La estructura del mercado laboral argentino está transformando de manera silenciosa pero profunda el sistema previsional. El crecimiento de los monotributistas y la menor participación de los asalariados formales en el total de aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) generan un escenario de alerta para las cuentas presentes y futuras de la Anses.

Según datos oficiales, en septiembre de 2025 había algo más de 10,3 millones de personas con aportes, de las cuales 69 de cada 100 eran asalariados, 23 monotributistas, cinco autónomos y tres trabajaban en servicio doméstico.

Veinte años atrás, la proporción era muy distinta: 82 asalariados, 11 monotributistas, seis autónomos y apenas uno en casas particulares. La tendencia muestra una caída de 13 puntos en la participación de los empleados dependientes y un incremento similar en el régimen simplificado.

El problema no es solo de cantidad, sino de calidad de los aportes. Mientras que en septiembre pasado un asalariado promedio aportó $168.635 y su empleador $191.859 —sumando $360.494—, un monotributista pagó apenas $16.270. Se necesitan 24 aportantes de este régimen para financiar una jubilación mínima, mientras que con 2,3 asalariados se cubre una prestación equivalente al doble del haber mínimo más bono.

Cuando se creó el monotributo en 1998, se pensó como un puente para que los cuentapropistas informales se incorporaran al sistema tributario general. Sin embargo, en la práctica se convirtió en un esquema permanente, con el 90% de los inscriptos en las categorías más bajas. Esto implica que la gran mayoría de quienes aportan bajo este régimen solo accederán a la jubilación mínima, independientemente de los años de contribución.

El panorama se complica aún más con los autónomos y el servicio doméstico. Los primeros, que representan cerca del 5% de los aportantes, pagan en promedio $79.113, lo que requiere casi cinco contribuyentes para financiar un haber mínimo. En el caso del personal de casas particulares, el aporte mensual es de apenas $1382, lo que obliga a sumar 282 trabajadores para cubrir una jubilación mínima más bono.

La creciente participación de ocupaciones con aportes bajos tensiona el sistema previsional, que cada vez depende más de la recaudación impositiva general para sostener las prestaciones. El desafío es doble: garantizar ingresos dignos para los futuros jubilados y mantener la sustentabilidad fiscal en un contexto de informalidad persistente y empleo registrado estancado.

Fuente: La Nación

Con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria y reducir la carga burocrática sobre las organizaciones sociales, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPJ y RP), emitió la Resolución Nº 004/26.

La norma establece un marco de alivio administrativo para las Asociaciones Civiles de "Categoría I", permitiéndoles regularizar su situación institucional de manera digital y económica.

El decreto publicado en el Boletín Oficial Nº28.311fundamenta esta decisión en la función social de estas entidades, destacando que las asociaciones civiles "emergen como una necesidad de organización para la consecución de fines comunes, tendientes al bienestar de la sociedad" y que su rol es clave para "coadyuvar en fines propios del estado".

Moratoria y facilidades

El punto central de la resolución es la creación de un mecanismo para que las entidades que no están al día con sus presentaciones puedan normalizarse sin los costos de un balance tradicional. Según la resolución, aquellas asociaciones que "adeuden presentar periodos anteriores al 2025 podrán regularizar su situación confeccionar el estado de recursos y gastos conforme al modelo del ANEXO I".

Este modelo simplificado reemplaza la contabilidad compleja, siempre que la entidad no supere los ingresos brutos de la Categoría “G” del Monotributo. No obstante, la resolución advierte que en cada cierre de ejercicio se evaluará el nivel de ingresos: "En caso de no cumplimentarlos, serán considerados de CATEGORÍA II y deberán presentar los estados contables correspondientes".

Autodeclaración digital

Para acceder a estos beneficios, las autoridades de los clubes, bibliotecas o centros vecinales deberán realizar una "autodeclaración" en su trámite pre-asambleario. La norma detalla que en la nota de presentación se deberá manifestar explícitamente la "categoría a la que pertenecen, ingresos brutos anuales de la entidad y el límite máximo correspondiente a la Categoría 'G' del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes".

Con esta medida, la gestión de Rodrigo José Luti Guerrero busca modernizar el control estatal y garantizar que las instituciones pequeñas no desaparezcan por la imposibilidad de afrontar costos contables excesivos, manteniendo la transparencia mediante el nuevo trámite digital coordinado con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer el cronograma de vencimientos correspondiente a abril de 2026. El calendario incluye obligaciones para personas físicas y empresas, organizadas según la terminación de CUIT, y abarca impuestos como Monotributo, IVA, Ganancias, Bienes Personales y distintos regímenes informativos.

Durante la primera semana hábil, del 6 al 10 de abril, se concentran vencimientos vinculados a retenciones de IVA y Ganancias, además de presentaciones informativas como SISA y SIRE. En ese mismo período también vencen aportes de trabajadores autónomos y el régimen de casas particulares.

