La provincia de Entre Ríos sostiene la ejecución de una cartera de proyectos que alcanza los 492,5 millones de dólares, gestionados mediante operaciones de crédito con entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los fondos, administrados por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, están orientados a intervenir en infraestructura vial, saneamiento ambiental, conectividad física y fortalecimiento productivo.

Adicionalmente, el Fondo Multisectorial otorgó Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos privados de los sectores turístico e industrial en Concordia, Colón y Federación, incluyendo una línea destinada a la adopción de energías renovables.

En el área de saneamiento ambiental, el Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay contempla una inversión del BID de 80 millones de dólares para la optimización de la planta depuradora de efluentes en Gualeguaychú, la reestructuración del sistema cloacal en Concepción del Uruguay y la edificación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Colón.

Respecto de la red vial y la logística productiva, mediante el programa Caminos para el Desarrollo Productivo (CAF, 40 millones de dólares) avanza la reconstrucción de 64,7 kilómetros del tramo Viale-Arroyo El Durazno. Por su parte, el Programa de Infraestructura Vial Sostenible representa el mayor volumen prestable con 280 millones de dólares aportados por el BID; su trazado contempla la intervención en las rutas provinciales 1 y 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción del puente sobre el arroyo Sauce y la readecuación del Canal Mihura en Gualeguay.

Finalmente, el programa Condver, respaldado por el BCIE con 27,5 millones de dólares, abarca trabajos sobre la ruta provincial A08 en Islas del Ibicuy y la construcción de nuevos puentes sobre el arroyo Desmochado (departamento Tala) y el arroyo El Sauce (departamento Gualeguaychú). Complementariamente, el programa PROSAF (FIDA, 15 millones de dólares) destina recursos a infraestructura vial y equipamiento técnico para el sector apícola provincial.

El Hospital Centenario de Gualeguaychú dio un paso significativo hacia la modernización de su administración interna con la puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap Salud). Se trata de una plataforma que permite digitalizar procesos vinculados al personal, concentrando en un mismo entorno información clave como legajos, licencias, haberes y datos personales de cada trabajador.

La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial que busca extender el Sigap a hospitales y centros de atención primaria en todo Entre Ríos, con el objetivo de unificar criterios de gestión y garantizar registros confiables en materia de recursos humanos. El Centenario, principal centro de referencia de la región, cuenta con una planta de más de 700 trabajadores, lo que convierte a la implementación en un desafío de escala y relevancia.

En Gualeguaychú se realizó una jornada de presentación y capacitación sobre el sistema, con la participación de autoridades provinciales, directivos del hospital, trabajadores y representantes gremiales. Entre los asistentes estuvieron el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; la directora del establecimiento, Andrea Martins; el jefe del Departamento de Personal de Salud, Ricardo Escobar; y la integrante del área de docencia, Daiana Bianchini.

Durante el encuentro se detallaron los alcances del Sigap, que no solo agiliza trámites administrativos sino que también aporta transparencia y orden en la gestión. La digitalización permite reducir tiempos, evitar duplicaciones y garantizar que cada trabajador tenga acceso a un legajo actualizado y seguro. Además, la herramienta facilita la planificación de recursos humanos y la toma de decisiones estratégicas en el sistema de salud.

Camoirano destacó que “esta transformación responde a una línea de trabajo que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio y que llevamos adelante junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. Es un cambio concreto en la forma de gestionar, con una administración más moderna, ordenada y transparente”.

Por su parte, Martins subrayó la importancia de contar con un sistema que acompañe el crecimiento del hospital y que brinde soluciones prácticas a las demandas cotidianas del personal. “El Sigap nos permite dar un salto de calidad en la gestión, con beneficios directos para los trabajadores y, en consecuencia, para la atención de los pacientes”, afirmó.

La implementación del Sigap en el Hospital Centenario se suma a un proceso más amplio de modernización del Estado provincial, que incluye la digitalización de trámites, la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación permanente de los equipos. En el ámbito de la salud, la herramienta se proyecta como un soporte fundamental para mejorar la administración y fortalecer la confianza de los trabajadores en el sistema.

Con este avance, Gualeguaychú se convierte en un punto de referencia en la aplicación de políticas de innovación administrativa, reafirmando el rol del Hospital Centenario como institución clave en la región y como ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir a una gestión más eficiente y transparente.

El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes uno de los puntos más sensibles de la Ley 27.802 de Modernización Laboral: la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo vencidos. La medida será comunicada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien intimará a empresarios y dirigentes sindicales a actualizar las cláusulas vinculadas con condiciones laborales y aportes solidarios.

El decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, reglamentó la ley y estableció que los convenios cuyo plazo haya expirado serán considerados vencidos. A partir de ahora, deberán adaptarse a los nuevos lineamientos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, que busca —según su visión— “modernizar el empleo”, aunque la CGT advierte que implicará “precarización y pérdida de derechos”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que existen convenios “negociados hace más de 50 años, firmados por partes que ya no existen”. Sin embargo, desde la central obrera, el abogado Gustavo Ciampa sostuvo que “desde 2003 hay negociación colectiva permanente en casi todas las actividades”.

La reforma elimina la llamada ultraactividad, principio que mantenía vigentes los convenios vencidos hasta su reemplazo, garantizando derechos adquiridos. Ahora, solo se preservan las cláusulas normativas —las que definen condiciones de trabajo— mientras que las cláusulas obligacionales, como aportes y cuotas sindicales, caducan al vencimiento.

Entre las novedades figura el “salario dinámico”, que permite componentes retributivos variables según el mérito personal o la situación de cada empresa. El Gobierno lo considera una herramienta para vincular los aumentos a la productividad y no a la inflación, mientras la CGT alerta que habilita negociaciones “a la baja”.

Otro cambio clave es la supremacía de los convenios por empresa o región sobre los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. Este punto descentraliza la negociación y debilita el poder de los sindicatos con personería nacional, al tiempo que facilita la creación de sindicatos de empresa: el umbral de afiliación requerido baja del 20% al 5%.

La reglamentación también prevé la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnizaciones. Para la CGT, esta medida “quita recursos destinados a jubilaciones y pensiones para subsidiar despidos sin causa”.

Además, la ley habilita el reintegro del gasto en transporte para los trabajadores y la posibilidad de descontar cuotas de préstamos bancarios directamente del salario, con el objetivo de reducir costos laborales y ofrecer créditos con tasas más bajas.

Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar la reglamentación del capítulo sobre trabajadores de plataformas digitales, a la espera del debate en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.

Con estas medidas, la administración libertaria busca consolidar su reforma laboral y avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones entre empresas y sindicatos, en medio de fuertes tensiones con el movimiento obrero.

Fuente: Infobae

El arribo de los nuevos camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000 al puerto de Zárate marca el inicio de un proceso de modernización en el Ejército Argentino. Las unidades, provenientes de Alemania, buscan reemplazar a los históricos Unimog U416 que llevan más de cinco décadas en servicio. El programa prevé sumar hasta 1.000 vehículos en los próximos años, con el objetivo de reforzar las capacidades logísticas y operativas de la Fuerza.

El U4000 triplica la potencia de los modelos anteriores, cuadruplica el torque y ofrece mayor capacidad de carga y transporte de personal. Puede operar en terrenos extremos y es compatible con aviones Hércules para despliegues rápidos. Sin embargo, el costo de la renovación y la magnitud del plan despiertan críticas en sectores que cuestionan la prioridad de la inversión en un contexto de restricciones presupuestarias.

El modelo alemán fue elegido tras pruebas realizadas entre 2024 y 2025 en distintos escenarios del país. Aunque el resultado técnico fue favorable, voces críticas señalan que el proceso careció de transparencia y que no se evaluaron alternativas de producción nacional que podrían haber generado empleo y transferencia tecnológica.

La incorporación de los nuevos vehículos se presenta como un avance en la modernización de la Fuerza, pero también expone la falta de una estrategia integral de defensa. El programa de reequipamiento se anuncia en paralelo a recortes en otras áreas sensibles, lo que genera dudas sobre la coherencia de las prioridades oficiales.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de “per saltum” solicitado por el Gobierno nacional para intervenir de manera directa en el análisis de validez de la reforma laboral. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, implica que el expediente deberá continuar su curso en las instancias judiciales inferiores.

La decisión deja en evidencia la fragilidad de la estrategia oficial: el Gobierno pretendía obtener un respaldo jurídico definitivo que despejara las dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, pero el rechazo mantiene abierta la disputa judicial y política. El conflicto se originó en una medida cautelar impulsada por la CGT, que suspendió más de 80 artículos de la norma. Aunque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo restituyó su vigencia, la falta de un pronunciamiento de la Corte prolonga la incertidumbre.

El fallo también expone la ausencia de consenso político y social en torno a la reforma laboral. La insistencia del Ejecutivo en recurrir al “per saltum” refleja la urgencia por consolidar un marco normativo que ha sido cuestionado por sindicatos y especialistas en derecho laboral. La negativa de la Corte, en cambio, reafirma la necesidad de que el debate se resuelva en las instancias correspondientes, con mayor transparencia y participación.

