El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3% interanual. A pesar de que en junio registró una suba puntual del 3,7%, el acumulado de los primeros seis meses mantiene la tendencia a la baja impulsada por la gestión de Javier Milei y Luis Caputo.

Según un informe de la consultora Analytica, los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura. Las transferencias a las provincias lideraron el ajuste con una baja del 62,1% (52,3% si se descuentan los hospitales SAMIC). Por su parte, la obra pública mostró una contracción acumulada del 32,4% en términos reales, profundizándose en junio con una caída del 74,9%.

En contraste, los subsidios económicos mostraron un incremento real del 29,6%, impulsados exclusivamente por las partidas energéticas, que treparon un 73,7%. En cambio, el sector transporte registró un recorte del 24% en el semestre por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura vial.

Por el lado del gasto social, las variaciones fueron mínimas. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%, mientras que las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron casi idénticas al año anterior, con un leve incremento del 0,3%. Finalmente, el reporte detalló que la deuda flotante (pagos pendientes del Estado) acumulada en el semestre es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir el monto de dinero fijado que debe devolver en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos Lázaro Báez y sus empresas.

La decisión, firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de prisión domiciliaria que la ex mandaria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado.

Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados.

Los abogados de la ex presidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.

Durante marzo, el municipio desarrolló un esquema sostenido de mantenimiento vial orientado a corregir deterioros puntuales en la calzada urbana, ya que a lo largo del mes se concretaron intervenciones específicas que permitieron reparar 37 baches distribuidos en distintos sectores de la ciudad, ocho de ellos sobre el Acceso Sur, para recuperar condiciones adecuadas de circulación y prolongar la vida útil de las calzadas intervenidas.

Las tareas se apoyaron en una combinación técnica de materiales, según el tipo de daño detectado: en 12 casos se aplicó asfalto, mientras que las restantes 25 requirieron hormigón.

En total, se pudo componer una superficie acumulada de 524,95 metros cuadrados de pavimento urbano.

Sumados los trabajos realizados en lo que va de 2026, en total se repararon 123 baches, el equivalente a una superficie de 1.885,8 metros cuadrados de pavimento urbano.

Cada reparación respondió a un procedimiento previamente establecido, el cual comenzó con la identificación del deterioro y su delimitación precisa.

Luego se realizó el corte del perímetro afectado, la remoción del material dañado y la limpieza profunda del área. A continuación, se verificó la base, se corrigieron posibles fallas estructurales y se colocó el material correspondiente.

La etapa final incluyó nivelación, compactación y control de terminación, con el fin de garantizar durabilidad y correcta integración con la calzada existente.

Luego del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores, con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y miembros del gabinete, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, precisó que "se hizo un repaso de los objetivos cumplidos en estos dos primeros años de gestión, especialmente en materia de ordenamiento del gasto y eficientización del Estado, y se plantearon las acciones previstas para 2026, donde hay un trabajo importante por delante".

Por otro lado, el funcionario comentó que también se realizó "una evaluación del desarrollo de las fiestas populares, que son numerosas en Entre Ríos, nos llenan de orgullo y cuentan con el acompañamiento de la provincia". En ese sentido, destacó que "la evaluación fue muy positiva respecto de lo que viene sucediendo en cada una de ellas".

Además, señaló que el gobernador subrayó la importancia de la conmemoración del próximo 3 de febrero, en el contexto del homenaje a Justo José de Urquiza y a la Batalla de Caseros, un hecho histórico clave para los entrerrianos y muy significativo para la gestión provincial.

Asimismo, indicó que se abordaron "los temas vinculados a la infraestructura, el estado de las obras en marcha y las proyectadas, así como todas las cuestiones necesarias para avanzar con aquellas iniciativas para las que se está gestionando financiamiento internacional ante organismos multilaterales de crédito".

En cuanto a las tareas previstas para 2026, Boleas señaló que "el eje central será continuar con el ordenamiento y la eficiencia del Estado, mejorar y brindar servicios de mayor calidad, cuidando el uso de los recursos, desde la licitación de medicamentos hasta la optimización de los contratos vigentes, entre otros aspectos".

Finalmente, remarcó que se pondrá "un fuerte énfasis en la ejecución de la obra pública y en todos los proyectos en marcha, para los cuales ya contamos con autorización y sobre los que debemos seguir trabajando para asegurar el financiamiento internacional". (Fuente: APFDigital)

El Poder Ejecutivo presentó este viernes un proyecto de ley que solicita “prorrogar por el plazo de un año la vigencia de la Ley Provincial Nº 11.138, prorrogada por Ley N° 11.177, mediante la cual se declaró la emergencia en materia de obra pública en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos”. Se indicó que “la prórroga que se propone, resulta necesaria y razonable frente a la persistencia de las circunstancias extraordinarias que motivaron su dictado y la sucesión de otros hechos, normas y convenios que sobrevinieron a su sanción, aparejando un impacto administrativo, financiero y jurídico de carácter significativo”.

Deuda importante y recursos propios insuficientes

En aquella línea se sostuvo que “se estima que la deuda correspondiente a certificados emitidos y a emitir, con más sus intereses y que involucran trámites administrativos y judiciales, ascendería aproximadamente a $ 4.382.218.619,74” y se destacó que “los recursos presupuestarios existentes en las partidas pertinentes, resultan insuficiente para cancelar esta deuda sin afectar otras obras provinciales cuyo financiamiento se halla previsto en el presupuesto”. También se señaló que “la suma indicada se atendería de forma ordenada y previsible mediante la línea de crédito instrumentada por Decretos DTO-2025-2813-E-GER-GOB y DTO-2025-3068-GERGOB, posibilitando una gestión eficiente y razonable de los recursos públicos”.

