Con motivo del cierre de las actividades conmemorativas por el Mes de la Salud Mental, la Asamblea de Salud Mental Gualeguaychú convocó a la comunidad local a participar de una agenda pública centrada en la visibilización de reclamos del sector, la exigencia de políticas públicas y el fortalecimiento del abordaje comunitario en la atención sanitaria. El espacio está integrado por referentes de organizaciones locales, trabajadores del ámbito de la salud y la educación, personas jubiladas y usuarios del sistema.

Las actividades comenzarán el jueves 29 de octubre a las 19:30 horas con una vigilia en el Espacio Cultural Sinergia, ubicado en Leandro N. Alem N° 36, donde se ofrecerán propuestas abiertas como cine debate, una representación teatral sobre la identidad y un servicio de cantina a precios populares. La programación continuará el viernes 30 de octubre con una concentración fijada a las 17:30 horas en Plaza Urquiza, desde donde la movilización se desplazará hacia la Plaza San Martín. En el lugar de llegada se dará lectura a un documento institucional y se llevará a cabo un festival con la presentación de artistas locales de la música, el baile y la poesía.

Según señalaron desde la organización a través de un comunicado oficial enviado a este medio, las jornadas apuntan a reinstalar las prioridades presupuestarias y asistenciales de la zona. Desde la Asamblea explicaron que la convocatoria busca "reivindicar los derechos conquistados, alzar la voz en defensa de aquellxs a los que se les esta quitando los mismos y volver a poner en agenda las demandas que atraviesan al sector".

Entre los puntos que integran el petitorio figuran el financiamiento real para la salud pública, el acceso universal a tratamientos gratuitos, la consolidación de redes comunitarias de cuidado, la aplicación de la Ley Nacional N° 26.934 de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos y la declaración de la emergencia en salud mental.

Uno de los ejes centrales expresados en la gacetilla radica en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en el año 2010. Al respecto, el espacio evaluó el estado de aplicación de la normativa y manifestó: "Su artículo 32 establece que el poder ejecutivo debe destinar como mínimo el 10% del presupuesto total de salud al campo de la salud mental y nunca se alcanzó ese porcentaje. La falta de presupuesto, los recortes en salud se traducen en guardias colapsadas, turnos a meses de distancia, tratamientos interrumpidos, y equipos territoriales diezmados".

Asimismo, agregaron que "aplicar la ley implica un presupuesto real, que postula pasar del encierro a la comunidad, del control a una perspectiva de derechos, y de una mirada individual a una mirada comunitaria y social".

Por otra parte, el documento emitido por la Asamblea manifiesta la oposición del colectivo a las propuestas de reforma legislativa en debate parlamentario. Según expresaron en la comunicación oficial, "los intentos de modificación presentados en el Congreso significan un retroceso al avance de los derechos humanos", debido a que "el proyecto de mayoría reinstala el modelo basado en el hospital psiquiátrico, debilitando así el abordaje comunitario".

También señalaron que "habilita las internaciones involuntarias con criterios poco claros" y "desplaza la lógica interdisciplinaria hacia un modelo con mayor preeminencia del enfoque médico". Frente a las deficiencias detectadas en el sistema actual, la organización concluyó que "la respuesta no puede ser volver a un modelo que se ha revelado dañino para las personas e ineficaz", ratificando la invitación a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas para el cierre de octubre.

La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó de manera definitiva el archivo de la causa judicial iniciada a raíz del acuerdo financiero suscripto en el año 2018 entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 57.000 millones de dólares. La resolución, rubricada por los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó el recurso planteado por la representación fiscal y confirmó lo resuelto previamente por las instancias inferiores del fuero federal respecto a las actuaciones tramitadas sobre exintegrantes del Poder Ejecutivo Nacional.

El proceso judicial, dictaminado inicialmente en el Juzgado Federal N° 5 y con ratificación de la Cámara Federal en febrero de este año, se orientaba a determinar si la tramitación del crédito internacional y la posterior administración de las divisas configuraron delitos en perjuicio de la administración pública o incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación comprendía el accionar desarrollado por la conducción del Poder Ejecutivo de dicho período y los responsables de las carteras de Economía, Finanzas y el Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo con las pautas vertidas en el texto del fallo judicial, a lo largo de los cinco años de instrucción no fue posible fundamentar una hipótesis delictiva concreta sobre el accionar de los imputados. El dictamen fiscal subrayó que las acusaciones planteadas se centraron en cuestionamientos de índole general a la orientación de las políticas públicas y al modelo económico implementado, en lugar de acreditar infracciones específicas a la normativa legal vigente sobre la aplicación de los fondos.

Al desestimar la existencia de desviaciones en los procedimientos normativos requeridos para la toma de deuda o la afectación irregular de los recursos, la Cámara de Casación clausuró la vía ordinaria de revisión, otorgando carácter de cosa juzgada a la resolución que dispone el archivo de la causa respecto a todos los funcionarios sumariados en la investigación.

El acceso al empleo para las personas con discapacidad en la Argentina se encuentra regulado por marcos normativos de inclusión y cupos obligatorios en el sector público, acompañados por algunas iniciativas desde la esfera privada.

En el ámbito estatal, la legislación nacional establece mediante la Ley N° 22.431 que los tres poderes del Estado y las empresas públicas deben contar con una plantilla laboral integrada en al menos un 4% por personas con discapacidad.

El sector privado no cuenta con una exigencia legal homogénea a nivel nacional, por lo que las oportunidades laborales quedan supeditadas en gran medida a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Al analizar la composición por tramos etarios, el 17,2% corresponde a la franja de 0 a 14 años, el 21,6% pertenece a adultos mayores de 65 años o más, y el 61,2% se ubica en el segmento en edad central de trabajar, de entre 15 y 64 años.

A nivel de indicadores sociales, el 83,5% de las personas vive acompañada y el 73,1% de la población con CUD está alfabetizada. No obstante, la cifra vinculada al mercado laboral revela una brecha estructural: el 73,9% de las personas con discapacidad en Gualeguaychú no trabaja.