Desde una mirada crítica, el rechazo del recurso puede interpretarse como un llamado de atención al Gobierno: la reforma laboral, presentada como un eje central de la política económica, carece de la solidez institucional necesaria para imponerse sin discusión. La estrategia de acelerar tiempos judiciales se tradujo en un revés que debilita la posición oficial y fortalece a los sectores que cuestionan la norma.

En definitiva, la Corte Suprema no cerró la puerta al análisis de la reforma, pero sí dejó claro que el camino debe transitarse respetando las instancias previas. Para el Gobierno, esto significa más tiempo de incertidumbre y la obligación de sostener una ley cuya legitimidad aún está en disputa. Para los trabajadores y sindicatos, representa una oportunidad de seguir planteando sus objeciones y de mantener viva la discusión sobre el alcance real de la modernización laboral.

Un contingente de especialistas del Banco Mundial y del Ministerio de Salud de Chile, dialogó con las autoridades de la cartera de Salud provincial y de la Secretaría de Modernización de Entre Ríos, y visitó establecimientos de diferentes niveles de atención para tomar contacto directo in situ con los equipos que utilizan herramientas de salud digital. La agenda se desarrolló en el marco de la presentación del diagnóstico para la implementación del Modelo de Salud Digital en la provincia.

Durante la apertura, el Ministro de Salud, Blanzaco señaló que la visita del equipo técnico a nuestra provincia tiene como antecedente el primer encuentro de trabajo intensivo concretado en enero, en Chile. "El desafío de la Salud Digital es muy grande y conocer de primera mano la experiencia de la cartera sanitaria del país trasandino nos ha permitido proyectar líneas de acción concretas, ceñidas a nuestro territorio y posibilidades", analizó el funcionario.

Cabe destacar que en la exposición del trabajo de evaluación diagnóstica se precisó que la evolución de la telemedicina permite incluso realizar procedimientos complejos, con el apoyo de especialistas a distancia. Además se consideró que es fundamental integrar las diferentes especialidades en este sistema, y reconocer que la Salud Digital puede abarcar más de lo que tradicionalmente se ha pensado.

Por su parte, la referente del Banco Mundial, Vanina Camporeale, en representación del equipo de asesoría técnica puntualizó: "El objetivo de nuestra asistencia técnica fue realizar un diagnóstico del sistema de salud en la provincia con la expectativa de trabajar en el desarrollo de Salud Digital a partir de la asistencia técnica del Banco Mundial, con apoyo del Fondo Español para América Latina y el Caribe". El propósito de la visita consistió en la presentación de las conclusiones y la agenda a seguir para la implementación del Modelo de Salud Digital en Entre Ríos.

Las consignatarias Daroca y Los Toros de Buschiazzo iniciaron una nueva etapa en el negocio ganadero local tras acordar una fusión comercial que unifica su estructura y clientela. La sociedad estará integrada por Mauro y Manuel Daroca, junto con Martín y Mateo Buschiazzo, con el objetivo de ampliar servicios, incorporar tecnología y fortalecer su presencia en la plaza ganadera de Gualeguaychú.

“Tomamos la iniciativa de hacer una fusión, una estrategia comercial, para llevar adelante una nueva sociedad en la cual somos cuatro socios”, explicó Mauro Daroca. Según detalló, ambas firmas continuarán trabajando con su base de clientes, pero ahora con una estructura conjunta. “Ellos tienen su clientela y su trabajo, nosotros tenemos la nuestra, la unificamos y seguimos dando remates acá con la Sociedad Rural de Gualeguaychú y al servicio de los clientes”, señaló.

La consignataria Daroca tiene presencia en la actividad desde 1945 y desde hace 15 años opera con su nombre actual en la ciudad. Con el paso del tiempo, el desafío de renovar la estructura empresaria fue uno de los factores que impulsó el acuerdo. “Estamos queriendo renovarnos, incorporar nuevos socios. La generación nueva no aparece mucho como en el momento de nuestros padres y nosotros queremos planificar cómo seguir”, sostuvo Daroca.

Mateo Buschiazzo recordó que la idea de trabajar juntos venía gestándose desde hace años. “Mauro hace muchos años me viene invitando para fusionarnos. Por una cosa o por otra lo íbamos postergando, hasta que el año pasado me llamó y me dijo: vamos a juntarnos y trabajar juntos. Y acá estamos”, relató.

