Cada vez que ocurre un choque en las rutas o calles de Entre Ríos, la Policía provincial activa un despliegue técnico de alta complejidad: inspecciones mecánicas, registros fotográficos, planimetrías, análisis de huellas y reconstrucciones virtuales. Hasta hoy, el 100% de esos costos de materiales, tecnología y personal especializado recae exclusivamente sobre las arcas públicas.

Para revertir esta situación, ingresó a la Legislatura entrerriana el proyecto de ley para la creación del Régimen Provincial de Recupero de Gastos por Intervenciones Técnicas y Pericias Accidentológicas, el cual ya fue girado a comisión para su tratamiento. El proyecto fue presentado por la diputada provincial, Gabriela Lena (JxER) y fue girado a Comisión en la última sesión del pleno de Diputados.

El eje central de la propuesta radica en arancelar estas intervenciones y exigir el reintegro de los gastos directamente a las empresas aseguradoras de los vehículos involucrados, siempre que cuenten con cobertura vigente en el marco de la Ley Nacional de Seguros. La tasa se calculará en función del tiempo de trabajo, el instrumental utilizado y la complejidad del operativo.

Un aspecto fundamental del proyecto es el resguardo a los ciudadanos: la medida no generará ninguna carga económica para las víctimas ni para terceros damnificados. Asimismo, se contemplan exenciones por vulnerabilidad social o para casos donde los vehículos no posean seguro, garantizando que la actuación policial y la asistencia médica de emergencia no sufran demoras ni condicionamientos.

Lo recaudado tendrá una "afectación específica", lo que significa que el dinero no irá a rentas generales. Los fondos se volcarán íntegramente al fortalecimiento de las áreas de accidentología vial. Esto permitirá comprar y mantener equipamiento técnico de última generación, incorporar nuevas herramientas digitales para investigar siniestros y capacitar de forma continua al personal de la fuerza.

La iniciativa encuentra sustento en la Constitución provincial, que avala el financiamiento estatal mediante el cobro de servicios prestados bajo criterios de equidad y transparencia, siguiendo además antecedentes que ya funcionan con éxito en otras provincias del país.

El Gobierno de Entre Ríos puso en vigencia la reglamentación de la ley provincial 10.975 de Control Vehicular de Peso, normativa que establece un marco regulatorio para fiscalizar las cargas que circulan por la red caminera entrerriana. La medida tiene como propósito central preservar el estado de las trazas, reducir el deterioro prematuro de la capa asfáltica provocado por el sobrepeso y reforzar la seguridad vial en los distintos corredores del territorio.

La norma prevé la instalación progresiva de sistemas integrales de pesaje, tanto mediante plataformas dinámicas como estáticas, y designa a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) como autoridad de aplicación. Para la planificación y ejecución de las inspecciones, la DPV coordinará tareas operativas de manera conjunta con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

El régimen aprobado determina la ubicación de los puntos de control, el procedimiento para el retiro de excedentes o cargas abandonadas y la responsabilidad solidaria entre el transportista y el cargador. La selección de los tramos y sectores donde se realizarán las inspecciones responderá a criterios técnicos, preventivos y estratégicos basados en el volumen de tránsito pesado y la conservación del trazado.

Asimismo, la Policía de Entre Ríos estará facultada para desplegar operativos de fiscalización, detener vehículos, solicitar la documentación correspondiente y labrar las actas de infracción en casos de incumplimiento, informando de forma posterior a la repartición vial.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad destacaron que el fortalecimiento del régimen de control contribuirá a prolongar la vida útil de las rutas, optimizar la inversión pública destinada al mantenimiento caminero y asegurar condiciones equitativas de transporte de mercaderías para todas las empresas del sector. En el marco de la reglamentación, se definió además una escala de sanciones económicas calculadas en Unidades Fijas (UF), que varían según los kilogramos excedidos sobre los límites permitidos. El esquema fijó multas que van desde las 154 UF para excesos registrados de entre 500 y 1.000 kilogramos, hasta las 20.000 UF para aquellas infracciones donde el sobrepeso detectado resulte igual o superior a los 14.001 kilogramos.

Una investigación orientada a esclarecer un caso de robo y faena clandestina de ganado culminó con el desarrollo de dos procedimientos de allanamiento en territorio provincial. Los operativos permitieron el secuestro de elementos probatorios de relevancia para la causa y la identificación formal de tres personas mayores de edad que quedaron supeditadas a la investigación judicial.

Las tareas de inspección y registro se concretaron de forma conjunta por parte de las Brigadas de Prevención de Delitos Rurales correspondientes a las jurisdicciones de Uruguay, Colón y Gualeguaychú, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la fuerza de seguridad.

