Será la tercera vez que las y los jubilados se manifiesten frente a la oficina de Gualeguaychú en los últimos tres meses. Se han propuesto realizar este reclamo una vez al mes porque advierten que “la situación de PAMI es cada vez más grave: faltan medicamentos, se restringen prestaciones médicas y hay dificultades para acceder a médicos de cabecera. Mientras las personas mayores necesitan respuestas, nuestros reclamos no son escuchados y la salud y la vida quedan en riesgo”.

La manifestación será este viernes 23 a las 11 en la esquina de Andrade y Rocamora, en donde denunciarán que existe “un gerontocidio en marcha, producto de las políticas de un Gobierno nacional que ajusta sobre quienes más necesitan protección”.

“Aunque nadie escuche nuestros reclamos, no vamos a dejar de luchar. Por eso convocamos a toda la comunidad a acompañarnos. Porque, si la vida nos lo permite, todas y todos vamos a ser personas mayores. Por vos, por tus viejos, por tus abuelos y por quienes hoy necesitan que defendamos sus derechos”, expresaron desde la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Plaza San Martín de Gualeguaychú.

La reestructuración impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, que dispuso la finalización del Programa Remediar para dar paso al nuevo Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, genera repercusiones en la organización operativa de la atención primaria de la salud. La exministra de Salud de la provincia de Entre Ríos, Sonia Velázquez, se refirió al impacto de la medida sobre la continuidad de las prestaciones y el suministro de insumos farmacéuticos esenciales destinados a la población sin cobertura médica formal.

El programa nacional constituía una red logística de alcance federal que suministraba botiquines con medicamentos de distribución gratuita a más de 8.100 centros de salud urbanos y rurales en todo el país. La cobertura epidemiológica del esquema alcanzaba el 85% de las patologías más frecuentes, garantizando la dispensa directa de tratamientos para una población estimada de entre 16 y 20 millones de usuarios del sistema público.

Desde el punto de vista operativo, la dinámica prestacional permitía a los equipos profesionales realizar intercambios y redistribuciones de insumos entre establecimientos según las variaciones de la demanda local. Asimismo, el sistema integraba herramientas de nominalización de pacientes, capacitación continua para el personal sanitario y protocolos territoriales de seguimiento para evitar el abandono de tratamientos clínicos.

La integración de Remediar con otros programas de gestión, como el Plan Sumar, permitió el registro y la nominalización de más de 1,1 millones de ciudadanos entrerrianos sin obra social. La sistematización de estos datos socio-sanitarios facilitaba la identificación de perfiles epidemiológicos regionales, la estimación de necesidades específicas en especialidades como pediatría, obstetricia y salud mental, y la planificación en la asignación de recursos humanos e insumos.

Por su parte, la cartera sanitaria nacional fundamentó la discontinuación de la herramienta en la necesidad de actualizar las prioridades epidemiológicas del país, orientando los recursos hacia la prevención y tratamiento de patologías cardiovasculares como principal causa de morbimortalidad en la población. La transición hacia el nuevo esquema implica la reformulaciòn del catálogo de insumos distribuidos y la reorganización de los circuitos de provisión en las distintas jurisdicciones.

Una vez cumplidos los 27 podrán continuar como afiliados capitados, pero unos días antes de cumplir esa edad, debe solicitarlo el afiliado. Los trámites referidos a ambas modalidades de afiliación se realizan de manera presencial en cualquier sede de OSER.

A través de una modificación al régimen de afiliaciones llevada adelante por el Directorio, la Obra Social de Entre Ríos dispuso ampliar la edad de afiliados hijos estudiantes a los 26 años inclusive, cuando antes era hasta los 25.

Esta medida busca adaptar la normativa a los cambios sociales y culturales de las últimas décadas, teniendo en cuenta que actualmente muchos jóvenes comienzan o finalizan sus estudios superiores a edades diferentes de las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura.

Cómo es el trámite

Una vez cumplidos los 22 años, los hijos de afiliados titulares que se encuentren cursando estudios secundarios, terciarios o universitarios deben presentar certificado de alumno regular para poder permanecer como afiliados a la Obra Social. La presentación del certificado debe repetirse cada año al iniciar el ciclo lectivo.

De esta manera, la afiliación de hijo estudiante se extiende hasta los 26 inclusive. Una vez cumplidos los 27 años podrán continuar como afiliados capitados. La afiliación por cápita no se realiza de manera automática, debe solicitarla el afiliado unos días antes de cumplir los 27 años.

Documentación a tener en cuenta

- Certificado de alumno regular expedido por unidad académica correspondiente.

- Fotocopia del DNI del beneficiario (hijo estudiante) y titular (padre, madre o tutor)

- Fotocopia del recibo de sueldo del titular

- En el caso de cumplir los 27 años y solicitar la afiliación por cápita tendrá que completar el formulario correspondiente.

Todos los trámites referidos a ambas modalidades de afiliación se realizan de manera presencial en cualquier sede de OSER.

El panorama del mercado de trabajo nacional evidencia una transformación estructural en la composición del empleo registrado durante los últimos cinco años. Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo creció un 22% entre 2021 y 2026, alcanzando un total de 4.148.497 contribuyentes en el esquema general. En contraste, el empleo asalariado registrado en los sectores público y privado presentó un avance de apenas 4,7% en el quinquenio, registrando además un descenso del 2,6% si se toma como referencia el período iniciado a mediados de 2023.

Esta dinámica elevó la participación del monotributo en el total de las ocupaciones formales del 26% en 2021 al 29,1% en el presente año. La tendencia se replica al examinar exclusivamente a los cuentapropistas que aportan a los sistemas de jubilación y obra social, cuyo número trepó un 29,8% desde 2021 hasta alcanzar los 2.198.335 inscriptos. Por su parte, la nómina de empleados dependientes del sector privado acumuló una baja del 3,8% desde 2023, al tiempo que el empleo público formal experimentó una reducción del 1,7% en el mismo lapso.