Buschiazzo comenzó en el negocio consignatario en el año 2000 y en 2012 creó junto a su hermano Martín la firma Los Toros. Con la nueva sociedad, explicó, el objetivo central será ampliar la capacidad operativa. “La idea es seguir atendiendo a los clientes de la mejor manera, con más tiempo y más herramientas”, indicó.

Incorporación de tecnología y modernización

Uno de los cambios que incorporará la empresa será el uso de tecnología en los remates. Entre las iniciativas previstas se encuentran la transmisión por streaming y el desarrollo de un canal propio en YouTube para facilitar la participación de compradores y vendedores a distancia. “Nos estamos adaptando a los tiempos nuevos, donde los clientes quieren saber cómo están parados, mandar pagos o resolver cosas desde donde estén”, explicó Daroca.

El primer remate plenamente bajo la nueva estructura será el del 27 de este mes, aunque la transición comenzó en febrero con una presentación inicial. “El remate pasado fue como para avisar. Este ya es en conjunto, con el nuevo logo y la nueva sociedad”, detallaron.

La subasta contará con la participación del martillero Ariel Sáenz, de Río Cuarto, quien ya condujo el último remate. “Anduvo muy bien, fue muy ágil. Con más de 2.800 cabezas el remate salió rápido y con muy buenas ponderaciones”, comentaron.

Un contexto favorable con desafíos

El contexto ganadero actual también fue parte del análisis de los consignatarios. Para Buschiazzo, el sector atraviesa un momento favorable, aunque con riesgos que obligan a actuar con cautela. “La ganadería está en un muy buen momento, pero tenemos que tener precauciones para que sea negocio para todos, tanto para el vendedor como para el comprador”, afirmó.

Daroca coincidió en que el aumento del valor de la hacienda incrementa la responsabilidad del consignatario. “Hoy una jaula es mucha plata. Tenemos que estar muy encima de eso porque el riesgo es mayor”, señaló.

En ese contexto, consideró que la figura del consignatario adquiere mayor relevancia como intermediario confiable. “La gente se vuelca más a lo tradicional cuando el riesgo es alto y busca resguardarse en quienes le dan confianza y estabilidad”, explicó.

Proyección y crecimiento en calidad

La nueva sociedad también proyecta ampliar su actividad en el futuro. Entre las posibilidades se analiza realizar remates en otras plazas ganaderas y ampliar la infraestructura para atender a un mayor volumen de operaciones.

Según destacaron los socios, el objetivo principal será mejorar el servicio antes que aumentar la cantidad de operaciones. “La idea es agrandarnos en calidad. Después veremos si la cantidad viene”, resumió Buschiazzo.

En un mercado con fuerte tradición local, ambos consignatarios coincidieron en destacar el rol de Gualeguaychú como plaza ganadera. “Es una plaza espectacular. Es de los pocos lugares de la provincia donde hay varios remates mensuales importantes”, afirmó Daroca.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) lanzó un llamado a licitación pública internacional para avanzar en una nueva etapa del proyecto de modernización del complejo hidroeléctrico binacional.

El proceso contempla una inversión estimada en 52,8 millones de dólares destinada al diseño, suministro y montaje de equipamiento de transmisión de playa y potencia, en el marco del Contrato SG 800.

La iniciativa se encuadra dentro del proyecto “Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande – Etapa II-a”, impulsado por Argentina y Uruguay para actualizar infraestructura clave del sistema energético.

Financiamiento internacional

La obra forma parte de un programa financiado mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a la renovación de cuatro subestaciones del complejo hidroeléctrico.

Desde el organismo binacional indicaron que los trabajos permitirán mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema de transmisión eléctrica, un aspecto considerado estratégico para la operación del complejo.

La licitación se realizará bajo el procedimiento de Licitación Pública Internacional con modalidad de dos sobres, lo que implica una evaluación técnica inicial y la apertura posterior de la oferta económica.

Plazo de ejecución y requisitos

El contrato establece un plazo de cinco años de ejecución, período durante el cual se desarrollarán las tareas de diseño, provisión de equipamiento y montaje de las instalaciones correspondientes.

Entre los requisitos de calificación para las empresas interesadas se incluyen antecedentes en fabricación y puesta en marcha de equipamiento similar, capacidad económica y financiera, calificación del personal clave y antecedentes legales.

Las ofertas deberán presentarse hasta las 10 de la mañana del 2 de julio de 2026 en la sede de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, debiendo incluir además una garantía de mantenimiento de oferta de 500 mil dólares.

Presentación de ofertas

Las propuestas serán abiertas en forma presencial en la sede del organismo, con la posibilidad de que los representantes de las empresas participen también de manera remota.