Herramienta contextual indispensable

El Poder Ejecutivo sostuvo que “la prórroga del régimen de emergencia en materia de obra pública constituye, en este contexto, una herramienta indispensable para posibilitar la negociación en mejores condiciones con las empresas contratistas, facilitando a las mismas el reconocimiento y cancelación de sus créditos, promover la rescisión o renegociación contractual cuando resulte necesario, y reducir de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyen el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado Provincial”.

En el proyecto se destacó que “el vencimiento de la Ley Provincial Nº 11.177 al 31 de diciembre de 2025, sin una prórroga adecuada, implicaría un riesgo para el interés público comprometido, al frustrar los mecanismos legales diseñados para la regularización de las obligaciones asumidas y comprometer la continuidad administrativa de la obra pública” y se añadió que “la sanción de la presente iniciativa constituye, conforme lo expuesto, un acto de responsabilidad impostergable, pues en función de esta herramienta normativa, podrá contenerse y atenderse previsiblemente las deudas por obras públicas, cuidando por un lado las arcas del tesoro provincial y logrando, por otro, satisfacer el crédito de los acreedores, cuidando las fuentes de trabajo vinculadas a los mismos”.

Asimismo, se sostuvo que “la concreción de estas metas, permitirá dar respuesta a los intereses y necesidades públicas involucradas, en beneficio de todos los habitantes de nuestra provincia, por cuanto la cancelación de las deudas existentes, habilitará avanzar a la etapa inmediata posterior de toma de decisiones sobres las obras públicas involucradas. Por todo lo expuesto, solicito a esa Honorable Legislatura, el tratamiento prioritario y la oportuna sanción del presente proyecto.

Decisiones políticas nacionales que impactaron en Entre Ríos

En el proyecto se destacó particularmente “la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por Decreto Nº 1020/2024 PEN, y la consecuente transferencia a la Provincia de Entre Ríos de la ejecución, administración y cierre de numerosas obras públicas financiadas originalmente con fondos nacionales”. Así, se agregó que “esta situación derivó en la suscripción del Convenio Marco de Colaboración en materia de Obras Públicas entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, junto con sus respectivos acuerdos específicos, mediante los cuales el Estado Provincial, priorizando la obra pública y los beneficios que supone para sus habitantes, asumió obligaciones que implican complejos procesos de regularización administrativa y financiera”.

El Gobierno alegó que “la implementación de dichos acuerdos ha generado un volumen extraordinario de trámites administrativos, particularmente en materia de solicitudes de adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios, muchas de las cuales se rigen por normativa nacional diversa a la aplicada por los organismos provinciales competentes, lo que hace necesario extremar los controles y adecuar los procedimientos de formación de la voluntad estatal”.

A aquella situación se añadió “el cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente, tornándose inviable su conclusión sin la continuidad del régimen de emergencia”.

En el proyecto se resaltó que “la normativa vigente ha permitido instrumentar novedosos y eficientes mecanismos de asistencia financiera y reconocimiento de deuda a favor de los contratistas del Estado Provincial, orientados a regularizar certificados de obra emitidos e impagos bajo esquemas previsibles, transparentes y acordes a las disponibilidades financieras de la Provincia”, no obstante señalar que “una parte sustancial de las obras transferidas a la Provincia, presenta certificados aún pendientes de emisión como consecuencia directa de redeterminaciones y adecuaciones no concluidas, lo que impide la inclusión de dichas empresas en los mecanismos previstos”. (APFDigital)

El gobernador Rogelio Frigerio tomó juramento a Hernán Jacob como ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, y a Carlos Cuenca como nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE) en un acto oficial que marcó el inicio de una nueva etapa dentro del gabinete provincial.

Tras asumir, ambos funcionarios expresaron su agradecimiento al mandatario provincial y detallaron las líneas de trabajo que buscarán profundizar en sus respectivas áreas.

Los nuevos funcionarios asumieron en reemplazo de Darío Schneider y Alicia Fregonese, recientemente electos legisladores nacionales.

Jacob manifestó que la asunción al frente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios representó “una emoción muy grande” y agradeció la confianza de Rogelio Frigerio, destacando el trabajo desarrollado durante los últimos dos años dentro del equipo del ex ministro Darío Schneider. “Cuando soñábamos una ciudad distinta y proyectábamos convertirla en un faro y una referencia para la provincia, entendimos que ese objetivo requería asumir responsabilidades a nivel provincial y, aun representando en su momento una opción diferente, fuimos convocados por el propio gobernador para integrarnos a este equipo y avanzar en una tarea de transformación de la provincia”, expresó.

El flamante ministro señaló que los principios y objetivos de gestión se mantendrán, aunque cada funcionario imprimirá su propio estilo. En ese sentido, sostuvo que la prioridad será profundizar el trabajo en equipo y avanzar con un fuerte impulso a la obra pública.

Jacob remarcó que el gobernador planteó como mandato "llegar a 2027 con una provincia atravesada por obras en ejecución y finalizadas, especialmente en materia de rutas e infraestructura". “No tenemos margen de error”, afirmó, y subrayó que la segunda etapa de gobierno será clave "para definir la continuidad del proyecto político".

Asimismo, destacó que los ejes de su gestión estarán basados en "la transparencia, la austeridad y el trabajo permanente, que no se negocia". “Puedo permitir errores, pero no la falta de coraje para hacer las cosas”, sostuvo.

“No vinimos acá a tomarnos vacaciones, sino que vinimos a cansarnos y a aceptar el compromiso y aceptar los desafíos que nos plantea esta tarea. Es una tremenda responsabilidad y un hermoso desafío. Así definiría a los dos años que como máximo, si el gobernador no dispone lo contrario, a los dos años que tenemos que cumplir estos objetivos”, cerró.

Por su parte, Cuenca expresó su satisfacción por asumir al frente del CGE y calificó el cargo como “una enorme responsabilidad” con los estudiantes, docentes y familias entrerrianas.

