras que los dos puestos intermedios restantes estarán coordinados de forma conjunta por el Hospital Centenario y otros centros de salud de la ciudad.

El Ejército israelí informó este martes la localización y destrucción de un complejo de túneles perteneciente al grupo Hezbollah en la localidad de Qantara, al sur del Líbano. La operación, que incluyó el uso de unas 450 toneladas de explosivos, permitió neutralizar una de las infraestructuras subterráneas más extensas halladas en la región, desarrollada durante más de diez años con apoyo directo de Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) descubrieron dos túneles independientes, próximos entre sí, que sumaban cerca de dos kilómetros de longitud y alcanzaban profundidades de hasta 25 metros. Según portavoces militares, la red estaba diseñada para servir como base de operaciones, almacenamiento de armamento y facilitar la infiltración de células armadas hacia territorio israelí.

Dentro de las galerías se hallaron armas, equipos logísticos, depósitos de agua y habitaciones con literas, lo que habría permitido la permanencia prolongada de combatientes bajo tierra. Una de las estructuras contaba con al menos diez estancias separadas y lanzaderas de cohetes orientadas hacia Israel. “Hezbollah recibió financiamiento y asistencia técnica de Irán para desarrollar este sistema subterráneo, que formaba parte de un plan estratégico para una eventual incursión en Galilea”, señaló un alto oficial israelí.

El primer ministro Benjamin Netanyahu destacó que las tropas “están destruyendo su infraestructura terrorista, matando a decenas de sus operativos, y aún hay más por venir”. Subrayó además que la destrucción de esta red es “solo el comienzo de un proceso que continuará hasta restablecer la seguridad en la región”.

Por su parte, el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que la orden fue “ampliar la eliminación de toda infraestructura terrorista, tanto subterránea como en superficie, hasta la línea divisoria”. Katz calificó la operación como una etapa clave para impedir que Hezbollah concrete sus planes ofensivos contra civiles y militares israelíes.

El hallazgo y neutralización de los túneles se produce en un contexto de creciente tensión en la frontera entre Israel y Líbano, donde los enfrentamientos continúan a diario pese a los intentos de tregua. La intervención conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes ha intensificado los ataques de Hezbollah y la respuesta militar israelí, elevando el riesgo de una escalada mayor en la región.

Con información de EFE y AFP

Estados Unidos logró finalmente abordar e incautar un petrolero con bandera rusa y vínculos con Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del océano Atlántico, en una operación que elevó la tensión con Moscú pero que, según funcionarios estadounidenses, evitó un enfrentamiento directo entre fuerzas militares de ambos países.

El buque, conocido hasta hace poco como Bella 1 y rebautizado Marinera, había logrado eludir un “bloqueo” marítimo parcial impuesto a petroleros sancionados vinculados a Venezuela y se había negado reiteradamente a permitir el abordaje por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos.

De acuerdo con un funcionario estadounidense con conocimiento directo del operativo, la Guardia Costera logró subir a bordo del petrolero en las últimas horas sin encontrar resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación, poniendo fin a una persecución que se extendió por unos 14 días. Dos funcionarios estadounidenses precisaron además que no había buques rusos en las inmediaciones cuando se produjo el abordaje, lo que evitó un posible choque entre fuerzas de ambos países.

Poco antes de la maniobra, varias aeronaves militares estadounidenses despegaron de bases en Gran Bretaña y se dirigieron hacia el noroeste, en dirección al petrolero, según datos de sitios de seguimiento aéreo. Registros de navegación también mostraron que el Marinera realizó un giro brusco en el Atlántico Norte horas antes de ser interceptado.

El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó la incautación en un comunicado publicado en la red social X, en el que señaló que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa “incautaron” el petrolero en el Atlántico Norte por violaciones a las sanciones estadounidenses.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reforzó el mensaje de Washington al subrayar que la ofensiva marítima no tiene límites geográficos. “El bloqueo del petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en plena vigencia —en cualquier parte del mundo”, escribió en la red social X, en una advertencia directa a navieras, intermediarios y países que faciliten el transporte de crudo de origen venezolano.

La operación había despertado preocupación por una posible escalada con Rusia luego de que trascendiera que Moscú había despachado al menos un buque naval para escoltar al petrolero. Sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron que esas naves no se encontraban cerca del Bella 1 en el momento del abordaje.

El Marinera había sido interceptado inicialmente el 21 de diciembre en el mar Caribe. El petrolero, que había iniciado su travesía en Irán, se dirigía a recoger crudo en Venezuela. En ese momento, Washington afirmó que contaba con una orden de incautación debido a que el buque no enarbolaba una bandera nacional válida. Tras negarse al abordaje, el barco se internó en el Atlántico, mientras Estados Unidos mantenía la persecución.

En el transcurso de esos días, se sucedieron una serie de maniobras para disuadir a Washington: la tripulación pintó una bandera rusa en el casco, el buque fue rebautizado como Marinera y añadido a un registro oficial ruso de embarcaciones, y Moscú presentó una solicitud diplomática formal para que Estados Unidos abandonara la persecución.

El petrolero forma parte de la llamada “flota en la sombra”, utilizada para transportar crudo de Rusia, Irán y Venezuela en violación de sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. La presión sobre este tipo de buques se intensificó desde que el presidente Donald Trump lanzó una campaña de máxima presión contra Venezuela y ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

En paralelo, la Guardia Costera estadounidense interceptó otro petrolero en el Caribe, identificado como M Sophia, según confirmó un funcionario estadounidense. El buque enarbolaba falsamente bandera de Camerún, de acuerdo con esa fuente, y fue detenido en el marco de la misma ofensiva contra embarcaciones sancionadas.

Estos movimientos se producen en un contexto regional altamente sensible, apenas días después de que fuerzas especiales estadounidenses irrumpieran en Caracas antes del amanecer del sábado en una operación para capturar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades federales para su procesamiento por cargos vinculados con presunto narcotráfico.