El origen del expediente penal se remonta a una denuncia formal por el delito de abigeato radicada en la zona rural de Sauce, en el departamento Uruguay, en las inmediaciones de Concepción del Uruguay. A partir de esa presentación, los equipos de investigación desplegaron labores de campo que contemplaron el análisis de registros obtenidos mediante sistemas de videovigilancia, el levantamiento de rastros y huellas, además de diversos indicios que permitieron vincular a los sospechosos con el hecho delictivo bajo análisis, sin descartar posibles conexiones con otros episodios de características similares.

Durante los dos registros domiciliarios ejecutados, los efectivos policiales incautaron cortes cárnicos de origen vacuno, prendas de vestir que presentaban manchas de sangre y pelos presumiblemente coincidentes con los del animal faenado, así como elementos de corte provistos de restos hemáticos y grasa vacuna. Asimismo, el personal interviniente procedió al secuestro de 15 dispositivos celulares y de una camioneta que habría sido empleada en la comisión del ilícito. Todos los elementos recolectados fueron incorporados formalmente al legajo investigativo para su posterior peritaje y análisis en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

Como corolario de los procedimientos, tres personas mayores de edad fueron trasladadas hacia la Jefatura Departamental Uruguay con el propósito de cumplimentar su correcta identificación formal, quedando formalmente imputadas en la causa mientras prosiguen las diligencias procesales pertinentes. Estos operativos se insertan dentro de las directrices de coordinación implementadas por la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales en conjunto con las jefaturas departamentales y dependencias policiales locales, orientadas a prevenir y esclarecer los delitos que afectan al sector productivo.

Fuente: El Entre Ríos / Policía de Entre Ríos

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y el Ministerio de Turismo de la República Oriental del Uruguay formalizaron una agenda de trabajo conjunta orientada a la coordinación de los pasos internacionales fronterizos y al desarrollo de estrategias de promoción turística bilateral.

El punto central de la reunión se enfocó en el diseño de un dispositivo de articulación ante el flujo proyectado de visitantes con motivo de la visita del Papa León XIV a la región, programada entre el 6 y el 11 de noviembre. Dado que la agenda de la itinerancia papal incluye actividades en la ciudad uruguaya de Paysandú, las administraciones acordaron operativizar recursos de contención y logística en los puntos urbanos e infraestructuras de enlace internacional que conectan ambos territorios.

A la par de los operativos de asistencia para noviembre, las comisiones técnicas de ambas administraciones avanzaron en la formulación de esquemas de promoción cruzada de oferta turística. La iniciativa contempla el diseño e implementación de un circuito turístico binacional centrado en los recursos naturales y culturales del litoral del río Uruguay, abarcando las dos márgenes del cauce fluvial.

El convenio bilateral estableció además el intercambio continuo de información técnica y protocolos de coordinación frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. El mecanismo busca fortalecer la adopción de medidas preventivas, la seguridad en la navegación operativa y la eficacia de las respuestas institucionales en las zonas ribereñas y en las estaciones de frontera sujetas a contingencias del clima.

Un supuesto laboratorio clandestino de drogas fue hallado este viernes en San Benito durante una investigación por estafas cometidas contra corralones de Paraná y Hasenkamp mediante cheques apócrifos, se confirmó a Elonce. Una mujer de 23 años, oriunda de Concordia, quedó detenida.

Personal de la División Delitos Económicos realizó dos allanamientos: uno en calle 25 de Junio al final, en Paraná, y otro en la zona de Quiróz y Mihura, en San Benito. Durante los procedimientos también quedaron dos menores de edad a disposición del Copnaf, dieron cuenta fuentes policiales.

En los operativos se secuestraron 287 frascos con una sustancia química compatible con componentes utilizados para drogas sintéticas y más de 830 recipientes vacíos en condiciones de ser llenados, se confirmó a Elonce. También encontraron una máquina para prensar tapas de frascos al vacío.

Dinero, cocaína y elementos robados

Además, los investigadores incautaron 2,3 gramos de restos de cocaína, $700.000 en efectivo y 2.600 dólares, junto con teléfonos celulares, documentación, anotaciones y una cámara de vigilancia.

La Policía recuperó asimismo aberturas que habrían sido adquiridas mediante las estafas investigadas y un chaleco balístico denunciado como robado.

Los procedimientos quedaron vinculados a la investigación por estafa y una supuesta infracción a la Ley 23.737. El fiscal Santiago Alfieri estuvo presente durante las medidas realizadas este viernes.

Una investigación llevada adelante por la Policía de Entre Ríos derivó en la concreción de dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Paraná, en el marco de una causa sobre microtráfico de estupefacientes. La intervención fue el resultado de un trabajo de inteligencia previo que demandó varios meses de tareas de campo e investigación.

El operativo principal tuvo lugar en un establecimiento comercial denominado "Vinoteca 24/7", ubicado en la calle El Palenque. Según la hipótesis judicial y policial, el local utilizaba la fachada de venta de bebidas alcohólicas para operar como un punto de expendio de sustancias ilegales. Para efectivizar el ingreso al inmueble, las fuerzas de seguridad debieron forzar un portón de acceso que había sido trabado desde el interior. Tras el registro del lugar, el comercio fue clausurado mediante la colocación de las fajas correspondientes.