Desde la CTM recordaron que el proceso está abierto a oferentes de los países elegibles y forma parte del plan de actualización tecnológica del complejo hidroeléctrico. DRU

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) suscribió un Convenio Específico de Experiencia Formativa con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Gestión e Innovación Pública y la cátedra Experiencia E-lab. El proyecto apunta a una actualización integral del Registro Único y Permanente de Demanda Habitacional, con el objetivo de convertirlo en una herramienta capaz de proyectar necesidades futuras y mejorar la planificación de políticas públicas.

La propuesta surgió de agentes del propio Instituto que cursan la tecnicatura y promueven la transferencia de conocimientos académicos a la gestión estatal. De esta manera, se consolida un trabajo conjunto entre el ámbito universitario y el Estado provincial, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a la demanda habitacional.

Durante la firma del convenio, participaron el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el vocal Eduardo López Segura; la decana de la FTS, Sandra Arito; además de autoridades provinciales, municipales, universitarias y trabajadores del Instituto. En ese marco, Schönhals destacó: “Estamos convencidos que una política habitacional eficiente debe basarse en información seria y actualizada. Este convenio nos permite complementar nuestras capacidades internas y avanzar en una gestión más moderna y orientada a resultados más precisos”. Publicado por APFDigital.

La jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, admitió que habrá una modificación en la Ley de Modernización Laboral respecto de las licencias por enfermedad. El objetivo es que, en casos de patologías severas, degenerativas o irrecuperables, los trabajadores puedan seguir percibiendo el 100% de su salario, siempre que exista corroboración médica fehaciente. La senadora aclaró que la discusión se está llevando adelante con Diputados y que se evalúan alternativas para instrumentar el cambio sin necesidad de volver a tratarlo en el Senado.

Bullrich sostuvo que uno de los principales problemas del sistema laboral argentino es la “industria del juicio”, con demandas que alcanzan cifras millonarias y afectan a pequeñas y medianas empresas. Según explicó, la nueva norma mantiene el criterio de “un mes por año” de la Ley de Contrato de Trabajo, pero elimina los aditamentos que engrosaban las indemnizaciones, como beneficios extras considerados salario.

Consultada sobre el pago de sueldos durante las licencias, Bullrich señaló que el tema es “muy sensible” y denunció abusos con certificados médicos falsos. Recordó que en países como Portugal, Francia, Uruguay o Alemania los porcentajes de cobertura salarial en licencias oscilan entre el 50% y el 80%, mientras que en Argentina el ausentismo privado alcanza el 15%. Por eso, la nueva ley establece que en líneas generales se pague solo el 50% del salario, salvo en casos de enfermedades severas, donde se mantendrá el 100%.

La senadora indicó que habrá juntas médicas en hospitales públicos o instituciones reconocidas para validar los diagnósticos, y que se busca diferenciar entre enfermedades comunes y severas, algo que la Ley de Contrato de Trabajo no contemplaba. “Vamos a trabajar este tema y ahí sí va a volver a lo que era el 100%”, aseguró.

Finalmente, Bullrich cuestionó el uso excesivo de licencias por salud mental, afirmando que los certificados psiquiátricos son “una de las licencias que más se usan” y que también forman parte de los abusos que la nueva normativa pretende limitar.

En un paso clave hacia la modernización de la seguridad vial, el Honorable Concejo Deliberante del Gobierno municipal aprobó el Convenio de Interjurisdiccionalidad e Implementación del Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito Vehicular. Este acuerdo, firmado entre el intendente Mauricio Germán Davico y el jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio Omar González, fue ratificado por el decreto provincial 1248/2025.

El convenio busca coordinar esfuerzos entre el Municipio y la fuerza policial provincial para controlar el tránsito mediante tecnología avanzada, sin afectar las competencias locales. Entre sus objetivos principales se encuentra la prevención de siniestros a través de la detección automática de infracciones como exceso de velocidad, paso en semáforo en rojo y giros indebidos. La Jefatura de Policía proporcionará equipos homologados, como cinemómetros (radares) y detectores en semáforos, certificados por la Dirección Nacional de Comercio Interior conforme a las leyes nacionales 25.650 y 19.511.

Este sistema integrará herramientas nacionales como el SUGIT (Sistema Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito) y SAFIT (Sistema Administrativo Federal de Infracciones de Tránsito), permitiendo un seguimiento eficiente de las multas y bloqueando trámites como renovaciones de licencias o transferencias de vehículos hasta su resolución. Las infracciones detectadas serán procesadas administrativamente en el Juzgado de Faltas, garantizando el derecho a defensa de los ciudadanos.