Altos funcionarios venezolanos calificaron la captura de Maduro como un secuestro y acusaron a Estados Unidos de intentar apropiarse de las vastas reservas petroleras del país, estimadas como las mayores del mundo. Washington y Caracas, sin embargo, alcanzaron recientemente un acuerdo que podría permitir el envío de hasta 2000 millones de dólares en crudo venezolano a puertos estadounidenses.

Los petroleros se han convertido así en un nuevo foco de fricción entre Estados Unidos y Rusia, en un escenario marcado por sanciones, reabanderamientos y operaciones navales cada vez más visibles. En la misma semana en que el Bella 1 adoptó bandera rusa, otros buques que operaban en aguas venezolanas realizaron cambios similares, en un intento por eludir las restricciones internacionales impuestas por Washington. (Con información de La Nación, Agencia Reuters y The New York Times)

El reciente sobrevuelo de los seis F-16 que atravesaron el cielo de la Ciudad de Buenos Aires el último fin de semana volvió a colocar a la modernización militar en el centro de la discusión pública. En medio de los cuestionamientos por la adquisición de estas aeronaves, el exministro de Defensa Luis Petri sostuvo que “ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza” y reivindicó la operación como un hito para las Fuerzas Armadas.

Para Petri, la compra representó “la inversión militar más importante de los últimos cuarenta años”, y la calificó como un salto tecnológico indispensable.

“Es un salto tecnológico de treinta años, por lo menos, donde logramos disuasión efectiva, no de cotillón”, afirmó al responder a quienes criticaron la incorporación de los F-16.

Las declaraciones del exministro se sumaron a un cruce previo entre el canciller Pablo Quirno y el diplomático Héctor Rogelio Torres, quien sostuvo en redes que “Dinamarca reemplaza F-16 x F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste”. Quirno replicó: “Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma”.

Petri retomó el debate y apuntó directamente al kirchnerismo. “A mí la verdad que las críticas del kirchnerismo me tienen sin cuidado, porque ellos demonizaban a las Fuerzas, ellos las destrataban, ellos las desfinanciaron, y ¿qué compraron?”, lanzó, descartando cualquier cuestionamiento proveniente de ese sector.

El exministro también aseguró que muchas de las objeciones actuales carecen de fundamento y recordó que gestiones anteriores tampoco avanzaron con alternativas. “Estuvieron a punto de comprar aviones JF-17 chinos. No lo hicieron”, subrayó.

Al mismo tiempo, criticó la falta de inversiones durante gobiernos previos. “Es increíble lo que les pasa. Ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza”, ironizó al mencionar las críticas que circularon en redes y en algunos sectores políticos.

La proyección oficial establece que las aeronaves comenzarán a operar plenamente en enero de 2026, con una entrega escalonada que finalizará en 2028. El diputado remarcó que, desde la baja de los Mirage en 2015, el país “no tenía ningún avión supersónico, teniendo en cuenta que somos el octavo país más extenso del mundo”.

Para Petri, esta incorporación significó “recuperar control y vigilancia del espacio aéreo”, una prioridad estratégica que el Estado había abandonado.

En su repaso, destacó especialmente la reacción del personal militar: “¿Sabés con qué me quedo? Me quedo con los oficiales y suboficiales en actividad y retirados de la Fuerza Aérea, emocionados se les caían las lágrimas”.

También evocó el reconocimiento de veteranos de guerra como Ernesto Ureta, uno de los pilotos que atacó al portaaviones HMS Invincible en 1982. “Él fue uno de los que piloteó junto con Gerardo Isaac, fue contra el Invencible y donde dos pilotos perdieron la vida”, recordó Petri.

Petri detalló que la política de defensa del Gobierno no se limitó a la compra de aeronaves. Mencionó, entre otros equipos, la llegada de los Strikers para reforzar la frontera norte.

“El presidente ha sido muy claro y a la hora de respaldarlas no es solamente con memoria concreta, no es solamente con los abrazos, no es solamente con lo simbólico, sino también equipándolas”, sostuvo.

El diputado aclaró que la modernización del sistema militar no implica intenciones ofensivas. “No vamos a invadir nada. Por eso los P-3 Orion, por eso han llegado para que controlen y vigilen nuestros recursos ícticos. Por eso los Strikes, para que vayan con el ejército en Jujuy, en Misiones, en Salta”, enumeró.

El exministro defendió la elección del modelo F-16 frente a las objeciones sobre su antigüedad. “La vejez de un avión no se mide por los años, se mide por la modernización, por la aviónica y por las horas de vuelo remanente”, sostuvo al describir las prestaciones de la flota adquirida.

También remarcó el peso internacional del F-16 como argumento a favor. “Los JF-17 se fabricaron ciento cuarenta y cinco en el mundo. Los F-16 se fabricaron más de cuatro mil quinientos. Tres mil seiscientos se encuentran volando. ¿Sabés quién tiene ochocientos? Nada más y nada menos que la principal potencia militar del mundo: Estados Unidos. Más de veintiséis países utilizan los F-16. No hay discusión posible. Están modernizados”.

Para finalizar, Petri apuntó contra las gestiones que lo precedieron. “La verdad que el kirchnerismo que explique por qué no compró absolutamente nada. Tuvieron muchísimo sesgo ideológico con las Fuerzas Armadas”, sentenció, al defender la compra como un hito histórico de recuperación de capacidades militares. (Ámbito)

Si bien todavía no asumió formalmente en el cargo, el designado ministro de Defensa, Carlos Presti, logró su primer triunfo de gestión al imponer a sus candidatos para la cúpula de las Fuerzas Armadas y se prepara para los desafíos que va a enfrentar en la gestión, entre los cuales está resolver los conflictos en IOSFA, la obra social de los militares y la tercera más grande del Estado.