El lunes 20 de abril será la fecha única para el pago del Monotributo unificado, mientras que los vencimientos de IVA se distribuirán entre el 20 y el 24, escalonados según CUIT. Entre el 13 y el 17 se registran compromisos de Bienes Personales y anticipos de Ganancias, y hacia el cierre del mes, entre el 27 y el 30, deberán presentarse memorias, estados contables y declaraciones juradas.

Desde ARCA remarcaron la importancia de revisar la situación particular de cada contribuyente y cumplir en tiempo y forma para evitar intereses o inconvenientes administrativos.

El monotributo tendrá una actualización a partir de abril que impactará en todas las categorías del régimen. El incremento será del 14,29% y se aplicará tanto en los montos mensuales a pagar como en los topes de facturación permitidos.

La modificación responde al mecanismo de ajuste por inflación semestral, basado en la variación del índice de precios del segundo semestre de 2025. Según se informó, este cambio ya rige dentro del esquema vigente para 2026.

De esta manera, el monotributo reflejará una suba generalizada que modifica los parámetros de ingreso y el costo fiscal para quienes se encuentran dentro del régimen simplificado.

Cuánto se paga desde abril

Con la actualización, los valores mensuales varían según la categoría y la actividad. En la categoría A, el monto asciende a $42.386,74, mientras que en la categoría K llega a $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 en el caso de venta de bienes.

El pago del monotributo incluye tres componentes: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. Todos estos ítems se ajustan en conjunto con la actualización establecida.

Los nuevos valores impactan directamente en los contribuyentes, que deberán afrontar montos más elevados en comparación con los vigentes durante 2025.

Cambios en los topes de facturación

Además del aumento en las cuotas, también se actualizaron los límites de facturación anual. Estos topes determinan si un contribuyente puede mantenerse dentro del régimen o debe pasar al sistema general.

En abril, el límite para la categoría A se ubica en $10.277.988,13, mientras que para la categoría K asciende a $108.357.084,05.

El monotributo continuará con este esquema de actualización semestral, por lo que se prevé una nueva modificación en septiembre.

Qué pasa si no se cumple con los pagos

El incumplimiento en el pago del monotributo puede generar consecuencias administrativas. Las deudas quedan registradas en el sistema, lo que puede impedir la realización de trámites o el acceso a determinados beneficios.

En caso de acumular diez períodos consecutivos sin abonar, el contribuyente puede ser dado de baja automáticamente del régimen.

Esta situación implica que deberá tributar bajo el régimen general durante un período determinado, lo que conlleva mayores obligaciones impositivas.

La actualización del monotributo se enmarca en el esquema de ajustes periódicos que buscan mantener actualizados los parámetros del sistema en función de la evolución de los precios. ElOnce

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) continúa introduciendo modificaciones en el régimen del monotributo. Tras las recategorizaciones realizadas en febrero, marzo se convierte en un mes clave, porque comienzan a regir nuevas escalas, montos actualizados y topes de facturación modificados para todos los contribuyentes inscriptos.

¿Qué cambió en el Monotributo a partir de marzo?

El monotributo tiene una actualización semestral obligatoria, que impacta directamente en marzo, ya que la recategorización se efectúa el mes previo. En los casos en que el contribuyente no realiza el trámite, el organismo puede aplicar recategorizaciones de oficio, ajustando la categoría según la facturación registrada.

En este contexto, marzo marca el inicio de una etapa con cuotas más altas, mayores exigencias y nuevos topes de facturación, en un escenario económico donde la inflación sigue impactando, tanto en los ingresos como en las obligaciones fiscales.

Para trabajadores independientes, profesionales y pequeños contribuyentes, mantenerse informado y revisar periódicamente su categoría será clave para evitar sanciones o recategorizaciones automáticas.

Nuevas escalas y topes de facturación de ARCA

La actualización establece un incremento del 14,29%, que se aplica sobre los parámetros de categorización (ingresos brutos, alquileres devengados, energía eléctrica consumida, entre otros) y también sobre el valor de las cuotas mensuales.

El mecanismo utilizado para el ajuste toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del segundo semestre de 2025. Esto implica que todos los monotributistas, sin excepción, deberán afrontar montos más elevados en comparación con 2025, especialmente aquellos que hayan subido de categoría por aumento en su facturación.

Con los nuevos valores vigentes desde marzo, las cuotas quedan establecidas de la siguiente manera:

Categoría A: $42.386,74 mensuales.

Categoría B: $48.250,78.

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes.

Categoría K (la más alta): $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes.

Las diferencias entre servicios y bienes continúan siendo significativas en las categorías más altas, algo que impacta directamente en profesionales independientes y pequeños comerciantes.