El comportamiento por rubros muestra heterogeneidad. El sector comercial registró un incremento del 20% en su nómina de monotributistas, sumando 114.107 contribuyentes desde 2021 para alcanzar un total de 685.065 inscriptos. No obstante, los mayores incrementos absolutos se concentraron en los servicios profesionales, científicos y técnicos —que añadieron 134.221 personas— y en el área de salud y servicios sociales, con 85.382 nuevos registros, impulsados por la demanda de atención ambulatoria. Asimismo, las actividades de mensajería crecieron un 64% y los servicios informáticos un 63%. En contraste, la cantidad de choferes de taxis y remises cayó un 27%, al tiempo que la venta de productos por internet duplicó su volumen de adheridos.

Respecto al monotributo social, destinado a sectores vulnerables, los registros oficiales contabilizan 701.586 personas a junio de 2026. Este esquema sufrió una reducción del 41,2% en comparación con 2024, cuando alcanzaba a 1.193.809 inscriptos. La baja responde al proceso de reempadronamiento llevado a cabo por la administración pública, el cual requirió verificar la emisión mínima de seis facturas por semestre para mantener la condición de beneficiario.

La expansión del régimen simplificado plantea desafíos para el financiamiento de la seguridad social. En la actualidad, el aporte previsional promedio de las categorías generales se ubica en torno a los $19.215, lo que demanda el aporte equivalente de 23 contribuyentes para cubrir el monto de un haber mínimo jubilatorio, evidenciando la disparidad contributiva respecto del sistema asalariado tradicional.

(Fuente: La Nación)

La Sede Gualeguaychú de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) informó la apertura de las inscripciones para la oferta de talleres correspondientes al programa UPAMI Costa del Uruguay. Las actividades, que comenzarán durante el mes de septiembre, están dirigidas a personas afiliadas a la obra social PAMI y son de carácter totalmente gratuito.

La propuesta académica y recreativa comprende una variedad de disciplinas enfocadas en el desarrollo cultural, la estimulación cognitiva y el aprendizaje práctico. Entre las alternativas se encuentra el Taller de Biodanza, dictado por Mariana Lucher, el cual se dictará los días lunes de 15:00 a 16:30 horas en el Centro de Día “De Cara al Sol”, ubicado en el Parque Unzúe Grande.

Por otra parte, la formación enfocada en Informática y nuevas tecnologías estará a cargo del docente Gabriel Negri y se llevará a cabo los días martes de 16:00 a 17:30 horas en el espacio de calle Rioja 1027. En esa misma dirección de Rioja 1027, los días miércoles en el horario de 16:00 a 17:30 horas, se dictará el Taller denominado "Juego, memoria y palabras", a cargo de Sofía González Addin.

Asimismo, dentro de la oferta cultural y artística se incluye el Taller de Canto grupal, bajo la coordinación de Carlos Peralta, que tendrá lugar los días viernes en el horario de 16:00 a 17:30 horas en la sede de calle 25 de Mayo 731. Finalmente, los días sábados de 9:30 a 11:00 horas se desarrollará el Taller de Teatro, a cargo de la docente Maira Yedro, en la Casa de la Cultura, ubicada en el predio del Corsódromo.

Las personas interesadas en sumarse a estas iniciativas pueden realizar sus consultas e inscripciones enviando un correo electrónico a la dirección institucional coordinaciongchu@fhaycs.uader.edu.ar. Asimismo, se encuentra habilitada la vía de registro mediante el enlace pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.

Para mayor información institucional respecto al dictado de los cursos del Programa Adulteces y Vejeces, la sede física de la FHAyCS se ubica en Mitre 87, y se dispone adicionalmente del sitio web www.fhaycs-uader.edu.ar.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) aprobó el pasado 5 de agosto un nuevo Régimen de Afiliaciones, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 11.202, de creación de la Obra Social, y su modificatoria, Ley Nº 11.236.

Entre las principales innovaciones incorporadas por la nueva normativa se encuentra la ampliación del límite de edad para los hijos de afiliados titulares que cursen estudios universitarios o terciarios oficiales.

Hasta el momento la cobertura en esta condición se extendía hasta los 26 años y ahora los hijos estudiantes podrán permanecer afiliados hasta cumplir los 27 años de edad, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para esta categoría.

La modificación responde a los cambios sociológicos y culturales que se han producido en las últimas décadas y que han determinado una extensión de las diferentes etapas vitales de las personas. En la actualidad, numerosos jóvenes inician, desarrollan y finalizan sus estudios en edades posteriores a las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura, por lo que resulta necesario adecuar las normas a estas nuevas realidades.

Asimismo, una de las principales novedades del nuevo régimen consiste en que, una vez cumplidos los 27 años, las personas que deseen continuar contando con la cobertura de OSER podrán hacerlo a través del sistema de Afiliación Voluntaria, mediante el pago de la cápita correspondiente.

De esta manera, OSER no sólo amplía la edad de permanencia de los hijos estudiantes dentro de la afiliación derivada de sus padres titulares, sino que también establece una alternativa para evitar la pérdida automática de cobertura al alcanzar el límite de edad previsto.

La incorporación de la Afiliación Voluntaria permite que quienes concluyen esta etapa puedan optar por mantener su vínculo con la Obra Social y continuar accediendo a sus prestaciones, garantizando una transición ordenada y una mayor continuidad en la cobertura de salud.

