El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, estableció formalmente que los días 10 y 11 de noviembre se llevarán a cabo las audiencias orales correspondientes al diferendo presentado sobre la actividad hidrocarburífera en torno a las Islas Malvinas. La resolución, emitida por la presidencia del organismo, fija el calendario para evaluar el pedido de suspensión del proyecto de producción denominado Sea Lion.

El procedimiento se encuadra en los mecanismos previstos por el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Tras el intercambio formal de notificaciones entre las diplomacias involucradas durante las semanas previas, la representación argentina formalizó la presentación ante el ITLOS mediante un escrito técnico supervisado por la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica.

El marco normativo bajo el cual operan las empresas fue extendido recientemente por las autoridades locales de las islas, renovando por un período de cinco años las licencias de producción de hidrocarburos asignadas a las firmas operadoras de la zona.

La argumentación jurídica planteada ante el tribunal enfoca su eje en la preservación del medio ambiente marino, materia que faculta la intervención del órgano arbitral en el marco del derecho internacional aplicable a todos los Estados signatarios de la Convemar. La presentación incluye estudios de impacto ambiental y planes de contingencia para evaluar eventuales riesgos operacionales en el Atlántico Sur.

Por su parte, las autoridades del Reino Unido confirmaron su comparecencia ante el tribunal de Hamburgo y señalaron que consideran vinculantes las determinaciones que adopte el cuerpo judicial, al tiempo que sostienen la validez de los esquemas de licencias vigentes y los mecanismos de protección de las inversiones comerciales vinculadas al desarrollo energético.

El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina, una fecha dedicada a los chicos que tiene una extensa tradición en el país y que, desde 2025, quedó establecida oficialmente para el tercer domingo de agosto de cada año.

La denominación y la fecha fueron formalizadas mediante el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025. La norma determinó en su primer artículo: “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”.

De esta manera, en 2026 la celebración quedó fijada para este domingo 16. Además, presenta una particularidad en el calendario: antecede al feriado nacional del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, conformando un fin de semana largo de tres días.

Durante años, la celebración de los niños tuvo diferentes fechas en Argentina. Una de las principales referencias para establecer el calendario fue la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que históricamente impulsó la jornada.

En distintos períodos, el festejo se realizó durante el segundo domingo de agosto. Sin embargo, el decreto nacional de 2025 terminó por establecer oficialmente el tercer domingo de ese mes como fecha anual.

La misma normativa oficializó la denominación “Día del Niño” en el ámbito nacional. Entre sus fundamentos, calificó a la celebración como una tradición arraigada en Argentina y recordó los compromisos asumidos por el país en materia de derechos de la infancia.

La Convención sobre los Derechos del Niño considera niño a toda persona menor de 18 años, salvo que, de acuerdo con la legislación aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

La Organización de las Naciones Unidas impulsó durante el siglo XX que los países establecieran jornadas destinadas a promover la fraternidad entre los niños y generar conciencia sobre sus derechos, protección y bienestar.

Aunque Argentina estableció su propia fecha, la referencia internacional es el 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Infancia.

La elección estuvo relacionada con dos acontecimientos centrales. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Exactamente 30 años después, en 1989, adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con el paso de los años, la celebración argentina sumó festivales, encuentros familiares, actividades recreativas, propuestas escolares y campañas comunitarias destinadas a los chicos.

En México, por ejemplo, el Día del Niño se conmemora el 30 de abril, mientras que Colombia lo ubica habitualmente en el último sábado de ese mes. Chile mantiene como referencia el segundo domingo de agosto.

Paraguay, en tanto, tiene una particularidad: celebra el Día del Niño cada 16 de agosto, una fecha fija relacionada con la memoria de los niños que participaron y murieron en la Batalla de Acosta Ñu, durante la Guerra de la Triple Alianza.

Así, este domingo 16 de agosto, Argentina tendrá una jornada dedicada especialmente a los chicos, en el inicio de un fin de semana extendido que continuará el lunes con el feriado nacional por el aniversario de la muerte del General San Martín.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora cada 9 de agosto en recuerdo de la primera reunión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pueblos Indígenas (Ginebra, 9‑13 de agosto de 1982). Este día, establecido por la Asamblea General de la ONU en 1994 mediante la Resolución 49/214, busca visibilizar las necesidades y derechos de los pueblos originarios.

Desde entonces, cada año la ONU y países miembros organizan actos oficiales, foros y campañas informativas. Por ejemplo, en 2021 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU enfatizó la urgencia de garantizar educación intercultural y apropiada para niños indígenas.

Eventos clave en la historia reciente incluyen la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 sept. 2007), la Conferencia Mundial de la ONU sobre Pueblos Indígenas (Nueva York, 22-23 sept. 2014) y la proclamación del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022‑2032) como continuidad de iniciativas para la revitalización cultural.

Los ambientes naturales que hoy protegemos también son territorios de memoria. Mucho antes de la creación de las áreas naturales protegidas, los montes, humedales, ríos y pastizales de nuestra región fueron habitados por pueblos originarios como los chaná, charrúa, guaraníes. Su vínculo con la naturaleza estaba basado en la observación, el respeto por los ciclos naturales y el uso responsable de los bienes que el ambiente les brindaba.

En la actualidad, se estima que existen 476 millones de indígenas (≈6% de la población mundial) en más de 90 países, quienes, pese a custodiar 80% de la biodiversidad restante del planeta, padecen altas tasas de pobreza (casi el 19% de quienes viven en pobreza extrema mundial) y de rezago educativo y sanitario.