El nuevo presidente del organismo de Educación reconoció que el cierre del año estuvo marcado por demandas vinculadas a la educación técnica superior y por incertidumbres en torno al calendario académico 2026. "Son temas que analizaremos con responsabilidad y diálogo con las partes involucradas, para tomar decisiones que afecten a la menor cantidad posible de actores del sistema educativo", prometió.

En relación con la reforma educativa a nivel nacional, Cuenca señaló que aún no existen definiciones concretas, aunque adelantó que se estudiarán los posibles impactos en la provincia.

En la oportunidad, Cuenca destacó el trabajo realizado por la gestión saliente a cargo de Alicia Fregonese, y adelantó que "se tomará esa base para profundizar los aspectos positivos y revisar aquellos que requieran mejoras". Subrayó que el área educativa representa la mayor partida del presupuesto provincial y aseguró que "se trabajará con responsabilidad para garantizar un uso eficiente de los recursos".

En cuanto a la relación con los gremios docentes, afirmó que apuesta "al diálogo y al consenso", señalando su experiencia previa en el ámbito universitario. “Todos queremos el bien de la educación pública y no deberíamos tener ningún conflicto para poder trabajar”, afirmó.

Finalmente, indicó que se evaluará la estructura interna del CGE y que podrían producirse reestructuraciones en el funcionariado. Aclaró que se tomará este tiempo para analizar el desempeño de cada área antes de definir cambios, con el objetivo de adoptar "decisiones racionales y fundamentadas". (Fuente: Elonce)

Durante la XXIII Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD), celebrada este viernes, el Departamento Ejecutivo Municipal presentó el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2026, que ingresó formalmente para su tratamiento por parte del cuerpo legislativo. La iniciativa prioriza la inversión en obra pública y el fortalecimiento del sistema de salud local.

El expediente, que será analizado en las comisiones correspondientes en las próximas semanas, refleja una planificación orientada a la ejecución de obras de infraestructura y al refuerzo de los servicios y programas que se llevan adelante en beneficio de los gualeguaychuenses.

El Proyecto de Presupuesto 2026 seguirá el mismo procedimiento que el Cálculo de Recursos 2025, aprobado en sesión ordinaria del año anterior.

Además, se dio ingreso a varios expedientes que serán tratados en comisiones, y se declaró de interés municipal el 3.º Encuentro Internacional de Batucadas, Baterías y Pasistas “Encuentro Batuque”, a desarrollarse los días 22 y 23 de noviembre en nuestra ciudad.

El evento constituye un acontecimiento sociocultural de relevancia, que fomenta la interacción y el intercambio entre agrupaciones de diferentes carnavales del país y del exterior, promoviendo el intercambio de saberes, experiencias y expresiones artísticas.

A través de su desarrollo se generan espacios de participación comunitaria, formación y expresión popular, mediante actividades como workshops de percusión y danza, rodas de samba, presentaciones de batucadas, pasistas, bandas en vivo y cuerpos de baile.

Durante la sesión, se entregó la carpeta oficial con la resolución a los organizadores del encuentro, quienes agradecieron el acompañamiento institucional del Gobierno municipal.

La comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados recibió este jueves al equipo técnico del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios para analizar el capítulo de obra pública del proyecto de Presupuesto 2026.

El encuentro, encabezado por el diputado Bruno Sarubi, contó con la presencia del coordinador general del ministerio, Hernán Jacob; el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel; y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schonals. También participaron senadores de distintos bloques, en el marco de una convocatoria ampliada.

Jacob explicó que el Plan de Inversión Pública del gobierno provincial “apunta a consolidar una estrategia de desarrollo económico y territorial, con la mirada puesta en la Región Centro”. En ese sentido, subrayó que “Entre Ríos necesita tanto inversión privada como pública para reducir la brecha de infraestructura con Santa Fe y Córdoba”.

Entre las obras consideradas estratégicas, mencionó el dragado del Paraná-Guazú, que mejorará la navegabilidad y el funcionamiento del sistema portuario. “Esa obra, en el marco de la Hidrovía, puede generar condiciones favorables para nuevas inversiones industriales y agropecuarias”, señaló.

El funcionario remarcó además que el gobernador Rogelio Frigerio dispuso que todas las áreas del Ejecutivo expliquen con detalle y transparencia los alcances del Presupuesto. “Rendir cuentas es parte de nuestra obligación. Además, valoramos los aportes de los legisladores que conocen la realidad de cada territorio”, afirmó Jacob.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 contempla una fuerte orientación a la obra pública y la infraestructura, consideradas ejes fundamentales para la generación de empleo y la competitividad provincial.

Con la exposición de Planeamiento, la Cámara de Diputados continúa el tratamiento del Presupuesto, que seguirá siendo debatido en las próximas semanas con la presencia de distintos organismos y ministerios.

La concentración de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó pasadas las 9 de la mañana en las inmediaciones de calles Rocamora y 25 de Mayo. Con el acompañamiento de la CTA de las y los Trabajadores y de otros gremios provinciales, la columna se movilizó a pie hasta llegar el frente del edificio municipal, en reclamo de ropa de trabajo adecuada y una recomposición salarial para los trabajadores municipales y provinciales.

La medida había sido anunciada el último fin de semana, cuando ATE Entre Ríos confirmó que este lunes 6 de octubre se realizaría un paro de 24 horas en todo el territorio provincial, con asambleas, paro activo y movilizaciones.

Cerca del mediodía, la gran concentración llegó a la entrada del palacio Municipal donde dirigentes y manifestantes tomaron la palabra entre bombos y bengalas.

En la concentración que comenzó esta mañana, no solo se encuentran representantes de ATE de Gualeguaychú y CTA, sino delegaciones de otras ciudades como de Concepción del Uruguay, y también representantes del gremio docente Agmer, entre otros.

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El reclamo lleva varios meses, aunque en las últimas dos semanas cobró mayor fuerza con protestas en la sede de Obras Públicas. Los trabajadores municipales exigen la provisión de indumentaria adecuada para sus tareas y la apertura de una mesa de negociación que contemple un incremento salarial. Las demandas se intensificaron luego de declaraciones del intendente Mauricio Davico, que generaron malestar en el sindicato y fueron repudiadas públicamente.

