Gualeguaychú será escenario este jueves de una nueva movilización en defensa de la universidad pública, en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en distintos puntos del país. La actividad local comenzará a las 16.30, con una concentración en la esquina de 25 de Mayo y Perón y una marcha hasta la Plaza San Martín.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), a través de sus afiliados en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que llamaron a la comunidad a sumarse a la jornada.

El reclamo principal apunta a exigir al Gobierno nacional la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, además de una recuperación de los ingresos del personal universitario.

Desde el gremio sostienen que el conflicto no se limita a la cuestión salarial, sino que también compromete los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades, las becas estudiantiles, la investigación, la extensión y el mantenimiento de la infraestructura.

El reclamo por los salarios

Uno de los ejes centrales de la marcha es la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores nodocentes. Según los datos citados por AGDU a partir del Decreto 759/2025, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal universitario aumentaron un 128,49%, mientras que la inflación acumulada durante el mismo período alcanzó el 220,45%.

A partir de esas cifras, el sindicato cuestiona la evolución de los ingresos y considera insuficiente un incremento del 3% frente al deterioro salarial acumulado.

La discusión también alcanza al financiamiento del sistema universitario. En ese sentido, AGDU manifestó su preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió sobre la diferencia entre los recursos contemplados por el Gobierno y los que, según la organización, se necesitan para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

La comunidad universitaria de Gualeguaychú se prepara para participar de una nueva movilización enmarcada en la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo jueves 15 de octubre en todo el territorio nacional.

La seccional local de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), con representación en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), formalizó el llamado a docentes, estudiantes, nodocentes y vecinos de la ciudad a sumarse a las actividades públicas previstas para la jornada.

De acuerdo con el esquema difundido por la organización gremial, la convocatoria en el ámbito local prevé una concentración abierta a partir de las 16:30 horas en la intersección de las calles 25 de Mayo y Perón. Desde ese punto céntrico, los manifestantes marcharán en dirección a la Plaza San Martín, epicentro donde se leerán los posicionamientos institucionales del sector en reclamo de la plena vigencia de las normativas que regulan el presupuesto y los haberes del personal de las casas de altos estudios.

La movilización se desarrolla en un contexto de discusiones en torno al cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La normativa, aprobada por el Congreso Nacional tras la insistencia legislativa frente al veto del Poder Ejecutivo, ha sido objeto de controversias administrativas y judiciales referidas a los plazos y modalidades de su aplicación efectiva en el ámbito de las universidades nacionales.

Desde el sector gremial remarcan que la convocatoria trasciende el plano estricto de las negociaciones paritarias, incorporando demandas relativas a la asignación de recursos para el funcionamiento general de las instituciones, la investigación científica, los programas de becas estudiantiles destinados a garantizar la permanencia en las carreras, y el sostenimiento de la infraestructura académica y de los hospitales universitarios dependientes del sistema público.

La seccional local de AGDU enfatizó que la participación en la marcha responde a la necesidad de visibilizar la situación actual del sistema universitario y reclamar el respeto a las previsiones presupuestarias que aseguren el normal desarrollo de las actividades académicas, científicas y de extensión en la región.

El escenario de incertidumbre en torno a la firma Granja Tres Arroyos registró un nuevo avance este fin de semana tras la ratificación definitiva de 270 desvinculaciones laborales. La medida quedó firme luego de concluir el período de conciliación obligatoria sin que se alcanzaran acuerdos para la revisión de los cesantes o la reactivación plena de las operaciones, lo que motivó a los empleados a convocar a una movilización con carácter de urgencia.

La convocatoria está fijada para este domingo 30 a las 18:00 horas. El punto de encuentro dispuesto por los trabajadores es el predio de la propia empresa, ubicado en el cruce de la calle Dr. Luis B. Calderón y el Camino al Matadero Municipal. Bajo la consigna central "Que no se apague la lucha", el colectivo busca visibilizar el estado actual del conflicto y exigir precisiones respecto al cumplimiento de los haberes pendientes, las indemnizaciones correspondientes y las eventuales alternativas de reincorporación o continuidad productiva.