Ian Pavon tiene 23 años, es autista, juega al fútbol desde los 7 años y actualmente se encuentra en la etapa final de un curso de Diseño Gráfico, para el cual ahorró y adquirió su propia computadora. Respecto a su experiencia previa en el mercado de trabajo y los desafíos de inserción, compartió su testimonio: “Cuando logré encontrar trabajo tuve varios obstáculos. Lo primero: era en negro y trabajaba de cortado. En un super chino, por ejemplo, no se cobran los feriados y solía ser muy pesado el trabajo. Por suerte yo aprendí rápido y hablaba con mucha gente y nunca notaron mi discapacidad. A mí me servía porque con eso pude comprarme una computadora. Ahora estoy sin laburo, por lo que ando tirando currículums”, expresó. Al tiempo que aclaró que “tener una condición no debería influir en el trabajo”.

“Actualmente, estoy estudiando Diseño Gráfico, los martes y jueves. Tengo fe porque esta actividad tiene salida laboral. Será difícil arrancar, pero de a poco lo voy hacer. La computadora será de utilidad para arrancar con los diseños”, contó.

Cecilia Dargain, de 32 años y madre de tres hijos, relató cómo la incertidumbre frente a las exigencias de los entornos laborales convencionales y la falta de apoyos la llevaron a construir su propio camino en la independencia laboral como fotógrafa, peluquera y masajista: “A mí me interpela un montón el tema del empleo y la discapacidad. Nunca tuve acceso a un empleo formal. A los 20 años tuve mi primera hija y sola, y comencé con el trabajo independiente y emprendedor. Soy fotógrafa, soy peluquera, soy masajista y sigo estudiando”.

También habló de sus miedos y se refiero a la actualidad: “Siempre tuve la pensión, pero tenía miedo que me la quitaran porque era la única entrada que tenía. Transitar el mundo laboral es un lío, desde armar un CV, el miedo a que te bajen el pulgar, lo desesperante que se puede volver tener una entrevista por la ansiedad; Las preguntas como ¿seré suficiente?, ¿me dará el cuerpo para aguantar si me sobrecargo de estímulos?, son muchísimos obstáculos que un neurodivergente tiene”, indicó.

“Yo entendí que tengo que hablar mucho y siento que me expongo, sea miedo o vergüenza, porque no todo el mundo está dispuesto a ayudarte, digas tu diagnóstico o no. En la actualidad estoy trabajando en una casa de comidas, pero sigo con mis emprendimientos”, concluyó Cecilia.

Para los trabajadores, la política pública brinda tutorías e incentivos en su proceso de entrenamiento; a los empleadores del sector privado les otorga asistencia técnica y beneficios económicos para la contratación; a las organizaciones de la sociedad civil las convoca para desarrollar proyectos comunitarios y asiste a los organismos públicos en la búsqueda e incorporación de personal.

De acuerdo con el informe de gestión del programa, en el ámbito público de Gualeguaychú se encuentran en ejecución tres proyectos de entrenamiento laboral que vinculan a siete participantes. En el sector privado, en tanto, se registran seis proyectos activos que abarcan a otros siete participantes en instancias de capacitación e inserción.

Asimismo, la articulación del programa se extiende hacia otros municipios del departamento y de la región. En el sector público de localidades vecinas como Enrique Carbó y Villa Paranacito se desarrollan tres proyectos con catorce participantes integrados.

Asimismo, en el sector privado de la zona, mediante alianzas con un comercio del rubro de la construcción en Gilbert y una firma de insumos agrarios en Urdinarrain, existen tres proyectos que involucran a tres participantes. En el balance general de la gestión provincial y regional, el Programa Promover contabiliza quince proyectos activos y un total de 31 participantes vinculados de forma directa en experiencias de entrenamiento laboral.

Respecto al balance de la implementación del programa Promover, Peruzzo detalló que “existe una demanda importante de búsqueda laboral. Nosotros orientamos y asesoramos a quienes se acercan, se los acompaña en la construcción de CV, y se les informa sobre talleres de formación. Mientras tanto, se continúan fortaleciendo los vínculos con empresas y comercios para generar nuevas experiencias de formación e inserción. Actualmente, tenemos 15 participantes activos en el Programa Promover, en el ámbito público y privado, y dos personas con empleo formal incorporadas bajo el programa del ECA”.

Al referirse a la respuesta del sector privado e instituciones locales, la funcionaria señaló que “cuando salimos en la búsqueda de nuevas oportunidades y opciones laborales, por lo general encontramos espacios de diálogo y predisposición para conocer las propuestas; los empleadores siempre han mostrado interés frente a la información que se les plantea. No obstante, muchos argumentan no estar en una situación que les permita pensar en una nueva contratación o creación de una vacante, pero quedan a disposición de seguir en conversación para otros momentos. Con respecto a los entrenamientos laborales, al no implicar por parte del empleador el pago, suele tener mayor apertura. De todas formas, como sucede en otros ámbitos, todavía hay barreras vinculadas al desconocimiento”.

Finalmente, sobre los aspectos que consideran que aún deben reforzarse a nivel local o normativo para garantizar una verdadera inclusión laboral, sostuvo: “Consideramos fundamental seguir sensibilizando y asesorando a los empleadores, y generar más oportunidades de entrenamiento laboral. También desde el área aprovechamos cada visita para conversar sobre la importancia de los entornos accesibles dentro de las empresas y comercios. La normativa es indispensable, pero debe estar acompañada de acciones concretas que permitan llevar esos derechos a la práctica. Nuestro objetivo es seguir ampliando las posibilidades, acompañando a las personas con discapacidad en el desarrollo de sus capacidades y brindando a las empresas herramientas para que puedan incorporar nuevos perfiles laborales. Es un trabajo progresivo. También es necesario continuar trabajando sobre ciertas barreras y prejuicios que todavía existen en torno a las personas con discapacidad”.