El teniente general ya tiene decidido solicitar su pase a disponibilidad en los próximos días para continuar teniendo el rango a pesar de asumir en el Gabinete, al menos durante seis meses, que es el plazo máximo que permite la ley para que un uniformado permanezca en esa condición.

De esta manera, mantendrá su jerarquía cuando tome el control, el próximo 10 de diciembre, de la cartera que dejará en sus manos Luis Petri, quien pasará a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y ya tiene lista sus últimas actividades antes de salir del Gabinete.

También conservará su grado cuando tenga que nombrar formalmente a su sucesor, el general de división Oscar Zarich, que será finalmente quien ocupará su lugar como jefe del Ejército.

Su reemplazo, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento, no solo es uno de sus compañeros de la promoción 118, que se graduó en 1987, sino que además es alguien muy cercano, con el que compartió varias misiones en diferentes destinos.

Entre las tareas que desempeñó a lo largo de su carrera, Zarich integró el primer batallón argentino de Naciones Unidas en Croacia en 1992; fue jefe de la Base Antártica “San Martín”; estuvo en el Regimiento de Infantería Mecanizado 25 y en la Brigada Mecanizada IX, ambas en Chubut, y en la extinta Compañía de Cazadores de Monte 19, que se ubicaba en Formosa.

Quienes lo conocen, escucharon al general de división celebrar su ascenso destacando que Presti es “un amigo personal”: “Lo tomo como un desafío mayor, porque no puedo defraudarlo al tratarse de él”, le confesó a uno de sus colegas.

Por otra parte, el futuro ministro también evitó un eventual conflicto al elegir para liderar el Estado Mayor Conjunto al vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, un hombre de la Armada, institución que desde hacía tiempo reclamaba este lugar.

El Presidente Javier Milei encabezó este sábado en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, el acto de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina, una inversión que el Gobierno considera estratégica para reforzar la capacidad defensiva del país.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que la llegada de la flota marca “un día histórico para todos los argentinos” y señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca revertir décadas de “destrato” hacia las Fuerzas Armadas, según el contenido del mensaje difundido en el acto oficial.

?? Milei sube a uno de los aviones de combate F-16 que Argentina compró a Dinamarca en el marco del plan del Gobierno de Javier Milei de renovación de la Fuerza Aérea del país latinoamericano pic.twitter.com/zHkwrDmWH5

— Sepa Más (@Sepa_mass) December 6, 2025 El Presidente destacó la demostración aérea realizada por los pilotos desde Río Cuarto hasta la Casa Rosada y su retorno a la base, un operativo que permitió que “cientos de miles de argentinos levantaran la mirada y vieran por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Aseguró que los F-16 se convierten desde ahora en “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino” y remarcó que su incorporación incrementa el nivel de seguridad para toda la población.

En su mensaje, Milei sostuvo que los gobiernos anteriores “dejaron al país indefenso” y vinculó esa situación con decisiones motivadas por intereses partidarios. Afirmó que su administración se propone “poner la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, con una estrategia sostenida en la reconstrucción de las capacidades militares nacionales.

En ese marco, agradeció especialmente al ex ministro Luis Petri, responsable de materializar la compra de los F-16, quien dejó el cargo para asumir una banca en la Cámara de Diputados. El Presidente confirmó que el Ministerio de Defensa quedará a cargo del Teniente General Carlos Alberto Presti, a quien describió como un militar de trayectoria y valores institucionales sólidos.

El jefe de Estado cuestionó las críticas surgidas en sectores de la oposición por la designación del nuevo ministro. Consideró que parte del debate público responde a una “posición infantil” y acusó al kirchnerismo de promover durante veinte años un proceso de “demonización” de las Fuerzas Armadas.

egún Milei, la interpretación histórica utilizada por ese espacio político buscó “obtener rédito partidario” y erosionó el vínculo entre las instituciones militares y la sociedad. En contraste, defendió que la elección de Presti se fundamenta en “idoneidad técnica y moral” para conducir el área de defensa.

Milei también propuso retomar una discusión sobre el concepto de soberanía y afirmó que ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenido sin una economía sólida y sin capacidades militares capaces de disuadir amenazas en un contexto global “incierto”.

En su análisis, insistió en que durante dos décadas, quienes gobernaron “hicieron lo opuesto”, al entregar “un país pobre e indefenso”. El mandatario sostuvo que la visión de soberanía de sus críticos se reduce a “una gran villa miseria decorada con banderines”, mientras que su administración busca reconstruir riqueza y las herramientas necesarias para protegerla. Subrayó que la Argentina ya vivió un período de expansión hace más de un siglo y afirmó que existe un “mandato histórico” para recuperar aquella senda de crecimiento nacional.

En el tramo final del discurso, Milei definió a los F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo”, un país —dijo— que pretende recuperar protagonismo internacional. Agradeció a los equipos del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Aérea que intervinieron en las gestiones y en la puesta en marcha del programa. “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”, expresó el Presidente al cerrar el acto, antes de saludar a los efectivos y autoridades presentes.

La ceremonia en la base aérea de Río Cuarto reunió a funcionarios del área de defensa, autoridades militares y equipos técnicos vinculados al proceso de incorporación de la nueva flota, que representa uno de los movimientos más relevantes en materia operativa de los últimos años para la aviación militar. (NA)

El designado ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, iniciará su gestión con un cambio de mandos. Anunció que el presidente Javier Milei renovó la conducción de las Fuerzas Armadas y aceptó sus propuestas para conformar la cúpula militar que lo acompañará en su nueva función.

Presti, quien no pasará a retiro para asumir como ministro, sino que permanecerá en situación de disponibilidad, eligió para su sucesión en el Ejército al general de división Oscar Santiago Zarich, quien fue su compañero de promoción en el Colegio Militar, donde ambos se graduaron a fines de 1987. Zarich, de 59 años, es actualmente comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la fuerza, responsable de la preparación y el entrenamiento de los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército.