Ese conocimiento, construido durante generaciones, constituye un valioso patrimonio cultural que hoy dialoga con los objetivos de la conservación: proteger la biodiversidad, promover un uso responsable del territorio y fortalecer nuestra relación con la naturaleza.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas renovamos el compromiso de proteger nuestro patrimonio natural y de reconocer el valor de los saberes ancestrales, fundamentales para construir una convivencia más respetuosa con el ambiente.

Conservar la naturaleza también es preservar la memoria del territorio y aprender de quienes supieron vivir en equilibrio con ella.

La cifra de muertos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.490, según el balance actualizado difundido este domingo por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de víctimas convirtió a la tragedia en el desastre sísmico más mortífero de la historia moderna del país.

El parte oficial mantuvo en 16.740 la cantidad de heridos, mientras que 6.462 personas fueron rescatadas con vida. Además, 17.907 damnificados permanecían sin vivienda y fueron trasladados en su mayoría a 89 campamentos transitorios habilitados por las autoridades.

Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en las cercanías de Yumare, en el estado Yaracuy. Las ondas sísmicas afectaron una amplia zona del norte venezolano, incluida Caracas y el estado costero de La Guaira. Desde el primer momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta roja al estimar que el evento podía provocar miles de víctimas.

Análisis satelitales elaborados con imágenes de Sentinel-1 y procesados por la NASA indicaron que en localidades como Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia la Mar más de la mitad de las construcciones presentaban una probabilidad superior al 75% de haber sufrido daños severos. La Universidad Estatal de Ohio estimó que unas 59.000 estructuras resultaron afectadas.

En tanto, el Programa Mundial de Alimentos lanzó un pedido de 50 millones de dólares para asistir durante tres meses a medio millón de personas afectadas.

La emergencia movilizó a más de 3.000 rescatistas internacionales, mientras que en Catia la Mar debieron abrirse fosas en el cementerio local para sepultar a 150 víctimas que aún no habían podido ser identificadas.

El próximo sábado 4 de julio, Gualeguaychú se sumará a las celebraciones globales por el Día Internacional de las Cooperativas. El acto central tendrá lugar a las 12:00 en la Plaza Año Internacional de las Cooperativas, ubicada en la intersección de las calles Goldaracena y Constitución, en una actividad que será completamente abierta a la comunidad y que busca reconocer el histórico aporte de este sector al desarrollo local.

La iniciativa es coordinada por el Área de Cooperativas, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Modernización de la Municipalidad —bajo la gestión de Joaquín Páez—, en un trabajo articulado de manera conjunta con los representantes del sector cooperativo local. Para definir los detalles de la jornada, ya se llevaron a cabo reuniones previas con el propósito de dar continuidad a una celebración que apunta a poner en agenda el rol que el cooperativismo desempeña en la vida cotidiana de los vecinos.

En el caso de Gualeguaychú, el entramado cooperativo tiene un arraigo fundamental en la comunidad a través de:

Asimismo, como parte de las actividades pautadas, se procederá al descubrimiento de un banco alusivo a la fecha. Según explicaron desde la organización, la idea de esta intervención es continuar dejando marcas simbólicas dentro de la plaza, consolidando este espacio verde como un punto de encuentro, memoria y puesta en valor de un modelo económico basado estrictamente en la organización colectiva, la participación y la solidaridad.

El Área de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, recuerda que mañana, jueves 11 de junio, cierran las inscripciones para participar de una nueva edición de “Siga el Baile”.

La jornada se llevará a cabo el lunes 15 de junio, a las 10:00 horas, en el Polideportivo Norte, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha impulsada por las Naciones Unidas para visibilizar la importancia del respeto, la dignidad y los derechos de las personas mayores.

Este será el tercer encuentro de la iniciativa, que contará con música en vivo, actividades recreativas y espacios de participación para compartir una mañana de encuentro y disfrute.

Además, se dispondrá de traslado para facilitar la asistencia de quienes lo necesiten.

Las inscripciones pueden realizarse en el Área de Adultos Mayores, ubicada en Luis N. Palma 691, de 7:00 a 13:00 horas.

Una versión difundida en medios internacionales instaló un nuevo foco geopolítico sobre la cuestión Malvinas. Según un informe atribuido a documentos internos del Pentágono, Estados Unidos analizaría revisar su histórica posición de respaldo al Reino Unido en la disputa por la soberanía de las islas.

La información indica que el planteo habría surgido en medio del malestar de la administración de Donald Trump con algunos países de la OTAN por no acompañar plenamente la ofensiva militar impulsada contra Irán. En ese escenario, el tema Malvinas aparecería como una posible herramienta de presión diplomática.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial pública de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado sobre un cambio concreto de postura.

Qué señala la versión difundida

De acuerdo con lo publicado por la agencia Reuters, el Pentágono presentó una serie de medidas vinculadas a miembros de la OTAN. Entre ellas figuraría revisar el apoyo estadounidense a antiguas posesiones europeas en disputa, donde se menciona el caso Malvinas.

Históricamente, Washington mantuvo una posición cercana a Londres respecto de la administración británica del archipiélago, aunque reconociendo la existencia del reclamo argentino.

El eventual giro diplomático estaría ligado a diferencias recientes entre Estados Unidos y el Reino Unido en torno al conflicto en Medio Oriente.

La tensión entre Washington y Londres

Según informó Ámbito, el gobierno británico evitó en una primera etapa habilitar bases e infraestructura para operaciones militares ofensivas contra Irán, lo que generó malestar en sectores de la administración estadounidense.

En ese contexto, también se mencionaron críticas públicas de Trump hacia el primer ministro británico, Keir Starmer, en medio de desacuerdos estratégicos.

