La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad penal y afirmó que, a título personal, considera que debería ser incluso menor a los 13 años, en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países de la región y de Europa. “Ojalá logremos la baja de imputabilidad a 13 años. Si me preguntan a mí, debería ser menos”, afirmó la ministra.

Las declaraciones las realizó en una entrevista con Radio La Red, donde remarcó que la discusión será incluida en el Congreso y advirtió que la normativa vigente en la Argentina data de 1980, en un contexto completamente distinto al actual. “Argentina está rezagada en esta discusión. Excepto Brasil, todos los países de la región tienen la edad de imputabilidad entre los 12, 13 y 14 años”, sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, Monteoliva subrayó que el avance del crimen organizado modificó las dinámicas del delito y expuso con crudeza una problemática central: el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. “Hoy, las organizaciones criminales reclutan niños. No hemos dimensionado el impacto que eso tiene. Para estas organizaciones la vida no vale nada y siempre tienen reemplazo”, advirtió.

La ministra remarcó que la iniciativa no se limita a una reforma legal aislada, sino que apunta a un cambio de sistema, con énfasis en la prevención, la contención y la reeducación. “No se está planteando solamente bajar una edad. Esto implica trabajar sobre la prevención, la institucionalidad y el acompañamiento de estos chicos, con un componente educativo prácticamente obligatorio”, explicó.

Además, señaló que el debate incluye figuras como la del supervisor y dispositivos de seguimiento para evitar que los menores queden atrapados en circuitos delictivos reincidentes.

Respecto a los datos sobre delitos cometidos por menores, la ministra aclaró que aún no hay cifras oficiales desagregadas por edad, aunque confirmó que el 60% de las víctimas de homicidios en el país tiene entre 17 y 40 años. “Hay chicos muy jóvenes involucrados en organizaciones criminales con distintas funciones. Es una situación terrible y muy triste”, sostuvo.

Durante la entrevista, Monteoliva ratificó la continuidad del protocolo antipiquetes implementado por Patricia Bullrich y defendió su aplicación como una herramienta de planificación operativa, no represiva. Además, destacó la reducción sostenida de homicidios desde fines de 2023 y aseguró que la Argentina se convirtió en un país observado en la región por su estrategia de seguridad. “Hoy miran a la Argentina. Está demostrado que los homicidios se pueden bajar”, afirmó, y detalló que cerca del 19% de los asesinatos están vinculados al crimen organizado, uno de los principales focos del Gobierno.

Patricia Bullrich renunció este domingo al Ministerio de Seguridad de la Nación, a pocos días de asumir como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo mediante una carta enviada al presidente Javier Milei, cuyo contenido difundió en redes sociales junto con un mensaje de agradecimiento “por la confianza y el respaldo” para aplicar la “doctrina de seguridad y orden” que —afirmó— rige hoy en el país.

En la nota, fechada el 1° de diciembre, Bullrich expresó que su dimisión se hacía efectiva desde ese mismo día y repasó el mandato recibido al iniciar la gestión: “Cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. Agradeció también el apoyo del equipo del Ministerio durante el último año y reivindicó los resultados obtenidos en materia de seguridad.

La dirigente confirmó que el 10 de diciembre jurará como senadora nacional, donde —dijo— continuará defendiendo las reformas que el Gobierno impulsa en el Congreso. Sostuvo que llevará al Senado los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

Bullrich aprovechó su despedida para desear “el mayor de los éxitos” a su sucesora, Alejandra Monteoliva, a quien describió como una funcionaria con experiencia y capacidad para “continuar la doctrina que hoy logró el orden en el país”. Consideró que la futura ministra reúne las condiciones para profundizar las políticas de seguridad ya aplicadas.

La renuncia llega en medio de la reconfiguración del gabinete nacional de cara al inicio del nuevo período legislativo y al recambio institucional del 10 de diciembre, en el que la ahora ex ministra pasará a ocupar un rol clave dentro del oficialismo en el Congreso.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, participó en Buenos Aires de una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, marcada por la presentación oficial de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación, en reemplazo de Patricia Bullrich. Del encuentro también formaron parte el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y el subsecretario de Articulación Federal, Néstor Majul, junto a representantes de todas las provincias.

Roncaglia valoró el espacio como una instancia clave para coordinar políticas en un ámbito federal: sostuvo que la reunión permitió “intercambiar con otras provincias y Nación una visión estratégica para reforzar las acciones de prevención”. También destacó que ya venía trabajando con Monteoliva cuando se desempeñaba en la Secretaría, y aseguró que la provincia mantendrá el rumbo actual porque “la seguridad es una prioridad que no sabe de ideologías ni colores políticos”. Subrayó, además, que el trabajo conjunto “mejora la calidad de vida de los ciudadanos”.

Durante la jornada se abordaron los lineamientos de gestión que se impulsarán a nivel nacional, con eje en la cooperación interprovincial para responder con mayor rapidez en un territorio extenso y con problemáticas diversas. También se firmaron convenios específicos orientados a fortalecer capacidades operativas y se presentaron exposiciones técnicas sobre los desafíos actuales en materia de delito y narcotráfico.

El Consejo de Seguridad Interior se consolidó en los últimos meses como un ámbito regular de articulación entre Nación y provincias, con foco en la prevención, el intercambio de información y la coordinación de estrategias integrales. La participación entrerriana se inscribe en la agenda que Roncaglia impulsa desde el inicio de su gestión y que busca reforzar el esquema de seguridad provincial con apoyo federal.