El agravamiento del cuadro laboral se confirmó tras la finalización del marco legal que mantenía en suspenso las medidas operativas. Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de la Alimentación, indicó que durante el proceso de diálogo se habían contemplado instancias de revisión, pero al no formalizarse un entendimiento, la firma sostuvo las desvinculaciones. En ese sentido, la representación gremial señaló la ausencia de un cronograma concreto para el pago de los salarios adeudados y las liquidaciones finales, al tiempo que remarcó: "Estamos bastante desanimados, pero seguimos luchando".

A la par de las acciones gremiales y las asesorías legales dispuestas para el personal cesanteado, se mantienen gestiones orientadas a la eventual incorporación de socios o la venta de unidades productivas dentro de la provincia, con el objetivo de evitar la quiebra y garantizar la viabilidad del establecimiento. No obstante, al no registrarse por el momento un acuerdo formal con un grupo inversor, los operarios enfatizan la urgencia de recibir respuestas oficiales por parte de las autoridades administrativas.

Por su parte, las distintas áreas del estado local y de la Municipalidad siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones, en vistas del impacto económico y social que genera la paralización de la planta en las familias de la comunidad. La jornada de protesta de este domingo se perfila como una instancia clave para manifestar el rechazo al cierre de la firma y requerir definiciones claras a la brevedad.

Cada 7 de agosto, la festividad de San Cayetano convoca a miles de fieles en la Argentina y tiene su centro en Liniers, donde la devoción al santo del pan y el trabajo se combina este año con una marcha social y sindical que partirá desde el santuario hacia Plaza de Mayo.

Desde la madrugada se formaron largas filas para ingresar al templo, acercar estampas y espigas de trigo, recibir la bendición y participar de ceremonias religiosas durante todo el día. El santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, se consolidó con los años como uno de los principales lugares de peregrinación católica del país.

La celebración se realiza el 7 de agosto porque esa fecha coincide con el aniversario de la muerte de Cayetano de Thiene, ocurrida en 1547. Nacido en Vicenza y formado inicialmente en Derecho, orientó su vida al servicio religioso después de pasar por la corte papal como secretario de Julio II.

En el marco de la homilía, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva aseguró que el pueblo está “cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”, y advirtió que “la libertad económica no puede ser absoluta”, al citar al papa León XIV, en un mensaje indirecto al gobierno de Javier Milei.

En esta ocasión, la manifestación será frente al Municipio en la Plaza Urquiza a las 18 horas, con un pedido directo a los senadores.

“Es un llamado a los senadores para que no aprueben esta ley y también un apoyo. Entendemos que las presiones que pueden recibir son fuertes, entonces que sepan que hay todo un pueblo que está diciendo que no quiere que esto suceda es importante”, manifestó Lujan Erpen , una de las organizadoras.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El proyecto eleva el tope del 15% al 25% de tierras rurales en manos de extranjeros que fijaba la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) desde 2011. Prohíbe la compra de tierras rurales por parte de cualquier Estado extranjero, organismos, empresas públicas o fondos estatales aunque admite que solo podrían hacerlo, con autorización expresa de la provincia y de la Nación, si no representa "riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional".

En materia de Expropiaciones, plantea una definición más restrictiva de "utilidad pública" y obligación de justificar cada operación de forma específica, concreta y proporcional.

El Gobierno propone incorporar el lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

El proyecto busca acelerar los procesos de desalojo: otorga 10 días hábiles de intimación para falta de pago o vencimiento de contrato. Se distingue entre inquilinos morosos y usurpadores a la vez que se agregaron protecciones para menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes del desalojo.