Esa tensión abrió especulaciones sobre posibles represalias diplomáticas o revisiones en distintos frentes internacionales, entre ellos el caso Malvinas.

La postura argentina y el escenario actual

Argentina sostiene de manera permanente su reclamo soberano sobre las islas y lo impulsa en foros internacionales, con respaldo de resoluciones de Naciones Unidas que instan al diálogo entre las partes.

Además, el tema volvió a cobrar relevancia en los últimos años por proyectos vinculados a exploración petrolera en el Atlántico Sur, cuestionados por el Estado argentino.

Por ahora, la posibilidad de un cambio en la posición de Washington sobre Malvinas se mantiene en el terreno de las versiones periodísticas. Sin anuncios oficiales, cualquier modificación dependerá de decisiones diplomáticas formales y de un contexto internacional aún marcado por fuertes tensiones.

La Fundación Greenpeace Argentina, con el asesoramiento del abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentó un informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando un aumento significativo de la deforestación en el norte del país. El relevamiento satelital estima que durante 2025 se desmontaron 94.204 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa.

Según el informe, Santiago del Estero fue la provincia con mayor pérdida de bosques, con 51.149 hectáreas desmontadas, seguida por Chaco (16.872), Salta (15.129) y Formosa (11.059). Greenpeace advierte que el 80% de los desmontes en Santiago del Estero fueron ilegales, realizados en zonas prohibidas por la Ley de Bosques (26.331).

En cuanto a los incendios forestales, las imágenes satelitales revelan que se quemaron 116.498 hectáreas en la región: 53.325 en Santiago del Estero, 22.715 en Formosa, 21.520 en Chaco y 18.938 en Salta.

La sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas arroja una pérdida total de 210.702 hectáreas de bosques nativos en 2025, un 40% superior a la registrada el año anterior. Santiago del Estero encabeza la lista con 104.474 hectáreas, seguida por Chaco (38.392), Salta (34.067) y Formosa (33.769).

El documento advierte que la degradación y fragmentación de los bosques nativos pone en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco Argentino.

Greenpeace y Viale remarcan que Argentina está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, asumido en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) y ratificado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

De esta manera, la organización ambientalista busca visibilizar la gravedad de la pérdida de bosques en el norte argentino y exigir el cumplimiento de la Ley de Bosques y de los compromisos internacionales asumidos por el país.

El Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 de marzo desde 1992, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha para sensibilizar sobre la importancia del recurso hídrico y la necesidad de una gestión responsable. En 2026, el lema estará orientado a destacar cómo el acceso al agua potable y segura se vincula directamente con la igualdad de género, un aspecto clave en el desarrollo sostenible y en la vida cotidiana de millones de personas.

En Entre Ríos, el Día Mundial del Agua se vive en un contexto de fuerte tensión ambiental por el proyecto de instalar una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, sobre la margen uruguaya del río Uruguay. Legisladores entrerrianos y el propio gobernador Rogelio Frigerio advierten que la iniciativa amenaza la calidad del agua y revive el conflicto histórico de Botnia.

En Gualeguaychú, el acceso al agua potable y al saneamiento está en proceso de ampliación. Aunque se han logrado avances importantes, todavía existen sectores con infraestructura incompleta, lo que convierte al agua en un tema central en el marco del Día Mundial del Agua.

La UNESCO lidera los esfuerzos internacionales para comprender y gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, ayudando a los países a monitorear y adaptarse al cambio climático. La organización subraya que la falta de acceso al agua afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, quienes en muchas comunidades son las principales responsables de recolectar agua para sus hogares. Esta tarea, que puede demandar varias horas diarias, limita sus oportunidades educativas y laborales, perpetuando desigualdades estructurales.

El Día Mundial del Agua busca visibilizar estas realidades y promover políticas que garanticen acceso equitativo y seguro. La gestión sostenible del agua no solo implica infraestructura y tecnología, sino también un enfoque social que contemple la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la administración de los recursos hídricos.

La crisis climática intensifica los desafíos: sequías prolongadas, inundaciones y contaminación de fuentes de agua afectan a comunidades enteras y ponen en riesgo la seguridad alimentaria. En este contexto, la cooperación internacional resulta indispensable para garantizar que el agua sea un derecho universal y no un privilegio.

La jornada del 22 de marzo se convierte así en un llamado global a la acción. Gobiernos, instituciones y organizaciones sociales se suman con actividades de concienciación, campañas educativas y proyectos comunitarios que buscan fortalecer la cultura del cuidado del agua. La meta es clara: asegurar que cada persona, sin distinción de género, pueda acceder a este recurso vital y participar en su gestión responsable. Fuente: ONU / UNESCO

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el retiro de Argentina de la entidad sanitaria ocasionará que “sea menos segura” y que, si el país “tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS (Organización Panamericana de la Salud)".

"Creo que la retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", señaló en una conferencia de prensa a la que accedió Noticias Argentinas.

Además, manifestó: “Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS. Hemos estado trabajando a través de la OPS y la mayoría de las cosas que hacemos, de hecho, se realizan a través de ellos, con los que estamos alineados en muchos temas".

Por otro lado, el director general de la OMS señaló que se está analizando la membresía de Argentina en las dos organizaciones, a la vez que se supo que, si bien el Gobierno de Javier Milei confirmó el retiro desde el pasado 17 de marzo, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que la desvinculación no será oficial hasta que sea debatida y que, posiblemente, sea votada en la Asamblea General de miembros que se realizará el próximo mes de mayo.

