Frente a los constantes incrementos de combustibles aplicados sin anticipación, un proyecto de la diputada de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray, establece que las empresas proveedoras y las estaciones de servicio deberán comunicar cualquier suba con 72 horas de antelación y difundirla públicamente 48 horas antes de su aplicación.

La iniciativa busca otorgar previsibilidad a las familias entrerrianas y aplicar sanciones firmes a quienes incumplan estas obligaciones en Entre Ríos. El proyecto de la legisladora justicialista se enmarca en un debate que también se viene dando en otras jurisdicciones del país, donde se han impulsado propuestas orientadas a restablecer mecanismos de previsibilidad en los precios de los combustibles. La propuesta busca trasladar esa lógica al ámbito provincial, garantizando mayor transparencia, anticipación y control frente a incrementos sorpresivos.

El texto establece que todas las empresas proveedoras y estaciones de servicio deberán informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos. La iniciativa surge como respuesta al nuevo escenario generado tras la derogación del régimen nacional que exigía informar en tiempo real los cambios de precios, una medida que dejó a consumidores y usuarios sin herramientas básicas para organizar sus gastos.

Además, la propuesta incorpora la obligación de que las estaciones de servicio exhiban cartelería visible e informen mediante sus canales digitales con al menos 48 horas de anticipación. Este mecanismo busca garantizar que la información sea clara, accesible y llegue a los usuarios antes de que los incrementos se apliquen efectivamente.

El proyecto contempla también un régimen sancionatorio expresado en litros de nafta súper, lo que permite actualizar automáticamente el valor de las multas frente al proceso inflacionario. Para las empresas abastecedoras, las sanciones irán del equivalente a 5.000 a 150.000 litros, pudiendo llegar a la suspensión de la habilitación comercial en caso de reincidencia. Para los expendedores, las multas oscilarán entre 100 y 500 litros.

Arrozogaray fundamentó la iniciativa en la necesidad de devolver previsibilidad a la ciudadanía frente a un insumo esencial cuya variación de precios impacta directamente en la movilidad, la producción y la economía cotidiana. En ese sentido, sostuvo que la derogación de la obligación de informar en tiempo real generó un vacío que “dejó a los usuarios sin herramientas básicas para anticipar gastos y planificar su consumo”.

El proyecto se apoya también en el derecho constitucional a recibir información adecuada y veraz (art. 42 de la Constitución Nacional), y apunta a corregir la asimetría informativa entre quienes fijan los precios y quienes dependen de ellos diariamente. Página Política

El Concejo Deliberante de San José de Gualeguaychú sancionó este 31 de octubre de 2025 la Ordenanza Nº 13043/2025, que regula por primera vez la circulación de ciclorrodados con pedaleo asistido eléctricamente (bicicletas eléctricas) y dispositivos de movilidad personal (monopatines eléctricos con manillar).

La norma busca llenar un vacío normativo, promover alternativas ecológicas al automóvil convencional y asegurar la convivencia segura con peatones y otros vehículos.

Por otro lado, la norma autoriza su uso en los mismos espacios que las bicicletas, incluyendo bicisendas, ciclocarriles y ciclovías. La autoridad de aplicación podrá imponer restricciones por seguridad y establece requisitos tanto para el rodado como para sus conductores:

Requisitos obligatorios para vehículos

Base de apoyo, timbre, luces delanteras (blanca) y trasera (roja), reflectivos, frenos eficaces.

Velocidad máxima: 30 km/h.

Homologación según normas nacionales/internacionales.

Requisitos para conductores:

Edad mínima: 16 años.

Uso obligatorio de casco homologado.

Único ocupante.

Prohibido bajo efectos del alcohol (con controles).

Seguro de responsabilidad civil obligatorio (exigible a partir de 30 días de promulgada la ordenanza; monto mínimo a definir por la Autoridad de Aplicación).

Los vehículos en cuestión podrán estacionar solo en espacios para motocicletas o áreas designadas. Se prohíbe en veredas, rampas o accesos peatonales.

En cuanto a las sanciones (multas de 250 a 500 días-multa) se incluyen circular sin casco, sin luces, exceder 30 km/h, transportar pasajeros, por lugares no autorizados, conducción a cargo de menor de 16 años (más retención del vehículo), no respetar señales o sujetarse a otro vehículo.

La ordenanza modifica la adhesión a leyes nacionales y provinciales de tránsito, reserva facultades municipales y aplica normas generales de bicicletas. Además, obliga a campañas de educación vial y entra en vigencia tras su publicación.

El voto es obligatorio en Argentina para los mayores de 18 y menores de 70 años, conforme a lo establecido en el Código Electoral Nacional (Ley 19.945). En el caso de una primera ausencia, la multa varía entre $50 y $150; si el ciudadano reincide, el monto puede elevarse hasta los $500.

Quienes no justifiquen ni paguen la sanción quedarán inscriptos en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Esa condición puede generar impedimentos para realizar trámites ante organismos públicos nacionales, provinciales o municipales durante un año, hasta regularizar la situación.

La Cámara Electoral reconoce varios motivos válidos para ausentarse de los comicios sin recibir sanción. Entre ellos figuran: estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación, presentar un problema de salud debidamente certificado, atravesar una situación de fuerza mayor documentada, o cumplir funciones laborales en servicios esenciales sin poder ser relevado del turno. También pueden justificar su inasistencia quienes actuaron como autoridades en otra mesa o jurisdicción.