En materia de Manejo del Fuego, elimina la prohibición de 60 años para venta y cambio de uso de tierras afectadas por incendios. El dictamen del Senado rechazó los cambios referidos a bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero aceptó eliminar el plazo de 30 años para venta/cambio de uso en otros casos.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sesiona este miércoles desde las 11:30 para tratar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca reestructurar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en medio de un amplio rechazo por parte de los sindicatos estatales y agrupaciones de pasivos.

El proyecto de ley mantiene el 82% móvil como principio del sistema, pero introduce cambios estructurales significativos: establece un aumento gradual en la edad de retiro para equipararla con el esquema nacional, modifica el cálculo del haber inicial al ampliar la cantidad de años tomados para el promedio salarial y altera las alícuotas de aportes y regímenes especiales. Asimismo, la norma declara la emergencia previsional e impone aportes extraordinarios a los sueldos más elevados de la administración pública.

El texto llega al recinto luego de haber recibido más de 20 modificaciones en el Senado —fruto de reuniones con sindicatos, colegios profesionales y especialistas—, donde fue aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra gracias al acompañamiento de dos senadoras de la oposición.

Seguí la sesión en vivo:

Mientras se desarrolla el debate legislativo, las calles de Paraná son escenario de una jornada de protesta masiva. Acompañando la medida de fuerza impulsada por gremios como AGMER, ATE, AMET y AJER, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se movilizó desde la sede del organismo previsional hasta la plaza Carbó, ubicada en la parte posterior de la Casa Gris.

La manifestación se siente de manera directa en el recinto: los equipos de sonido del cuerpo legislativo debieron ajustarse al máximo volumen para que los diputados puedan hacer uso de la palabra por encima del ruido de la marcha exterior.

Desde el sector sindical remarcan que la reforma representa un retroceso en los derechos conquistados y exigen que el déficit financiero del organismo se resuelva mediante fuentes alternativas sin alterar las condiciones de acceso ni el cálculo de los haberes. Por su parte, la gestión provincial defiende la urgencia de la medida argumentando el progresivo deterioro de la relación entre trabajadores activos y beneficiarios, así como la insostenibilidad del déficit fiscal que arrastra el sistema.

(Fuente: Redacción Provincial)

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos –Agmer– convocó a un paro por 24 horas para el próximo miércoles 24 de junio. Según argumentaron, se debe a “la falta de convocatoria del Gobierno provincial para discutir salarios y luego del fracaso de la paritaria del mes de mayo, donde solo se otorgaron sumas que desconocen el proceso inflacionario y el atraso de nuestros sueldos”.

Asimismo, indicaron en un comunicado que se desarrollará en coincidencia con el plan de acción de la Multisectorial en rechazo a la reforma previsional, donde se prevén movilizaciones a puntos claves de la provincia.

Desde Agmer recordaron que días atrás habían manifestado que “ante la publicación de los nuevos índices de inflación y el incesante paso de los días sin que el gobierno provincial nos convoque a discutir salario ni adecue al mismo para que éste se aproxime a garantizarnos niveles de vida dignos”.

También manifestaron que “conocido el nuevo índice de inflación correspondiente a mayo, el gobierno provincial de Frigerio sigue sin realizar una convocatoria a proseguir la discusión salarial; una discusión que trate de manera urgente e impostergable la precaria situación de nuestro salario”.

“El empobrecimiento de las y los trabajadores docentes, el alto índice de endeudamiento del salario de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral, hacen que la situación sea insostenible”, indicaron en el texto.

Sumado a esto, cuestionaron “la amenaza de reforma previsional que empobrecerá aún más a las y los trabajadores y jubilados”.

A la hora de enumerar las demandas, piden urgente convocatoria a discutir salarios, el reclamo de la reforma previsional, un aumento en las partidas de comedores escolares, además de inversión en infraestructura escolar.

Efectivos del Cuerpo de Carabineros reprimieron este miércoles a manifestantes que participaban de una movilización masiva convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores contra la reforma que promueve el presidente, José Antonio Kast, que contempla recortes presupuestarios en salud y educación, una reducción de impuestos a los sectores ricos y otras medidas contra el medioambiente y los derechos de las comunidades originarias.