El impacto de la recategorización obligatoria: ¿quiénes están en riesgo?

Además del aumento en las cuotas, ARCA modificó los límites máximos de ingresos brutos anuales permitidos para permanecer dentro de cada categoría. Estos topes son fundamentales, ya que determinan si el contribuyente debe recategorizarse o incluso quedar excluido del régimen simplificado.

Los nuevos máximos quedaron fijados en:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

Categoría B: hasta $15.058.447,71.

Categoría C: hasta $21.113.696,52.

A medida que se avanza en las escalas, los límites crecen de forma progresiva hasta llegar a la categoría K, que concentra los mayores niveles de facturación permitida dentro del régimen.

Cómo verificar tu estado en el padrón de ARCA paso a paso

Verificar tu situación fiscal es un trámite simple pero fundamental para evitar errores en la facturación o inconvenientes con clientes y proveedores. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite consultar el estado en su padrón de manera online y gratuita.

A continuación, el paso a paso para verificar tu estado en el padrón de ARCA:

Paso 1: Ingresar al sitio oficial

Accedé a la página web oficial de ARCA desde tu navegador. Es importante asegurarse de que sea el sitio oficial para evitar fraudes o páginas falsas.

Paso 2: Buscar la opción “Consulta de Padrón”

Dentro del portal, dirigite a la sección de “Constancias” o “Consulta de Padrón”. Allí encontrarás la herramienta para verificar la situación de cualquier CUIT.

Paso 3: Ingresar tu CUIT

Colocá tu número de CUIT sin guiones y completá el código de seguridad (captcha) que solicita el sistema.

Paso 4: Consultar la información

Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará tu información fiscal actualizada, donde podrás verificar:

Estado del CUIT (activo o inactivo)

Condición frente al IVA

Inscripción en monotributo o régimen general

Actividad económica declarada

Domicilio fiscal registrado

Paso 5: Descargar la constancia (opcional)

Si necesitás presentar tu situación fiscal ante terceros, podés descargar e imprimir la constancia de inscripción, que tiene validez oficial.

Realizar esta verificación es clave, especialmente después de recategorizaciones o cambios recientes en el monotributo. Mantener tus datos actualizados en el padrón de ARCA evita inconvenientes al emitir facturas y garantiza que tu situación impositiva esté correctamente registrada. (Fuente: Ámbito Financiero)

La recategorización del monotributo empezó este año con quejas públicas en redes sociales de usuarios que aseguran que ARCA, de oficio, los movió de escala de manera incorrecta por tomar en cuenta movimientos de dinero en billeteras virtuales. El Gobierno asegura que solo se consideran operaciones comerciales como cobros con QR o tarjetas.

El eje de la discusión es la inclusión de información provista por billeteras virtuales a la base de cálculo del fisco sobre la facturación de los monotributistas. Son datos decisivos para estimar cuántos fueron los ingresos de los últimos doce meses y conocer qué categoría del régimen simplificado le toca a cada contribuyente.

El período de recategorización "voluntario" terminó el último 5 de febrero. Pasado ese plazo, ARCA comenzó realizar reubicaciones "de oficio" de acuerdo a la información que tenga sobre cada monotributista. Es un proceso común en cada instancia de este tipo, que se da cada 6 meses. La "novedad" es el uso extensivo de datos de billeteras virtuales como Mercado Pago para "construir" esa cifra de facturación total del último año.

En distintas redes sociales hubo quejas de usuarios, algunos con menciones directas a las cuentas de X de ARCA, para consultar por qué habían sido recategorizados. Desde el Gobierno aseguran que ARCA no contempla cifras de transferencias casuales o de persona a persona para sumar la facturación total y que solo es para quienes tienen actividad comercial y hacen cobros por esas plataformas.

Arca aseguró que el dinero que una persona haya recibido en su CVU (cuentas en billeteras virtuales) en concepto de "préstamos, regalos, propinas o dinero propio transferido entre cuentas" no suman para el cálculo de la facturación de un monotributista. Si los cobros hechos por Mercado Pago (u otras alternativas) por QR o tarjetas superan la facturación declarada, saltan las alertas para el fisco y, si ameritara, determina la recategorización. Una vez que el monotributista es notificado, tiene 15 días para "apelar" esa decisión.

Además, en el fisco aclararon que por los cambios en el régimen de información automática, ARCA solo recibe información de transferencias a partir de los 50 millones de pesos.

La contadora pública Yanina Beade consideró que "lo que estamos viendo es la consolidación de un esquema de fiscalización basado en el cruce masivo de información financiera y declaraciones impositivas". En ese sentido, planteó que "existe todavía la percepción de que operar a través de billeteras virtuales implica menor exposición que hacerlo por bancos tradicionales".

