El cuerpo sin vida de Bárbara Camila Aragón, de 26 años de edad, fue localizado durante la jornada del domingo en el interior de un inmueble que funciona como pensión, ubicado en la calle Juan José Paso al 6200, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. A partir de los hallazgos en la escena y los testimonios recolectados por las fuerzas de seguridad, la Justicia dispuso la detención preventiva de un hombre de 37 años e inició las actuaciones pertinentes bajo la figura legal de homicidio calificado por femicidio.

El procedimiento policial se desencadenó tras la denuncia efectuada por los familiares de la víctima, quienes reportaron la interrupción del contacto con la joven desde la jornada del sábado. En el marco de las primeras tareas de rastreo, la declaración brindada por un chofer de servicio de remis resultó determinante para reconstruir el trayecto final de Aragón. El trabajador al volante confirmó haber trasladado a la joven hasta la dirección mencionada e informó que, minutos después de dejarla en el lugar, recibió un mensaje de mensajería instantánea en el cual la joven le solicitaba que retornara a buscarla. De acuerdo con el testimonio incorporado a la causa, el conductor regresó al domicilio y dio señales sonoras, pero al no recibir respuesta optó por retirarse del sector.

Frente a la persistencia de la incomunicación, los familiares dieron aviso formal a la policía. Con la autorización expresa de la administración del complejo de viviendas, los efectivos policiales ingresaron al predio para inspeccionar los sectores comunes y privados. En la planta alta de la propiedad se identificó la presencia del sospechoso, mientras que en el sector destinado a la cocina los agentes hallaron una valija que contenía el cuerpo de la víctima envuelto en una frazada.

El imputado fue identificado por las autoridades como Eliel S., de 37 años, quien anteriormente formó parte de la Policía de Santa Fe hasta su exoneración institucional. Según los registros judiciales, el individuo contaba con antecedentes penales, entre ellos una condena dictada en 2021 a seis años de prisión por infracción a la ley de estupefacientes en el marco de una causa por traslado de sustancias ilícitas. Asimismo, en julio de 2024 había sido demorado durante un control preventivo al circular con indumentaria con insignias oficiales, una réplica de arma de fuego y un vehículo con numeración adulterada, instancia tras la cual recuperó la libertad.

La causa se encuentra radicada en la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la dirección de la fiscal Bertolotti, quien formalizó la detención del sospechoso en calidad de presunto autor.

El Juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, dictó el procesamiento con prisión preventiva para el comisario Daniel Alejandro Rosatelli y el resto de los imputados en la causa por narcotráfico. Se trata del expediente que investiga el hallazgo de más de 1.300 kilos de marihuana en La Paz, en febrero de este año.

Según se informó a AHORA, la Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para Rosatelli, César Leonel Ramírez, Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, imputados como coautores del delito de transporte agravado de estupefacientes.

Además, para Rosatelli, el procesamiento abarca también los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real. Este hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2025 en calle Bavio al 367, en la sede de la ONG “Suma de Voluntades”, según indica la resolución judicial.

Por otro lado, se trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de $15.000.000 individuales para responder a las costas procesales y eventuales penas pecuniarias.

Prisión preventiva para todos los acusados

Por último, se dispuso que los imputados continúen alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a disposición del Juzgado Federal mientras avanza la causa.

Rosatelli permanece con prisión preventiva en la unidad penal y está corriendo el plazo para que el magistrado resuelva si lo procesa, le dicta el sobreseimiento o va por el camino intermedio de la falta de mérito.

Rosatelli se abstuvo de declarar, pero sus defensores Damián Petenatti, Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen emitieron un comunicado en el que calificaron la detención del comisario y abogado como una “venganza” por haber impulsado una denuncia contra la cúpula de la División 911 de la Policía de Entre Ríos por presunta malversación de fondos en la administración de adicionales.

El primero en hablar públicamente del tema había sido el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien tildó de “absurdo” que la detención obedeciera a una venganza policial.

Según dijeron los defensores, en la causa no aparecen escuchas, filmaciones ni comunicaciones que relacionen al comisario con el resto de las personas investigadas por el cargamento de marihuana ni conoce a quien está sindicado como líder del grupo operativo, que sería Martín Reynaldo Pelizzari. También cuestionaron los informes policiales incorporados al expediente, a los que calificaron de “ridículos” y que “carecen de seriedad”, a la vez que pusieron en duda los elementos de prueba utilizados para sostener la imputación contra el comisario y abogado.

Mientras tanto, la investigación continúa su curso, con la producción de distintas medidas de prueba y declaraciones de testigos, en su mayoría policías que participaron de la investigación preliminar, consignó Página Judicial.

Del mismo modo, el juez rechazó la excarcelación de los otros cuatro detenidos: Martín Reynaldo Pelizzari, con múltiples antecedentes por estafas y una condena reciente, que sería el líder del grupo operativo; Claudio David Luna, hijo de un integrante de la organización que había montado una cocina de cocaína en un campo en el acceso norte de Paraná en 2011; y los hermanos Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, que cargan condenas por delitos de narcomenudeo.

En tanto, hay un prófugo, Juan Esteban Siebenlist Bustos, de 40 años, domiciliado en Paraná, registrado como monotributista en actividades de cría de ganado bovino y con antecedentes por delitos rurales y amenazas.

El origen

La investigación se inició el 13 de febrero, cuando policías de la brigada de delitos rurales de La Paz interceptaron una furgoneta que circulaba en un camino vecinal. El vehículo, un Citroën Jumper de color blanco, cargado con 1.345 kilos de marihuana y llevaba colocada una chapa patente que pertenecía a una furgoneta similar, pero que tenía pedido de secuestro desde noviembre de 2023.

