La intensificación de la extracción de arena de sílice en el departamento Islas del Ibicuy, insumo fundamental para las operaciones de fractura hidráulica (fracking) en el yacimiento petrolero de Vaca Muerta, continúa generando preocupación entre especialistas del sector agropecuario y habitantes de la región por sus consecuencias ecológicas y estructurales sobre el ecosistema del Delta del Paraná.

El ingeniero agrónomo y productor del Delta entrerriano, Carlos Cadoppi, advirtió sobre el avance vertiginoso de los yacimientos mineros a cielo abierto, los endicamientos y las modificaciones topográficas en el territorio. Según el especialista, este conjunto de intervenciones antrópicas está provocando una transformación profunda e irreversible en el humedal más extenso del país, afectando la dinámica hídrica natural y elevando los niveles de vulnerabilidad del suelo ante eventuales variaciones climáticas o crecidas del río.

La provincia de Entre Ríos abastece más del 80 por ciento de las arenas silíceas consumidas por la industria hidrocarburífera nacional. La predilección por el material extraído en zonas como Ibicuy y Diamante responde a sus propiedades técnicas particulares: posee una elevada pureza de cuarzo, forma esférica y una resistencia mecánica capaz de soportar las altísimas presiones operativas de las perforaciones profundas en la cuenca neuquina. La demanda actual implica el movimiento de millones de toneladas anuales, volumen que podría incrementarse sustancialmente a medida que Vaca Muerta expanda sus niveles de producción.

No obstante, esta escala de explotación genera un severo costo ambiental y logístico. Los trabajos directos sobre las dunas continentales y los terrenos anegadizos provocan la destrucción de médanos históricos, la pérdida de cobertura vegetal nativa y la alteración de la recarga de acuíferos. A su vez, el tránsito incesante de transporte pesado y las tareas de dragado linderas a los caminos han derivado en el deterioro crítico de la infraestructura vial, afectando el trazado de rutas clave como la Ruta Provincial N.º 45.

Frente a la magnitud de los daños informados, la actividad se encuentra bajo la lupa del Poder Judicial. Existen diversas actuaciones de investigación que involucran a firmas mineras y a reparticiones de la administración provincial y de la Municipalidad, orientadas a determinar la existencia de daños ecológicos, la validez de los estudios de impacto ambiental y la efectividad de los controles estatales sobre las empresas operadoras.

El Poder Ejecutivo dispuso la salida definitiva del Estado Nacional de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

A partir de esta medida, la entidad queda conformada en un 60 % por la provincia de Catamarca y en un 40 % por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Ambas partes podrán acordar en el futuro la incorporación de nuevos integrantes o la transferencia de sus participaciones. Con la modificación de la estructura, la provincia de Catamarca pasa a designar al presidente del directorio y a dos vocales, mientras que la UNT nombra a los otros dos vocales. Anteriormente, la designación del presidente era una facultad del Poder Ejecutivo Nacional.

El nuevo esquema establece que el ente se regirá por el derecho privado en sus relaciones con terceros y podrá gestionar créditos bancarios para financiar sus operaciones.

La decisión se formalizó mediante el Decreto 2/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Esta norma aprueba el acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2025 entre las tres partes integrantes y modifica la Ley N° 14.771 para adecuarla a la nueva realidad institucional.

El Gobierno justificó la desvinculación como parte de un plan para reducir el déficit fiscal y el sobredimensionamiento del Estado. Según los considerandos del decreto, el Estado Nacional no participa en la distribución de utilidades de la mina, pero mantenía la posibilidad de realizar contribuciones financieras, lo que representaba un riesgo para el Tesoro Nacional.

Los objetivos que motivaron la creación de la empresa en 1958 se consideran cumplidos. La empresa deberá aprobar un nuevo estatuto en un plazo de 180 días corridos. Una vez cumplido este paso, quedarán derogados diversos artículos de la ley original que regulaban la intervención directa del Estado Nacional en la administración y control de los yacimientos

A cuatro días del derrumbe en la mina El Teniente, ubicada en la región de O’Higgins, Chile, los equipos de emergencia encontraron durante la madrugada del domingo otros dos cuerpos sin vida, elevando a cuatro la cifra de trabajadores fallecidos. Aún permanecen dos mineros desaparecidos, mientras continúan los trabajos de búsqueda en condiciones extremas.

Los cuerpos fueron hallados a pocos metros del lugar donde el sábado había sido encontrado el cuerpo de Gonzalo Núñez Caroca, cuya identidad ya fue confirmada oficialmente. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, informó que las identidades de las nuevas víctimas están en proceso de verificación, aunque sus familias ya fueron notificadas.

Las tareas de rescate, lideradas por equipos de emergencia de la empresa estatal Codelco, no se detienen. El objetivo principal es encontrar a Álex Araya Acevedo y Carlos Arancibia Valenzuela, los dos mineros que aún siguen desaparecidos. Según informó la empresa, la zona donde trabajaban cuenta con refugios mineros con agua, oxígeno y alimentos.

El presidente Gabriel Boric se trasladó el sábado a Rancagua para supervisar el operativo. “Hay muchos aspectos por esclarecer, pero lo fundamental ahora es el rescate”, indicó. El mandatario anunció la incorporación de Laurence Golborne y Andrés Sougarret, quienes lideraron el rescate de los 33 mineros en la mina San José en 2010.

Según datos oficiales, en lo que va de 2025 se han registrado siete muertes en faenas mineras en Chile. El caso de El Teniente vuelve a poner en foco los riesgos en la actividad extractiva y la necesidad de revisar los protocolos de seguridad. (Fuente: REUTERS)