El proyecto también propone modificaciones al Código de Faltas Municipal (Ordenanza 10.539/2001) y a la escala de sanciones (Ordenanza 10.589/2002), estableciendo multas mínimas de 300 días-multa para infracciones graves.

Esta iniciativa se alinea con la adhesión del Gobierno de Gualeguaychú a la Ley Provincial 10.025, que incorpora normativas nacionales de tránsito, y responde a la necesidad de agregar valor tecnológico al control vial local. Una vez aprobada la ordenanza, el sistema entrará en vigencia, fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional y contribuyendo a una ciudad más segura para todos sus habitantes.

En total, el paquete de inversiones asciende a 366 millones de pesos.

La primera licitación, identificada como N.º 489/25 y con un presupuesto oficial de 40 millones de pesos, apunta a la incorporación de nuevas cámaras IP, dispositivos asociados y equipamiento informático para reforzar el sistema de videovigilancia. En esta instancia se presentaron ocho oferentes.

Luego se realizó la apertura correspondiente a la Licitación N.º 490/25, que prevé una modernización integral del datacenter del túnel. Con un presupuesto de 130 millones de pesos, el proyecto incluye la adquisición y puesta en marcha de servidores, sistemas de almacenamiento primario y secundario, equipamiento de red y sistemas de alimentación ininterrumpida, además de la actualización del soporte técnico de los equipos actualmente en uso. Para este llamado se recibieron dos propuestas.

En tercer término, bajo la Licitación N.º 488/25, se abrió el proceso para la compra de una pick-up compacta y un utilitario tipo furgón, con un presupuesto oficial de 66 millones de pesos. Cuatro firmas presentaron ofertas para esta adquisición destinada a reforzar la flota operativa del túnel.

Finalmente, la jornada cerró con la apertura de sobres de la Licitación N.º 491/25, que contempla una inversión de 130 millones de pesos para modernizar la infraestructura de red de datos del área de peaje. El proyecto incluye la provisión, instalación y configuración de la red en ambas cabeceras del viaducto. También en este caso se presentaron cuatro oferentes.

Todas las propuestas serán evaluadas por la comisión técnica correspondiente antes de avanzar con las adjudicaciones. El proceso forma parte de una actualización más amplia que busca mejorar la seguridad, la capacidad operativa y la infraestructura tecnológica del túnel subfluvial, uno de los corredores viales más importantes de la región.

El Gobierno de Entre Ríos presentó este miércoles, en el Mirador TEC de Paraná, el Diagnóstico de Transformación Digital Municipal, un estudio que analiza el nivel de madurez digital de los gobiernos locales y propone estrategias para modernizar y agilizar la administración pública en todo el territorio provincial.

El relevamiento incluyó a 83 municipios, de los cuales 50 aportaron información sobre conectividad, infraestructura tecnológica, seguridad informática, equipamiento, sistemas de gestión y plataformas de atención ciudadana. Con esos datos se elaboró un diagnóstico que identifica brechas, fortalezas y oportunidades para avanzar hacia gestiones más eficientes y transparentes.

En una segunda etapa se profundizó el análisis en 10 municipios seleccionados, mediante entrevistas, revisión de procesos y detección de necesidades particulares. Ese trabajo permitió elaborar hojas de ruta individuales, orientadas a que cada localidad planifique su transformación digital con criterios claros y herramientas concretas.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó que el diagnóstico “ordena prioridades y permite planificar inversiones”, además de acompañar a los municipios en el proceso de modernización. Sostuvo que todas las localidades enfrentan el desafío común de “avanzar hacia gestiones más cercanas, ágiles y transparentes”.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó que la iniciativa se suma a acciones orientadas a fortalecer la articulación con los gobiernos locales: “Creemos en un Estado que escucha, que articula y que construye soluciones concretas junto a cada municipio”.

A su vez, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, remarcó el valor estratégico del informe al medir el índice de madurez digital en toda la provincia. “Lo que no se mide no se puede mejorar. Este diagnóstico nos da datos sólidos para impulsar políticas públicas con impacto real en la gente”, afirmó.

El acto se realizó el viernes por la mañana, minutos después que el funcionario provincial llegó a Gualeguaychú. Acompañado del jefe de Gabinete, Luciano Garro, y el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, Roncaglia visitó el nuevo Centro Operativo de Monitoreo (COdM) en la Unidad Penal Nº 9. Se trata de “un espacio estratégico que busca fortalecer la seguridad integral y optimizar la gestión penitenciaria provincial”, se informó.