El Gobierno de Entre Ríos puso en vigencia la reglamentación de la ley provincial 10.975 de Control Vehicular de Peso, normativa que establece un marco regulatorio para fiscalizar las cargas que circulan por la red caminera entrerriana. La medida tiene como propósito central preservar el estado de las trazas, reducir el deterioro prematuro de la capa asfáltica provocado por el sobrepeso y reforzar la seguridad vial en los distintos corredores del territorio.

La norma prevé la instalación progresiva de sistemas integrales de pesaje, tanto mediante plataformas dinámicas como estáticas, y designa a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) como autoridad de aplicación. Para la planificación y ejecución de las inspecciones, la DPV coordinará tareas operativas de manera conjunta con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

El régimen aprobado determina la ubicación de los puntos de control, el procedimiento para el retiro de excedentes o cargas abandonadas y la responsabilidad solidaria entre el transportista y el cargador. La selección de los tramos y sectores donde se realizarán las inspecciones responderá a criterios técnicos, preventivos y estratégicos basados en el volumen de tránsito pesado y la conservación del trazado.

Asimismo, la Policía de Entre Ríos estará facultada para desplegar operativos de fiscalización, detener vehículos, solicitar la documentación correspondiente y labrar las actas de infracción en casos de incumplimiento, informando de forma posterior a la repartición vial.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad destacaron que el fortalecimiento del régimen de control contribuirá a prolongar la vida útil de las rutas, optimizar la inversión pública destinada al mantenimiento caminero y asegurar condiciones equitativas de transporte de mercaderías para todas las empresas del sector. En el marco de la reglamentación, se definió además una escala de sanciones económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), que varían según los kilogramos excedidos sobre los límites permitidos. El esquema fijó multas que van desde las 154 UF para excesos registrados de entre 500 y 1.000 kilogramos, hasta las 20.000 UF para aquellas infracciones donde el sobrepeso detectado resulte igual o superior a los 14.001 kilogramos.

El Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que establece un marco normativo actualizado para regular la instalación, mantenimiento y retiro de carteles, estructuras y elementos publicitarios en el ejido urbano de Gualeguaychú. La iniciativa unifica disposiciones vigentes desde 1988 y deroga las ordenanzas n.º 8.404/1988, n.º 10.149/1995, n.º 10.720/2004 y n.º 10.741/2004.

La nueva normativa dispone que todo elemento con fines publicitarios deberá contar con autorización previa otorgada por la Dirección de Planeamiento, designada como Autoridad de Aplicación. La evaluación considerará las condiciones de seguridad, la accesibilidad y el entorno urbano, con la posibilidad de revocar los permisos ante incumplimientos o razones de interés público.

Finalizado el acto electoral, las agrupaciones políticas dispondrán de un plazo de 30 días corridos para retirar la totalidad de la cartelería, afiches y estructuras, como así también para eliminar inscripciones o pinturas y restituir los espacios públicos a su estado original.

Las infracciones a la norma serán sancionadas con apercibimientos y multas que van de 50 a 1.500 días multa, recayendo la responsabilidad sobre los titulares o, en el caso de la propaganda política, sobre las agrupaciones correspondientes.

Respecto a las responsabilidades, los titulares de las autorizaciones deberán garantizar el mantenimiento y retiro de las estructuras, asumiendo la responsabilidad por eventuales daños a bienes públicos o privados.

Un grupo integrado por aproximadamente un centenar de estudiantiles pertenecientes a distintas instituciones de educación superior ingresó al hall central del Palacio Sarmiento, sede operativa de la Secretaría de Educación de la Nación, con el objetivo de presentar una serie de petitorios dirigidos a las autoridades del área gubernamental.

La medida incluyó la realización de una permanencia en el interior del establecimiento ubicado sobre la calle Pizzurno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por concentraciones de apoyo en la vía pública organizadas por sectores afines a la actividad académica.

Durante el desarrollo de la jornada, los referentes de las delegaciones estudiantiles precisaron que el motivo principal de la convocatoria radica en solicitar la ejecución efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso de la Nación para regular las partidas presupuestarias del sistema de educación pública superior.

Asimismo, el pliego de demandas presentado ante la Mesa de Entradas del organismo incluye la actualización de los montos asignados al programa de Becas Progresar y el establecimiento de instancias formales de diálogo con el titular de la Secretaría de Educación, Carlos Torrendell, para evaluar la situación financiera de los centros de estudios del país.

Representantes de los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires informaron que la iniciativa surgió tras una concentración inicial realizada en las inmediaciones del edificio, la cual derivó en el ingreso a las instalaciones administrativas para requerir respuestas institucionales. De acuerdo con lo expresado por dirigentes gremiales universitarios, la acción busca visibilizar la necesidad de garantizar el presupuesto operativo de las facultades, el financiamiento de proyectos de investigación científica y el sostenimiento de las condiciones necesarias para el dictado de clases y el desarrollo de las carreras de grado.

La actividad desarrollada en la dependencia pública coincide con la fase previa de organización de una nueva convocatoria nacional impulsada de forma conjunta por federaciones de estudiantes, gremios de docentes y personal no docente. Dicha movilización, prevista para desarrollarse en la zona del Congreso de la Nación en los próximos días, articulará los reclamos de la comunidad educativa con demandas referidas al presupuesto de otras áreas de la administración pública nacional. Tras la entrega de las notas formales en la mesa de recepción del organismo, los manifestantes mantuvieron la presencia en el sector de ingreso al edificio a la espera de ser recibidos por funcionarios del ministerio.

Una propuesta normativa ingresada formalmente al Concejo Deliberante de Gualeguaychú busca actualizar y reordenar la regulación vigente del transporte individual de pasajeros dentro del ejido urbano. El texto plantea la integración operativa de las modalidades tradicionales —taxis y remises— junto con las contrataciones gestionadas mediante aplicaciones digitales o plataformas electrónicas en un régimen legal unificado.