A cuatro cuadras del lugar, sobre calle Segundo Sombra, se ejecutó un segundo procedimiento donde el personal policial procedió a la detención de una mujer mayor de edad. Las medidas contaron con la orden de intervención del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Eduardo Ruhl, y de la Fiscalía de turno.

Durante la totalidad de las diligencias se logró la identificación de ocho personas (seis hombres y dos mujeres), además del secuestro de dos envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, tres aparatos de telefonía celular y dos tarjetas SIM.

Los procedimientos operativos fueron realizados por el personal de las Divisiones Antidrogas y Operaciones pertenecientes a la Dirección General de Drogas Peligrosas, contó a su vez con el apoyo táctico de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.). Todo el material incautado junto a la persona arrestada quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales actuantes.

En el marco de un proceso de investigación, el personal de la Comisaría Primera concretó durante la jornada del sábado un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario. La medida tuvo lugar en una finca ubicada en las inmediaciones de la calle Buenos Aires, entre La Cantera y Asisclo Méndez, logrando un resultado positivo para la causa en trámite.

Durante el desarrollo de las actuaciones, los efectivos lograron el secuestro de un motovehículo al que le faltaban sus plásticos protectores. De forma complementaria, los uniformados incautaron diferentes partes de rodados de similar naturaleza, entre las que se contabilizan una óptica trasera, dos ópticas delanteras, un plástico cubrepiernas y un filtro de aire. En el mismo procedimiento, se procedió a poner a resguardo un teléfono celular de la marca Motorola, modelo G22, elemento calificado como de directo interés para el avance de las actuaciones.

De manera coordinada y en directa vinculación con el procedimiento antes detallado, el personal dependiente de la Comisaría Tercera desplegó un segundo allanamiento en otra zona de la ciudad. La medida de registro se llevó a cabo en la intersección de las calles Salaverry y Roca, en un inmueble propiedad del padre del menor de edad que se halla involucrado en las diligencias del caso. Esta intervención también arrojó resultados favorables para el acopio de evidencias.

En esta última vivienda, la comitiva policial logró incautar prendas de vestir diversas, un par de zapatillas y un teléfono celular marca iPhone. Todos estos elementos quedaron formalmente incorporados a la nómina de secuestros por orden judicial.

Las tareas operativas desplegadas durante el fin de semana requirieron el despliegue de móviles de la Comisaría Primera y contaron con la colaboración técnica del personal de la Comisaría de Minoridad. Asimismo, la supervisión de las tareas estuvo a cargo de la Jefatura Departamental de Policía, con la participación directa del Jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública junto al Subjefe Departamental. Por disposición de la magistratura interviniente, la totalidad de los objetos incautados permanecen depositados en sede policial.

El personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas y de su Destacamento N.º 1 con asiento en Médanos debió desplegar un intenso operativo de respuesta ante dos emergencias viales registradas de manera consecutiva durante la tarde del sábado 29 de agosto en sus respectivas áreas de cobertura sobre el departamento Islas del Ibicuy.

La primera intervención se desencadenó a las 13:08 horas, tras recibirse el alerta por un incendio de un rodado a la altura del kilómetro 200 de la Ruta Nacional N.º 12. De inmediato, acudió al lugar el Móvil N.º 8 desde el Destacamento Médanos, ubicado a unos 14 kilómetros de distancia del punto del siniestro. Al arribo de la dotación, el personal constató que un automóvil Peugeot 207 se encontraba afectado por un fuego generalizado sobre la banquina de la traza vial.

Los bomberos desplegaron maniobras de extinción, enfriamiento y remoción del material afectado para lograr la completa sofocación de las llamas, las cuales se habían extendido hacia un sector adyacente de pastizales en la banquina. De acuerdo al testimonio brindado por el conductor, un hombre de 38 años domiciliado en la localidad bonaerense de Mercedes que circulaba en dirección hacia General Galarza, el foco ígneo se inició en la zona del motor tras percibir olor a quemado y detener la marcha, propagándose el fuego con gran rapidez por el resto de la estructura del rodado. El único ocupante del vehículo logró descender por sus propios medios y resultó completamente ileso.

En el lugar de la emergencia se contó con la colaboración del personal policial perteneciente a la Comisaría de Médanos, cuya tarea estuvo centrada en el ordenamiento y control del tránsito asistido sobre la red vial para prevenir nuevos accidentes mientras trabajaba la dotación de bomberos. Tras concluir las tareas de rigor y asegurar la zona, la unidad retornó al cuartel a las 13:50 horas.