En el procedimiento fue detenido el conductor del vehículo, César Leonel Ramírez, un albañil de 34 años, y otras dos personas lograron fugarse; pero los investigadores comenzaron a tirar del hilo hasta reconstruir la logística del operativo y surgió la sospecha de que la furgoneta utilizada para transportar la marihuana habría sido provista por el comisario Rosatelli.

Rosatelli está acusado de haber organizado y ejecutado el transporte del cargamento de marihuana, en forma conjunta y coordinada con Pelizzari, Luna, Siebenlist Bustos –que continúa prófugo– y otras dos personas no identificadas.

También se le atribuyen las lesiones un hombre que habría oficiado de nexo con el vendedor de la camioneta utilizada para transportar la droga, a quien golpeó violentamente en la cabeza en una oficina de la sede de la asociación civil Suma de Voluntades, tres meses antes.

La defensa de Leonardo Airaldi presentó ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú un pedido para que la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) sea apartada de la investigación que involucra al empresario.

La solicitud fue formalizada por la abogada Mariana Barbitta, quien cuestionó la competencia del organismo especializado y sostuvo que los hechos que dieron origen al expediente no tendrían relación con delitos previstos en la Ley de Estupefacientes ni con otras figuras vinculadas al narcotráfico.

La investigación comenzó en febrero de este año, cuando Airaldi se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Según surge del planteo realizado por su defensa, durante ese período Daniel “Tavi” Celis —quien compartía alojamiento con Airaldi— habría manifestado tener información sobre un supuesto plan para atentar contra la vida de funcionarios públicos.

Desde la defensa remarcaron que esas afirmaciones no habrían sido acompañadas por elementos objetivos que permitan respaldarlas. Pese a ello, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, junto con la Procunar, avanzó con distintas medidas dentro del expediente.

Entre ellas, se dispuso solicitar la incorporación de Airaldi al régimen de Alto Perfil del Servicio Penitenciario Federal y posteriormente su traslado al Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Cuestionamientos de la defensa

Uno de los principales argumentos planteados por Barbitta es el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. Según la presentación, ya pasaron aproximadamente seis meses sin que se hayan incorporado elementos que comprometan a su defendido ni se lo haya citado a prestar declaración indagatoria.

La defensa también cuestiona que Airaldi no conocería con precisión cuál es el hecho concreto que se le atribuye. En ese sentido, sostiene que el expediente continúa bajo la carátula de “averiguación de delito”, sin que exista —según su interpretación— un objeto de investigación claramente delimitado.

Para Barbitta, esta situación también pone en discusión la intervención de la Procunar. La abogada considera que, mientras no exista una vinculación concreta entre los hechos investigados y delitos relacionados con el narcotráfico, no correspondería la participación del organismo especializado.

Por ese motivo, la defensa solicitó formalmente al Juzgado Federal de Gualeguaychú que disponga el apartamiento de la Procunar de la causa y cuestionó la legitimidad de su intervención en el expediente. Con información de Ahora

La Justicia federal de los Estados Unidos declaró culpable al empresario Federico “Fred” Machado por los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. El fallo, dictado por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, se produjo luego de que Machado admitiera su responsabilidad a cambio de retirar los cargos por narcotráfico, los cuales conllevaban penas sensiblemente mayores.

Extraditado desde la Argentina a fines del año pasado tras haber sido detenido en Río Negro en 2021, el financista aguarda la fijación de su condena definitiva. La resolución reavivó el entramado de vínculos políticos con el exdiputado José Luis Espert. Durante la campaña legislativa de 2025, se reveló que el dirigente libertario había percibido transferencias millonarias no declaradas y utilizado aviones privados del empresario durante sus giras electorales.

El escándalo de financiamiento irregular derivó en denuncias por inconsistencias en los gastos de campaña y un severo costo político que culminó con la renuncia de Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires y a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

El laberinto financiero de José Luis Espert acaba de chocar contra un muro judicial. El ex diputado quedó formalmente acorralado en una investigación que conecta una cuenta secreta en el exterior, la compra de vehículos de alta gama y fondos "extraños" provenientes de una red transnacional de narcotráfico y fraude. Lo que comenzó como una indagación sobre el financiamiento de su campaña presidencial de 2019, hoy se transformó en un expediente por lavado de activos que amenaza su situación legal y su patrimonio.

El juez federal Lino Mirabelli ordenó que el ex legislador se presente a prestar declaración indagatoria el próximo 30 de junio, haciendo lugar a un contundente pedido del fiscal Fernando Domínguez. El magistrado no solo puso la lupa sobre el dirigente político, sino que también citó a su contador personal, Mariano Cosentino, y solicitó investigar a "Varianza S.A.", una firma creada en el año 2019 por Espert junto a su esposa, María Mercedes González.

El eje de la acusación gira en torno a Federico “Fred” Machado, un empresario que respaldó la carrera política del dirigente y que recientemente se declaró culpable de lavado y fraude ante los tribunales norteamericanos tras ser extraditado por Interpol. Según el rastreo de la fiscalía de San Isidro, en enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares en una cuenta no declarada ante el ARCA en el banco Morgan Stanley. El dinero provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa pantalla estadounidense dedicada a vender aviones inexistentes y liderada por una socia de Machado, quien ya cumple una pena de 16 años de prisión.

Para intentar blanquear ese ingreso, el dirigente presentó un supuesto contrato de consultoría por un millón de dólares con la firma minera guatemalteca "Minas del Pueblo S.A.". Sin embargo, la fiscalía derrumbó esa coartada al calificar el documento como apócrifo: los investigadores comprobaron que las minas jamás estuvieron operativas, que no existe ninguna factura o prueba del asesoramiento brindado y que el propio Espert nunca viajó al territorio de Guatemala.