Ante las propuestas del nuevo ministro, el Presidente dispuso el pase a retiro del jefe de la Armada, almirante Carlos María Allievi, quien será sustituido por el vicealmirante Juan Carlos Romay, de 59 años, director general de Educación desde diciembre pasado, a cargo de los institutos de formación del personal naval.

También le concedió a la Armada, después de treinta años, la conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al designar jefe del organismo al vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, de 60 años, quien se venía desempeñando como subjefe. Acompañaba a su superior, el brigadier general Xavier Julián Isaac, quien pasará a retiro.

Por el contrario, al aceptar la proposición de Presti, Milei mantuvo en el cargo al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, de 58 años, piloto e instructor de vuelos que en noviembre de 2024 asumió al frente de la plana mayor aeronáutica.

Los nombramientos se conocen poco antes de la asunción de Presti como ministro de Defensa –aunque no se anunció oficialmente, sería puesto en funciones el martes próximo- y de la presentación de los seis aviones de combate F-16, que llegarán este viernes a Córdoba y serán presentados oficialmente el domingo por el presidente Milei, acompañado por el actual ministro Petri.

Como comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, el general Zarich tenía a su cargo todas las operaciones militares en el Ejército. Este miércoles acompañó a su superior Presti y al ministro saliente Petri en el Cuartel Militar de Boulogne, donde fueron presentados los vehículos de combate blindados a rueda (VCBR) Stryker 8x8, recientemente incorporados a la fuerza como parte del proceso de modernización de sus capacidades.

En agosto pasado, Zarich tuvo a su cargo la realización del ejercicio militar Libertador, una operación que reunió a 2500 efectivos y 300 vehículos en territorios de las provincias de Chaco y Formosa. Participaron efectivos y medios de San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Nacido en Santa Fe, Zarich estudió en el Liceo Militar General Belgrano, de esa ciudad, y ocupó el orden de mérito número 17 en la promoción 118 del Colegio Militar. Entre otros destinos, fue comandante de la IX Brigada Mecanizada, con sede en Comodoro Rivadavia, entre 2022 y 2024.

El vicealmirante Dalle Nogare, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, es porteño y forma parte de la promoción 116 de la Escuela Naval Militar, donde se graduó como guardiamarina en 1987. Fue compañero de estudios del jefe saliente, el almirante Allievi.

En enero de 2024 asumió como subjefe del organismo militar encargado de coordinar y planificar las operaciones conjuntas de las tres fuerzas. Desde las campañas antárticas hasta el despliegue de efectivos y medios en zonas de frontera y tareas de control y vigilancia en los espacios marítimos, como el Atlántico Sur.

Además de prestar servicios en distintos comandos navales, fue agregado militar y de Defensa en la embajada argentina en Sudáfrica y se desempeñó como director general de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

A la promoción siguiente de la Escuela Naval Militar –la número 117- pertenece el vicealmirante Romay, nuevo jefe de la Armada.

Nacido en Buenos Aires, fue nombrado director general de Educación de la fuerza naval en diciembre de 2024 y, entre otras misiones, fue comandante del buque multipropósito ARA Punta Alta, el buque logístico ARA Patagonia y la Fragata Libertad. Condujo, además, la Escuela Naval Militar y fue director general de Personal y Bienestar de la Armada.

En tanto, el brigadier Valverde se mantendrá como jefe de la Fuerza Aérea. Fue jefe del Departamento de Operaciones en Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante la reunión del G-20 en Buenos Aires, durante la presidencia de Mauricio Macri, y en 2020 fue agregado de Defensa en España.

Valverde se formó en el Liceo Militar General Espejo, de Mendoza, y se graduó en 1989 en la Escuela de Aviación Militar. En noviembre pasado fue puesto en funciones por el ministro Petri como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, tras el relevo del brigadier general Fernando Luis Mengo, por el uso indebido de aeronaves militares, utilizadas para fines personales y denuncias de acoso laboral y abuso de autoridad. (La Nación)

El Gobierno de Javier Milei dio un paso más en la desregulación del sector de las armas de fuego y las organizaciones que militan por el desarme del país advirtieron que este nuevo paso tendrá consecuencias desastrosas para el país: más muertes violentas, más tiroteos y más letalidad en el crimen organizado.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Registro Nacional de Armas (RENAR) aprobó un nuevo régimen que regula la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles tipo fusil, carabina o subametralladora de asalto derivadas de armas militares.

La medida establece que los legítimos usuarios y entidades de tiro deberán cumplimentar requisitos específicos, como acreditar la titularidad del material, disponer de un sector de guarda homologado, presentar declaración jurada e integrar elementos probatorios sobre probados usos deportivos.

Entre las condiciones para obtener la autorización figuran contar con al menos cinco años como legítimo usuario y carecer de antecedentes o sanciones.

El trámite estará sujeto al pago de una tasa equivalente a la prevista para la “Tenencia Express” y la Tarjeta de Consumo de Municiones.

El nuevo régimen reemplaza normas anteriores y busca, según la autoridad, ordenar y transparentar la tenencia responsable de materiales considerados de uso condicional, conforme al marco legal vigente en materia de armas y explosivos.

Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme, explicó: “El plan es liberar la portación de armas y lo están haciendo de a poco. Ponen ahora unos requisitos para que sea comprobable el uso deportivo. Pero son armas que pueden tirar ráfagas de balas. Son ráfagas. No es para hacer tiro al blanco”.

“Hay tiro deportivo de este tipo de armas, pero habíamos avanzado en 1995, con el Gobierno de (Carlos) Menem, que se había prohibido estas armas. El primer efecto que produce es que las armas que antes las organizaciones (criminales) tenían que ir a buscar a los cuarteles, ahora las van a buscar a la casa de civiles”, comenzó advirtiendo.

Por lo que añadió: “Y tenemos la experiencia de Brasil con el caso Bolsonaro, que hizo una política de liberalización del merado de armas y se multiplicaron los femicidios con este tipo de armas. Y hubo tiroteos en escuelas, en plazas”.