Minutos más tarde, a las 13:51 horas, se activó una nueva salida operativa desde el cuartel central de Bomberos Voluntarios de Ceibas. En esta oportunidad, partió el Móvil N.º 24 hacia la zona del Acceso 45, sobre un camino secundario de ripio en las proximidades del puente de hierro, a raíz del despiste de un vehículo. Las autoridades de seguridad vial reiteraron el pedido de transitar con extrema precaución por la zona de influencia debido a la presencia de maquinarias y equipos asistenciales en los caminos.

Un frente de tormenta de gran magnitud generó intensas precipitaciones y la caída de una gran cantidad de granizo en diversas localidades del centro y sudoeste de la provincia de Entre Ríos durante las primeras horas de este jueves. El fenómeno, que había sido anticipado en los informes del Servicio Meteorológico Nacional, provocó la acumulación masiva de hielo sobre la calzada, veredas y cubiertas de edificios en ciudades como General Ramírez, Maciá, Nogoyá, Aranguren y Hernández, así como en las zonas rurales adyacentes.

La masa de aire inestable provocó una abrupta disminución de la visibilidad y un rápido oscurecimiento del cielo en horas de la mañana, lo que motivó el encendido automático del sistema de alumbrado público y la circulación vehicular con luces bajas encendidas. De acuerdo con las evaluaciones del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, la precipitación de piedra se concentró en un periodo corto de aproximadamente cuatro minutos. A pesar de su breve duración, el volumen del material sólido acumulado generó importantes inconvenientes operativos en la infraestructura urbana.

Las complicaciones principales se asociaron al peso del hielo acumulado y al repentino bloqueo de los sistemas de drenaje pluvial. La densidad de la piedra caída obstruyó las canaletas de desagüe de los inmuebles y las bocas de tormenta de la vía pública, lo que derivó en la filtración de agua hacia el interior de algunas viviendas y establecimientos comerciales. Asimismo, la acumulación continua de hielo provocó que sectores enteros del ejido urbano quedaran cubiertos por una capa blanca uniforme de varios centímetros de espesor.

En la localidad de Maciá, el temporal adquirió características similares, registrando piedras de dimensiones considerables que sorprendieron a los pobladores por la violencia de la caída y la rápida saturación de los espacios públicos. Vecinos de la zona señalaron que la magnitud del volumen acumulado resulta poco frecuente en la historia climática reciente del municipio, destacando la velocidad con la que se cubrieron los suelos y accesos principales.

Las autoridades de Protección Civil y los servicios de emergencia de los municipios afectados mantienen el monitoreo de la situación ante la vigencia de alertas meteorológicas por lluvias copiosas, ráfagas de viento e inestabilidad persistente en la región central de la provincia. Se recomendó a la población circular con extrema precaución, mantener limpios los accesos a los desagües residenciales y evitar la permanencia a la intemperie durante la eventual reiteración de estos eventos convectivos.

Comunicaron el procedimiento oficial para la radicación de denuncias vinculadas a la emisión de ruidos molestos y perturbaciones a la convivencia urbana. Las presentaciones deberán dirigirse de manera exclusiva a la Dirección de Inspección General, organismo que ostenta la competencia legal y operativa para intervenir en esta clase de contravenciones dentro del ejido municipal.

Para formalizar los reclamos, la administración local mantiene operativa la línea telefónica fija 423399 durante las 24 horas del día. La centralización de los avisos en este canal específico permite la derivación directa hacia los inspectores de guardia, facilitando la planificación de inspecciones en el territorio y optimizando los tiempos de respuesta ante las solicitudes ciudadanas.

En forma paralela, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria aclaró la delimitación de funciones de sus dependencias con el objetivo de evitar superposiciones administrativas. En este sentido, la Guardia Ambiental continuará abocada de manera restrictiva a la atención de contingencias ecológicas, la fiscalización del patrimonio natural y la protección del entorno biológico, por lo que no tramitará reclamos de índole sonora o vinculados a ruidos generados en la vía pública o inmuebles privados.

Sobre la organización de los servicios, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, señaló: “Es importante que cada situación llegue al área que tiene competencia para intervenir. De esta manera, podemos ordenar la respuesta de la Municipalidad, evitar demoras y brindar una atención más efectiva a los vecinos. La Guardia Ambiental debe quedar reservada para las denuncias estrictamente ambientales”.

La delimitación funcional busca optimizar el uso de los recursos logísticos del Municipio, asegurando que las cuadrillas de inspección y los equipos técnicos actúen dentro de su marco regulatorio específico. La correcta utilización de los números de contacto operativos garantiza una gestión eficiente de los reclamos comunitarios y agiliza los mecanismos de fiscalización en la ciudad.

Durante la última semana, las Brigadas Arroyo El Cura, Perdices y El Potrero, dependientes de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, reforzaron la prevención y control en distintos puntos del departamento Gualeguaychú.