Los estudiantes se movilizaron por el recorte de 197,7 mil millones de pesos chilenos, lo que equivale aproximadamente a US$220.737.000, mayoritariamente en Educación Superior, según radio Biobio y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Carabineros empleó carros lanza aguas y gases lacrimógenos contra transeúntes y manifestantes que se movilizaban de manera pacífica en Alameda Ahumada. Además, utilizó perros sin bozal para amedrentar a los jóvenes, reportó Prensa Latina.

Se reportó un número indeterminado de detenciones. Los manifestantes se movilizaban bajo la consigna “La educación defiende las calles”.

La marcha de este miércoles se desarrollaba en medio de fuertes tensiones debido a las restricciones en el diagrama de la marcha impuestas por el aparato estatal.

La Confech denunció que la Delegación Presidencial Metropolitana modificó de manera arbitraria el recorrido originalmente solicitado.

Esta es la primera gran convocatoria estudiantil masiva desde la instalación del Gobierno de Kast, y cuenta con el respaldo activo del gremio docente, consolidando un frente de rechazo contra las políticas de recortes presupuestarios en derechos sociales y las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

Según denunciaron las organizaciones, estas políticas benefician directamente a los grandes grupos empresariales mientras afectan los servicios estatales básicos de las familias trabajadoras.

Las comunidades educativas manifestaron su oposición al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, recientemente despachado por el Congreso, al denunciar que dicha normativa implementa medidas punitivas y de castigo.

Fuente: AgenciaNA

En medio de una nueva multitudinaria movilización por el movimiento Ni Una Menos, la senadora Patricia Bullrich se refirió a la marcha, habló de “partido feminista” y apuntó: “No le importan los resultados, sino el marketing”. Además, por primera vez se refirió al caso Agostina y defendió las acciones que se llevaron a cabo para detener a Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la nena de 14 años.

En sus redes sociales, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación realizó una extensa publicación en la que defendió la gestión del Poder Ejecutivo y apuntó, indirectamente, contra la oposición. “El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”, afirmó en el inicio.

“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores. Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, continuó en el posteo.

Y sumó: “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

“Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, enfatizó en otra parte del mensaje.

En tanto, se refirió al caso de la menor de 14 años que fue brutalmente asesinada en la provincia de Córdoba y estuvo casi una semana desaparecida. “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, completó la exministra de Seguridad.

Según se informó a través de un comunicado difundido por Enredada Feminista, la concentración está prevista para las 17 horas en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora, desde donde partirá la marcha.

La convocatoria se enmarca en una nueva jornada de visibilización y reclamo contra las violencias por motivos de género, a diez años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, que desde 2015 moviliza a miles de personas en distintos puntos del país para exigir políticas públicas de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y diversidades.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a la actividad, que busca renovar el pedido de justicia por las víctimas de femicidios y fortalecer la lucha por una sociedad libre de violencias machistas.

La movilización tendrá lugar en el centro de la ciudad y se espera la participación de organizaciones sociales, feministas y ciudadanos que acompañan históricamente esta fecha de reivindicación y protesta.

La violencia de género en datos

En 2025, 219 mujeres murieron víctimas de violencia de género en Argentina: 200 fueron víctimas directas de femicidio y 19 fueron víctimas de femicidio vinculado; es decir, personas, muchas veces niños y niñas, asesinadas en un contexto de femicidio.

Si se consideran sólo las víctimas directas, esto equivale a 1 femicidio cada 44 horas, la cifra más baja desde 2017, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

“Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz”, explicó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Y agregó: “Lo que muestran las estadísticas es otra cosa: hubo más tentativas de femicidios, pero menos femicidios en el mismo año. Muchas mujeres sobrevivieron porque existieron intervenciones previas, dispositivos territoriales y políticas públicas que llegaron antes. La violencia no desapareció: sigue ocurriendo, sólo que en algunos casos el desenlace fatal pudo evitarse. Desarmar esas herramientas en este contexto no es eficiencia: es abandonar a las mujeres cuando más necesitan ayuda”.

