El trámite estará disponible desde este lunes 19 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre de 2026 a través del portal oficial de trámites del gobierno provincial y las vías digitales del organismo. La convocatoria general abarca a mujeres y varones de 18 a 29 años que cuenten con domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) dentro de las localidades habilitadas: Paraná -incluyendo las comunas y municipios de San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda-, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia y Concepción del Uruguay.

La propuesta académica y de adiestramiento se desarrollará bajo la modalidad de internado durante seis meses en el Campus Educativo del SPER, ubicado en la ciudad de Villaguay. El trayecto contempla un abordaje integral orientado al desempeño de las funciones de custodia y seguridad, incorporando contenidos en materia de derechos, comunicación, mediación, salud y preparación física.

Entre los requisitos principales fijados para la postulación se contempla contar con nacionalidad argentina, estudios secundarios completos, una estatura mínima de 1,60 metros para mujeres y 1,65 metros para varones, un índice de masa corporal ubicado entre 18 y 30, además de cumplir con las condiciones normativas sobre situación procesal, aptitud médica y perfil psicológico. La convocatoria incluye también un cupo específico para personas con capacitación acreditada en oficios como sastrería, carpintería u otras especialidades técnicas, quienes deberán remitir sus certificados de formación al correo institucional dispuesto para la nómina profesional.

El proceso de admisión constará de instancias presenciales y eliminatorias que incluyen examen intelectual, prueba de rendimiento físico, evaluación psicológica, entrevista de idoneidad con las autoridades y examen médico de rigor. Para iniciar la solicitud, las personas interesadas deberán ingresar al formulario web en el enlace oficial de trámites, adjuntar las copias digitalizadas de la documentación personal solicitada y verificar la recepción de la confirmación emitida por el sistema. Todas las citaciones correspondientes a las diferentes etapas evaluativas se comunicarán de manera individual a las direcciones de correo electrónico declaradas por cada aspirante durante la carga del registro.

En caso de requerir información , comunicarse por correo electrónico a prensa.sper@gmail.com o vía WhatsApp al 343 461 7547.

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La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) detalló el alcance de las medidas de alivio fiscal destinadas a los contribuyentes del sector turístico provincial. El esquema contempla una rebaja impositiva del 20 por ciento en el Impuesto a los Ingresos Brutos para un conjunto definido de prestaciones y un régimen de exención parcial en el Impuesto Inmobiliario Urbano para establecimientos de alojamiento habilitados.

En relación con el Impuesto a los Ingresos Brutos, la resolución 317/26 de ATER fijó las alícuotas reducidas que se aplicarían sobre los ingresos devengados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026. La nómina de rubros alcanzados contempla a los servicios de alojamiento, la actividad gastronómica, las agencias de viajes, las empresas de turismo aventura, los servicios de apoyo al turismo, la organización de convenciones y exposiciones, la producción de espectáculos artísticos y el funcionamiento de museos.

La instrumentación técnica del descuento en Ingresos Brutos se efectúa de forma directa al momento de confeccionar la declaración jurada mensual en el sistema informático del organismo. La persona contribuyente debe seleccionar la opción de alícuota reducida asignada a su código de actividad, aplicando la deducción del 20 por ciento sin requerir trámites ni autorizaciones adicionales ante la dependencia fiscal.

Por su parte, el beneficio referente al Impuesto Inmobiliario Urbano está dirigido de forma exclusiva a los inmuebles donde funcionen establecimientos hoteleros debidamente habilitados. El esquema de exenciones está vinculado de manera proporcional con la nómina de personal registrado en la empresa:

Estas herramientas impositivas buscan reducir los costos operativos de las prestadoras y se articulan con las políticas de apoyo al desarrollo local promovidas por la Municipalidad de Gualeguaychú en coordinación con los organismos públicos provinciales. Las consultas normativas y el acceso a los formularios digitales correspondientes se encuentran disponibles a través de la plataforma web oficial de ATER.

La situación laboral de los exempleados de la firma Uniónbat ingresó en una etapa de alta tensión tras confirmarse el vencimiento del plazo legal estipulado para el pago de las indemnizaciones correspondientes a los despidos formalizados en las últimas semanas. Según confirmó el referente del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico, Martín Gómez: "La compañía no ha efectuado desembolso alguno hasta la fecha, acumulando una deuda total con la totalidad del personal desafectado".