Los ciudadanos disponen de 60 días posteriores a la elección para justificar su ausencia o abonar la multa. Ambos trámites pueden realizarse en línea a través del sitio del Registro de Infractores al Deber de Votar, donde se consulta con el número de DNI la situación individual.

Si se opta por pagar la multa, el sistema permite generar una boleta bajo el artículo 125 del Código Electoral y abonarla en el Banco Nación o mediante medios electrónicos habilitados. El pago se acredita automáticamente ante la Justicia Electoral en un plazo máximo de 48 horas. En caso de justificar, se debe adjuntar la documentación correspondiente en la misma plataforma oficial

Durante este período están prohibidos los actos de campaña, las reuniones partidarias, la publicación de encuestas, sondeos y la publicidad proselitista. Tampoco se pueden entregar boletas o exhibir banderas o símbolos.

Para el caso de la venta de bebidas alcohólicas, se permite la venta hasta las 20 del día sábado y se reanuda a las 21 del domingo, es decir, tres horas después de finalizados los comicios.

Durante la veda electoral, toda actividad proselitista o de propaganda política está prohibida. Las restricciones alcanzan tanto a los partidos, los candidatos, los medios y los ciudadanos.

Las principales prohibiciones son:

Actos públicos de campaña y reuniones partidarias.

Difusión de encuestas, sondeos o proyecciones sobre resultados.

Publicidad electoral en redes sociales, televisión, radio o vía pública.

Entrega de boletas o materiales partidarios cerca de los lugares de votación.

Venta de bebidas alcohólicas, prohibida desde el sábado a las 20:00 hasta el cierre de los comicios.

Espectáculos públicos, eventos masivos o actividades deportivas.

Exhibición de banderas o símbolos partidarios en la vía pública o en las inmediaciones de los centros de votación.

Uso de distintivos partidarios dentro de los establecimientos donde se realiza la votación.

Cuáles son las sanciones por violar la veda electoral. Análisis

El incumplimiento de la veda puede derivar en multas y penas de prisión, según la gravedad de la infracción. Las sanciones están previstas en el artículo 133 del Código Electoral Nacional y en las normativas provinciales complementarias.

Quienes organicen actos o difundan propaganda electoral durante la veda pueden recibir multas de entre 10 y 60 haberes mínimos de la administración pública.

Los locales comerciales que vendan alcohol durante el período prohibido pueden sufrir multas o arrestos de hasta 6 meses.

Las personas que perturben el desarrollo de la votación o induzcan a votar o abstenerse pueden enfrentar penas de prisión de 15 días a 2 años.

Si se viola el secreto del sufragio, la pena puede ascender hasta 3 años de cárcel.

Este procedimiento permite cancelar deudas impositivas con reducción de multas e intereses.

Etapa 2: Del 1 al 31 de octubre de 2025

- Pago al contado: Condonación del 80 por ciento de multas y 80 por ciento de intereses.

- Tres cuotas: Condonación del 60 por ciento de multas y 70 por ciento de intereses; 15 por ciento de anticipo y cuota mínima de 150.000 pesos.

- Cinco cuotas: Condonación del 40 por ciento de multas y 50 por ciento de intereses; 20 por ciento de anticipo y cuota mínima de 200.000 pesos.

Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deberán:

- Estar adheridos a la Boleta Digital.

- Haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025 correspondientes a los imponibles que pretenden regularizar.

La modalidad general de acogimiento es vía online, ingresando con Clave Fiscal a través del sitio oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sección Servicios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos.

El plan es una herramienta práctica y accesible para acompañar a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de las obligaciones en mora.

- Teléfono: 0810-888-2837, de lunes a viernes, de 8 a 13.

- Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.

- Sitio web oficial: www.ater.gob.ar, disponible las 24 horas.

- Atención presencial: En las oficinas y receptorías de la ATER en toda la provincia.

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, presidido por Diego Lara, trabaja en la redacción de una nueva Acordada que busca modernizar y dar mayor solidez jurídica al proceso de imposición de multas. La iniciativa apunta a garantizar el derecho a defensa de las personas y organismos pasibles de sanciones, al tiempo que establece un régimen recursivo más claro y ordenado.

Durante una reunión de autoridades y funcionarios del organismo se debatieron los principales lineamientos que tendrá la reglamentación. El objetivo es fijar criterios comunes para un control externo más eficaz, que combine transparencia con respeto a las garantías de los involucrados.

Desde el Tribunal se destacó que la elaboración colectiva de la norma permitirá unificar procedimientos y dotar de mayor previsibilidad a las decisiones administrativas. “Trabajar en conjunto nos permite acordar acciones y procedimientos sobre las distintas materias que hacen a un control público externo más eficaz y comprometido”, señalaron tras el encuentro.

La nueva Acordada forma parte del proceso de actualización institucional que impulsa el organismo, en un contexto de creciente demanda social por el buen uso de los recursos públicos y por sanciones claras ante eventuales incumplimientos. Se espera que el texto definitivo sea aprobado en las próximas semanas y pase a regir como marco de actuación para futuras resoluciones sancionatorias.