La provincia de Entre Ríos registró una participación electoral del 70,49%, situándose ligeramente por encima del nivel nacional, que fue del 67,92%. A pesar de esto, la cantidad de electores que optaron por la abstención fue notable:

Ausentismo en Entre Ríos: 29,51% (equivalente a 339.638 personas).

Ausentismo Nacional: 32,08% (equivalente a 11.459.149 personas).

La baja afluencia de votantes a nivel nacional, con una participación del 67,92%, se constituye como uno de los valores más bajos registrados desde el retorno de la democracia.

El malestar social y el hartazgo por el deterioro económico se identifican como los principales motores de esta tendencia. Diversos consultores políticos han señalado que este récord de ausentismo refleja el desgaste en la relación de la ciudadanía con la clase dirigente, evidenciando una profunda crisis de representación.

El voto es obligatorio en Argentina para los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años, según establece el Código Electoral Nacional (Ley 19.945). Los ciudadanos que no se presentaron a la mesa de votación y no justifiquen su ausencia están sujetos a una sanción económica.

Monto de la Multa

La sanción económica por no emitir el voto en estos comicios oscila entre $50 y $500, y el monto exacto se gradúa en función de la cantidad de ausencias registradas sin justificación:

Primera falta: Entre $50 y $150.

Reincidencia: Entre $100 y $500.

La multa se aplica por cada elección en la que el ciudadano haya faltado sin presentar una justificación válida. Además de la sanción económica, aquellos que no abonen la multa o no justifiquen su ausencia no podrán realizar trámites en organismos nacionales, provinciales o municipales durante un año, hasta que regularicen su situación electoral. (APFDigital)

El Gobierno nacional enfrenta una nueva alerta fiscal: la recaudación tributaria cayó por tercer mes consecutivo, encendiendo señales de preocupación en el Ministerio de Economía y en la Casa Rosada. Hay preocupación por el costo fiscal que significó la baja de retenciones a las exportaciones agrícolas que Nación implementó. “No estamos seguros de que no nos complique las cuentas”, expresaron desde Nación.

En el Ministerio de Economía mantienen cautela e insisten en que no tienen una proyección deficitaria en el mediano plazo. Se respaldan en la idea de que el crecimiento de la actividad en el sector sustente el costo fiscal de la baja arancelaria. En el Palacio de Hacienda aseguran además que no tienen en carpeta una medida directa para solventarlo. Los analistas creen que tendrá un costo de más de US$1000 millones.

A su vez, la baja en la recaudación se atribuye a la desaceleración del consumo, la caída de la actividad industrial y el impacto de las medidas de desgravación impositiva aplicadas en los últimos meses.

El Gobierno evalúa un ajuste en organismos públicos, con foco en entes descentralizados, institutos de investigación y áreas de cultura, ciencia y tecnología. Aunque no se confirmó un listado oficial, trascendió que se revisarán contratos, programas y estructuras administrativas.

En los equipos técnicos de Balcarce 50 sostienen que están trabajando en una serie de reformas para reducir las estructuras “lo más posible” sin chocar con lo sancionado por el Congreso.

Aplica para los institutos nacionales de Tecnología Industrial (INTI), Agropecuaria (INTA) y de Vitivinicultura (INV) junto con la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las comisiones nacionales de Regulación del Transporte (CNRT) y del Tránsito y de la Seguridad Vial.

La medida busca reducir gastos sin afectar la planta permanente, aunque ya generó preocupación en sectores académicos y gremiales.

“El equipo de Federico está avanzando sobre los cambios posibles para que los organismos no queden como antes de los decretos”, expresaron desde Nación.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que “los recortes no pueden recaer sobre quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado”. También hubo pronunciamientos de universidades, centros de investigación y colectivos culturales que alertan sobre el impacto en la producción de conocimiento y en el acceso a bienes públicos. (Con Información de Todo Noticias)