De las 200 víctimas directas registradas en el informe de Corte Suprema en 2025, 196 eran mujeres cis y 4 eran mujeres trans o travestis. El promedio de edad fue de 40,8 años.

El grupo etario más numeroso fue el de 25 a 34 años, que concentró el 22%. Le siguieron las mujeres de 35 a 44 años (22%).

Además, el 16% de las víctimas fueron niñas o adolescentes menores de 18 años, y el 16% eran adultas mayores de 60.

“Las mujeres que lograron denunciar fueron siempre la minoría entre las víctimas de femicidio. Entre el 73% y el 87% de las mujeres asesinadas nunca habían llegado al sistema judicial. La violencia más letal sigue ocurriendo en silencio, fuera del radar del Estado”, concluyó Gherardi.

Gualeguaychú volverá a ser escenario de una movilización en el marco de la consigna “Ni Una Menos”. La concentración está prevista para el miércoles 3 de junio a las 17 horas en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora, desde donde partirá la marcha que busca visibilizar la violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y justicia.

La movilización se enmarca undécimo aniversario del movimiento “Ni Una Menos”, surgido en 2015, que desde entonces moviliza a miles de personas en todo el país.

En Gualeguaychú se espera la participación de organizaciones sociales, feministas y vecinos que históricamente acompañan esta fecha de reivindicación.

“Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz”, explicó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

En este sentido, las especialistas advierten que la reducción en los números no implica que la violencia haya disminuido, sino que en muchos casos las intervenciones previas y dispositivos de prevención lograron evitar desenlaces fatales. La mayoría de las víctimas nunca había denunciado previamente, lo que refleja que la violencia más letal sigue ocurriendo en silencio.

“Las mujeres que lograron denunciar fueron siempre la minoría entre las víctimas de femicidio. Entre el 73% y el 87% de las mujeres asesinadas nunca habían llegado al sistema judicial. La violencia más letal sigue ocurriendo en silencio, fuera del radar del Estado”, concluyó Gherardi.

La marcha del 3 de junio en Gualeguaychú se sumará a las movilizaciones previstas en todo el país, reafirmando que la lucha contra la violencia de género continúa vigente y que la sociedad exige respuestas concretas para garantizar la vida y la seguridad de mujeres y diversidades.

La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional.

Distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron en que buscan auditar lo que llamaron “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.

De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó.

Mientras que en el documento final de la marcha al Ejecutivo le achacaron que “incumple la regla democrática y constitucional básica” por no poner en marcha esa legislación, ya judicializada, desde el Gobierno alegaron que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “no está firme hasta que se expida la Corte”.

El máximo tribunal del país tiene que decidir sobre un Recurso Extraordinario Federal. Esto será clave para saber si avala o no la postura de la gestión Milei, que se ancla en que la legislación del Congreso no tiene especificado de dónde saldrían los fondos para el financiamiento. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, resumió una alta fuente de la Casa Rosada ante la consulta de La Nación. Este martes a la tarde, el sistema universitario le pidió a la Corte que acompañe y que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores a movilizarse este martes 12 de mayo en todo el país. La jornada constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

El acto central se desarrollará en Plaza de Mayo, con concentración desde las 17 y discursos previstos a partir de las 18.

Miles de pancartas en la marcha, muchas con referencia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

En el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria, docentes, estudiantes y representantes de la comunidad universitaria de Gualeguaychú convocaron a una jornada de actividades y movilización que se realizará este martes 12 de mayo en defensa de la educación pública y del financiamiento universitario.

La convocatoria es impulsada por AGDU y CONADU, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejores condiciones para el sistema educativo superior.

Las actividades comenzarán a las 16 hs. con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, ubicada en 25 de Mayo y Perón.