De acuerdo con las normativas vigentes en la legislación laboral: "La empresa contaba con fecha límite hasta el pasado lunes 10 de agosto para efectivizar la cancelación de los haberes e indemnizaciones. Ante la falta de depósitos y la ausencia de respuestas operativas por parte de los apoderados de la firma, la representación legal de los exempleados resolvió avanzar por la vía formal de intimación", aclaró Gómez.

"Durante la jornada de ayer, martes 11 de agosto, los trabajadores despedidos remitieron un telegrama legal mediante el cual se le otorga a Uniónbat un plazo perentorio de 48 horas hábiles para liquidar la totalidad de las obligaciones adeudadas", manifestó el dirigente. Este mecanismo busca dejar constancia formal del incumplimiento e iniciar los pasos legales correspondientes en el fuero laboral en caso de persistir el cese de pagos, "sólo resta esperar", afirmó Gómez.

En el marco de la incertidumbre generada, comenzaron a circular versiones en la comunidad respecto a posibles concentraciones o disturbios en las inmediaciones del establecimiento industrial. Sin embargo, Gómez desmintió categóricamente dichos trascendidos y llevó tranquilidad a la población: "La jornada se desarrolla en orden, no hay presencia de trebajadores afuera del predio ni medidas de fuerza que alteren la vía pública en este momento".

Asimismo, al ser consultado sobre el futuro del personal y eventuales procesos de reincorporación o nuevas entrevistas laborales para reubicar a los operarios, el dirigente sindical aclaró que, por el momento, "la entidad gremial no dispone de información oficial ni de gestiones abiertas en esa dirección". La prioridad absoluta del sindicato se concentra exclusivamente en lograr el cobro efectivo de los montos adeudados a las familias afectadas.

Con la intimación formal ya en curso, el desenlace del conflicto depende ahora de la respuesta que brinde Uniónbat dentro del plazo otorgado, el cual vence formalmente al cierre de la semana. De no concretarse el pago, el gremio y los trabajadores evaluarían recurrir a las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo y a las acciones judiciales pertinentes.

En el marco de las tareas de control e inspección destinadas a prevenir contravenciones en el ámbito del campo, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales llevó a cabo un operativo que derivó en el secuestro de cinco armas de fuego y abundante cartuchería. El procedimiento tuvo lugar en la zona rural cercana al acceso a la Reserva Las Piedras y la intersección de las rutas provincial 20 y nacional 14. En ese punto estratégico, los efectivos interceptaron la marcha de un vehículo ocupado por cinco hombres mayores de edad, oriundos tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, quienes no pudieron acreditar la portación ni la tenencia legal del armamento que trasladaban en el rodado.

Durante la revisión preventiva, los agentes de la fuerza de seguridad constataron la presencia de dos rifles calibres .22 y .22 Magnum, además de tres escopetas de calibres 12 y 28 de distintos sistemas de tiro. Al solicitar la documentación reglamentaria exigida por la legislación nacional vigente para el transporte de este tipo de elementos, los ocupantes carecían de las credenciales correspondientes, motivo por el cual se dio intervención inmediata a las autoridades judiciales.

De forma paralela a la vía penal, el personal interviniente labró las actas contravencionales correspondientes por la supuesta infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841. La medida se tomó al hallar en el interior del vehículo dos ejemplares de carpincho sin vida, especie autóctona de la fauna regional, comercializados o transportados como producto de la actividad cinegética no autorizada. De este modo, la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales ratificó la continuidad de los controles intensivos en los accesos y caminos vecinales del departamento.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley del Libro abrió una fuerte discusión en el sector editorial. Cámaras empresarias, libreros y editoriales independientes advierten que los cambios podrían afectar la producción y comercialización de libros en Argentina, mientras que el oficialismo sostiene que la iniciativa busca modernizar el mercado y eliminar regulaciones.

La iniciativa se enmarca en un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la modificación y derogación de decenas de leyes. Ante este panorama, representantes de librerías, editoriales y cámaras del sector cuestionaron la medida. Según enfatizaron las entidades, estas leyes garantizan la supervivencia de las librerías independientes en el país.

En declaraciones a Radio 750, el presidente de la CAL, Juan Manuel Pampín, sostuvo que la desregulación propuesta podría concentrar la actividad comercial en pocas empresas.