Mientras aguarda la fecha de su comparencia frente al juez, el panorama económico del ex parlamentario se encuentra totalmente paralizado. Los tribunales dictaron una inhibición general de bienes sobre el matrimonio, medida que bloquea el uso irrestricto de sus cuentas bancarias y le impide vender propiedades, quedando habilitado únicamente para utilizar los fondos autorizados por la Justicia para afrontar sus gastos corrientes.

El circuito del dinero y los chats que lo delatan

A partir del análisis de los dispositivos electrónicos y documentos bancarios secuestrados al contador, la Justicia logró reconstruir la ruta de los dólares. Los fondos bajo sospecha fueron reinsertados en el mercado local mediante adquisiciones importantes, entre las que destacan la compra de un vehículo BMW y un posterior Lexus valuado en casi 130 mil dólares, según pudo adelantar TN. A la par, la esposa del ex diputado suscribió un fideicomiso inmobiliario en el exclusivo balneario bonaerense de Costa Esmeralda por una cifra superior a los 200 millones de pesos.

La evidencia digital recuperada resultó demoledora para la estrategia de Espert. Los mensajes de WhatsApp que constan en el expediente exponen diálogos directos entre Espert y sus asesores contables discutiendo abiertamente las distintas alternativas impositivas para encuadrar los fondos. En esas conversaciones telefónicas, el equipo debatía cómo justificar el elevado nivel de consumo familiar, concluyendo finalmente en la decisión de no declarar absolutamente nada.

Con todas estas pruebas sobre la mesa, el fiscal Domínguez determinó que las maniobras encajan a la perfección en las tres fases clásicas del delito de lavado: colocación, estratificación (acción y efecto de dividir o clasificar elementos, datos o realidades en grupos o niveles jerárquicos) e integración de activos ilícitos. Lejos de cerrar el caso con el giro inicial, los investigadores mantienen firme la sospecha de que el dirigente pudo haber recibido dinero adicional, considerando que el contrato presentado para justificar la operación estipulaba un pago cinco veces mayor al detectado.

Se trata de los informes publicados por el conductor televisivo Tomás Méndez en los programas que conduce en Canal 9 de Buenos Aires y en Crónica TV, donde se sustenta en presuntos mensajes que envió el condenado por narcotráfico Daniel "Tavi" Celis, a la expolicía y exfuncionaria municipal también sentenciada en la causa Narcomunicipio, Griselda Bordeira, en los cuales involucra a las autoridades provinciales en actividades delictivas.

Dichos informes fueron titulados "Escándalo en Entre Ríos: denuncian al ministro de seguridad y al gobernador por vínculos narcos". Cabe mencionar que no hay denuncia en trámite al respecto, sino que se refiere a los mensajes que le envió el hombre alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a su exconsorte de causa, quien ya se encuentra con la pena cumplida.

En este sentido, tres de las cartas documentos fueron enviadas al Grupo Olmos - Crónica TV, al Grupo Telearte S.A. - Canal 9, y a Tomás Ariel Méndez. En la documentación que difundió Roncaglia se denuncia "la difusión de información falsa, calumniosa e injuriosa". Allí rechaza las acusaciones, niega terminantemente las afirmaciones que lo vinculan con el narcotráfico, específicamente aquellas que sostienen que maneja "puertos y rutas liberadas" para el tráfico de cocaína a Europa, y que mantiene comunicación con el condenado Celis, o que ha otorgado beneficios carcelarios ilegales.

"Estas manifestaciones evidencian un claro intento de entorpecimiento de la investigación penalal afirmar que todo es un invento en relación al plan para matar a los tres funcionarios", en relación a lo atestiguado por Celis cuando acusó de este intento de magnicidio al detenido por narcotráfico, Leonardo Airaldi.

Además, el ministro afirma que el derecho a la libertad de expresión y de prensa "no es absoluto ni otorga una libertad ilimitada para proferir acusaciones criminales falsas sin el más mínimo rigor periodístico".

Por esto, Roncaglia afirma que Méndez "excede palmariamente los límites del ejercicio regular de informar, incurriendo en una falsa imputación de delitos de acción pública y un desprecio temerario por la verdad". Y sostiene que las manifestaciones del conductor configuran injurias y calumnias sancionados por la legislación nacional.

Por ello, el ministro los intima al cese inmediato de la difusión de esta información, la rectificación pública y detallada de las imputaciones en un plazo de 24 horas (con el mismo despliegue mediático), y al retiro de los videos de todas las plataformas digitales.

En cuanto a la carta documento enviada a Daniel Celis, se centra en los supuestos chats y audios que se le atribuyen bajo el seudónimo de "Germán Pérez" (así aparece agendado su nombre en el chat mostrado en pantalla). Roncaglia le exige la ratificación o rectificación, que en un plazo de 24 horas confirme o niegue de manera fehaciente la autoría de los mensajes y audios difundidos. Asimismo, que, en caso de ratificarlos, aporte las pruebas materiales que sustenten tales afirmaciones ante la Justicia. Y también que precise si entregó voluntariamente el material al conductor mencionado o si fue filtrado por un tercero.

Por último, a Griselda Bordeira Roncaglia envió dos cartas documento (a distintos domicilios) debido a su presunta participación en conversaciones con Celis. Las exigencias son similares a las enviadas al narco preso: ratificar o rectificar la autoría de los mensajes de texto y audios donde se alude al ministro, y que en caso de que los ratifique, que presente las pruebas ante las autoridades competentes, bajo apercibimiento de incurrir en delitos de falsa denuncia y calumnias. También le pide que informe si ella proporcionó las capturas de pantalla y audios a los medios de comunicación o si el material fue obtenido de forma ilegal.

En todos los casos, Roncaglia hace reserva de iniciar demandas civiles por daños y perjuicios, así como las denuncias penales que correspondan.

