La mesa política del Poder Ejecutivo volvió a reunirse en las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el objetivo de evaluar el temario de proyectos de ley proyectados para el segundo tramo del año. El encuentro se dio durante el receso de invierno del Congreso de la Nación, cuya actividad formal se reanudará el jueves 6 de agosto.

Entre las iniciativas analizadas se encuentra la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, cuyos detalles serán expuestos en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Luis Caputo. Asimismo, el oficialismo contempla el ingreso por la Cámara de Diputados del proyecto de reformas a la Carta Orgánica del Banco Central.

Por otra parte, se prevé el debate en torno a la propuesta impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para la defensa de la propiedad privada, cuyo tratamiento fue postergado para después del receso parlamentario. En el Senado, la conducción del bloque de La Libertad Avanza realiza gestiones para consolidar los apoyos necesarios.

El temario prioritario de la administración incluye además la reforma política y la eventual suspensión o eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, contó con la participación de ministros, legisladores y asesores del equipo de gobierno.

Con información de Infobae

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propuso endurecer las penas contra los violadores seriales de niños para que enfrenten cadena perpetua frente al máximo de 20 años de prisión actuales y que se establezca un plazo de hasta tres meses para las investigaciones en materia de violencia contra menores.

Lecornu formuló estas iniciativas al cabo de una reunión de crisis con varios ministros, convocada después del impacto del caso Lyhanna, la niña de 11 años asesinada presuntamente por un pedófilo acusado en varias oportunidades de violaciones de menores, que desató una ola de indignación en el país y una tormenta política.

“La primera cuestión es, por supuesto, el endurecimiento de las penas”, declaró Lecornu, quien propone agravar las penas para los violadores en serie de menores y que enfrenten reclusión criminal a perpetuidad, en lugar de los 20 años de prisión actuales, reportó el sitio RFI y supo la Agencia Noticias Argentinas.

También abogó por que los actos de investigación se lleven a cabo en un plazo máximo de tres meses.

Las propuestas del jefe de gobierno francés recibieron el respaldo de la diputada centrista Perrine Goulet, comprometida con la protección de la infancia: “¿Cómo vamos a poder decirle a la gente ‘han sido condenados por uno, pero cometen 40, de todas formas tendrán la misma pena. En algún momento, hay que decir no más”.

En el espacio de la derecha y centroderecha, la Agrupación Nacional y su líder, Marine Le Pen, votarán la medida, no sin criticar al gobierno. “¡Me alegra que el primer ministro retome una propuesta de Marine Le Pen! Estamos llegando al final del quinquenio de Emmanuel Macron. Constato que Francia es un campo de ruinas en el ámbito soberano”, declaró Michaël Taverne, diputado del norte.

La izquierda reclamó medios antes de hablar una vez más de agravamiento de las penas. La cadena perpetua no es la prioridad, según la diputada insumisa Gabrielle Cathala, del Val-d’Oise: “Deberíamos poner medios para que, primero, las denuncias se tramiten correctamente, antes de volver a hablar de agravamiento de las penas”.

“La sola cuestión penal no permitirá resolver el problema de la violencia sexual contra los niños”, añade Marceau Beauvois, de la asociación Face à l’Inceste, quien recuerda que solo el 3 % de los agresores de niños son condenados en casos de violación.

Fuente: AgenciaNA

“¡Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional”, vociferó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación su informe de gestión, en una sesión atravesada por un fuerte clima político y con la presencia en el recinto de Javier Milei y gran parte del Gabinete como señal de respaldo. Aunque la comparecencia responde a una obligación constitucional, el contexto le otorga un peso adicional: el funcionario llegó bajo cuestionamientos por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y utilizó su exposición para rechazar las acusaciones y defender su actuación.

En ese marco, los bloques opositores habían elevado más de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales el Poder Ejecutivo respondió poco más de 2.100, con foco en economía, producción, salud y seguridad, entre otros temas. Con ese volumen de planteos y un recinto tensionado, la oposición busca sostener una estrategia coordinada para evitar cruces que desordenen la sesión, mientras el oficialismo apuesta a blindar políticamente al jefe de Gabinete en una jornada que combina exposición de gestión, defensa personal y alto voltaje político.