Con este nuevo Régimen de Afiliaciones, OSER avanza en la adecuación de su normativa a las necesidades actuales de sus afiliados, incorporando herramientas que brindan mayor previsibilidad, continuidad de cobertura y alternativas de permanencia dentro del sistema. (APFDigital)

(Fuente: APFDigital)

En un escenario de tensión inédito para el sistema de salud privado del sur del país, clínicas y sanatorios de cuatro provincias patagónicas anunciaron el corte total de la atención a los afiliados de PAMI a partir del próximo 24 de agosto. La medida extrema responde al severo atraso en la actualización de las prestaciones, cuyos incrementos —según denuncian los prestadores— representan apenas la mitad de la inflación acumulada desde el inicio de la gestión nacional.

Las instituciones afectadas atienden a un universo cercano a los 300 mil jubilados en la región, para quienes la obra social estatal representa entre el 25% y el 55% de la operatoria prestacional de los sanatorios. La crisis no es repentina: desde junio pasado, los centros médicos venían aplicando restricciones graduales en las guardias, en la recepción de derivaciones y en la reprogramación de cirugías. Sin embargo, la falta de respuestas oficiales desembocó en una suspensión completa de servicios por primera vez en la historia del organismo.

El detonante principal es el estrangulamiento económico que atraviesan los módulos prestacionales. Frente a una inflación del 19,3% registrada en los primeros ocho meses del año, la propuesta oficial se limitó a acordar un 6% de aumento a liquidarse en octubre, sumado a una promesa no concretada de un 1,9% adicional atribuida al Ministerio de Salud. De esta manera, existen procedimientos médicos donde el monto transferido por PAMI no alcanza para cubrir siquiera el costo de los materiales descartables básicos, dejando fuera de presupuesto los honorarios de médicos, enfermeros, el uso de quirófano, camas e insumos.

Desde el sector privado califican la situación como "inédita y dogmática", asegurando que el desfasaje supera incluso los picos críticos de la crisis de 2001. A este panorama se le suma la renuncia masiva de profesionales y el éxodo de médicos que dejaron de atender por la cartilla oficial, sobrecargando las guardias de urgencia y dejando a miles de adultos mayores sin cobertura médica preventiva ni tratamientos programados.

Como corolario de la pérdida de empleos privados registrados, las coberturas de obras sociales nacionales cayeron en 1.028.412 beneficiarios del sistema solidario desde noviembre de 2023, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

En el primer trimestre de 2026, se detectó que más de 1,2 millones de personas ingresaron al sistema público de salud en comparación con 2023, y los más vulnerables son los jóvenes de entre 15 y 29 años, entre quienes el 49,9% depende exclusivamente de este sistema.

Entre las principales entidades, una sola logró expandirse. Se trata de OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, y se explica por el crecimiento de este segmento de trabajadores. Las demás obras sociales cayeron.

OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, registró una caída del 20,2% en la cantidad de beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la reducción fue del 15,9%.

El deterioro también alcanzó a OSPeCon, vinculada a los trabajadores de la construcción, que registró una baja del 25,4%, y a OSPe, correspondiente a los trabajadores petroleros, cuya cantidad de beneficiarios cayó 5,1%.

Se trata, en todos los casos, de rubros que sufrieron fuertes caídas del empleo registrado, excepto los rurales. Desde noviembre de 2023, la construcción perdió el 13,8% de sus empleados hasta abril de este año (-60.646 puestos), mientras que Comercio tuvo una baja de 0,8% (-9.413 puestos) y el sector petrolero, de 8,8% (-8.282 empleos). Los estatales, en tanto, sufrieron una baja de 2,1% de los trabajadores (-73.052).

La excepción fue OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, que incrementó su cantidad de afiliados un 154% durante el mismo período, en el que la cantidad de inscriptos creció un 7,4%.

En el período analizado, se perdieron más de 235.000 empleos privados registrados, además de otros 73.000 públicos. De allí que no solo el trabajador quede fuera de la cobertura de la obra social, sino que la pérdida también alcance al grupo familiar.

El fenómeno se combina, además, con una fuerte suba del costo de las prepagas. Con la desregulación de las prepagas, las cuotas aumentaron 460%, frente a una inflación acumulada del 320% en el mismo período. El resultado es una reducción del universo de personas que cuenta con algún tipo de cobertura privada.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares muestran que en el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban con prepaga, obra social ni mutual. Para el primer trimestre de 2026, ese número había trepado a 10.674.416 personas.

Esto implica 1.246.285 personas más sin cobertura privada, lo que elevó la proporción sobre el total de la población del 32% al 35,6%.

La pérdida de cobertura implica una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos, que tampoco cuentan con recursos suficientes. Se estima que en el último trimestre analizado 231.141 personas pasaron a depender del sistema público de salud.

El deterioro es todavía más marcado entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Allí, un 49,9% de las personas no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público. En comparación con el cuarto trimestre de 2023, son 438.790 jóvenes más en esa situación.

Esto implicó un crecimiento del 15,3%, el mayor incremento relativo entre los grupos etarios analizados.

Fuente: Ámbito

El conflicto laboral en la planta fabril de Unionbat en Gualeguaychú alcanzó un desenlace definitivo tras la finalización del periodo de conciliación obligatoria sin acuerdo entre las partes. La medida dictada por la autoridad laboral concluyó formalmente este martes a las 14:00 sin que la representación patronal presentara alternativas para revertir los cesantes ni garantizar el sostenimiento de las fuentes de trabajo en el predio industrial local.

Desde la conducción del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas confirmaron que durante los 21 días en los que se extendió la instancia legal, la dirección de la firma no acercó propuestas concretas para reincorporar al personal o reestructurar el esquema operativo. Según detallaron desde la entidad gremial, las audiencias transcurrieron sin negociaciones efectivas respecto a la continuidad de las líneas de producción, ratificando la empresa su postura inicial de desafectar a un total de 100 operarios.