Los procedimientos se concentraron principalmente en rutas, caminos y zonas rurales, con controles relacionados con la actividad cinegética, el traslado de animales y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Uno de los operativos tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 14, donde personal de la Brigada Arroyo El Cura intervino a partir de denuncias sobre la presencia de cazadores con perros en establecimientos rurales. En uno de los controles fueron identificadas dos personas que trasladaban una liebre abatida y cuatro perros.

En otro procedimiento realizado sobre la misma ruta, los brigadistas interceptaron un vehículo en el que viajaban dos personas. Durante la inspección encontraron una carabina de repetición calibre .308, equipada con mira telescópica, además de municiones y preparada para ser utilizada. El arma fue secuestrada de manera preventiva y se labró el acta de infracción correspondiente.

Por otra parte, personal de la Brigada Perdices llevó adelante un control sobre el acceso al Camino Los Padrinos, donde detuvo la marcha de una camioneta Ford Ranger que trasladaba 38 animales en un tráiler. Se constató que el conductor no contaba con el correspondiente Documento Único de Tránsito (DUT), documentación necesaria para el traslado de animales.

Al no detectarse un posible delito penal, se confeccionó el acta de infracción correspondiente por incumplimiento de las disposiciones establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Otro de los procedimientos estuvo a cargo de la Brigada El Potrero. Fue interceptado un automóvil en el que viajaban cinco personas que regresaban de cazar. En el baúl encontraron dos ciervos axis eviscerados. Los ocupantes no contaban con la correspondiente licencia de caza, por lo que se labró un acta de infracción en el marco de la Ley Provincial de Caza.

Finalmente, efectivos de la Brigada Perdices realizaron otro control sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 17. En ese lugar fue detenida una camioneta Ford F-100 en la que viajaban dos personas. En la caja del vehículo fueron observados siete perros y un ejemplar de jabalí abatido. No se encontraron armas de fuego y, al igual que en los demás procedimientos vinculados con la actividad de caza, se labró el acta de infracción correspondiente.

Los operativos forman parte de las tareas permanentes de prevención, control y fiscalización que realizan las Brigadas de Delitos Rurales en el departamento Gualeguaychú, con especial atención a las actividades de caza, el traslado de animales y el cumplimiento de las normas que regulan estas prácticas.

El cierre del zoológico de Luján, en febrero de 2020, no significó el fin del calvario para los animales que allí habitaban, sino el comienzo de una larga espera que se extendió por más de seis años.

Durante este tiempo, decenas de felinos permanecieron en el predio bajo el cuidado de trabajadores que, con recursos limitados, se encargaron de alimentarlos y mantenerlos con vida.

Un operativo sin precedentes

Recientemente se concretó el traslado de 30 grandes felinos, un hito que el ambientalista Mauricio Federovisky calificó como una "hazaña enorme" y uno de los operativos de fauna más importantes a nivel global.

La organización internacional Four Paws lideró esta misión y se encargó de una compleja logística que incluyó evaluaciones veterinarias, trámites entre gobiernos y la búsqueda de destinos adecuados.

La selección de estos primeros 30 ejemplares se realizó en función de criterios específicos de salud, edad y vínculos sociales. El traslado fue cuidadosamente coordinado para reducir el estrés de los animales, que viajaron en jaulas especialmente acondicionadas hacia sus nuevos hogares.

¿Por qué santuarios y no la naturaleza?

Una de las grandes interrogantes es por qué estos animales no pueden ser liberados en su hábitat natural. La respuesta radica en su origen: se trata de ejemplares que nacieron y crecieron íntegramente en cautiverio. Al no haber vivido nunca en libertad, carecen de las herramientas necesarias para cazar, defenderse o sobrevivir por su cuenta.

Por ello, la alternativa más adecuada son los santuarios, espacios que Federovisky describe como un punto intermedio entre la jaula y la vida silvestre. En estos lugares, como el santuario ubicado en Sudáfrica, que cuenta con 1.250 hectáreas, los felinos disponen de grandes recintos, atención veterinaria permanente y protección. Esto les permite desarrollar comportamientos más naturales, sin quedar expuestos a los riesgos de la vida completamente silvestre.

El futuro de los que quedan

A pesar del éxito de esta etapa, la misión en Luján no terminó. En el exzoológico aún permanecen 27 grandes felinos, además de otros animales. El Estado nacional no asumió la responsabilidad directa al tratarse de una institución privada, por lo que la continuidad del rescate depende del trabajo de organizaciones como Four Paws, que se financian mediante donaciones.

La delegación internacional continúa trabajando en el predio bonaerense para monitorear a los ejemplares restantes y gestionar nuevos traslados que les permitan, finalmente, dejar atrás sus años de encierro.