El principio ordenador radica en establecer que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas de contratación no exime de la aplicación de controles administrativos, responsabilidades legales y fiscalizaciones de seguridad vial sobre las unidades y sus conductores. En ese sentido, se fija un estándar común que busca preservar la equidad de condiciones entre las distintas modalidades de prestación.

Uno de los ejes constitutivos de la medida contempla la creación del Registro Único Municipal de Transporte Individual de Pasajeros. Esta plataforma administrativa centralizará y sistematizará los datos relativos a titulares de unidades, choferes autorizados, agencias de contratación, empresas de aplicaciones digitales, licencias vigentes y estado de habilitación de cada automóvil.

Asimismo, la normativa prevé un esquema común de exigencias operativas de cumplimiento obligatorio. Entre los puntos destacados figuran la realización de inspecciones técnicas periódicas a las unidades automotores, la contratación de seguros específicos para el traslado de pasajeros, la realización de capacitaciones periódicas para los conductores y la exhibición de la debida identificación visible en cada vehículo habilitado para circular.

En cuanto a la protección de los usuarios, la norma establece garantías específicas relacionadas con la transparencia comercial y la seguridad en el traslado. Los pasajeros contarán con el derecho explícito a conocer de forma previa al inicio del trayecto la tarifa aplicable o el precio estimado de la carrera, así como la identificación formal del conductor y del dominio del vehículo. En el caso particular de las aplicaciones y plataformas digitales, las empresas deberán suministrar dicha información mediante sus entornos virtuales.

El martes 29 de septiembre regirá el feriado provincial fijado por el Decreto Nº 4359/93 MGJE con motivo de la festividad en honor a San Miguel Arcángel, designado patrono de Entre Ríos. La jornada festiva determinará la suspensión total del dictado de clases en todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano, así como el cese de atención al público en las dependencias de la Administración Pública provincial y municipal, cuya actividad normal se reanudará al día siguiente.

El esquema de funcionamiento institucional abarcará de igual forma a las entidades bancarias y financieras de todo el territorio provincial, las cuales no tendrán atención presencial en sus sucursales. La prestación de servicios bancarios se mantendrá canalizada de manera exclusiva a través de las plataformas electrónicas, aplicaciones móviles y la red de cajeros automáticos habilitados.

En relación con esta actividad comercial e industrial, la normativa legal vigente establece que el acatamiento a la jornada festiva posee carácter optativo para los empleadores del sector privado. Aquellos establecimientos mercantiles que resuelvan abrir sus puertas operarán con sus planteles habituales o reducidos, aplicando sobre la liquidación salarial de las horas trabajadas las disposiciones contempladas en la legislación laboral nacional para los días feriados, lo que implica abonar la jornada con el recargo correspondiente.

El Gobierno ratificó su compromiso con una producción responsable, el cuidado de la salud y el cumplimiento estricto de los controles previstos por la normativa.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de la sentencia que había fijado distancias para la aplicación de productos fitosanitarios diferentes de las establecidas por la Ley Provincial Nº 11.178 y rechazó las acciones de amparo promovidas en relación con predios ubicados en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, departamento Diamante.

La resolución deja sin efecto las prohibiciones que la sentencia de primera instancia había dispuesto para las aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y para las aéreas a menos de 3.000 metros, y mantiene plenamente vigente el régimen provincial de buenas prácticas en materia de fitosanitarios.

En sus fundamentos, los integrantes del Superior Tribunal advirtieron una contradicción central en el fallo revisado: por una parte, reconocía la validez y el carácter progresivo de la Ley 11.178, pero, al mismo tiempo, desplazaba sus disposiciones y establecía distancias diferentes sin declarar la inconstitucionalidad de la norma.

El Tribunal también señaló que no fue acreditada una infracción concreta a las distancias previstas por la legislación vigente por parte de los demandados.

Asimismo, consideró que los cuestionamientos generales sobre la suficiencia del régimen legal deben plantearse mediante las vías judiciales específicas y no pueden resolverse sustituyendo sus disposiciones a través de una acción de amparo.

Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia institucional del pronunciamiento, porque preserva el principio de legalidad, brinda previsibilidad a productores y pobladores y reconoce las competencias que corresponden a cada uno de los poderes del Estado.

La Ley 11.178 regula las condiciones para el uso responsable de productos fitosanitarios, establece distancias de resguardo, registros, recetas agronómicas, mecanismos de fiscalización y sanciones ante eventuales incumplimientos. Su aplicación no exime a productores ni aplicadores de las obligaciones previstas ni limita la capacidad del Estado para controlar y sancionar cualquier conducta irregular.

Personal dependiente de las secciones Motorizada, Cuerpo y Guardia, en conjunto con efectivos de la comisaría jurisdiccional, se encontraba realizando recorridas preventivas por el barrio La Bianca. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de dos personas en los pasillos de la zona urbana, quienes intentaron desprenderse de un envoltorio al notar la aproximación del patrullero.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata al personal especializado de la División Drogas Peligrosas, que realizó los ensayos químicos correspondientes sobre el material hallado. Las pruebas confirmaron que la sustancia interceptada correspondía a cocaína, motivo por el cual se dio aviso a la Fiscalía de turno para iniciar las diligencias legales acordes al protocolo.

El procedimiento involucró a dos menores de edad. Uno de ellos, de 16 años, fue trasladado y alojado en una dependencia adaptada para el resguardo de menores, quedando formalmente supeditado a las decisiones de las autoridades judiciales intervinientes. Por su parte, el otro joven, de 13 años, no quedó sujeto al proceso penal en función de las normativas vigentes sobre la franja etaria; por ello, tras las actuaciones de rigor, las autoridades procedieron a entregarlo formalmente al cuidado de sus progenitores. Según se precisó desde el área policial competente, ninguno de los involucrados presentaba registros o ingresos previos en sedes de la fuerza pública.