Quién es quién

Daniel Celis fue condenado a una pena de 13 años de prisión por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio: en la primera, por organizar la llegada de una aeronave con 317 kilos de marihuana a un campo cerca de Paraná; en la segunda, por organizar otra banda para el tráfico de cocaína en la capital provincial, en acuerdo con el exintendente, ya fallecido, Sergio Varisco, con el exconcejal Pablo Hernández y con la exsecretaria de Seguridad del municipio y exsargento de Policía, Griselda Bordeira. Una banda que se enquistó en la Municipalidad de Paraná y desviaba fondos públicos para financiar el narcotráfico, por un acuerdo político-electoral entre el jefe narco y el exintendente.

Varisco recibió seis años y seis meses de prisión, en tanto que Bordeira y Hernández recibieron cinco años de cárcel.

Se trató de una investigación del Juzgado Federal de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, y la Policía Federal Argentina, en los tiempos en que Roncaglia era jefe nacional de esta fuerza, y Frigerio era ministro del Interior. La causa culminó con la sentencia histórica del Tribunal Oral Federal de Paraná, en diciembre de 2019, donde el fiscal general José Ignacio Candioti los acusó a todos por los graves delitos de narcotráfico.

Justamente Candioti, Ríos y Roncaglia son quienes aparecen en la denuncia de Celis y el testimonio de otros dos presos que se encontraban en la cárcel de Gualeguaychú, como objetivos del supuesto plan criminal endilgado a Airaldi, el productor agropecuario de Diamante que está siendo juzgado en el TOF como organizador de una banda narco en esta localidad y en Paraná, así como por el almacenamiento de casi 30 kilos de cocaína en la casa de quien fuera su puestero de una isla, en Puerto Gaboto (Santa Fe).

Cabe recordar que Celis, además de estar cumpliendo la condena por narcotráfico, fue nuevamente procesado el año pasado por organizar otra banda desde la cárcel, que distribuía drogas en distintos barrios de Paraná y en la misma unidad penal, junto a dos internos y parientes. Fuente Análisis

En el contexto de un fuerte operativo de seguridad desplegado por fuerzas federales, Leonardo Airaldi prestó declaración de imputado ese martes, en el debate que se sustancia en su contra por dos presuntos hechos de narcotráfico que habrían ocurrido en Santa Fe y Entre Ríos.

Airaldi, según consignó Análisis, comenzó su declaración aportando sus datos personales. Precisó que tiene 43 años, que es oriundo de Mar del Plata y que es padre de dos hijos pequeños. Señaló además que es soltero y que desde fines de 2022 convivía con su actual pareja.

También hizo referencia a su historia familiar, vinculada —según describió— a varias generaciones de productores agropecuarios, y mencionó el fallecimiento de su padre en el año 2000. Su madre, según expuso, se desempeña como profesora de literatura y productora rural.

En cuanto a su formación, sostuvo que cursó estudios de Ciencias Económicas y Abogacía, aunque no los finalizó.

Uno de los tramos más extensos de su declaración estuvo dedicado a describir su actividad económica y el esquema societario que —según afirmó— conforma su patrimonio.

Airaldi aseguró que actualmente participa en al menos seis estructuras empresariales, entre fideicomisos y sociedades vinculadas a actividades agropecuarias e inmobiliarias. Entre ellas mencionó emprendimientos radicados en Diamante y en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, indicó que sus ingresos rondaban los 50 millones de pesos anuales, equivalentes a unos cuatro millones mensuales, cifra que contrasta con otras estimaciones incorporadas a la causa.

Respecto de los bienes, afirmó que no posee propiedades a su nombre personal, sino que los inmuebles y activos se encuentran registrados a nombre de las empresas. Detalló en ese sentido la existencia de campos de gran extensión —incluyendo explotaciones de más de mil y hasta más de dos mil hectáreas—, además de inmuebles urbanos en Diamante y vehículos de trabajo.

También mencionó embarcaciones utilizadas para tareas rurales y una flota de vehículos —entre camionetas, camiones y acoplados— pertenecientes a las firmas.

Airaldi habló sobre la denuncia que lo vinculó con un presunto plan para asesinar al fiscal José Ignacio Candioti, al juez Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Tras rechazar los cargos, manifestó su solidaridad con el fiscal Candioti, que estaba en la sala.

La revelación sobre el supuesto plan criminal se atribuyeron a Daniel Celis, alias Tavi, que cumple condena por su responsabilidad en las causas conocidas como Narcoavioneta y Narcomunicipio, requirió el refuerzo de las habituales medidas de seguridad y la apertura de una línea investigativa paralela.

Airaldi reconoció un antecedente penal por portación ilegítima de un arma de guerra, en una causa en la que accedió a un juicio abreviado con una condena de tres años de ejecución condicional. Aclaró que ese hecho no estuvo relacionado con narcotráfico ni con la planificación de delitos violentos, y que la pena fue morigerada en el marco de ese acuerdo judicial. La audiencia continuará con la incorporación de las evidencias y testimonios. (Fuente: APFDigital)

El sábado pasado se desarrolló la primera instancia de Guale Consciente, una propuesta socio-cultural que busca visibilizar y debatir las consecuencias del narcotráfico y el consumo problemático de drogas. La jornada incluyó dos paneles de diálogo con la participación de referentes locales, nacionales e internacionales, y se convirtió rápidamente en un espacio de reflexión regional que interpela a toda la comunidad.

Por la mañana, en el primer panel titulado “Poderes del Estado, narcotráfico y consumo problemático”, se abordaron las responsabilidades institucionales frente a la problemática. Participaron Pitu Salinas, ex concejal de Rosario; Lisandro Beherán, coordinador de fiscales de Gualeguaychú; Pedro Rebollo, fiscal federal; y la investigadora colombiana Carolina Duque, del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV). Allí se compartieron experiencias de otras localidades y se pensaron posibles estrategias en clave local.