El proceso de reestructuración del sistema de salud para el personal militar y las fuerzas de seguridad ha alcanzado un punto de inflexión decisivo. Tras la oficialización de la medida que dispuso la fragmentación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra abocado a ultimar los pasos burocráticos para la puesta en marcha definitiva de la Obra Social de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, las autoridades del área de Defensa avanzan a ritmo acelerado para concretar la personería jurídica propia y la legitimación procesal de la nueva entidad. Asimismo, se están incorporando los recursos técnicos y la infraestructura informática indispensable para lograr la autonomía total respecto de la antigua estructura.

Mientras que el personal dependiente de las fuerzas de seguridad ya fue transferido a un esquema diferenciado con prestación a través de medicina privada, el sector militar mantendrá una lógica prestacional pública y propia. Esto implica que el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada continuará utilizando la red de hospitales militares y centros asistenciales históricos, principalmente aquellos distribuidos en el área metropolitana y en nodos estratégicos del interior del país.

Durante este período de transición, una comisión asesora conformada por representantes de diversas carteras gubernamentales y organismos de control supervisa la migración de datos y expedientes. Para la tranquilidad de las familias afiliadas, el ente residual continúa garantizando las prestaciones médicas indispensables y los servicios de salud esenciales.

Las Fuerzas Armadas han iniciado un esquema de regularización para cancelar el porcentaje de la deuda que les corresponde, mientras que el saldo restante, vinculado a los sectores de seguridad, aún requiere una definición operativa. Desde la administración central se ha previsto que, en caso de ser necesario para garantizar el equilibrio de la nueva etapa, el propio Estado interviene para sanear las cuentas adeudadas entre organismos públicos y asegurar que el servicio de salud nazca sin condicionamientos financieros.

El Gobierno de España desplegó este jueves unidades militares en el enclave norafricano de Ceuta para apoyar a la Guardia Civil, luego de un masivo ingreso por mar de personas provenientes de Marruecos que desbordó por completo las capacidades de contención de las fuerzas de seguridad locales. Ante la magnitud de la crisis migratoria, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, confirmó que viajará al territorio este viernes para evaluar la situación sobre el terreno.

De acuerdo con reportes oficiales, las Fuerzas Armadas reforzarán los operativos en tareas de custodia fronteriza y en cualquier labor adicional requerida para restablecer el orden. Todo el personal militar involucrado operará bajo la coordinación directa del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas.

Ante este panorama, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, le solicitó al Gobierno central de España la declaración de la emergencia nacional y la asunción de un mando único, al señalar que la administración local carece de la infraestructura necesaria para responder al evento de manera autónoma.

Por su parte, Rachid Sbihi, referente de la asociación que representa a los oficiales de la Guardia Civil en Ceuta, definió la coyuntura como "caótica" y confirmó que, si bien resulta complejo precisar la cifra exacta de personas en tránsito, "hay miles de inmigrantes cruzando".

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañará al presidente Pedro Sánchez en su recorrido institucional de este viernes. A través de sus canales oficiales, el mandatario español aseguró que el Estado movilizará "todos los recursos necesarios" en colaboración estrecha con el gobierno marroquí para estabilizar el enclave.

Junto con Melilla, Ceuta constituye uno de los dos territorios españoles situados en la costa norte de África y representa la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, condición por la cual históricamente se consolida como uno de los principales puntos de paso migratorio hacia la región europea.

[Con información de Agencia NA]

A partir de este lunes, las calles de Gualeguaychú contarán con un nuevo esquema de control vehicular a través de la puesta en marcha del Sistema de Fiscalización Electrónica en cruces semaforizados. La medida se implementa a partir de un convenio de interjurisdiccionalidad suscripto entre la Municipalidad y la Jefatura de Policía de la Provincia de Entre Ríos, con el objetivo de ordenar la circulación diaria y reducir los siniestros viales en la ciudad.

Según informaron desde la Agencia de Seguridad y la Dirección de Tránsito, la estrategia contempla un esquema progresivo. En esta primera etapa, los dispositivos automáticos registrarán de forma exacta las infracciones de aquellos vehículos que avancen cuando la luz se encuentre en rojo. El mecanismo fotográfico capturará el momento preciso en que el rodado sobrepase la línea de frenado, ubicada antes de la senda peatonal. Al respecto, las autoridades recordaron que detenerse sobre la propia senda peatonal también constituye una falta a las normas vigentes.

Por otra parte, los cinemómetros y radares destinados a medir la velocidad, que actualmente se están instalando y señalizando en diferentes arterias y accesos de Gualeguaychú, todavía no se encuentran operativos. Estos equipos específicos comenzarán a multar una vez que concluyan de forma definitiva los procesos técnicos de homologación y habilitación correspondientes.

La incorporación de estas herramientas busca aportar mayor precisión al momento de detectar conductas de riesgo en la vía pública. En ese sentido, cada una de las actas de infracción generadas mediante este soporte electrónico incluirá de manera clara la imagen del vehículo, la descripción detallada de la falta cometida, el lugar, la fecha y la hora exacta del hecho.