Luego, a las 17 hs, , se llevará adelante una asamblea abierta en el mismo lugar, donde se informará sobre la situación presupuestaria y salarial que atraviesan actualmente las universidades nacionales.

Finalizadas las actividades, los participantes marcharán hacia Plaza San Martín junto a distintos sectores de la comunidad.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la movilización busca visibilizar el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas, salarios dignos para docentes y trabajadores, y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades académicas, científicas y de investigación.

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú convocó a la 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín, que tendrá lugar el domingo 26 de abril. La manifestación volverá a expresar el rechazo a la actividad de las pasteras instaladas en la costa uruguaya y a reforzar la defensa de los recursos naturales.

Como es habitual, la jornada se organizará en forma de caravana que partirá desde el paraje Arroyo Verde, punto histórico de la protesta, hacia la cabecera del puente internacional. Tras la concentración, los participantes regresarán al mismo lugar, donde se realizará el acto central con la lectura de la proclama.

Desde la organización remarcaron que la movilización mantiene su vigencia a más de dos décadas de sus inicios, cuando la comunidad comenzó a manifestarse frente a la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos. Con el paso del tiempo, la marcha se transformó en un símbolo de la lucha ambiental en la región.

Se prevé la participación de vecinos, organizaciones sociales y ambientales, así como también de personas de distintos puntos del país que año a año se suman a la convocatoria. Además, no se descarta que en esta edición se impulsen actividades en otras localidades entrerrianas para ampliar el alcance del reclamo.

Como cada último domingo de abril, la movilización volverá a poner en agenda un conflicto ambiental de larga data que sigue generando adhesiones en la comunidad.

La convocatoria es para las 18.30 en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora y desde allí partir rumbo a la plaza San Martín, donde tendrá lugar el acto con lectura de documento y Festival por los Derechos Humanos.

Desde Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú se realizó la invitación a toda la comunidad para acompañar a los familiares de los desaparecidos y desaparecidas de Gualeguaychú, en un nuevo aniversario del brutal golpe de Estado y genocidio que se registró en nuestro país hace 50 años atrás.

“Son 30.000. Nunca más. Ni un paso atrás”, se informó desde Madres.

Jubilados y trabajadores activos se manifestaron este miércoles frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para expresar su rechazo a la reforma previsional que impulsa el gobierno provincial. La protesta reunió a distintos sectores que alertaron sobre el impacto que los cambios podrían tener en los ingresos y derechos de los jubilados.

Durante la concentración, el vocero Tomás Caíno señaló que el reclamo central es el cumplimiento de la Constitución provincial y la defensa de los derechos históricos de los trabajadores. “No estamos pidiendo nada extraordinario, sino que Provincia respete lo que establece la norma”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Ercilio Aimone, remarcó la importancia de defender el 82% móvil como derecho adquirido. “Hemos aportado durante muchos años y merecemos un salario digno. No se puede pretender que 30.000 pesos sea una respuesta; eso resulta una vergüenza para cualquier jubilado”, sostuvo.

La vocal de la Caja, Claudia Vallori, advirtió que el proyecto podría modificar la base de cálculo de los haberes y desvincular los salarios de los jubilados de los trabajadores activos, lo que derivaría en una pérdida progresiva del poder adquisitivo.

En tanto, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Ávalos, alertó que los cambios afectarían también a los trabajadores en actividad, ya que la modificación en el cálculo de los años de servicio reduciría considerablemente los haberes.

Los manifestantes coincidieron en la necesidad de abrir instancias de diálogo más profundas con el gobierno provincial y exigieron alternativas de financiamiento que no recaigan nuevamente sobre quienes ya aportaron durante toda su vida laboral. Fuente: Canal Once / AHORA

El 17 de enero, fecha que recuerda el inicio del cruce de los Andes por José de San Martín en 1817, se convirtió en símbolo de otra gesta: la defensa del agua en Mendoza. Desde distintos puntos de la provincia, comunidades enteras se movilizaron hacia Uspallata para repudiar la avanzada del proyecto minero San Jorge, impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo y resistido por las asambleas locales desde hace 17 años.