Por la tarde, en los galpones del puerto, se realizó el segundo panel: “Las comunidades frente al consumo problemático, las adicciones y el narcotráfico”. Estuvieron presentes referentes de la Asociación Civil Primeras Madres Cuidadoras, Hogar de Cristo y Estrellita Roja, junto a Marcos Henchoz, asesor de la Secretaría de Desarrollo Humano de Gualeguaychú. También participaron representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de Pueblo Belgrano, Larroque y Urdinarrain, lo que dio al encuentro un carácter departamental.

Durante los debates se puso en evidencia la transversalidad del problema y la necesidad de abordarlo desde una perspectiva amplia que involucre a todos los sectores. Una de las conclusiones más contundentes fue que “el tráfico y el consumo de drogas ilegales no es una cuestión de clase, es un problema complejo que debe ser abordado con formación, seriedad y compromiso de todos”. Se destacó además la urgencia de atender la situación de niños y adolescentes que comienzan a consumir a edades tempranas, así como la expansión del consumo en sectores medios y altos.

La ausencia de algunos poderes de gobierno fue señalada como un vacío preocupante, y se remarcó que la sociedad en su conjunto tiende a subestimar la problemática. “Si el problema tiene la dimensión que vemos todos los días, acá tendríamos que ser miles de personas trabajando”, expresaron varios participantes.

Como consecuencia, se resolvió amplificar la voz y convocar a medios de comunicación, streamers y organizaciones de la ciudad y la provincia para construir consensos comunicacionales. Lo que comenzó como un festival local se transformó en un proceso de trabajo de un mes, con perspectiva regional y la construcción de puentes entre distintas instituciones y comunidades.

Guale Consciente es una iniciativa del Espacio Cultural Asociativo (ECA), dispositivo que vincula organizaciones de base territorial para crear y potenciar acciones de impacto comunitario. Actualmente lo integran la Asociación Civil Primeras Madres Cuidadoras de Gualeguaychú, la Cooperativa de Trabajo La Táfila Ltda., la Sala Sinergia Teatral y la Cooperativa de Trabajo Arqueoterra Ltda. Para esta propuesta se sumó la Asociación Civil Proyecto Unir.

Contacto: Instagram: @eca.espacioculturalasociativo

En el marco de la entrega de móviles y equipamiento a la fuerza provincial, el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, brindó detalles sobre el operativo realizado en La Paz.

El mandatario subrayó que “cuidar las fronteras es uno de los principales objetivos que nos propusimos para no dejar que entre la droga”, poniendo en valor el compromiso de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico.

Durante el operativo se secuestraron 61 bultos con 1.716 panes de marihuana compactada, con un peso total superior a 1.340 kilogramos. El ministro Roncaglia calificó el procedimiento como un “gran golpe al narcotráfico” y destacó la labor de dos suboficiales de la Policía Rural que, en tareas de patrullaje, interceptaron una camioneta sospechosa proveniente de Corrientes.

El jefe de la Policía, Claudio González, resaltó que los resultados obtenidos son una muestra del compromiso institucional en la lucha contra el crimen. “El objetivo que tenemos es combatir la delincuencia, el microtráfico y narcotráfico”, afirmó, subrayando que el éxito de estas acciones demuestra que la misión de la fuerza se está cumpliendo.

Las autoridades coincidieron en que el operativo refleja la dedicación y vocación de los efectivos, quienes están atentos a lo que sucede en el territorio. “Este resultado es fruto del esfuerzo diario para llevar seguridad a todos los ciudadanos entrerrianos”, remarcaron, reconociendo el trabajo de la Dirección General de Policía Rural y de la Jefatura Departamental La Paz.

El secuestro de más de 1.300 kilos de marihuana constituye uno de los procedimientos más relevantes registrados en la provincia y reafirma la estrategia de fortalecer la seguridad en los pasos fronterizos.

La actividad fue organizada por el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Sección Gualeguaychú de esa institución, y se contó con la presencia del diputado Nacional Guillermo Michel, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Federal, Pedro Rebollo, entre otros referentes del ámbito judicial y legislativo a nivel nacional y federal.

Durante la jornada se desarrollaron dos paneles temáticos. El primero, sobre narcotráfico, moderado por el juez federal Hernán Viri, comenzó con la exposición del ministro Néstor Roncaglia, quien luego de recordar su paso durante 5 años como Jefe de Drogas de Policía Federal, relató: “me dediqué a investigar ese delito junto a todas las fuerzas federales que hoy están presentes acá”. Y remarcó: “hoy en la provincia de Entre Ríos estamos enfocados en algo que es muy perjudicial: cuando las drogas llegan a los consumidores, cuando las drogas se transforman en dinero, en ese pasamano que se transforma en dinero, es decir, dinero que empieza a volver a los productores, que es el microtráfico”. Y explicó: “el narcotráfico es violencia, es corrupción, es trata de persona, es lavado de activos y es deterioro social. O sea, hay muchas otras aristas de nuestro mundo social que perjudican. No es solamente narcotráfico, no es solamente drogas, y somos todos perjudicados. Aunque no se consuman las drogas, aunque no seamos consumidores, también somos perjudicados por todas estas acciones que hacen al sistema de narcotráfico”.

Luego, en el mismo panel expusieron el fiscal federal Pedro Rebollo, y el juez federal de Mendoza, Marcelo Garnica, quienes abordaron distintas perspectivas vinculadas a la prevención, la investigación y el tratamiento judicial de este tipo de delitos.