En publicaciones en redes sociales, el intendente calificó de “parásitos” a quienes impulsan las medidas de fuerza, y además dispuso la desvinculación de seis trabajadores del área.

A esto se sumó el rechazo de ATE a la resolución 351/25 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que el gremio considera una decisión arbitraria que restringe derechos sindicales. “Necesitamos paritarias provinciales y municipales urgentes, porque los sueldos no alcanzan y los compañeros trabajan sin condiciones dignas”, expresaron desde la conducción provincial del sindicato.

Durante la reunión, se presentó el plan de reingeniería del sistema de obra pública, que busca digitalizar integralmente los procedimientos que hoy se realizan en papel, desde el inicio hasta la finalización de cada proyecto.

"El objetivo es reducir los plazos actuales, que pueden extenderse hasta 90 días, a unos 30 o 40 días", explicó el secretario de Modernización, Emanuel Gainza. "Esto implica un trabajo articulado entre todos los organismos intervinientes y representa un paso central hacia la modernización del Estado", añadió.

Gainza detalló que, como parte del diagnóstico, se realizaron más de 60 entrevistas, se llevaron adelante cinco talleres de trabajo y se analizaron más de 30 procesos internos. A partir de este trabajo, se conformará una mesa conjunta liderada por el Ministerio de Planeamiento para avanzar en la implementación del nuevo sistema.

"La digitalización permitirá mayor trazabilidad, más transparencia y velocidad en trámites que impactan directamente en la ciudadanía, como es la ejecución de la obra pública", subrayó.

Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, remarcó la importancia de esta herramienta dentro del rumbo de modernización que impulsa la gestión provincial. "Digitalizar los procesos de certificación de obra pública nos permitirá ganar eficiencia, evitar demoras y reducir costos para el Estado, al eliminar el pago de intereses derivados de atrasos administrativos", explicó.

Respecto a la reacción del mandatario, el ministro comentó que Frigerio se mostró interesado y comprometido con la iniciativa, consultando sobre los tiempos y alcances del proyecto. "Es un proceso que lleva tiempo, pero que ya está en marcha, al igual que lo que ya hicimos con la digitalización de decretos y resoluciones", concluyó.

El encuentro se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, donde el mandatario provincial compartió el cierre de la jornada con la presidenta de la delegación Entre Ríos de Camarco, Laura Hereñú; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Lo acompañaron, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

Durante su discurso, Frigerio hizo un balance de los avances en materia de obra pública en estos 20 meses de gestión. En ese marco, aseguró que los compromisos asumidos "no quedaron solo en anuncios, están todos en marcha y se están cumpliendo. De nada sirve quedarnos en diagnósticos si no nos animamos a tomar decisiones y a emprender esas transformaciones". Resaltó la importancia de la colaboración para lograr los objetivos propuestos, afirmando que el mensaje "es claro: con orden, transparencia, planificación y diálogo entre el sector público y el sector privado, podemos transformar la obra pública en desarrollo y el desarrollo en empleo genuino y en bienestar para nuestra gente".

Entre los logros mencionados, el gobernador destacó la regularización de casi la totalidad de la deuda con las empresas constructoras, la reactivación de obras paralizadas y la intervención de un tercio de las escuelas, hospitales y rutas provinciales. También hizo hincapié en la implementación de un nuevo sistema de redeterminación de precios y la creación del pliego único de condiciones generales para las obras. "Por primera vez, no se pagan certificados de obras con intereses, como se venía haciendo", afirmó.

En esa línea, anunció que no se renovará la ley de Emergencia en obras y servicios públicos el año próximo y que enviará a la legislatura provincial una nueva ley de Compre Provincial que prioriza a las empresas locales. Subrayó también que están avanzando en la creación de la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura, elaborada junto con la Cámara de Construcción de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Afirmó que este trabajo confluirá en "una verdadera política de Estado: la Ley de Infraestructura Provincial, que institucionalizará la planificación a largo plazo y asegurará que las obras no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno, sino que sean producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local para las próximas décadas".

Tras el encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno, y del que participó también la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, comentó que en la oportunidad se hizo "una revisión de la evolución de todas las líneas de acción que tiene cada ministerio y también de las que compartimos entre áreas, haciendo foco en la optimización de los recursos, dada la situación en la que nos encontramos".

En esa línea, el ministro precisó que se realizó un seguimiento del avance de las obras públicas, tanto en materia de salud como de infraestructura en general para tener datos precisos de "como avanza el plan de obra pública que venimos llevando adelante", indicó.

Por último, el funcionario valoró la dinámica de las reuniones semanales de gabinete, porque "nos permiten hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria semana a semana, teniendo presente siempre el manejo más eficiente de las finanzas".

Como sucede con las rutas, el abandono de la obra pública en infraestructura educativa tiene consecuencias muy peligrosas. La construcción de nuevos edificios, la ampliación y su mantenimiento han sido interrumpidos drásticamente en diciembre del 2023. Lo mismo que las políticas pedagógicas y los programas de acompañamiento.

De mantenerse esta situación, sin inversión provincial, se producirá un importante deterioro difícil de remontar en los años venideros, significando además condiciones desfavorables para el proceso de aprendizaje y enseñanza. Al respecto, EL ARGENTINO dialogó con docentes en actividad y con Graciela Bar, ex presidenta del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, al tiempo que accedió a los datos estadísticos que evidencian una infraestructura escolar que, lejos de garantizar condiciones dignas de acceso a la educación pública, pone en peligro la integridad de la comunidad educativa y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Paralización de obras e impacto en salud y rendimiento escolar

Desde diciembre de 2023, la obra pública educativa se encuentra virtualmente paralizada en Entre Ríos. La construcción de nuevos edificios escolares, la ampliación de los existentes y el mantenimiento preventivo han sido discontinuados. Esto genera un deterioro acelerado y pone en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes.