Uspallata, localidad histórica del departamento de Las Heras, es el epicentro de un conflicto que se arrastra desde 2007. Allí se pretende instalar el proyecto de cobre San Jorge, a cargo de Solway Holding, Zonda Metals y el Grupo Alberdi. La Legislatura provincial aprobó en diciembre de 2025 la Declaración de Impacto Ambiental, pese a las advertencias del CONICET sobre graves deficiencias en los estudios de agua, biodiversidad y patrimonio. La publicación oficial de esas observaciones desapareció horas después, alimentando la desconfianza social.

La respuesta ciudadana fue inmediata. Como en 2019, cuando las movilizaciones lograron frenar reformas a la Ley 7.722 que protege el agua, miles de mendocinos salieron a las calles. Se organizaron marchas, ruidazos, paros y acampes en Tunuyán. Se presentaron amparos judiciales que hoy esperan resolución en la Suprema Corte provincial.

Para romper el cerco mediático, activistas lanzaron el podcast “Qué carajo están haciendo con el agua”, donde Federico Soria, vecino de Uspallata, recordó que Solway figura en los Paradise Papers y tiene denuncias por violaciones de derechos humanos en Guatemala. El dato refuerza la desconfianza hacia una empresa que concentra el 70% del proyecto junto a Zonda Metals, mientras el 30% pertenece al Grupo Alberdi, liderado por Martín Rapallini, titular de la UIA.

La caravana llegó a Uspallata al atardecer, con banderas y consignas que evocaban la épica sanmartiniana. “Cuando el agua está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”, repitió Nora Moyano, referente de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura. La jornada culminó con un festival y continuará con talleres y una asamblea colectiva para definir los próximos pasos.

La movilización deja un mensaje claro: en Mendoza, el agua es más que un recurso, es identidad y futuro. Y frente a la megaminería, la comunidad está dispuesta a librar su propia gesta libertadora.

La Confederación General del Trabajo (CGT) está dispuesta a romper su vínculo con el Gobierno. Convocó de urgencia a su consejo directivo para este jueves para definir “un plan de acción” ante la presentación del proyecto de ley de reforma laboral, cuyos ejes serán la flexibilización para contratar y despedir personal, limitar el ejercicio del derecho a huelga y debilitar la acción sindical.

Es probable que la CGT resuelva activar una movilización al Congreso para el día en el que se trate la iniciativa, que comenzará su camino legislativo por el Senado. “Tenemos que mostrar fortaleza. Agotar las instancias con legisladores y gobernadores y empezar a construir. No creo que sea momento de un paro, pero sí de una movilización”, dijeron fuentes confiables del triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

A la CGT le cayó tan mal el contenido del proyecto oficial de reforma laboral como la urgencia que la senadora libertaria Patricia Bullrich le quiere imponer al debate. “No nos van a llevar de las narices”, dijo un histórico sindicalista, que conoce a la legisladora desde los tiempos de la Alianza, cuando fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa e intentó sin éxito avanzar con una iniciativa similar, que se cayó por la denuncia de sobornos a senadores. La denominada “ley Banelco”. Bullrich pretende que la iniciativa que envió Milei comience a tratarse en el Senado esta misma semana y que se trate en el recinto antes de fin de año.

La primera señal de rechazo a la iniciativa la dio Gerardo Martínez, el representante cegetista en el Concejo de Mayo. El jefe de la Uocra, que estuvo el fin de semana en Washington en reuniones vinculadas al Banco Internacional de Desarrollo, se ausentó de la presentación en la Casa Rosada de la iniciativa oficialista. “Planteamos nuestras objeciones en el consejo”, dijeron cerca del sindicalista.