Posteriormente, el panel dedicado al contrabando fue moderado por el Dr. Pedro Bancoff y contó con la participación del diputado nacional Guillermo Michel; los jueces nacionales en lo Penal Económico Pablo Yadarola y Alejandro Catania, y el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzzo.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante un amplio operativo en Rosario como parte del Plan Bandera, la estrategia integral del Estado Nacional para enfrentar al narcotráfico y reforzar la seguridad en zonas críticas. Las acciones se desarrollaron durante la madrugada y la mañana del viernes en el barrio Vía Honda y culminaron con la detención de cinco personas, el secuestro de drogas, municiones y la recuperación de animales en peligro de extinción.

El procedimiento fue resultado de más de tres meses de investigación orientada a desarticular estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. En ese marco, la PSA dio cumplimiento a siete órdenes de allanamiento emitidas por la Justicia sobre distintos domicilios de la zona.

Como consecuencia, fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, todos en carácter de incomunicados y puestos a disposición judicial. La fuerza destacó que el operativo representa un avance en el debilitamiento de las organizaciones delictivas que operaban en el barrio.

Durante las requisas, los oficiales incautaron catorce teléfonos celulares, más de 400 gramos de clorhidrato de cocaína en dosis fraccionadas y en un envoltorio compacto, dos frascos con sustancias de corte que superaban los 700 gramos y siete municiones calibre 9 milímetros. Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia como pruebas relevantes en la investigación.

En una de las fincas allanadas, además, se hallaron animales de distintas especies, algunos en peligro de extinción. Se constató que uno de ellos había sido sustraído en San Nicolás. Ante esta situación, intervino la Brigada Ecológica y de Rescate Animal de la Policía de Santa Fe, que secuestró cuatro equinos —dos quedaron bajo depósito judicial de la Municipalidad de Rosario y los otros fueron trasladados conforme a la Ley N.º 14.346—. También se rescataron un loro, un cardenal amarillo (especie en peligro de extinción) y un zorzal, en infracción a la normativa provincial y nacional de protección de fauna.

Finalizadas las diligencias, los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados al Aeropuerto de Rosario, donde se continuó con el labrado de las actuaciones correspondientes. La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía Regional de la 2.ª Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Dr. Luis Pierantoni.

El operativo refuerza la presencia del Estado en Rosario y marca un nuevo paso en la implementación del Plan Bandera, que busca enfrentar el narcotráfico con acciones coordinadas y sostenidas en los territorios más afectados por el delito.

Un amplio operativo contra el narcotráfico se desplegó en Rosario, donde la Policía Federal Argentina, bajo coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional, desarticuló múltiples puntos de venta de droga al menudeo. La acción se enmarcó en el Plan Bandera y estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones Federales (DFI).

En total se concretaron 29 allanamientos simultáneos en el barrio Las Flores Sur, territorio históricamente vinculado a la organización criminal Los Monos. Como resultado, nueve personas fueron detenidas y se incautaron estupefacientes valuados en más de 66 millones de pesos, además de armas de fuego, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

La investigación se originó a partir de un requerimiento de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, en el marco de la causa que indaga el triple crimen del 23 de diciembre pasado, cuando dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en Rosario. Según la hipótesis judicial, el hecho estaría vinculado a disputas territoriales por el control de la venta de droga.

Las tareas de inteligencia criminal y seguimientos permitieron identificar distintos puntos de comercialización de estupefacientes administrados por organizaciones que se disputaban el narcomenudeo. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos se secuestraron plantas de cannabis, miles de dosis de marihuana y cocaína, además de aproximadamente tres millones de pesos en efectivo. También se hallaron teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento de droga. En algunos domicilios se incautaron armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados y el alcance de las organizaciones criminales que operaban en la zona.

En una declaración oficial difundida en redes sociales, la fiscal general Pamela Bondi confirmó la imputación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un hecho que eleva la tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. “Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, afirmó Bondi.

La gravedad de los cargos ilustra la magnitud de la investigación. La funcionaria estadounidense subrayó el alcance internacional de la acusación, al precisar que “pronto, enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

El comunicado reservó palabras de reconocimiento para las autoridades y fuerzas militares estadounidenses involucradas. De acuerdo con Bondi, “en nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”.

El respaldo institucional incluyó un elogio expreso para los equipos responsables de la operación, que consideró un éxito operacional. La fiscal general añadió: “Y un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares, quienes llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, destacó Bondi en X.

Maduroenfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras ser capturado por el Ejército norteamericano en la madrugada de este sábado. El líder chavista es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas.

Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.

El operativo

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en Caracas. Se trató del ataque “a gran escala” llevado adelante por el ejército estadounidense, según la confirmación del presidente Trump.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezonala. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirman escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

En una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times durante la madrugada, Trump reiteró que consideraba la operación como “brillante”.

La captura de Maduro y Flores marca un punto de inflexión en la crisis venezolana, mientras la comunidad internacional permanece atenta a los próximos anuncios de las autoridades estadounidenses.

Según informó el senador republicano Mike Lee tras mantener una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y enfrentará un juicio penal en territorio estadounidense. Según Lee, Rubio indicó además que, tras la detención, no se prevén nuevas acciones militares en el país.

El funcionario estadounidense mencionó meses atrás que Maduro era considerado por Estados Unidos como “fugitivo de la justicia norteamericana” y “narcoterrorista”. En ese sentido, sostuvo que el recientemente capturado no era “ni líder legítimo, ni jefe de Estado” en Venezuela. Señaló que un gran jurado en el estado de Nueva York lo encausó por delitos de narcotráfico y terrorismo.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay rechazó el pedido de inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la Ley 24.660 y denegó las salidas transitorias a un condenado por transporte de estupefacientes. La resolución fue firmada por el juez Sebastián Gallino en el marco del legajo de Ejecución Penal de AJF, quien cumple una condena de cuatro años de prisión.

La defensa pública había solicitado el beneficio de salidas transitorias conforme al artículo 16 de la Ley de Ejecución Penal y, en paralelo, planteó la inconstitucionalidad del artículo 56 bis, que prohíbe el acceso a determinados beneficios a condenados por delitos considerados graves, entre ellos los previstos en la Ley de Estupefacientes.