Un relevamiento realizado por Agmer Gualeguaychú en 30 escuelas reveló que el 73,5% no cuenta con calefacción, y que el 90% carece de conexión a gas natural. Solo un 8,8% tiene instalaciones eléctricas en buen estado.

“Las estufas no alcanzan, y la escuela no permite poner calefactores por las condiciones edilicias. Los chicos se la pasan intentando calentarse como pueden, no saben qué hacer. Es muy frustrante, y es muy difícil enseñar y aprender así. El frío afecta en todos los sentidos. No solo en lo físico, sino también en lo emocional. Se nota que los chicos no disfrutan estar en la escuela en estas condiciones. Están apagados", expresó C.S., una de las docentes consultadas por EL ARGENTINO, quien pidió mantener el anonimato por miedo a represalias.

“Los chicos se enferman, faltan, y eso repercute directamente en el rendimiento", puntualizó la trabajadora de la educación. "El horario de ingreso, a las 7:30 de la mañana, hace que los alumnos lleguen congelados. Pasan frío en el aula y es ose nota por cómo les cuesta arrancar el día. Se preocupan más por mantener el cuerpo caliente que por lo que pasa en clase", relató. Y sumó: “Muchos chicos faltan porque se sienten mal o directamente sus familias prefieren no exponerlos. Y los que vienen, no pueden concentrarse. La motivación cae muchísimo".

Los ejemplos de escuelas en estado crítico se repiten por decenas a lo largo y a lo ancho de la provincia. La Escuela N°9 “Leopoldo Herrera” de Gualeguaychú, con paredes electrificadas cuando llueve; la Escuela N°2 “Profesor Pablo Haedo”, sin clases por un principio de incendio, producto del precario sistema eléctrico; la Escuela Nº18 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas”, de Paraná, sin calefacción y, también, con un sistema eléctrico muy precario; o la Escuela N°55 “Urquiza”, de Concordia, con aulas clausuradas y sin espacios para dar clases. Y la lista sigue.

“El abandono de las escuelas es absoluto. En el departamento Paraná no hay una reparación de estructura que tenga la seriedad que necesita el caso. Por ejemplo, hoy a la mañana (jueves 24 de julio) amanecimos con la Escuela N°207 “Evita”, de San Benito, donde es más lo que llueve adentro que lo que llueve afuera. Todos los techos están saturados, lo que implicó una explosión en los tableros eléctricos que impidió el ingreso de agua porque la bomba dejó de funcionar”, expresó a EL ARGENTINO, uno de los docentes de la institución.

“Son innumerables las escuelas que están en las mismas condiciones, porque se cortó el financiamiento, no se hicieron escuelas nuevas y hasta se cortó el fondo para arreglos menores, que es mínimo. Las cuestiones más elementales son postergadas, se rompe un vidrio y no se repara, se rompe una puerta y no se repara, se rompe una bomba de agua y tenemos que ver cómo la reparamos para que haya clases”, agregó.

El contraste es grande cuando se considera lo hecho por la Provincia durante la gestión anterior, cuando se finalizaron 45 nuevos edificios escolares en pequeñas y grandes localidades y se realizaron ampliaciones en escuelas de Educación Primaria y Secundaria, Técnicas y Agrotécnicas.

Diseño curricular y políticas digitales

EL ARGENTINO dialogó con Graciela Bar, dos veces presidenta del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, quien se refirió al nuevo diseño curricular y a las deficientes políticas digitales.

“Es necesario la actualización de los proyectos educativos para estar acorde a las demandas de la sociedad y del mundo del trabajo. Pero, causa profunda preocupación la experiencia de una nueva escuela secundaria, con un diseño curricular organizado por áreas cuando prestigiosos pedagogos afirman que la formación académica debe ser disciplinar ya que, cuando uno domina su disciplina, está en óptimas condiciones para interdisciplinar con otras. Cabe preguntarnos entonces, ¿cómo se designarán las áreas cuando las Credenciales -herramienta para el acceso a la docencia- son confeccionadas por disciplina? ¿Tendrá reconocimiento del Consejo Federal de Educación y validez nacional estos estudios?”, se preguntó.

“Si bien es novedosa la incorporación de horas cátedra para espacios denominados ‘Proyecto de vida’ y ‘Clubes’ (Resolución 500/25 CGE), sería importante que no fueran en detrimento de la adquisición de conocimiento científico para cumplir con uno de los objetivos del nivel: “Habilitar para la continuación de estudios”, agregó.

En este sentido, la docente Natalia Zucol, titular de Agmer Gualeguaychú, se refirió al marco pedagógico actual, el conjunto de principios, teorías y enfoques que orientan el proceso de enseñanza y aprendizajes. “Estos marcos están expresados tanto en la Ley N°26.206, como en toda normativa que de ella se desprende. Pero, el problema surge cuando los gobiernos no comulgan con los principios, teorías y enfoques expresados en las normativas, como sucede con las actuales gestiones, nacional y provincial”, puntualizó. Al tiempo que marcó al desfinanciamiento educativo como “factor preponderante en la afectación de las condiciones materiales y las posibilidades reales de implementar prácticas pedagógicas que garanticen el ejercicio pleno del derecho a recibir una educación de calidad o, lo más grave, no recibir educación, como por ejemplo el cierre de escuelas”.

“El nuevo informe publicado por el Instituto de investigaciones Pedagógicas ‘Marina Vilte’ de la CTERA, sobre la alfabetización inicial y el trabajo docente, da cuenta de cómo el Plan Nacional de Alfabetización Inicial, que impulsa la Secretaría de Educación y un conjunto de ONG y Fundaciones que responden a los intereses del sector empresarial privado, propone un enfoque para la alfabetización que significa un retroceso en las formas de enseñar”, aseguró. Y explicitó: “El método fonético o fonológico propuesto implica procesos mecanicistas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, y fue abandonado a mitad del siglo pasado, sin embargo, nuestros docentes están siendo capacitados para aplicarlo”.