Con la conclusión del plazo preventivo, la situación entra en una etapa orientada al reclamo de las obligaciones legales pendientes. La representación de los trabajadores indicó que se mantendrán a la espera del transcurso de los cuatro días hábiles previstos por la normativa vigente para que la compañía efectivice el pago total de las indemnizaciones correspondientes a cada uno de los despedidos.

A la par de las indemnizaciones por despido, la entidad sindical reclama la liquidación inmediata de haberes vencidos y prestaciones de la seguridad social que registran demoras. Entre los montos exigidos se encuentran las quincenas correspondientes al 20 y al 5 del mes en curso, además de la regularización de los aportes destinados a la obra social del sector, los cuales sufrieron interrupciones en los meses previos.

El referente de la organización gremial, Martín Gómez, expresó que la pérdida de este volumen de empleos representa un fuerte impacto para la estructura productiva y la economía local. El dirigente enfatizó que el resultado era evitable si hubiese existido disposición negociadora por parte del sector empresarial para buscar mecanismos alternativos que permitieran mantener activa la fábrica en la ciudad.

El gremio también dirigió duras críticas al desempeño de la Secretaría de Trabajo provincial durante el desarrollo del diferendo. Desde el sindicato señalaron que el organismo gubernamental no ejerció un rol activo de mediación ni aplicó las sanciones o multas previstas para los casos en que las partes no muestran voluntad de acordar durante la conciliación obligatoria. Según la postura gremial, las dilaciones en los plazos administrativos terminan perjudicando la estabilidad financiera de los asalariados mientras transcurre el conflicto.

El cierre de la vía administrativa habilita a las partes a adoptar los pasos legales o gremiales que consideren pertinentes. Mientras corre el lapso legal para el cumplimiento de los pagos por cese y la cancelación de salarios adeudados, los trabajadores despedidos y el sindicato evalúan las medidas a seguir para garantizar la cobertura médica y la liquidación integra de los conceptos estipulados por la ley de contrato de trabajo.

El proceso de reestructuración del sistema de salud para el personal militar y las fuerzas de seguridad ha alcanzado un punto de inflexión decisivo. Tras la oficialización de la medida que dispuso la fragmentación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra abocado a ultimar los pasos burocráticos para la puesta en marcha definitiva de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, las autoridades del área de Defensa avanzan a ritmo acelerado para concretar la personería jurídica propia y la legitimación procesal de la nueva entidad. Asimismo, se están incorporando los recursos técnicos y la infraestructura informática indispensable para lograr la autonomía total respecto de la antigua estructura.

Mientras que el personal dependiente de las fuerzas de seguridad ya fue transferido a un esquema diferenciado con prestación a través de medicina privada, el sector militar mantendrá una lógica prestacional pública y propia. Esto implica que el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada continuará utilizando la red de hospitales militares y centros asistenciales históricos, principalmente aquellos distribuidos en el área metropolitana y en nodos estratégicos del interior del país.

Durante este período de transición, una comisión asesora conformada por representantes de diversas carteras gubernamentales y organismos de control supervisa la migración de datos y expedientes. Para la tranquilidad de las familias afiliadas, el ente residual continúa garantizando las prestaciones médicas indispensables y los servicios de salud esenciales.

Las Fuerzas Armadas han iniciado un esquema de regularización para cancelar el porcentaje de la deuda que les corresponde, mientras que el saldo restante, vinculado a los sectores de seguridad, aún requiere una definición operativa. Desde la administración central se ha previsto que, en caso de ser necesario para garantizar el equilibrio de la nueva etapa, el propio Estado interviene para sanear las cuentas adeudadas entre organismos públicos y asegurar que el servicio de salud nazca sin condicionamientos financieros.

Un estudio elaborado por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), perteneciente al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), advirtió que el programa nacional registrará una fuerte contracción durante 2026.

Esta reducción incidirá directamente en la disponibilidad de insumos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y profundizará las brechas de cobertura entre las provincias.

Aunque la canasta oficial teórica superaba el centenar de drogas, entre abril y septiembre las presentaciones distribuidas caerán a solo 30. Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, señalaron que el recorte continuará y que las entregas proyectadas para el segundo semestre de 2026 incluirán de 22 a 23 productos.

Asimismo, disminuyó el volumen de establecimientos asistidos. Frente a una red nacional de casi 8.000 CAPS, la cartera sanitaria confirmó que solo recibieron insumos unos 4.200 centros que mantienen la rendición administrativa al día.

Desde la cartera nacional explicaron que la decisión responde al proceso iniciado en 2024 para traspasar la responsabilidad de la atención primaria a las jurisdicciones subnacionales, argumentando que las provincias deberán asumir la adquisición de fármacos según sus realidades locales.

El informe del CIIPS alertó que la disparidad de recursos provinciales genera una respuesta desigual ante el recorte. En el desglose territorial de tratamientos dispensados entre 2024 y 2025, se registraron caídas severas en jurisdicciones como Chaco (-72,4%), Salta (-70%) y Mendoza (-64,5%). En contraste, otras regiones mostraron variaciones menores, como Río Negro (-2,3%).

Investigadores de la entidad expresaron su inquietud por la eventual interrupción de tratamientos crónicos, como los cardiovasculares, y el retiro de insumos pediátricos, suplementos de hierro y medicación para el embarazo, factores que podrían sobrecargar las consultas en hospitales de mayor complejidad.

Con información de El Once Digital

El próximo 13 de agosto a las 12:00 hs., el empresario Sergio Andrés Aguirre deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello. La Justicia Federal lo investiga como presunto integrante de una asociación ilícita que habría desviado más de 266 millones de pesos de Osprera , la obra social de los peones rurales, intervenida por el Gobierno nacional.