"La Ley del Libro se sancionó en 2001 por pedido del gremio todo: libreros pequeños y grandes, cadenas incluidas, editoriales pequeñas y grandes, autores e ilustradores", repasó Pampín.

Asimismo, el dirigente explicó el funcionamiento del sistema actual: "La ley dice que el libro tiene un precio único determinado por el editor o el importador. Ese precio es el que regula los derechos de autor y los descuentos de la cadena. Estamos todos de acuerdo con que es justo. Se establece que cualquier libro en todo el país tiene que tener el mismo valor".

Respecto a un escenario de desregulación, el titular de la CAL remarcó que los actores más vulnerables de la cadena serían los principales perjudicados. "Argentina tiene un gran número de librerías y editoriales que son garantes y puntos de encuentro de la diversidad. Si las grandes superficies y las plataformas se meten en precios, van a hacer dumping, trabajar a pérdida y romper algo que hoy funciona", concluyó.

Mientras tanto, el intercambio de posiciones continúa creciendo y pone nuevamente sobre la mesa una discusión de fondo: cómo actualizar el funcionamiento del mercado del libro sin afectar la diversidad editorial ni el acceso de los lectores a una oferta amplia y federal.

La Dirección de Habilitaciones detalló los requerimientos iniciales indispensables para abrir un comercio o registrar servicios profesionales en Gualeguaychú, contemplando tanto a quienes se desempeñan en locales con atención al público como a quienes ofrecen prestaciones sin una sede física de operaciones. Las oficinas del área funcionan de lunes a viernes en el horario de 7 a 15, y las consultas de los interesados se reciben mediante la línea de WhatsApp corporativa 3446 53-1254.

En el caso de los emprendimientos y actividades comerciales que se desarrollen dentro de un local físico, los responsables del trámite deben presentar una serie de documentos personales e impositivos obligatorios. Entre ellos se destaca la copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante, las constancias vigentes de inscripción tributaria emitidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) y por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), además de la declaración del punto de venta. Asimismo, resulta indispensable adjuntar una boleta de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) correspondiente al inmueble en cuestión y un croquis detallado de las instalaciones donde se especifiquen con precisión los metros cuadrados totales que estarán afectados al ejercicio de la actividad económica proyectada.

Cuando el espacio físico no pertenece a quien inicia la gestión comercial, es obligatorio anexar el contrato de locación o comodato, o bien la autorización firmada por el propietario del inmueble que acredite legalmente el derecho al uso del lugar. Por otra parte, si el trámite es impulsado por una persona jurídica en lugar de un particular, la municipalidad exige la presentación del contrato social de la firma junto con los documentos actualizados que acrediten de forma indudable la designación de las autoridades societarias vigentes o los poderes de representación legal otorgados.

Para aquellos servicios u oficios que no requieran de un establecimiento físico de atención —como los profesionales independientes, consultores o técnicos— el procedimiento administrativo en la municipalidad es considerablemente más sencillo y directo, ya que se limita únicamente a la presentación del DNI del titular y sus respectivas constancias de inscripción ante ARCA y ATER.

Desde la municipalidad explicaron que este esquema corresponde exclusivamente a las gestiones de base para rubros convencionales que no presentan complejidades técnicas ni exigen normativas de seguridad e higiene extraordinarias. Dependiendo del tipo de negocio, la localización o las características particulares de cada proyecto, las autoridades de la Dirección de Habilitaciones local quedan facultadas para requerir documentación complementaria o certificaciones específicas de acuerdo a las ordenanzas y leyes vigentes que regulan cada materia comercial en el ejido urbano.

Según los registros estadísticos de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, se contabilizaron un total de 339 vinculaciones laborales en el periodo comprendido entre el año 2024 y los meses transcurridos de 2026. Esta cifra engloba tanto las prácticas formativas en entornos reales de trabajo como las contrataciones efectivas por tiempo indeterminado en diversos establecimientos comerciales e industriales de la región.

El balance del área visibiliza una sólida continuidad en la articulación entre el sector público y el tejido empresarial de la ciudad. Firmas de trayectoria forman parte de la nómina de organizaciones que recurren de manera habitual a estos dispositivos para cubrir sus vacantes operativas, técnicas y administrativas, apostando al desarrollo del talento local.