El nuevo centro permite monitorear en tiempo real áreas críticas mediante domos de alta definición, cámaras distribuidas en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, garantizando trazabilidad y cobertura continua durante las 24 horas. La infraestructura cuenta con sistemas redundantes que aseguran la continuidad operativa y la recuperación ante contingencias.

Entre sus principales fines se destacan la prevención de incidentes, la gestión en tiempo real de situaciones críticas, la generación de evidencia objetiva para resguardar derechos, la supervisión sanitaria y la vigilancia perimetral.

La puesta en marcha de este espacio fue posible gracias a fondos propios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, a través de lo recaudado por el PVTC (Producción y Ventas de Talleres Carcelarios), sin costo adicional para el Estado.

Homenaje

Luego de la inauguración del centro de monitoreo, las autoridades se trasladaron a la Dirección de la Unidad Penal, donde entregaron un reconocimiento al agente penitenciario Matías Giménez, quien salvó la vida de un hombre que se arrojó al río desde el Puente Méndez Casariego.

El hecho ocurrió el 12 de octubre, cuando Giménez —que se encontraba de civil— no dudó en lanzarse al agua para rescatarlo, siendo destacado por su valentía y compromiso humano.

La comitiva también recorrió el taller de confección de pelotas de fútbol que funciona en la biblioteca de la Unidad Penal. Según explicó José Santiago Osuna, prefecto director principal de Industria de la provincia, la iniciativa —que surgió a partir del conocimiento de un interno— será replicada en otras cárceles de Entre Ríos y permitirá comercializar pelotas de alta calidad con marca propia.

La iniciativa apunta a jerarquizar la sede del EAPI mediante la renovación integral del edificio de oficinas, con mejoras en infraestructura, servicios, seguridad y espacios de trabajo. El proyecto, financiado con fondos propios del organismo, incluye tanto materiales como mano de obra, y se enmarca en una política de gestión que prioriza la inversión pública eficiente y la transparencia administrativa.

“Con esta obra comenzamos a concretar lo que dijimos que íbamos a hacer: poner bien alto al Puerto de Ibicuy, fortaleciendo su infraestructura y su rol estratégico en la región”, señalaron las autoridades del Ente, destacando que el puerto entrerriano “se consolida como una pieza clave en la red de conectividad fluvial del país”.

Ubicado sobre el río Paraná inferior, el Puerto Ibicuy es el único de aguas profundas de la provincia, y constituye un eslabón fundamental para la exportación de granos, madera, combustibles y otros productos industriales. En los últimos años, el movimiento de cargas ha crecido sostenidamente, impulsado por la mejora de sus accesos viales y ferroviarios, y por la demanda de las terminales del litoral argentino.

La obra de refuncionalización de la sede administrativa marca el inicio de una nueva etapa en la consolidación del puerto como polo logístico del Mercosur. El plan integral contempla futuras inversiones en infraestructura operativa, tecnología y servicios complementarios para mejorar la eficiencia y competitividad del complejo portuario.

Desde el EAPI remarcaron que el fortalecimiento institucional y edilicio no sólo impactará en la gestión interna, sino también en la relación con las empresas, los transportistas y las comunidades locales. “Queremos que el puerto sea sinónimo de desarrollo para Ibicuy y para toda la provincia. Este es el primer paso de un proceso que no se detiene”, subrayaron.

La apertura de sobres, realizada en la sede del Ente, contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes de empresas oferentes y trabajadores del organismo. Con esta licitación, el Puerto Ibicuy reafirma su objetivo de posicionarse como uno de los principales nodos portuarios del litoral argentino.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) y la Secretaría de Modernización, encabezada por su titular Emanuel Gainza, trabajan para coordinar asistencia y gestión en la digitalización e implementación de sistemas de administración y control desarrollados por la propia entidad carcelaria.

El subdirector general del SPER, Santiago García, junto al jefe del Departamento de Seguridad Informática, Carlos Salomón, participó de un encuentro con la Secretaría de Modernización con el objetivo de consolidar una agenda común que agilice los procesos administrativos y eleve los estándares de eficiencia y control en las distintas áreas del Servicio Penitenciario. Formó parte de la comitiva, el cabo Moisés Gauna, responsable del desarrollo de software institucional.

Durante la reunión se delinearon acciones para obtener el acompañamiento técnico y la gestión necesaria que permita escalar y consolidar múltiples sistemas de gestión dentro de la organización. Estas soluciones -desarrolladas íntegramente por equipos del SPER- apuntan a optimizar circuitos internos, fortalecer la trazabilidad de la información y mejorar la toma de decisiones.