El caso cobró relevancia pública debido a que Aguirre mantiene una relación comercial de más de siete años con Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, con quien comparte la firma TR Nutrition SRL desde 2018. Aunque Menem no está imputado, los lazos de su entorno directo quedaron bajo la lupa judicial.

La empresa en el centro de la polémica es HTECH Innovation, constituida en abril de 2024. La firma se inscribió como una consultora de servicios informáticos y desarrollo de software sin antecedentes ni empleados registrados. A pesar de esto, se convirtió en proveedora de Osprera tras la intervención decretada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2024. La entonces interventora, Virginia Montero, contrató a la compañía, que emitió sus dos primeras facturas en noviembre de ese año por montos que superaron los 47 millones de pesos.

El entramado societario de HTECH incluye a Stefano Zanetti y a María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, quienes también fueron citados a indagatoria. Mirabelli cumplía funciones en paralelo como secretaria privada del propio interventor Petroni. Ante la sospecha del desvío de fondos públicos, el magistrado ordenó un embargo preventivo de 920 millones de pesos sobre los bienes de los involucrados, tras detectarse la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta BMW y una moto Ducati.

Durante los procedimientos, la Justicia allanó la sede declarada de la firma en la calle Jorge Newbery al 1500, constatando que allí opera otra empresa de Aguirre llamada Wellmets, por lo que el domicilio real de la consultora permanece sin determinar. Desde el entorno de la familia Menem señalaron que se trata de una operación política derivada de internas gubernamentales y afirmaron que no tienen vinculación con los hechos investigados.

Fuente: Perfil

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) implementó una modificación clave en la dinámica de atención de su delegación en Gualeguaychú. Con el propósito de agilizar la gestión de trámites y dar respuesta a las demandas de los usuarios, la obra social provincial dispuso una ampliación horaria significativa en su sede cabecera, extendiendo la franja de atención presencial hasta la tarde.

A partir de esta modificación, las oficinas locales situadas en la intersección de San Martín 1401 atienden al público de lunes a viernes en el horario corrido de 07:15 a 18:15. La medida reemplaza de forma definitiva al esquema anterior, cuyo cierre comercial estaba fijado a las 14:45, una limitación que solía complicar a aquellos afiliados que cumplen con jornadas laborales partidas o comerciales durante la mañana.

"Ahora muchos vecinos de la ciudad podrán realizar sus trámites durante la tarde. Si bien gran parte de las gestiones pueden hacerse de manera digital, queremos seguir ofreciendo más canales de atención a nuestros afiliados. Ese es el horizonte para Gualeguaychú y para toda la provincia", remarcó Matías Amarillo, director de Sedes de OSER.

Desde la obra social recordaron que, de forma complementaria a las ventanillas físicas, continúa operativa la aplicación móvil MI.OSER. A través de esta plataforma digital disponible para celulares, los beneficiarios pueden autorizar órdenes médicas, consultar cartillas de prestadores y gestionar reintegros de manera remota sin la necesidad de trasladarse hasta la delegación céntrica.

En vísperas de las vacaciones de invierno, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) recuerda a todos sus afiliados la importancia de generar la carta de derivación en tránsito al momento de viajar fuera de la provincia de Entre Ríos.

La Derivación en Tránsito es el mecanismo administrativo que posee el afiliado para informar su salida de la provincia. De este modo, de necesitar atención médica mientras se encuentra de viaje, la Obra Social puede brindarle cobertura. Si la derivación en tránsito no se genera, la cobertura corre por cuenta del afiliado.

La derivación en tránsito puede generarse desde la aplicación MI.OSER o solicitarla en cualquier sede, indicando las fechas de salida y de regreso y la provincia a la cual concurrirá.

Se podrá acceder a la información también por medio de las redes sociales.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) anunció una actualización en el sistema de reintegros para prestaciones de salud mental, elevando de 8.000 a 20.000 pesos el monto que reconoce por cada sesión de psicología realizada por sus afiliados.

La medida fue aprobada por el Directorio de la entidad y responde al aumento sostenido de la demanda de atención en salud mental registrado en los últimos años. Con esta modificación, la obra social busca mejorar el acceso a los tratamientos y acompañar a los afiliados frente al incremento de los costos de las prestaciones.

Según se informó, el nuevo esquema contempla el reintegro de hasta dos sesiones mensuales por afiliado, con un reconocimiento de 20.000 pesos por cada consulta. De esta manera, la cobertura alcanza aproximadamente el 54% del valor de referencia fijado actualmente por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, que estableció un arancel de 37.000 pesos por sesión.

La iniciativa fue impulsada por la Vocalía por los Trabajadores Docentes y recibió el acompañamiento de la totalidad de los integrantes del Directorio de la obra social.

Desde la entidad señalaron que la actualización tiene como objetivo reducir el impacto económico que enfrentan los afiliados que requieren atención psicológica, además de favorecer la continuidad de los tratamientos y fortalecer las políticas de prevención y cuidado integral de la salud.

“La salud mental es una dimensión central del cuidado de nuestros afiliados. Esta actualización representa un paso importante para mejorar la accesibilidad, acompañar los tratamientos y seguir construyendo una obra social más simple, más cercana y más sensible a las necesidades reales de sus afiliados”, expresó.

Por su parte, el vocal Eduardo Weiss sostuvo que la decisión surge de planteos recurrentes realizados por trabajadores docentes y afiliados de distintos puntos de la provincia.

Según indicó, la propuesta fue elaborada a partir de las inquietudes recogidas en reuniones con seccionales y durante recorridas realizadas por los diferentes departamentos entrerrianos.

“Esta iniciativa surge de una demanda constante y muy sentida por los trabajadores docentes y por los afiliados en general. Es resultado del trabajo cotidiano junto a las seccionales, del diálogo en cada recorrida por los departamentos y de la escucha activa en el territorio”, señaló Weiss.