Ante este nuevo escenario, la Municipalidad adoptó una estrategia de reorientación hacia empresas de mayor envergadura y con estructuras corporativas más robustas. Esta decisión técnica y comercial permitió sostener el volumen de entrenamientos en la ciudad.

Gracias a este esquema de vinculación continua, el Programa de Inserción Laboral (PIL) también consolidó su presencia en el sector corporativo local durante el presente año. En lo que va de 2026, ya se registraron 21 contrataciones formales directas bajo esta modalidad, lo que representa una aceleración notable en el ingreso de personal registrado en comparación con los periodos previos y consolida la tendencia positiva de las empresas por expandir sus plantas de trabajadores estables.

Por un lado, el Entrenamiento para el Trabajo (EPT) se estructura como un trayecto de prácticas formativas supervisadas dentro de la empresa, con una extensión temporal que oscila entre los tres y los seis meses. Esta modalidad no constituye una relación laboral formal —por lo que no genera antigüedad ni cargas sociales durante ese lapso— y los participantes perciben una ayuda económica mensual financiada por el Estado. El objetivo primordial es que los beneficiarios adquieran experiencia práctica verificable, mejoren sus condiciones de empleabilidad y desarrollen hábitos laborales en un entorno real.

Por otro lado, el Programa de Inserción Laboral (PIL) se enfoca de manera directa en la generación de empleo registrado. En este caso, el Estado cofinancia el salario del trabajador mediante un aporte económico directo durante un plazo máximo de doce meses. El empleador abona la diferencia hasta completar el sueldo establecido por el convenio colectivo de la actividad, reduciendo significativamente sus costos operativos durante el primer año de la relación laboral y facilitando la creación de nuevos puestos formales.

Las personas interesadas en mejorar su situación laboral se registren y carguen su historial educativo y laboral en la plataforma digital oficial de Fomentar Empleo, sistema que funciona como soporte para los procesos de preselección de las empresas.

Para aquellos vecinos que presenten dificultades en el uso de las herramientas digitales o requieran asistencia personalizada en el proceso de inscripción, la Oficina de Empleo de la Municipalidad dispone de atención presencial en su sede de calle Belgrano 115. El horario habilitado para la realización de estos trámites, la actualización de currículums y el asesoramiento técnico a las empresas locales que deseen conocer los perfiles disponibles es de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas.

En su última sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sancionó un paquete de modificaciones estructurales al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El proyecto, diseñado y remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, busca revertir lo que las autoridades calificaron como un "estancamiento inmobiliario" crónico en la ciudad. La nueva normativa introduce herramientas técnicas sustanciales orientadas a densificar las zonas consolidadas y optimizar la infraestructura de servicios básicos ya existente, los cuales venían siendo subutilizados debido a las fuertes restricciones normativas previas.

La reforma se fundamenta en un diagnóstico técnico de la planta urbana actual que expuso una clara paradoja: el área céntrica de Gualeguaychú, a pesar de contar con la mayor cobertura y equipamiento de servicios esenciales, registraba una densidad poblacional en franco retroceso. Para revertir esta tendencia, el texto final de la ordenanza integró las demandas históricas de los Colegios de Profesionales locales, nucleados en mesas de trabajo conjuntas que agruparon a los sectores de la construcción, la agrimensura, el desarrollo de loteos y la comercialización de bienes raíces.

Para complementar esta verticalización, se crearon incentivos urbanos específicos para los proyectos de usos mixtos. La normativa busca dinamizar la vida urbana promoviendo que los nuevos edificios integren locales comerciales o de servicios en sus plantas bajas, reservando los pisos superiores exclusivamente para unidades funcionales de vivienda.

Con el objetivo de abaratar los costos de acceso al lote propio, la ordenanza también readecuó las dimensiones mínimas exigidas para las nuevas parcelas y habilitó un sistema de loteos por etapas. Bajo esta modalidad, los desarrolladores privados quedarán autorizados a iniciar la preventa y comercialización de los terrenos dentro de plazos determinados, incluso antes de haber completado la totalidad de las obras de infraestructura básica exigidas para el área.

El sector de la construcción celebra estas medidas como un salvavidas para una actividad paralizada. El delicado equilibrio entre incentivar el negocio privado y proteger el patrimonio común de la comunidad será, sin dudas, el verdadero examen para este nuevo ordenamiento territorial.