Gallino sostuvo que el Congreso Nacional, en ejercicio de sus facultades, estableció un régimen especial de ejecución de la pena para conductas de mayor gravedad, diferenciándolo del aplicable a delitos de menor entidad. En ese marco, afirmó que no todo trato jurídico distinto implica una situación de discriminación.

El magistrado recordó que AJF fue condenado el 28 de septiembre de 2023 como autor del delito de transporte de estupefacientes y que la pena vencerá el 12 de noviembre de 2027. Si bien la defensa argumentó que el condenado reúne los requisitos temporales para acceder a salidas transitorias, el juez señaló que la normativa vigente impide otorgar ese beneficio por el tipo de delito cometido.

En su análisis, Gallino remarcó la diferencia entre la culpabilidad, ya ponderada al momento de fijar la pena, y la modalidad de cumplimiento de la condena, que responde a criterios legislativos vinculados a la ejecución penal. Indicó además que la reforma introducida por la ley 27.375 no elimina el objetivo de reinserción social, sino que establece un régimen preparatorio para la liberación con un esquema progresivo diferenciado.

El fallo destacó que al momento del hecho por el cual fue condenado AJF ya se encontraba vigente la modificación legal que restringe el acceso a beneficios como salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional para delitos de narcotráfico.

Finalmente, el juez concluyó que la defensa no logró demostrar que el artículo 56 bis sea incompatible con los principios constitucionales ni con los tratados internacionales de derechos humanos, pese a que el condenado registra conducta muy buena y concepto bueno dentro del sistema penitenciario.

Incautaron dosis de cocaína y marihuana fraccionada, además de plantas de cannabis; más de 12,7 millones de pesos en efectivo, monto cuya procedencia será materia de análisis judicial; y 56 teléfonos celulares, dispositivos fundamentales para el análisis de comunicaciones y estructura de la organización.

Fue tras un operativo contra el narcotráfico de la Policía de Entre Ríos que incluyó 46 allanamientos y múltiples requisas vehiculares en Paraná, Villa Urquiza, Nogoyá y Diamante en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

En los procesamientos también se secuestraron armas de fuego y municiones de distintos calibres; cuatro balanzas, elementos de corte y utensilios con restos de estupefacientes; documentación, cuadernos de anotaciones, comprobantes de transacciones y papelería vinculada a movimientos económicos; y equipamiento tecnológico (notebook, cámaras, DVR), rodados de distintas gamas y nueve vehículos, entre ellos utilitarios y camionetas de alta gama.

Como consecuencia del despliegue policial, 132 personas fueron identificadas, pero hasta al momento no se registraron detenciones; los investigados quedaron supeditados a la causa por narcotráfico.

Investigación y alcance provincial

Las pesquisas se centraron en dos familias ampliamente conocidas en el ambiente delictivo, quienes figuran como los principales investigados, informaron fuentes policiales.

“Estas familias han sido objeto de diversas intervenciones previas, donde distintas divisiones y dependencias de la Policía de Entre Ríos ya habían secuestrado sustancias estupefacientes en múltiples oportunidades, lo que consolidó un historial relevante dentro de la actividad ilícita investigada”, indicaron desde la fuerza.

De acuerdo con la información reunida a lo largo de la investigación, los principales involucrados operaban como proveedores de material estupefaciente en varios puntos de la provincia, lo que explica la necesidad de realizar allanamientos simultáneos en Paraná, Villa Urquiza, Nogoyá y Diamante.

La investigación policial, se llevó a lo largo de más de un año, bajo las órdenes del Fiscal Leandro Ardoy, reuniendo las pruebas suficientes para dar con los resultados visibles.

El despliegue se desarrolló entre la noche del 10 y la mañana del 11 de diciembre, bajo la coordinación del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, a cargo del Dr. Leandro D. Ríos, y la Secretaría Criminal y Correccional Nº 2, a cargo del Dr. Juan Andrés Chaulet.

El procedimiento, fue ejecutado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el apoyo de las Divisiones de Drogas Peligrosas, Grupos Especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales, y unidades tácticas G.I.A. y C.O.E., constituyendo uno de los despliegues operativos más importantes del año.

Finalmente, la Policía de Entre Ríos destacó “la articulación sostenida con la Justicia Federal, cuyo acompañamiento permitió ejecutar un operativo simultáneo de gran complejidad, garantizando la legalidad de las medidas y el resguardo de la cadena de custodia de todos los elementos secuestrados”.

Asimismo, se resaltó “el profesionalismo del personal policial interviniente, que actuó bajo estrictos protocolos de seguridad y logística, asegurando el éxito de un procedimiento de alta magnitud que busca desarticular estructuras dedicadas al narcotráfico y delitos conexos”.

El Gobierno envió al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.

“El que la hace las paga”, afirmó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en conferencia de prensa durante la presentación del proyecto. Delitos gravísimos como abuso de menores serán imprescriptibles.

“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.

En la actualidad, cuando la pena “no supera los 3 años el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados”, informó por su parte el Ministerio de Justicia de la Nación en un comunicado.

El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Se trata de delitos “cuyo castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”, agregó el parte de prensa.

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.

Corrupción

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio.

Desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Bullrich anticipó que el Congreso “va a tener una misión histórica. Los Códigos no se cambian todos los días y la Argentina tiene un Código Penal que ha tenido un montón de modificaciones, parches”.

“Los más favorecidos eran los delincuentes, violadores, asesinos. A partir de ahora, la sociedad en su conjunto y las víctimas son los más favorecidos”, remarcó.

Fin de la “puerta giratoria”

Bullrich sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”.

Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”

En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

Y en la “conducción imprudente” en accidentes de tránsito se aumenta la pena de dos a seis años de prisión.