“Son armas de guerra, de mucho poder. Y la característica es su letalidad. Una persona con una de esta y dos o tres cargadores puede matar a 100 personas. Es un riesgo enorme para esta sociedad”, advirtió, finalmente. (Fuente: Página 12)

El Ministerio de Defensa pondrá en marcha la Tarjeta Soldado, un esquema de beneficios que alcanzará a más de un millón de personas vinculadas al ámbito militar. El programa está dirigido a efectivos en actividad, retirados, reservistas, empleados civiles, estudiantes y docentes de institutos de formación, veteranos de Malvinas, afiliados al IOSFA y familiares de caídos.

Al igual que el sistema anunciado recientemente para jubilados, la medida no implicará un costo directo para el Estado. Los descuentos se financiarán a través de convenios con empresas privadas, que a cambio tendrán acceso a una amplia base de potenciales clientes. La iniciativa busca unificar los acuerdos que cada fuerza mantenía por separado y garantizar un esquema homogéneo de beneficios.

Los rubros contemplados incluyen alimentos en supermercados y almacenes, indumentaria, calzado, electrodomésticos, tecnología, turismo, transporte terrestre, aéreo y fluvial, además de hoteles y complejos militares de descanso. También se prevén rebajas en farmacias, ópticas, servicios médicos privados, gimnasios, educación universitaria y secundaria, cursos de idiomas, internet, telefonía móvil, seguros, espectáculos culturales, colonias de vacaciones y clubes sociales.

El sistema será sencillo: los comercios adheridos exhibirán una calcomanía identificatoria y bastará presentar DNI y CUIL para acceder al beneficio, que será validado en línea por Defensa. En una segunda etapa se incorporará una credencial digital, posiblemente mediante la aplicación Mi Argentina, con un código QR o alfanumérico.

Desde el Ministerio señalaron que el plan busca no solo alivio económico sino también un reconocimiento simbólico. Se promoverá que al otorgar el beneficio, los comercios agradezcan con un “gracias por su servicio”, gesto que pretende reforzar la valoración social hacia los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Con la Tarjeta Soldado, el Gobierno nacional avanza en una política que combina asistencia, estímulo al consumo y fortalecimiento del vínculo con el personal militar y sus familias.

Este 17 de agosto, en el marco del aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, el Museo Casa de Haedo invita a la comunidad a descubrir uno de sus tesoros más significativos: una réplica del sable corvo que acompañó al Libertador en las gestas por la independencia de América.

El sable original, custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo, se exhibe en el Museo Histórico Nacional, en Buenos Aires. Existen pocas réplicas, como las que se encuentran en Mendoza, San Juan y, de manera menos conocida, en Gualeguaychú. La pieza que se conserva en la Casa de Haedo fue donada en junio de 2015 por Jorge Francisco Tunno, gerente de la empresa Jorfra S.R.L., por gestión del coronel Jorge Gustavo Pérez, y ocupa un lugar central en la sala principal del Museo, frente a la plaza que lleva el nombre del prócer.

La historia de este sable remonta a 1811, cuando San Martín lo adquirió en Londres antes de embarcarse hacia el Río de la Plata. De origen árabe, fabricado en acero de Damasco con empuñadura de ébano y vaina recubierta en cuero y bronce, fue su arma de confianza durante toda la guerra de la independencia. El propio San Martín dispuso en su testamento que, tras su muerte, el sable fuera entregado al general Juan Manuel de Rosas, en reconocimiento a su defensa del honor de la República.

Además de esta valiosa pieza, la Casa de Haedo guarda un vínculo particular con la historia del prócer. Un artículo de la revista Caras y Caretas relata que Agustín de León, primer propietario del terreno donde se levanta la casa y originario de Yapeyú, fue padrino de óleos bautismales de San Martín.

El museo puede visitarse de miércoles a viernes de 9 a 12 h y de 14:30 a 17:30 h, y sábados, domingos y feriados de 10 a 13 h. La invitación está abierta para quienes deseen acercarse y conocer de cerca un símbolo que marcó la historia de la Independencia y que hoy forma parte del patrimonio cultural de Gualeguaychú.

Historia del sable

Este sable fue adquirido en 1811 por San Martín en Londres en una tienda de anticuario unas semanas antes de embarcarse hacia el Río de la Plata. Es un sable de origen árabe, y en esa época era una de las armas blancas orientales de moda entre los militares ingleses y europeos.

El sable posee una hoja de acero de Damasco, de aproximadamente 100 años de antigüedad al momento de ser adquirido. Lo que caracteriza al acero de Damasco es su calidad, filo, resistencia y ligereza. La empuñadura es de madera de ébano y su vaina está recubierta en cuero y bronce. Se cree que San Martín habría sido el primero en introducir este tipo de arma en América del Sur, y según su propia declaración, el sable lo acompañaría en toda la guerra por la Independencia de América del Sud.

Cuando el general San Martín deja la campaña libertadora, que continúa al mando de Simón Bolivar, regresa del Perú y debe emprender su exilio a Europa en 1824. El sable corvo queda en Mendoza al cuidado de doña Josefa Ruiz Huidobro. Recién en 1837 cuando San Martín estaba en Francia, mientras su hija y su yerno Mariano Balcarce se encontraban de viaje por el Río de la Plata, San Martín les escribió desde París solicitando “...traigan mi sable corvo, que me ha servido en todas las campañas en América y servirá para algún nietecito si es que lo tengo”. Desde el momento en que su hija le hizo entrega del sable, San Martín lo tuvo colgado en su cuarto, como señalaron muchos de quienes lo visitaron.

En su último y definitivo testamento, fechado en París el 23 de enero de 1844, San Martín dispone en su cláusula tercera que: “El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sud le será entregado al General de la República Argentina, Don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido, al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla...”.