“Es una mirada aplicacionista del trabajador de la educación, negando la capacidad reflexiva y de producción de conocimiento colectivo”, concluyó Zucol.

Falta de inversión en políticas digitales

Capítulo aparte, constituye la falta de inversión en políticas digitales, no sólo en la distribución de notebooks para alumnos y escuelas -política que no tiene más lugar en el territorio nacional-, sino también en la ausencia de asistencia técnica en el uso de las tecnologías de información y comunicación, y la escasa elaboración de materiales didácticos digitales provinciales vinculados con los diseños curriculares para el portal “@prender.entrerios.edu.ar” y la plataforma virtual Atamá.

Los docentes necesitan más asistencia técnica para optimizar los recursos digitales disponibles, para así, complementariamente, disminuir la desigualdad social vivenciada actualmente.

La realidad provincial respecto a la educación pública es crítica en varios aspectos, pero la resistencia del sector ha frenado recortes, como el anunciado en el transporte rural para julio, en el que el gobierno debió dar marcha atrás luego del reclamo de familiares y de la comunidad educativa en general.

A pesar de que el contexto nacional explica buena parte del desfinanciamiento, Entre Ríos se ubica entre las provincias que no han impulsado medidas paliativas ni estrategias propias para evitar el colapso del sistema. La falta de obras, la paralización de programas esenciales y la ausencia de políticas de contención colocan a la educación entrerriana en un estado de emergencia.

Las leyes que ya no se cumplen

La supresión de leyes nacionales clave ha tenido efectos directos en Entre Ríos. La Ley de Financiamiento Educativo (26.075), la del Fondo de Incentivo Docente (25.919) y la de Educación Técnico Profesional (26.058) han sido desactivadas en la práctica.

Esto dejó sin recursos a programas vitales como los planes de mejora institucional, la entrega de libros y las instancias de formación permanente. La provincia no reemplazó estos vacíos con herramientas propias, ni siquiera de emergencia.

El cierre de los Centros de Formación Profesional Para Jóvenes Y Adultos en el interior provincial agrava la exclusión social y educativa de vastos sectores, y compromete seriamente cualquier perspectiva de equidad.

La tensión cambiaria volvió a escalar en el centro de la escena económica. Con un dólar que ronda los $1300 y una demanda que no cede, sectores empresariales e incluso voces del propio sistema financiero ya plantean que el tipo de cambio de equilibrio debería ubicarse en torno a los $1500. El dato no es solo técnico: es político. La percepción generalizada en la City es que el precio actual del dólar “está barato” y que el Gobierno ha perdido capacidad de anclar expectativas.

En el mundo privado, los reclamos se multiplican. La construcción, golpeada por la caída de la obra pública, ajustó su referencia cambiaria de $1300 a $1400. En la industria, el atraso complica la competitividad frente a la avalancha de importaciones, y desde el agro señalan que un dólar más alto —hasta $1500— no tendría un impacto inmediato en la inflación si se sostiene un marco estable. Pero la clave, insisten, es la confianza.

El economista Alejandro Vanoli fue más allá y estimó que un tipo de cambio de entre $1600 y $2000 sería necesario para levantar el cepo y volver a atraer inversiones. En el mismo sentido se expresaron operadores bursátiles y consultores económicos, que advierten sobre la fragilidad de un sistema intervenido con instrumentos cada vez menos eficaces.

El malestar se acentuó con la reciente eliminación de las LEFIs, que obligó al Tesoro a convalidar una tasa del 48% para evitar una corrida. El desarme generó una avalancha de pesos que no fueron absorbidos a tiempo, justo cuando finalizaba la liquidación de la cosecha gruesa. En ese contexto, el mensaje oficial quedó expuesto: el mercado interpreta que el Gobierno no tiene una hoja de ruta clara sobre cómo administrar el esquema de bandas ni cómo acumular reservas.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro Luis Caputo salieron a explicar la maniobra, pero no lograron disipar las dudas. Al contrario, analistas como Gabriel Caamaño sostienen que “cada episodio sin coordinación debilita la credibilidad del plan económico”. Las críticas no apuntan solo a la falta de reservas o al impacto de las tasas, sino a la incoherencia de fondo entre las señales que emite la política y los instrumentos que utiliza el Ejecutivo.

Mientras tanto, en el mercado resuena una advertencia: “Con este tipo de cambio, los minoristas se llevan en dos meses lo que cuesta un año de Vaca Muerta”. La frase resume el diagnóstico: hay fuga, hay presión y no hay confianza.

El Gobierno asegura que el Tesoro ha comprado hasta USD 614 millones en las últimas semanas, pero las cifras no cierran del todo. La suba de las reservas brutas se explica más por movimientos contables que por operaciones netas de mercado. Para el Fondo Monetario Internacional, Argentina sigue con “reservas insuficientes”.

Con una nueva revisión del acuerdo con el FMI en marcha y las elecciones legislativas a la vista, la cotización del dólar se volvió la brújula del clima político. Sin señales sólidas, el riesgo de una nueva corrida vuelve a instalarse. Y esta vez, ni las tasas ni las bandas parecen alcanzar.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este jueves una reunión de trabajo con legisladores oficialistas de ambas cámaras, en la que se analizó en detalle la situación financiera de la provincia y se proyectaron escenarios para el segundo semestre del año y el 2026. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno, en Paraná, y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani.

La convocatoria reunió a senadores y diputados del oficialismo, quienes intercambiaron con el mandatario provincial sobre los desafíos de gestión y las demandas locales que enfrentan en sus territorios. Entre los principales temas abordados se destacaron el nivel de recaudación, el cumplimiento de compromisos financieros, el pago de salarios y la postergada agenda de obras públicas.