La estrategia de la CGT es abrir un canal de diálogo con gobernadores y legisladores de la oposición para intentar evitar que el proyecto avance en el Congreso. Hubo reuniones con los mandatarios de Provincias Unidas y con legisladores del PJ. Pero no hay optimismo en que el proyecto se frene en el Congreso, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó como la primera minoría y selló alianzas con otros bloques dialoguistas.

El ala más dura de la central obrera no descarta activar un plan de lucha, que contemple presentaciones judiciales [consideran inconstitucional las limitaciones al derecho a huelga], pero que también se debata la posibilidad de una manifestación callejera o un nuevo paro general. La CGT ya le activó tres huelgas generales a la gestión de Milei, todas ellas con impacto dispar. Es muy probable que se resuelva una movilización al Congreso antes del fin de año.

“El borrador del proyecto de reforma laboral que envió el Gobierno es regresiva, no protege al trabajador”, consideró un abogado laboralista que asesora a por lo menos cinco gremios de peso que integran la CGT.

Jerónimo, uno de los triunviros y dirigente del Sindicato del Vidrio, rechazó públicamente la iniciativa. “El Consejo de Mayo recibió propuesta de distintos sectores, y desde el primer momento Gerardo Martínez nos planteó lo que estaban proponiendo. No estuvimos de acuerdo y no firmamos el documento final. Rechazamos la reforma laboral porque entendemos que esto no va a incorporar nuevos trabajadores al sector formal. Solamente plantea una quita de derechos colectiva e individual. Es regresiva”, planteó Jerónimo en Futurock. Y agrego, sobre uno de los puntos más polémicos de la reforma: “La indemnización no es un premio, es el esfuerzo del trabajador en la fuerza productiva de la empresa. El problema del mundo del trabajo no es ese, sino que no funciona la economía”.

El debate del jueves en la CGT se anticipa tenso y caliente, ya que será el primero con las diferentes tribus después de lo que fue el recambio de autoridades, que dejó a varios dirigentes disconformes con el reparto de poder interno. (La Nación)

El cuerpo de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la capital provincial definió por unanimidad un plan de lucha, incluyendo una jornada de movilización, tras la confirmación oficial de que las negociaciones salariales permanecerán cerradas hasta febrero.

El Secretario General de ATE, Oscar Muntes, expresó a esta Agencia la convocatoria a movilización para este jueves en respuesta a que el ministro de Gobierno y Trabajo ratificó la prolongación del congelamiento salarial.

Cabe destacar que para el mismo día está programado un paro activo de 24 horas con asambleas en los lugares de trabajo y movilizaciones en toda la provincia.

"Nos preocupa que el gobierno no convoque a la paritaria, sino que la posterga y la suspende. Para nosotros esa definición significa seguir teniendo el salario congelado", afirmó Muntes.

El dirigente sindical precisó que, con esta decisión, se prolonga el estancamiento salarial que lleva ya ocho meses en el año, a lo que se sumarían enero y febrero del próximo año.

El titular de ATE confirmó que el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, ratificó que la convocatoria a paritarias no se dará "hasta el mes de febrero". Mientras tanto, se mantendrá el abono de un bono de $50.000 para activos y $25.000 para jubilados, medida que el gremio considera insuficiente.

Ante este panorama, Muntes anunció que la acción concreta será una movilización el 4 de diciembre que se dirigirá hasta la Secretaría de Trabajo. La convocatoria es a las 9:30 en la sede de la entidad.

La medida de fuerza busca presionar al Ejecutivo no solo por la cuestión salarial, sino por un conjunto de demandas laborales cruciales para el sector:

Reapertura de Paritarias: Para actualizar de manera urgente el salario y las condiciones de trabajo.

Incentivo: Implementación o mejora del incentivo laboral.

Recategorizaciones: Que avancen realmente según lo acordado en la paritaria previa.

Renovación de Contratos: Definición inmediata para la renovación de todos los contratos temporales al 31 de diciembre. (APFDigital)