Manuel Adorni aseguró que no va a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete, ante la consulta de la oposición, que considera que debe dar un paso al costado por las sospechas de corrupción que recaen sobre él.

“Respecto de la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario: estoy acá dando la cara. El Presidente de la Nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de Ministros del gobierno más reformista de la historia.

Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea porque los argentinos venían esperando esta reforma desde hacía décadas, y por culpa de su sistemática postergación es que se vieron empujados una y otra vez a una mayor pobreza. Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente, porque sabemos que es posible ysabemos cómo llevarlo a cabo. Y seguiré dando cuenta ante esta Cámara del trabajo hecho, según dicta el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional”.

Adorni afirmó que “cada viaje que hace el Presidente es obtener beneficios para los argentinos

En el inicio de un nuevo bloque de respuestas de Manuel Adorni a los diputados, ante la consulta por los recurrentes viajes de Javier Milei al exterior, el jefe de Gabinete afirmó que “cada viaje que hace el Presidente es obtener beneficios para los argentinos”.

“El objetivo de cada viaje que hace el Presidente es obtener beneficios para los argentinos. Un claro ejemplo de ello son los resultados de la Argentina Week en Nueva York, que terminó con compromisos de inversión por 16.150 millones de dólares”, resaltó.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una modificación clave en el esquema salarial de la alta conducción del Estado. Mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso habilitar incrementos salariales para ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, atándolos de manera directa al resultado fiscal, luego de dos años de congelamiento.

La norma extiende, a partir de enero de 2026, los aumentos salariales acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional a los funcionarios de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo, aunque excluye expresamente a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación.

En los considerandos, el decreto repasa el escenario heredado a fines de 2023, con inflación interanual del 211,4%, pobreza del 52,9% e indigencia del 18,1%, además de déficit fiscal y caída de la actividad. En ese contexto, el Ejecutivo recuerda que una de las primeras medidas fue congelar los salarios de las autoridades superiores, como señal de austeridad y ajuste del gasto público.

Según el texto oficial, esa política permitió generar ahorro fiscal y se complementó con una fuerte reducción de la estructura estatal: se eliminaron ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones, lo que totalizó 519 cargos suprimidos, además de una reducción de cerca de 60.000 empleados públicos, con un ahorro anual estimado en $3,49 billones.

El Gobierno sostiene que, como resultado de esas medidas, se logró reducir la inflación al 31,3% interanual en octubre de 2025, acumular 22 meses de superávit fiscal y mostrar una fuerte baja de la pobreza, que según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo del Ministerio de Capital Humano, habría descendido al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Economía.

El núcleo del decreto establece que los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente comenzarán a percibir los incrementos salariales definidos en las actas acuerdo de la negociación colectiva estatal de 2024 y 2025, sin retroactividad y a partir del mes siguiente a la vigencia de la norma.

Sin embargo, el Ejecutivo fijó una cláusula central: si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de las autoridades superiores quedarán automáticamente congelados, sin necesidad de un acto administrativo, y no podrán recibir nuevos aumentos mientras persista esa situación. La condición se evaluará en base a la información oficial publicada por el Ministerio de Economía.

El decreto también dispone que los futuros aumentos que se acuerden en paritarias estatales se aplicarán de manera automática a los altos cargos del Poder Ejecutivo, siempre bajo la misma condición de sostenibilidad fiscal.

Además, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público, basado en ingreso por mérito, evaluación de desempeño, movilidad por competencias y esquemas salariales vinculados a la responsabilidad del cargo.

El Gobierno argumenta que el ordenamiento salarial de las autoridades superiores forma parte de una estrategia de largo plazo para profesionalizar el Estado, una etapa posterior al ajuste inicial del gasto y compatible -según remarca- con el mantenimiento del equilibrio fiscal.

Finalmente, el decreto invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento automático de salarios ante déficit fiscal, y deroga un artículo clave del Decreto 235/2024, que había fijado el congelamiento original de las remuneraciones. (Ámbito)