Por su parte, el Gobierno nacional sostuvo que continuará promoviendo acuerdos bilaterales y regionales en materia de salud, con el objetivo de preservar la soberanía en la toma de decisiones.

Se supo que la decisión de abandonar el organismo se había anunciado en febrero de 2025, en un contexto de críticas a las políticas impulsadas durante la pandemia, especialmente en relación con las restricciones sanitarias.

La OMS fue creada en 1948 con el objetivo de coordinar la respuesta internacional ante emergencias sanitarias y promover políticas de salud pública a nivel global.

La salida de Argentina implica un cambio en la estrategia de cooperación internacional en salud, ya que el país dejaría de participar en instancias de coordinación, asistencia técnica y programas financiados por el organismo.

El proceso continuará en los próximos meses, cuando la Asamblea Mundial de la Salud evalúe formalmente la solicitud presentada por el Estado argentino. (Fuente: Ahora)

La Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud tras cumplirse el plazo establecido por las normas internacionales para concretar el retiro. La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que la decisión había sido comunicada formalmente el 17 de marzo de 2025.

Según detalló el funcionario, la notificación fue dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la constitución del organismo sanitario internacional. De acuerdo con lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se hace efectivo un año después de presentada la comunicación.

La medida había sido anunciada inicialmente por el Gobierno nacional a comienzos de 2025, cuando la Oficina del Presidente informó la intención de retirar al país del organismo multilateral creado en 1948 para coordinar respuestas ante emergencias sanitarias globales.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el canciller Pablo Quirno ratificó la decisión y explicó el procedimiento seguido por el Estado argentino. En ese marco, señaló que el retiro se concretó tras cumplirse el plazo correspondiente desde la presentación de la nota formal.

Quirno indicó además que la Argentina continuará participando en instancias de cooperación sanitaria internacional mediante otros mecanismos. “Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”, expresó el canciller al referirse al escenario posterior a la salida del organismo.

De esta manera, el Gobierno confirmó que la desvinculación de la Organización Mundial de la Salud se concretó dentro de los plazos previstos por los instrumentos jurídicos internacionales que regulan la participación de los países en ese organismo, según informó la Agencia NA.

La decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud había sido anunciada por el Gobierno nacional en febrero de 2025 mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente.

En ese documento se señalaba que el organismo sanitario internacional había tenido un rol central durante la pandemia de Covid-19 y que el Gobierno consideraba necesario revisar la relación del país con esa institución.

La determinación se inscribe en un contexto internacional en el que otros países también han cuestionado el funcionamiento del organismo y su rol en la coordinación de políticas sanitarias globales.

Por su parte, autoridades del organismo y especialistas del ámbito sanitario internacional han manifestado en distintas oportunidades la importancia de mantener mecanismos de cooperación y coordinación entre los países frente a desafíos sanitarios globales. (Fuente: El Once)

El próximo viernes 27 de febrero vence el plazo de presentación de ofertas para la trascendental concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal, conocida popularmente como la Hidrovía Paraná–Paraguay. En un proceso licitatorio respaldado por los principales actores del sector agroexportador, el dato de mayor impacto para nuestra provincia es la incorporación de Entre Ríos a la red de la Hidrovía.

La integración de la provincia a la Vía Navegable Troncal, calificada como “histórica” por el gobierno provincial, es “una medida largamente esperada que marca el inicio de una etapa clave para la competitividad, la reducción de los costos logísticos y la inserción internacional de la producción local”.

La vía navegable constituye una infraestructura estratégica irremplazable, ya que por allí sale y entra el 90% del comercio exterior no solo de Argentina, sino también de Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. La expectativa del sector productivo está puesta en las inversiones previstas, estimadas en más de 10 mil millones de dólares, derivadas de un pliego de alta calidad técnica.

Además de la inclusión entrerriana, las bases de la licitación exigen el incremento de la profundidad a 40 pies, la obligación de realizar fuertes inversiones en tecnología para agilizar la navegación y reforzar la seguridad contra el narcotráfico, y una reducción de costos tarifarios superior al 10% en dólares en comparación con los valores actuales.

Entre Ríos en la Hidrovía

En su visita a Paraná en octubre del año pasado, el presidente Javier Milei firmó con el gobernador Rogelio Frigerio el compromiso de incluir en las condiciones para la licitación de la Hidrovía el dragado a 34 pies del río Paraná Bravo y Paraná Guazú, al sur de Entre Ríos.

Esto hará que sean navegables por navíos grandes. Entre Ríos podría sacar exportaciones desde su territorio en buques Panamax con capacidad para hasta 40.000 toneladas y navegación transatlántica. Las embarcaciones requieren una profundidad que el río Paraná hoy solamente tiene desde el polo portuario de Rosario hasta la salida al mar por el Río de la Plata.

Con el dragado a 34 pies de profundidad (equivalente a 10,3 metros), los buques ingresarían hasta el puerto de Ibicuy. ¿Por dónde? Por el Paraná Guazú, uno de los brazos del río que limita la provincia con Santa Fe y Buenos Aires.

Si ese proyecto se concreta, las cargas arribarían hasta el puerto de Ibicuy procedentes desde el resto de Entre Ríos, las otras provincias de la Mesopotamia (Corrientes y Misiones) e incluso desde Brasil, sin necesidad de cruzar a Santa Fe para embarcarse en Rosario. Y desde Ibicuy saldrían al Río de la Plata para la exportación.

El diseño de la licitación fue producto de un intenso trabajo articulado a lo largo de 2025. La Administración Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPyVN) convocó a múltiples mesas de diálogo que integraron a empresas, productores, gobiernos provinciales y cámaras de trabajadores.