"En la práctica, eso no es así. Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X o Personal Pay forman parte del sistema formal y se encuentran alcanzadas por regímenes informativos. Reportan acreditaciones, saldos y volúmenes operativos", aseguró.

Para el tributarista Marcelo Rodríguez, por su lado, "hay que evaluar esto en un contexto en el que convendría estar más en el régimen general que en el simplificado, es menos riesgoso". "Es probable que esto sea puntual y que no vaya a repetirse en el futuro", mencionó a Clarín. Este año, la recategorización del régimen de monotributo volvió a activarse como cada seis meses: tras la actualización semestral de las escalas y montos, el trámite de ajuste de categoría pudo hacerse a comienzos de enero / febrero de 2026, tomando en cuenta la facturación acumulada de los últimos 12 meses.

Cuáles son las categorías del Monotributo en 2026

Los topes máximos de facturación anual que determinan a qué categoría corresponde cada monotributista quedaron fijados en 2026 de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.277.988

Categoría B: hasta $15.057.146

Categoría C: hasta $21.115.014

Categoría D: hasta $26.224.725

Categoría E: hasta $30.850.047

Categoría F: hasta $38.222.217

Categoría G: hasta $45.504.097

Categoría H: hasta $69.092.343

Categoría I: hasta $77.351.936

Categoría J: hasta $88.572.037

Categoría K: hasta $108.357.083

Estos montos representan el límite de ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses que un contribuyente puede facturar sin perder la categoría correspondiente. Superar uno de estos topes obliga a recategorizarse. O incluso, si se supera el máximo del régimen, a pasar al régimen general de IVA y Ganancias. ElOnce

En una entrevista con radio Mitre, Michel señaló que la intención de avanzar sobre el monotributo revela un profundo desconocimiento del funcionamiento económico del país: “Son 4,7 millones de monotributistas y más del 85% están en las categorías más bajas”.

El legislador electo en las pasadas votaciones de septiembre, remarcó que el Gobierno pretende cargar sobre los monotributistas un ajuste inútil: “Es solo el 1,4% del total de la recaudación” y cuestionó: “¿Le va a obligar a un pequeño contratista a presentar IVA y Ganancias?”

En esa línea, Michel denunció que la Casa Rosada impulsa medidas pensadas desde el escritorio porteño y sin una mirada federal. Al respecto, afirmó: “En Capital la gente tiene acceso a otras tecnologías, todo es más fácil”. Y añadió: “Pero en el interior es una herramienta muy utilizada que le simplifica la vida”, recordando que el monotributo permitió que millones de trabajadores se formalizaran y crecieran.

A su vez, el diputado peronista explicó que su bloque posee un proyecto para revertir esta situación: “Tenemos una propuesta que se llama ‘Simple’, que es un puente para que las PyMEs puedan tener un esquema simplificado de presentación y pago”, explicó. Con este proyecto, buscamos evitar que miles de emprendedores sean empujados a la informalidad: “Muchos, cuando están en el tope de la categoría, dejan de facturar o cobran en negro”.

Para finalizar, Michel remarcó que el Gobierno debe abandonar las ideas improvisadas y escuchar a quienes realmente sostienen la economía cotidiana: “Todo el país no funciona de la misma forma, hay que pensar en el interior total del país”. Y cerró: “Desconocen cómo viven y trabajan la mayoría de los argentinos”.

La posible eliminación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes encendió nuevas alarmas entre quienes advierten por el impacto económico y social de la medida. M.A.R.A. (Monotributistas Asociados de la República Argentina) expresó su “profunda preocupación” ante la intención del Gobierno Nacional de avanzar hacia una reforma tributaria que trasladaría a los monotributistas al Régimen General de Autónomos, una estructura fiscal más compleja y costosa.

Según la entidad, más de cuatro millones de personas en todo el país se verían directamente afectadas. El planteo se intensificó luego de trascendidos que atribuyen la iniciativa a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la reestructuración impositiva que estudia el Ministerio de Economía.

Desde M.A.R.A. sostienen que la propuesta oficial implicaría un retroceso en términos de inclusión fiscal. Advierten que miles de trabajadores independientes, profesionales, cuentapropistas y pequeños emprendimientos quedarían fuera de la formalidad al no poder afrontar la carga administrativa y tributaria del régimen de Autónomos, que exige mayor nivel de facturación, liquidación de impuestos más compleja y costos previsionales sensiblemente más elevados.

La contadora Noelia Villafañe, titular de la asociación, consideró que el cambio “conduciría inevitablemente a la clandestinidad a millones de personas”, una situación que —señaló— tendría consecuencias directas sobre la recaudación, la actividad económica y la estabilidad de pequeños negocios que funcionan en todas las provincias.