Este hecho se destaca por inscribirse en los primeros procedimientos provinciales bajo los términos de la Ley 27.801, normativa que establece un marco renovado para el Régimen Penal Juvenil. La ley fija las pautas procesales para personas de entre 14 y 18 años a las que se les atribuya la presunta comisión de faltas tipificadas. Entre sus premisas principales, la legislación prioriza la resocialización, la educación y el uso de medidas de conducta o abordajes integrales, reservando la privación de la libertad como un recurso de carácter excepcional. Todas las actuaciones correspondientes quedaron elevadas a los juzgados de la jurisdicción para la determinación de los pasos a seguir.

La Municipalidad de Gualeguaychú dio inicio formal al proceso de Participación Ciudadana correspondiente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para la eventual radicación de un soporte de antenas de tecnología 5G. El proyecto, impulsado por la firma Telecom Argentina S.A., se sitúa en la intersección de la calle Schachtel y la Avenida 2 de Abril, una ubicación que requiere un examen técnico detallado debido a sus implicancias en la trama urbana, la densidad de radiación electromagnética y el entorno circundante.

La convocatoria se encuadra en los lineamientos de la Resolución municipal n.º 321/2019, normativa que regula el acceso a la información y garantiza que la población pueda analizar los antecedentes técnicos de obras con incidencia ambiental antes de su aprobación definitiva. Frente a la controversia y los interrogantes recurrentes que suelen generar las estructuras de telecomunicaciones de alta frecuencia en zonas pobladas, esta instancia formal permite examinar las mediciones de emisiones, la altura del soporte, los límites de cobertura y los planes de mitigación propuestos por la firma solicitante.

Con el propósito de facilitar el control social y canalizar observaciones fundadas, la Municipalidad dispuso dos vías de acceso a la documentación oficial. Por un lado, la consulta en formato físico se puede realizar en la sede de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, ubicada en el predio del ex Mercado Municipal (ex Frigorífico), de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00. En dicho espacio administrativo se habilitó un Libro de Actas oficial donde las personas residentes y representantes de entidades intermedias pueden asentar formalmente sus opiniones, sugerencias, objeciones técnicas o consultas sobre el proyecto.

Por otro lado, la documentación completa se encuentra disponible en formato digital para su descarga e inspección en la plataforma web de datos abiertos del municipio. Los aportes recolectados durante este período de exposición pública serán incorporados al expediente administrativo previo a que las dependencias técnicas emitan el dictamen final sobre la viabilidad de la instalación de la infraestructura en la ubicación solicitada.

La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de una intensa jornada legislativa en la cual diversos bloques de la oposición lograron consolidar una mayoría de 133 votos durante la votación de dos pedidos de apartamiento del reglamento. Si bien las mociones presentadas requerían el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos en la misma sesión —un umbral que no se alcanzó debido al volumen de apoyos en contra y abstenciones—, el resultado numérico dejó establecida una clara referencia sobre la capacidad de articulación de las bancadas opositoras de cara al cronograma de sesiones de las próximas semanas.

Las iniciativas impulsadas durante el desarrollo del encuentro parlamentario estuvieron centradas en dos ejes de debate. Por un lado, la atención a la problemática de la morosidad en los hogares, a partir de propuestas presentadas por representantes de diferentes bloques continentales. Por otro lado, la extensión por el plazo de un año de la declaración de emergencia en el ámbito de la discapacidad, una medida orientada a dar continuidad a la normativa sancionada durante el período legislativo anterior.

El conteo definitivo de las votaciones mostró la confluencia de un abanico heterogéneo de espacios políticos, integrados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el Frente de Izquierda, el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros bloques regionales. La nómina total de sufragios a favor registró además la ausencia justificada de legisladores que han acompañado iniciativas similares en instancias previas, lo que proyecta la posibilidad de ampliar la base de respaldo en futuras convocatorias.

La trascendencia institucional del resultado radica en que los 133 votos alcanzados superan la barrera del cuórum legal de 129 diputados, indispensable para dar inicio a cualquier sesión ordinaria o especial en el ámbito del recinto. Ante este escenario, representantes de las distintas bancadas opositoras manifestaron que coordinarán mesas de trabajo interbloque para unificar el texto de los dictámenes correspondientes y solicitar en el corto plazo la convocatoria formal a una sesión especial, con el propósito de emplazar a las comisiones de trabajo a tratar de forma definitiva las iniciativas vigentes.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad renovaron su reclamo ante la falta de respuestas institucionales y exigieron que la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se convoque para debatir la prórroga de la Ley 27.793.

Ante el contexto actual, aseguraron que “la emergencia en discapacidad continúa” y marcaron la urgencia de que el Poder Legislativo asuma su rol.

Para visibilizar la gravedad de la situación, los referentes del espacio detallaron una serie de irregularidades que atraviesa el sector, señalando que “los aranceles están muy por debajo de lo necesario” y que “nunca se realizó el estudio de costos previsto por la ley”.

Asimismo, advirtieron que “siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad” y que las compensaciones de emergencia asignadas continúan sin pagarse.

Ante este panorama, desde la organización interpelaron de forma directa a los legisladores que integran la comisión de la Cámara Baja. “La emergencia no terminó. Y los derechos no pueden seguir esperando”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que el pedido cuenta con el respaldo conjunto de prestadores, trabajadores, familias y personas con discapacidad.

Por último, concluyeron con un llamado a la acción dirigido a los congresistas: “Exijamos a nuestros representantes que hagan su trabajo. Que escuchen. Que actúen”.

El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto en Argentina, una fecha dedicada a los chicos que tiene una extensa tradición en el país y que, desde 2025, quedó establecida oficialmente para el tercer domingo de agosto de cada año.

La denominación y la fecha fueron formalizadas mediante el decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025. La norma determinó en su primer artículo: “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”.

