El espacio interno UCR Activa difundió un comunicado titulado “El rol indelegable del Estado en la acción social”, en el que critica duramente la decisión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, de delegar la asistencia a sectores vulnerables en organizaciones privadas como San Maximiliano Kolbe y el Centro CONIN. La agrupación radical advierte que esta política representa “una entrega de derechos a la lógica de la caridad condicionada”.

“Ninguna institución puede reemplazar al Estado en su función de garantizar el bienestar común”, sostiene el texto, que remarca que la experiencia argentina ha demostrado que cuando se terceriza la asistencia, lo que debería ser un derecho universal “se transforma en un favor condicionado, con filtros ideológicos o religiosos”.

Desde UCR Activa subrayan que el Estado es la única organización que abarca a todos por igual, sin distinción de credo, condición social o filiación política. Por eso, su rol en la acción social es indelegable: encarna el principio de ciudadanía y la igualdad de derechos. En ese sentido, trazan un paralelismo con el Plan Alimentario Nacional (PAN) de 1984, al que definen como “un acto político que buscaba alimento, solidaridad y dignidad, y no solo repartir comida”.

La agrupación pone el foco en la situación crítica de Concordia, donde el 49,2 % de la población —más de 81 mil personas— vive en condiciones de pobreza. En ese contexto, consideran que delegar la asistencia social en fundaciones privadas es “una elección errada”.

Citan a la presidenta de la Fundación Kolbe, Stella Maris Micucci, quien reconoció las limitaciones del modelo: “Solicitamos 200 kilos de leche para darles durante dos meses a 120 chicos, tendríamos más o menos 1,7 kilos de leche por chico”. Y agregó: “De más no nos podemos hacer cargo porque no tenemos infraestructura”. Para UCR Activa, esta admisión revela que la asistencia será “parcial, fragmentaria y excluyente”.

El comunicado también cuestiona la elección del Centro CONIN, fundado por el pediatra Abel Albino, miembro del Opus Dei. Señalan que sus métodos han sido criticados por “falta de base científica” y por sus vínculos con doctrinas religiosas, lo que pone en duda la idoneidad del modelo para una política pública de asistencia social.

Además, recuerdan que el Opus Dei ha sido objeto de denuncias graves, incluyendo una causa judicial en Argentina por trata de personas y reducción a la servidumbre.

UCR Activa advierte que la ausencia estatal no solo implica una ayuda condicionada, sino que abre la puerta a “organizaciones mafiosas vinculadas al narcotráfico”, que terminan ocupando el vacío institucional y brindando respuestas básicas “a un costo altísimo de sometimiento, violencia y degradación social”.

Frente a la proliferación de ONGs que buscan reemplazar al Estado, la agrupación radical llama a no retroceder. “La política social es inversión en dignidad, cohesión y futuro colectivo”, afirman, y su garantía solo puede darse desde la universalidad y la transparencia estatal.

“El modelo que promueven Javier Milei y Francisco Azcué es inadmisible: un Estado ausente que entrega la asistencia social a fundaciones privadas mientras desmantela derechos”, concluye el comunicado. “El bienestar del pueblo no se negocia ni se terceriza”. (Con información de APFDigital)