La entidad recordó que ya había advertido este escenario en octubre de 2024, cuando tomó conocimiento de los primeros borradores de la reforma fiscal. Desde entonces, mantuvo reuniones con diputados del oficialismo y de la oposición, buscando alternativas que preserven la formalidad de los pequeños contribuyentes sin afectar los objetivos del Ejecutivo.

Entre los planteos acercados al Congreso se destaca una contrapropuesta técnica diseñada por el equipo de profesionales de M.A.R.A., que incluye ajustes en la tabla de categorías, un esquema de actualización más previsible y mecanismos para sostener la incorporación de trabajadores independientes al sistema, sin generar saltos abruptos en la carga impositiva.

La organización reiteró que sus objeciones no apuntan a frenar la modernización del sistema tributario, sino a evitar un daño directo sobre un sector que sostiene una parte significativa del empleo independiente y del movimiento económico local, especialmente en ciudades medianas y pequeñas.

Mientras el Gobierno define el contenido final de la reforma, M.A.R.A. pidió que el debate se abra de manera formal y que se escuchen las voces de quienes serían los principales afectados. La entidad insiste en que cualquier modificación debe contemplar la realidad fiscal del país, pero también la capacidad contributiva de millones de trabajadores que dependen del régimen para sostener su actividad diaria.

Las cifras del mercado laboral muestran aún grandes desafíos estructurales en Argentina: así como el desempleo sube, el salario cae y la tasa de informalidad laboral afecta a cerca de 9 millones de trabajadores, lo que equivale al 42% de los ocupados. Este fenómeno impacta directamente en las condiciones laborales, así como también en los haberes y el acceso a derechos básicos como la seguridad social.

Sobre un total de 21,1 millones de personas ocupadas, 8,8 millones trabajan sin estar registradas. De ellas, 5,5 millones son asalariadas sin aportes y 3,3 millones son trabajadores independientes no inscriptos en monotributo o autónomos, según surge del último informe de análisis de la informalidad de Argendata.

La probabilidad de tener un empleo informal varía según el tipo de ocupación: entre los asalariados, el 36% no está registrado. En el caso de los trabajadores independientes, la cifra asciende al 57%. Dentro de ese universo, la informalidad alcanza al 62% de los cuentapropistas pero baja a menos del 20% entre los patrones, es decir, dueños de pequeñas empresas.

Entre los rubros con mayor informalidad se destacan el agro, la gastronomía, el servicio doméstico y la construcción, donde la proporción supera el 60%; mientras que en actividades como petróleo, minería o finanzas es prácticamente inexistente, por debajo del 15%.

En tanto, la informalidad en el sector público es de las más baja con menos del 10%, mientras que en el sector privado es de casi el 50%, con fuertes diferencias internas según la rama de actividad.

Las provincias del Norte Grande concentran los mayores niveles de informalidad asalariada. En Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los trabajadores no posee aportes. Por el contrario, las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires registran los menores niveles de informalidad: en Tierra del Fuego y Santa Cruz, por ejemplo, tienen cifras inferiores al 20%. En Entre Ríos la informalidad es de un 35%.

La desigualdad entre las diferentes provincias se vincula al desarrollo económico y la estructura productiva de cada una. Las del norte además de tener un bajo PBI per cápita, poseen pocas empresas por habitante y una alta concentración en actividades como el agro, mientras que las patagónicas tienen fuerte presencia de grandes industrias que emplean de manera formal y exigen lo mismo a sus proveedores.

Los más jóvenes son los más golpeados por la informalidad: casi 6 de cada 10 personas de hasta 29 años tienen un empleo no registrado.

El Indec publicó recientemente y por primera vez datos sobre la informalidad laboral, y reveló que en el cuarto trimestre de 2024, el 42% de los trabajadores se encuentran en esa condición, un incremento de 0,6 puntos porcentuales con respecto a igual período de 2023.

El 36,1% del total de trabajadores asalariados (es decir, quienes trabajan para un empleador) es informal, mientras que en el caso de los cuentapropistas (personas que realizan trabajos por su cuenta, sin depender de un jefe) el número asciende al 62,4%. Esto implica que estas personas no reciban aportes para la obra social y la jubilación, entre otros beneficios, como las vacaciones pagas.

El servicio doméstico es la actividad con el mayor grado de informalidad: el 77% del sector se encuentra en esa condición, según el INDEC. Le siguen la construcción (76,6%), el trabajo en hoteles y restaurantes (63,2%) y el comercio (51,9%).

Los más jóvenes son los más golpeados por la informalidad: casi 6 de cada 10 personas de hasta 29 años se encuentra trabajando fuera de la formalidad, número que se reduce al 36,5% en las personas de entre 30 y 64 años.