Las instituciones más influyentes del comercio exterior, como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), celebraron la iniciativa. El presidente de esta última entidad, Gustavo Idigoras, resumió la importancia del momento al afirmar que “con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

Para dotar al proceso de una transparencia indiscutible, se solicitó a las Naciones Unidas la auditoría de cada etapa de la licitación. El organismo internacional aportó estándares de buenas prácticas y elaboró un detallado informe en el que dictaminó que el pliego es el más transparente y sólido técnicamente posible, confirmando que al menos ocho grandes empresas a nivel mundial tienen la capacidad para competir.

Las acciones para garantizar la participación y el cuidado del entorno incluyeron además la realización de dos audiencias públicas en noviembre, una de carácter ambiental y otra ciudadana, coronadas días atrás con el inicio de la conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un espacio que le dará voz a las provincias y consolidará el nuevo rol protagónico de Entre Ríos en el comercio fluvial sudamericano. Ahora

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este lunes el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una “agresión armada por parte de Estados Unidos”.

El Decreto N° 5.200, fechado el sábado con la firma del ex dictador Nicolás Maduro -lo dejó listo antes de su detención- y refrendado por su gabinete, habilita la adopción de medidas excepcionales en materia de seguridad, economía, sociedad y política, enmarcadas en lo que el chavismo calificó como un escenario de “hostilidad externa sin precedentes”.

El texto presidencial, difundido en la Gaceta Oficial, fundamenta la decisión en la confirmación reciente de un ataque por parte de fuerzas estadounidenses. El decreto califica el hecho como “grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia de la Nación” y como una infracción del Derecho Internacional, aludiendo de forma específica al numeral 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

La declaración del Estado de Conmoción Exterior está contemplada en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución venezolana y regulada por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Su implementación supone la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como la orden de utilizar “todo el potencial existente como poder nacional” para repeler la intervención.

El presidente Javier Milei reiteró al diario británico The Telegraph que, para su gobierno, la soberanía sobre las Islas Malvinas “no es negociable” y que intentará recuperarlas por la vía diplomática. En paralelo, desde la Cancillería trabajan para acelerar un acuerdo comercial con el Reino Unido, sea por la vía bilateral o en conjunto con sus socios del Mercosur.

The Telegraph cita esas declaraciones del Presidente y reitera que el primer mandatario planea visitar Gran Bretaña en marzo de 2026, a 44 años de la guerra de Malvinas.

Como consecuencia de las noticias que llegan de Europa, el Gobierno se muestra escéptico sobre la posibilidad de una inminente firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, frustrado horas antes de la reciente cumbre del bloque regional en Foz de Iguazú, y en principio postergada sin precisiones para algún día del próximo enero.

De inmediato, y mientras el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aún espera novedades desde Bruselas (Francia reiteró que no firmará en los próximos días), el Gobierno y la Cancillería ya comenzaron las tratativas para acelerar por canales paralelos acuerdos comerciales del Mercosur con otros bloques o países. Están los más avanzados, como Emiratos Arabes Unidos y Vietnam, pero el canciller Pablo Quirno sumó recientemente nada menos que a Gran Bretaña a la lista.

“Europa necesita un nuevo posicionamiento en el comercio global, ha perdido presencia en el escenario mundial (…). Están perdiendo una oportunidad, y nosotros tenemos un montón de oportunidades, estamos abriendo mercados en Asia, Medio Oriente, Reino Unido, que no está dentro de la Unión Europea”, dijo Quirno luego de la cumbre de cancilleres del Mercosur, en la previa del encuentro de presidentes.

No se trató, por cierto, de una mención al azar. Consultado sobre el asunto, el embajador británico en Buenos Aires, David Cairns, no descartó un tratado de libre comercio con el Mercosur, o al menos un acuerdo bilateral con la Argentina, casi 44 años después de la cruenta guerra entre ambos países por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Actualmente lo estamos considerando. El ministro responsable [Chris Bryant, titular de Comercio] ha declarado públicamente el deseo de que se concrete, aunque se necesita la autorización de todo el gobierno”, dijo Cairns, a fines del mes pasado, en una entrevista con el canal TN. “Lo importante es que queremos impulsar el comercio y la inversión entre los dos países. Si un acuerdo entre el Reino Unido y el Mercosur contribuye a ese objetivo, creo que sería excelente”, agregó el embajador. “Se han iniciado consultas internas entre las partes para decidir si negociamos o no”, relató.

Desde la Cancillería explicaron que “no hay que considerar [los acuerdos con otros países] como alternativos al eventual acuerdo con UE”, que esperan se reflote en las próximas semanas, sino como “avances que se hacen con países y regiones que están interesados en tener acuerdos con Mercosur y también bilaterales”. Luego de reconocer que Gran Bretaña “es uno de los países que está cerca, interesado”, las fuentes recordaron que el Reino Unido acompañó las negociaciones de la Unión Europea con el Mercosur, hasta que decidió salir del bloque europeo a través del denominado Brexit. “No empiezan de cero y no tienen los problemas de Europa continental”, agregaron fuentes oficiales con conocimiento de la negociación. Desde Itamaraty, la cancillería brasileña, reconocieron que “Mercosur y Reino Unido están dialogando”, aunque definieron las conversaciones como “preliminares”, con expectativa de “avances” para 2026. A Lula da Silva le interesan, por sobre todo, lograr acuerdos con Japón y Canadá, otras de las opciones abiertas, comentaron las fuentes consultadas.

