A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán, la Justicia busca hacerse camino por el laberinto que se abrió detrás de la pista de los “espías”, nacida de la activa red de comunicaciones entre agentes de inteligencia detectada aquel fin de semana, en las horas previas a la tragedia.

En el equipo de investigadores que lidera el fiscal federal Eduardo Taiano consideran casi finalizada la primera parte de este trayecto, aunque todavía vislumbran un largo camino por delante.

Destacan haber concluido con la declaración de un grupo de 80 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –hoy SIDE– y que, sobre la base del cruce de esos testimonios, se solicitó la “desclasificación” de información de inteligencia al Poder Ejecutivo. Una parte fue habilitada y otra no, dijo una fuente del caso a La Nación.

Está previsto continuar con la declaración del personal de inteligencia, pero del Ejército argentino. Son un total de 400 personas, que ya comenzaron a ser citadas. No son testimoniales “comunes” y suelen durar, en promedio, unas seis horas, dijo uno de los investigadores.

La hipótesis que empuja este grupo de medidas es que la muerte del entonces fiscal de la causa AMIA puede estar relacionada con una guerra interna de los servicios de inteligencia.

Una de las principales pruebas en ese sentido es la gran cantidad de comunicaciones entre agentes detectadas por la Justicia aquel fin de semana, que aumentaron de forma exponencial el domingo 18 por la mañana, en las horas previas a que la madre del fiscal, su custodia y un cerrajero consiguieran franquear la puerta de servicio y entrar al departamento de Nisman, en Puerto Madero, publicó el diario La Nación.

La fiscalía, el juez Ercolini y la Cámara Federal dieron por acreditado que su muerte fue producto de un homicidio. La prueba central es el peritaje realizado por Gendarmería, en 2017, que sostuvo que al menos dos personas entraron al departamento del fiscal en las Torres Le Parc, lo redujeron, lo pusieron de rodillas y con la intención de simular un suicidio, le dispararon en la cabeza.

Sin embargo, a más de una década del hecho, no hay indicios claros de quiénes fueron los autores materiales o intelectuales del homicidio.

En este tramo principal del caso, hay cinco procesamientos confirmados: los cuatro custodios que debieron proteger a Nisman durante esas horas y no lo hicieron, porque no estaban; y Diego Lagomarsino, el informático que lo asistía en la investigación por fuera de la estructura de la fiscalía.

Fue quien, en las horas previas a su muerte, le llevó el arma a Nisman (según la versión de Lagomarsino, a pedido del fiscal). Fue vinculado a los servicios de inteligencia por distintos testimonios y está imputado como partícipe necesario.

La tardía intervención del juzgado de turno, la gran cantidad de gente que se presentó y se desplazó por el departamento -algunos de ellos altos funcionarios, como Sergio Berni-, la incorrecta delimitación de la escena, circunscripta solo al baño, y otras desprolijidades, como la falta de un termómetro para medir la temperatura tanto del cuerpo como del lugar, claves para determinar la hora de muerte, son algunas de las irregularidades apuntadas en el informe. Muchas de ellas quedaron capturadas en el registro fotográfico y fílmico que acompañó el procedimiento, consignó el diario La Nación.

Aquel informe añade que, pese a la gran cantidad de personas que desfilaron por el departamento —cerca de 80, dice la fiscalía—, durante ese primer procedimiento pasó inadvertida la existencia de una puerta de metal en la cocina que daba acceso a un espacio compartido con el departamento lindante, de piso enrejado, donde se encontraban instalados los aires acondicionados de ambos departamentos.

En esta causa conexa están imputados el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni; el exjefe de la Policía Federal Argentina, Román Di Santo; el exprefecto general de la Prefectura Naval Argentina, Luis Alberto Heiler; el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz; y la fiscal del caso antes de que pasara a la justicia federal, Viviana Fein, máxima autoridad en la escena. Fein fue llamada a indagatoria a fines del año pasado, pero su declaración se pospuso para la última semana de febrero.

En su presentación del 14 de enero de 2015, por la que decidió interrumpir intempestivamente un viaje en Europa, Nisman denunció la existencia de un pacto espurio entre el Gobierno de Cristina Kirchner e Irán. Ese acuerdo, según la acusación, les daría impunidad a los iraníes sospechados de volar la AMIA a cambio de beneficios comerciales para el país y se instrumentalizaría a través de una comisión de investigación.

La denuncia fue desestimada rápidamente por el juez Daniel Rafecas por falta de pruebas, decisión que fue luego confirmada por la Cámara Federal, en un fallo dividido.

Como uno de los elementos centrales de la denuncia figuran las escuchas a referentes de la comunidad islámica, como “Yussuf” Khalil, y dirigentes sociales ligados al kirchnerismo, como Luis D’Elía. Habrían constituido un canal extraoficial entre ambos países para establecer el pacto de encubrimiento.