Más monotributo, menos empleo privado

Al interior del sector registrado también se produjeron cambios que muestran una mayor precarización laboral.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, entre enero de 2024 e igual mes de 2025 se perdieron casi 500 mil empleos registrados. No obstante, esta caída se explica mayormente por la baja del 60% de los beneficiarios del monotributo social (389 mil personas) a raíz de los cambios implementados por el Gobierno, que implicaron el pago del 50% de los aportes de obra social, hasta entonces gratuitos.

Excluyendo esta situación puntual, en el último año se perdieron 120 mil trabajos registrados, de los cuales 79 mil eran empleos del sector privado; 24 mil del sector público y 17 mil empleados de casas particulares.

Esta caída fue parcialmente compensada por un incremento del trabajo autónomo (4.700 trabajos nuevos) y de monotributistas (12.100). Es decir que parte de los trabajados “de calidad” (por poseer aportes, estabilidad y derechos laborales) fueron reemplazados por formas más precarizadas de empleo.

Esta tendencia no es nueva: como se explica en esta nota, mientras que en los últimos 12 años el empleo privado se encuentra prácticamente estancado, crecieron fuertemente el empleo público y el monotributo.

El Gobierno Nacional llevó a cabo una medida que afectó a más de 400.000 monotributistas sociales, dando de baja a un 60% del padrón. De acuerdo con un informe difundido por la Secretaría de Trabajo, el número de monotributistas sociales se redujo de 673.000 a 267.000 personas, una caída significativa que ha generado preocupación y debate en distintos sectores.

La principal causa de esta baja se debe a un proceso de reempadronamiento que tuvo lugar en octubre de 2024. Según se detalla en el informe, "la drástica contracción de esta modalidad obedece al proceso de reempadronamiento en el monotributo social definido para las personas adheridas a programas sociales".

Este reempadronamiento requirió que los monotributistas se reinscribieran bajo nuevos criterios, y aquellos que lo hicieron, debieron empezar a abonar la mitad del aporte correspondiente a la obra social, tanto para el titular como para los adherentes, un gasto que previamente estaba subsidiado por el Estado.

El impacto fue inmediato: "Aquellas personas encuadradas en el monotributo social que no cumplieron con los nuevos criterios fueron dados de baja del régimen, lo que provocó la caída del 60% del número de trabajadores encuadrados en el monotributo social".

Uno de los aspectos clave de esta caída en el padrón es la eliminación del subsidio a la obra social que hasta entonces había estado cubierto por el Estado Nacional. A partir de octubre de 2024, quienes completaron el proceso de reempadronamiento tuvieron que asumir el 50% del aporte correspondiente a la obra social, una carga que, en muchos casos, resultó insostenible.

De acuerdo con la resolución 630/2024 del Ministerio de Capital Humano, "el titular que quiera seguir inscripto en la categoría tributaria optativa del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada incorporación de adherentes". Este aporte mensual de $8.358,16 por cada integrante del grupo familiar representó una suma significativa, y para una familia tipo, como un matrimonio con dos hijos, el total ascendía a $33.432,64 mensuales. Este gasto se sumó a las dificultades económicas que ya enfrentaban los beneficiarios de este régimen.

Especialistas sociales señalaron que la caída en el número de monotributistas podría explicarse tanto por la falta de reempadronamiento como por la eliminación de este subsidio, que constituía una de las principales ventajas del régimen. La medida ha tenido un impacto directo sobre las personas en condiciones de vulnerabilidad social, quienes dependen de este régimen para poder acceder a servicios de salud, emitir facturas y realizar aportes jubilatorios.

El Monotributo Social es un régimen que permite la formalización de trabajadores en situación de vulnerabilidad social, personas que están desempleadas o beneficiarias de programas sociales como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcréditos. También está destinado a aquellos que desarrollan emprendimientos vinculados al Desarrollo Local y la Economía Social, ya sean productivos, comerciales o de servicios.

A través de este régimen, los beneficiarios pueden acceder a una cobertura de salud para ellos y su grupo familiar, así como ingresar al sistema jubilatorio. Además, el Monotributo Social es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social y pensiones y jubilaciones que no superen el haber mínimo. Sin embargo, el aumento en los costos derivados del aporte a la obra social ha puesto en riesgo la viabilidad de este régimen para muchas familias que no pueden afrontar ese gasto adicional.

El programa, denominado "Ahora Tu Hogar", busca facilitar el acceso a la vivienda propia mediante financiamiento accesible para familias entrerrianas. La inscripción para participar del sorteo cierra este lunes 17 de febrero a las 13:00, y los interesados pueden anotarse en www.iapv.gov.ar.

Publicación de padrones y sorteo

Este martes 18 de febrero se publicarán los padrones provisorios de inscriptos, mientras que el listado definitivo se dará a conocer el 5 de marzo a las 11:00 en la página web del IAPV.