Finalizado el encuentro, el senador Rubén Dal Molín brindó detalles: “Tenemos un nivel de recaudación similar al de la pandemia. Sin embargo, al concluir el primer semestre, la provincia logró un superávit económico financiero, tiene los sueldos al día, honra su deuda pública y ejecuta obras dentro de sus posibilidades”. Según el legislador, este equilibrio se alcanzó gracias a un reordenamiento estricto del gasto.

En esa línea, Dal Molín enfatizó que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por ordenar las cuentas y remarcó que la expectativa para 2026 es alentadora: “Haciendo los deberes fiscales, es posible mejorar en algunos puntos la recaudación y así dar más oxígeno a la administración”.

El senador también advirtió sobre un problema estructural que arrastra la provincia: “Hay una deuda oculta, que es la obra pública. Tenemos un atraso de veinte años, sobre el cual somos interpelados permanentemente. Para revertirlo, necesitamos contar con más recursos”.

Por su parte, el diputado Marcelo López valoró el encuentro como una herramienta de gestión y de articulación política: “Siempre es bueno que los bloques oficialistas nos reunamos con el gobernador para conocer de primera mano el análisis, los pedidos y las prioridades que tiene el gobierno”.

López subrayó que estos espacios permiten a los legisladores expresar las preocupaciones y necesidades concretas de cada rincón de la provincia: “Representamos a territorios diversos y esta es una oportunidad para plantear en la agenda provincial cuestiones locales que impactan directamente en la vida de los ciudadanos”.

El encuentro se desarrolló en un clima de sintonía política y reafirmó la intención del Ejecutivo de sostener el diálogo institucional con su bloque legislativo. La estrategia de Frigerio parece clara: mantener el equilibrio fiscal sin resignar la gestión territorial y preparar el terreno para un 2026 con mayor capacidad de inversión, especialmente en infraestructura, uno de los pasivos más críticos que arrastra la provincia.

En el marco del Plan de Reactivación de la Obra Pública, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) lleva adelante la rehabilitación de la ruta provincial Nº 32, en el tramo comprendido entre la rotonda próxima a la ciudad de Crespo y la intersección con la ruta nacional Nº18.

Desde el organismo vial se informó que en los últimos días comenzaron los trabajos en el acceso a Viale. Se intervendrán 1,5 kilómetros, desde la ruta provincial Nº32 hasta el ingreso a la localidad, e incluirán el reciclado del pavimento existente con incorporación de cemento.

El nuevo paquete estructural estará compuesto por dos capas de base asfáltica y una carpeta de rodamiento. Cabe recordar que la obra presenta un avance del 64 por ciento y constituye uno de los principales corredores viales del departamento Paraná, por su conexión con rutas nacionales como la 127, 18 y 12, el enlace vial Rosario-Victoria, y los puertos de Rosario y Diamante.

El tramo intervenido se divide en dos subtramos con diferentes dimensiones de calzada y estructuras. Se contemplan mejoras como intersecciones canalizadas, una rotonda en el acceso a Seguí y sistemas de iluminación en puntos estratégicos. Además, se emplearán técnicas de reciclado de pavimento en algunos sectores y se realizarán reparaciones estructurales en otros, incluyendo la construcción de carriles de aceleración y desaceleración.

Desde la DPV se recomienda a los automovilistas y demás usuarios circular con precaución en la zona mencionada, ante la presencia de maquinaria y personal trabajando.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este viernes en la Casa Rosada a una delegación de gobernadores que participaron la semana pasada del encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el que expresaron su preocupación por la fuerte caída de la recaudación de impuestos coparticipables y de las transferencias automáticas desde la Nación.

La reunión, prevista para las 11, se concreta luego de la presión ejercida por los mandatarios provinciales en el CFI y de una votación en la Cámara de Diputados que impuso un aumento jubilatorio que el oficialismo rechazó pero no pudo frenar. En ese contexto, Francos optó por habilitar una instancia de diálogo con los gobernadores, que llegan con una demanda concreta: avanzar en un nuevo pacto fiscal que compense el desplome de los ingresos y el freno en la ejecución de obra pública.

Desde la Jefatura de Gabinete no confirmaron aún qué mandatarios asistirán de forma presencial, pero se espera la participación de un número importante de provincias, dada la gravedad del reclamo. La convocatoria incluye tanto a referentes críticos del gobierno de Javier Milei como a mandatarios con una postura más dialoguista, lo que da cuenta de la amplitud del malestar.

Según datos del Ministerio de Economía, las transferencias automáticas a las provincias registraron en mayo una caída real promedio del 23,8% en comparación con el mismo mes del año pasado. La disminución de la actividad económica, la baja de la recaudación de impuestos como Ganancias e IVA y la ausencia de transferencias discrecionales han afectado las cuentas provinciales, sumando tensión al vínculo entre la Nación y las jurisdicciones.

“Si ponés a un bebé recién nacido y al lado ponés a un gobernador, el gobernador llora más”, ironizó una fuente cercana a Francos, en declaraciones off the record a la agencia NA, dejando entrever el malestar del Ejecutivo frente a lo que considera una sobreactuación de los reclamos. No obstante, el Gobierno sigue con atención los movimientos de los mandatarios, ante el riesgo de que las demandas terminen confluyendo en un frente político común que complique aún más la gobernabilidad.

En la cumbre del CFI, realizada la semana pasada, participaron 18 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rubén Passalacqua (Misiones) se sumaron de forma virtual. El único ausente fue el correntino Gustavo Valdés, por compromisos de agenda.

Los gobernadores también expresaron su preocupación por el freno a la obra pública, que genera un impacto directo en el empleo y el desarrollo de infraestructura. Además, pidieron que la Nación regularice las deudas con las cajas previsionales no transferidas y reactive convenios suspendidos.

Aunque el Gobierno mantiene una postura austera frente al gasto público, la presión política y económica de las provincias obliga a Francos a gestionar con pragmatismo. La reunión de este viernes será clave para medir hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo a ceder en su estrategia de ajuste.