Rosas lo recibió luego del 17 de agosto de 1850 y lo conservó hasta su muerte. Luego pasa a manos de su hija Manuelita Rosas, hasta que en 1896 - dos años antes que Manuelita falleciera- Adolfo P. Carranza (fundador y primer director del Museo Histórico Nacional) lo solicita en donación. La familia acepta y así el sable pasa a formar parte del patrimonio del Museo y de todos los argentinos. (Fuente: museo histórico nacional)

El Gobierno nacional oficializó un aumento escalonado del 7,5% en los salarios del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de los Ministerios de Defensa y de Economía, establece que el incremento se aplicará en seis etapas, entre junio y noviembre.

Según detalló la Casa Rosada, los fondos necesarios para el cumplimiento de la resolución serán atendidos con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones del Ministerio de Defensa en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. Con la implementación del último tramo, los sueldos de las fuerzas acumularán un 20,5% de incremento en 2025.

El ajuste impactará en todas las jerarquías militares. Por ejemplo, un Teniente General, Almirante o Brigadier General percibirá $2.647.231 en junio y alcanzará $2.809.917 en noviembre, mientras que un Subteniente, Guardiamarina o Alférez pasará de $776.176 a $823.875 en el mismo período. En el caso de los voluntarios de segunda, el salario se elevará de $575.163 a $610.510.

El último incremento salarial para las Fuerzas Armadas había sido aplicado en abril de este año. Con esta actualización, el Gobierno busca acompañar el esquema de recomposición gradual de haberes previsto para el personal militar.

Este viernes se cumple una semana desde el inicio de la ofensiva israelí contra el programa nuclear del régimen de Irán, una operación militar que marcó el inicio de una nueva fase del conflicto en Medio Oriente. Desde el 13 de junio, ambos países han intercambiado ataques aéreos, misiles y drones en un enfrentamiento directo sin precedentes que ha dejado muertos, heridos y daños significativos tanto en infraestructura civil como militar.

Durante esta madrugada, Irán lanzó una nueva andanada de misiles balísticos contra el sur de Israel. Uno de los proyectiles impactó nuevamente en Beersheba, cerca del Parque de Tecnologías Avanzadas Gav-Yam Negev y de la Universidad Ben-Gurión. El impacto provocó incendios, daños en un edificio de seis plantas y varios automóviles calcinados. Siete personas resultaron heridas leves por contusiones, inhalación de humo y crisis de ansiedad, según el servicio de emergencias Magen David Adom.

Es el segundo día consecutivo que Beerseba es blanco de misiles iraníes. El jueves, otro proyectil alcanzó el Hospital Soroka, dejando 72 heridos y daños importantes en una de las alas del centro médico.

Poco después del ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron nuevos bombardeos sobre territorio iraní. Según el comunicado oficial, fueron atacadas “decenas” de objetivos militares, incluidas tres lanzaderas de misiles y un comandante iraní que los operaba.

Pasado el mediodía, hora local, Irán lanzó otra andanada de misiles contra Israel, que dejó hay al menos 23 heridos, tres de ellos en grave estado. Una mujer murió por un ataque cardíaco mientras se refugiaba.

La Fuerza Aérea de Israel ejecutó un importante ataque aéreao de gran magnitud sobre Teherán, destruyendo decenas de objetivos militares considerados estratégicos por el ejército israelí. La operación incluyó más de 60 aeronaves que lanzaron 120 municiones sobre infraestructuras clave para las capacidades bélicas de Irán.

Entre los blancos alcanzados figuran “varios sitios industriales de producción de misiles”, los cuales, según las FDI, constituyen “el núcleo industrial del Ministerio de Defensa de Irán”. El comunicado oficial, difundido durante la madrugada, señaló que se trató de “instalaciones militares dedicadas a la fabricación de componentes para misiles y materiales empleados en el moldeado de motores de cohetes”.

Uno de los principales focos del bombardeo fue la base del programa SPND (Organización de Innovación e Investigación Defensiva), señalado por las autoridades israelíes como un punto central en el desarrollo de armamento del régimen iraní.

“SPND sirve como centro de investigación y desarrollo de tecnologías armamentísticas para las capacidades militares del régimen iraní. Fue establecido en 2011 por Mohsen Fakhrizadeh, fundador del programa de armas nucleares de Irán”, detalló el ejército israelí.

Además del ataque en la capital, las FDI dirigieron bombardeos hacia el oeste de Irán, en zonas donde, según informes de inteligencia, se estaban intentando reparar lanzadores de misiles y depósitos militares previamente alcanzados.

“En los últimos días, aviones de la Fuerza Aérea israelí identificaron varios intentos del personal de seguridad del régimen iraní de rehabilitar emplazamientos de lanzamiento y almacenamiento de misiles después de que hubieran sido atacados por las FDI”, indicó otro parte oficial.

El mismo informe afirmó que el operativo resultó en la eliminación de “decenas de soldados de las Fuerzas Armadas iraníes que operaban en las instalaciones afectadas”.

Durante una sesión informativa con medios de comunicación, un alto oficial del ejército israelí reveló que desde el comienzo de la ofensiva el viernes pasado, las FDI destruyeron alrededor de 200 lanzadores de misiles dentro del territorio iraní, lo que representaría dos tercios del arsenal total del país persa.

No obstante, el oficial advirtió que Irán todavía mantiene activos “más de 100 lanzadores con capacidad suficiente como para infligir daños severos a Israel y a sus principales centros urbanos”.

Como respuesta a la ofensiva israelí, Irán disparó aproximadamente 450 misiles hacia territorio israelí y lanzó 1.000 drones, algunos desde su propio suelo y otros desde posiciones ubicadas en Irak y “otros puntos de la región”, según el mismo vocero militar.

“El gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según explicó, la medida busca dar cumplimiento al decreto 4/2010, que había sido aprobado pero nunca implementado. Como parte de esta decisión, los archivos de la SIDE serán transferidos al Archivo General de la Nación para su resguardo y consulta pública.

"Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta", reclamó. Para la administración libertaria, "estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra", por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán "a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política".

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"Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación", narró el vocero, y agregó: "La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia".

Por su parte, aclaró: "En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad".

El anuncio llega mientras las organizaciones de izquierda y otras agrupaciones políticas alistan sus columnas de militantes para marchar por Memoria, Verdad y Justicia, en un acto que concluirá en Plaza de Mayo, publicó Ámbito.

El comunicado

La Oficina del Presidente destaca la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, haciendo un llamado a la reflexión en busca de la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido en la década de 1970.

El reconocimiento pleno de nuestro pasado y la libertad para debatirlo son condiciones esenciales para cerrar heridas y construir un futuro donde la historia sea historia y no un relato político partidario.

En este sentido, el Gobierno Nacional ha alcanzado un acuerdo de solución amistosa con la familia del Capitán Humberto Viola, fusilado en 1974, en plena democracia, junto con su hija María Cristina de 3 años, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista, leninista y guevarista en la Argentina mediante la lucha armada.

Cabe recordar que, en 2022, la administración de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible. En contraste, el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno. Como parte de este acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos.

Asimismo, en línea con el objetivo de garantizar una conmemoración basada en la transparencia y la libertad de expresión, el Presidente de la Nación ha ordenado la inmediata desclasificación de los archivos en poder de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983.

Esta administración sostiene que lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos y los pone a disposición de la sociedad.

En una fecha como esta, los argentinos debemos valorar la paz alcanzada en democracia y reafirmar nuestro compromiso con la memoria completa, sin omisiones ni distorsiones políticas.

Miles de personas marcharon este lunes en todo el país en el Día de la Memoria para reclamar por justicia a 49º aniversario del golpe de 1976. Las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones políticas leyeron un documento en el que repudiaron las políticas de ajuste y la represión del gobierno de Javier Milei.

En el acto central, los referentes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto con dirigentes políticos y sindicales, cuestionaron el desmantelamiento del Estado que impulsa la gestión libertaria, los ataques constantes a los jubilados y al conjunto de los trabajadores, los despidos en el sector público y privado y la represión desatada por las fuerzas de seguridad que conduce Patricia Bullrich en cada manifestación en contra del gobierno.

"A 49 años del inicio del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos: ¡Son 30 mil detenidos desaparecidos!. ¡Fue y es genocidio! ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!", enfatizaron desde el escenario. Además reafirmaron la lucha "contra la injusticia y la desigualdad" y le hablaron al presidente Milei y la vice Victoria Villarruel: "¡El pueblo unido jamás será vencido!".

A continuación cuestionaron los despidos en el sector público y privado, y rechazaron "el intento del gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes". Asimismo, le exigieron al Gobierno "el aumento de las jubilaciones" y repudiaron "el brutal ataque a los jubilados y todos los que se manifestaron el miércoles 12 y el miércoles 19 en Congreso".

En ese sentido, recordaron el ataque sufrido por el fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza y se recupera lentamente tras haber estado grave. "Abrazamos a su familia y exigimos, ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables! ¡Fuera Bullrich! ¡Derogación del protocolo anti-piquetes inconstitucional!", reclamaron.

Respecto al aniversario del golpe de Estado, refrendaron el pedido de "¡Juicio y Castigo a todos los culpables! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y partícipes civiles! ¡Basta de prisiones domiciliarias para los genocidas!". Además, exigieron conocer el paradero "de los hijos e hijas de los detenidos desaparecidos apropiados durante el cautiverio de sus madres y el destino de los y las compañeras detenidas desaparecidas que todavía nos faltan".

"Seguimos exigiendo que nos digan: ¿Dónde están? Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad", continuaron.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le exigió al Estado "garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas" y le pidió a la ciudadanía que tenga información para aportar sobre posibles nietos o nietas que se comuniquen con Abuelas. "Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad. Nunca es tarde", señaló.

El acto central fue consensuado por primera vez en 19 años entre todas las organizaciones y partidos políticos. En el documento, exigieron también la "aparición de Jorge Julio López y el castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición en democracia", además del pedido por la libertad de Milagro Sala y las presas y presos políticos.

También se reclamó contra el fin del gatillo fácil, las razias policiales y "detenciones arbitrarias, las persecuciones, desapariciones y femicidios de uniforme" que tienen lugar desde el retorno de la democracia. Y pidieron por el cese de la militarización de los territorios indígenas.

Por otro lado, reclamaron "juicio y castigo" a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda en la que fueron asesinados Dario Santillán y Maximiliano Kosteki. Y exigieron "justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elias Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales y demás víctimas de la represión estatal".

Sobre el final del documento, los organismos de Derechos Humanos y las agrupaciones intervinientes en el acto recordaron que hace 48 años, el escritor y periodista Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares "en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado".

"Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martinéz de Hoz, entre tantos otros", denunciaron y aseguraron que "hoy, son esos mismos grupos económicos los que benefician del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del Pueblo, con la exorbitante concentración del capital y una maximización de sus ganancias, arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo".

Por eso reclamaron por la derogación del mega DNU 70/23 y "la corrupta Ley Bases" que incluyó las facultades delegadas para el Presidente y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Más adelante se criticó el nuevo acuerdo con el FMI al señalar que "la deuda es con el pueblo" y exigir "plata para jubilaciones, medicamentos, empleo protección social, vivienda, salud y educación". A las centrales obreras se les exigió paro general y plan de lucha "Por aumento salarial, de jubilaciones y de programas sociales".

El ministro de Defensa, Luis Petri, dio de baja a 23 militares que tenían condenas firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La decisión caldeó los ánimos en la familia militar, que venía viendo con buenos ojos la gestión del mendocino en el edificio Libertador.

La activista pro-impunidad Cecilia Pando sostuvo que era una “resolución que desgarra el alma”. Desde la cartera trataron de hacer control de daños y dijeron, a través de un comunicado, que únicamente estaban cumpliendo con una orden del Poder Judicial.