El sorteo se llevará a cabo el jueves 6 de marzo en la sede del organismo, con la presencia del presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y será fiscalizado por la Escribanía Mayor de Gobierno. Además, se transmitirá en vivo por internet, permitiendo que todos los postulantes puedan seguir el proceso en tiempo real.

Para consultas sobre el padrón provisorio, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a contacto@iapv.gov.ar o vía WhatsApp (solo mensajes) al 343-4689522.

Requisitos para acceder al crédito

Para participar en el sorteo, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el IAPV:

- Inscripción actualizada: Se debe haber renovado la inscripción en el Registro de Demanda de Vivienda en los últimos 12 meses.

- Residencia: El grupo familiar debe residir en la localidad donde se ubica el terreno propuesto o desarrollar su actividad laboral en la misma.

- Edad y documentación: Ser mayor de 18 años o estar emancipado judicialmente. Poseer Documento Nacional de Identidad.

- Situación patrimonial: Ningún integrante del grupo familiar puede haber sido beneficiario de programas estatales de vivienda ni ser propietario de otro bien inmueble de valor equivalente o superior al crédito solicitado. Además, no se debe haber sido titular de un inmueble en los últimos dos años.

- Ingresos formales: Se requiere un ingreso familiar de entre dos (2) y ocho (8) salarios mínimos.

Condición laboral:

- Para empleados en relación de dependencia: deben contar con un año de antigüedad en planta permanente o con contrato de servicio.

- Para trabajadores independientes o autónomos: deben estar inscriptos en el monotributo con una antigüedad mínima de un año en la categoría correspondiente.

Acreditación del grupo familiar: Se reconoce como grupo familiar a matrimonios, uniones convivenciales, parejas con hijos, embarazadas con seis meses de gestación, personas con lazos consanguíneos directos o hermanos mayores de 50 años que convivan.

Propiedad del terreno: Se debe presentar escritura o copia simple del inmueble a nombre del grupo familiar postulante.

Una oportunidad para cientos de familias

El programa "Ahora Tu Hogar" representa una oportunidad concreta para que cientos de familias entrerrianas puedan acceder a financiamiento para mejorar sus condiciones de vivienda. Con 400 créditos en juego, la expectativa

Con el inicio de febrero, rigen los nuevos topes de facturación, escalas y cuotas del Monotributo. Se trata de la primera actualización del año de los parámetros que fijó la reforma fiscal en línea con la evolución de precios. Desde este sábado, los contribuyentes del Régimen Simplificado percibirán un alza de 2,7% en el máximo a facturar.

A partir de ahora, la categoría A -la más baja- puede facturar hasta $7.813.063,45, mientras la categoría K llega a $82,37 millones. Por otro lado, el precio máximo unitario de venta de insumos subió de $385.000 a $466.361,15.

Las cuotas mensuales a pagar treparon 21%, así como otros parámetros, como los alquileres devengados y la superficie destinada. Los pequeños contribuyentes del Monotributo deberán abonar la cuota mensual el jueves 20 de febrero. La fecha de vencimiento abarca a todas las categorías, según informó ARCA.

Con el aumento de 2,7% en los topes de facturación anual (ingresos brutos), desde 1° de febrero, las escalas del Monotributo son las siguientes:

• Categoría A: $6.450.000 a $7.813.063,45;

• Categoría B: $9,45 millones a $11.447.046,44;

• Categoría C: $13,25 millones a $16,05 millones;

• Categoría D: $16,45 millones a $19,92 millones;

• Categoría E: $19,35 millones a $23,43 millones;

• Categoría F: $24,25 millones a $29,37 millones;

• Categoría G: $29 millones a $35,12 millones;

• Categoría H: $44 millones a $53.298.417,30;

• Categoría I: $49,25 millones a $59,65 millones;

• Categoría J: $56,4 millones a $68,31 millones;

• Categoría K: $68 millones a $82,37 millones.

Desde febrero de 2025, los contribuyentes del Monotributo deberán abonar las siguientes cuotas en total

• Categoría A: de $26.600 a $32.221,32.

• Categoría B: de $30.280 a $36.679,00.

• Categoría C: de $35.458 a $42.951,26 para servicios y de $34.658 a $41.982,19 para la venta de productos.

• Categoría D: para servicios de $45.443,80 a $55.047,33, y de $44.343,80 a $53.714,87 los que venden productos.

• Categoría E: de $64.348,18 a $77.946,73 (servicios) y de $58.148,18 a $70.436,50 venta de cosas muebles;

• Categoría F: de $80.983 a $98.096,95 para los servicios, y para los que venden productos, de $69.783 a $84.530,08.

• Categoría G: de $123.696,20 a $149.836,63 para servicios y de $85.296,20 a $103.321,64 para los productos.