Asimismo, en las notificaciones constará la identificación oficial del equipo tecnológico utilizado y la información sobre los mecanismos legales que posee el ciudadano para ejercer su derecho a defensa. Finalmente, todas las faltas constatadas por el sistema informático serán remitidas de forma directa a los Juzgados de Faltas de Gualeguaychú para su posterior resolución.

La tensión alrededor de los operativos de deportación en Estados Unidos alcanzó un nuevo punto crítico tras conocerse la muerte de Joan Sebastián Guerrero, un joven de origen colombiano fallecido durante un procedimiento en el estado de Maine. Con este caso, ya son nueve las personas que perdieron la vida en el marco de las agresivas redadas migratorias llevadas a cabo en los últimos meses.

El accionar de la agencia federal encargada de estos operativos está bajo la lupa. El ICE (sigla en inglés para Immigration and Customs Enforcement, oficialmente conocido en español como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) es la fuerza de seguridad federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Su función principal es rastrear, detener y deportar a ciudadanos extranjeros que no cuentan con autorización legal para residir en el país, así como investigar delitos transfronterizos.

Versiones cruzadas y la presión de las pruebasLa muerte de Guerrero volvió a encender las alarmas de las organizaciones de derechos humanos, que denuncian un patrón sistemático de uso excesivo de la fuerza y una absoluta falta de transparencia. Mientras que los voceros del ICE y las autoridades del Gobierno justifican los hechos alegando que los agentes actuaron en defensa propia ante presuntas conductas hostiles de los migrantes, la realidad que muestran las pruebas recolectadas es muy distinta.

Filmaciones de teléfonos celulares registradas por familiares, vecinos y testigos directos de las redadas contradicen de manera categórica los reportes oficiales escritos por los agentes. Estas imágenes exponen situaciones de extrema violencia física, ingresos domiciliarios sin las órdenes judiciales correspondientes y el uso de armas de fuego en contextos donde no se registraba una amenaza real para la vida de los efectivos.

Activistas y defensores de los derechos civiles exigen de manera urgente que se habiliten investigaciones independientes y externas al Departamento de Seguridad Nacional. Sostienen que, bajo el clima político actual de fuerte retórica antiinmigrante, el ICE actúa con una "carta blanca" que pone en riesgo no solo a los migrantes indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses y residentes legales atrapados en la brutalidad de los procedimientos de control.

Un intruso sembró el pánico entre los residentes, fue descubierto trepando y caminando sigilosamente por los techos de las viviendas. La rápida y coordinada reacción vecinal, sumada a la velocidad del despliegue de los efectivos policiales, permitió frustrar lo que presumiblemente podría haber terminado en un importante raid delictivo bajo la modalidad de escruche.

El preocupante episodio se registró alrededor de las 10:00 horas, momento en que ingresaron reiterados y urgentes llamados a las líneas de emergencia del Comando Radioeléctrico. Los propietarios de los inmuebles ubicados en las inmediaciones de la intersección de las calles España y Goldaracena daban cuenta, con suma alarma, de la presencia de un desconocido que se desplazaba con destreza por las estructuras superiores y los patios internos de las propiedades linderas de la cuadra.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo inminente, los móviles de la Comisaría Segunda y el personal de la Sección Motorizada que patrullaban las cuadrículas cercanas se dirigieron de inmediato al lugar. Al arribar de forma sorpresiva, los agentes montaron un cerco perimetral táctico y lograron divisar de forma flagrante al sospechoso en plena acción, justo en los precisos momentos en que intentaba descender de una alta pared lateral para ganar la vereda y emprender la fuga. Sin darle tiempo a reaccionar, los motoristas lo redujeron.

Posteriormente, las autoridades junto a los damnificados realizaron una exhaustiva inspección en los domicilios afectados. Tras corroborar que afortunadamente no se habían registrado daños materiales en los ingresos ni faltantes de elementos de valor, el procedimiento continuó de manera rutinaria. El involucrado, un hombre de 40 años de edad, quedó detenido bajo el cargo del supuesto delito de violación de domicilio. Por disposición del fiscal de turno, fue trasladado y alojado en la sede policial a la espera de sus antecedentes.

Una serie de procedimientos policiales efectuados durante las primeras horas de este domingo derivó en la detención de cuatro personas en distintos puntos de la ciudad. Los operativos, llevados adelante por personal de comisarías locales y del Comando Radioeléctrico, abarcaron desde la detección de una grave violación a una medida judicial restrictiva hasta incidentes violentos a la salida de locales bailables que requirieron el uso de la fuerza pública para restablecer el orden.