Los datos actuales del intercambio comercial bilateral hablan de un crecimiento sostenido. Según el sitio especializado Oec.world, en noviembre la Argentina exportó por un valor de US$45, 2 millones e importó por US$32,7 millones desde Reino Unido, con un balance comercial positivo de US$12,4 millones. Según la misma publicación, entre noviembre 2024 y noviembre pasado, las exportaciones de la Argentina se incrementaron un 1,73% mientras que las importaciones subieron un 7,37%.

Hay, además, una sintonía política entre ambos gobiernos que facilita el acercamiento. Hace dos semanas, The Telegraph había informado ya que el presidente Milei había dado por hecho que viajará a Londres “en marzo o abril” próximo, y que ambos países “ya trabajan” para levantar el veto británico sobre las compras de armamento que haga la Argentina, y que contengan algún componente de origen inglés. La noticia fue relativizada por el gobierno laborista británico. “No hay conversaciones específicas con Argentina sobre que el Reino Unido flexibilice sus controles de exportación de armas. De manera más amplia, esperamos profundizar nuestra cooperación con la Argentina en áreas que incluyen comercio, ciencia y cultura”, afirmaron desde el Foreign Office.

En mayo pasado, había estado en Buenos Aires Fabian Hamilton, veterano dirigente laborista, miembro del parlamento y trade envoy (enviado de comercio) para el Cono Sur, para sostener reuniones con sus pares del gobierno argentino y empresarios locales. Para Gran Bretaña, los puntos de interés pasan por rubros como la minería, la industria farmacéutica, los servicios financieros y legales, y algunos productos de consumo como el whisky.

La disputa por Malvinas, de todos modos, sigue condicionando. A principios de diciembre, la Cancillería expresó “su más enérgico rechazo” a la “pretendida decisión final de inversión” anunciada por las “ilegítimas licenciatarias” Rockhopper Exploration Plc (británica), y Navitas Petroleum (de origen israelí) para explotar el yacimiento “Sea Lion”, en la Cuenca Malvinas Norte. Quirno aceptó, en principio, las razones del canciller israelí Gideon Saar, quien tomó distancia de la empresa de su país. Reiteró que “la cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”. (Fuente: La Nación)

Si bien todavía no asumió formalmente en el cargo, el designado ministro de Defensa, Carlos Presti, logró su primer triunfo de gestión al imponer a sus candidatos para la cúpula de las Fuerzas Armadas y se prepara para los desafíos que va a enfrentar en la gestión, entre los cuales está resolver los conflictos en IOSFA, la obra social de los militares y la tercera más grande del Estado.

El teniente general ya tiene decidido solicitar su pase a disponibilidad en los próximos días para continuar teniendo el rango a pesar de asumir en el Gabinete, al menos durante seis meses, que es el plazo máximo que permite la ley para que un uniformado permanezca en esa condición.

De esta manera, mantendrá su jerarquía cuando tome el control, el próximo 10 de diciembre, de la cartera que dejará en sus manos Luis Petri, quien pasará a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y ya tiene lista sus últimas actividades antes de salir del Gabinete.

También conservará su grado cuando tenga que nombrar formalmente a su sucesor, el general de división Oscar Zarich, que será finalmente quien ocupará su lugar como jefe del Ejército.

Su reemplazo, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento, no solo es uno de sus compañeros de la promoción 118, que se graduó en 1987, sino que además es alguien muy cercano, con el que compartió varias misiones en diferentes destinos.

Entre las tareas que desempeñó a lo largo de su carrera, Zarich integró el primer batallón argentino de Naciones Unidas en Croacia en 1992; fue jefe de la Base Antártica “San Martín”; estuvo en el Regimiento de Infantería Mecanizado 25 y en la Brigada Mecanizada IX, ambas en Chubut, y en la extinta Compañía de Cazadores de Monte 19, que se ubicaba en Formosa.

Quienes lo conocen, escucharon al general de división celebrar su ascenso destacando que Presti es “un amigo personal”: “Lo tomo como un desafío mayor, porque no puedo defraudarlo al tratarse de él”, le confesó a uno de sus colegas.

Por otra parte, el futuro ministro también evitó un eventual conflicto al elegir para liderar el Estado Mayor Conjunto al vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, un hombre de la Armada, institución que desde hacía tiempo reclamaba este lugar.

Desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hasta la discusión sobre educación inclusiva, el modelo social, la inserción laboral y la independencia, Luis Bulit Goñi abordó todos los temas sin esquivar incomodidades.

Reconocido por su trayectoria, fundador de ASDRA y referente del movimiento asociativo de padres desde los años 90, Bulit participó de una conferencia en el Salón del Honorable Concejo Deliberante titulada “Discapacidad, no todo es lo mismo: Educación, trabajo y autodeterminación”, organizada por Fundación Incluir y el Área de Inclusión y Accesibilidad. Por este motivo dialogó con EL ARGENTINO y dejó definiciones que invitan a revisar las prácticas vigentes.

Acompañado por Pablo Recchia, presidente de ASDRA, Bulit explicó que el punto de partida de toda discusión sobre discapacidad debe ser la Convención Internacional, un tratado con rango constitucional en Argentina. Desde allí planteó la necesidad de abandonar viejos paradigmas y avanzar hacia un modelo real de inclusión con escuelas comunes abiertas a todos los alumnos, apoyos institucionales, empleo en el mercado laboral y participación plena de las personas con discapacidad.

—¿Cuál es el punto de partida cuando se habla de inclusión y educación inclusiva?