Asimismo, se abordaron lineamientos para reforzar la seguridad de la información, interoperabilidad entre sistemas, capacitación del personal y escalabilidad de las plataformas.

Como parte de los próximos pasos, se acordó:

- Conformar mesas técnicas para la revisión de arquitectura, estándares y prioridades de despliegue.

-Definir pilotos graduales en áreas clave para validar funcionalidades y realizar mejoras continuas.

-Establecer un plan de capacitación por perfiles, orientado a la adopción efectiva de las herramientas.

-Implementar buenas prácticas de ciberseguridad y políticas de respaldo, auditoría y continuidad operativa

En el encuentro, que reunió a autoridades de distintos países, organismos multilaterales y representantes de gobiernos subnacionales, Frigerio brindó la conferencia titulada "Gobernanza fiscal y modernización institucional en los gobiernos subnacionales: desafíos y oportunidades". Expuso en la sesión plenaria en la que también participó el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.

Durante su intervención, el mandatario entrerriano compartió la experiencia de gestión en los distintos niveles que le tocó desempeñar -multilateral, nacional y provincial- y remarcó la importancia de avanzar en la simplificación tributaria, la coordinación entre Nación y provincias y el financiamiento de infraestructura en el territorio.

Frigerio sostuvo que con los países de la región "tenemos desafíos compartidos como son el equilibrio fiscal, mejorar la política tributaria y aprovechar las transformaciones digitales para optimizar la gestión pública".

Asimismo, destacó la necesidad de que los Bancos de Desarrollo se acerquen más a las provincias, ocupando un rol central en el financiamiento de la obra pública y la infraestructura productiva. "El rol de los gobiernos locales es muy importante porque son los que explican la calidad de vida de los habitantes y el bienestar de su población. Eso exige un vínculo más directo con los bancos de desarrollo para avanzar para la concreción de más obras de infraestructura básica, hospitales y escuelas".

También valoró las experiencias de Brasil y Paraguay como referencias regionales en materia de modernización y reformas tributarias.

El encuentro contó con la participación de referentes del BID, autoridades del gobierno de Brasil y de la Secretaría de Hacienda de la Nación, así como representantes de provincias argentinas y estados brasileños, junto a expertos internacionales en gestión fiscal.

La iniciativa incorpora nuevas líneas de crédito y refuerza las ya vigentes, con el objetivo de impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), promover el agregado de valor y generar empleo en la provincia.

Los ejes prioritarios incluyen la asistencia financiera a proyectos agroindustriales, turísticos y tecnológicos; el fomento a inversiones en eficiencia hídrica y energética; y el respaldo a iniciativas de mujeres y jóvenes emprendedores. También se prevé el acompañamiento a cadenas de valor estratégicas para potenciar la competitividad provincial.

Durante la firma, las autoridades coincidieron en que el convenio constituye una herramienta clave para fortalecer el entramado productivo entrerriano, con una mirada federal y sostenible. El financiamiento se canalizará a través de créditos directos del CFI, adaptados a las necesidades de cada sector de la economía.

Con este acuerdo, el CFI y la provincia consolidan una agenda conjunta orientada a generar oportunidades, impulsar la innovación y afianzar un desarrollo con equidad en todo el territorio.

La cumbre reunirá a ministros, gobernadores, funcionarios internacionales y referentes del sector privado para debatir sobre “Soluciones digitales para una gestión fiscal inteligente”.

Frigerio expondrá sobre “Gobernanza fiscal y modernización institucional en los gobiernos subnacionales: desafíos y oportunidades”, compartiendo la experiencia de la provincia en materia de administración pública y transformación digital. El encuentro se centrará en la digitalización de sistemas tributarios, la fiscalización inteligente, la eficiencia del gasto público y la transparencia en la gestión estatal.

La apertura estará a cargo del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quien abordará la consolidación fiscal a nivel nacional y subnacional. El gobierno provincial aclaró que la participación del mandatario será financiada íntegramente por el BID, por lo que no generará gastos adicionales para la provincia.

Este evento permitirá que Entre Ríos esté presente en un espacio internacional clave, donde se discutirán los desafíos comunes de los gobiernos frente a la modernización institucional y la implementación de modelos de gestión más eficientes y sustentables.

La cumbre del BID se considera una de las principales instancias de intercambio de experiencias sobre innovación tecnológica aplicada a la administración pública y la gobernanza fiscal en América Latina, y ofrece un marco para fortalecer la cooperación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado en la región.

La participación de Frigerio subraya el interés de la provincia por consolidar su experiencia en modernización institucional y posicionarse en la agenda internacional sobre políticas públicas y gestión eficiente de los recursos.