“Si manejaste de manera imprudente, estabas mirando el celular o cualquier otra falta que estás cometiendo al manejar, la imprudencia la tenés que pensar antes. Vas a tener una pena seria”, advirtió Bullrich.

La Ministra recordó que este es un viejo reclamo de las “Madres del Dolor”.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría de Basavilbaso acudió ante un disturbio y logró identificar a los involucrados. Dos jóvenes, de 20 y 21 años, presentaban signos de ebriedad y algunas lesiones producto de la riña.

Uno de los presentes señaló que el joven de 20 años los había apuntado con un arma larga durante la discusión. Al inspeccionar el vehículo en el que se trasladaban los agresores, los agentes policiales encontraron una carabina calibre 22 LR junto a varios cartuchos.

El test de alcoholemia realizado al joven de 20 años arrojó un resultado de 1,87 g/l, ampliamente superior al límite permitido. Por lo tanto, y por disposición de la Fiscalía, fueron detenidos, el sujeto de 20 años, acusado de portación ilegal de arma de fuego (Art. 189 bis del Código Penal Argentino) y el de 21 años, por ebriedad y desorden (Arts. 41° y 43° de la Ley 3815).

Además, fueron secuestrados el arma y el vehículo utilizado, mientras que ambos detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Primera, quedando a disposición de la Justicia.

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este lunes el Plan Paraná, un esquema integral para reforzar los controles en la Hidrovía Paraná-Paraguay y prevenir delitos federales como narcotráfico, contrabando, trata de personas y lavado de activos. La estrategia abarca cinco provincias y prevé un despliegue coordinado de fuerzas federales con apoyo de las policías provinciales.

El proyecto, anticipado hace un mes por la ministra Patricia Bullrich, establece casi una decena de bases operativas entre Chaco y el norte de la provincia de Buenos Aires. Aunque la definición de puntos estratégicos puede ampliarse, el Gran Rosario quedó fuera de la primera selección de localidades donde se concentrará el operativo inicial.

Según la resolución 1.307/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Hidrovía quedó dividida en seis polígonos territoriales de intervención, desde Puerto Bermejo hasta Paraná Guazú. En cada uno se implementarán nuevas modalidades de patrullaje, monitoreo y trabajo de inteligencia. Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires son clave en el tramo inferior, donde se reforzarán los controles en puertos públicos y privados.

El Gobierno sostuvo que la circulación de unos 300 convoyes diarios —principalmente barcazas que llegan desde Asunción— configura un escenario propicio para maniobras ilícitas. Señaló que las redes criminales se aprovechan tanto de la extensión geográfica como de las limitaciones tecnológicas de los controles actuales, lo que constituye “una amenaza concreta para la seguridad pública y la estabilidad económica y social de la región”.

El Plan Paraná incorpora tecnología avanzada, incluyendo radares, drones, cámaras térmicas, escáneres de contenedores y sistemas de monitoreo en tiempo real. La meta es mejorar la detección de embarcaciones, cargas y movimientos sospechosos, así como fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre organismos.

La iniciativa se desplegará en cuatro fases: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación. A ellas se suma una etapa de flagrancia para medir el impacto inicial y una etapa investigativa orientada a desarticular organizaciones transnacionales.

La conducción del operativo estará a cargo del Comando Unificado Plan Paraná, encabezado por Prefectura Naval Argentina e integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad, Policía Federal, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Gobierno invitó además a las policías provinciales a designar enlaces para facilitar la coordinación en el territorio.

La primera grilla de bases operativas incluye Puerto Bermejo, Resistencia, Corrientes, Bella Vista, La Paz, Paraná, Santa Fe, San Nicolás y Paraná Guazú. Sin embargo, las autoridades dejaron abierta la posibilidad de sumar nuevos puntos en función de la dinámica delictiva y las necesidades operativas.

Con este plan, el Gobierno busca modificar de forma estructural el mapa de control en la Hidrovía, un corredor clave para el comercio exterior del país y, al mismo tiempo, un espacio históricamente aprovechado por organizaciones criminales complejas.

Se sostuvo que la Justicia Federal “como estructura funcional, merece un debate abierto de la situación actual por la que atraviesa, un análisis exhaustivo en todo su orden, tanto administrativos, tecnológico, edilicio, salariales, recursos humanos, entre otros”.

La diputada provincial del bloque libertario Fe y Libertad, Julia Esther Calleros, presentó este lunes en la Cámara baja entrerriana un proyecto de declaración de interés legislativo de la Jornada “Narcotráfico Transnacional–Análisis desde la Justicia Federal”, que se realizará el jueves 6 de noviembre en la sede del Colegio de la Abogacía Sección Concordia. La diputada sostuvo que se trata de un “valioso aporte a la formación jurídica, la reflexión académica y el fortalecimiento institucional de la Justicia Federal en la Provincia”.

En los fundamentos del proyecto de declaración, el legisladora destacó que la jornada “constituye una instancia de análisis y debate sobre una de las problemáticas más complejas y sensibles que atraviesan la sociedad argentina y regional: el crimen organizado y el narcotráfico. Hablar de Narcotráfico Trasnacional, es referirnos a una actividad ilícita que traspasa fronteras, generando consecuencias perjudiciales para la Seguridad, la Economía y la Salud pública de los países”.

Calleros Arrecous añadió: “Nos encontramos frente a una problemática agudizada en los últimos años y que requiere de un extremo control fronterizo y de cooperación Internacional que permitan combatir éstos ilícitos. Sin lugar a dudas, que la Justicia Federal debe administrar justicia en los casos que involucren a éstos tipos de delitos Federales, resolviendo disputas legales de interés público que ponen en riesgo la convivencia, la seguridad, la salud y la economía de una región o país”.