Lo primero que hay que hablar, ni más ni menos, es sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Es el único tratado en la historia de la humanidad en cuya elaboración participaron los propios interesados: las personas con discapacidad. Y tiene cosas muy claras sobre qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Además, no es solo un tratado internacional: forma parte de nuestra Constitución. Argentina la suscribió, la ratificó y luego la incorporó al texto constitucional por mayorías agravadas. Es parte de nuestra Constitución. No podemos no cumplirla”.

—Estamos hablando de correrse de parámetros que parecen inclusivos, pero no lo son en realidad.

Cuando llevás los principios de la Convención a la realidad, empezamos a confundir conceptos. Uno de los más importantes es el artículo 24 sobre educación inclusiva. Y llamamos educación inclusiva a cosas que no lo son. Por ejemplo, decimos educación inclusiva a una maestra integradora. Cada nene con su maestra. No, eso no es educación inclusiva.

—¿Y cómo se explica ese concepto al cuál se debería ir?


La Convención dice que, si hay dudas, hay que ir a los documentos del sistema de Naciones Unidas. En educación, eso es UNESCO. Desde 1994, la Declaración de Salamanca habla de educación para todos: niños y niñas con discapacidad en las escuelas comunes, y esas escuelas deben tener los apoyos institucionales para enseñarles. Porque en un aula hay 20 o 25 chicos, cada uno con intereses y ritmos distintos. Esa diversidad incluye también a los niños con discapacidad. Nosotros venimos de un concepto previo: la integración. Era la persona la que debía adaptarse. Hoy la idea es que dejemos de hacer cosas que impiden el ejercicio de derechos. El modelo social dice que la discapacidad aparece cuando una persona se enfrenta con barreras físicas, actitudinales o políticas. Si hacés un ingreso con escalones, el problema no es la persona en silla de ruedas: el problema es que hiciste un edificio inaccesible”.

—¿Cómo se aborda la necesidad de apoyos sin caer en el esquema de la docente auxiliar exclusiva?


Vos dijiste algo fundamental: que ayude a la docente titular. Entonces deja de ser un recurso para el niño y pasa a ser un recurso de la institución. El alumno puede necesitar una ayuda puntual, pero lo importante es que la escuela planifique. Las escuelas inclusivas son las que entienden que todos los chicos son distintos. La construcción del saber es colectiva. El docente no es dueño del conocimiento. Hoy, con tecnología e inteligencia artificial, ningún docente puede competir con la cantidad de información disponible. Venimos hablando de esto hace 30 años. Y seguimos violando un tratado de derechos humanos cuando los alumnos con discapacidad no acceden a educación inclusiva.

El informe internacional dice que deben “cerrar las escuelas especiales”

Este es otro de los puntos claves de la conversación, donde Luis Bulit expone un tema profundo como lo son las escuelas especiales y la determinación de incluir a todos los alumnos a escuelas comunes.

—Uno de los debates más sensibles es el de las escuelas especiales, ¿como debería ser el planteo y porqué no deberían estar?


El último informe internacional, el de 2023, es clarísimo: hay que cerrar todas las escuelas especiales. Dice que todos los alumnos que hoy asisten a escuelas especiales deben pasar a la escuela común.

—Eso seguramente genera revuelo.


Sí, pero también hay que contar cuáles son los derechos. Si hubiéramos tenido educación inclusiva vigente, estas dudas no existirían. Muchos nunca tuvieron compañeros con discapacidad. Si los hubieran tenido, sabrían mucho del tema.

Empleo, cupo y talleres protegidos

—¿Esta mirada vale también para otros ámbitos, como el empleo?


Tenemos una ley de empleo para personas con discapacidad en la que no hay una sola palabra sobre empleo en el mercado laboral. Todo es talleres protegidos. El informe del 2023 dice: saquen a las personas de los talleres y pónganlas en el mercado laboral. Cumplan con el cupo del 4%. Seguimos mirando para otro lado. Hay violaciones sistemáticas: gente que no accede a la educación, al trabajo, a la toma de decisiones. Padres que no dejamos que se equivoquen. Eso también es violación de derechos humanos. Personalmente, tengo un hijo con discapacidad intelectual y el mismo me ha planteado varias veces ya de que está cansado de asistir a pasantías”.

—Respecto a las pensiones y los conflictos actuales, ¿qué reflexión hace?

Había que hacer auditorías. Siempre hay que hacerlas. La plata es de la gente y se paga con impuestos. Pero si se hacen, hay que hacerlas bien. No podés auditar mal. Hay pensiones otorgadas a gente que no corresponde. Se actualizaron los nomencladores, pero hay que revisar qué estamos pagando. Muchas prestaciones van en contra de la Convención. Y seguimos pagando escuelas especiales, centros de rehabilitación y transporte que no deberían ser necesarios.

—Con respecto a la independencia de las personas con discapacidad, ¿cómo ve ese aspecto en la actualidad?


Mi hijo tiene discapacidad intelectual. Hoy tiene 38 años, trabaja y viaja solo por Buenos Aires. Pero para que aprendiera, la obra social solo me ofrecía transporte exclusivo. Y eso no es inclusión. Tuvimos un acompañante terapéutico para que aprendiera a trasladarse. Hoy se mueve solo en una ciudad difícil. No queríamos un transporte exclusivo: queríamos inclusión. Seguimos abrazados al modelo medico-céntrico. La Convención rompe ese paradigma. La discapacidad aparece por las barreras que pone la sociedad.

—¿Qué falta para lograr el cambio de paradigma?


Hay que cambiar cabeza. Hay padres que deben salir de la zona de confort. Los derechos de la Convención son para sus hijos. Y para ser incluidos, deben ser educados en entornos inclusivos.