El lunes, Petri firmó la resolución 2025-72 con la baja de ex altos cargos del Ejército. En el texto reconocía que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en la materia y recordaba lo que le había dicho la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) acerca de que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al Derecho Internacional”.

La decisión afectaba, entre otros, a Eduardo Rodolfo Cabanillas –condenado a prisión perpetua por crímenes en Automotores Orletti–, Pascual Guerrieri –con condenas tanto en Buenos Aires (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601 en los secuestros de los militantes que fueron parte de la Contraofensiva montonera) y en Rosario–, Federico Minicucci –jefe del regimiento de La Tablada–, y Héctor Salvador Girbone –condenado por la sustracción de Pablo Gaona Miranda, entre otros.

Sin embargo, el nombre que corrió como un reguero de pólvora fue el de Horacio Losito, el coronel retirado que tiene tres condenas por crímenes de lesa humanidad en su haber y que fue beneficiado con la libertad condicional. Losito fue eje de controversia hace un año cuando fue homenajeado en el regimiento de Apóstoles como un “héroe” de la Guerra de Malvinas, obviando la prohibición que aún rige de rendir honores a quienes atentaron contra la democracia o cometieron crímenes durante el terrorismo de Estado. Losito, además, integró la misma compañía de comandos que el padre de la vicepresidenta Victoria Villarruel durante el conflicto bélico de 1982.

En los WhatsApp de los retirados empezó a circular la lista de las bajas. Desde la cuenta de X de Justicia y Concordia, la asociación que reúne a abogados que intervienen como defensores en las causas de lesa humanidad, hicieron saber su encono.

“Una medida de esta naturaleza podía esperarse durante el gobierno kirchnerista, que hizo de la justicia un instrumento de venganza de las organizaciones terroristas, y de las políticas de Defensa una humillación permanente a los uniformados”, despotricó Cecilia Pando desde sus redes sociales, dejando en el olvido la foto en la que posó sonriente junto al ministro en el Círculo Militar.

La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) reclamó que el gobierno de Milei deje sin efecto la resolución de Petri. “No se comprende que las autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”, se enfureció.

Para entonces, desde Defensa, habían salido a decir que, en realidad, tenían las manos atadas y que estaban cumpliendo con una disposición judicial. “Las bajas mencionadas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal, obligando al cumplimiento de la medida respecto de personal militar alcanzado por las sentencias condenatorias firmes”, se excusaron desde la cartera que conduce Petri.

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— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) January 28, 2025

El ministro no agregó ni una sola palabra desde sus redes sociales. Sí lo hizo quien es virtualmente su segundo en Defensa, Marcelo Rozas Garay, el secretario de estrategia y asuntos militares (SEAM). “Desde el inicio de la gestión trabajamos por una memoria completa y para que nuestras fuerzas sean respetadas y valoradas por un sistema político que las había desprestigiado y humillado”, tuiteó el retirado que viene de los equipos de Patricia Bullrich y que llegó al cargo después de la renuncia abrupta de Claudio Pasqualini.

“Cumplir una sentencia firme es respetar los valores de la República”, agregó Rozas Garay en un mensaje que, más allá de sus intenciones, debe leerse como el reconocimiento de la legalidad del proceso de verdad y justicia que viene llevándose a cabo en el país.

El número dos de Rozas Garay, Guillermo Madero, subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias, le habló a la tribuna reaccionaria con más claridad. “Es una decisión que debemos cumplir porque es una orden de la justicia”, se atajó. “Pese a que creemos que la política de derechos humanos kirchnerista fue una maquinaria para hacer política y negocios con casos que son legales, pero de dudosa legitimidad debemos respetar lo que dicta la ley. Mientras tanto no bajaremos los brazos y seguiremos luchando por una memoria completa”, escribió en X sin lograr conquistar los corazones que se estremecen con lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

El chivo expiatorio judicial

En su posteo, el Ministerio de Defensa acompañó un pedido de la PIA, el organismo que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, enviado en octubre. Lo curioso es que estaba destinado a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea, y las desafectaciones fueron en el Ejército.

Es cierto que la PIA pidió que dieran las bajas de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, desde la unidad le dijeron a Página/12 que Petri solamente avanzó con la mitad de las solicitudes que habían girado. “Solo los de Ejército que pedimos son más del doble de los que están en esa resolución”, remarcaron. En tal caso, quedaría en claro que la gestión de Petri priorizó o decidió a quienes dar de baja.

Desde Justicia y Concordia, de todos modos, arremetieron contra el titular de la PIA, Rodríguez. “Hay que desratizar el Poder Judicial y la Procuración General de la Nación”, escribieron en sus redes sociales junto.

La PIA interviene en los trámites sobre desvinculación de agentes estatales condenados por crímenes aberrantes desde que en agosto de 2022 recibió un pedido del fiscal federal Leonardo Filippini, quien, por entonces, estaba a cargo de la unidad que intervenía en los juicios por los delitos cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En ese momento, Filippini había advertido que, a pesar de que tenían condenas firmes, había dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) –Juan Carlos Fotea y Ernesto Frimon Weber– que aún seguían siendo parte de la fuerza. Lo mismo que Juan Antonio Azic, apropiador de Victoria Donda, en la Prefectura Naval Argentina (PNA).

En 2023, Rodríguez resolvió avanzar con la solicitud de Filippini y promover un relevamiento para determinar qué otros integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad estaban en la misma situación.

La decisión le sirvió a Petri como excusa para intentar mitigar las críticas de los propios. El ministro, además, quedó en el centro de atención después de que se supo que la Armada habilitó la destrucción de documentación --entre la que podría haber papeles vinculados al período 1976-1983. Por esta situación, el abogado querellante Pablo Llonto pidió que Petri sea citado por los tribunales. (Fuente: Página 12 / autora: Luciana Bertoia)