Para desestimar la acusación, Rafecas sostuvo que el acuerdo entre países no entró en vigencia, porque Irán nunca ratificó internamente el acuerdo, que sí había sido aprobado por el Congreso argentino. Sostuvo también que en las conversaciones interceptadas había elementos que contradecían la acusación, como menciones a que el canciller de entonces Héctor Timerman era “inflexible” respecto al pedido para hacer caer las alertas que pesaban sobre los iraníes, señaló el diario La Nación.

La Casación desanduvo ese camino. En un fallo sin disidencias, la Sala I sostuvo que, por tratarse de una denuncia con un trasfondo de lesa humanidad, existían compromisos especiales de investigación y que la decisión de Rafecas había sido “prematura”. Los autores del fallo, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, resaltaron también que el pacto fue declarado “inconstitucional”.

El juicio oral por el memorándum no tiene aún fecha de inicio y atraviesa un proceso de instrucción complementaria. Una de las cuestiones todavía abiertas es si el exjefe de Interpol, Ronald Noble, declarará como testigo en el debate. Su testimonio es relevante porque corre en contramano a la acusación: Noble aseguró en el pasado que el acuerdo nunca haría caer los pedidos de captura que pesaban sobre los iraníes sospechados de volar la AMIA.

Un informe presentado por la Fiscalía Federal N°3, encabezada por Eduardo Taiano con la colaboración del auxiliar Hernán Kleiman, reafirma que el fiscal Natalio Alberto Nisman fue asesinado debido a su trabajo en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA).

El documento sostiene que Nisman fue víctima de un homicidio vinculado a su denuncia sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán, que buscaba encubrir a los responsables del ataque a la mutual judía que dejó un saldo de 85 muertos.

La hipótesis central del trabajo judicial apunta a que el crimen fue ejecutado por actores que buscaron silenciar al fiscal, cuyos hallazgos en torno al pacto con Irán comprometían a altos funcionarios del gobierno argentino que en ese momento encabezaba Cristina Kirchner. “Se encuentran en curso medidas para determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron”, señala la fiscalía

El informe tiene 52 páginas y el contenido está dividido en siete capítulos que se enfocan en la reconstrucción de la escena del crimen, el análisis de la denuncia de Nisman contra funcionarios del gobierno argentino y un apartado específico que detalla los avances periciales obtenidos desde que la causa fue transferida al fuero federal. Y entre las medidas tomadas destaca pericias forenses, análisis de comunicaciones y entrevistas a testigos clave que consolidaron la tesis del homicidio como un acto intencional relacionado con las actividades del fiscal.

Tras haber asumido el trámite de la causa y analizado en detalle los elementos de prueba, el fiscal Taiano denunció la existencia de graves irregularidades en el procedimiento llevado a cabo entre los días 18 y 19 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado sin vida: “La primera hora y media desde que se ingresó al departamento estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina. Hasta el momento no se ha brindado ningún tipo de justificación o asignación a tarea específica que sustente este accionar, que atentó directamente contra la preservación de la escena”.

“En la escena del crimen circularon esa noche más de 80 personas. No hace falta ser un experto en la materia para advertir que esa cantidad de gente en la escena de un crimen no tiene justificación alguna”, se enfatiza.

Además, en el texto conocido hoy se recuerda que en la investigación de la muerte del fiscal, “se corroboró la participación activa de terceras personas, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo (a Nisman), lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″.

“De inmediato -se agrega en el texto- se verificó que como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como “arma amiga”-. En el caso, el plan homicida se llevó adelante con la utilización de un arma registrada a nombre de Diego Ángel Lagomarsino”, quien era colaborador del fiscal y prestaba servicios en la UFI-AMIA.

Luego se repasa que el fiscal Taiano también analizó “la labor ineficiente de la custodia que debía proteger a Nisman en su departamento”. Y se destacó que “durante ese fin de semana los miembros de la Policía Federal Argentina que debían protegerlo abandonaron la consigna vigente en reiteradas ocasiones y por lapsos de tiempo prolongados. De esta forma, no sólo se vio facilitado el accionar homicida que terminó con la vida del fiscal, sino también la libertad de manipular la escena sin ningún tipo de control”.

Los capítulos del informe incluyen no sólo el relato de los hechos investigados, sino también los obstáculos encontrados en el proceso, como la falta de colaboración por parte de algunos organismos relevantes vinculados a los servicios de inteligencia y áreas del gobierno que manejaban información sensible sobre el atentado a la AMIA y sus posibles inteligencias.

“Al día de hoy, sólo por mencionar un ejemplo evidente, no sabemos si los autores del homicidio pudieron haber salido del departamento por la vía de acceso ubicada en la cocina que nadie advirtió (o quiso advertir) durante los primeros momentos de la investigación”, se destaca en el escrito.

En ese sentido, se menciona que numerosos pedidos de acceso a documentos específicos fueron ignorados o demorados de manera injustificada, lo que dificultó avanzar en el esclarecimiento de la causa. Además, se denunció que algunos informes entregados por estas entidades llegaron incompletos o con información irrelevante, lo que generó suspicacias y potenció las sospechas sobre un ocultamiento deliberado. (Infobae)