—¿Un ejemplo de escuela inclusiva?


Las escuelas rurales. Una maestra con chicos de 6 a 15 años. Sin tecnología, enseña a todos. Las maestras rurales han sido inclusivas toda la vida. Lo que hay que hacer es armar gabinetes de educación especial dentro de cada escuela. No eliminar la educación especial, sino integrarla.

—¿Qué modelos posibles y realidades provinciales hay en estos momentos en Argentina? ¿Es posible implementar este enfoque?


Sí. Nadie dice hacerlo de un día para otro. Italia lo hizo de golpe. Portugal lo hizo en nueve años. Se puede hacer. Hace falta decisión política y formación docente.

—¿Y en Argentina?


Hoy nadie discute la educación inclusiva. Se discute el cómo, no el qué. La normativa existe. Es obligación de todas las provincias cumplirla porque somos un país federal.

—¿Hay provincias más avanzadas?


La Pampa es de las más avanzadas. Se puede. Hace falta diálogo entre gobiernos, docentes y organizaciones. Solo depende de una decisión política. De ir y plantear todos estos temas a los ministros de educación.

—¿Cómo avanza su candidatura como Defensor del Pueblo de la Nación?


“Nos presentamos casi 80. Pasamos a 36 y expusimos ante la Comisión Bicameral. Se debía resolver el 5 de noviembre, pero se pasó a cuarto intermedio. Son muchos candidatos y muy buenos. La intención es elevar una terna antes del 30 de noviembre. Tengo fe. Creo que puedo aportar una visión del Estado que resuelve problemas. El defensor no debe ser un denunciador profesional, sino alguien que usa las quejas para solucionar problemas de fondo. Eso no se hizo en los últimos 19 años. Si se da, lo tomaré con la misma vocación de servicio con la que encaré todas las etapas de mi vida en el sector privado, público y en la sociedad civil.

La Organización de las Naciones Unidas está cumpliendo en este 2025 sus 80 años de existencia. Pero el clima está muy lejos de ser un festejo: el multilateralismo está en crisis y ello se espeja en una fuerte polarización sobre qué hacer con este organismo que no sólo no exhibe éxitos para resolver conflictos, sino que los Estados lo burlan para encarar sus propios intereses.

Trump amenaza con desfinanciarlo y el resto de los donantes tampoco muestran grandes voluntades de hacerlo. Hay sangrientas y prolongadas guerras sin resolver y eso genera que el Consejo de Seguridad permanezca por completo estancado. Una es la de Rusia y Ucrania; la otra la de Israel contra el grupo terrorista Hamas, pero que ha dejado a la población civil de Gaza sometida a un drama humanitario descomunal. Para el caso, Xi Jinping, de China; Vladimir Putin, de Rusia; Narendra Modi, de India; y Claudia Sheinbaum, de Mexico pegaron un faltazo a la Asamblea General, que sesionó la última semana con Trump y Benjamín Netanyahu de protagonistas.

"En realidad, podemos decir que estamos en una organización que está en una especie de caída libre", se sinceró esta semana el director de la ONU ante el Grupo Internacional de Crisis, Richard Gowan.

Milei se reunió con ellos la semana pasada en Nueva York. En el contexto de su participación en la Asamblea General de la ONU recibió, además, un fuerte respaldo del líder republicano y del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Ese respaldo fue de promesas políticas y económicas, entre otros mecanismos, que aliviaron el mercado por estos días, sometido a grandes turbulencias financieras, pero que generaron fuertes críticas internas a Trump en los Estados Unidos.

Trump anunció la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Acuerdo de París y de la UNESCO. No tiene diálogo con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por considerarlo un “socialista” y “anti israelí”. Guterres encara sus últimos meses de mandato y entre los candidatos a sucederlo se encuentra el argentino Rafael Grossi. El Presidente de los EEUU encara los conflictos de manera bilateral sin contar con la ONU: se destacan sus intentos de arreglar con los líderes de Rusia y Ucrania; con el de Israel y los países árabes; con los de Armenia y Azerbaiján y los de India y Pakistán.

Siguiendo a Trump, Milei dijo que Argentina se iba de la OMS -algo serio si se concretara porque nuestro país sí depende de ciertos programas de salud de la ONU, a diferencia de EE.UU-, pero no anunció su salida del Acuerdo de Paris.

No menos serio es que el canciller Gerardo Werthein retirara la candidatura de Argentina a integrar un nuevo periodo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina fue miembro fundador del Consejo, una voz líder y respetada en este espacio contra los abusos cometidos, por ejemplo, en Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Cuba o Venezuela. O donde se oían criticas también para la Argentina y para todos. Ahora, en solidaridad con Israel -al que se lo critica por el sufrimiento de la población gazatí-, el Gobierno argentino decidió dejar la silla vacía.

Además, el gobierno de Milei apeló a la estrategia de enviar diplomáticos de bajo rango y sin autoridad a los grandes foros multilaterales o regionales, sea la cumbre mundial de los océanos, la Iberoamericana o la Celac. La idea es mostrar una mezcla de baja presencia y desinterés.

La conmemoración de los 80 años de la ONU no encuentra, por lo tanto, motivos para la celebración, sino la urgente necesidad de una reflexión profunda por la combinación de ideologías que la paralizan, sumada a su actual crisis económica. Así, el multilateralismo es visto no como una solución, sino como un obstáculo. El riesgo real es que se erosionen no solo las estructuras de paz y cooperación, sino también la última red de contención –común y global-frente a los conflictos del XXI, dejando a la comunidad internacional más fragmentada y vulnerable que nunca.