La actualización del reintegro se suma a otras medidas orientadas a fortalecer la cobertura de prestaciones vinculadas a la salud mental, un área que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al aumento de consultas y tratamientos relacionados con el bienestar emocional y psicológico.

Fuente: APFDigital

Ante las recientes manifestaciones públicas realizadas por el Círculo Médico de Paraná respecto de la posibilidad de implementar aranceles compensatorios a afiliados de OSER, la obra social provincial reiteró que esa práctica no se encuentra autorizada.

Desde la entidad señalaron que las prestaciones contempladas dentro de la cobertura deben brindarse en las condiciones establecidas por los convenios vigentes, sin trasladar costos adicionales a los afiliados.

En ese sentido, remarcaron que cualquier intento de cobro de plus o arancel complementario por parte de prestadores constituye una situación irregular que debe ser informada por los usuarios.

Auditorías realizadas por el PAMI detectaron presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas en distintas provincias del país, incluyendo consultas incompatibles con las horas de atención declaradas por los profesionales y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos. Las maniobras investigadas podrían haber generado un perjuicio económico de cientos de millones de pesos para la obra social de los jubilados.

Las anomalías fueron detectadas en expedientes tramitados en Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba, entre otras jurisdicciones. Como consecuencia, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) presentó denuncias penales, rescindió contratos y dispuso retenciones preventivas de pagos mientras avanzan las investigaciones.

Según trascendió, al menos siete profesionales quedaron bajo la lupa por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la facturación de consultas y prácticas médicas.

Bajo investigación

Uno de los expedientes más relevantes involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, identificado por las iniciales M.G.A., quien fue allanado por la Policía Federal Argentina en el marco de una investigación judicial.

De acuerdo con la documentación analizada, el profesional habría informado la atención de más de 5.000 afiliados y la realización de más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025. La situación llamó la atención de los auditores debido a que una importante cantidad de esos pacientes residía en otras provincias.

La maniobra investigada tendría un impacto económico cercano a los 700 millones de pesos. De ese total, aproximadamente 580 millones ya habrían sido abonados por la obra social.

Consultas imposibles y pacientes fallecidos

Las auditorías aplicaron un criterio uniforme para detectar inconsistencias. Los especialistas compararon la cantidad de consultas facturadas con la capacidad máxima de atención que cada médico podía brindar según las horas de trabajo declaradas en el sistema institucional.

En el caso del cardiólogo investigado, una primera auditoría realizada en enero de 2025 detectó que diez afiliados desconocían haber sido atendidos por el profesional pese a que existían órdenes médicas electrónicas emitidas a su nombre.

Además, los investigadores encontraron prácticas médicas supuestamente realizadas y facturadas a pacientes de otras jurisdicciones e incluso órdenes electrónicas emitidas a nombre de afiliados que ya habían fallecido.

Otro expediente, correspondiente a un profesional identificado como M.A.C. en Córdoba, reveló que se registraron órdenes médicas electrónicas el 14 de noviembre de 2024 pese a que el afiliado involucrado había sido dado de baja por fallecimiento seis días antes.

Retenciones, débitos y denuncias penales

Las restantes auditorías también detectaron diferencias entre las consultas declaradas y la capacidad operativa de los prestadores. Como resultado, el organismo dispuso débitos sobre liquidaciones ya presentadas y suspendió pagos preventivamente en algunos casos.

Entre los expedientes revisados figuran profesionales identificados como J.R.C., M.A.D.C., G.M.M., A.R.S. y L.B.S., quienes quedaron alcanzados por distintas medidas administrativas derivadas de las investigaciones, indica Infobae.

En uno de los casos, las prestaciones correspondientes a agencias de Lanús, San Justo y Quilmes permanecen bajo revisión, por lo que los pagos fueron retenidos hasta la finalización del proceso de auditoría.

Desde el PAMI señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las presuntas maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes en cada expediente.

La entidad médica provincial llega a esta instancia de análisis tras haber rechazado de forma unánime un ofrecimiento previo de la obra social estatal, al cual calificaron de inequitativo para los profesionales de la salud.

De acuerdo a lo explicado por voceros sectoriales, la primera oferta de la obra social contenía subas segmentadas que profundizaban las diferencias salariales internas. El ofrecimiento contemplaba incrementos parciales que beneficiaban a algunos profesionales y excluían a otros, una situación que generaba inequidades entre los más de 2.500 médicos representados por la entidad.

Al respecto, un referente del sector médico entrerriano fue categórico al fundamentar la negativa: "Si se le otorga un aumento a una especialidad y a otra no, entendemos que no es una propuesta equitativa".

Ante el rechazo de la Femer, la conducción de la OSER modificó los términos y presentó una contraoferta que consiste en un incremento lineal del 3,5% para todos los códigos y nomencladores médicos.

A pesar del cambio de estrategia hacia una suba generalizada, el porcentaje sembró una profunda disconformidad en la comunidad médica local, donde advierten que los honorarios arrastran un retraso severo frente al costo de vida actual.

"Es un aumento muy bajo y está muy alejado de la realidad económica. Los valores que perciben los profesionales no se modifican desde abril de 2025, mientras que la inflación acumulada desde entonces ronda entre el 35% y el 38%, o incluso más", advirtió un especialista consultado.

La propuesta formal ya fue remitida a las conducciones de los círculos médicos departamentales, cuyos integrantes se encuentran analizando el impacto de los números en las consultas y prácticas cotidianas.

A pesar de la tensión por la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales, desde el sector médico aclararon que se busca resguardar la paz social, contemplando la delicada coyuntura socioeconómica local y el rol clave que tiene la obra social en la provincia.

"Entendemos la situación del país y de la provincia. También sabemos que el OSER brinda cobertura a una gran parte de la población entrerriana, por lo que no podemos desconocer esa realidad", expresaron fuentes ligadas a la negociación.