Con el objetivo de jerarquizar la atención y actualizar las prácticas diarias de quienes asisten a la población de edad avanzada, se puso en marcha una importante instancia formativa en la ciudad. El encuentro inaugural reunió a un centenar de personas y marcó el inicio de un trayecto educativo centrado en dotar de herramientas prácticas y teóricas a los actores del sector.

La actividad formó parte del Ciclo de Charlas Gerontológicas, una propuesta formativa destinada a fortalecer conocimientos, actualizar prácticas y promover una atención integral de las personas mayores. La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y congregó principalmente a cuidadores domiciliarios, personal y titulares de residencias de larga estadía, junto a personas interesadas en la temática.

En ese marco, señaló que al inicio de la gestión Gualeguaychú no contaba con un registro consolidado de residencias habilitadas, por lo que se conformó un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas del Estado municipal. A partir de ese trabajo, actualmente existe un registro municipal activo, residencias con planes de adecuación en marcha y establecimientos que ya obtuvieron sus habilitaciones correspondientes.

La iniciativa es impulsada de manera articulada por el equipo gerontológico municipal de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Habilitaciones y la Secretaría de Gobierno y Modernización, con el objetivo de mejorar los estándares de cuidado en residencias y espacios de atención.

La primera capacitación estuvo a cargo del bromatólogo Francisco Corsico y del nutricionista Diego Caballero, quienes abordaron contenidos vinculados a la alimentación saludable, la manipulación segura de alimentos y los cuidados nutricionales específicos durante la vejez. Durante la jornada se brindaron herramientas prácticas para promover hábitos saludables, prevenir enfermedades asociadas a la nutrición y mejorar la calidad de atención.

El ciclo se extenderá durante seis meses, con encuentros mensuales que abordarán distintas temáticas vinculadas al rol del cuidador, el marco legal vigente, los cuidados básicos, la prevención de enfermedades, la autonomía y la promoción de derechos de las personas mayores.

Un fuerte operativo policial se desplegó este sábado 11 de abril en la localidad de Federal. En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial de Caza y a la Ley Nacional de Armas y Explosivos, la Brigada Abigeato junto a la Jefatura Departamental llevó adelante dos allanamientos que terminaron con el secuestro de armas y carne de animales autóctonos.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Garantías de Federal y se realizaron en dos domicilios distintos: uno en calle Tacuari y otro en el Barrio IAPV, sobre la Ruta Provincial 5. En la primera vivienda, ocupada por un hombre de 45 años, se incautaron 15 kilogramos de carne de carpincho despostada. En el segundo domicilio, habitado por un hombre de 50 años, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22, un aire comprimido calibre 5,5 y 20 kilogramos de carne de carpincho, ciervo, chancho jabalí y viracho, todos animales silvestres protegidos.

La carne decomisada fue revisada por un médico veterinario policial y posteriormente desnaturalizada. Los resultados de los allanamientos fueron informados al Juzgado de Transición y Garantías, mientras que los ocupantes de las viviendas quedaron supeditados a la causa judicial.

El despliegue contó con la participación de la Brigada Abigeato de Federal, la División Operaciones y Seguridad Pública, la Guardia Especial y la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental. La coordinación entre las distintas áreas permitió concretar un operativo que se enmarca en el programa “Campo Seguro”, destinado a intensificar la prevención de delitos rurales y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Cabe recordar que tanto el carpincho como el viracho —también conocido como guazuncho— forman parte de la fauna autóctona de Entre Ríos y su caza está prohibida por ley. La presencia de carne de estos animales en los domicilios allanados confirma la práctica de caza furtiva, una actividad que no solo afecta a la biodiversidad sino que también constituye un delito.

El operativo refuerza la política de control sobre la caza ilegal en la provincia y marca un nuevo capítulo en la lucha contra la depredación de especies protegidas. La investigación continuará en los próximos días, mientras los imputados esperan definiciones judiciales.

Fuente: Policía de Entre Ríos – Brigada Abigeato Federal.

A través de una nota dirigida a la Municipalidad de Gualeguaychú (Expediente 1039/26), la ONG advirtió sobre las consecuencias que generan las detonaciones en distintos sectores de la comunidad, especialmente en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones vinculadas a la hipersensibilidad sensorial.

En el comunicado, fechado el 5 de marzo, la organización señala que si bien comprenden el valor simbólico y la alegría colectiva que acompañan las celebraciones, el uso de pirotecnia sonora provoca “graves consecuencias para numerosos vecinos”.