En medio de una creciente tensión fiscal, los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño fueron convocados este martes a una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Aunque formalmente el encuentro se titula “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, el telón de fondo es otro: la profunda preocupación por la caída de la coparticipación nacional y el deterioro de las rutas bajo jurisdicción nacional.

La convocatoria busca articular respuestas a la merma en los recursos que la Nación transfiere a los distritos, una situación que se agrava con el freno a la obra pública y el visible abandono de la infraestructura vial. La mayoría de los mandatarios admiten que sus provincias están al límite para afrontar gastos básicos y, sobre todo, el pago del medio aguinaldo.

El malestar, aunque no unificado, se generaliza. En mayo, según datos del IARAF, las provincias y CABA recibieron una coparticipación que ajustada por inflación cayó un 23,3% respecto del mismo mes del año pasado. Un informe de la Comisión Federal de Impuestos va más allá y estima una caída del 4,2% para todo 2025, lo que implicaría una pérdida de unos $2,5 billones, con La Pampa y Santa Fe como las más golpeadas.

En paralelo, los gobernadores denuncian la paralización de rutas nacionales, lo que afecta tanto a la producción como al turismo. El reclamo más fuerte es por la falta de mantenimiento: pastizales sin cortar, banquinas peligrosas y obras iniciadas que nunca se retomaron. "Las provincias no pueden intervenir en rutas nacionales, pero la Nación tampoco lo está haciendo", señalaron desde un distrito del litoral. Río Negro, incluso, anunció que judicializará el reclamo por fondos viales.

Aunque no se espera un documento conjunto –por las diferencias políticas entre los mandatarios–, sí podrían mostrar una foto de unidad institucional. Desde la Casa Rosada bajaron el tono: aseguran que no se trata de una cumbre “anti Milei” y que en recientes reuniones ningún gobernador planteó estas inquietudes de manera directa.

Mientras tanto, Economía propone como paliativo la adhesión a un nuevo blanqueo de capitales, bajo el argumento de que podría dinamizar la actividad y mejorar la recaudación. Algunos mandatarios ya se sumaron, como los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), mientras otros evalúan hacerlo por necesidad.

La recaudación del IVA –clave en la coparticipación– cayó 1,9% en abril, a pesar del crecimiento general de la economía, y el Impuesto a las Ganancias también se resintió por cambios recientes en el calendario fiscal. Todo esto impacta directamente en las arcas provinciales, que ven cómo la promesa de reactivación económica no se cumple en sus territorios.

El resultado de la cumbre en el CFI será un termómetro del delicado equilibrio político y fiscal entre Nación y provincias, en un contexto donde el federalismo económico parece estar cada vez más en discusión.

Finalizó la obra de ampliación de la red de gas en Gualeguaychú. Ya está habilitada la red para que alrededor de 439 hogares puedan acceder al gas natural. Se tendieron 8.340 metros de cañería que benefician a nueve zonas de la ciudad. Además del tendido de cañerías, se trabajó en la reparación de las veredas que fueron intervenidas durante la instalación de la infraestructura de gas.

La financiación fue proporcionada en su totalidad por el gobierno provincial, a través del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (Fdeer), administrado por la Secretaría de Energía. La inversión total alcanzó los $646.785.492,28 en diciembre de 2024.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la importancia de seguir avanzando en la infraestructura energética en la provincia: "El acceso al gas natural es un servicio esencial que impacta en la calidad de vida de los entrerrianos. Nuestro norte es posibilitar la accesibilidad a más localidades con obras que sean sostenibles en el tiempo por lo que seguimos trabajando para que los vecinos puedan contar con este recurso".

El proyecto inició oficialmente el 11 de julio de 2023 y avanzó hasta el 5 de enero del año 2024, cuando se detuvo temporalmente por la neutralización de la obra pública. En ese momento, se habían colocado 7.387 metros de cañería y roto 1.600 metros de vereda para el tendido de gas.

Los trabajos se distribuyeron entre las calles 2 de Abril, Helena L. de Roffo, Maestra Piaggio y 21 de septiembre y los barrios ATE 1, 2 y 3, 56 Viviendas, Vidal y Pitter.

"Estamos trabajando en mejorar el programa de obra pública para gas natural, con el objetivo de trabajar en equipo entre la provincia, la municipalidad, juntas o comunas y, lo más importante, con los vecinos. Queremos compartir la carga económica para que no recaiga solo en la provincia. La obra pública es fundamental y el gas natural es un servicio que brinda confort en los hogares, especialmente en épocas invernales. Buscamos una colaboración efectiva para beneficio de todos", expresó la secretaria de Energía, Noelia Zapata.

Este establecimiento comprende una matrícula que supera los 50 alumnos de nivel inicial, lo que enfatiza la necesidad de contar con un espacio adecuado, ya que las instalaciones actuales no tienen el suficiente. La obra se lleva adelante en un terreno contiguo a la escuela primaria, abarcando una superficie total de 448 m², entre áreas cubiertas y semicubiertas.

Al respecto, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Darío Schneider, destacó: "Este año lo iniciamos con distintas obras en ejecución que son fundamentales para garantizar espacios funcionales, seguros y adecuados para nuestros gurises y el desarrollo de las actividades educativas".

Además, añadió que "la educación es un derecho fundamental para los entrerrianos y queremos fortalecer la infraestructura porque entendemos que sin educación y sin obra pública, no hay desarrollo posible para la provincia".

Detalles técnicos de la obra

La construcción presenta un avance del 90% y comprende una inversión actual de $205.717.916. La empresa Indag Constructora está a cargo de los mismos.

Este nuevo edificio incluirá tres salas de nivel inicial, sala para maestras, salón de usos múltiples (SUM) y baños accesibles. Además, se reemplazará de la instalación de gas existente y se conectará al servicio de gas natural.