El primero de los hechos tuvo lugar alrededor de la 01:40 horas en el oeste de la ciudad, más precisamente en las inmediaciones de la intersección de bulevar Martínez y calle Torilla. Allí, personal de la Comisaría Sexta que realizaba recorridas de prevención procedió a la identificación de una mujer de 25 años. Al corroborar sus datos en los sistemas informáticos, los uniformados constataron que la joven estaba quebrantando una medida de arresto domiciliario vigente, la cual le había sido impuesta en el marco de una causa judicial en la que se encuentra procesada por el delito de robo. Ante la flagrante infracción, se informó de inmediato al fiscal de la Unidad de Propiedad, Dr. Facundo Álvarez, quien ordenó revocar transitoriamente el beneficio y disponer su alojamiento en la Alcaidía.

Pocas horas más tarde, la tensión se trasladó a las zonas de esparcimiento nocturno. Cerca de las 05:00 de la madrugada, los disturbios se focalizaron en el interior del boliche "Ghetto". Allí, el personal que prestaba servicio de policía adicional debió intervenir de urgencia ante un desorden generalizado protagonizado por dos jóvenes de 21 años. Lejos de deponer su actitud al notar la presencia de los uniformados, ambos sujetos reaccionaron con extrema agresividad física y verbal, arremetiendo directamente contra los oficiales. Con el apoyo de móviles del Comando Radioeléctrico que acudieron rápidamente al lugar, los revoltosos fueron reducidos y trasladados a la Jefatura Departamental bajo el cargo de resistencia a la autoridad.

Finalmente, a las 07:00 de la mañana, en el marco de los operativos de despeje por el cierre de los locales bailables, las patrullas debieron intervenir en una gresca generalizada entre varias personas en calle 25 de Mayo, entre 3 de Febrero y Chalup, frente al Centro Médico San Lucas. Si bien el tumulto se dispersó al llegar los móviles, un joven de 21 años se quedó en el lugar desafiando a los agentes e intentando reanudar la pelea. Al resistirse activamente a retirarse, también terminó arrestado y puesto a disposición de la Fiscalía de Propiedad.

El desfile por el Día de la Independencia se iniciará a las 15:00 hs y unirá el trayecto desde la Virgen del Mate hasta la calle Urquiza, concentrando las actividades principales en la zona de los obeliscos.

La organización de la jornada está a cargo del área de Ceremonial y Protocolo, coordinada por Silvia Videla, desde donde anticiparon el despliegue de atractivos especiales para acompañar el paso de las delegaciones.

Asimismo, el segmento de las fuerzas de seguridad e instituciones de orden público contará con las banderas de ceremonia de:

Las delegaciones del Municipio también tendrán un rol activo, reflejando el trabajo de áreas como Salud, Desarrollo Humano, Adultos Mayores, Deportes, Cooperativas y los Espacios Municipales de Primera Infancia.

Inscripciones y consultas: Las instituciones interesadas en participar deben dirigirse a la oficina de Ceremonial en el Palacio Municipal (Yrigoyen 75), o comunicarse a las líneas telefónicas 3446-394823, 420430 o 640793.

Para garantizar la comodidad de los asistentes, la costanera local será acondicionada con la instalación de tribunas, baños químicos y una exhibición complementaria de autos antiguos.

En materia de prevención y asistencia médica, se dispondrán tres postas sanitarias distribuidas a lo largo de la traza del desfile. La posta de la Dirección de Salud Municipal se ubicará en la intersección de Concordia y Costanera con equipos de control y emergencias, mientras que los dos puestos intermedios restantes estarán coordinados de forma conjunta por el Hospital Centenario y otros centros de salud de la ciudad.

En Gualeguaychú se mantienen las tareas de control y retiro de caballos sueltos o atados en la vía pública en distintos sectores de la ciudad en el marco de lo establecido por la ordenanza vigente que apunta a fortalecer la seguridad, reducir riesgos sanitarios y preservar el ambiente en sectores densamente poblados.

Vale recordar que el ejido urbano está delimitado: al norte por boulevard Nicolás Montana y 2 de Abril; al sur por avenida Parque Cándido Irazusta y General Artigas; al este por el río Gualeguaychú —incluyendo Camino de la Costa—; y al oeste por boulevard Antonio Daneri y Pedro Jurado.

Los operativos se ejecutan diariamente con el fin de evitar accidentes viales y garantizar la libre circulación de los vecinos en base a recorridas programadas por las cuadrillas municipales y a partir de las alertas que envían los propios ciudadanos. Una vez que se detecta un equino en infracción, se procede al labrado de las actas correspondientes, el retiro de la vía pública y su posterior traslado a los predios designados para su resguardo y atención veterinaria.

Desde la administración municipal recordaron a los propietarios de equinos la obligación de mantener a los animales dentro de predios cerrados y debidamente delimitados. El incumplimiento de la normativa puede derivar en el retiro de los animales tanto en espacios públicos como privados, además de la aplicación de multas.

Para más información o para denunciar la presencia de equinos sueltos, se encuentra disponible la línea telefónica 3446-332264.