Por el momento, las autoridades médicas de la provincia confirmaron que la atención médica a los afiliados se mantiene con total normalidad en los efectores privados. No obstante, alertaron que, de no lograrse una recomposición más acorde al escenario inflacionario, podrían suscitarse inconvenientes en las prestaciones a mediano plazo.

Respecto a los plazos legales y gremiales para la resolución del conflicto, una fuente cercana a esta Agencia precisó: “Todavía no tenemos una respuesta concreta, supongo que la tendremos entre esta semana y la semana que viene”.

Con la llegada de los primeros fríos, las consultas por la vacunación antigripal comenzaron a multiplicarse en hospitales y centros de salud de Entre Ríos. La campaña 2026, que se inició en marzo, avanza en dos etapas claramente definidas. La primera incluyó al personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de 6 a 24 meses y adultos mayores institucionalizados. Desde mediados de abril se sumaron los adultos mayores de 65 años y las personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunológicas.

Desde el Hospital Centenario, la licenciada en enfermería Norma Tommasi, quien es supervisora de Atención Primaria de la Salud, explicó: “La vacuna está distribuida en todos los centros de salud, hospitales y departamentos. Estamos en la segunda fase, que incluye a usuarios con factores de riesgo, adultos y niños de calendario. Se vacuna, tenga o no tenga obra social. Por ejemplo, a los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) si vienen al hospital o a un centro de salud se los vacuna”.

En relación a la logística, la profesional manifestó: “La frecuencia de entrega es semanal y está muy controlada, porque se monitorea en el sistema nacional las vacunas aplicadas y en base a eso se repone desde Paraná”.

Por su parte, el referente departamental de inmunizaciones en Gualeguaychú, el licenciado en Enfermería Christian Lloveras destacó: “Respecto a años anteriores hemos visto que ha crecido la demanda de vacunas y las consultas. Eso es muy bueno porque sirve para disminuir las diferentes patologías”. Además, “este año la entrega es más controlada, por eso en algunos momentos nos quedamos sin stock, pero semana a semana vamos pidiendo y nos renuevan”.

“Vacunamos a todas las personas contempladas en esta fase, tengan obra social o no. Muchos pacientes de PAMI se están vacunando y no se les niega la dosis. Lo que sí tratamos es de concientizar que, si tienen la posibilidad de recibirla por obra social, lo hagan, para optimizar recursos para quienes no tienen cobertura”, indicó Lloveras.

Por otra parte, EL ARGENTINO dialogó con Paula, quien es farmacéutica de la Farmacia Del Valle. "Nosotros no hacemos la campaña de vacunación antigripal de PAMI, pero sí tenemos vacunas particulares. Estas vacunas están alrededor de los 67 mil pesos, pero entran por obra social. Dependiendo del plan y la condición del paciente —si son adultos mayores de 65, embarazadas o población de riesgo— la cobertura puede ir del 40 al 100%", informó.

"Lamentablemente, todos los años las vacunas en hospitales y CAPS llegan tarde. Lo ideal siempre es vacunarse en marzo o a principios de abril, para que cuando llegue el frío ya hayan pasado al menos quince días desde la aplicación y el cuerpo tenga las defensas altas", recomendó.

Más allá de la posibilidad que tienen de vacunarse gratuitamente, Paula comentó que hay muchas consultas y hay vecinos que se acercan a recibir la vacuna: "Por la farmacia pasa mucha gente, hay de todo, gente que prefiere esperar porque no puede pagarla y otros que prefieren asegurarse y vienen. En nuestro caso, ya se vacunaron un poco más de cuarenta personas. Seguramente en una farmacia que haga la campaña de PAMI tienen muchos más vacunados".

En tanto, Tommasi agregó que la baja cobertura tras la pandemia obligó a reforzar campañas: “Después del Covid-19 la gente dejó de vacunarse, la cobertura disminuyó y se hicieron campañas para recuperar la confianza. Es un trabajo de hormiga, pero se está logrando de poco. En este sentido, se trabaja bien con el Municipio para recuperar las vacunas de calendario que habían quedado relegadas”.

En cuanto a la organización interna, para aquellas personas que quieran vacunarse, Tommasi aclaró que en ningún lugar se pide turno. El Hospital Centenario está abierto de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas, de corrido, y el vacunatorio funciona en el hospital viejo.

En relación al stock disponible, los profesionales contaron que el lunes viajarán a Paraná para buscar vacunas antigripales y distribuirlas según la carga que tengan cada efector en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

En tanto, desde la Municipalidad, el licenciado en Enfermería Sergio Sack describió: "La Subsecretaría de Salud recordó que la vacunación se realiza en cada uno de los diez Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad. Allí se aplican las diferentes vacunas del calendario, las antigripales y también se realizan vacunaciones a domicilio, lo que llamamos trabajo en terreno. Los equipos de los CAPS —enfermeros y promotores— concurren a los domicilios de personas con discapacidades, adultos mayores y niños, para garantizar la cobertura de inmunizaciones en toda la población".

"Cuando se hace vacunación domiciliaria se utilizan heladeras conservadoras para mantener la cadena de frío y cumplir con todo el calendario en bebés recién nacidos, niños, adultos y vacunas especiales como la antigripal. Esta vacuna ya comenzó a aplicarse no solo al personal de salud y a quienes trabajan en los CAPS, sino también a la población en general", aseguró el responsable municipal.

En relación a la problemática estacional, el profesional manifestó: "Es un trabajo genuino de prevención que realizan los equipos de salud municipales, educando a la población para que pueda vivir bien y sin enfermedades. Los CAPS recorren su territorio por medio de los promotores, detectando necesidades y acercando la vacunación. Se viene desarrollando a un ritmo sostenido, especialmente en esta época del año, para lograr la cobertura antes del invierno y proteger a toda la población".