Según explicaron, los efectos impactan particularmente en personas con trastornos neurológicos o del desarrollo, adultos mayores, personas que atraviesan Trastorno de Estrés Postraumático, además de animales domésticos y fauna urbana.

“Para muchas familias de nuestra comunidad, estos episodios significan momentos de angustia, crisis sensoriales y situaciones de gran estrés”, señalaron desde la organización, al tiempo que remarcaron que se trata de situaciones que podrían evitarse mediante medidas de prevención y control.

En ese marco, pidieron al municipio reforzar las acciones preventivas frente al uso de pirotecnia sonora, especialmente durante festejos masivos o concentraciones públicas. Además, reclamaron que se apliquen sanciones a clubes deportivos por hechos ocurridos durante las últimas semanas en distintos festejos.

Entre las medidas propuestas, la ONG planteó la necesidad de promover campañas de concientización sobre “pirotecnia cero”, recordar a clubes, instituciones y organizadores de eventos las normativas vigentes y establecer mecanismos de control efectivos durante las celebraciones.

Finalmente, desde Madres y Padres TEA destacaron que “es posible celebrar con alegría sin generar daño ni sufrimiento en otros miembros de la comunidad”, y reafirmaron su disposición para colaborar con el municipio en acciones de concientización que promuevan celebraciones más inclusivas y respetuosas.

La organización sostuvo que avanzar hacia una ciudad más inclusiva también implica garantizar que los festejos públicos no vulneren el derecho a la salud, al bienestar y a la tranquilidad de los vecinos.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) dictó la Resolución Nº 236/25, que fue publicada en el Boletín Oficial Nº28.234, mediante la cual aprueba el texto ordenado del procedimiento para la determinación del cuadro tarifario en la provincia.

La medida responde a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto N° 3578 GOB, que introduce cambios significativos en la estructura de costos de las distribuidoras y en la facturación a los usuarios finales.

Uno de los cambios centrales de la resolución establece que la contribución que las distribuidoras abonan a los municipios pasará a formar parte del Valor Agregado de Distribución (VAD). Según el texto oficial, se instruye al ente a realizar la "incorporación a la parte correspondiente del Valor Agregado de Distribución, de la Contribución Única que deben abonar las Distribuidoras a los Municipios y Comunas".

De acuerdo a la modificación del artículo 24º de los contratos de concesión citada en la norma, la alícuota en sustitución de tributos municipales será del seis por ciento (6%). La resolución aclara que, bajo este nuevo esquema, dicho concepto "no debiendo incluirse más ésta Contribución en forma discriminada en las facturas, por cualquier circunstancia, inclusive los intereses por mora".

Respecto a la tasa de alumbrado público que los municipios perciben a través de la boleta de luz, la normativa ratifica que las concesionarias (Enersa y cooperativas) actuarán como agentes de percepción, pero bajo un nuevo tope. El texto señala que se ajustará "el límite de la alícuota a un trece por ciento (13%) con vigencia para todas las facturaciones que emitan las concesionarias a partir del 1° de enero de 2026".

Asimismo, se confirmó que "se mantiene la excepción de la expresada percepción (...) para los usuarios calificados como industriales", manteniendo la línea de normativas previas.

La resolución, firmada por el Interventor del EPRE, Dr. Marcos Rodríguez Allende, dispone en su Artículo 1° modificar y aprobar el "Anexo IV 'Procedimiento para la Determinación el Cuadro Tarifario' del contrato de concesión de la empresa Energía de Entre Ríos S.A -ENERSA-" y de las restantes Distribuidoras Cooperativas.

Finalmente, la norma deroga a partir del 1° de enero de 2026 la Resolución EPRE N° 159/97, que anteriormente regulaba la base de cálculo de estos recargos, a fin de dar cumplimiento al nuevo ordenamiento tarifario instruido por el Gobierno Provincial. (APFDigital)

El portal de proveedores y clientes se posiciona como una de las soluciones tecnológicas más demandadas por las empresas que buscan fortalecer sus procesos de gestión y mejorar la comunicación con los distintos actores de su ecosistema comercial. En un contexto donde la eficiencia es prioritaria y el margen de error se reduce cada vez más, contar con una plataforma integrada que administre el intercambio de documentos, datos y comunicaciones se convierte en un recurso estratégico para organizaciones de todos los tamaños.

En especial, el desarrollo de las pymes en la Argentina está atravesado por la intervención de la tecnología y por cómo ésta contribuye a mejorar los rendimientos. Las plataformas que centralizan operaciones y automatizan tareas repetitivas, como la gestión de facturas y pedidos, permiten que las compañías se adapten a la velocidad de los negocios actuales y alcancen mayores niveles de productividad.

El avance del comercio electrónico y la multiplicación de canales digitales también impulsan la necesidad de soluciones flexibles, escalables y de fácil adopción en distintos sectores productivos. En este escenario, los portales de interacción con proveedores y clientes se consolidan como instrumentos clave para simplificar la operatoria diaria y potenciar resultados en mercados cada vez más competitivos.

Entre las funcionalidades más valoradas se destaca la posibilidad de que los proveedores carguen sus facturas dentro del sistema y las relacionen directamente con las órdenes de compra habilitadas para su facturación. Este procedimiento automatiza el proceso de validación, reduce errores y facilita el control financiero, evitando el manejo de múltiples planillas o documentos dispersos.

Otra función relevante es el seguimiento en tiempo real de los documentos enviados o recibidos, que ofrece visibilidad sobre el estado de cada transacción y permite anticipar eventuales inconvenientes en la cadena logística o administrativa. La integración de mecanismos de comunicación interna incrementa la velocidad de respuesta ante consultas o incidencias, minimizando demoras y clarificando responsabilidades en cada etapa del proceso.

La incorporación de inteligencia artificial para la gestión documental y de datos representa una ventaja adicional, al automatizar tareas rutinarias e identificar patrones de comportamiento o posibles alertas frente a inconsistencias. Asimismo, la integración directa con sistemas de correo electrónico y otras plataformas digitales posibilita una experiencia fluida y centralizada para todos los usuarios.

Para las pymes que buscan escalar sus operaciones, estas herramientas significan una reducción sustancial de costos administrativos y una mejora en la confiabilidad de la información. La autogestión que brindan no sólo libera recursos internos, sino que también mejora la relación comercial al disminuir tiempos de espera y facilitar la planificación tanto para clientes como para proveedores.

La incorporación de portales digitales alcanza su máximo potencial cuando se integra con sistemas de gestión centralizados, conocidos como ERP (Enterprise Resource Planning). En el universo del comercio electrónico y los entornos productivos complejos, la sinergia entre ambas soluciones permite optimizar la operación, asegurar la trazabilidad y garantizar procesos transparentes y fiables.

El concepto de ERP para e-commerce cobra relevancia al describir aquellas plataformas que conectan los canales de venta online con los sistemas internos de gestión financiera, logística, inventario y atención al cliente. Al centralizar la información y vincular los distintos eslabones de la cadena de valor, las empresas pueden visualizar en tiempo real la disponibilidad de productos, planificar entregas y controlar la producción, minimizando demoras y reduciendo errores derivados del manejo manual de datos.

Gestores de compras y operaciones encuentran en estos sistemas la posibilidad de automatizar desde la recepción de pedidos hasta la emisión de facturas y la coordinación de entregas. Además, permiten generar alertas ante faltantes, gestionar autorizaciones de manera digital y monitorear presupuestos y costos asignados a cada proceso. En la Argentina, la integración de estas tecnologías contribuye no sólo a la eficiencia operativa, sino también al cumplimiento de normativas de calidad y trazabilidad exigidas en sectores regulados.

Durante este período están prohibidos los actos de campaña, las reuniones partidarias, la publicación de encuestas, sondeos y la publicidad proselitista. Tampoco se pueden entregar boletas o exhibir banderas o símbolos.

Para el caso de la venta de bebidas alcohólicas, se permite la venta hasta las 20 del día sábado y se reanuda a las 21 del domingo, es decir, tres horas después de finalizados los comicios.

Durante la veda electoral, toda actividad proselitista o de propaganda política está prohibida. Las restricciones alcanzan tanto a los partidos, los candidatos, los medios y los ciudadanos.

Las principales prohibiciones son:

Actos públicos de campaña y reuniones partidarias.

Difusión de encuestas, sondeos o proyecciones sobre resultados.

Publicidad electoral en redes sociales, televisión, radio o vía pública.

Entrega de boletas o materiales partidarios cerca de los lugares de votación.

Venta de bebidas alcohólicas, prohibida desde el sábado a las 20:00 hasta el cierre de los comicios.

Espectáculos públicos, eventos masivos o actividades deportivas.

Exhibición de banderas o símbolos partidarios en la vía pública o en las inmediaciones de los centros de votación.

Uso de distintivos partidarios dentro de los establecimientos donde se realiza la votación.

Cuáles son las sanciones por violar la veda electoral. Análisis

El incumplimiento de la veda puede derivar en multas y penas de prisión, según la gravedad de la infracción. Las sanciones están previstas en el artículo 133 del Código Electoral Nacional y en las normativas provinciales complementarias.

Quienes organicen actos o difundan propaganda electoral durante la veda pueden recibir multas de entre 10 y 60 haberes mínimos de la administración pública.

Los locales comerciales que vendan alcohol durante el período prohibido pueden sufrir multas o arrestos de hasta 6 meses.

Las personas que perturben el desarrollo de la votación o induzcan a votar o abstenerse pueden enfrentar penas de prisión de 15 días a 2 años.

Si se viola el secreto del sufragio, la pena puede ascender hasta 3 años de cárcel.

El Área de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Dirección de Defensa Civil de la Agencia de Seguridad, puso en marcha por primera vez un operativo conjunto de inspecciones técnicas a vehículos y maquinarias industriales pertenecientes a distintas áreas municipales.

La iniciativa comenzó el viernes 8 de agosto en la Secretaría de Obras Públicas y continuó el sábado con la Dirección de Higiene. Estas tareas se desarrollan en el marco del plan de trabajo previsto para el segundo semestre del año, en cumplimiento de la ley Nº 19.587/72 de Seguridad e Higiene Laboral y la ley Nº 24.449/95 de tránsito.

Las inspecciones, que se extenderán durante los meses de agosto y septiembre, tienen como propósito elaborar un plan integral de mejoras y mantenimiento de la flota municipal, garantizando así la seguridad de los trabajadores y la eficiencia de los servicios públicos.

Es importante destacar que se trata de la primera vez que estas inspecciones se realizan de manera conjunta entre diferentes áreas de la Municipalidad, reflejando un fuerte compromiso institucional para asegurar un control riguroso y coordinado de los recursos municipales.

La Dirección General de Recursos Naturales de Entre Ríos dispuso que hasta septiembre se reduzca en 500 toneladas el cupo de extracción de pescado en el río Paraná. La medida, que busca preservar los recursos ictícolas, genera preocupación entre pescadores artesanales y frigoríficos locales, que advierten sobre el impacto económico y la falta de información oficial.

Según afirmó el director del área, Marcelo Sapetti, la resolución fija un máximo de 1.096,56 toneladas, manteniendo la prohibición de pesca comercial del dorado (Salminus brasiliensis) y estableciendo restricciones adicionales para la circulación y acopio de pescado durante fines de semana y feriados.

“Nos enteramos por los medios, pero nadie nos llamó para discutir cómo nos afecta. Cada tonelada menos es comida que no llega a casa”, expresó un pescador de la zona de La Paz, a un medio local.

Desde 2023, la Comisión de Pesca Continental, organismo federal encargado de asignar cuotas a frigoríficos, dejó de publicar sus actas de reunión, lo que impide conocer qué empresas procesarán el pescado autorizado. Esta opacidad preocupa a los trabajadores del sector, que reclaman mayor participación en las decisiones.

Además, la resolución enfatiza la necesidad de proteger la pesca deportiva, pero reconoce que no se cuenta con informes técnicos actualizados que respalden las medidas. Mientras tanto, el Comité de Manejo de Pesquerías del Litoral (Comapel) avanza en la unificación de criterios para una licencia única de pesca, aunque sin resultados concretos hasta el momento.

La reducción del cupo se suma a un contexto de baja en capturas, dificultades logísticas y escasa rentabilidad. “Los frigoríficos grandes se acomodan, pero nosotros vivimos del día a día. Si no hay pescado, no hay plata”, lamentó otro trabajador de la costa de Gualeguay.

La medida, aunque necesaria desde el punto de vista ambiental, deja en evidencia la fragilidad del sector pesquero artesanal, que sigue sin contar con políticas de acompañamiento, subsidios o alternativas productivas (Con información de Era Verde).