De esta manera, en 2026 la celebración quedó fijada para este domingo 16. Además, presenta una particularidad en el calendario: antecede al feriado nacional del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, conformando un fin de semana largo de tres días.

Durante años, la celebración de los niños tuvo diferentes fechas en Argentina. Una de las principales referencias para establecer el calendario fue la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que históricamente impulsó la jornada.

En distintos períodos, el festejo se realizó durante el segundo domingo de agosto. Sin embargo, el decreto nacional de 2025 terminó por establecer oficialmente el tercer domingo de ese mes como fecha anual.

La misma normativa oficializó la denominación “Día del Niño” en el ámbito nacional. Entre sus fundamentos, calificó a la celebración como una tradición arraigada en Argentina y recordó los compromisos asumidos por el país en materia de derechos de la infancia.

La Convención sobre los Derechos del Niño considera niño a toda persona menor de 18 años, salvo que, de acuerdo con la legislación aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

La Organización de las Naciones Unidas impulsó durante el siglo XX que los países establecieran jornadas destinadas a promover la fraternidad entre los niños y generar conciencia sobre sus derechos, protección y bienestar.

Aunque Argentina estableció su propia fecha, la referencia internacional es el 20 de noviembre, cuando se conmemora el Día Mundial de la Infancia.

La elección estuvo relacionada con dos acontecimientos centrales. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Exactamente 30 años después, en 1989, adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con el paso de los años, la celebración argentina sumó festivales, encuentros familiares, actividades recreativas, propuestas escolares y campañas comunitarias destinadas a los chicos.

En México, por ejemplo, el Día del Niño se conmemora el 30 de abril, mientras que Colombia lo ubica habitualmente en el último sábado de ese mes. Chile mantiene como referencia el segundo domingo de agosto.

Paraguay, en tanto, tiene una particularidad: celebra el Día del Niño cada 16 de agosto, una fecha fija relacionada con la memoria de los niños que participaron y murieron en la Batalla de Acosta Ñu, durante la Guerra de la Triple Alianza.

Así, este domingo 16 de agosto, Argentina tendrá una jornada dedicada especialmente a los chicos, en el inicio de un fin de semana extendido que continuará el lunes con el feriado nacional por el aniversario de la muerte del General San Martín.

Días pasados, el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó por unanimidad una la ordenanza, impulsada por el oficialismo, que creó la “retribución ciudadana voluntaria” destinada a los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

La medida establece un aporte mensual equivalente a 0,5 Unidad Tributaria Municipal (UTM). Lo que, en la actualidad, representa $1.463,50 y será incorporado en la boleta de la Tasa General Inmobiliaria (TGI). Dicha contribución alcanzará a propietarios y poseedores de inmuebles ubicados dentro del ejido urbano de la ciudad.

Aunque la totalidad de los contribuyentes la pagarán por default, la misma no será obligatoria: quienes no deseen hacerlo deberán solicitar su desafectación en la Dirección de Rentas. Según la norma aprobada, los fondos recaudados serán depositados en una cuenta bancaria de titularidad de Bomberos Voluntarios y tendrán un destino específico: la compra de equipamiento y maquinarias; capacitación y entrenamiento del personal; obras de infraestructura y “otros gastos logísticos vinculados al servicio que presta la institución”.

La ordenanza dispone, además, que la institución deberá presentar informes semestrales ante el Ejecutivo y ante el Concejo Deliberante, en los que deberá detallar el balance del período, el programa de inversiones, el destino de los fondos recaudados y los resultados obtenidos.

Según informaron fuentes oficiales de Irigoyen 75, de los cerca de 35 mil contribuyentes que tiene la ciudad, menos de 20 mil pagan el TGI mensualmente. Y, si se considera que se proyecta que la gran mayoría opte por abonar esta nueva tasa, se pude inferir que la contribución mensual para el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad será de aproximadamente $27 millones mensuales.

“En los años que uno está en la institución es la primera vez que se hace algo así, y es positivo porque demográficamente Gualeguaychú a crecido mucho y necesitamos estar acorde para prestar un servicio adecuado”, agregó.

En la actualidad el cuartel de Gualeguaychú cuenta con un cuerpo activo de entre 50 y 70 bomberos voluntarios. Cantidad que varía con las habituales altas y bajas que se dan durante el año. “Hay chicos que, por ahí, se van a estudiar o dejan el cuartel por razones familiares o laborales. Pero, así como se van, al contar con una escuela de capacitación, también hay otros que ingresan”, explicó Muller.

Cada año los bomberos tienen, en promedio, 800 salidas, aunque ha habido años, como los de mayor sequía, cuando se generan incendio de campos prácticamente a diario, que ese número ha estado por encima del 1200. Haciendo un cálculo conservador, los bomberos tienen, en promedio, al menos dos salidas por día. No gozan de feriados, ni fines de semana, lo que pone más aun de relevancia la necesidad de contar con el apoyo de la comunidad.

“Estas salidas son de todo tipo, desde accidentes automovilísticos en la ruta o en la ciudad hasta incendios forestales, de viviendas, o el tratamiento de sustancias peligrosas o explosivas que muchas veces son volcadas por camiones”, explicó el referente de la institución. Y, sobre esto último, ahondó: “En Gualeguaychú, sobre las rutas 14 y la 136 transitan muchos camiones con este tipo de carga. Muchas veces van al puerto de Montevideo. Ese accionar no se conoce porque no pasa dentro de la ciudad, pero es muy importante y demanda una preparación constante de nuestro cuerpo activo”.

“No cualquier bombero está capacitado para encapsularse en un traje especial de los que se utilizan para este trabajo. Un bombero que recién comienza no puede hacerlo, son trabajos de mucha precisión, se está entre la vida y la muerte ante un error”, remarcó Muller. Y volvió a insistir en la importancia de la ordenanza votada por el Concejo Deliberante, ya que la compra de un equipo para este tipo de tareas demanda alrededor de 15 mil dólares.

Por otro lado, el cuerpo de vehículos del cuartel local está a la altura de la demanda existente en la actualidad. Hay autobombas, equipos de rescate y vehículos con escalera mecánica, entre otros. Unidades que, generalmente, son adquiridas en el mercado europeo y no bajan, en promedio, de los 90 mil euros.

Respecto a su origen, Muller explicó que, si bien el mercado americano ofrece este tipo de vehículos, “casi todos los que se compran en los cuarteles de Argentina vienen de Europa”. Esto es así por el tamaño de los mismos: mientras que en Estados Unidos las calles son más anchas y, por lo tanto, los vehículos más largos, los de origen europeos son más cortos y, consecuentemente, mejor adaptables a las condiciones espaciales de Gualeguaychú.

Además de la cuota que los cerca de mil socios que tiene la institución abonan cada mes (no tiene un valor fijo, es voluntaria), el cuartel se financia con el expendio de agua (servicio que es utilizado por cientos de vecinos todos los días) y las partidas de parte del Estado. Del Gobierno Nacional, al igual que todos los cuarteles del territorio argentino, reciben un subsidio anual, que en el caso del año pasado fue de $30 millones y este año de cerca de $90 millones. Mientras que, desde el Gobierno de Entre Ríos este 2026 recibieron, por parte del Plan de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, 1.800 litros de combustible. Aporte que es de carácter semestral.

“Por último, cobramos el alquiler del edificio donde funciona la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), que corresponde a los Bomberos, y lo que sacamos de las capacitaciones que hacemos con diferentes empresas, sean del Parque Industrial o no. Entonces, con un poco de acá y otro poco de allá, vamos cubriendo gastos. Ahora, con esto de la ordenanza, vamos a poder estar más tranquilos y vamos a poder cumplir con un servicio de calidad, que es lo que demanda la comunidad”, enfatizó Muller.

El plan de regularización de deudas tributarias impulsado en la ciudad alcanzó a más de 1000 contribuyentes desde su puesta en marcha a finales de abril. Frente a este nivel de respuesta, la Dirección de Rentas confirmó la extensión del plazo de adhesión al Régimen Especial de Regularización de Deudas, el cual permanecerá disponible hasta el próximo 30 de septiembre. La medida busca facilitar la cancelación de obligaciones pendientes relativas a tributos, derechos, contribuciones e impuestos locales mediante quitas significativas sobre recargos y multas acumuladas.

El esquema propuesto por la administración comunal establece beneficios diferenciados según la modalidad de cancelación adoptada por el vecino. Quienes opten por el pago al contado accederán a una condonación del 100% sobre los intereses y las sanciones pecuniarias. Para las cancelaciones en hasta 3 cuotas, el descuento alcanza el 90% en recargos, requiriendo un anticipo del 10% del total adeudado sin aplicar intereses de financiación. En tanto, las alternativas de 6 cuotas prevén una quita del 80% en multas y del 70% en intereses con un pago inicial del 20%. Finalmente, las opciones extendidas de 12 y 18 meses ofrecen reducciones graduales adaptadas a la tasa de financiación vigente, estructuradas bajo el sistema francés con cuotas fijas, mensuales y consecutivas.

Con el objetivo de agilizar la atención y evitar demoras administrativas, la Municipalidad dispuso que la tramitación se realice de forma digital mediante la plataforma virtual GualeActiva. No obstante, la atención presencial quedará contemplada exclusivamente para casos particulares debidamente fundamentados. En dichas situaciones, los contribuyentes deberán concurrir a la sede de la Dirección de Rentas, ubicada en el palacio municipal de Yrigoyen 75, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 horas. La sola adhesión al plan implicará el reconocimiento explícito de la deuda contraída y la aceptación íntegra de las condiciones del programa.

El Parlamento de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que sitúa al país galo a la vanguardia de estas iniciativas en la Unión Europea.

Esta medida allana el camino para que la nación europea se sume a la lista de países que buscan restringir las plataformas digitales ante los efectos nocivos en menores. El presidente Emmanuel Macron celebró la decisión a través de un video en sus redes sociales: "Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante".

La restricción se implementará en dos etapas:

Aunque algunos sectores políticos cuestionaron el plazo de implementación por su complejidad técnica, la ministra Le Hénanff sostuvo que el cronograma es realista. Por su parte, la ponente del texto, Laure Miller, aclaró que servicios como YouTube o WhatsApp solo deberán verificar la edad en sus funciones equivalentes a redes sociales (comentarios o canales) y no en la simple visualización de videos o mensajería. El texto contempla además excepciones para las enciclopedias en línea y proyectos digitales con fines educativos.

Con información de Noticias Argentinas

La Dirección de Habilitaciones Comerciales mantiene activo su programa de regularización con el objetivo de ordenar el sistema turístico local, acompañar a los prestadores de servicios y elevar los estándares de seguridad, higiene y funcionamiento en todo el ejido. A través del Decreto N.º 2290/2026, la administración local definió prorrogar durante 2026 el período de gracia dispuesto originalmente en 2025. De esta manera, los dueños de casas y departamentos destinados al alquiler temporario pueden iniciar su trámite de manera gratuita, regularizar su situación y pasar a integrar la oferta formal de alojamientos de Gualeguaychú.

El impacto de esta política pública se refleja de manera directa en el crecimiento sostenido del padrón oficial. Gualeguaychú comenzó este proceso de ordenamiento con apenas 18 alojamientos habilitados y 13 en trámite administrativo. Actualmente, el sistema ya cuenta con 185 establecimientos incorporados a la normativa vigente. De ese total, 142 prestadores obtuvieron su habilitación definitiva, mientras que otros 43 avanzan en la fase activa de regularización bajo estricta supervisión técnica.

La regularización alcanza tanto a los establecimientos de perfil turístico tradicional (como hoteles y complejos) como a las casas y departamentos destinados al alquiler temporario. Esta última modalidad constituye una categoría de alojamiento sumamente generalizada en la ciudad que, a partir de estas acciones, se está incorporando a un esquema específico de registro, habilitación y control, en consonancia con las normativas de seguridad vigentes.

La estrategia de ordenamiento urbano se complementa, a su vez, con la homologación provincial de los servicios, un paso que resulta clave para mejorar la competitividad del destino en el mapa turístico regional. La ciudad pasó de niveles mínimos de certificación a un total de 40 establecimientos debidamente homologados y otros 14 que se encuentran en proceso de asesoramiento técnico. Este procedimiento unificado garantiza que las propiedades cumplan en paralelo con las normativas locales y las exigencias de la Ley Provincial de Alojamientos Turísticos.

Las inspecciones y el asesoramiento técnico que acompañan el plan de Alojamientos Turísticos Seguros apuntan a reducir de forma progresiva la informalidad en los alquileres temporarios, una modalidad que se extendió durante años en Gualeguaychú sin el debido marco de control. El armado de esta base de datos le permite a la Municipalidad, y especialmente al área de Turismo, conocer la capacidad real de ocupación de la ciudad, planificar la infraestructura pública necesaria para las temporadas altas y ofrecer seguridad integral a los visitantes que eligen el destino.

Desde la intendencia remarcaron que el objetivo prioritario es consolidar un destino confiable y competitivo, protegiendo tanto a los turistas como a los vecinos que invierten en el sector. Para conocer en detalle la oferta formal y registrada de alojamientos de la ciudad, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del área: www.gualeguaychu.tur.ar/alojamiento.

En las instalaciones de la Casa de la Cultura de la ciudad de Paraná, se llevó a cabo la presentación formal del informe técnico denominado “La situación de la salud mental en Entre Ríos: aportes del Órgano de Revisión de Salud Mental: Informe de Gestión 2025”. El acto de exposición fue coordinado por el defensor general, Maximiliano Benítez, en su carácter de presidente de la entidad, y contó con la presencia de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher.

Durante el encuentro se detalló que, conforme a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, este Órgano de Revisión funciona con un estatus de independencia técnico-institucional dentro de la estructura del Ministerio Público de la Defensa. Las autoridades hicieron mención además a las líneas de acción que se ejecutan de manera conjunta a partir de la conformación de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma). Asimismo, desde la presidencia del organismo se señalaron las dificultades presupuestarias que condicionan la plena aplicación de la normativa vigente, haciendo hincapié en el incumplimiento del otorgamiento del 10% del presupuesto total del área de Salud.

Por su parte, el secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera, expuso la metodología de trabajo interna del Plenario y de la Secretaría Ejecutiva. En su intervención, explicitó que el plan operativo anual de la institución se estructura en dos ejes fundamentales: la supervisión directa de los establecimientos y la promoción activa de derechos. El balance de gestión presentado obtuvo la aprobación unánime de la totalidad de los miembros plenaristas.

De la jornada participaron los integrantes del Plenario del ORSMER, entre quienes se encontraban Esteban Dávila, director general de Salud Mental; María Emma Bargagna, directora general de Derechos Humanos; y Lorena Calí, secretaria de la Defensoría General. También asistieron representantes de organizaciones civiles y sectoriales, tales como Norberto González y Brenda Fael por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental (AUFASAM); Laureana Espasandín y Margarita Cermelli —esta última por medio de una presentación escrita— en representación de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER); y Federico Manavella junto a Candela Volpe por la organización Hogar de Cristo Paraná.

El desglose de los puntos principales del documento estuvo a cargo del Equipo Técnico Interdisciplinario del Órgano de Revisión, compuesto por los profesionales Gervasio Anzola, Luisina Franco Mangioni, Javier Schubert, Julia Russo y Cynthia Protzman. Al encuentro asistieron además la secretaria de Políticas de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, Ayelén Acosta; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el director general de Hospitales, Mauro González; la Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona, junto a agentes de la Policía de Entre Ríos, el Copnaf y efectores sanitarios.

El Informe de Gestión se encuentra disponible para su descarga en el sitio web oficial del Ministerio Público de la Defensa y aborda los siguientes ejes de relevamiento:

Entre Ríos fue incluida entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país, de acuerdo con el último Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por la prestigiosa Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La provincia litoraleña alcanzó una performance perfecta al obtener 100 puntos, la calificación máxima prevista por el riguroso relevamiento de la entidad. De este modo, quedó resguardada dentro del denominado Grupo I, que distingue a las administraciones de "cumplimiento estricto". En este selecto nivel de excelencia fiscal solo lograron ubicarse, además de Entre Ríos, las provincias de Córdoba y Santa Fe, siendo las únicas tres jurisdicciones de toda la República Argentina que lograron reunir la totalidad de los exigentes requisitos evaluados por los técnicos del organismo.

El pormenorizado informe analizó de manera exhaustiva la información fiscal y presupuestaria que publican de forma oficial los gobiernos provinciales que se encuentran debidamente adheridos al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Para esta oportunidad, la medición técnica tomó como referencia el cierre del ejercicio fiscal de 2025 y el relevamiento de campo fue ejecutado durante los primeros quince días de abril de este año.

En lo que respecta puntualmente al desempeño de Entre Ríos, la entidad consignó de manera positiva la publicación efectiva del Presupuesto 2026.

Detrás del lote de vanguardia que integra Entre Ríos, se ubicó un segundo pelotón con 90 puntos. En este espacio quedaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán; distritos que cumplieron con la mayor parte de las exigencias pero fallaron en tener actualizada la información sobre sus plantas de empleados públicos.

Por su parte, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones se posicionaron en un nivel de "cumplimiento intermedio". En una situación más deficitaria, provincias de gran peso como Buenos Aires, Mendoza, Chubut, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego integraron el grupo de "cumplimiento bajo". Finalmente, los estados de La Pampa y San Luis directamente quedaron excluidos del análisis por no encontrarse adheridos al régimen federal vigente.