• Categoría H: para servicios de $280.734,68 a $340.061,68. Mientras, los que venden bienes, de $170.734,68 a $206.815,64.

• Categoría I: La cuota mensual pasa de $255.108,55 a $309.020,04 para quienes realizan ventas. Los que facturen por servicios abonarán $626.993,55.

• Categoría J: de $311.931,97 a $377.851,82 para ventas y llega a $759.420,03 en el caso de los servicios.

• Categoría K: La cuota mensual se irá de $377.084,75 a $456.773,19. En servicios, ascenderá a $1.050.323,75.

Por caso, Rogelio Frigerio, desde su cuenta en X, reveló: “presentamos en la Legislatura un proyecto para bajar ingresos brutos y sellos, y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores. Ambos son impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo".

El mandatario entrerriano acompañó el mensaje con un gráfico detallando la disminución de alícuotas de Ingresos Brutos según las diferentes actividades.

Lo que aquel mensaje no explicitó es la suerte que correrán otros actores de la vida económica que no estaban en la gráfica y que también pagan ingresos brutos. Por ejemplo, los llamados “pequeños contribuyentes”, que a nivel nacional están inscriptos en el monotributo.

Como lo explica ATER desde su página web, esos pequeños contribuyentes están comprendidos en el llamado “Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, “en la misma categoría en que se encuentren inscriptos en el monotributo nacional” y deben “tributar en el período fiscal el importe fijo mensual que establezca la Ley Impositiva en función de la categoría que revista en el período mensual que corresponde cancelar”.

Pues bien, entre esos importes fijos estipulados para 2024 y los nuevos para este 2025 los aumentos son más que significativos. Valgan algunos simples ejemplos en “prestación de servicios”. La categoría A pagaba 2500 pesos y ese valor subió a 7160. El incremento es del 186%. La categoría D pasó de pagar $ 6700 a $ 18910 con un 182% de aumento. La categoría G saltó de $ 15.800 a $ 64.280, al aplicársele 307% más. Y, como último ejemplo, la categoría H pasó de $20.600 a $ 105.030 con un 410% de suba.

No escaparon al aumento las otras actividades, donde aparecen porcentajes de entre 186 y 236% de suba según la categoría.

Si se tiene en cuenta que el INDEC ha registrado a diciembre de 2024 una variación interanual del índice de precios al consumidor del 117,8%, salta a la vista que los incrementos en el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes entrerrianos están muy por encima de la inflación. Fuente: El Entre Ríos

En los últimos días, diversos gobernadores han anunciado reducciones en impuestos provinciales, en sintonía con la baja de retenciones impulsada por el gobierno de Javier Milei. Entre ellos, el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio presentó un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos, calificándolos de “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo”.

Sin embargo, el anuncio no contempló a un sector clave: los monotributistas. En Entre Ríos, los pequeños contribuyentes tributan bajo el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con un monto fijo mensual determinado por la Ley Impositiva según su categoría en el Monotributo nacional.

Para 2025, esos montos aumentaron de manera significativa. En la prestación de servicios, la categoría A pasó de $2.500 a $7.160, con un alza del 186%. La categoría D subió de $6.700 a $18.910 (+182%), la G de $15.800 a $64.280 (+307%) y la H de $20.600 a $105.030 (+410%). Otras actividades también experimentaron aumentos de entre el 186% y el 236%.

Estos incrementos superan ampliamente la inflación interanual del 117,8% registrada por el INDEC a diciembre de 2024, generando preocupación entre los pequeños contribuyentes, que verán sus costos fiscales incrementados en un contexto de recesión y caída del consumo.

El Gobierno nacional dio inicio al proceso de recategorización de los monotributistas, tal como lo había anticipado días atrás la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, que busca actualizar las categorías de los contribuyentes dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se extiende desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero, plazo en el que los monotributistas deberán realizar el trámite correspondiente.

Con la publicación de la Resolución General 5637/2025 en el Boletín Oficial, quedaron establecidos una serie de cambios clave en el procedimiento de recategorización.

Según la normativa, “la actualización prevista en el artículo 52 del citado Anexo se efectuará semestralmente a partir del año fiscal 2025, inclusive, en los meses de enero y julio, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al semestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice”.

De esta manera, las nuevas categorías de los monotributistas se actualizarán en función de la inflación acumulada en los primeros y segundos semestres del año, con los cálculos correspondientes a los meses de enero y julio.

En cuanto a la notificación de las resoluciones, la norma establece que estas serán enviadas al Domicilio Fiscal Electrónico de cada contribuyente dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del período de recategorización. Además, la ARCA habilitará un sistema simplificado que permitirá a los monotributistas realizar el cambio de categoría de manera ágil, a través de su página web o aplicación móvil.

La escala de la A hasta la K, quedaría conformada de la siguiente manera: