El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado difundió que en 19 meses fueron dados de baja 52.309 puestos estatales. Celebran el ahorro fiscal pero alertan por el impacto social.

El gobierno nacional encabezado por Javier Milei avanzó en un ajuste profundo sobre el empleo público: desde diciembre de 2023 a junio de 2025 se dieron de baja más de 52 mil cargos estatales, lo que representa una reducción del 10,4% de la planta total. Así lo informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, quien celebró el recorte como un “ahorro de más de 2.000 millones de dólares anuales”.

A través de un informe oficial y publicaciones en redes sociales, el funcionario destacó: “Sigue la motosierra. A junio nos permite ahorrar 2.100 millones de dólares en impuestos. Como mucho del gasto público es molestar al sector privado, menos gasto es más libertad”. El propio presidente Javier Milei replicó y avaló esas palabras, sumando su respaldo a la medida.

Los datos precisan que a fines de 2023 la administración pública contaba con 205.550 trabajadores y que en junio de 2025 esa cifra se redujo a 175.146. En las empresas del Estado la caída fue similar: se pasó de 91.166 a 74.933 empleados. En tanto, las fuerzas militares y de seguridad también fueron alcanzadas por la poda, con una reducción de 5.672 puestos.

El ajuste forma parte de la política de “shock fiscal” que el oficialismo impulsa como eje del modelo libertario. El Ministerio de Desregulación fue creado en julio de 2024 y ya cuenta con 441 empleados, según el mismo parte oficial.

Desde los gremios estatales volvieron a denunciar la “brutalidad” del ajuste y el “desmantelamiento” de áreas sensibles del Estado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostiene que detrás de los números “hay miles de familias expulsadas del sistema” y que se trata de “una ofensiva ideológica para debilitar la presencia estatal en áreas clave como salud, educación, ciencia y cultura”.

En paralelo, organismos de derechos humanos y centros académicos expresaron su preocupación por el vaciamiento de dependencias ligadas al archivo, la memoria y la defensa de los derechos fundamentales, como también por el impacto en provincias que dependen de la articulación con programas nacionales que hoy están siendo desmantelados.

A pesar de las críticas, el oficialismo ratificó que continuará por este camino. Sturzenegger sostiene que los recortes “no son un fin en sí mismo”, sino una condición necesaria para “liberar al sector privado de cargas innecesarias” y fomentar un Estado “ágil, eficiente y sin estructuras parasitarias”.

El gobierno no precisó cuántos de esos 52.309 despidos fueron desvinculaciones definitivas y cuántos contratos simplemente no fueron renovados. Tampoco informó qué áreas fueron más afectadas, aunque distintas fuentes sindicales apuntan a los ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Trabajo y organismos descentralizados como el INCAA, el INTI, el SENASA y el CONICET.

El debate sobre el rol del Estado y la magnitud del ajuste continúa siendo uno de los temas más álgidos del escenario político argentino. Con estas cifras, el oficialismo apuesta a mostrar resultados concretos de su plan de recorte, aún frente al creciente descontento social.

ATE llevará adelante este lunes a las 10 una nueva asamblea en Casa de Gobierno, como parte de las acciones resueltas por el conjunto de los trabajadores para rechazar la reducción de las horas extraordinarias en la administración pública. La decisión fue tomada el viernes pasado y se suma a una serie de manifestaciones que vienen desarrollándose desde la semana pasada, con fuerte adhesión en distintos ministerios provinciales.

Según informó el gremio, “la reacción de las y los trabajadores fue contundente frente al recorte salarial que el gobernador Rogelio Frigerio pretende implementar a través de la eliminación o disminución del ítem correspondiente a horas extras”. ATE sostiene que la medida afecta gravemente el poder adquisitivo de los empleados públicos y agrava la situación económica del sector.

Además de la asamblea, ATE solicitará formalmente este lunes por la mañana una convocatoria urgente al Ministerio de Hacienda y Finanzas para abordar el tema. En ese sentido, el gremio criticó las recientes declaraciones del ministro Fabián Boleas, quien ratificó la intención del Ejecutivo provincial de avanzar con el recorte y señaló que “se está trabajando en una herramienta para abordar esta situación”.

Desde el gremio replicaron que “no hay herramienta posible que justifique una pérdida adicional de ingresos”, y advirtieron que “si el Gobierno provincial quiere usar la licuadora y la motosierra de Milei, no es la forma dirigirla a los trabajadores”. ATE remarcó que el ítem de horas extras representa un ingreso sostenido y habitual para miles de empleados estatales, por lo que su reducción implica un recorte real y directo del salario.

En su comunicado, la organización gremial recordó que “desde el inicio de los gobiernos de Frigerio y Milei, los trabajadores del Estado han perdido más del 20% de su poder adquisitivo” y que medidas como esta “solo empujan más a los trabajadores hacia la pobreza y profundizan la caída del consumo, afectando también la recaudación fiscal, como ha admitido el propio ministro Boleas”.

Por otra parte, ATE también manifestó preocupación por la baja de suplencias en distintas áreas del Estado provincial, especialmente en el Consejo General de Educación (CGE) y en el Ministerio de Desarrollo Social. Indicaron que estos planteos serán canalizados directamente con las autoridades de cada organismo, sin descartar nuevas medidas si no hay respuestas concretas.

El gremio insiste en que el Gobierno debe abrir instancias de diálogo y no avanzar unilateralmente con medidas que afectan derechos adquiridos y deterioran aún más las condiciones laborales en el Estado entrerriano.

La tensión entre el sindicalismo kirchnerista y el Poder Judicial escaló este fin de semana con una advertencia contundente: si la Corte Suprema de Justicia ratifica la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, se convocará a un paro nacional. El anuncio fue encabezado por cinco gremios de peso —la UOM, SMATA, ATE, APL y la Asociación Bancaria— que acusaron a la Justicia de ejecutar una “persecución política” con la intención de proscribir a la ex presidenta, actual titular del PJ y primera candidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral bonaerense.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica, su secretario general Abel Furlán expresó que “no se descarta ninguna medida de fuerza desde el movimiento obrero” frente a lo que consideró “una avanzada contra la democracia”. En un tono de fuerte denuncia, anticipó que este lunes a las 15 se reunirán en la sede del Partido Justicialista para coordinar acciones conjuntas. “Está en riesgo la democracia y la representación popular”, enfatizó.

A su vez, el SMATA, a través de su secretario adjunto Mario “Paco” Manrique, afirmó que “no podemos permitir que se proscriba la voluntad popular” y criticó la supuesta intención del Poder Judicial de acelerar los tiempos para impedir que Cristina compita. “Lo que no pueden ganar en las urnas quieren hacerlo desde los tribunales”, declaró.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por su parte, publicó un comunicado titulado “Con Cristina no se jode”. En el texto, su titular Daniel Catalano acusó al Poder Judicial de actuar como ejecutor de intereses económicos y subrayó que el fallo sería parte de una “venganza política”. “No va a ser en silencio ni sin resistencia”, sostuvo el dirigente sindical, que también recordó el intento de magnicidio sufrido por Cristina en 2022.

En la misma línea, la Asociación del Personal Legislativo (APL) convocó a una movilización para este lunes a las 15:30, desde su sede hacia el PJ Nacional. El gremio que lidera Norberto Di Próspero llamó a sus afiliados a manifestarse “con fuerza y convicción”, luciendo la ropa del sindicato como símbolo de unidad y protesta.

La Bancaria, comandada por Sergio Palazzo, también se sumó con un comunicado donde acusó a la Corte Suprema de actuar “a pedido de las corporaciones” para evitar que Cristina sea candidata. “No solo buscan encarcelar a Cristina: buscan disciplinar a cualquier opositor”, afirmaron. Cuestionaron además la legitimidad del tribunal, al señalar que “uno de sus tres miembros operativos fue objetado por su falta de imparcialidad”.

El malestar sindical se reflejó también en el plano político. Oscar Parrilli, senador y hombre clave del Instituto Patria, convocó a una cumbre urgente del kirchnerismo para coordinar una movilización masiva. Participarán legisladores, referentes gremiales y organizaciones sociales. La reunión buscará definir un “plan de batalla” si la Corte confirma la condena, que incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con una intención de voto superior al 50% en su distrito, Cristina Kirchner se convirtió en la figura central de la estrategia electoral del peronismo en Buenos Aires. Su eventual proscripción abriría una crisis política de alta intensidad en plena campaña legislativa, con una convocatoria sindical dispuesta a paralizar el país para defender su derecho a competir.

El ex presidente del Banco Central detalló que el ajuste de las cuentas públicas se llevará adelante en todos los niveles del Estado -nacional, provincial y municipal- y que se trata de uno de los ejes estratégicos del Gobierno en este año electoral. Según explicó, el objetivo final es que "ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente", una promesa que el oficialismo busca capitalizar políticamente en un contexto de alta sensibilidad social.

A un año y medio del inicio del mandato de Javier Milei, el funcionario sostuvo que la administración logró reducir un 30% del gasto estatal, lo que permitió, según sus palabras, una significativa baja de impuestos. "El Gobierno ha seguido bajando impuestos y vamos a seguir haciéndolo porque de eso se trata la motosierra: bajar el tamaño del Estado para poder cobrar menos impuestos”, sentenció Sturzenegger, en un mensaje directo a quienes cuestionan el impacto social del ajuste.

Reducción del Estado

Sturzenegger defendió el modelo económico actual al asegurar que cuanto más logren "avanzar con la motosierra", mayor será el crecimiento económico, lo que generará más recursos genuinos. "El presidente es en esto contundente e inclaudicable", afirmó, marcando distancia con gestiones anteriores. En su visión, el kirchnerismo solía administrar los recursos públicos con una lógica de gasto, mientras que Milei propone utilizarlos para alivianar la presión fiscal.

“Milei tiene una idea totalmente diferente: el gasto público va a ir para abajo y en la medida que suban los recursos por el crecimiento económico se van a dedicar enteramente a baja de impuestos”, agregó, trazando una línea divisoria entre el modelo económico actual y el anterior. La intención del Gobierno es clara: sustituir un Estado presente por uno austero, que no interfiera ni intervenga, y que devuelva margen de maniobra al sector privado.

En ese marco, el ministro señaló que el debate sobre qué tributos reducir se intensificará, ya que “se va a generar un debate interesante" y "cada sector tendrá sus preferencias". En su repaso, Sturzenegger mencionó que "el sector financiero va a decir ‘sacame el impuesto a los débitos y créditos (al cheque)’", mientras que "el campo te va a decir retenciones. La industria va a pedir rebaja de aranceles a los bienes de capital, para importarlos más barato”.

Kicillof en la mira

El funcionario también instó a la Confederación General del Trabajo a participar de este proceso: “Debería decir ‘bajame los impuestos al trabajo’”, aludiendo a una posible eliminación de aportes y contribuciones patronales en los sectores de menores ingresos. “Sería un buen comienzo", afirmó, en lo que puede interpretarse como un intento de acercamiento o, al menos, de provocación hacia la central obrera.

Respecto al Impuesto a las Ganancias, comparó la situación local con la de Estados Unidos, afirmando que en Argentina sólo lo paga "el 15% más rico de la población", mientras que en el país del norte lo abona "el 50% más rico". En ese sentido, sostuvo que "si el impuesto a las Ganancias es bajo, el IVA tiene que ser alto", lo que termina afectando proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos.

Por último, Sturzenegger apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los principales críticos del programa de ajuste. “Cuando escucho a Axel Kicillof decir que su propuesta es que no haya motosierra, ellos lo que te están diciendo es que quieren mucho gasto público, más Estado y más impuestos”, disparó, dejando en claro que el Ejecutivo nacional no cederá. "La propuesta del Gobierno es la motosierra para las provincias", insistió.

En cuanto a las áreas donde se realizarán los recortes, el ministro explicó: “No vamos a cortar servicios importantes, recortamos donde encontramos deficiencias. Ha sido tanto el exceso que tuvo el Estado, que uno va buscando dónde achicarlo". (Con información de Ámbito Financiero)

En medio de las marchas masivas en todo en reclamo por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, Marlene Spesso - madre de Ian Moche, un niño influencer con autismo - reveló la cruel respuesta que recibió de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional De Discapacidad, durante un encuentro en marzo de 2024: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.

Durante el pasado jueves, Asociaciones y ONGs se movilizaron en al menos 14 distritos para visibilizar la falta de pagos a prestadores de servicios y de entrega de pensiones. Entre las principales consignas, denuncian la quita de Pensiones No Contributivas, falta de cobertura prestacional y medicamentos e incumplimiento del cupo laboral del 4%. Además, prestadores de servicios apuntan a deudas del Estado y a la falta de actualización de sus honorarios.

La motosierra del gobierno de Javier Milei continúa avanzando. A la crítica situación que vive hoy el Hospital Garrahan, se le suma las polémicas respuestas que dio Spagnuolo en referencia a la discapacidad y el papel del Estado frente a este desafío.

Pero la situación no quedó allí. Según relató el propio niño, el titular de Andis también cuestionó la ayuda estatal y en la conversación le preguntó: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo si"?.

El manejo de Andis está bajo la lupa desde hace varios meses. Cabe recordar que, a mediados de febrero de este año, Spagnuolo firmó una resolución en la que se modificaban los parámetros de la asignación de pensiones no contributivas por discapacidad. En el polémico documento, se utilizaron términos como “idiota”, “imbécil” y “retardado mental” para referirse a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, y a pesar del fuerte rechazo la resolución, el funcionario no fue apartado de su cargo. Solamente se pidieron disculpas oficiales y dos empleadas de Andis - de menor rango - fueron apartadas de sus posiciones.

Las declaraciones de Ian Moche y su madre Spesso se dieron durante una entrevista en el canal de streaming Gelatina. Allí. el niño influencer relató más detalles del encuentro.

"Que diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho conseguir esos derechos", explicó.

Tras el amplio respaldo legislativo que obtuvo el proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un duro comunicado en el que manifestó su desacuerdo con la iniciativa.

La dependencia estatal aseguró que “manifiesta su enérgico rechazo al proyecto” al considerar que se trata de “una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.

Según ANDIS, el enfoque del proyecto contradice los principios establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social”, indicó el organismo.

En el texto, también se cuestionó el desempeño del gobierno anterior por el deterioro en el poder adquisitivo de las pensiones. “En cambio, este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan”. Y añadieron: “Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad”.

La iniciativa, que propone declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, contempla una serie de medidas clave. Entre ellas, la equiparación de las pensiones al 70% del haber mínimo jubilatorio, siempre que los beneficiarios no superen los dos salarios mínimos en ingresos.

También establece que las auditorías médicas y socioeconómicas deben realizarse en formatos accesibles. Además, incluye una actualización automática de aranceles para prestadores ajustada por inflación, una compensación económica financiada con recursos del Tesoro Nacional, y la validación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en todo el país.

Por último, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a presentar un informe anual al Congreso y a la ciudadanía con detalles sobre la ejecución presupuestaria, el número de pensiones otorgadas y las compensaciones abonadas. Se espera que el debate parlamentario se de el próximo miércoles 4 de junio.

En junio de 2024, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó al 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas. La normativa reconoce el papel “fundamental” de las cooperativas para alcanzar la Agenda 2030, un plan de acción global adoptado por su Asamblea General que tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos abordan desafíos como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Sin embargo, la Agenda enfrenta riesgos de estancamiento debido a la crisis climática, las fluctuaciones económicas y coyunturas regionales.

La motosierra también pasa por el Inaes

En este contexto, el gobierno argentino hace unos días suspendió a 196 cooperativas, que se agregan a las ya suspendidas durante el año pasado. La medida fue adoptada por el Ministerio de Capital Humano a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). El comunicado oficial afirma que “la suspensión se dio por irregularidades en su origen”. Estas últimas empresas suspendidas fueron constituidas entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández y apuntan a dirigentes del Movimiento Evita.

En total, el Inaes dispuso la suspensión de 7.873 cooperativas y 417 mutuales. Estas medidas se realizan en el marco del plan de reordenamiento y control del padrón de entidades: “la suspensión de las entidades se realizó porque no regularizaron su situación documental, según lo requerido por la normativa”.

El Inaes es clave en el funcionamiento de 23 mil entidades que reúnen a casi 320 mil trabajadores. Bajo un presupuesto ajustado, que en 2024 fue de $19.632 millones, desde el organismo prometen que “de darse bien las finanzas, el Inaes contará con un aumento del 87,6% este año, lo cual podría significar más programas, préstamos y ayuda para las cooperativas y mutuales”.

La suspensión implica la inhabilitación para trabajar

María Laura Renoldi es directora del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos (Ipcymer) dialogó con EL ARGENTINO. Contó que, hasta ahora, en la provincia han sido suspendidas 240 cooperativas, “mayoritariamente cooperativas de trabajo”.

- ¿Cómo enfrentó nuestra provincia las suspensiones?

- La suspensión de cooperativas se da en el marco de la Resolución 878/24, que se emitió en marzo del 2024 y solicitaba a cooperativas qué debían documentación asamblearia y de ejercicios anuales a completar la documentación en un tiempo determinado. Se dieron plazos y se notificó vía mail. Desde el Ipcymer acompañamos la difusión reenviando mail, hicimos reuniones presenciales y notas en diferentes medios de comunicación para colaborar en la difusión de la información, pusimos a disposición documentación y el acompañamiento institucional.

- ¿Qué implica la suspensión?

- La suspensión implica la inhabilitación para trabajar, pasado un tiempo si la cooperativa no cumplió con lo solicitado se comienza un proceso de sumario administrativo para la baja de matrícula.

- ¿Cuáles son los motivos para suspender una cooperativa?

- Generalmente los motivos de suspensión están relacionados con incumplimientos de encuadre técnico administrativo, por ejemplo, el no cumplimiento del estatuto vigente, falta de presentación de documentación asamblearia y ejercicios anuales, según plantea la Ley Nacional de Cooperativas, Ley 20.337.

Suspensión de cooperativas en Gualeguaychú

Hay cooperativas suspendidas en diferentes localidades de la provincia, son el caso de Gualeguaychú, Concordia, Paraná, Colón, La Paz, Concepción del Uruguay, Diamante, Nogoyá, Victoria, Rosario del Tala, Gualeguay, Federal e Islas del Ibicuy.

En Gualeguaychú, según datos del Ipcymer, son 26 cooperativas suspendidas. Algunas de ellas creadas entre el 2004 y el 2007, otras entre el 2013 y el 2015, y algunas nacidas en el 2022. Son cooperativas de la ciudad y el departamento, como los casos de Ceibas, Urdinarrain y Larroque.

EL ARGENTINO dialogó con integrantes de cooperativas suspendidas que estaban en actividad. En el caso de una textil, la ex presidenta comentó que tuvo muchos problemas personales y eso le dejó poco tiempo para organizar administrativamente la empresa. “Fue por falta de presentación de documentación. La verdad, es que estuve recontra complicada para organizar los libros, tanto contables como económicos”, afirmó Silvia, sobre la razón de la suspensión de la matrícula. La cooperativista mencionó el interés por resolver esta situación y poder volver a trabajar.

A otra cooperativa de la ciudad que también estaba trabajando le pasó algo similar. “Nosotros ingresamos en una cooperativa - menciona Julieta, secretaria de la cooperativa - que estaba funcionando desde el 2013. Cuando llegamos al consejo, empezamos hacer todos los balances y a ponerla al día, pero nunca presentamos los papeles al Inaes. Cuando nos dieron el aviso de la suspensión, mandamos todo lo que se nos pedían, pero siempre faltaba un papel, una firma y nos estuvieron dando vueltas más de un año. Así que decidimos darla de baja y armamos una nueva”, concluyó la cooperativista.

Por Patricio Giusto

Con Milei, la Argentina ha sostenido un tipo de posicionamiento internacional que es único en el mundo: Alineamiento total con EEUU e Israel, sin importar los principios, valores e intereses nacionales que se comprometan. Y sin importar que este posicionamiento no revista ningún beneficio concreto para la Argentina. Resulta especialmente grave que esta política exterior no surge de un pensamiento estratégico. Es que no hay estrategia ni estrategas internacionales en el entorno de Milei. Por eso, el presidente constantemente incurre en sobreactuaciones patéticas frente a EEUU, haciendo cosas que ni la propia Casa Blanca le demanda.

La vergonzosa traición a Ucrania en la ONU

Tal fue el caso del famoso voto en soledad contra Cuba en la ONU, que derivó en la humillante salida de Diana Mondino al frente de la Cancillería, en noviembre. Ahora, Milei ha llegado al colmo de traicionar a Ucrania, tras haber sido previamente uno de sus principales aliados a nivel mundial.

Recordemos que Argentina fue el único país latinoamericano que visitó Volodymyr Zelensky desde que inició la guerra con Rusia, justamente para asistir a la asunción presidencial de Milei. El líder argentino retribuyó ese gesto con apoyo constante a la posición ucraniana en foros internacionales y hasta llegó a prometer ayuda militar a Zelensky. Ahora, el amor de Milei por Donald Trump y Elon Musk pudo más. Argentina quedó en una posición incoherente y vergonzosa, que hasta compromete nuestro histórico reclamo por Malvinas. Argentina siempre apoyó las resoluciones que condenan el uso de la fuerza y la agresión sobre la soberanía estatal.

La pusilanimidad sin estrategia es el peor de los mundos en relaciones internacionales, sobre todo para un país vulnerable como Argentina. ¿Habrá pensado Milei que con abstenerse en la votación por Ucrania aumentaría sus chances, hasta ahora muy dudosas, de conseguir la tan preciada asistencia financiera que espera desde Washington? Mientras tanto, enfrascado en sus diatribas ideológicas, Milei sigue despreciando las relaciones con socios económicos estratégicos, como Brasil y China.

Volviendo a la controversial votación por Ucrania, paradojalmente, Milei decidió votar igual que el grueso de los países del BRICS, foro al que rechazó ingresar al inicio de su mandato por razones ideológicas. Argentina votó igual que China, India, Brasil y Sudáfrica, entre otros, aunque estos países mantuvieron la misma posición desde el inicio de la guerra. El voto argentino también alejó a Milei de Europa, que exhibió fuerte unidad en favor de Ucrania, y de gran parte de América Latina.

El canciller Gerardo Werthein balbuceó una explicación muy poco convincente ante los medios, tras el voto argentino: “No cambiamos nuestra posición sobre Ucrania, apoyamos la negociación por la paz y esperamos que después se discuta todo lo otro”. Habrá que avisarle al canciller que “todo lo otro” (o mejor dicho todo, a secas) ya fue negociado la semana pasada en Riad, mano a mano entre Rusia y EEUU. Cabe recordar: Sin Ucrania, sin Europa y, por supuesto, sin nosotros.

La ignorancia libertaria y el núcleo de obsecuentes que rodea al presidente han alimentado en Milei percepciones erróneas sobre cómo funciona la diplomacia, hacia dónde va el orden global y, sobre todo, respecto a la propia política exterior de EEUU. Eso es lo primero que Milei pareciera no comprender, embelesado por las marquesinas de los atriles internacionales y por la cercanía con sus “amigos” Trump y Musk. El mundo atraviesa su momento más oscuro e incierto desde 1989, con una inesperada novedad de primer orden: EEUU, la mayor potencia económica y militar, se ha convertido en el principal factor de inestabilidad global.

El desprecio de Milei por la diplomacia profesional

Para complicar aún más la perspectiva de la política exterior argentina, Milei ha decidido poner a cargo de la Cancillería a gente sin experiencia en la materia, como han sido los casos, primero de Mondino y, ahora, de Werthein. Al mismo tiempo, Milei ha manifestado un profundo desprecio por el cuerpo profesional de la Cancillería, poniendo en duda su valor. Por primera vez desde su creación, este será el primer año sin nuevos ingresantes al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). Y hasta se rumorea que podría directamente desaparecer bajo la motosierra.

Por otra parte, Milei ha permitido que su hermana Karina intervenga diversas áreas del organismo con gente cuyo único mérito es ser amigos del poder. Son los casos de Diego Sucalesca, un exactor a cargo del área de promoción de inversiones; Úrsula Basset, una abogada especializada en familia; y Nahuel Sotelo, un influencer veinteañero que fue entronado en una inverosímil área de “Cultura y Civilización”. Términos que hacen referencia a uno de los mayores fetiches ideológicos de Milei: la “batalla cultural”. En este contexto, hasta el troll libertario Juan Carreira ha intervenido en circuitos de toma de decisión dentro de la Cancillería.

Entre los diplomáticos de carrera prima el desánimo y la confusión. Si bien Werthein cuenta con más apoyo y peso político que Mondino, la tarea principal que ha estado desplegando desde que asumió es llevar a cabo una absurda caza de brujas sobre los funcionarios que no piensan igual que el presidente. En definitiva, así está actualmente la política exterior argentina, rehén de la ideología y los caprichos de un presidente que sólo parece dispuesto a seguir redoblando la apuesta.

* Director del Observatorio Sino-Argentino. Profesor visitante en Zhejiang University (China) y regular en la Universidad Católica Argentina.

A falta de la aprobación legislativa del Presupuesto 2025 que el Gobierno presentó en tiempo y forma a la Cámara de Diputados el pasado 15 de septiembre, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 3/2025 que se publicó en el Boletín Oficial, con la distribución de las partidas entre los ministerios, los tres poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Tesorería y el servicio de la deuda pública.

Así lo establece el artículo 27 la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, como ocurrió en 2024, cuando el Gobierno debió tomar como base el Presupuesto de 2023, más la actualización del último año, para “asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales

a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

En el Anexo I de la norma se desagrega en sus 254 folios el total de $170.786.950 millones de las partidas asignadas por cada jurisdicción. Representa un aumento de $81,1 billones en comparación con el total ejecutado por la Administración Central en 2024, y equivale a una suba del 90,5% nominal y 40,7% real, según la pauta de inflación para el promedio del año de 35,44%, implícita en el supuesto presentado al Congreso de 18,3% entre diciembre 2025 respecto de igual mes del año anterior.

Semejante incremento no implica el abandono de la “motosierra”, sello del gobierno de Javier Milei y que quedó de manifiesto en el primer año de presidencia, sino que responde a la concentración de vencimientos de la deuda pública que dejó la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa, los cuales fueron estimados en $60,7 billones. Este monto sube respecto del ejecutado en 2024 en 544,5% en valores nominales y 375,8% descontado el efecto de la inflación proyectada.

El gasto primario -sin servicio de la deuda- se estimó inicialmente en $110,1 billones, con sendos crecimientos de 37,2% nominal y 1,3% en valores reales, en este caso equivalente a la cuarta parte del aumento real estimado del PBI (5 por ciento).

Ganadores y perdedores

Según los datos procesados por Infobae del citado Anexo I, se advierten áreas de Gobierno que contarán con aumentos de partidas y otros con nuevos recortes a los que ya registraron el año anterior. Entre los aumentos en valores reales se destacan:

-Ministerio de Salud: 196,1%, contará con $6,16 billones, lo que representa una suba nominal 301 por ciento.

-Ministerio de Justicia: 156,3%, con $0,25 billones.

-Presidencia de la Nación: 65,2%, administrará $0,33 billones.

-Obligaciones a cargo del Tesoro: 35,1% y $13,13 billones.

El paso de la motosierra

Por el contrario, en la distribución de partidas se observa que la mayor parte de las jurisdicciones tendrán menos recursos asignados ajustados por la inflación esperada que el año previo, entre los que sobresalen:

-Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio del Interior: 44% de baja en valores reales, pasa de 4,48 a 3,74 billones de pesos.

-Poder Legislativo Nacional: 23,4%, a $ 0,55 billones.

-Ministerio Público: 23,3%, a $0,58 billones.

-Ministerio de Economía e Infraestructura: 20,4%, a $8,22 billones.

-Ministerio de Defensa: 17%, a $4,3 billones.

-Cancillería: 15,1%, a $0,54 billones.

-Ministerio de Seguridad: 11,8%, a $5,47 billones.

-Poder Judicial de la Nación: 8,7%, a $1,71 billones.

-Ministerio de Capital Humano: 2,5%, a $65,13 billones.

Otros aspectos destacados

-Prórroga presupuestaria: Se establecen los recursos y créditos presupuestarios vigentes en base a la Ley 27.701 (Presupuesto 2023), prorrogada para 2025 a través de los decretos 88/23 y 1131/24.

-Personal y contrataciones: Detalla los cargos y horas de cátedra incluidos en la prórroga presupuestaria. Exige certificar la vacancia y financiamiento para cubrir cargos vacantes.

-Control de modificaciones: Jurisdicciones y entidades deben notificar a la Secretaría de Hacienda cualquier modificación presupuestaria dentro de 5 días hábiles. La Oficina Nacional de Presupuesto tiene 8 días hábiles para aprobar o rechazar dichas modificaciones.

-Contribuciones al Tesoro Nacional: Jurisdicciones y entidades deberán ingresar en cuatro cuotas trimestrales, con fechas establecidas, salvo excepciones justificadas.

-Programación y ejecución: Obligación de presentar programación anual y trimestral de metas físicas y obras de proyectos. Se exige información sobre ejecución mensual para indicadores relevantes.

-Inversiones públicas: Ninguna obra podrá contratarse sin contar con la calificación de “formulación y evaluación satisfactoria” por parte de la Dirección Nacional de Inversión Pública.

-Montos indicativos: Los créditos presupuestarios de ciertas partidas y la clasificación geográfica tendrán carácter de referencia.

-Facultades delegadas: La Dirección y Subdirección de la Oficina Nacional de Presupuesto podrán modificar cuotas de hasta $50 millones por trimestre. La Secretaría de Hacienda puede establecer normas aclaratorias y prorrogar fechas de presentación.

-Régimen de retribuciones: Algunos funcionarios no están habilitados para el uso del Régimen de Unidades Retributivas establecido en normativas previas.

-Remanentes de recursos: Todos los remanentes del ejercicio 2024 deberán ingresarse a la Tesorería General antes del 30 de octubre de 2025, salvo excepciones legales.

(Fuente: Daniel Sticco, Infobae)