El contexto epidemiológico también influye en la demanda. A principios de enero se detectó el primer caso de Gripe A (H3N2) en la provincia, lo que puso en alerta al sistema de vigilancia. La vacuna antigripal 2026 está diseñada para cubrir las cepas circulantes y reducir hospitalizaciones y complicaciones graves.

La campaña, que se desarrolla en medio de un invierno anticipado, busca garantizar la cobertura de los grupos más vulnerables. El desafío es doble: por un lado, asegurar la distribución equitativa de dosis en todos los departamentos y, por otro, recuperar la confianza de la población en la vacunación tras la caída de coberturas durante la pandemia.

En definitiva, la llegada del frío aceleró las consultas y puso en evidencia la importancia de la inmunización. Entre Ríos avanza con su campaña antigripal, ofreciendo la vacuna de manera gratuita en hospitales y centros de salud, mientras que en el ámbito privado el costo se mantiene elevado. La coordinación entre Provincia y Municipios será clave para sostener la cobertura y responder a una demanda que crece semana a semana.

El Día Internacional de Concientización sobre el Autismo invita a reflexionar sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. Pero detrás de cada tratamiento, acompañamiento y terapia existe un entramado de profesionales y organizaciones que sostienen la atención en condiciones cada vez más precarias.

Desde Gualeguaychú, las voces de acompañantes terapéuticos, referentes de asociaciones y familias revelan un panorama crítico: pagos que se demoran meses, aranceles que no alcanzan y un vacío legal que desvaloriza la profesión. “Lo más urgente sería que nos incluyan en el nomenclador”, expresó, en diálogo con EL ARGENTINO, Romina Buschiazo, acompañante terapéutica, sintetizando un reclamo que atraviesa a miles de prestadores en todo el país.

En este sentido, la profesional explicó que cada obra social paga un valor distinto por sesión: “Una paga tres mil, otra seis mil y otra trece. Cada obra social decide cuánto vale tu trabajo”. La falta de inclusión en el nomenclador nacional deja a estos profesionales sin un marco regulatorio uniforme. “Nos exigen informes, presupuestos y papeles como a cualquier otro profesional, pero nos reconocen como cuidadores domiciliarios. Muchas veces, las obras sociales demoran la aprobación de los acompañamientos, perdiéndose continuidad en los tratamientos. Esto es muy perjudicial para el paciente”, señaló Buschiazo.

La ausencia de una ley nacional que regule la profesión incrementa el agotamiento y el abandono. “Estamos a la merced de las obras sociales. No figuramos en el nomenclador y eso nos deja totalmente excluidos como profesionales que somos sumamente necesarios”, cuestionó. Las demoras en los pagos —que pueden extenderse hasta 90 días— generan un desgaste insostenible. “Yo trabajo en febrero y puedo llegar a cobrar en abril o mayo”, relató la acompañante terapéutica.

En tanto, Carina Leonardi, profesora en Educación Especial y miembro de TGD Padres TEA, contó que “nada asegura que el pago llegue antes de sesenta días”. Y “si hablamos de la Obra Social de las Fuerzas Armadas de la Argentina (Iosfa), directamente están abonando meses de 2025”.

Las consecuencias de esta realidad son bien conocidas: terapias suspendidas y profesionales que abandonan la actividad. “Conozco varios profesionales, varias acompañantes terapéuticas que, pese a su formación, se ven obligados a trabajar en otros rubros. Algunas hicieron cursos, otras somos técnicas universitarias, pero la realidad es que la precariedad de lo que nos pagan y las demoras de 60 o 90 días en los cobros hacen imposible sostener la profesión”, denunció afirmó Buschiazo. Y agregó: “En la situación económica que atraviesa el país todo cuesta el doble para quienes trabajamos en salud y muchos terminan abandonando el acompañamiento terapéutico para sobrevivir”.

En esta línea, Leonardi cuestionó: “El súper aumento del que hablan no llega al 3 % y será cobrado, con suerte, antes de junio. Después de dos años sin respuestas, es muy duro”.

Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), advirtió que la situación del sector empeora cada día.

“Prestadores dejan de trabajar porque no cobran. La ley de Emergencia en Discapacidad no se aplica. Miles de familias se movilizan cada semana al Congreso reclamando por derechos básicos, pero no tienen respuestas”, afirmó Recchia. Quien, además, denunció el recorte en las pensiones y las trabas para dar de alta el Certificado Único de Discapacidad (CUD). “Se están vulnerando sistemáticamente leyes nacionales y tratados internacionales”, subrayó.

En este contexto, los lemas internacionales cobran fuerza. La Organización de Naciones Unidas (ONU) eligió este año “Toda vida es valiosa”, mientras que la Fundación ONCE de España propuso “Menos prejuicios y más apoyos”. En este sentido, Leonardi lo resumió con contundencia: “Menos pensar que ese chico es un malcriado y más apoyos reales cuando se necesitan, accesibilidad a terapias, comprensión y aceptación”.

La falta de respeto hacia las personas con discapacidad y hacia quienes prestan servicios es un reclamo transversal. “En nuestro caso las necesidades son muchas, pero no urge un espacio para desarrollar actividades, para que las personas con autismo puedan vivir dignamente y los profesionales también”, pidió la referente de TGD Padres TEA.

La precariedad de los prestadores no es un problema aislado, es el reflejo de un sistema que desatiende a quienes sostienen la inclusión y la salud de miles de personas. “Nosotros siempre estamos a la orilla, esperando que nos reconozcan”, se quejó Buschiazo.

En el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, la consigna volvió a imponerse como urgente: menos indiferencia y más apoyos reales, porque cada vida —como recordó la ONU— es valiosísima.